El traslado de los seis adolescentes se produjo al mediodía, cuando se acercaba el vencimiento del plazo de 48 horas de retención policial. Posteriormente, la Fiscalía Provincial de Familia, a cargo de Mariano de la Torre Hernández, formalizó el requerimiento de internamiento preventivo para los seis investigados, mientras que los otros cuatro quedaron en libertad, aunque continúan vinculados a las diligencias fiscales.

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Fiscalía pidió 4 meses de internamiento

La solicitud fiscal no comprende a los diez adolescentes por igual. Mientras seis fueron puestos a disposición judicial, otros cuatro fueron liberados al no haber sido incluidos en el pedido de internamiento preventivo.

La abogada penalista Romy Chang explicó que, una vez que el Ministerio Público presenta el pedido, corresponde al juez de familia evaluar si procede la medida. “La fiscalía, antes de que venza el plazo, tiene que presentar un pedido de internamiento preventivo ante el juez de familia para que convoque una audiencia y pueda debatirse ahí si concede o no la medida”.

La solicitud, sin embargo, no implica que los seis adolescentes hayan sido declarados responsables de la presunta agresión. Se trata de una medida cautelar que deberá ser discutida judicialmente a partir de los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de las defensas.

El penalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura Javier López Romaní precisó que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes contempla la internación preventiva como una medida excepcional y no como una sanción anticipada.

"El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes contempla medidas cautelares como la internación preventiva, de uso excepcional, para asegurar los fines de la investigación".

López explicó que la Fiscalía debe acreditar tres presupuestos para solicitar esta medida: la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculen al adolescente como autor o partícipe; que la infracción pueda ser sancionada con internación; y un riesgo concreto de que el adolescente eluda la justicia u obstaculice la investigación.

"El juez debe evaluar, además, la proporcionalidad de la medida y decidir de manera motivada. Debe tenerse presente que la internación preventiva no puede utilizarse como una pena anticipada porque ello deslegitimaría el proceso".

Por ello, el pedido de 120 días no significa que la Fiscalía pueda mantener automáticamente privados de libertad a los seis adolescentes. La decisión corresponde al juez de familia, quien deberá analizar individualmente la situación de cada investigado.

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Poder Judicial deberá decidir la situación de los seis retenidos

El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima asumirá la evaluación del pedido fiscal respecto de los seis adolescentes. El juez deberá revisar los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de las defensas antes de decidir si corresponde ordenar los cuatro meses de internamiento preventivo solicitados.

La medida tiene carácter preventivo y no constituye una declaración de responsabilidad penal. Su finalidad es asegurar los fines de la investigación cuando se cumplan los presupuestos legales correspondientes.

López Romaní precisó que la situación de los adolescentes debe analizarse bajo el régimen especializado vigente. Esto resulta particularmente relevante debido a que durante 2025 se aprobó la Ley 32330, que buscaba incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario para determinados delitos graves.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa modificación en enero de 2026 y estableció que la edad mínima de imputabilidad penal ordinaria es de 18 años. En consecuencia, los adolescentes de 16 y 17 años deben ser investigados, juzgados y sancionados dentro del sistema penal juvenil. El TC también determinó que, mientras el legislador no apruebe una reforma compatible con la Constitución, el marco aplicable a la medida socioeducativa de internación es el artículo 163.1 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

López lo explicó así: "No corresponde aplicarles el Código Penal como si fueran adultos, aun cuando la infracción atribuida sea muy grave. Les corresponde aplicarles el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N.° 1348, dentro de un sistema especializado".

El abogado precisó que, bajo el régimen actual, la medida socioeducativa de internación puede ir de uno a seis años como máximo, pero advirtió que ello no significa que una eventual condena por una infracción grave vaya a traducirse automáticamente en seis años.

"Estando el caso en su fase inicial, primero debe acreditarse la existencia de la infracción y la participación específica de cada adolescente y, posteriormente, individualizarse la medida conforme a los principios de proporcionalidad, interés superior, finalidad educativa y reinserción".

La abogada Romy Chang coincidió en que la situación procesal debe diferenciarse de una eventual decisión final sobre responsabilidad.

Chang agregó que uno de los aspectos que deberá ser evaluado para una medida de esta naturaleza es el riesgo de fuga. "El tema de la libertad en verdad depende más que nada de si existe un riesgo de que fuguen o no", precisó.

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La situación de los cuatro adolescentes liberados

Mientras los seis adolescentes fueron trasladados al Poder Judicial, cuatro abandonaron la Comisaría de Familia del Cercado de Lima acompañados por sus familiares.

Su liberación se produjo después de que la Fiscalía diferenciara las situaciones individuales dentro de la investigación. La salida de estos cuatro estudiantes no significa que hayan sido declarados inocentes ni que hayan quedado fuera definitivamente del caso.

Chang explicó que las diligencias fiscales pueden continuar respecto de ellos y que la investigación deberá concluir con una decisión del Ministerio Público. "Que salgan en libertad tampoco significa que el proceso culminó. Tiene que terminar con una decisión fiscal donde se decida si se archiva el caso o si se formaliza alguna denuncia", acotó.

La investigación tampoco atribuye necesariamente la misma conducta a los diez estudiantes. De acuerdo con la información preliminar recabada durante las diligencias, tres de los adolescentes estarían vinculados a los hechos considerados de mayor gravedad, mientras que la Fiscalía realiza una evaluación individual de la actuación de cada investigado.

Entre las diligencias realizadas figuran las declaraciones de los adolescentes, de policías que intervinieron en el caso, de padres que formularon la denuncia y el examen médico-legal practicado al estudiante agraviado. También se tomó la declaración del adolescente mediante cámara Gesell.

Chang destacó la relevancia de esta diligencia dentro de la investigación: "La cámara Gesell es el elemento que el fiscal va a utilizar para poder establecer si realmente hubo o no algún tipo de daño psicológico para el menor y además para determinar los hechos".

La abogada explicó que se trata de una declaración de la presunta víctima desarrollada bajo condiciones destinadas a evitar su revictimización y con acompañamiento especializado.

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Padres cuestionan que se generalice la responsabilidad

Mientras avanzaban las actuaciones fiscales y judiciales, los familiares de los adolescentes investigados asumieron una participación pública cada vez más visible.

Uno de ellos fue César Antonio Bettocchi Bustamante, cuyo hijo estuvo entre los cuatro adolescentes posteriormente liberados. En los exteriores de la Comisaría de Familia del Cercado de Lima, Bettocchi afirmó que los escolares "estaban en el bus jugando y se les fue de las manos". También cuestionó que se generalizara la responsabilidad entre los diez adolescentes y sostuvo que la Fiscalía debía determinar qué hizo concretamente cada uno.

El padre aseguró que su hijo no participó en la presunta agresión y explicó que, según su versión, se encontraba en la parte delantera del bus atendiendo a otro estudiante que había resultado lesionado durante el partido. Añadió que su hijo y el adolescente agraviado eran amigos.

Bettocchi también sostuvo que el ruido y las bromas dentro del vehículo pudieron dificultar que los adultos que acompañaban a los escolares advirtieran lo que ocurría.

"Este es un bus grande, hay bulla. Los niños siempre que van a sus partidos chacotean. Los auxiliares, en ese momento, escuchan la bulla y piensan que es una chacota como hay en todos los partidos y no saben lo que ha pasado (…) Ya ayer el niño víctima ha declarado cómo han sido las cosas. El fiscal y todos saben quiénes están (más involucrados) y de qué manera".

La exposición pública del padre también estuvo marcada por un incidente ocurrido un día antes con periodistas que cubrían la salida de los familiares de la dependencia policial. Las imágenes difundidas por medios de comunicación muestran una agresión contra un camarógrafo.

Bettocchi se pronunció posteriormente sobre su comportamiento ante la prensa. Según declaraciones difundidas, justificó su reacción y afirmó que, desde su perspectiva, debió haber sido incluso más agresivo.

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Protección al agraviado y reacciones institucionales

La situación judicial de los adolescentes no fue el único frente que avanzó este viernes. El caso provocó decisiones en distintos niveles de la administración pública.

El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas a favor del adolescente del Liceo Naval Almirante Guise que denunció haber sido víctima de violencia sexual.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la prohibición para que los presuntos agresores utilicen espacios, medios privados o redes sociales —como WhatsApp y Facebook, entre otras— para comunicarse o realizar acciones contra el adolescente agraviado. Asimismo, el juzgado ordenó que los presuntos agresores reciban terapias psicológicas obligatorias.

El órgano jurisdiccional también dispuso patrullaje constante y periódico, de manera semanal, en el domicilio del adolescente, a cargo de la comisaría del sector, como parte de las medidas destinadas a garantizar su protección mientras continúan las investigaciones.

Esta actuación judicial es independiente del pedido de 120 días de internamiento preventivo presentado por la Fiscalía contra seis adolescentes. Mientras las medidas de protección buscan salvaguardar al estudiante agraviado, el requerimiento de internamiento deberá ser resuelto respecto de los investigados, a partir de los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de sus defensas.

El Ministerio de Educación oficializó la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y la gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise mediante el Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU. La medida permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla la designación de un director temporal. El objetivo declarado es reforzar la protección de los estudiantes, la convivencia y los mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia.

La norma señala que el hecho ocurrido el 15 de septiembre se encuentra bajo investigación y que la Defensoría del Pueblo supervisa las actuaciones de las autoridades relacionadas con la protección de los escolares.

La Marina de Guerra, que tenía a su cargo la institución, ya había separado de sus funciones a la directora del colegio, así como a un docente y al entrenador de fútbol que se encontraban en el bus durante el traslado en el que habrían ocurrido los hechos. La institución señaló que colaboraría con las investigaciones.

Por su parte, Indecopi inició una fiscalización para determinar si el colegio cumplió las obligaciones relacionadas con la protección de los estudiantes y la convivencia escolar. La entidad solicitó información al centro educativo y advirtió que una eventual negativa, demora u omisión injustificada podría generar otras acciones legales.

