La medida fue ejecutada por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte, tras detectar que el bien habría sido adquirido luego de la sustracción de más de S/4 millones a una casa de apuestas deportivas entre octubre de 2022 y mayo de 2023.

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Investigación vincula inmueble con fondos de origen ilícito

Según la hipótesis fiscal, el dinero fue obtenido por la pareja de la investigada, quien se desempeñaba como analista de datos y habría realizado transferencias irregulares aprovechando su acceso a sistemas internos. Parte de estos montos fue retirada mediante distintas pasarelas de pago por ambos implicados.

Las indagaciones establecen que el inmueble fue comprado en abril de 2023 mediante cheques de gerencia, operación que se realizó tras el inicio del presunto fraude. Además, se identificó que los recursos pasaron por cuentas vinculadas a la investigada, quien no contaba con actividad económica que justificara la adquisición.

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Allanamiento y administración del predio incautado

Con estos elementos, la Fiscalía solicitó la orden judicial de allanamiento con fines de incautación y desposesión, la cual fue ejecutada con apoyo de unidades especializadas de la Policía y la Procuraduría correspondiente.

El inmueble quedó bajo administración del Programa Nacional de Bienes Incautados, entidad encargada de su custodia durante el desarrollo del proceso penal. La investigación continúa en el marco de un caso que también incluye diligencias por presunto fraude informático contra los involucrados.

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El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en la prolongación Puente Arnao 421, en el ingreso de la urbanización Tahuantinsuyo. De acuerdo con el alcalde del distrito, Germán Torres, en el predio funcionaba un taller pirotécnico clandestino que no contaba con autorización.

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¿Qué ocurrió en Arequipa?

La potencia de las detonaciones provocó severos daños en la estructura del inmueble, incluyendo el desprendimiento de muros de ladrillo y bloquetas. La onda expansiva también afectó viviendas aledañas, donde vecinos reportaron la destrucción de ventanas y mamparas, generando momentos de pánico en la zona.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Compañía de Bomberos N.º 77, que trabajaron para controlar el incendio originado tras las explosiones y evitar su propagación.

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Investigan origen de las explosiones en Miraflores

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y confirmar la naturaleza ilegal de las actividades en el inmueble. No se descarta que la manipulación inadecuada de material pirotécnico haya provocado la emergencia.

Entre los heridos fueron identificados Mónica García Navarro (60), Johan Surco Huayna (22) y Aymar Álvarez García (21), quienes fueron trasladados al hospital por personal de serenazgo. En tanto, un menor de edad fue evacuado en un vehículo particular.

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Las inscripciones estarán disponibles hasta el 24 de abril de 2026 y requieren el cumplimiento de condiciones específicas para postular. El programa contempla una jornada de participación semanal y forma parte de las acciones de Reniec para fortalecer la atención al público en sus oficinas a nivel nacional.

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Funciones y beneficios del voluntariado en Reniec

Los seleccionados cumplirán tareas de orientación a los usuarios sobre trámites como renovación, duplicado de DNI y actualización de datos, además de asistir a personas que requieren atención preferencial, como adultos mayores, gestantes y ciudadanos con discapacidad.

También participarán en campañas informativas organizadas por la entidad. Como parte del programa, recibirán capacitación, acceso a actividades formativas y una constancia de participación. Asimismo, podrán obtener reconocimiento por desempeño destacado y facilidades para asistir a eventos gratuitos vinculados a la institución.

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Requisitos y proceso de inscripción para postular

Para acceder al voluntariado, los postulantes deben tener entre 18 y 25 años, ser estudiantes de educación superior y no registrar antecedentes penales, policiales ni judiciales por determinados delitos. Además, no deben haber sido retirados previamente de programas similares.

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual mediante el registro de datos personales, incluyendo información consignada en el documento de identidad, contacto telefónico y correo electrónico. Los voluntarios deberán cumplir una jornada de cuatro horas continuas una vez por semana, en horarios coordinados con la sede asignada.

La actividad se llevará a cabo este sábado 18 de abril a las 5:00 p.m. en el auditorio ubicado en Av. Angamos 1551, en el distrito de Surquillo, y contará con la participación de especialistas en desarrollo infantil y educación.

Expertos internacionales y enfoque educativo

El evento reunirá a los conferencistas internacionales Esther Mihwa Ro y Jaeok Paul Kim, misioneros coreanos con experiencia en formación infantil, así como al educador peruano Iván Silva.

Según los organizadores, el objetivo es promover un análisis integral sobre cómo la virtualidad y el uso intensivo de dispositivos digitales están transformando la estructura social y la construcción de identidad en menores de edad.

Un problema creciente en la era digital

Desde la organización se advierte que el avance tecnológico ha generado nuevos desafíos para la formación de los niños, por lo que consideran necesario encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y el uso de herramientas digitales.

“La virtualidad está reconfigurando la sociedad a gran velocidad, por lo que es clave acompañar y guiar a las nuevas generaciones en este proceso”, señalaron voceros de MICPA.

Evento gratuito con inscripción previa

La conferencia está dirigida a autoridades, docentes, padres de familia y público en general interesado en el tema. El ingreso será gratuito, aunque los cupos son limitados debido al aforo del local. Aquí puedes registrarte.

Asimismo, los asistentes podrán solicitar certificados de participación. Para inscripciones y consultas, los interesados pueden comunicarse con el señor Raúl Enrique Palacios, coordinador de protocolo e invitaciones del evento, a los teléfonos: 955669551 / 972774153.

En abril de 2026, los pagos se efectuarán de manera escalonada para asegurar el orden en el sistema financiero. El cronograma abarca a trabajadores bajo distintos regímenes, como el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), además de otros pagos relacionados con programas gubernamentales.

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Fechas de pago para abril de 2026 según los grupos de trabajadores del Estado

El cronograma oficial establece las siguientes fechas para el depósito de sueldos en abril:

• Martes 21 de abril (Grupo 1): Educación, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
• Miércoles 22 de abril (Grupo 2): Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
• Jueves 23 de abril (Grupo 3): Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC.
• Viernes 24 de abril (Grupo 4): Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tribunal Constitucional.

Estas fechas son aplicables a los trabajadores del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales que figuran en el Anexo 01 del cronograma aprobado por el MEF.

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Cronograma oficial del MEF detalla depósitos mensuales para empleados públicos

El calendario aprobado también organiza los pagos de manera mensual a lo largo de todo el 2026, permitiendo a las entidades públicas planificar la ejecución de sus obligaciones. Este cronograma contempla no solo remuneraciones, sino también pagos periódicos no remunerativos como estipendios, propinas y subvenciones.

Asimismo, se precisa que beneficios como aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como la bonificación por escolaridad, serán abonados en los meses correspondientes según lo establecido en la normativa vigente. El cumplimiento de estas fechas depende de las unidades ejecutoras, que deben garantizar la disponibilidad de recursos y el registro adecuado en el sistema financiero del Estado.

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El ingreso a las sedes estará permitido desde las 7.00 a. m. hasta las 9.30 a. m., hora en la que se cerrarán las puertas sin excepción. La prueba iniciará a las 11.00 a. m. y tendrá una duración de dos horas. Los participantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería para poder acceder a la evaluación.

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Horarios y documentos obligatorios para ingresar a la evaluación

El Minsa precisó que el cumplimiento del horario de ingreso es obligatorio, por lo que los postulantes deben prever su llegada anticipada a las sedes asignadas. Asimismo, se recordó que sin la presentación del documento de identidad no se permitirá el acceso al examen.

Durante el proceso, se contará con la supervisión de representantes de órganos de control, quienes verificarán que se cumplan las disposiciones establecidas y se garantice la transparencia de la evaluación en todas las sedes a nivel nacional.

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Restricciones y materiales permitidos para rendir el examen

La entidad indicó que está prohibido el ingreso con celulares, relojes, joyas, equipos electrónicos u otros objetos no autorizados, como parte de las medidas de seguridad para evitar incidentes durante la prueba.

Además, los postulantes deberán llevar de forma obligatoria lápiz 2B, borrador y tajador, únicos materiales permitidos para desarrollar la evaluación. Estas disposiciones buscan asegurar condiciones uniformes para todos los participantes en el proceso del Serums 2026-I.

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A través de su Comunicado Oficial N.º 07-2026, la entidad adscrita al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, en el corto plazo, es más probable que predominen condiciones neutras entre mayo y junio, con mayores probabilidades de desarrollo del evento desde el mes siguiente.

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¿Cómo estará el clima?

En cuanto a las condiciones climáticas, el organismo señaló que entre abril y junio se prevén lluvias de normales a superiores en la costa norte, principalmente durante abril. Sin embargo, al encontrarse en la etapa final del periodo de precipitaciones, se esperan episodios puntuales y localizados.

Respecto al comportamiento de los ríos, el ENFEN indicó que los caudales en la región hidrográfica del Pacífico se mantienen dentro de rangos normales, aunque no se descartan incrementos focalizados en ríos del norte del país.

En el ámbito pesquero, se estima que la anchoveta del stock norte-centro continuará distribuyéndose principalmente dentro de las 30 millas de la costa, mientras que especies como el bonito seguirían disponibles a lo largo del litoral peruano.

