Familiares de víctimas de Cayara denuncian a Rospigliosi ante la Fiscalía por intimidar a jueces que deben resolver el caso
Quince familiares de las víctimas de la matanza de la comunidad ayacuchana de Cayara en 1988, denunciaron a Fernando Rospigliosi por presionar a magistrados a no aplica el control de convencionalidad.
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Ante la insistencia del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de presionar a los magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitorias para que archiven el proceso contra militares acusados de la masacre de más de 30 pobladores de Cayara, en Ayacucho, los familiares de las víctimas lo denunciaron ante el Ministerio Público.
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Familiares de las víctimas de Cayara llevan casi 40 años exigiendo justicia. Foto: Asfavitadec
En la denuncia, suscrita por quince deudos, lo acusan del delito de violencia contra la autoridad por tratar de impedir, mediante intimidación, que los jueces hagan uso de la facultad constitucional de “ejercer control difuso e inaplicar la norma” en ese caso, lo que transgredería la Constitución y su obligación “del control convencional establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
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En la denuncia, a la que La República tuvo acceso, se relata las ocasiones en las que Rospligliosi intenta amedrentar a los magistrados para que archiven los casos de lesa humanidad cometidos antes de julio del 2001 invocando al fallo del Tribunal Constitucional, como el artículo publicado en el diario Expreso, calificando que los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata tienen “pésimos antecedentes”.
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“Si estos magistrados no acatan la ley, deberán ser denunciados de inmediato ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y penalmente, porque están cometiendo un delito”, sostiene que congresista fujimorista.
Además, se expone declaraciones en la que el presidente del Parlamento exige que no se tome en cuenta el derecho internacional pues las normas nacionales están por encima de los convenios internacionales, calificando de “prevaricadores” a los magistrados que inaplican la ley y no cierren los casos de graves violaciones a los derechos humanos.