La Defensoría del Pueblo también intervino y pidió que el estudiante agraviado reciba atención integral, acompañamiento especializado y protección frente a una posible revictimización. Asimismo, solicitó garantizar su derecho a continuar sus estudios en un entorno seguro.

El antecedente: una denuncia dentro de un bus escolar

El caso se originó el 15 de septiembre, durante el traslado de estudiantes del Liceo Naval después de una actividad deportiva. Un adolescente de 16 años denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual dentro del vehículo.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició las diligencias y dispuso, entre otras actuaciones, la declaración del estudiante agraviado en cámara Gesell y la toma de testimonios de los adolescentes involucrados.

En paralelo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció asistencia legal y soporte psicológico para el estudiante y su familia, mientras que la Defensoría del Pueblo pidió medidas para evitar su revictimización.

La Marina separó de sus cargos a tres integrantes de la comunidad educativa vinculados al traslado y el Gobierno terminó oficializando la reorganización del colegio bajo conducción temporal del Ministerio de Educación.

El caso también se produce en un contexto de preocupación por la violencia sexual entre estudiantes. Según la información citada en el informe, entre enero y agosto de 2026 el sistema SíseVe registró 1.198 reportes de violencia sexual entre estudiantes, cifra que representa un incremento de 32,6% frente al promedio registrado en el mismo periodo de los tres años anteriores.

Para López Romaní, esta situación evidencia que la respuesta no puede concentrarse únicamente en el endurecimiento de las consecuencias penales.

"El problema de fondo es mucho más complejo (…) El Estado debería articular una política integral de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, que involucre no solamente al sistema de justicia, sino también a la familia, la escuela y a las distintas instituciones estatales responsables de su protección".

Entre las medidas que plantea, mencionó la educación para prevenir la violencia sexual, los mecanismos de detección y denuncia, la atención psicológica, la supervisión en los centros educativos y la intervención ante situaciones de bullying, hostigamiento o violencia antes de que escalen.

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¿Qué ocurre si se acredita la responsabilidad?

La gravedad de la denuncia no significa que los adolescentes de 16 o 17 años deban ser tratados jurídicamente como adultos. Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 32330, el régimen vigente mantiene a estos adolescentes dentro del sistema especializado de justicia juvenil.

López Romaní explicó que la medida socioeducativa de internación puede alcanzar hasta seis años en los supuestos establecidos por el régimen vigente, pero su imposición dependerá de la acreditación de la infracción, de la participación individual y de las circunstancias específicas de cada caso.

Además, la edad de la presunta víctima constituye un elemento relevante para establecer la calificación jurídica de los hechos. "El dato de la edad de la víctima es relevante para la calificación jurídica de los hechos, pero no elimina la posibilidad de que exista violación sexual".

El abogado explicó que la Fiscalía deberá determinar, a partir de los elementos de convicción, si existieron violencia, amenaza, coacción u otras circunstancias que impidieran el libre consentimiento, así como la participación específica que habría tenido cada adolescente.

La siguiente etapa: audiencia y nuevas diligencias

Con el vencimiento de las primeras 48 horas de retención, la investigación dejó de tener a los diez adolescentes bajo una misma situación procesal. Cuatro recuperaron su libertad y seis quedaron a disposición del Poder Judicial luego de que la Fiscalía solicitara 120 días de internamiento preventivo.

Ahora corresponde al juez de familia evaluar el requerimiento fiscal y escuchar los argumentos de las partes antes de resolver si ordena o no la medida solicitada.

La decisión judicial deberá considerar los presupuestos establecidos para la internación preventiva, entre ellos los elementos de convicción, la posibilidad de que la infracción pueda ser sancionada con internación y la existencia de un riesgo concreto de fuga u obstaculización de la investigación, además del principio de proporcionalidad.

En paralelo, la Fiscalía continuará recabando elementos para establecer qué ocurrió dentro del bus y cuál fue la participación concreta de cada adolescente. La liberación de alguno de los investigados no supone el cierre automático de la investigación, mientras que el eventual internamiento preventivo de otros tampoco constituye una declaración de culpabilidad.

La declaración del estudiante agraviado, los exámenes médico-legales, los testimonios de los adolescentes, las declaraciones de los adultos que acompañaban el traslado y los demás elementos que se incorporen al expediente serán parte de la evaluación fiscal y judicial.

El caso avanza así en dos frentes paralelos: la investigación de la presunta agresión ocurrida dentro del bus y la revisión de las condiciones institucionales de prevención, vigilancia y respuesta del Liceo Naval Almirante Guise.

Sobre la superficie de la piedra se encontraron dos nombres escritos y otras inscripciones que no pudieron ser identificadas. Ante la afectación, especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco intervinieron el elemento arqueológico para retirar los pigmentos y realizar trabajos de conservación sin alterar su superficie original.

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Sacsayhuamán: encuentran nombres pintados en una roca labrada del sector Lanlacuyoq

El reporte de vigilancia permitió detectar las inscripciones en una roca trabajada del sector Lanlacuyoq. Las marcas fueron hechas con pigmentos de tonalidades roja y rosada, mientras que en otras zonas de la piedra se observaron trazos cuya lectura no fue posible.

La intervención de los especialistas estuvo orientada a recuperar la superficie afectada. Para ello se emplearon materiales y herramientas especializadas durante las labores de limpieza, con el propósito de retirar los pigmentos y evitar que el procedimiento ocasionara nuevos daños en el elemento arqueológico.

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¿Qué hará Cultura tras las pintas en la roca arqueológica de Sacsayhuamán?

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco anunció que formulará una denuncia para identificar a las personas responsables de las pintas y establecer las circunstancias en las que ocurrió la afectación. Las acciones legales se sumarán a las labores de conservación desarrolladas en el parque arqueológico.

Francisco Solís, director del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, pidió a la población cusqueña y a los visitantes respetar los vestigios arqueológicos. El Ministerio de Cultura, por su parte, señaló que continuará reforzando las labores de vigilancia y protección en los sitios arqueológicos de la región.

“Creo que uno cuando se va haciendo viejo se va hablandando porque la verdad he debido ser más agresivo con los señores. Ellos inventan cosas”, sentenció en una entrevista con ATV.

El hombre también defendió a su hijo y señaló que esperará la determinación de las responsabilidades antes de aceptar conclusiones sobre los estudiantes involucrados. Asimismo, afirmó que respalda al menor que denunció la agresión y reconoció la gravedad del hecho, pero pidió diferenciar entre quienes tendrían responsabilidad y aquellos alumnos que, según dijo, no habrían participado.

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Padre niega agresión al camarógrafo y pide esperar el resultado de las investigaciones

Durante el intercambio con los periodistas, el padre rechazó que hubiera mordido la mano de un camarógrafo, como se había señalado durante la cobertura del incidente. Aseguró que ese hecho no ocurrió y sostuvo que existen registros audiovisuales que permitirían esclarecer lo sucedido. Al mismo tiempo, cuestionó su propia actitud frente a la prensa y manifestó que consideraba que debió reaccionar con mayor firmeza ante los periodistas.

Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la forma en que se ha informado sobre los menores investigados. El padre de familia sostuvo que todavía existe un proceso en curso y que no corresponde atribuir responsabilidad a todos los estudiantes antes de que culminen las diligencias. En ese sentido, pidió que se espere a conocer las declaraciones y conclusiones correspondientes para establecer quiénes estuvieron involucrados directamente.

Durante la entrevista, los periodistas señalaron que la cobertura se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia y que los alumnos se encuentran en condición de investigados, no de responsables confirmados. También se recordó que la situación del menor denunciante debe ser considerada dentro del proceso y que la investigación busca determinar las responsabilidades individuales.

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Padre sostiene que los alumnos participaron en un juego que se salió de control

Al referirse a lo ocurrido dentro del colegio, el padre planteó una versión según la cual los estudiantes que acudieron a una competencia deportiva comenzaron un juego que terminó desbordándose. Según su relato, los menores no habrían acudido con la intención de agredir a otra persona, aunque reconoció que el alumno denunciante habría sido víctima de una agresión y expresó su respaldo hacia él.

“No todos los niños han estado implicados. Yo le doy toda la razón a la víctima, pero estos niños no son como ustedes lo han plantiado que han salido en jauría a atacar a alguien, son más bien niños deportistas de un colegio que se habían ido a una competencia y han empezado a hacer un juego que se les ha ido de las manos”, indicó.

El padre insistió en que no todos los estudiantes señalados en la investigación tendrían necesariamente participación en los hechos. Por ello, consideró necesario esperar el desarrollo de las diligencias antes de establecer responsabilidades. También sostuvo que la difusión de información sobre menores puede generar consecuencias para sus hijos y sus familias mientras el caso aún permanece bajo investigación.

Durante esos días, la intervención estará a cargo de personal especializado, que realizará labores en un segmento de muro prehispánico y una plataforma del camino. Las acciones buscan preservar los restos incas y mantener condiciones seguras para el desplazamiento de los visitantes dentro del sitio arqueológico.

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Machu Picchu cerrará la Ruta 1-D por trabajos de emergencia en restos incas

La restricción comprende la Ruta 1-D del Circuito 1, recorrido que permite llegar hasta el Puente Inca. La DDC Cusco estableció el cierre como una medida preventiva mientras se ejecutan las labores de emergencia sobre los elementos arqueológicos que requieren atención.

La intervención se concentrará en una zona donde se identificó inestabilidad en una plataforma del camino, además de un segmento de muro prehispánico. El objetivo de los trabajos es atender estas estructuras y contribuir a la conservación del patrimonio arqueológico de Machu Picchu.

La entidad cultural precisó que el cronograma previsto entre el 20 y el 25 de setiembre podría modificarse ante determinadas condiciones climáticas o eventualidades que ocurran durante la ejecución de las labores. En caso de presentarse alguna emergencia, se comunicará la información correspondiente de manera oportuna.