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Riesgo por posibles emergencias o desastres naturales

Ante este escenario, el ENFEN recomendó a las autoridades de los tres niveles de gobierno considerar los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para adoptar medidas de prevención y reducir riesgos ante posibles emergencias o desastres.

La comisión señaló que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas, atmosféricas e hidrológicas, y anunció que su próximo comunicado oficial será emitido el 30 de abril de 2026.

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La Fiscalía Provincial Penal de Chumbivilcas logró la rápida sentencia contra Silvestre Triveño (61) y Alixson Pacco (27) por el delito contra el derecho de sufragio, en la modalidad de suplantación de votante. Ambos fueron intervenidos en flagrancia el pasado 12 de abril durante la jornada electoral.

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¿Cuál fue la modalidad en las Elecciones 2026?

De acuerdo con la investigación, dirigida por la fiscal adjunta provincial Kelly Vargas Uscamayta, los acusados intentaron votar utilizando identidades ajenas en distintos locales de votación de la provincia.

En el primer caso, Triveño fue detenido en la institución educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito de Llusco, cuando intentaba sufragar con el DNI de su vecino, argumentando que este se encontraba enfermo. Por su parte, Pacco fue intervenido en la I.E. 56248, en Santo Tomás, tras hacerse pasar por su padre, hecho que fue advertido por personal de la ONPE y miembros de mesa.

Las pruebas biométricas dactilares permitieron confirmar que los intervenidos no correspondían a las identidades presentadas, lo que sustentó la acusación fiscal.

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Admitieron sus delitos en Cusco

Durante audiencias virtuales realizadas el 13 de abril, ambos imputados aceptaron los cargos y se acogieron a la terminación anticipada. El Poder Judicial les impuso una pena de un año y tres meses de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta, además del pago inmediato de S/800 por concepto de reparación civil cada uno.

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La sanción asciende a 202,96 UIT, equivalente a S/1.116.280, y fue determinada por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3. El caso se encuentra aún en etapa apelable y podría ser revisado por una segunda instancia administrativa en caso de que la empresa decida impugnar la resolución.

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Investigación detectó llamadas sin autorización previa

El procedimiento se originó tras una investigación de la Dirección de Fiscalización, que utilizó herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para evaluar audios de llamadas comerciales. A partir de esta revisión, se identificaron comunicaciones en las que no se pudo demostrar que los consumidores hubieran otorgado su consentimiento para ser contactados.

Según lo señalado por la Secretaría Técnica, la ausencia de esta autorización constituye una infracción a la normativa vigente, que exige el permiso expreso de los usuarios antes de cualquier contacto con fines comerciales. La resolución emitida es pública y forma parte del proceso administrativo sancionador.

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Otros procesos en curso por llamadas comerciales sin consentimiento

Además de este caso, Indecopi informó que continúan en trámite otros procedimientos sancionadores contra diversas empresas del sistema financiero, seguros y telecomunicaciones por presuntas prácticas similares relacionadas con llamadas no autorizadas.

Entre las compañías investigadas se encuentran entidades bancarias, aseguradoras y operadoras, así como una empresa que enfrenta un proceso adicional por no entregar información requerida sobre este tipo de comunicaciones. Estas acciones forman parte de las labores de supervisión para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales no consentidas.

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Según información preliminar, el atentado ocurrió alrededor de las 9.00 p. m. en la cuadra cinco de la avenida Guardia Civil. La unidad, conocida como la “E”, fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon al menos cinco veces contra el vehículo.

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Atentado en Chorrillos

A pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron heridos. Ninguno de los proyectiles alcanzó al conductor ni a los pasajeros que se encontraban dentro del bus en ese momento.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar y abandonaron la motocicleta minutos después. Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área, mientras peritos de criminalística iniciaron las diligencias para recoger evidencias, como casquillos de bala.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del atentado. Sin embargo, vecinos del distrito expresaron su preocupación por el incremento de la delincuencia y exigieron mayor presencia policial, ya que no sería la primera vez que esta empresa de transporte es blanco de ataques.

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Empresa ya ha sido atacada

En noviembre de 2025, otra unidad de Etul4sa también fue baleada en Chorrillos, en un contexto marcado por protestas del sector transporte contra el sicariato y la extorsión.

En aquel entonces, el ataque dejó daños materiales en el vehículo, incluyendo la destrucción de una de sus lunas tras impactos de bala dirigidos incluso hacia la zona de pasajeros.

Este nuevo atentado refuerza la preocupación por la creciente violencia contra transportistas en Lima, una situación que continúa poniendo en riesgo tanto a conductores como a usuarios del servicio público.

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El operativo es ejecutado por la Región Policial Tacna, que movilizó 135 efectivos, de los cuales un centenar proviene de regiones como Cusco, Ica, Arequipa y Puno. La vigilancia se concentra en 10 puestos de control fronterizo y se mantendrá de forma continua con apoyo tecnológico y logístico.

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Refuerzo policial y vigilancia tecnológica en la frontera sur

Las acciones incluyen el uso de drones para supervisar sectores entre los hitos 14 y 18, ampliando el alcance del monitoreo policial, aunque el despliegue abarca hasta el hito 81. Además, se implementó patrullaje motorizado con motocicletas y cuatrimotos asignadas a cada punto de control.

Durante las noches, la vigilancia se intensifica con 10 torres de iluminación instaladas en zonas estratégicas, con el objetivo de impedir el tránsito por rutas no autorizadas. Estas medidas buscan reforzar el control territorial ante posibles desplazamientos irregulares en la frontera.

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Expulsiones en Chile y medidas en la frontera bilateral

La decisión de reforzar la vigilancia se da luego de que el gobierno de Chile iniciara, desde el 16 de abril, un proceso de expulsión de extranjeros en situación irregular mediante operativos aéreos y terrestres. Estas acciones incluyen la deportación de personas sin documentación y de quienes presentan antecedentes delictivos.

En paralelo, Chile continúa con la ejecución de su Plan Escudo Fronterizo, que contempla la construcción de zanjas en la frontera con Perú, con un avance del 27% y más de 3.000 metros lineales desarrollados. Las autoridades chilenas han indicado que estas medidas continuarán en las próximas semanas.

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La medida alcanza a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe, en la región Madre de Dios. También incluye a zonas fronterizas como El Cenepa, Río Santiago e Imaza, en Amazonas; Namballe, en Cajamarca; así como Iberia, Tahuamanu e Iñapari, nuevamente en Madre de Dios. En Piura, la disposición rige en Lancones, Suyo y Ayabaca.

En la región Puno, la declaratoria comprende a San Juan del Oro, Yanahuaya, Sina, Ananea, Cojata, Huayrapata, Moho, Tilali, Yunguyo, Tinicachi, Ollaraya, Desaguadero, Kelluyo, Pisacoma y Capazo. En tanto, en Ucayali, se aplica en Masisea, Yurua y Purús.

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¿Qué autoridades intervienen?

Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades definen las zonas de intervención en función de labores de inteligencia, análisis de indicadores y mapas del delito.

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¿Cuáles son las medidas?

Asimismo, se restringen derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, conforme al marco legal vigente.

Como parte de las acciones, se desplegará patrullaje permanente y aleatorio, tanto a pie como motorizado, en puntos estratégicos como paraderos, infraestructura crítica, servicios públicos y zonas de frontera, con especial énfasis en pasos no autorizados.

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El feminicida fue detenido en su domicilio luego de que un familiar de la víctima alertara a la Policía sobre la presencia del atacante, quien había huido de la escena del crimen. Fueron agentes de la Unidad de Emergencias (UNEME) los que llevaron a cabo la detención y trasladaron al implicado a la Divincri Chiclayo para el procedimiento de ley.

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Feminicidio conmociona a Chiclayo

El caso está en manos del Ministerio Público y la familia de Yeny Farroñay espera que este individuo pueda recibir una condena acorde al atroz delito cometido.

Como se informó en su momento, Farroñay Vidaurre fue hallada sin vida y en medio de una escena sangrienta en el interior de la casa donde trabajaba, en la urbanización Magisterial de Chiclayo.

Ella fue atacada múltiples veces con un cuchillo de cocina frente a la niña de 3 años que cuidaba. El feminicidio ha conmocionado a la población.

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Pedido de justicia

En declaraciones a la prensa, uno de los familiares indicó que Yeny Farroñay se había separado desde hace seis meses del sujeto, quien trabajaba como chofer de combi. Este individuo, bajo los efectos del alcohol, venía a buscarla constantemente a su vivienda en el pueblo joven Nueve de Octubre, por lo que sus parientes tuvieron que sacarla de allí para protegerla.

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El episodio, sin embargo, no es un hecho aislado. En lo que va del 2026, el Ministerio de Cultura (Mincul) registró 99 situaciones de discriminación étnico-racial a través de su servicio Alerta contra el Racismo. La cifra se eleva a 1.363 casos si se consideran los reportes desde el 2012.

Un fenómeno arraigado

Para Ana Lucía Mosquera Rosado, especialista en diversidad y derechos humanos, la persistencia de estos hechos responde a un problema social mayor. “Tenemos un momento de polarización súper grave, pero la forma en que se genera el debate, si es que lo hay, evidencia que el racismo está muy vivo en la sociedad y es uno de los primeros argumentos que las personas utilizan para descalificarse unas a otras”, dijo.

