Luz Ibáñez tras el retiro de su postulación a la Corte de La Haya: "No me he encapuchado para cumplir mi función"
Luz Ibáñez, jueza internacional, cuestiona la decisión del Gobierno de José Jerí de retirar el respaldo a su postulación sin notificación formal ni procedimiento previo, advierte un grave daño a la imagen del Perú en el ámbito internacional y denuncia falta de buena fe por parte de la Cancillería.
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En conversación con La República, la jueza peruana de la Corte Penal Internacional, Luz Ibáñez, cuestionó duramente la decisión del Gobierno de retirar el respaldo a su postulación a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una medida que —según afirma— no le fue comunicada formalmente ni siguió procedimiento alguno. La magistrada sostuvo que se trata de un anuncio verbal carente de validez jurídica y señaló que la Cancillería ha actuado con opacidad y mala fe, afectando la imagen y credibilidad del Perú en la escena internacional.
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¿Cómo y cuándo se enteró de que el Gobierno decidió retirar su postulación a la Corte Internacional de Justicia?
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Hace unos cuatro días vi circunstancialmente que el señor ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, había dado unas declaraciones absolutamente coyunturales. En medio de otras declaraciones, le preguntaron que por qué no me recibía y él ha manifestado ahí que el gobierno peruano habría decidido descontinuar mi postulación y más abajo dijo por sanciones. Nadie entiende mucho, pero es así como me enteré. Una cosa totalmente informal, coyuntural, sin haberme recibido, sin haberme conversado conmigo, pese a que yo lo vengo pidiendo desde el mes de diciembre.
Luego de enterarse de esta manera de la decisión, ¿recibió alguna comunicación formal o documento oficial que sustente el retiro de la postulación?
No he recibido ningún documento. Yo he pedido desde el mes de diciembre, luego de constituido el gobierno de transición, realizar una visita de cortesía, como acostumbro en mi calidad de autoridad internacional. No tuve la suerte hasta ahora de recibir una respuesta formal, por lo menos. Tangencialmente, se comentó que el presidente Jerí habría dicho primero que sí me recibiría y luego que no. De parte del Canciller tampoco recibí ninguna comunicación, a pesar de que es su obligación, pues soy la representante peruana ante la Corte Penal Internacional y la funcionaria internacional de más alto rango que tiene el país. Solo Javier Pérez de Cuéllar ha ocupado un cargo de similar relevancia: él fue secretario general de las Naciones Unidas, mientras que la jueza de la Corte Penal Internacional tiene rango de subsecretaria general de la ONU.
¿El Ejecutivo está facultado para retirar su candidatura sin un procedimiento previo, ni notificación formal?
Yo no entiendo estas formas oscuras y sinuosas que ha adoptado la Cancillería. Para empezar, la postulación de mi candidatura fue un proceso de Estado que tomó aproximadamente un año en concretarse. Todo se inició cuando el Estado peruano me invitó a evaluar esta posibilidad; analizamos diversos aspectos y, una vez que acepté, el entonces Ministerio de Justicia envió una carta a la Cancillería presentando formalmente mi postulación.
A partir de ello, se conformaron equipos técnicos tanto en el Ministerio de Justicia como en el de Relaciones Exteriores, que evaluaron los aspectos técnicos y las posibilidades de éxito. Recién después de todo ese trabajo, el 6 de marzo del año pasado, se realizó la presentación pública de la candidatura ante el Perú y la comunidad internacional, en una ceremonia en el Palacio de Torre Tagle, ante el cuerpo diplomático acreditado.
Posteriormente, se enviaron instrucciones a todas las embajadas del Perú en el mundo para iniciar la campaña y se remitieron notas diplomáticas a las cancillerías de los 193 países que integran las Naciones Unidas, informando la intención del Perú de presentar esta postulación. Desde entonces, se siguió una hoja de ruta que se fue cumpliendo mediante una campaña extensa e intensa en todas las regiones del mundo.