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Turistas con boletos para el Puente Inca serán derivados a otra ruta

Los visitantes que hayan reservado o comprado boletos correspondientes a la Ruta 1-D para las fechas comprendidas dentro del periodo de cierre serán trasladados automáticamente a otra alternativa habilitada. La ruta asignada será la 1-C, correspondiente a la Portada Intipunku, ubicada en el sector suroeste de la ciudadela.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad cultural, este recorrido se encuentra habilitado para el tránsito de visitantes. La medida permitirá atender a quienes ya cuentan con ingresos adquiridos sin mantener el acceso a la zona donde se desarrollarán los trabajos de emergencia.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) solicitaron tomar las previsiones necesarias ante la modificación temporal del recorrido. El aviso está dirigido a turistas, guías de turismo, agencias de viajes, operadores turísticos y demás personas que tengan previsto visitar Machu Picchu durante las fechas señaladas.

El pedido fue presentado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández con el objetivo de asegurar la presencia de los adolescentes durante el desarrollo de las diligencias correspondientes. La solicitud será evaluada luego de que venza el periodo de retención en flagrancia de los menores involucrados en el caso.

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Fiscalía solicita cuatro meses de internamiento preventivo para los escolares del caso Liceo Naval

La Fiscalía de Familia requirió que los adolescentes permanezcan internados preventivamente durante cuatro meses, luego de recopilar elementos que, según el Ministerio Público, los vincularían con una presunta infracción a la ley penal. La medida solicitada será analizada por la autoridad competente en el marco de la investigación.

El requerimiento fue formulado después de las actuaciones realizadas durante el periodo de retención en flagrancia. Con esta solicitud, la Fiscalía busca asegurar que los menores permanezcan a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso ocurrido en San Borja.

Este viernes 18 de septiembre, a las 5.00 p. m., se cumple el plazo legal de 48 horas establecido para su retención, por lo que los adolescentes podrían retornar a sus viviendas si no existe una medida restrictiva dictada en su contra. Los escolares se encuentran a la espera de la decisión que adopten la Fiscalía de Familia y el juez de familia respecto de su situación. De acuerdo con la información proporcionada, ocho de los diez estudiantes fueron retenidos inicialmente por las autoridades. Los otros dos acudieron posteriormente de manera voluntaria a la dependencia policial tras conocer la situación de sus compañeros.

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Padre de menor retenido asegura que escolares “estaban jugando”

En los exteriores de la Comisaría de Familia del Cercado de Lima, Bettocchi Bustamante cuestionó que se atribuya responsabilidad a todos los menores por igual y defendió la actuación de su hijo en el caso. Según señaló, algunos de los adolescentes acudieron voluntariamente a declarar luego de conocer que sus compañeros habían sido retenidos.

"El niño víctima tiene toda la razón y todo el apoyo de todos los padres aquí incluidos", afirmó. Al mismo tiempo, pidió que no se generalice la responsabilidad entre los diez investigados y sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar qué ocurrió y cuál fue la participación individual de cada estudiante.

El padre también aseguró que su hijo no habría participado en la presunta agresión y afirmó que, según la declaración del adolescente denunciante, ambos mantenían una relación de amistad. Añadió que su hijo se encontraba en la parte delantera del bus atendiendo a otro compañero que había sufrido una lesión durante el partido.

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Cuestionan presencia de adultos durante presunta agresión sexual

Respecto de la presencia de adultos durante el trayecto, el padre consideró que los auxiliares no necesariamente habrían advertido lo ocurrido debido al ruido y las bromas habituales de los estudiantes durante los viajes de regreso de los partidos. Según su versión, los adultos se enteraron de lo sucedido cuando el propio adolescente contó posteriormente lo ocurrido.

El familiar relacionó la presunta agresión sexual con una “chacota” entre los escolares. “Este es un bus grande, hay bulla. Los niños siempre que van a sus partidos chacotean. Los auxiliares, en ese momento, escuchan la bulla y piensan que es una chacota como hay en todos los partidos y no saben lo que ha pasado (…) Ya ayer el niño víctima ha declarado cómo han sido las cosas. El fiscal y todos saben quiénes están (más involucrados) y de qué manera”, precisó.

El progenitor también se refirió a sus declaraciones realizadas durante la madrugada, cuando acudió a la dependencia policial. Explicó que llevaba varios días sin dormir y que había salido de la comisaría para buscar medicamentos que su hijo utiliza para controlar la epilepsia. En ese contexto, cuestionó la presencia de periodistas y señaló que reaccionó bajo una situación de estrés.

Fuentes estudiantiles señalaron que los alumnos han solicitado formalmente que la rectora de la universidad disponga un espacio de diálogo para abordar sus denuncias. Según explican, el pedido fue presentado luego de una sugerencia de un representante de la Defensoría del Pueblo.

Pese a esta solicitud, entre los estudiantes circulan versiones atribuidas a integrantes de la alta dirección de la universidad respecto a que la rectora no tendría previsto atender sus reclamos. Esta situación ha incrementado el malestar entre los alumnos que mantienen la medida de protesta.

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Piden que Comisión de Educación cite a la rectora

Ante la falta de diálogo que denuncian, los estudiantes remitieron este viernes un oficio al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para solicitar que cite a la rectora de la UNMSM y se conozca la posición de las autoridades frente a los hechos denunciados en la Facultad de Ciencias Administrativas.

El documento hace énfasis en que la protesta llega a su tercer día y plantea la necesidad de que las autoridades universitarias expliquen las acciones adoptadas frente a los reclamos de los estudiantes.

Los alumnos esperan que el titular de la comisión tome conocimiento del caso y convoque a la autoridad universitaria para que responda sobre las denuncias y el pedido de diálogo. La situación se mantiene mientras los estudiantes continúan con su medida de protesta en la Facultad de Ciencias Administrativas. Las versiones sobre la presencia de la policía habían generado preocupación entre algunos alumnos durante la jornada.

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PNP descarta que presencia policial esté vinculada a protesta

Respecto a las imágenes y reportes sobre presencia policial en las inmediaciones del campus, la Policía Nacional precisó a La República que los efectivos se encontraban en el punto debido a una orden telefónica de coordinación de seguridad relacionada con el concierto de BTS World Tour-Arirang 2026, programado para realizarse en el Estadio San Marcos los días 8, 9 y 10 de octubre.

La Orden Telefónica N.° 8694, emitida por la Región Policial Lima Centro este 18 de septiembre, dispone una reunión de coordinación de seguridad en el Estadio San Marcos, con participación de oficiales de la PNP.

La institución señaló a este medio que “no se ha suscitado otra novedad” y precisó que la presencia del personal policial responde a dicha coordinación previa al evento musical, y no reportó una intervención relacionada con la protesta estudiantil.

La reorganización permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca garantizar la prestación del servicio educativo con énfasis en la protección integral de los estudiantes. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes, mientras que el Ministerio Público realiza diligencias preliminares y la Defensoría del Pueblo supervisa las actuaciones relacionadas con la protección de los derechos de los escolares.

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Liceo Naval Almirante Guise: ¿qué establece la reorganización que estará vigente hasta diciembre de 2027?

El decreto dispone que el Minedu conduzca la reorganización de la gestión educativa y la gobernanza institucional del colegio durante el periodo establecido. Para ello, la cartera realizará las acciones necesarias para designar de manera extraordinaria y temporal a un director responsable de este proceso, cuya función se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027.

La norma señala que esta medida responde a la necesidad de fortalecer temporalmente la conducción, supervisión y verificación del servicio educativo. Asimismo, toma en cuenta que el Liceo Naval es administrado por la Marina de Guerra del Perú, aunque se encuentra sujeto a las políticas nacionales y disposiciones técnico-educativas establecidas por el sector Educación.

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Minedu asumirá nuevas medidas para proteger a los estudiantes y garantizar las clases en el Liceo Naval

Durante la reorganización, el Minedu, mediante sus instancias de gestión educativa descentralizada y en coordinación con el Ministerio de Defensa, deberá adoptar medidas para asegurar la protección integral de los estudiantes y la continuidad del servicio educativo. El decreto también contempla acompañamiento socioemocional para los escolares y la comunidad educativa.

Entre las disposiciones figuran acciones de prevención frente a actos de violencia, intimidación o represalia, además del objetivo de mantener la calidad educativa alcanzada por la institución. La norma establece que su aplicación será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

Las diferencias también se observan según el territorio. En la Amazonía, la prevalencia llegó al 14,6%, mientras que en las áreas urbanas se ubicó en 5,4%. Además, cerca de tres de cada cuatro embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años no fueron intencionales, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Los datos fueron presentados en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Para el UNFPA, las cifras muestran que la reducción nacional no implica que se hayan cerrado las brechas en el acceso a información, servicios de salud, educación y mecanismos de prevención y protección.

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Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día

La situación es aún más crítica entre las niñas de 10 a 14 años. Según las estimaciones presentadas por el UNFPA, cinco niñas de este grupo de edad dan a luz diariamente en el Perú. La organización señala que estos embarazos están asociados a situaciones de violencia sexual y evidencian brechas en los sistemas de prevención, protección, acceso a justicia y reparación.

A ello se suma el impacto sobre la salud. En 2025, el 15,3% de las muertes maternas correspondió a adolescentes menores de 20 años, porcentaje superior al 10,9% registrado en 2019. Entre las niñas de 10 a 14 años, la razón de mortalidad materna alcanzó 84 muertes por cada 100.000 nacidos vivos durante el periodo 2020-2024.

En cuanto a los nacimientos, la tasa nacional entre niñas y adolescentes fue de 16,7 por cada 1.000 en 2025. En Lima, el indicador fue de 9,2 por cada 1.000, una diferencia que vuelve a mostrar el peso de las desigualdades territoriales.

La maternidad temprana también tiene un costo económico

El embarazo y la maternidad durante la adolescencia no solo afectan las trayectorias educativas y laborales. El UNFPA estimó que el costo de oportunidad asociado a la maternidad adolescente alcanzó los S/1.159,5 millones en 2019, equivalentes a unos US$329,4 millones.

Esta estimación considera las oportunidades que pueden perderse en educación, empleo y generación de ingresos cuando una adolescente enfrenta una maternidad temprana. Gregor von Medeazza, representante del UNFPA en el Perú, señaló que estas situaciones pueden afectar las posibilidades de culminar los estudios y participar posteriormente en la vida económica.