Una muestra de lo interiorizado que están estas conductas son los comentarios que realizan las personas en redes sociales para justificar las agresiones. En el último caso, por ejemplo, algunos usuarios consideraron que el influencer solo dijo una supuesta verdad al cuestionar el voto de pobladores del sur y, por ende, no debería ser juzgado.

La experta indicó que, quienes reaccionan de esa manera, buscan no aparentar racismo, pero en el fondo terminan sumándose al agravio, aunque sin asumir consecuencias. Estos hechos responderían a casos internalizados o a la aceptación inconsciente de mensajes discriminatorios que, de todos modos, implica la desvalorización de personas pertenecientes a determinados grupos, como pobladores de la sierra en el actual contexto electoral.

Límite transgredido

Otro factor que contribuye a la continuidad del racismo es la distorsión de la libertad de expresión. El Mincul precisó que existen limitantes, por ejemplo, cuando se vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de las personas al reforzar prejuicios o estereotipos. “Cuando el discurso afecta derechos de las personas deja ser opinión y se convierte en un delito”, afirmó la entidad.

Este ilícito se enmarca en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación y su incitación por motivos raciales, religiosos, sexuales, de discapacidad, entre otros. No obstante, las penas que contempla no son tan drásticas, según advirtió el abogado Richard O’Diana Rocca, especializado en derechos humanos e interculturalidad.

“Cuando se trata de un acto de discriminación simple, la pena puede ser no menor de dos años ni mayor a tres; y cuando el acto es cometido a través de un medio como el Internet o redes sociales, la sanción llega a ser no mayor de cuatro años, lo que implica que los sentenciados, incluso con la máxima pena, no van a prisión. Ese es un tema que debería discutirse en un país donde se registran muchos actos de este tipo”, apuntó.

Riesgo de agravarse

Mosquera Rosado alertó que el país está entrando a la etapa más polarizante de la campaña electoral, en medio de la disputa por el segundo lugar que definirá qué candidatos competirán en el balotaje por el sillón presidencial. En ese contexto, consideró que es importante que se envíen mensajes claros a la ciudadanía.

“Creo que es importante recordar que en una sociedad democrática, las diferencias ideológicas o decisiones políticas, deben ser normales, pero lo que no debería pasar es que eso nos lleve a la deshumanización de las personas. Se puede tener todas las diferencias posibles, pero aún así ver a esa persona como un ciudadano que merece expresarse y votar libremente como yo, así no piense igual a mí”, señaló.

La especialista lamentó que los casos de racismo queden en el olvido una vez que pasan los comicios y no se aborden con la debida seriedad por parte de las autoridades, lo que eleva el riesgo de que el nivel de violencia siga creciendo cada año. “Cuando no hay una mayor exploración o análisis, lo que vamos a tener son ciclos que se repiten, cada vez con mayor violencia. Lo que estamos viendo ahora, probablemente podría ser más violento que lo que vivimos en 2021”, advirtió.

Tareas pendientes

El Mincul informó que mediante el servicio de Alerta Contra el Racismo reciben constantes reportes ciudadanos sobre casos de discriminación étnico-racial, los cuales atienden a través de la orientación, acompañamiento y coordinación institucional, incluyendo las comunicaciones a la Fiscalía.

Asimismo, anotaron que recientemente se han dado dos sentencias condenatorias por discriminación racial en regiones como San Martín y Lambayeque. “Estos casos evidencian que este tipo de conductas sí pueden ser objeto de sanción cuando se logra su adecuada identificación y denuncia”, indicaron.

Sin embargo, más allá de la merecida condena, Mosquera Rosado consideró que se necesita trabajar en medidas preventivas, ya que actualmente no habría un espacio de sensibilización entre las acciones racistas y la sanción. “No existe una reeducación de las personas. Entonces, lo que pasa usualmente es que la gente que comete estos actos, luego solo dice ‘me disculpo’, pero muchas veces lo hacen para evitar consecuencias legales”, refirió.

La experta puntualizó que los esfuerzos deberían dirigirse hacia las escuelas, dado que son uno de los primeros agentes de socialización. “Debería ser un sistema que no solo hable de la igualdad ante la ley, sino que responda a una discusión seria en todos los niveles educativos sobre lo que implica realmente el racismo y cómo está presente en discursos que se reproducen y validan”.

Además, agregó que en esa tarea se debe invitar a la ciudadanía a hacer un trabajo de desaprendizaje, pero también de identificación de sus propios sesgos y prejuicios racistas. “Nos hace falta mucha sensibilidad para reconocer a una persona diferente a nosotros, pero por ahí se podría empezar”, finalizó.

Ante el inicio del proceso de expulsión de migrantes en situación irregular anunciado por el Gobierno de Chile, el ministro del Interior, José Zapata, dispuso que la Policía Nacional del Perú intensifique las labores de patrullaje y control en la frontera sur, en la región Tacna, a fin de prevenir ingresos no autorizados al territorio nacional.

“Desde anoche, la Policía Nacional, Migraciones y Aduanas han reforzado sus acciones en la frontera, ante el anuncio del país vecino de expulsar a ciudadanos en situación migratoria irregular”, afirmó.

En ese marco, explicó, 135 efectivos policiales resguardan de manera ininterrumpida la soberanía nacional a lo largo de la carretera y en los sectores críticos de la pampa fronteriza. De ellos, 100 agentes provienen de las regiones de Cusco, Ica, Arequipa y Puno.

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Zapata explicó que la estrategia operativa contempla un servicio policial permanente en los 14 hitos divisorios ubicados entre los complejos fronterizos de Santa Rosa (Perú) y Chacalluta (Chile), bajo la jurisdicción de los puestos de vigilancia Bolognesi y Santa Rosa.

El jefe de la Región Policial Tacna, general PNP Víctor Luna, supervisó personalmente el despliegue, mientras el personal se mantiene en alerta máxima para responder de forma inmediata ante cualquier eventual impacto de las medidas adoptadas por el país vecino.

La autoridad policial dijo que para asegurar una cobertura eficiente, se ha implementado un sistema de patrullaje motorizado con patrulleros asignados a cada puesto, además de cuatrimotos y motocicletas.

Asimismo, la vigilancia aérea se ha fortalecido con drones operados por personal especializado, lo que permite un monitoreo en tiempo real de las zonas de difícil acceso. Durante la noche, el control se intensifica con el uso de 10 torres de iluminación estratégicamente ubicadas para evitar el tránsito por pasos no habilitados.

Según información policial, ayer jueves no se registraron movimientos irregulares ni un incremento inusual del flujo migratorio tras el anuncio de la administración chilena. No obstante, la vigilancia se mantiene firme y permanente.

Las denunciantes, de 26 y 20 años, relataron que utilizaban este espacio para cambiarse de ropa e iniciar sus labores. Sin embargo, habían notado que el acusado, quien se había presentado como el administrador del negocio, solía ingresar previamente al espacio. “Me decía que entrara a ese baño muy insistentemente. Como ya tenía mis sospechas, (entré), empecé a buscar y encontré esta cámara espía”, relató una de las mujeres.

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Intervención policial tras acusación

La agraviada narró que, luego de encontrar el aparato, inventó una excusa para salir del trabajo y descargar todos los archivos que el dispositivo contenía. “Había videos donde el señor coloca la cámara, imágenes donde yo también me encuentro cambiándome y de mis dos compañeras”, sostuvo la víctima, quien posteriormente realizó la denuncia.

La mujer indicó que, pese a que la Policía Nacional del Perú (PNP) tomó la denuncia del caso, la Fiscalía de la Nación no habría intervenido en lo sucedido. Por su parte, la joven de 20 años indicó que se enteró del hecho gracias a su compañera, con quien acudió a solicitar el apoyo de las autoridades.

“Después de la denuncia, la Policía ha ido a tratar de detenerlo. Mi mamá también fue a encararlo y él descaradamente dijo: ‘Sí, grabé, ¿y qué?’”, aseveró la joven. Asimismo, el padre de la trabajadora expresó su indignación por el hecho. “Yo me acerqué a la comisaría con mi esposa. Lo que quiero es que no quede impune y no suelten al hombre. Esto debe ser investigado”, resaltó el familiar. Al cierre de esta nota, el Club Regatas no ha emitido un comunicado al respecto.

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De acuerdo con la información detallada por las autoridades del Ministerio Público, este hombre, que ejercía como psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario, se encargaba de ofrecer tratamiento a los internos que presentaban cuadros de depresión.

La tarde de este jueves 16 de abril, el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica logró la detención en flagrancia de Jorge Condori Castro, coordinador del área de salud mental.

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La intervención se produjo a solicitud del fiscal provincial Alexander Pérez López y la fiscal adjunta titular Rosmely Guillén Cortez, con el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Según las investigaciones preliminares, el trabajador del Inpe exigió el pago de S/1.000 a un interno recluido en el referido establecimiento penitenciario, a cambio de emitir un informe psicológico a su favor.

Durante el registro personal al servidor público, las autoridades hallaron S/700 en efectivo, dinero que había sido previamente fotocopiado e impregnado con reactivo químico por el personal fiscal y policial para asegurar la validez de la prueba.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier acto de corrupción que vulnere la integridad de las instituciones del Estado y el sistema penitenciario.