Sin embargo, tras la caída del gobierno anterior y la instalación del gobierno de transición, dejé de recibir cualquier comunicación. Por esa razón escribí para preguntar qué había ocurrido y por qué se había detenido el proceso, pero no obtuve respuesta. Luego decidí venir al Perú y tampoco fui recibida.
Por ello, considero que lo ocurrido es un proceso atípico, híbrido, que en realidad no constituye un proceso formal, sino apenas un anuncio verbal en declaraciones coyunturales, cuyo valor jurídico desconozco, y que difícilmente puede anular una decisión de Estado adoptada por el gobierno anterior, después de más de dos años de trabajo.
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Más allá de su caso personal, ¿el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional por retirar una postulación ya presentada, como usted lo señala, sin seguir procedimientos adecuados?
Con este anuncio —porque no puedo llamarlo de otra manera— el Perú ya está quedando en ridículo en la escena internacional. En materia internacional, la palabra empeñada de un Estado es ley, es norma. Resulta muy difícil de entender que un país que ha propuesto una postulación, cuya consolidación toma muchísimo trabajo y tiempo, pretenda ahora decir, sin explicaciones válidas, que ‘siempre no’ va a postular.
Lo que se ha hecho hasta ahora es una postulación, no la presentación formal de la candidatura. Esa presentación recién ocurre cuando las Naciones Unidas abren oficialmente el proceso, lo que sucederá entre mayo, junio o julio de este año, cuando se anuncie que existen determinadas plazas para la Corte Internacional de Justicia y se invite a los Estados a presentar candidaturas.
Recién en ese momento el Estado presenta formalmente la candidatura. Por eso, no se puede hablar de un retiro de la candidatura, porque está aún no ha sido presentada. Lo que existe, en realidad, es un retiro de la voluntad política del Estado de continuar apoyando una postulación que ya había sido anunciada.
¿En este caso considera que se vulneraron principios básicos como la legalidad o la buena fe del Estado?
Absolutamente. Empecemos por la buena fe. La buena fe internacional, y la buena fe entre cualquier organización, institución o persona, comienza por rechazar procedimientos opacos y carentes de transparencia. Si existe algún cuestionamiento o alguna duda, lo correcto es llamar, recibir a la persona o a la institución y preguntar. No se pueden emitir juicios, y menos juicios de valor, sobre la base de suposiciones ni ampararse en palabras ambiguas.
Eso, para empezar, es mala fe. Yo estoy en el Perú y ellos saben que estoy en el Perú. Incluso he hecho un llamado público, por televisión, para que me reciban. En lugar de hacerlo y de conversar, han optado por este anuncio que, para mí, es írrito y no tiene forma legal alguna.
A ello se suma que un Gobierno de Transición, como el actual, cuyos únicos dos grandes propósitos —según su propia declaración— son facilitar elecciones pacíficas y combatir la inseguridad ciudadana, haya decidido intervenir en una candidatura internacional que tiene más de dos años de trabajo y anunciar que ya no la apoya.
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Esto ocurre, además, en un contexto en el que, por nuestro trabajo independiente e íntegro como jueces de la Corte Penal Internacional, hemos sido objeto de sanciones económicas y diplomáticas. No solo por un gran país de Occidente, sino también por otro gran país de Oriente que tiene casos ante la Corte. Lejos de debilitarnos, ello ha generado una amplia solidaridad internacional. No solo de los 125 países que integran la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, reunida recientemente en La Haya, sino de países de todo el mundo, que han expresado su respaldo en documentos escritos.
En La Haya, permanentemente me preguntan por la candidatura. Se consulta dónde vivo y dónde trabajo. Abordan a la embajadora peruana preguntando cuándo los visitaremos. Existe una clara simpatía por la candidatura de una mujer jueza que está siendo acosada por cumplir su función de manera íntegra, independiente e imparcial. Y también por el hecho de que soy mujer, latinoamericana y peruana.