El organismo también sostiene que la maternidad adolescente puede contribuir a ‘‘reproducir ciclos de pobreza intergeneracional’’ cuando las adolescentes pierden oportunidades educativas y laborales.

Philippe Lust-Bianchi, coordinador del Programa Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, señaló que la prevención requiere una ‘‘respuesta articulada entre salud, educación, justicia y protección’’, además de la participación de gobiernos subnacionales y organizaciones sociales.

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Ayacucho redujo a la mitad su tasa de nacimientos

Ayacucho constituye uno de los casos presentados por el UNFPA como ejemplo de reducción sostenida. Entre 2019 y 2025, la tasa de nacimientos en niñas y adolescentes pasó de 33,2 a 16,3 por cada 1.000, según información del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud y estimaciones de población.

El proceso estuvo acompañado por la coordinación entre los sectores de salud, educación, protección y justicia, además de la participación de gobiernos locales, comunidades, organizaciones sociales y adolescentes. También se implementó un Plan Regional de Prevención y se asignaron recursos para sostener las acciones.

Para el UNFPA, este caso muestra que la reducción puede sostenerse cuando existe una estrategia que articula distintos sectores y niveles de gobierno. No obstante, la organización advierte que las respuestas deben adaptarse a las condiciones específicas de cada territorio.

UNFPA presenta mapa sobre embarazo y maternidad

Durante el encuentro también se presentó el Tablero sobre embarazo y maternidad en niñas y adolescentes en el Perú, una plataforma que reúne indicadores territoriales para identificar brechas y orientar medidas de prevención, atención y protección.

La información permite observar las diferencias entre departamentos y territorios, además de facilitar el seguimiento de indicadores vinculados con el embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes.

Aunque la reducción nacional representa un avance, los datos muestran que el territorio continúa marcando diferencias importantes en las oportunidades de las adolescentes. Las brechas rurales y amazónicas, así como la situación de las niñas menores de 15 años, mantienen el desafío de fortalecer las políticas de prevención, protección y acceso a servicios.

La instalación estuvo a cargo de la diputada Romina Uribe, del Partido del Buen Gobierno, y contó con la participación de las legisladoras Pilar Sulca y Haydee Poma, ambas de Juntos por el Perú. Durante la sesión, Sulca fue elegida como coordinadora del grupo de trabajo.

El nuevo espacio parlamentario plantea contribuir a la atención y reparación de las víctimas, además de promover acciones de prevención frente a la violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes de los pueblos Awajún y Wampis. La propuesta contempla incorporar un enfoque intercultural en las medidas que se impulsen desde el Parlamento.

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Grupo de trabajo tomará como insumo visita del MESECVI a Condorcanqui

Romina Uribe señaló que la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Condorcanqui requiere una respuesta estatal que no se limite a atender casos individuales. Según indicó, el trabajo parlamentario deberá considerar las características culturales y territoriales de las comunidades awajún y wampis, así como las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a servicios de justicia, salud y protección.

La diputada también mencionó como insumo los hallazgos de las expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), quienes visitaron Condorcanqui entre el 7 y el 11 de setiembre. Durante su recorrido por Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago recogieron información sobre las condiciones de atención y protección de las víctimas.

La delegación identificó la existencia de un problema estructural y advirtió brechas en los servicios de justicia, salud, educación y protección, además de barreras geográficas, culturales y lingüísticas que dificultan el acceso de las comunidades a una respuesta estatal adecuada.

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Pilar Sulca: “una deuda histórica con los pueblos Awajún y Wampis”

Tras ser elegida coordinadora, Pilar Sulca sostuvo que su experiencia como docente de Educación Intercultural Bilingüe será parte del enfoque que busca aplicar al trabajo parlamentario. La legisladora señaló que las niñas de los pueblos originarios deben acceder a oportunidades de desarrollo “con dignidad y en igualdad”.

Sulca afirmó que el grupo buscará contribuir a atender lo que calificó como una “deuda histórica” del Estado con los pueblos Awajún y Wampis. También destacó la necesidad de que las integrantes del grupo trabajen de manera articulada para abordar los casos de violencia sexual registrados en la provincia.

La creación de este espacio ocurre mientras distintas instituciones vienen cuestionando las brechas de protección que enfrentan las niñas y adolescentes de Condorcanqui. El seguimiento parlamentario se enfocará ahora en la respuesta del Estado y en las medidas que puedan plantearse para atención, reparación y prevención.

En la sala Fabiola Salazar del Edificio Víctor Raul Haya de la Torre, se Instaló la Comisión de Trabajo, para abordar la problemática de violaciones sexuales denunciadas el año 2024 en Condorcanqui, Amazonas, allí la Diputada Pilar Sulca fue elegida para estar a cargo de la coordinación del grupo de trabajo.

“Estos casos no pueden quedar en el olvido ni en la impunidad”. En la sesión, la diputada Pilar Sulca Castillo asumió, la coordinación del grupo de trabajo por unanimidad, quién además fue la impulsora para hacer seguimiento a la situación de las víctimas de violencia sexual en Condorcanqui, región Amazonas.

Desde este espacio, junto con las integrantes del grupo, realizarán seguimiento a las acciones emprendidas por el Gobierno central, el Gobierno Regional de Amazonas y las instituciones responsables de proteger a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de conocer los avances, las medidas pendientes y las barreras que aún enfrentan las víctimas para acceder a justicia y protección.

El grupo de trabajo elaborará un plan de trabajo que permitan indagar sobre el estado de los casos y las medidas adoptadas por las entidades competentes, así como de las acciones que aún se encuentran pendientes. “Las víctimas necesitan respuestas, no más silencio. Vamos a hacer seguimiento para que estos casos no queden en el olvido y para que las instituciones responsables respondan”, señaló la diputada Pilar Sulca.

Según la información recabada, la Séptima Fiscalía de Familia habría pedido que se evalúe esta medida conforme al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA), lo que daría paso a una audiencia judicial. El procedimiento establece que, ante un pedido de internación preventiva, un juez debe evaluar las circunstancias del caso y determinar si corresponde ordenar esta medida.

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Fiscalía evalúa solicitar internación preventiva para los adolescentes involucrados

Mientras se espera la actuación definitiva del Ministerio Público, los menores continuarán bajo custodia durante las diligencias de ley. Según información preliminar, tres de ellos estarían vinculados a los hechos de mayor gravedad, por lo que pasarán a disposición del Juzgado de Familia para determinar su situación jurídica específica.

De formalizarse la solicitud fiscal, la audiencia respectiva podría realizarse dentro de las próximas 48 horas en el Juzgado de Turno Permanente de Familia. En esta instancia, el magistrado encargado del caso evaluará los elementos presentados y decidirá si procede aplicar la medida de internación preventiva.

En caso de que el juez apruebe dicho pedido, deberá establecer el periodo de ejecución. De acuerdo con la normativa vigente, esta medida contempla un plazo máximo ordinario de 120 días, el cual, bajo determinados supuestos legales, podría extenderse hasta los 150 días.

Tres de los menores implicados tendrían responsabilidad en los hechos más graves

Según la información preliminar recabada por las autoridades, tres de los menores intervenidos tendrían una participación directa en los actos de mayor severidad dentro de este caso de agresión. Debido a esta situación, el grupo pasará a disposición del Juzgado de Familia, instancia competente que deberá evaluar los indicios y determinar su situación jurídica definitiva.

Según la información difundida por Serfor, las imágenes ubicarían el hecho en la laguna Las Totoritas, en el distrito de Végueta, provincia de Huaura. En la transmisión también aparecen otras personas que, de acuerdo con la entidad, realizan actos de mofa después de lo ocurrido. El organismo anunció acciones dentro de sus competencias para esclarecer el caso.

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Serfor coordina con la PNP y Fiscalía investigación contra ‘Kingteka’ por muerte de gallinazo

Tras conocer las imágenes, Serfor señaló que inició coordinaciones con la PNP y la FEMA para que ambas instituciones desarrollen las investigaciones que correspondan según sus competencias. La entidad indicó que el caso podría estar relacionado con presuntos delitos vinculados con la depredación de flora y fauna silvestre y actos de crueldad contra animales silvestres.

El gallinazo de cabeza negra corresponde a la especie Coragyps atratus. Serfor informó que el animal forma parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, por lo que se encuentra dentro de las especies protegidas por el Estado peruano. La entidad expresó su rechazo ante los hechos difundidos en la transmisión.

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¿Qué hará Serfor tras el caso del gallinazo de cabeza negra? Entidad verificará los hechos

Además de las coordinaciones con las autoridades policiales y fiscales, Serfor dispuso que su personal especializado realice la verificación de los hechos. Esta actuación permitirá recopilar información sobre lo ocurrido y determinar las acciones administrativas que correspondan frente a los responsables.

La entidad también recordó que la fauna silvestre cuenta con protección estatal y que los actos de violencia contra estas especies pueden generar investigaciones dentro de los ámbitos correspondientes. La verificación anunciada se suma a las diligencias que puedan desarrollar la PNP y la FEMA en el marco de sus respectivas competencias.

Según Markristian Madariaga, ingeniero agroforestal y especialista en incendios forestales de la Universidad Científica del Sur, el periodo habitual de incendios en el Perú, que actualmente comprende entre tres y cuatro meses, podría extenderse hasta seis meses como consecuencia de las condiciones asociadas a El Niño.

“Las sequías van a aumentar los factores para que los incendios forestales sean más comunes, se produzcan en corto tiempo y sean de mayor intensidad”, explicó el especialista a Andina.

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El Niño podría dejar vegetación seca y aumentar el riesgo

Madariaga explicó que el escenario podría producirse en zonas donde previamente se registraron lluvias y un crecimiento importante de la vegetación. Si posteriormente las precipitaciones disminuyen, esa vegetación puede secarse y convertirse en material combustible.

De esta manera, un mismo fenómeno climático puede generar efectos diferentes en el territorio: mientras algunas regiones enfrentan lluvias intensas, otras podrían atravesar periodos de déficit hídrico y temperaturas elevadas que incrementen las condiciones para la propagación del fuego.

