Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

Eran las cuatro de la tarde y el sol caía sobre el mercado de Pro, cuando un grupo de efectivos de la Policía Nacional (PNP) le pidió su DNI. Luis Alexander Abarca Pintado (38), comerciante ambulante natural de Cajamarca que llegó a Lima hace más de 15 años en busca de mejores oportunidades, sacó el documento con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Llevaba brasieres en una bolsa, listo para empezar su jornada de venta; sin embargo, tras una revisión los oficiales lo esposaron y llevaron a la comisaría Santa Luzmila de Pro. Sin saberlo, se encontraba en la lista de personas requisitoriadas por un delito que hasta hoy afirma no haber cometido.

Según la Fiscalía, cuatro años antes, el 17 de mayo de 2019, la organización criminal, denominada los Cybercaneros, a través de la modalidad de “phishing” accedió de forma ilegal a la información confidencial de las cuentas del Banco BBVA de la empresa Lamidecor S.A.C. y realizó transferencias por S/201.040. Para hacerlo, creó un usuario digital en la plataforma bancaria Continental Net Cash, activó un token de seguridad y movió el dinero en cuestión de minutos hacia la cuenta de una mujer. Todo quedó registrado en archivos y claves, y el número usado para activar el Token Digital del crimen figuraba a nombre de Luis.

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Luego de tres días encerrado, el comerciante salió en libertad y desde ese día enfrenta una acusación que podría llevarlo hasta diez años a prisión. Además, el Ministerio Público exige una reparación civil imposible –S/48.000– para alguien que vive en una casa de madera en la zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. En el expediente su nombre aparece ligado a una red de fraude, como si dos vidas distintas hubieran quedado cosidas en un mismo documento.

Según Abarca Pintado, tres años antes de ser involucrado en el fraude fue víctima del robo de su DNI, cuando un grupo de hampones irrumpieron armados en la pollería donde cenaba junto a su esposa e hija. Los delincuentes se llevaron su canguro, su documento de identidad, billetera, celular y una cámara fotográfica. Aunque afirma haber denunciado el hecho en su momento, al consultar en la comisaría por el reporte, tras el proceso en su contra, le indicaron que su denuncia no figuraba en el sistema.

En 2023, Rosangélica Adelaide Quiñones Pesantes (30), quien actualmente trabaja en el restaurante de su familia De Olivia, enfrentaría también las consecuencias de ser suplantada. Al intentar postular a un trabajo para Movistar, en el que se encargaría de proveer a todas las tiendas de recargas para que vendan este servicio a los usuarios del operador, la empresa la rechazó porque sus sistema reportó que tenía antecedentes policiales. Cuatro años antes, el 1 de octubre de 2020, una mujer la denunció por estafa en la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos.

Según el parte policial, la víctima pactó con la acusada a través de WhatsApp la venta de un celular, para lo cual realizó un primer giro de dinero al número de cuenta BCP de Quiñones Pesantes por la suma de S/170 y un segundo pago de S/150 a fin de que lleve el dispositivo a su domicilio. Luego de ello, esta persona la bloqueó. No obstante, la imputada refiere no tener conocimiento de la línea 973448795, desde la que supuestamente conversó con la agraviada.

"Al enterarme que tenía antecedentes policiales, me preocupé, fui a averiguar a la Policía y cuando llegué a la comisaría de San Ignacio (Cajamarca, donde reside), me dijeron que tenía que pagar un derecho al Banco de la Nación para ver mis antecedentes penales en el sistema y ahí me di cuenta que había sido denunciada por un celular e incluso habían girado el dinero a mi nombre, dinero del que nunca recibí ningún sol", mencionó.

Su abogada sostiene que la denuncia no registra ninguna carpeta de investigación fiscal, aunque al estar presente en el sistema policial su nombre está marcado en una lista negra frente a cualquier empleo al que quiera postular.

En mayo de este año, una mujer empezaba a vivir la misma pesadilla en Lima Norte. Al revisar sus redes sociales tras insistentes llamadas desconocidas, María Onella Camizan (37), madre soltera y cajamarquina como Luis, encontró mensajes que la señalaban como estafadora por personas que habían pagado por leche pulmocare –suplemento nutricional especializado para pacientes con enfermedades pulmonares y respiratorias– y nunca recibieron el pedido. Ciudadanos de distintas partes del país, como San Juan de Lurigancho y Tingo María, la contactaron por sus encargos.

La joven, graduada en cosmetología y cobradora de combí, en 2024 extravió su DNI y cometió el error de no denunciar la pérdida ante la PNP. Al verse involucrada en un delito que asegura no cometió, acudió dos veces a la comisaria Sol de Oro para denunciar suplantación de identidad y en ambas ocasiones fue rechazada, bajo el argumento de que su caso se encontraba en la Primera Fiscalía de Puente Piedra. “No me han aceptado ni me han atendido”, expresó.