Al respecto, el Inpe, a través de un comunicado informó que se ha dispuesto en inicio del procedimiento disciplinario inmediato y la adopción de la medida cautelas.

Asimismo, la institución viene brindando las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones de ley, en aras de la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.

El Inpe también invocó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de corrupción en los establecimientos penitenciarios.

El único centro educativo inicial del lugar y varias viviendas han quedado inhabitables a raíz del fenómeno, lo que ha obligado a que las autoridades locales inicien la evacuación de los afectados, quienes también lamentan la pérdida de sus productos agrícolas, de los cuales dependían para subsistir.

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Más de un centenar de familias perjudicadas

Según indicó a Latina el agente municipal, Tercero Tuanama Fasabi, los damnificados se encuentran sumamente preocupados por este hecho, que inició el lunes 13 de abril con pequeñas grietas, pero se extendió con el pasar de los días hasta generar grandes orificios sobre la superficie.

El fenómeno dejó a la población sin energía eléctrica, conectividad a telefonía e Internet, aunque lo más grave ha sido el impacto que han sufrido sus viviendas y terrenos agrícolas. “Hemos perdido nuestras casas que construímos con tanto esfuerzo, así como nuestros cultivos de cacao, plátano y maíz”, dijo.

Widmer Rodríguez Tuanama, responsable de Defensa Civil, Riesgo y Desastres de la Municipalidad Provincial de El Dorado (MPD), explicó que el movimiento de masas habría sido ocasionado por recientes precipitaciones pluviales en la zona.

Damnificados tendrán que ser reubicados

La emergencia ha obligado a que los moradores sean trasladados hasta el polideportivo de San José de Sisa, donde reciben alimentación y atención básica, de acuerdo con la MPD. En este lugar ya se encuentran 13 familias (48 personas), pero se espera la llegada de más afectados.

El alcalde provincial, Francisco Satalaya, señaló que vienen brindando apoyo desde el primer momento y afirmó que, debido a la magnitud del impacto en el territorio, todos los pobladores del caserío Eladio Tapullima tendrán que ser reubicados.

“La situación está complicada. Hacemos un llamado a la población y algunos que nos puedan dar las facilidades de sus predios para poder llegar a un acuerdo, en coordinación con el gobierno nacional y regional, y lograr la reubicación inmediata de todos los pobladores”, apuntó.

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Posteriormente, el sujeto lanzó un explosivo frente a los testigos para luego huir. Las cámaras de seguridad del lugar captaron lo sucedido y permitieron identificar a los hampones. "La empresa hace referencia a que venía siendo víctima de extorsión y de que iban a atentar contra ellos", sostuvo el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

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Intervienen tres miembros de banda extorsiva

De acuerdo con las autoridades, en el contenido extorsivo se exigía una cuota inicial de S/15.000. El seguimiento y operativo conjunto permitió capturar a tres miembros de la organización en las zonas de Jicamarca y Huarochirí. Ellos fueron identificados como Tamira Gamboa, Jordan Chui y Richard Nuñez.

"Es una mujer de 18 años que era la titular de la cuenta bancaria donde se hacían los depósitos. La segunda persona es quien había captado a otros miembros en proceso de identificación. También tenemos a un tercer elemento, un varón. Los mensajes eran enviados a través de un teléfono", precisó Obando.

Los detenidos se encuentran en la sede de la Dirincri, donde continúan las investigaciones. Cabe resaltar que se incautaron un vehículo, cinco celulares y tarjetas bancarias. Las autoridades consideran que la banda delictiva está detrás de casos de extorsión contra comerciantes y empresas de la zona.

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La víctima, identificada como Marco Antonio Ulloa Calderón (43), tiene la parte inferior de su cuerpo comprometida a raíz del hecho y podría perder una pierna, según denuncian sus familiares, quienes alertaron la falta de apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ubicar al conductor responsable.

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Advierten demoras para que atiendan el caso

Pese a que el accidente se produjo pasada la medianoche del 15 de abril, la comisaría de Santa Anita habría retrasado el registro de la denuncia. “Cuando fuimos a la una de la mañana, el comisario estaba durmiendo y nos dijo que volvamos a la seis solo para colocar la denuncia. Luego, nos pidieron que volvamos a las diez y media de la mañana para que nos entreguen este papel (parte policial)”, denunció la sobrina del afectado.

Los familiares cuestionaron esta demora, pese a que —según afirmaron— en los videos que captaron el accidente se aprecia que el conductor del taxi Eduardo Villanueva se encontraría en estado de ebriedad. Añadieron que buscaron por su cuenta al dueño de la unidad implicada, Joel Daniel Guacles Armas, en su dirección consignada en el Reniec, pero al llegar les indicaron que ya no vive allí.

Víctima podría perder una extremidad

Debido a esta situación, las personas cercanas a Ulloa Calderón vienen cubriendo sus gastos de intervención, mientras es atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Hipólito Unanue. “Ya el monto asciende a más de cuatro mil soles, nos hemos tenido que hacer muchos préstamos”, indicó uno de los familiares del agraviado.

Lo que más lamentan, sin embargo, es que el hombre podría perder la pierna izquierda debido a la gravedad del accidente, un hecho que complicaría el apoyo que brindaba a su madre de 80 años, de quien era su único soporte. Por todo ello, hacen un llamado a las autoridades para poder localizar al taxista y lograr que asuma su responsabilidad por este lamentable hecho.

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¿Qué dice el horóscopo del viernes 17 de abril?

• Aries: Tienes que calcular bien tus pasos. Podrías invertir tiempo o dinero en un proyecto que no asegura un gran crecimiento. En el amor, esa persona es fría y le cuesta entender tus emociones.
• Tauro: Replantea tus proyectos y no insistas en negocios o actividades que han demostrado no retribuir económicamente. En lo familiar, no des más a personas que no se lo merecen. Sé mesurado.
• Géminis: Es posible que estés confiando en una persona que consideras sabe del tema que te preocupa y, en realidad, no maneja conocimientos sólidos. No cometas errores y confía en profesionales.
• Cáncer: Has entendido que la mejor manera de conducirte a nivel laboral es conciliar con compañeros o superiores. Pelear o imponerte no te ha llevado a nada. Un cambio de tu parte es la solución.
• Leo: Terminan las dudas y ese tiempo de espera. Llega a tu mente las soluciones y estrategias que le darán un giro a tu situación laboral y económica. Recibirás un dinero, solo evita malgastarlo.
• Virgo: Culminas con éxito una labor que ha sido muy complicada. Habrá compensación económica y nuevas propuestas para tu crecimiento. En el amor, tu atractivo acercará nuevas personas.
• Libra: Si la labor que realizas no está siendo rentable, es mejor buscar nuevas alternativas. No puedes estancarte ni quedarte con lo que no te conviene. En el amor, evita tentaciones o triangulaciones.
• Escorpio: Una persona influyente te brindará el apoyo que necesitas. Será un día de éxito y realización. En el amor, no pongas tantas condiciones ni seas tan distante si realmente has perdonado.
• Sagitario: Tendrás mucho trabajo, pero habrá constancia y minuciosidad de tu parte. Solo evita dudar y no permitas que personas negativas opinen sobre tu desempeño. Habrá envidia a tu alrededor.
• Capricornio: Has tenido problemas para devolver un dinero que te prestaron y es posible que la persona que espera el retorno te busque e insista en el pago. Dialoga y explica tu situación.Te entenderá.
• Acuario: Tendrás que realizar una actividad que está fuera de tu agenda, implica viajar o trasladarte a distintos lugares y esto puede generarte estrés. Mantén la calma y todo lo manejarás.
• Piscis: Las demoras que estás experimentado te obligan a tomar decisiones. Necesitas escoger un camino. O sigues esperando o te decides por iniciar una nueva ruta. Defínete, no te equivocarás.

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El programa está orientado a personas entre 25 y 45 años que cuenten con al menos cinco años de experiencia laboral y dominio del idioma inglés. Los interesados podrán postular hasta el 3 de junio de 2027, presentando su documentación con un mínimo de 60 días de anticipación al inicio del curso elegido.

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Amplia oferta académica en la India incluye tecnología, salud y gestión pública

Las becas abarcan una amplia variedad de especialidades como agricultura, banca, finanzas, contabilidad, inteligencia artificial, tecnologías de la información, telecomunicaciones, educación, ingeniería, salud, medio ambiente y energías renovables, entre otras. También se incluyen áreas como liderazgo, emprendimiento, periodismo y desarrollo sostenible.

Los cursos tienen una duración variable que puede ir desde 15 días hasta nueve meses, dependiendo del programa seleccionado. Las clases se desarrollarán en instituciones especializadas, lo que permite a los participantes acceder a formación técnica y profesional en distintos campos. Para tener más información, puedes seguir el siguiente ENLACE sobre los procesos y participación.

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Beneficios cubren pasajes, estudios y alojamiento para becarios

El programa contempla la cobertura de pasajes aéreos internacionales y nacionales, el costo total de los estudios, alojamiento en campus o en hotel, así como un estipendio destinado a alimentación y materiales académicos. Además, se incluyen visitas de carácter académico durante el desarrollo de los cursos.