Nada de esto, por lo visto, ha sido valorado en modo alguno por esta Cancillería de Transición. Este anuncio, además, no solo dificulta que la maniobra sea legítima para suspender una decisión de Estado adoptada por el gobierno anterior, sino que mucho menos puede pretender impedir que el próximo gobierno, el que resulte elegido, decida presentar mi candidatura o actuar conforme lo estime conveniente. Eso, francamente, es soberbia.
¿Existe algún precedente en el Perú, o tal vez a nivel internacional, de un retiro de postulación, como usted bien menciona, de este nivel y circunstancias similares?
Para empezar, puedo decirle que mi candidatura, por sí sola, es inédita. No ha existido nunca en la historia del Perú, ni siquiera de América Latina, la candidatura de una mujer latinoamericana y peruana a estos cargos. Mi candidatura, en ese sentido, es inédita. Los peruanos no se han atrevido hasta ahora. La única que se atrevió, al parecer, fui yo. Primero para postular como jueza de la Corte Penal Internacional y ahora para la Corte Internacional de Justicia.
Lo que sí puedo señalar es que esta situación me trae a la memoria lo ocurrido con Javier Pérez de Cuéllar. Él era embajador de carrera y, en su momento, el Congreso peruano no lo ratificó para desempeñar funciones como embajador en Brasil. Fue ‘baloteado’, como se dice. Estaba designado por el Poder Ejecutivo, pero no fue aceptado y tuvo que retirarse, con mucha tristeza, para ocupar un cargo menor en Nueva York.
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¿Qué ocurrió después? Que sus grandes cualidades personales permitieron que fuera escogido primero como candidato y luego elegido secretario general de las Naciones Unidas. No solo fue elegido una vez, sino reelegido en dos oportunidades más. En el Perú lo balotearon, pero en las Naciones Unidas lo eligieron y lo ratificaron.
Con el paso del tiempo, Pérez de Cuéllar desempeñó una función extraordinaria. Todo el mundo lo recuerda, todo el mundo habla de él y seguirá hablando de él. ¿Y de quiénes lo balotearon? Nadie se acuerda. Nadie sabe quiénes fueron. Eso es mezquindad. Hubo mezquindad entonces, como la hay ahora.
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El gobierno ha señalado que las sanciones impuestas por Estados Unidos influyeron en la decisión. ¿Es legítimo que se retire su postulación por presiones externas?
Mire, yo no me voy a referir a suposiciones. Lo único que sé es que mi persona, junto con otros nueve jueces y tres fiscales de la Corte Penal Internacional, en total doce funcionarios, hemos sido sancionados por los Estados Unidos. Estas sanciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestras familias. Nos han retirado la visa. Nos han bloqueado tarjetas de crédito. No podemos hacer transacciones en dólares. No podemos acceder a servicios de compañías que tengan sede en los Estados Unidos.
Frente a esta situación, el Estado peruano tiene obligaciones concretas asumidas en el marco del Estatuto de Roma, del cual es parte. Entre ellas, en este momento, están el deber de apoyo, defensa y protección de los jueces y del sistema de justicia internacional.
¿Y qué hace el Estado peruano? En lugar de protegerme y defenderme, actúa en sentido contrario. Yo soy su representante. Soy un adalid de la justicia internacional, como lo ha reconocido la prensa mundial. Sin embargo, lo que se ha hecho es acosarme y clavarme un puñal por la espalda, sin que yo sepa siquiera de dónde viene. Esto no solo es incorrecto en términos internacionales y legales. Tampoco lo es en términos humanos. Esto, simplemente, no tiene nombre.
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¿Qué impacto tiene esta decisión en la imagen y credibilidad del Perú ante la comunidad internacional exactamente?