Un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), citado por Mongabay Latam, también ha advertido sobre una posible relación entre los eventos intensos de El Niño y temporadas de incendios particularmente severas durante el año siguiente. El análisis tomó como referencia, entre otros casos, los incendios registrados en la Amazonía después de los fenómenos de El Niño de 2015 y 2023.

El investigador de MAAP Matt Finer señaló a Mongabay Latam que una reducción del régimen de lluvias podría prolongar las temporadas secas, disminuir la humedad del suelo y dejar a la Amazonía más vulnerable a los incendios durante 2027.

El 98% de los incendios tiene origen humano

Aunque las condiciones climáticas pueden favorecer la propagación del fuego, el factor humano continúa siendo determinante en el inicio de estos siniestros. De acuerdo con Madariaga, más del 98% de los incendios forestales registrados en el Perú se producen por acciones humanas.

El especialista señaló que entre las causas se encuentran prácticas vinculadas con tradiciones y actividades agrícolas, como la quema de residuos vegetales o la modificación del uso de terrenos.

Por ello, sostuvo que las estrategias frente a los incendios no deben concentrarse únicamente en combatir el fuego cuando este ya se ha iniciado. También se requiere fortalecer la prevención, los sistemas de alerta temprana y el trabajo con las comunidades que viven en las zonas expuestas.

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Más de un millón de personas están en riesgo

El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, elaborado por la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), identifica una población considerable expuesta a estos eventos.

Según las cifras citadas por el especialista, 511.000 personas se encuentran en riesgo muy alto y otras 567.000 en riesgo alto frente a los incendios forestales.

Las poblaciones expuestas se concentran principalmente en zonas de la sierra y el sur del país, aunque el riesgo también alcanza sectores del norte y de la Amazonía. Entre los departamentos mencionados figuran Cajamarca, Puno, Cusco, Ucayali, San Martín y Madre de Dios.

El riesgo no se limita a las personas. El mismo plan identifica más de 2 millones de hectáreas agrícolas y alrededor de 2.300 sitios arqueológicos amenazados por estos siniestros.

Entre los cultivos que podrían verse afectados figuran papa, maíz, piña, naranja y palta. En el caso del patrimonio, Madariaga recordó que durante este año un incendio forestal obligó incluso a cerrar temporalmente el Camino Inca hacia Machu Picchu.

Cambio climático también eleva el riesgo

El especialista advirtió que el problema podría agravarse en los próximos años. De acuerdo con las estimaciones citadas por Madariaga, los incendios forestales podrían incrementarse hasta en 15% hacia 2030 y 30% hacia 2050 debido al cambio climático.

Ante este escenario, planteó que la preparación debe involucrar a las comunidades que viven en las zonas afectadas. Además de capacitar a la población para evitar prácticas que puedan desencadenar incendios, consideró necesario que los procesos de recuperación de las áreas quemadas tomen en cuenta las características de cada territorio y las actividades económicas de sus habitantes.

La advertencia llega mientras otros países de Sudamérica también afrontan temporadas complejas de incendios. Mongabay Latam reportó en agosto que Colombia enfrentaba numerosos focos en medio de altas temperaturas y sequía, mientras especialistas advertían que las condiciones asociadas a El Niño podían agravar los incendios en distintos puntos de la región.

La iniciativa coincide con la fecha del 21 de septiembre, cuando se ha popularizado el Día de las Flores Amarillas, y con el inicio de la primavera, previsto para el 22 de septiembre. Las plantas fueron producidas en el vivero municipal y serán distribuidas en zonas que vienen siendo intervenidas por la comuna limeña.

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¿Dónde se sembrarán las más de 20.000 flores amarillas en Lima por la llegada de la primavera?

Los trabajos están a cargo de personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima. Las labores incluyen la preparación del terreno, el abonado y la instalación de diferentes especies ornamentales en espacios públicos del Cercado.

Entre los lugares considerados para esta intervención figuran la Plaza de la Democracia, el Parque Santa Rosa de Emma, Parque Carmelo, Parque Asunción y la Unidad Vecinal n.º 3. También se incluyen la Plazuela Santo Cristo, la Plazuela Santa Clara, la Plazuela de la Buena Muerte y un tramo del jirón Áncash.

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Flores amarillas de Lima: qué especies se utilizarán y cómo se mantendrán los nuevos jardines

La intervención contempla especies ornamentales como marigold, zinnias, asclepias, caléndulas y coreopsis amarillas. Todas fueron cultivadas en el vivero municipal, como parte de la producción propia destinada a las labores de recuperación y embellecimiento de áreas verdes de la ciudad.

El abono utilizado también procede de la Municipalidad de Lima, específicamente de su centro de compostaje, donde se aprovechan residuos orgánicos para producir abono natural. Además, se implementará un sistema de riego eficiente para favorecer el crecimiento de las plantas y conservar la floración durante las próximas semanas, con su mayor desarrollo previsto hacia los últimos días de septiembre.

La intervención se encuentra presente en uno de los trenes que circulan por la red y contempla la decoración de sus seis coches, tanto en las zonas exteriores como interiores. Además, se pondrán a disposición del público 50.000 tarjetas de viaje coleccionables con diseños de Hello Kitty and Friends, que podrán conseguirse en las estaciones de la Línea 1.

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Así luce el tren de Hello Kitty que recorre la Línea 1 del Metro de Lima

El tren intervenido presenta una ambientación temática en sus seis coches, con ilustraciones de distintos personajes pertenecientes al universo de Sanrio. Hello Kitty, My Melody, Pompompurin y Kuromi forman parte de los diseños incorporados en la unidad que presta servicio a los pasajeros de la Línea 1.

La propuesta lleva el concepto de la amistad al recorrido cotidiano de los usuarios mediante diferentes personajes y elementos gráficos distribuidos tanto dentro como fuera de los coches. La experiencia fue denominada “El Tren de la Amistad” y se integra a las actividades desarrolladas durante esta temporada del año.

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¿Cuándo la Línea 1 pondrá a la venta tarjetas de viaje coleccionables de Hello Kitty?

La propuesta también tendrá una edición especial para los usuarios del sistema de transporte. Hacia el cierre de septiembre, se comercializarán 50.000 tarjetas de viaje coleccionables con diseños alusivos a Hello Kitty and Friends. Los ejemplares estarán disponibles en todas las estaciones de la Línea 1, servicio que conecta San Juan de Miraflores con Villa El Salvador.

La jornada está dirigida a ciudadanos que necesiten realizar gestiones relacionadas con el DNI o recoger un documento que ya esté disponible. Los horarios y puntos de atención serán distintos según cada sede, por lo que Reniec recomienda revisar previamente la información correspondiente antes de acudir.

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Reniec atenderá este sábado 19 de setiembre: revisa las regiones y horarios de las sedes

El sábado 19 de setiembre funcionarán oficinas de Reniec ubicadas en Piura, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Loreto, San Martín, Áncash, Junín, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Cusco. También habrá atención en Lima, Puno, Ica, Ucayali, Huánuco, Huancavelica y Amazonas, entre otras jurisdicciones.

Los horarios no serán iguales en todas las sedes. Algunas atenderán desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m., mientras que otras funcionarán de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. Para el domingo 20, Reniec habilitará oficinas en Piura, Trujillo, Ayacucho y Puno, que atenderán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. En Cusco también funcionará una oficina en ese horario, pero únicamente para la entrega de DNI.

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¿Cómo hacer trámites de DNI por internet y consultar si ya está listo para recoger?

Además de la atención presencial, Reniec mantiene habilitados servicios virtuales para determinados trámites relacionados con el DNI. Los usuarios pueden ingresar a la plataforma oficial de la entidad para realizar las gestiones disponibles sin acudir necesariamente a una oficina.

El pago de las tasas puede efectuarse mediante Yape, agentes del Banco de Crédito del Perú, Banco de la Nación o págalo.pe. En el caso de Yape, primero se debe generar el ticket de pago, seleccionar el código correspondiente e ingresar el número obtenido en la opción de servicios de Reniec. Quienes ya realizaron un trámite, de manera virtual o presencial, también pueden consultar en línea si su DNI se encuentra listo para ser recogido.

La denuncia fue presentada por los padres del menor en San Borja y posteriormente ocho adolescentes fueron intervenidos por la Policía. Mientras avanzan las diligencias de la Fiscalía de Familia, el familiar de la víctima también cuestionó la actuación de los adultos que acompañaban a los escolares durante el traslado y afirmó que no habrían intervenido para detener lo ocurrido.

Familiar del estudiante denuncia que el colegio presentó el caso como una agresión física

El familiar sostuvo que la dirección del Liceo Naval conocía la gravedad de lo ocurrido antes de emitir su comunicado. Según su versión, la institución habría reducido inicialmente el hecho a una agresión física, pese a que la familia ya había denunciado una presunta agresión sexual. “Y lo quiere maquillar como una agresión física cuando ella ya sabía lo que había pasado en el bus”, afirmó durante una entrevista con Willax.

También aseguró que dentro del colegio existirían antecedentes de quejas relacionadas con situaciones de bullying y conductas violentas. El entrevistado señaló que padres, estudiantes y profesores habrían comunicado anteriormente estos problemas al consejo directivo, al que cuestionó por no haber adoptado, según su versión, medidas suficientes. “El Liceo es cuna del bullying. Siempre ha sido así”, manifestó.

El familiar agregó que algunos de los adolescentes señalados integrarían equipos deportivos de la institución. Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada por el pariente del estudiante y deberán ser contrastadas y esclarecidas por las autoridades durante la investigación. La familia, además, evalúa iniciar acciones legales contra el colegio.

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Familia relata cómo ocurrió el ataque al estudiante de 16 años dentro del bus del Liceo Naval

De acuerdo con el testimonio del familiar, el adolescente se comunicó con sus padres después del presunto ataque y les informó que había resultado golpeado. Su madre habría enviado un taxi para trasladarlo a una clínica, donde posteriormente se reunió con él. El pariente señaló que el menor continúa afectado emocionalmente y recibe acompañamiento de su familia.