Para participar, los postulantes deben completar el formulario en línea disponible en el portal oficial del programa ITEC, donde deberán consignar información personal, formación académica y experiencia laboral en inglés. También deberán adjuntar una fotografía reciente. Quienes cumplan con los requisitos podrán elegir el curso de su interés y continuar con el proceso de postulación.

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Previamente, el Ministerio de Cultura (Mincul) calificó dichas expresiones como “racistas” y señaló que iba a derivar el caso al Ministerio Público. El delito que se le imputa al influencer es discriminación en agravio de la población indígena que, según el Poder Judicial, podría ser sancionado hasta con tres años de pena privativa de la libertad o con servicio comunitario.

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¿Qué diligencias se realizarán en la investigación contra ‘Cristorata’?

El fiscal encargado del caso dispuso que se practique una evaluación psicológica al investigado y que sea citado para brindar su declaración. Además, ordenó la visualización del video a través del cual habría cometido el delito y que se transcriba el contenido de la transmisión, así como otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos.

De momento, Cristopher Puente no se ha vuelto a pronunciar sobre este caso, luego de pedir disculpas mediante sus redes sociales. “Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana en Stream. Estuvo mal y no tiene justificación (…) A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad. Voy a ser más cuidadoso con lo que digo para no repetir algo así”, afirmó.

Votantes aludidos rechazan declaraciones de ‘Cristorata’

Ciudadanos y dirigentes de las regiones del sur expresaron su condena por los comentarios del streamer. “No es posible que personas como estas puedan catalogar de esa manera a los pueblos que vienen luchando por justicia y mejoras sociales. Todos los pueblos merecemos respeto por nuestras decisiones políticas”, señaló el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Jhon Lapa, a La República.

En Puno, el jefe de la asociación civil Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, José Bayardo, afirmó que esta es una práctica reiterativa que se utiliza para descalificar una posición política ante la falta de argumentos; mientras que en Cusco, el abogado Dennis Llamoca presentó una denuncia ante la Fiscalía tras asegurar que el caso debe ser sancionado penalmente para evitar que vuelva a repetirse.

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Las disposiciones se suman a la intervención de la Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, que informó el inicio de una investigación preliminar contra el influencer por el delito de discriminación en agravio de la población indígena, luego de que el imputado cuestionara con insultos y groserías la decisión de los electores de votar a favor del candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (JP), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

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“Todos los pueblos merecemos respeto”

En diálogo con La República, el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Jhon Lapa, mostró su indignación por los comentarios de ‘Cristorata’. “No es posible que personas como estas puedan catalogar de esa manera a los pueblos que vienen luchando por justicia y mejoras sociales. Todos los pueblos merecemos respeto por nuestras decisiones políticas”, afirmó.

El dirigente adelantó que vienen coordinando con el Comité Ejecutivo para plantear una demanda contra Puente Viena al considerar que ha cometido un delito. “Si bien existe el derecho a la libertad de expresión, ninguna persona puede agredir y discriminar por pensamiento, raza o condición”, dijo. El objetivo de la medida es que se dejen de normalizar estos comportamientos. “No podemos ser permisivos”, agregó.

“No podemos aceptar este tipo de expresiones”

En la misma línea se manifestó el jefe de la asociación civil Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, José Bayardo, quien remarcó que no es la primera vez que ocurre un hecho así. “Esta es una práctica constante, lamentablemente, de personas sobre todo de Lima que, al no coincidir con la posición política del sur andino, se expresan a través de insultos, racismo y discriminación. No podemos tolerarlo más”, indicó. Su organización también prepara una denuncia penal que sería presentada el viernes 17 de abril ante el Ministerio Público.

Por su parte, Yeny Paucar, una ciudadana del pueblo Aymara de Puno, contó a este medio que en la región la población suele organizarse antes de ir a votar para hacerlo de manera responsable. “Nosotros nos reunimos previamente con nuestras familias y vecinos para evaluar al mejor candidato. No es que se nos ocurre y vamos a votar a la volada. Incluso, los adultos mayores, piden ayuda a sus hijos o nietos para informarse”, señaló.

“No son suficientes sus disculpas, tiene que ser sentenciado”

En tanto, en la región Cusco, el abogado Dennis Llamoca presentó una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el delito de racismo y discriminación, a la espera de que el streamer reciba una sanción penal por los delitos que ha cometido en agravio de la población del sur.

“Estamos pidiendo que el señor sea sentenciado, tal como lo establece el artículo 323 del Código Penal, (con una pena privativa de la libertad) no menor de 2 ni mayor de 3 años, en agravio de la colectividad de los ciudadanos de la región del Cusco y zonas andinas del país”, señaló para radio Exitosa.

El letrado consideró que no basta con las disculpas que el influencer realizó a través de sus redes sociales y que ahora debe asumir su responsabilidad penal. “Acá lo que queremos es hacernos respetar, que acá en nuestro país todos somos iguales. No puede haber actos racistas ni discriminatorios”, puntualizó.

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La obra comprende una extensión de 1.248,88 metros y demandó una inversión de S/ 2.472.315,56. El proyecto tiene como finalidad mejorar el tránsito vehicular y peatonal, así como reforzar la seguridad y accesibilidad en una de las principales conexiones entre Chorrillos y Barranco.

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Proyecto busca mejorar en infraestructura, optimizar tránsito y seguridad vial

El proyecto incluyó la construcción y rehabilitación integral de diversos componentes urbanos. Entre ellos destacan las nuevas pistas, veredas de concreto, sardineles, rampas peatonales y señalización vial tanto horizontal como vertical.

Asimismo, se implementaron luminarias LED, áreas verdes y mobiliario urbano, además de la colocación de tachos de basura. Estas mejoras apuntan a brindar un entorno más ordenado, seguro y funcional tanto para conductores como para peatones que circulan por la zona.

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Autoridades destacan trabajo conjunto entre municipios

Durante la inauguración, autoridades de ambos distritos resaltaron la ejecución conjunta de la obra como parte de una estrategia para mejorar la conectividad y recuperar espacios públicos.

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, señaló que el trabajo permite ofrecer una vía en mejores condiciones para los ciudadanos. Por su parte, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, indicó que este tipo de proyectos forman parte de un esfuerzo orientado a elevar la calidad de vida de los vecinos mediante mejoras en infraestructura urbana.

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El ataque ocurrió la tarde del miércoles 15 de abril, cuando la unidad se encontraba dejando pasajeros en un paradero ubicado en la avenida Belaúnde, en el cruce con la avenida Túpac Amaru. En ese momento, un sujeto que se había hecho pasar por pasajero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el conductor, para luego huir junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta lineal.

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Madre de la víctima habría presenciado el hecho

De acuerdo con el testimonio de su familiar, quien se presentó ante las autoridades como madre del herido, Teodocia Kler Zúñiga (63), ella se encontraba en la unidad trabajando como cobradora. El ataque ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde, mientras ambos realizaban su jornada laboral.

El herido fue trasladado en una unidad policial al hospital Sergio E. Bernales, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano severo por proyectil de arma de fuego. Presentaba una herida penetrante en la frente y otra perforante en la oreja izquierda. No logró sobrevivir.

La Policía Nacional derivó el caso a la comisaría de La Pascana, que ya realiza las investigaciones para identificar a los responsables.

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La decisión fue oficializada mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano y establece una protección inicial de dos años, prorrogable. Además, contempla la paralización de actividades invasivas, señalización de áreas y acciones de control, mientras se avanza en su delimitación definitiva como bienes del Patrimonio Cultural de la Nación.

¿Cuáles son los sitios arqueológicos con protección provisional?

Hatun Xauxa Sector 6 (Junín)

En la zona arqueológica monumental Hatun Xauxa Sector 6, ubicada en el distrito de Sausa, provincia de Jauja, inspectores detectaron la construcción de viviendas de ladrillo y cemento, además de cercos perimétricos y estructuras rústicas dentro del área intangible del sitio. Estas ocupaciones afectan directamente el espacio arqueológico.

El informe también reporta el deterioro de muros con hornacinas trapezoidales por causas naturales. Ante ello, el Ministerio dispuso la señalización del área, la instalación de hitos de delimitación y la coordinación con autoridades locales y judiciales para evitar nuevas afectaciones.

Lari Lari uno (Arequipa)

En el paisaje arqueológico Lari Lari uno, ubicado en el distrito de Cayma, se registra el avance de la expansión urbana con la construcción de viviendas de hasta cinco pisos, apertura de vías asfaltadas y remoción de tierras para proyectos inmobiliarios.

Estas intervenciones amenazan antiguos andenes agrícolas prehispánicos, que ya presentaban deterioro por erosión eólica y lluvias. El Ministerio ordenó el cese de afectaciones y la señalización del área para frenar el avance urbano sobre el patrimonio.

Pampa Prieta y Carhuas uno B (Ica)

En la región Ica se emitieron dos resoluciones. En el sitio arqueológico Pampa Prieta, ubicado en el distrito de Humay, provincia de Pisco, se identificó afectación por expansión agrícola y urbana, además del colapso de estructuras debido a la erosión natural.

En el paisaje arqueológico Carhuas uno B, en la misma región, se detectaron remociones de terreno e instalaciones vinculadas a actividades de producción avícola. En ambos casos se dispuso la paralización de actividades invasivas, retiro de estructuras temporales y señalización del área.