Este desliz, podría decir yo, es fatal para la imagen del Perú. Como ya lo he señalado, en materia internacional la palabra empeñada es ley. Y lo ocurrido es írrito. Nunca he visto que, después de que un Estado presenta una candidatura por todo lo alto, él mismo se descalifique y diga ‘ahora siempre no’. Francamente, no he visto que algo así ocurra en el escenario internacional. Tal vez exista algún caso que no conozca, pero con esta decisión la Cancillería peruana se despinta totalmente.
Quiero hacer una salvedad. Yo cuestiono este proceder írrito, opaco y carente de transparencia por parte del Canciller y de su círculo cercano. Ellos no representan a los cuadros profesionales exigentes y exitosos que sí tiene la Cancillería peruana.
Son esos profesionales los que me acompañaron hace nueve años en mi candidatura a la Corte Penal Internacional y los que, junto conmigo, lograron el éxito del Perú. Esos cuadros siguen ahí, intactos. A ellos no los puedo mezclar con estos procederes oscuros del actual canciller, Hugo de Zela.
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Usted mencionaba de que Cancillería no la estaba apoyando, incluso económicamente, en su postulación. ¿Podría darnos detalles sobre esta falta de apoyo que usted ha recibido?
La verdad es que, salvo los primeros meses, en los que sí hubo un movimiento importante por parte de la Cancillería para activar la campaña, todo lo demás lo he estado cubriendo yo con mi propio dinero. He realizado viajes a Costa Rica, a Alemania y a muchos otros lugares con mis recursos.
Normalmente, uno no necesita dinero adicional para hacer estas cosas, porque también pone su empeño personal. Sin embargo, es obligación del Estado peruano. Existen fondos para este tipo de candidaturas y, una vez que se emiten, el trabajo debe ser asumido por la Cancillería. Para ello, se deben firmar resoluciones administrativas y realizar los actos necesarios que faciliten la campaña. En mi caso, nadie ha puesto nada.
El brochure de la campaña se elaboró en la Embajada del Perú en La Haya con mis propios fondos y también se está imprimiendo con mis recursos. El Perú no ha puesto un solo centavo hasta ahora. La campaña se ha sostenido únicamente con mi dinero. El Estado peruano no ha aportado nada. Frente a ello, este anuncio solo refleja que el canciller no ha querido trabajar. Las razones, solo él las sabe.
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¿Qué mensaje se envía a otros juristas peruanos que tal vez al igual que usted aspiran representar al país en organizaciones internacionales y ven el trato que se tiene con usted?
Se envía un mensaje deplorable y triste de discriminación. Es cierto que yo no pertenezco a las élites de la Cancillería. Probablemente a mucha gente de la Cancillería yo no le guste. Pero yo estoy postulando para un cargo de jueza. No estoy postulando para un cargo diplomático.
En este caso, quienes mandan son los órganos de justicia. Yo quiero decirles a mis colegas y a los jóvenes profesionales que aspiran a estos espacios que no se dejen derrotar por actitudes mezquinas y bajas de quienes creen que tienen la potestad de copar postulaciones y candidaturas internacionales solo con personas de su entorno. Los cargos internacionales están abiertos a profesionales de distintas trayectorias, siempre que tengan la capacidad.
En mi caso, tengo 44 años de experiencia judicial. Casi nueve años en la justicia internacional. Veintitrés años de trabajo a nivel nacional vinculados al derecho internacional. Veintiún años en la judicatura nacional. Yo postulo para jueza porque tengo la experiencia. Es más, en este momento, ninguno de los otros diez candidatos en competencia tiene este perfil. La mayoría son diplomáticos o profesores de derecho internacional. Sin embargo, en la Corte Internacional de Justicia se realiza un trabajo judicial. No se realiza un trabajo académico.
Yo les pido a los profesionales peruanos, mujeres y hombres, especialmente a los jóvenes, que postulen y persigan sus sueños. Que sigan adelante. Que no se dejen arredrar por situaciones mezquinas. Que luchen por lo que saben que es correcto. Al final del día, todo esto es por el Perú. No es por nadie más.