Sobre la agresión denunciada, relató que dos estudiantes habrían sujetado al adolescente de las manos mientras otros lo inmovilizaban. Debido a la posición en la que habría quedado, el menor no pudo identificar a todos los participantes. “Las investigaciones van a determinar eso, porque lamentablemente a mi sobrino lo tenían en una posición donde no podía visualizar”, explicó.

La investigación preliminar está a cargo de la Sétima Fiscalía de Familia de Lima Centro, que dispuso diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación que habría tenido cada adolescente. Entre las actuaciones figura la declaración del estudiante agraviado mediante cámara Gesell y la recopilación de los testimonios de los menores intervenidos. La Fiscalía deberá definir su situación dentro del marco legal aplicable a adolescentes.

Fiscalía evalúa internamiento preventivo para los 10 escolares del Liceo Naval

El cumplimiento del plazo de retención policial no implica necesariamente que los diez adolescentes deban quedar en libertad. Según explicó el abogado penalista Julio Rodríguez a ATV, el Ministerio Público puede solicitar ante el juez una medida de internamiento preventivo cuando considere que existen elementos que justifican esta medida y un riesgo procesal que deba ser evaluado.

Rodríguez señaló que los menores podrían ser trasladados a un centro juvenil, como Maranguita, mientras continúa el proceso. Para ello, la Fiscalía tendría que sustentar ante el juzgado que existe un riesgo de que los adolescentes se sustraigan de la acción de la justicia o perturben el desarrollo de la investigación. La defensa, por su parte, puede presentar elementos destinados a demostrar que no existe ese riesgo. La decisión final corresponde al juez competente y no se produce de manera automática por el vencimiento de las horas de retención.

La investigación también contempla información sobre presuntos episodios previos de violencia atribuidos a algunos integrantes del grupo. Rodríguez indicó que estos antecedentes, si son incorporados formalmente al caso y resultan pertinentes, serán valorados por el juzgador junto con los demás elementos cuando corresponda evaluar un eventual pedido de internamiento preventivo.

La situación de los adolescentes está sujeta a las disposiciones aplicables a menores de edad y al plazo constitucional para la privación de libertad. Según la información legal proporcionada, las autoridades cuentan con un máximo de 48 horas para realizar las diligencias correspondientes antes de que deba definirse su situación mediante las vías previstas por la legislación.

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Retención de escolares en el Liceo Naval: cumplir 48 horas no significa que serán liberados

La Constitución Política del Perú establece que una persona detenida debe ser puesta a disposición del juzgado correspondiente dentro de un plazo máximo de 48 horas. Para los adolescentes, el Código de los Niños y Adolescentes contempla reglas específicas y establece que, en caso de flagrancia, deben ser conducidos a una sección especial de la Policía, con participación del fiscal y su defensor.

Este plazo corresponde a la etapa de retención y a las diligencias urgentes de investigación. En este caso, la Fiscalía dispuso, entre otras actuaciones, la declaración del adolescente agraviado mediante cámara Gesell y la toma de testimonios de los diez menores. El abogado penalista Julio Rodríguez explicó a ATV que el Ministerio Público puede solicitar un internamiento preventivo si acredita un riesgo procesal. Según señaló, los adolescentes podrían ser enviados a Maranguita mientras continúa el proceso.

Rodríguez precisó que el fiscal debe sustentar la existencia de un riesgo de que los menores se sustraigan de la acción de la justicia o interfieran en la investigación. La decisión corresponde al juez, quien evaluará los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa. Por ello, el vencimiento del periodo de retención no determina por sí solo que los diez estudiantes sean liberados de manera inmediata.

Tras el reporte de la emergencia, unidades del Cuerpo General de Bomberos y una ambulancia acudieron hasta la zona para atender a la persona afectada. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el herido recibió atención inicial de los bomberos y posteriormente fue trasladado a la Clínica Aviva para recibir atención médica.

La ATU informó que los gastos derivados de la atención serán cubiertos por el SOAT correspondiente. La entidad también señaló que activó sus protocolos de atención inmediatamente después de conocer el accidente y que realiza el seguimiento del caso junto con las autoridades competentes.

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ATU coordinó para restablecer el servicio

El choque generó afectaciones en la circulación de la zona debido a los daños ocasionados en ambas unidades. La ATU indicó que coordinó con las autoridades correspondientes las acciones necesarias para restablecer la circulación del servicio del Metropolitano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión ni han determinado responsabilidades. Las diligencias correspondientes permitirán establecer cómo ocurrió el accidente.

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Lima concentra la mayor cantidad de fallecidos por accidentes

El accidente se registra en un contexto de preocupación por el incremento de los siniestros viales en el país. Según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP), hasta julio de este año 1.785 personas habían fallecido a nivel nacional como consecuencia de accidentes de tránsito.

Lima concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 294 fallecidos registrados durante el mismo periodo. Las cifras evidencian el impacto de los accidentes de tránsito y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad vial en las calles de la capital.

La situación afecta directamente a los niños de 3, 4 y 5 años, quienes fueron trasladados a la I. E. Luis Alberto Sánchez, un local diseñado para estudiantes de primaria y secundaria. Según la directora del plantel, Teresa Calvo, el cambio de sede ha generado condiciones inadecuadas para los menores y una caída de más del 50% en la matrícula: de 214 estudiantes a solo 86.

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Una obra que arrastra el retraso desde 2023

El colegio forma parte de las instituciones educativas consideradas para su reconstrucción luego de los daños provocados por el fenómeno de El Niño Costero de 2017. El plantel resultó afectado por inundaciones, que ocasionaron rajaduras en las paredes y el colapso del sistema de desagüe.

Tras varios años de espera, los trabajos de reconstrucción comenzaron en enero de 2023. No obstante, la ejecución se detuvo al año siguiente. De acuerdo con la directora Teresa Calvo, Pronied decidió rescindir el primer contrato debido al incumplimiento de los plazos establecidos.

Posteriormente, la entidad convocó la elaboración del expediente de saldo de obra, documento técnico que permite determinar qué trabajos fueron ejecutados, cuál es el estado actual de la infraestructura y qué componentes quedan pendientes. Sin embargo, la empresa contratada tampoco cumplió con entregar el informe final, por lo que Pronied terminó rescindiendo este segundo contrato.

Ante esta situación, el programa anunció que ejecutará el saldo de obra mediante la modalidad 'in-house', es decir, bajo responsabilidad directa de la entidad. Para la comunidad educativa, sin embargo, el anuncio todavía no se ha traducido en el reinicio de los trabajos.

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Niños estudian en local que no está acondicionado para inicial

"Son cuatro años en que los niños reciben clases en la I. E. Luis Alberto Sánchez, un espacio diseñado para primaria y secundaria, pero no para nivel inicial. No hay áreas de juego, los baños no son adecuados y las escaleras resultan peligrosas para los infantes", señaló la directora Teresa Calvo.

La docente explicó que estas condiciones también afectan el desarrollo de las actividades pedagógicas, pues las maestras deben adaptar su trabajo a un espacio que no fue diseñado para niños pequeños. A ello se suma que los estudiantes reciben clases durante el turno tarde, en una zona que, según la directora, no ofrece condiciones adecuadas de seguridad.

La prolongada espera también ha repercutido en la matrícula. El número de estudiantes se redujo de 214 a 86, una disminución que la comunidad educativa relaciona con las condiciones en las que deben desarrollar sus actividades escolares.

Calvo cuestionó, además, el poco apoyo recibido de las autoridades locales y señaló que la oficina de Pronied en Piura tendría un margen limitado para tomar decisiones. Por ello, pidió que las gestiones lleguen hasta la sede central de Pronied y que se priorice la culminación de la obra.

"Pedimos a las autoridades regionales gestionar, que el llamado llegue a Pronied Lima y con la nueva presidenta para que esta obra ya se termine y los estudiantes puedan recibir clases en buenas condiciones", manifestó.

Pronied visitó el colegio tras protesta

En medio del reclamo de la comunidad educativa, el último jueves 17 de septiembre una comitiva de Pronied llegó hasta la institución para verificar el estado de la infraestructura y reunirse con los docentes y padres de familia.

La visita se produce mientras permanece pendiente la ejecución del saldo de obra y después de dos procesos contractuales que terminaron en rescisión. La comunidad educativa espera que la inspección permita destrabar el proyecto y establecer un cronograma concreto para la culminación de los trabajos.

Por ahora, los estudiantes continúan recibiendo clases en un local ajeno a su institución y sin las condiciones propias de un centro de educación inicial, mientras la reconstrucción de su colegio, dañada por el fenómeno de El Niño de 2017, sigue sin fecha definida de culminación.

El hecho ocurrió el 15 de septiembre dentro de un bus escolar y derivó en la intervención de diez estudiantes de quinto de secundaria. Mientras la Fiscalía de Familia desarrolla las diligencias para determinar qué ocurrió y qué participación tuvo cada adolescente, también deberán esclarecerse las condiciones en las que se produjo el presunto ataque y las responsabilidades que podrían corresponder a los adultos presentes durante el traslado.

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Profesores del Liceo Naval podrían ser investigados por comisión por omisión

Según explicó Julio Rodríguez a ATV, los adultos que tenían funciones de cuidado durante el viaje podrían afrontar una investigación bajo la figura de comisión por omisión si se acredita que se encontraban en una posición que les exigía actuar para proteger a los estudiantes. El abogado hizo referencia a la obligación de garantía que pueden tener determinadas personas frente a quienes se encuentran bajo su cuidado.

Rodríguez señaló que, en caso de acreditarse los elementos necesarios para atribuir responsabilidad penal, los involucrados podrían enfrentar una pena de hasta 26 años de prisión. El especialista citó como antecedente un caso de la Corte Suprema en el que se analizó la responsabilidad de una persona que no cumplió con su deber de protección frente a una agresión sexual.

La eventual aplicación de esta figura dependerá de lo que establezca la investigación. La sola presencia de los adultos en el vehículo no determina responsabilidad penal, por lo que las autoridades deberán establecer qué funciones cumplía cada uno, qué conocía y qué acciones realizó durante el traslado.

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¿Quiénes estaban a cargo de los escolares durante el traslado?