Sala Kaqa (Áncash)

En el distrito de Pamparomas, provincia de Huaylas, el sitio arqueológico Sala Kaqa fue afectado por la apertura de una nueva trocha carrozable y la expansión de actividades agrícolas en zonas cercanas a recintos prehispánicos.

Ante ello, la resolución ordena detener nuevas ocupaciones, instalar paneles informativos y colocar hitos de delimitación para evitar la ocupación progresiva del área arqueológica.

PucaPuca (Arequipa)

En el distrito de Tipán, provincia de Castilla, el sitio arqueológico PucaPuca presenta excavaciones clandestinas asociadas al huaqueo en estructuras funerarias, además de erosión natural y colapso de muros.

Frente a estas afectaciones, se dispuso la protección provisional del área, así como acciones de vigilancia y control para evitar nuevas intervenciones ilegales.

Con estas disposiciones, el Ministerio de Cultura inicia el proceso técnico y legal para la identificación, declaración y delimitación definitiva de cada sitio arqueológico, además de reforzar su protección mediante coordinación con gobiernos regionales y locales.

Cuando llegaron a la urbanización Virgen del Rosario, el hombre de la moto la obligó a descender. Su misión era ejecutarla y no falló. Disparó cinco veces y escapó.

El crimen con el sello de una mafia ocurrió en Surco. No era la primera vez que un asesinato por encargo se cobraba la vida de mujeres en Lima, pero fue uno de los casos más sonados hasta que luego, en el 2022, se extendió con el homicidio de otras dos extranjeras en el jirón Zepita.

La joven venezolana asesinada en Surco había sido captada, mediante engaños, en Colombia y trasladada al país para explotarla sexualmente.

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Le exigían el pago de US$5.000 por su libertad, pero la ultimaron porque amenazó con denunciar su caso a las autoridades.

Un mes antes del crimen, en junio, una denuncia de la Policía de Colombia llegó a la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Los agentes se enteraron así que una venezolana había sido captada en la ciudad de Cartagena y, junto con otras chicas, fueron traídas a Lima.

Tras una ardua investigación, la policía capturó a ‘Los chamos de Santa Rosa’ y hoy el Poder Judicial los sentenció a duras penas de prisión, según lo confirmó la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro.

“Se consiguió que se confirme, en segunda instancia, condenas de hasta 34 años de prisión efectiva para los integrantes de esta banda criminal por los delitos de explotación sexual en agravio de cuatro mujeres, y homicidio calificado”, dijo un representante del Ministerio Público.

La sentencia confirma la pena de 34 años de cárcel para Víctor Hernández Jiménez, alias Vitoco, líder de la banda; así como de 24 años para José Lorven Cortez; y de 15 años y 11 meses para Keiner López Pastran y Deibis Villegas Parra, cada uno.

La condena para el cabecilla de la banda también comprendió el delito de homicidio calificado al haber ordenado la ejecución de una de las víctimas de explotación sexual que informó sobre su situación a las autoridades.

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Por esta razón, se le impuso a Hernández Jiménez el pago de S/60.000 como reparación civil por ese hecho, así como el de S/50.000 por cada agraviada por el ilícito de explotación sexual. Por el delito de banda criminal, todos deberán pagar también S/10.000.

Según los hechos comprobados en doble instancia, la red operaba desde 2021 y captó mediante redes sociales como Facebook y WhatsApp a mujeres, en su mayoría extranjeras, para luego explotarlas en el distrito de Santa Anita.

Los miembros de la banda cumplían distintos roles como el cobro de cupos, transporte y vigilancia de las víctimas, a quienes sometían a la prestación de servicios sexuales bajo amenaza y coacción.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), aunque en la capital aún no se han confirmado contagios, existe preocupación por el riesgo de propagación en distritos con alta densidad poblacional y baja cobertura de vacunación. Zonas como Lurigancho, Ate, El Agustino y Santa Anita han sido identificadas como puntos vulnerables, donde la aplicación de la segunda dosis no supera el 50%, muy por debajo del 95% recomendado.

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Puno es la región con más casos

En contraste, la situación más crítica se registra en la región de Puno, donde se concentran la mayoría de los casos confirmados, con 27 instancias, además de 38 sospechas. En esta zona, el brote presenta transmisión comunitaria activa, lo que indica que el virus ya circula dentro de la población y no solo responde a casos importados.

Los principales focos se ubican en San Pedro de Putina Punco, en la provincia de Sandia, así como en Juliaca (San Román) y Carabaya (Macusani). El director de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Constantino Severo Vila, explicó que estos puntos concentran casi la totalidad de contagios.

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Nuevos casos de sarampión: vacunación y fiestas

El funcionario también advirtió que el origen del brote estaría vinculado al movimiento de personas durante recientes festividades, especialmente en zonas de frontera. La cercanía con Bolivia y el constante flujo migratorio elevan el riesgo de nuevos contagios, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia en estos puntos. Ante ello, el jefe zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Puno, Hugo Neptalí Cavero Aybar, anunció la creación de nuevos puntos de control en la frontera con el país vecino para frenar el avance y prevenir el incremento del brote detectado en la región.

Para el exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el factor principal que explica el resurgimiento del sarampión responde, en gran medida, a la caída en las coberturas de inmunización en los últimos años, especialmente en la población infantil. Recordó que antes de la pandemia estas superaban el 90%, pero luego descendieron incluso por debajo del 50% y, recientemente, apenas alcanzaron alrededor del 76%, lejos del 95% recomendado para evitar brotes. “Hay una brecha importante que no se ha logrado cerrar”, advirtió a La República.

El Minsa ha desplegado brigadas de respuesta rápida para implementar cercos epidemiológicos, identificar contactos, aislar casos confirmados y reforzar la vacunación en las zonas afectadas. Asimismo, se ha dispuesto la notificación obligatoria de casos sospechosos en menos de 24 horas.

El sarampión suele iniciar con fiebre alta, tos, dolor de cabeza y enrojecimiento de los ojos, seguido de la aparición de manchas en la boca y un sarpullido que se extiende por el cuerpo. Las autoridades recomiendan evitar la automedicación y acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante los primeros síntomas.

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¿Quiénes son los sancionados y en qué lugares se produjeron estos casos?

Los implicados son Silvestre Triveño Llicahua (61) y Alixson Pacco Apfata (27). Ambos fueron intervenidos en flagrante delito durante el último domingo, cuando pretendían emitir votos fraudulentos en las instituciones educativas José Carlos Mariátegui del distrito de Llucso y Santo Tomas, en la provincia de Chumbivilcas.

En el primer caso, Triveño intentó votar con el DNI de su vecino, Nazario Achinquipa Alferes, alegando que este se encontraba mal de salud, mientras que el segundo ciudadano quiso hacerse pasar por su progenitor, Climaco Pacco Chaco.

¿Cómo procedieron las autoridades frente a esta situación?

En principio, la irregularidad fue advertida por personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y miembros de mesa antes de que se concretara el acto. Luego, los sometieron a pruebas biométricas dactilares que confirmaron que ninguno de los imputados coincidía con la identidad de los documentos que portaban.

Tras ello, el caso se llevó a la vía judicial y durante las audiencias virtuales, desarrolladas el 13 de abril, los involucrados aceptaron los cargos formulados por el Ministerio Público y se acogieron al beneficio de la terminación anticipada. Así, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chumbivilcas sentenció a cada uno a 1 año y 3 meses de pena privativa de la libertad suspendida, bajo estrictas reglas de conducta.

Seguidamente, los sentenciados cumplieron con efectuar el pago inmediato de S/800 por concepto de reparación civil a favor del Estado, representado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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El trabajador aseguró que intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con responsables del área de contratos para obtener una respuesta sobre su situación, sin éxito. Según relató, sus llamadas no fueron atendidas o fueron interrumpidas, mientras que su estado de salud continúa afectado, lo que le impide retomar actividades laborales con normalidad.

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Contrato sin renovación deja sin cobertura médica a trabajador herido en funciones

Huamán indicó que, al finalizar su contrato, quedó sin acceso al SCTR, seguro que cubría su atención tras la operación que requirió por la lesión en el brazo. Esta situación, explicó, agrava su condición, ya que aún necesita terapias y seguimiento médico. En sus comunicaciones, manifestó su preocupación por no poder trabajar debido a su estado físico y la falta de respaldo institucional.

Además, señaló que buscó comunicarse con encargados del área administrativa, incluyendo personal vinculado a la gestión de contratos, sin obtener respuestas claras. En los mensajes enviados, expresó su malestar por la falta de atención a su caso y por no recibir información sobre una posible renovación, pese a su condición médica documentada.

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Ataque en estación Naranjal y antecedentes de reclamos del trabajador

El caso se remonta al 3 de diciembre de 2025, cuando Huamán fue agredido por un usuario que lo atacó con un martillo tras ser intervenido por ingresar sin pagar al sistema de transporte. El golpe impactó en su brazo izquierdo, lo que derivó en una intervención quirúrgica el mismo día.

Posteriormente, el trabajador reportó dificultades en el proceso de atención médica, incluyendo observaciones en el registro horario del incidente que retrasaron sus terapias. También denunció falta de respuesta por parte de la ATU frente a sus reportes y una reubicación laboral que complicó su traslado diario.