En lo personal, yo no necesito nada. Yo ya llegué. Yo ya soy. Tengo una trayectoria y un reconocimiento internacional. Ya he servido al mundo. No necesito nada más. Pero si, como lo decidí hace dos años, aún puedo servir a mi país y a la humanidad, lo haré en nombre del Perú. Es mucho trabajo y mucha dedicación. Pero con gusto. Todo por el Perú.
¿Está evaluando alguna acción legal o institucional frente a lo que considera un retiro irregular de su postulación?
En lo que sea menester y en lo que se necesite, sí lo voy a hacer. No tenga usted la menor duda. Hasta el momento, lo que veo son posturas inciertas y decisiones con intereses políticos. Tampoco sabemos cuál es la estabilidad de este gobierno. Nadie la sabe, menos aún en las coyunturas actuales.
Lo que sí puedo decir es que estaré siempre con la frente en alto. Soy una jueza internacional con prestigio. Mi trabajo es reconocido por mis pares y mis opiniones son estudiadas por académicos en todo el mundo. Yo no he robado. No he matado. No me he encapuchado para cumplir mi función. Soy jueza y ejerzo con la cara descubierta y con la verdad en la mano.
Mi único norte es el derecho y mi conciencia. Pueden intentar desvirtuar lo que quieran, pero nunca encontrarán nada incierto ni inescrupuloso. Manejarse en el ámbito internacional, en instituciones como la Corte Penal Internacional, no es sencillo. Existen equilibrios de poder que se ponen a prueba permanentemente.
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Hay jueces que representan a países muy poderosos y que, en determinados momentos, buscan ejercer control sobre la Corte. Hay otros, como yo, que venimos del sur. Creemos en la diversidad y en la inclusión. Creemos que el desarrollo jurídico debe incorporar opiniones y miradas de todo el mundo, especialmente de regiones como Sudamérica, que históricamente no han estado representadas.
Por eso se generan situaciones incómodas y desagradables. Todo eso, sin embargo, pertenece al ámbito interno. De cara al mundo, somos una Corte fuerte. Si no lo fuéramos, no estaríamos sujetos a sanciones. Nosotros seguimos firmes. Yo, por supuesto, también.
Si pudiera dirigirse directamente al gobierno peruano, ¿qué le diría hoy sobre esa decisión que han tomado?
Le diría al señor presidente de transición que se dedique a lo que ha venido. A facilitar las elecciones y a aportar, aunque sea, en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ojalá sean exitosos.
Respecto a lo demás, no debe haber soberbia. En los pocos meses que les quedan de gobierno, no parece razonable dedicar tiempo a retirar una candidatura internacional mientras el país enfrenta problemas urgentes. Mi mensaje es claro: dedíquense a lo que han venido. Por mi parte, estoy tranquila. Aunque este acto es írrito, no impide que el próximo gobierno pueda presentar nuevamente mi candidatura. Lo que sí se ha hecho es perder tiempo, porque la campaña se ha detenido.
El Perú ha comenzado a resonar nuevamente en la escena internacional desde que soy jueza de la Corte Penal Internacional. Hoy se habla en el mundo del trabajo de una jueza peruana y del nivel que el país ha alcanzado. Yo voy a seguir brillando y representando esos valores desde donde esté.
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Permitir que el Perú tenga peso y prestigio internacional es tarea de todos. Lo mínimo que se puede hacer es no obstruir. Si no se quiere ayudar, al menos no estorbar.
Yo voy a seguir adelante con mis intenciones. Preferí representar al Perú, aunque he recibido invitaciones de otros países. Sería muy triste que una jueza peruana sea electa sin representar a su país. Esta candidatura genera apoyo y simpatía internacional por lo que propone. La humanización de la justicia internacional. Una interpretación del derecho acorde con la evolución de las sociedades. Eso es lo que impulsa el Perú hoy en el mundo. Y vamos a ganar.


























