Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia
La JNJ votó por unanimidad la destitución de la exfiscal de la Nación. Decisión la aparta definitivamente del Ministerio Público.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó este 23 de enero a Delia Espinoza como fiscal suprema del Ministerio Público, en una sesión del pleno que aprobó su remoción por unanimidad. La medida responde a un procedimiento disciplinario que sostuvo que Espinoza no cumplió con una resolución que buscaba reponer en el máximo cargo de la entidad a Patricia Benavides.
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La decisión de destituir a Delia Espinoza fue adoptada por unanimidad, con los votos de César Galindo Sandoval, Germán Serkovic González y Víctor Chanduví Cornejo. A ellos se sumaron Jaime de la Puente Parodi y Gino Ríos, quienes respaldaron la medida mediante votos singulares.
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La JNJ abrió un proceso disciplinario contra la exfiscal de la Nación en 2025 luego de que no acatara una resolución donde se ordenaba reponer en el cargo titular de la Fiscalía a Patricia Benavides. Espinoza fue acusada de cometer faltas graves y muy graves por presunta desobediencia a los mandatos del órgano de control.
Delia Espinoza: los argumentos de la JNJ para destituirla
La destitución de Delia Espinoza se explica por su presunto incumplimiento de la orden de reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación, emitida por la JNJ el 12 de junio de 2025. Esta reposición se basó en una reconsideración de la situación legal de Benavides tras fallos judiciales y administrativos previos.
La Junta argumentó que Espinoza no solo omitió ejecutar la orden que le correspondía acatar, sino que tampoco convocó a la Junta de Fiscales Supremos para facilitar el proceso de traspaso de funciones. La JNJ estimó que estas omisiones representaban un quebrantamiento de la normativa de la Ley de la Carrera Fiscal y de los deberes funcionales de la magistrada.
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En el informe disciplinario, la JNJ incluyó la evaluación de varios hechos atribuidos a Espinoza, como la continuidad en el ejercicio del cargo pese a la notificación formal de la reposición, lo cual configuró, según el órgano, desobediencia institucional.
Además, la JNJ consideró que estas conductas habían afectado la institucionalidad de la Fiscalía y generado incertidumbre sobre el respeto a las resoluciones de los órganos constitucionales autónomos, por lo que concluyó que la remoción era la sanción adecuada.