Según su testimonio, estas situaciones, sumadas a la no renovación de su contrato, han afectado su recuperación y sus ingresos, ya que no puede realizar otras actividades laborales debido a las limitaciones físicas derivadas de la agresión.

Al cierre de esta nota, La República intentó contactarse con personal de la ATU para brindar sus descargos sobre la falta de atención y motivos de la no renovación del señor Huamán; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

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En imágenes que registraron el preciso momento del accidente, se observa que el chofer descendió de su vehículo para socorrerla y, con la ayuda de transeúntes, logró subirla a su unidad. Sin embargo, lejos de trasladarla a un centro médico, el conductor habría abandonado a la mujer cuadras más adelante, en un hecho insólito que indignó a los familiares de la persona agraviada.

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La abandonó luego de recogerla por atropello

Según indicó a Latina la nieta de la víctima, María Flores, el conductor del carro de color negro le prometió a su abuela que la llevaría a un local de salud cercano para que la atiendan, luego de atropellarla a plena luz del día. De hecho, los videos a los que accedió este familiar muestran cómo el vehículo avanzó por unos metros con ella a bordo.

No obstante, según lo que le manifestó Mendoza Quispe, el chofer detuvo su camioneta tres cuadras más adelante y la dejó abandonada, por lo que se vio obligada a caminar cerca de tres kilómetros para llegar a su casa y pedir ayuda a su familia. Desde entonces, no saben nada del sujeto que propició este incidente.

Víctima terminó con graves lesiones

La adulta mayor viene siendo atendida en el Hospital Maria Auxiliadora. Su nieta aseguró que, producto del fuerte impacto, la mujer terminó con una parálisis facial y daños severos en la columna que le impiden caminar como lo hacía habitualmente. “Su preocupación es triste porque no va deambular como lo suele hacer”, dijo.

Flores ahora se encuentra recabando información para dar con la placa de la camioneta y así poder ubicar al conductor implicado para que cubra los gastos médicos y las terapias de rehabilitación que necesitará su abuela. La joven denunció que los videos que consiguió fueron gracias a los vecinos, pues la municipalidad distrital no le estaría dando las facilidades para acceder a los registros y esclarecer el caso.

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De acuerdo con la investigación, el suboficial habría solicitado dinero a un intervenido, identificado como Luis A. V. S., a cambio de otorgarle su libertad y omitir comunicar el hecho al representante del Ministerio Público. El caso se remonta al 21 de setiembre de 2025, cuando el agraviado fue detenido por conducir en estado de ebriedad, según el resultado del dosaje etílico.

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Allanamiento y presunta manipulación de documentos fiscales

La diligencia fue dirigida por el fiscal provincial Fernando Cirilo Ruiz, con apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de Lima Sur, e incluyó el allanamiento tanto del domicilio del investigado como de su centro de labores en la comisaría de Chorrillos.

Durante las indagaciones, la Fiscalía recabó elementos que señalan que el agente habría falsificado o alterado documentos oficiales, incorporando firmas y sellos falsos de fiscales con el objetivo de dar apariencia de legalidad a sus actos y concretar el cobro de dinero a investigados. La Fiscalía informó que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción.

Según información preliminar, a las 7.30 a. m. un hombre llegó hasta la casa n.° 105 del pasaje Miguel García para buscar a la mujer que se desempeñaba como empleada del hogar. Tras conseguir ingresar al inmueble, el sujeto la atacó con un cuchillo de cocina. Todo habría ocurrido frente a una niña de 3 años que estaba bajo el cuidado de la occisa.

Luego de lograr su objetivo, el autor del crimen salió huyendo del lugar a pie. Su escape quedó evidenciado por las gotas de sangre en las veredas.

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Familia pide justicia

En declaraciones a la prensa, uno de los familiares indicó que Yeny Farroñay se había separado desde hace seis meses del sujeto, quien trabajaba como chofer de combi. Este individuo, bajo los efectos del alcohol, venía a buscarla constantemente a su vivienda en el pueblo joven Nueve de Octubre, por lo que sus parientes tuvieron que sacarla de allí para protegerla.

Los deudos sindican directamente a esta persona de ser el responsable de esta muerte, por lo que piden a las autoridades que den con su paradero para que responda ante la justicia. La Policía Nacional, a través de los detectives de Homicidios de la Divincri Chiclayo, viene realizando la investigación. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona serán vitales en este caso.

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Canal de ayuda

Si tú has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

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A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, los estudiantes hicieron un llamado a la organización y a la protesta ciudadana. “Como estudiantes nos seguiremos movilizando. Ningún derecho ha sido regalado (…) ninguna injusticia será resuelta sin organización”, señalaron.

La convocatoria está dirigida no solo a universitarios, sino también a escolares, profesionales y ciudadanía en general. “¡Este 22 de abril salimos a las calles!”, enfatizaron, tras denunciar que el incremento del costo de vida viene afectando directamente a la población estudiantil y trabajadora.

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Denuncian incumplimiento del medio pasaje

Uno de los principales reclamos es la falta de respeto al medio pasaje universitario, beneficio establecido por ley que fija el pago del 50% del pasaje adulto vigente desde las 5.00 a. m. hasta la medianoche.

Sin embargo, los estudiantes advierten que en la práctica esto no se cumple. “Transportistas imponen tarifas arbitrarias y abusivas. Se cobran S/1.50, S/2.00 o más, se recortan horarios y no hay fiscalización”, indicaron.

Además, denunciaron que muchos jóvenes son víctimas de maltrato. “A diario estudiantes somos amenazados, insultados o incluso bajados de los vehículos”, alertaron, calificando la situación como “un sistema de abuso tolerado”.

Cuestionan alza de pasajes y especulación

El pronunciamiento también aborda el incremento del precio del transporte, que atribuyen tanto a factores reales —como la subida internacional del petróleo o problemas en el suministro energético— como a prácticas especulativas.

Según indicaron, aunque el combustible llegó a subir hasta en 47%, actualmente los precios de algunos insumos como el GNV y el GLP han bajado, pero ello no se refleja en las tarifas. “No solo es alza, es especulación”, remarcaron.

Advirtieron que esta situación tiene un efecto en cadena: transporte más caro, alimentos más costosos y una vida cada vez más difícil para los sectores populares.

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Reclamos por educación: ¿qué universidades participan?

En los flyers de la protesta, se anunció la participación de alumnos de diversos centros, como el Bloque UNFV (Universidad Nacional Federico Villarreal), la ADUC (Universidad Científica del Sur), la ADEUPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), la FUSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), la FEUA (Universidad Nacional Agraria La Molina), la FEPUC (Pontificia Universidad Católica del Perú), entre otros.

Los estudiantes también expresaron su rechazo al recorte presupuestal de S/288 millones en educación pública, al considerar que deteriora la calidad educativa, limita la investigación y precariza la vida universitaria. “¿El objetivo? Empujar la privatización y convertir la educación en un privilegio”, cuestionaron.

La movilización cerrará con consignas que resumen su postura: “¡El medio pasaje es ley, no un favor!” y “¡Que el poder tiemble ante la unidad estudiantil!”.

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La norma parte de un principio clave: la salud es un asunto de interés público y responsabilidad del Estado. En esa línea, se reconoce que la radiación ultravioleta (RUV) no solo genera daños inmediatos como quemaduras, sino también efectos acumulativos e irreversibles en la piel, los ojos e incluso el sistema inmunológico.

De hecho, el reglamento advierte que el daño por exposición solar se acumula “desde el nacimiento” y puede derivar en lesiones precancerosas o cancerosas, dependiendo de factores como el tipo de piel, la ocupación o la intensidad de la radiación.

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Un cambio que impacta trabajo, educación y gestión pública

El alcance de la norma es amplio. Según el reglamento, se aplica a entidades públicas y privadas, gobiernos regionales y locales, así como a instituciones educativas de todos los niveles. En la práctica, esto implica nuevas responsabilidades concretas:

En el trabajo:

Las empresas deberán incorporar el riesgo por radiación solar dentro de su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye identificar peligros, evaluar niveles de exposición y aplicar medidas de prevención.

Entre las principales obligaciones está evitar, en lo posible, labores bajo el sol entre las 10.00 y 16.00 horas (desde las 9.00 en la Sierra), rotar al personal expuesto y brindar equipos de protección como ropa adecuada, sombreros o bloqueador solar. Además, deberán realizar evaluaciones médicas que incluyan revisión de piel y ojos.

En colegios y universidades:

Las instituciones educativas deberán informar a los estudiantes sobre los riesgos de la exposición solar desde el inicio del año académico. También deberán promover medidas de protección, como el uso de sombreros, bloqueador (mínimo FPS 30) y lentes con filtro UV.

Asimismo, el reglamento establece que las actividades al aire libre deben realizarse fuera de las horas de mayor radiación, salvo que existan espacios con sombra o protección adecuada.

En gobiernos regionales y municipales:

Las autoridades deberán incorporar medidas frente a la radiación solar en sus planes de desarrollo, promover campañas de prevención, fiscalizar el cumplimiento de la norma y fomentar acciones como la arborización para generar sombra natural.

Incluso, se dispone que en espacios públicos se coloquen avisos con mensajes como: “La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud”.

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Fiscalización y plazos

El cumplimiento de estas disposiciones no será opcional. La fiscalización estará a cargo de entidades como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), así como autoridades regionales y locales, dentro de sus competencias.