La Defensoría del Pueblo informó que en el bus se encontraban tres adultos: el conductor, un docente y el entrenador que acompañaba al grupo. La institución indicó que viene supervisando las actuaciones de la Policía y el Ministerio Público, además de las medidas adoptadas por el colegio tras la denuncia.

En paralelo, la Marina de Guerra del Perú comunicó la separación preventiva de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval mientras continúan las investigaciones. Esta medida tiene carácter preventivo y no establece responsabilidad sobre las personas apartadas.

La Fiscalía de Familia también investiga a los diez adolescentes involucrados en la denuncia. Entre las diligencias ordenadas se encuentra la declaración del estudiante agraviado mediante cámara Gesell y la toma de testimonios de los menores. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente y a su familia mediante el programa Warmi Ñan.

La investigación deberá determinar tanto lo ocurrido dentro del bus como las circunstancias que rodearon el hecho y las responsabilidades que correspondan a cada persona involucrada.

Los hechos materia de investigación habrían ocurrido el último martes, después de un evento deportivo en el que participaron los estudiantes del plantel. Los menores regresaron posteriormente al colegio, pero la intervención de las autoridades se produjo recién el miércoles, luego de que los padres del adolescente presentaran una denuncia formal.

Tras ello, los diez escolares fueron trasladados a la comisaría de San Borja, donde pasaron por el control de identificación biométrica. Luego fueron llevados a Medicina Legal y, durante la mañana del jueves, trasladados a la Dirección de Familia de la Policía Nacional, ubicada en el Cercado de Lima.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro dispuso una retención de 48 horas para los adolescentes, periodo que culmina este viernes 18 de septiembre a las 5.00 p. m. Durante este tiempo, se realizan diligencias destinadas a determinar las circunstancias de la presunta agresión y la participación individual que habría tenido cada uno de los escolares.

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El antecedente que preocupa: violencia previa contra la víctima

El antecedente de bullying y hostigamiento mencionado por la autoridad educativa abre otra línea de investigación sobre lo ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. Según el director regional de Educación de Lima Metropolitana, el adolescente ya habría sido víctima de situaciones violentas antes de la denuncia por la presunta agresión sexual.

La existencia de estos episodios previos deberá ser esclarecida por las autoridades, principalmente para determinar qué ocurrió antes de la agresión denunciada, si el colegio tenía conocimiento de estas situaciones y qué medidas fueron adoptadas para proteger al estudiante.

El caso también ha puesto bajo la lupa los mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia escolar dentro del plantel. El sector Educación señaló que viene coordinando con las autoridades del colegio las acciones necesarias para garantizar la seguridad del adolescente y evaluar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.

En caso de que los estudiantes involucrados tengan que retornar a las aulas, las autoridades educativas deberán establecer medidas que permitan evitar nuevos episodios de violencia y garantizar que la víctima pueda continuar sus actividades escolares en condiciones de seguridad.

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Diez escolares permanecen retenidos

La investigación fiscal continúa mientras los diez adolescentes permanecen bajo retención policial. El abogado especialista Luis Lamas Puccio recordó que, conforme a la legislación peruana, los menores de edad no responden por delitos en los mismos términos que los adultos, sino por infracciones a la ley penal, dentro del sistema especializado de justicia para adolescentes.

La Defensoría del Pueblo informó que puso a disposición de los estudiantes retenidos un equipo de cuatro abogados para brindar asistencia legal y supervisar el respeto de sus derechos durante las diligencias.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó celeridad a las autoridades policiales y fiscales para esclarecer el caso. La Fiscalía de Familia deberá determinar, al término de la retención, la situación de cada uno de los diez adolescentes y las medidas que correspondan.

Mientras avanzan las diligencias, el caso deja bajo investigación no solo la presunta agresión sexual denunciada por la familia, sino también los episodios de bullying y hostigamiento que, según la autoridad educativa, ya habrían afectado previamente al adolescente dentro del colegio.

Los graduados, de entre 20 y 80 años, llegaron desde regiones como Cajamarca, Cusco, Pasco, Huánuco, Áncash, La Libertad y Piura, además de Lima. La ceremonia se realizó en el Teatro NOS PUCP y fue organizada por el movimiento empresarial Es Hoy y la Fundación Dispurse.

Entre los graduados estuvo Epifanía Juanita Huamán Guevara, de 58 años, quien aprendió a leer para poder llevar sus cuentas con mayor seguridad y apoyar a sus hijos. También destacó el caso de Luciana Flores López, artesana quechua de Cusco, de 60 años, quien no pudo asistir a una escuela durante su infancia porque en su comunidad no existía una institución educativa.

Otro de los participantes fue Donato García Juan de Dios, de 70 años. Además de continuar con sus estudios, aprendió a utilizar una tablet mientras atravesaba un tratamiento oncológico.

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Retomar los estudios después de años

La graduación también incluyó historias de personas que encontraron una segunda oportunidad para completar su educación. Una de ellas es Lidia Mendoza Pacaya, de 44 años, quien retomó la secundaria con el respaldo de la empresa donde trabaja y logró graduarse en julio de este año.

Su decisión también motivó a una de sus hijas, quien no había culminado sus estudios y decidió regresar a las aulas siguiendo el ejemplo de su madre.

“Cada persona que retoma sus estudios encuentra no sólo nuevos conocimientos, sino también más confianza y autonomía para desenvolverse en su vida cotidiana. Nuestro reto es seguir generando oportunidades para que más jóvenes y adultos puedan ejercer su derecho a aprender a lo largo de la vida. Estas historias nos recuerdan que nunca es tarde para aprender”, señaló Ruth Anastacio, gerente de Operaciones de la Fundación Dispurse en Perú.

Los participantes accedieron a programas como ¡EPA! (Educación para Adultos), del movimiento empresarial Es Hoy, así como al Programa de Alfabetización y las Escuelas Comunitarias Abiertas impulsados por la Fundación Dispurse.

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Celebraron su graduación en un Mirabus

Luego de recibir sus diplomas, los graduados continuaron la celebración con un recorrido por distintos puntos turísticos de Lima a bordo de un Mirabus, acompañados por sus familiares y representantes de las organizaciones involucradas en su proceso educativo.

Durante el recorrido visitaron lugares como la Huaca Pucllana, los malecones, el Parque Chino y el Parque del Amor. La actividad fue planteada como un símbolo del inicio de una nueva etapa después de culminar sus estudios.

El subsidio será de S/4 por cada galón de gasohol o gasolina adquirido por el conductor que cumpla con las condiciones de validación establecidas. El monto tendrá un límite de S/100 al mes por cada beneficiario.

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CGTP Loreto: ‘‘No es un paliativo’’

La CGTP Loreto cuestionó que el Decreto de Urgencia N.° 011-2026 establezca un subsidio focalizado en determinados conductores y sostuvo que la medida no responde a la dimensión del problema que enfrenta la región. La central sindical señaló que el impacto del alza de los combustibles alcanza a distintas actividades económicas y ‘‘no únicamente a los mototaxistas’’.

En su pronunciamiento, la organización también llamó la atención sobre las comunidades ribereñas que utilizan pequepeques para ‘‘movilizar personas, alimentos y productos’’. Recordó que, debido al aislamiento geográfico de Loreto y a la limitada conectividad terrestre, el transporte fluvial cumple un papel fundamental y también depende directamente del precio del combustible.

La CGTP consideró, además, que los requisitos y mecanismos de acreditación establecidos por el Ejecutivo podrían limitar el acceso al beneficio de trabajadores que no cumplan todas las condiciones. Por ello, insistió en que la respuesta debería tener alcance regional, considerando el efecto que el incremento del combustible genera en el transporte, el costo de los productos y el costo de vida de las familias loretanas.

La dirigente Carmen Chipana, señaló a este medio que la central sindical había planteado un subsidio de alcance universal. Sostuvo que la medida tendría un alcance limitado porque una parte importante de los mototaxistas trabaja en la informalidad y, por tanto, podría quedar fuera de los mecanismos de acceso al beneficio. En ese sentido, consideró que lo planteado no representa un ‘‘paliativo’’.

Subsidio tendrá una vigencia de tres meses

De acuerdo con el decreto de urgencia, la medida tendrá una duración de tres meses, contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. El objetivo es reducir temporalmente el impacto que el alza de los combustibles genera sobre los costos de operación y logística de los mototaxistas.

El beneficio está dirigido a conductores de vehículos automotores menores de categoría L5, correspondiente a los mototaxis, que presten el servicio en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?

Para ser considerado beneficiario, el conductor deberá cumplir con una serie de condiciones al momento de la entrada en vigencia del decreto. Entre ellas, contar con un mototaxi identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje y tener DNI vigente.

También deberá contar con una licencia de conducir vigente de Clase B, categoría II-C, además de un SOAT vigente. En los casos que corresponda, podrá presentar un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) vigente emitido por una AFOCAT.

La norma precisa que los beneficiarios deberán cumplir, además, con las demás condiciones y mecanismos de validación que se establezcan para la aplicación del subsidio.

Paro regional

En Loreto, el paro regional de 72 horas convocado por organizaciones sindicales y sociales continúa en medio de demandas dirigidas al Gobierno. La medida, que inició el 16 de septiembre, reúne reclamos vinculados con la situación económica y social de la región y mantiene a la CGTP Loreto entre las organizaciones que exigen una respuesta del Ejecutivo. La central ha advertido que evalúa ampliar la protesta si no se concretan compromisos para instalar una mesa técnica de alto nivel.

Durante la jornada, además, la CGTP denunció presuntas agresiones contra trabajadores durante intervenciones policiales, mientras la Defensoría del Pueblo informó que viene monitoreando el desarrollo de la protesta para verificar el respeto de los derechos de manifestantes y terceros. El paro estaba previsto hasta este 18 de septiembre.

De acuerdo con imágenes, los hermanos se encontraban junto a otros trabajadores y sus vehículos estacionados en la vía pública, a la espera de pasajeros, cuando fueron atacados por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

El ataque ocurrió cuando uno de los ocupantes de la motocicleta sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el grupo de mototaxistas. Tras las detonaciones, los compañeros de las víctimas intentaron auxiliarlas y las trasladaron de emergencia a un establecimiento de salud cercano. Sin embargo, ambos llegaron sin signos vitales.