Meses atrás, el 28 de febrero, una de las víctimas refirió que depositó S/240 a una cuenta bancaria a nombre de un hombre para unos tarros de leche en polvo que recogería en las oficinas de Shalom en Arica, Zapallal, en Puente Piedra. Sin embargo, al intentar colocar la clave para recoger la encomienda enviada por otra persona, le indicaron que esta era errónea y tras contactarse con este sujeto notó que la había bloqueado en todas sus redes sociales. La mujer solicitó a la empresa de envíos los datos de la persona que mandó la encomienda y ahí encontró el nombre y número de DNI de María Onella, a quien denunció por estafa.

Cuando tu nombre te involucra en un delito

Para Nelvin Espinoza Guzmán, fiscal adjunto provincial del Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, los casos de víctimas de suplantación de identidad se han incrementado durante los últimos años, principalmente a consecuencia de las extorsiones, que aumentaron desde la pandemia y por la migración descontrolada de extranjeros, que elevaron esta modalidad delictiva.

Hoy, organizaciones criminales usan datos personales —obtenidos por pérdida de DNI, filtraciones, phishing, clonación de SIM o malas prácticas en la venta de chips telefónicos— para cometer delitos de estafa, extorsión o fraude, dejando como rastro el nombre de ciudadanos que no participaron en los hechos. “Todos los días ingresan casos por suplantación de números telefónicos, de los chips”, indicó.

Según el abogado especialista en Derecho Digital Henrry Valdiviezo suplantar la identidad de alguien es relativamente fácil, especialmente si la persona no aplica algunas medidas básicas de seguridad sobre la difusión de su información en redes sociales o si se llega a exponer el Documento Nacional de Identidad.

“Por eso es muy recomendable cuando uno pierde su DNI inmediatamente acudir a una comisaria (…). Con eso vas a tener una prueba para que en el futuro si te ves involucrado en algún ilícito o puedas dejar constancia de que tu DNI se extravió”, detalló.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior, en 2024 se reportaron 10.596 denuncias por suplantación de identidad a nivel nacional y 4.763 a nivel de Lima Metropolitana, mientras hasta noviembre de este año se han registrado 8.603 en el país y 4.251 en la capital. Espinoza señaló que este tipo de delitos son muy frecuentes, debido a que los delincuentes, para evitar ser detectados por las autoridades, sacan líneas a nombres de otras personas a través del mercado negro.

“Lo que hacen estos sujetos es sacar líneas telefónicas a través de las empresas y ahí hay una cuestión también de informalidad muy cuestionable por parte de cómo se distribuye y se venden los chips (…). Entonces, identificarlos resulta un poco complicado”, sostuvo Guzmán.

En ese sentido, Matilde González, vocera del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), reconoció que la venta ambulatoria de chips telefónicos sigue siendo una práctica que persiste en el país, pese a estar prohibida por la normativa vigente y bajo pena de cárcel, tras la modificación de la Ley 32451, que eleva la activación de una línea móvil sin el consentimiento del titular a un delito penal. La funcionaria explicó que la empresa operadora que se vea envuelta en un caso de venta informal de una línea que sea usada para cometer algún delito puede llegar a recibir una multa de hasta 1.000 UIT –S/5 millones 350.000–.

Por otro lado, reconoció que la entidad no tiene la estadística de cuántas líneas se venden fuera del sistema formal. Sin embargo, explicó que exigen a las operadoras que establezcan requisitos básicos para la contratación, como que se lleve a cabo en un centro de atención autorizado, reportado al Osiptel, y que desde el 19 de diciembre tendrán que informar al organismo diariamente sobre cualquier validación de número telefónico.

“Estamos exigiendo que la empresa verifique que cuenta con las coordenadas geográficas para poder tener certeza de que se está haciendo la venta dentro del local y no en un lugar totalmente distinto del local reportado como autorizado”, agregó.

Espinoza también advirtió que actualmente el Poder Judicial no cuenta con un registro de cuántos peruanos suplantados enfrentan procesos por delitos que no cometieron y que a menudo los chips sacados a nombre de terceras personas son para cometer hechos delictivos.

“A veces nosotros no sabemos cuántas líneas telefónicas tenemos a nuestros nombres, pero hay muchos casos en el que se detectan en las investigaciones que hay personas que tienen 10, 15 líneas. La vez pasada veía que una persona tenía más de 100 líneas telefónicas. El problema es estructural”, enfatizó.

Escasez de números

Valdiviezo advirtió que otro factor que influye en los casos de suplantación de identidad es el reúso constante de números telefónicos; situación que, según se explica, se ha agudizado en el último año debido al agotamiento de la numeración disponible.  

“Antes los números eran de titularidad de cada línea, pero ahora con la portabilidad todos los números quedan libres y se alojan en una especie de nube y las operadoras que toman el número se lo da al titular y cuando esta línea deja de ser usada, nuevamente se activa y ahí cualquier persona la puede tomar. Diariamente, una infinidad de números que han dejado de ser usados por delincuentes son dados a otras personas y a la inversa también”, alertó.

En ese aspecto, consideró importante ampliar la cantidad de dígitos de un número telefónico de 9 a 10 dígitos para tener nuevamente una gran cantidad de líneas, como sucede en otros países de la región como Argentina. Al respecto, González señaló que esa decisión le compete al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que efectivamente el número móvil es un recurso escaso, por lo que actualmente la normativa permite que pasado los 90 días desde la baja de una línea se pueda asignar a otra persona.  

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