El reglamento establece que las instituciones tendrán un plazo de hasta dos años para adecuarse. En paralelo, el Gobierno deberá aprobar en un máximo de 180 días hábiles el régimen específico de infracciones y sanciones.

Un problema de salud pública

La norma también refuerza el rol del Ministerio de Salud como ente rector, encargado de diseñar políticas, campañas y estrategias de prevención. Además, se establece que el Senamhi continuará informando sobre el índice de radiación ultravioleta a nivel nacional, un indicador clave para prevenir riesgos.

Con esta regulación, el Perú da un paso importante para enfrentar un problema muchas veces subestimado: la exposición al sol en un país con altos niveles de radiación durante gran parte del año. Ahora, más que una recomendación, la protección frente al sol se convierte en una obligación.

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El hecho ocurrió en la intersección del jirón Huari con Centro Escolar, en el Cercado de Lima. De acuerdo con testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y, sin mediar palabra, dispararon directamente contra la cabina del conductor.

Como consecuencia del ataque, el chofer, identificado como Óscar Francisco Mucha Valle, murió en el lugar. En tanto, un pasajero que resultó gravemente herido fue trasladado a un hospital cercano; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

El crimen generó escenas de pánico entre los pasajeros y vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades. La Policía Nacional acordonó el área e inició las diligencias para dar con los responsables, sin descartar que el atentado esté vinculado a redes de extorsión que operan en el sector transporte.

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Ataques en cadena contra transportistas

Este doble homicidio no es un hecho aislado. Ese mismo día, en Comas, Christian David Llagas Maque, un joven conductor de 19 años fue baleado dentro de su combi mientras dejaba pasajeros en un paradero ubicado en la avenida Belaúnde, cruce con Túpac Amaru.

Según las investigaciones preliminares, el atacante se hizo pasar por pasajero y, una vez dentro del vehículo, disparó repetidas veces contra el chofer antes de huir en una motocicleta junto a un cómplice. La víctima fue trasladada al hospital Sergio E. Bernales con traumatismo encéfalo craneano severo, donde finalmente falleció.

A este caso se suma otro atentado registrado en San Juan de Miraflores, donde el conductor de la empresa “Los Rojitos”, identificado como Jhon Eddy Huamán Mamani, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos mientras conducía su unidad.

El chofer fue evacuado de emergencia al Hospital María Auxiliadora con impactos de bala en la pierna y el pulmón. De acuerdo con la Policía, los atacantes también se movilizaban en una motocicleta y dispararon directamente contra la cabina antes de huir.

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Inseguridad sigue en aumento: ¿habrá nuevo paro?

Las autoridades no descartan que estos atentados respondan a un patrón vinculado al cobro de cupos, una modalidad delictiva que viene golpeando con fuerza al transporte público en Lima. Mientras tanto, transportistas exigen medidas urgentes ante el incremento de la violencia que pone en riesgo tanto a conductores como a pasajeros.

La República consultó con los principales dirigentes del sector sobre la posibilidad de un nuevo paro en respuesta a la situación que viven. Walter Carrera, de Asotrani, indicó: ‘‘La verdad los paros que realizamos no han servido de nada, el Gobierno nos llama y luego se olvidan. Lo que están pensando es en armarnos y responder de la misma manera, contratar nuestra propia seguridad en los terminales o vehículos’’. Agregó que ‘‘la gente ya se cansó’’. Por su parte, Julio Campos afirmó que los gremios están evaluando la medida de fuerza ante los últimos hechos violentos.

Más de 2.000 denuncias por extorsión no figuran en registros de la PNP durante el primer trimestre de 2026

Un marcado desfase entre las cifras de la Policía Nacional y el Ministerio Público vuelve a poner en cuestión la real dimensión del delito de extorsión en el país. Entre enero y marzo de 2026, la PNP reportó 3.891 denuncias en el sistema SIDPOL, mientras que el Ministerio Público registró 5.966 casos en el mismo periodo.

La diferencia asciende a 2.075 denuncias que no aparecen en los registros policiales, lo que representa un desfase superior al 50% entre ambas instituciones, según advirtió el analista de datos Juan Carbajal en su cuenta de X.

Esta brecha estadística se suma a la denominada “cifra negra” —los delitos que no son denunciados— y evidencia un subregistro que podría afectar seriamente las estrategias de lucha contra la extorsión. Carbajal advirtió que esta distorsión en los datos no solo limita la capacidad de respuesta del Estado, sino que también genera una percepción errónea sobre la evolución real de este delito.

En ese contexto, las cifras contrastan con reportes oficiales que señalan una presunta disminución de las extorsiones, lo que, a la luz de estos datos, no reflejaría con precisión la situación que se vive en el país.

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Desde los exteriores del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, su hermana Sheyla rompió en llanto al informar sobre el delicado estado de salud de la víctima, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Mi hermana, por los golpes en la cabeza, tiene varios hematomas. Ha sangrado en la noche, su presión está muy elevada y los médicos no logran estabilizarla. Está con muerte cerebral”, declaró entre lágrimas.

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Ataque con violencia extrema y signos de premeditación

De acuerdo con el testimonio de la familia, el presunto agresor, identificado como Luis Andrés Flores Julca, habría planificado el ataque. Cámaras de seguridad lo registraron ingresando al domicilio con el rostro cubierto y cargando varios objetos.

Según las imágenes, el sujeto permaneció varios minutos en el interior del inmueble. Posteriormente, salió con mochilas y maletas. Antes de retirarse, habría incendiado la vivienda, dejando a la joven gravemente herida en su interior.

Yanet presenta aproximadamente el 70% del cuerpo con quemaduras de segundo grado, además de múltiples heridas punzocortantes, pues habría sido víctima de apuñalamiento. Allegados indicaron que el agresor habría intentado borrar evidencias, llevándose pertenencias y el celular de la joven.

Este hecho es investigado como intento de feminicidio. La hermana exigió a las autoridades la pronta captura del agresor. “Lo único que queremos es justicia. No puede quedar impune, no puede ser un caso más”, expresó.

En el Perú, los casos de violencia contra la mujer continúan en aumento, y organizaciones feministas han advertido que la falta de medidas de prevención, protección efectiva y sanción oportuna contribuyen a la repetición de estos crímenes.

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Canal de ayuda

Si tú has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

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Durante el escape, uno de los atacantes perdió el control de su motocicleta y chocó contra una combi de la empresa Mandarino en la avenida Revolución. Pese al impacto, abandonó el vehículo e intentó huir a pie, pero fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú que ya seguían su rastro.

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Detenido con antecedentes fue identificado por videollamada

El intervenido fue identificado como Ronald Baldeón, de 18 años, quien presenta antecedentes delictivos. 'Tiene antecedentes por microcomercialización, por robo agravado y tenencia ilegal de armas', declaró el mayor PNP José Guinetti, jefe de la Comisaría de Collique.

A través de una videollamada, la víctima reconoció a su atacante y lo señaló como uno de los responsables del atentado. Durante el interrogatorio, el detenido indicó que fue contactado por un sujeto conocido como ‘El Loco de la Pascana’, quien le habría ofrecido S/200 para “distraer a la Policía”.

Obrero herido permanece estable y policía investiga móvil

Las autoridades informaron que el obrero recibió hasta seis impactos de bala en la pierna y la cadera, por lo que fue trasladado al Hospital Sergio Bernales, donde permanece estable.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas asumió el caso y realiza diligencias para determinar si el ataque estaba dirigido contra el trabajador o contra la empresa contratista para la que laboraba.

Según el reporte oficial, la emergencia —catalogada como código 2— se inició alrededor de las 4.00 a. m. en el cruce de las avenidas 200 Millas con María Elena Moyano. En total, al menos 13 compañías de bomberos llegaron al lugar ante la magnitud del incendio.

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Pérdidas en el mercado Oasis

El fuego viene consumiendo gran parte del centro de abastos, dejando cuantiosas pérdidas materiales. De acuerdo con información preliminar, más de 40 puestos habrían resultado afectados, perjudicando a decenas de comerciantes de la zona.

Aunque el origen aún no ha sido confirmado, no se descarta que el incendio se haya producido por un corto circuito. La emergencia generó una densa nube de humo tóxico que obligó a vecinos y comerciantes a evacuar de inmediato para evitar afectaciones a la salud.

PUEDES VER: Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

Bomberos atienden emergencia en VES

En paralelo, agentes de la Policía Nacional y personal municipal acordonaron el área para facilitar las labores de los equipos de rescate y prevenir riesgos.

Durante la intervención, los bomberos volvieron a advertir dificultades por la falta de agua, lo que complica las tareas para sofocar el incendio que es visible desde varios puntos del distrito.

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¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este jueves 16 de abril se localizó a 104 kilómetros al suroeste de Pisco, Ica, en el departamento del mismo nombre.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

• Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
• Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
• Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
• Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
• Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
• Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

• Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
• Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
• Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
• Abrigo: manta polar y calzado.
• Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
• Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
• Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
• Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este jueves 16 de abril se localizó a 38 kilómetros al sur de Moyobamba, Moyobamba en San Martín.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

• Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
• Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
• Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

• Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
• Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
• Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

• Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
• Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
• Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
• Abrigo: manta polar y calzado.
• Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
• Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
• Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
• Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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