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Ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

Las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores captaron los momentos previos al ataque y el desplazamiento de la motocicleta utilizada por los presuntos responsables.

Durante la balacera, una mujer que se encontraba en la zona junto a su menor hijo corrió para ponerse a salvo. Comerciantes y transeúntes también buscaron refugio ante los disparos registrados en plena vía pública.

Agentes de la Policía Nacional llegaron posteriormente al lugar para acordonar la escena y recoger los casquillos encontrados sobre la calzada. Las imágenes de las cámaras de seguridad de establecimientos comerciales y del municipio fueron entregadas a los investigadores para intentar identificar a los responsables y establecer su ruta de escape.

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Policía halló mensaje dirigido contra transportistas

Durante las diligencias, los efectivos encontraron un manuscrito abandonado en la pista con un mensaje amenazante. El texto menciona a personas identificadas como “Pollito” y Kevin Carrion y lleva la firma de “Los Pulpos”.

La Policía incorporó el manuscrito como parte de los elementos que serán analizados durante la investigación. No obstante, la presencia de esta firma por sí sola no acredita la participación de dicha organización criminal en el doble asesinato.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres, cuyos agentes recogen los testimonios de comerciantes, vecinos y compañeros de trabajo de los hermanos.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque estaría relacionado con un posible caso de extorsión a transportistas que trabajan en la zona. Las autoridades buscan determinar si los hermanos habían recibido amenazas previamente y establecer el móvil del crimen.

Las altas temperaturas continuarán durante los próximos días en varias zonas del país. El pronóstico meteorológico contempla condiciones cálidas tanto en el litoral como en sectores de la sierra, mientras que la menor presencia de nubes durante el mediodía favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

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Piura registró 38 °C y Senamhi prevé más calor hasta el sábado 19 de septiembre

El episodio de calor observado en Chulucanas forma parte de un panorama que alcanzó a otras localidades costeras. Durante el martes también se presentaron condiciones extremadamente cálidas en zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua.

El pronóstico emitido por el Senamhi señala que entre el miércoles 16 y el sábado 19 de septiembre se mantendrán temperaturas diurnas elevadas. La intensidad será de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra.

En la costa norte, los valores máximos previstos para este miércoles se ubican entre 29 °C y 36 °C. Para la costa central se estiman registros de 24 °C a 30 °C, mientras que en la costa sur oscilarían entre 22 °C y 30 °C. El aviso meteorológico comprende 14 departamentos y presenta nivel extremo.

La sierra norte alcanzará temperaturas máximas de entre 21 °C y 33 °C. En la zona central se esperan valores de 19 °C a 28 °C, mientras que en la sierra sur las temperaturas podrían situarse entre 21 °C y 27 °C.

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Costa y sierra tendrán temperaturas elevadas, radiación UV y ráfagas de viento

Además del incremento térmico, las condiciones atmosféricas previstas incluyen poca nubosidad alrededor del mediodía. Esta característica permitirá una mayor incidencia de radiación ultravioleta, por lo que el Senamhi recomienda tomar medidas de protección ante una exposición prolongada al sol.

Durante las tardes también podrían registrarse ráfagas de viento próximas a los 35 kilómetros por hora. El desarrollo simultáneo de estas condiciones acompañará el aumento de las temperaturas durante el periodo comprendido en el aviso meteorológico.

El calor no será la única condición prevista. En la costa norte existe la posibilidad de precipitaciones aisladas, mientras que en diferentes sectores de la sierra podrían ocurrir lluvias localizadas durante la tarde y la noche.

Las condiciones cálidas en Piura se mantienen vinculadas al escenario generado por El Niño Costero. Tumbes y Lambayeque también figuran entre las regiones de la costa norte donde se observan temperaturas diurnas elevadas, mientras el Senamhi realiza el seguimiento de la evolución atmosférica y oceánica.

Según el periodista Bruno Amoretti, quien difundió el material a través de X (antes Twitter), estas personas serían quienes utilizaron por última vez el vehículo que luego apareció implicado en el atentado. Asimismo, según fuentes de Fiscalía, los hombres que aparecen en el video coincidirían en talla y contextura con los autores del crimen, a diferencia de los detenidos presentados previamente por la Policía Nacional (PNP).

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Cámaras captaron a personas que usaron camioneta Hilux antes del ataque

El registro fue obtenido en un grifo de la avenida España, ubicado a solo seis cuadras del lugar donde ocurrió el crimen. En los videos, se aprecia que un vehículo Toyota Yaris llega junto a la camioneta Hilux al establecimiento. Luego, cuatro hombres bajan de ambas unidades e inician una conversación.

En la escena, luego aparece un hombre acompañado de dos mujeres. Los tres llegan a pie y se reúnen con los ocupantes de la Hilux. Las cámaras logran captar que, antes de partir, uno de los sujetos coloca varias piezas de equipaje en la tolva del último vehículo. Finalmente, tres hombres y las dos mujeres se retiran en la camioneta.

Hombres captados en la escena coincidirían con perfil de autores del crimen

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía consultadas por el semanario, los hombres que aparecen en el video coinciden en talla y contextura con los autores del crimen. "Las imágenes debilitan aún más la versión policial que atribuyó inicialmente el ataque a los cuatro primeros detenidos", señaló el periodista Amoretti.

Otro dato que ofrece la información periodística es que durante su permanencia en el grifo, la camioneta Hilux estuvo vigilada a cierta distancia por un vehículo Suzuki conducido por Peter Bocanegra Aguilar, quien fue detenido hace ocho días por el crimen. Una hora después del ataque, el auto de Bocanegra fue visto nuevamente junto a la Hilux en la ciudad de Moche.

La medida establece que el prefijo 500 será utilizado para llamadas y mensajes destinados a ofrecer productos o servicios. La numeración tendrá nueve dígitos, comenzará con 500 y podrá emplearse tanto desde líneas móviles como fijas. Los operadores de telecomunicaciones tendrán un plazo máximo de 180 días calendario para adecuarse a estas disposiciones.

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Prefijo 500 será obligatorio para llamadas y mensajes comerciales: así podrás identificarlos

El nuevo sistema permitirá distinguir las comunicaciones comerciales mediante el número que aparecerá en el teléfono del usuario. Cuando una llamada o mensaje tenga una numeración que empiece con 500, se podrá identificar que se trata de una comunicación con fines comerciales o publicitarios, lo que permitirá decidir si se desea atenderla o leer su contenido.

El MTC también dispuso que esta numeración se muestre completa al receptor y que no sea reemplazada por otra serie para este tipo de comunicaciones. Las nuevas reglas incluyen además obligaciones para que las llamadas y mensajes comerciales puedan ser identificados y rastreados mediante las redes de telecomunicaciones. El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una infracción muy grave.

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Operadores tendrán 180 días para adecuarse a la nueva numeración de llamadas publicitarias

Los operadores de telefonía dispondrán de un máximo de 180 días calendario, contados desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo, para implementar las disposiciones relacionadas con la serie 500. Durante este periodo deberán realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las nuevas reglas de identificación.

El MTC evaluará posteriormente el funcionamiento de esta numeración. Para ello, contará con un plazo de 18 meses y analizará si corresponde mantener el prefijo 500, modificarlo o establecer condiciones adicionales. Además, el ministerio y las empresas operadoras deberán desarrollar acciones de difusión para informar a la ciudadanía sobre el nuevo sistema y facilitar el reconocimiento de las comunicaciones comerciales.

La solicitud para incluirlo en el programa fue presentada el 1 de junio por el director de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, general PNP Jorge Espinoza, mediante el oficio 320-2026-COMOPPOL. La incorporación fue aprobada por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri), en el marco de las acciones del sector Interior para obtener información sobre personas requeridas por la justicia.

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Alias 'Jolín' entra al Programa de Recompensas con S/300.000 por información sobre su paradero

La recompensa será entregada a quien proporcione datos que permitan establecer la ubicación de Bazán Valderrama y facilitar su captura. El viceministro de Orden Interno y presidente de la Cercri, Juan Carlos Sotil Toledo, señaló que la incorporación del investigado al programa forma parte de las acciones destinadas a ubicar a personas consideradas de alto perfil y requeridas por las autoridades.

El caso de Bazán Valderrama fue elevado al Programa de Recompensas luego de la solicitud formulada por la Policía en junio. La decisión quedó formalizada el 16 de septiembre, con lo que su nombre pasó a integrar el listado de personas por cuya ubicación el Estado ofrece una compensación económica.

De acuerdo con el expediente judicial n.° 06903-2022-41-1601-JR-PE-07, Bazán Valderrama fue condenado a cadena perpetua por el secuestro agravado del empresario Manuel Rodríguez Cruzado. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró penalmente responsables a los acusados involucrados en este caso.

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¿Por qué buscan a 'Jolín'? la condena y los casos de secuestro vinculados al prófugo

El expediente señala que Rodríguez Cruzado fue secuestrado el 16 de mayo de 2022 en un lavadero de autos de Trujillo. Según la investigación, los responsables utilizaron chalecos similares a los empleados por la Divincri para acercarse al empresario, reducirlo y trasladarlo contra su voluntad hasta un inmueble ubicado en el asentamiento humano Nuevo Jerusalén, en La Esperanza.

La familia de la víctima recibió una exigencia económica durante el cautiverio. Aunque se entregó parte del dinero solicitado, el empresario fue asesinado y posteriormente enterrado en un descampado de Las Delicias, en el distrito de Moche. Permaneció privado de su libertad durante más de dos meses.

Las investigaciones también ubican a Bazán Valderrama en otros episodios de violencia criminal ocurridos en Trujillo. Su nombre aparece relacionado con el secuestro de la empresaria Nilda Alexandra Arrascue Espinoza, ocurrido en noviembre de 2022, así como con el caso del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes registrado el 30 de agosto.

El incremento térmico ya se observa en esta parte del litoral peruano. En Piura y Tumbes se reportan temperaturas de hasta 37.4 °C, valores que se encuentran entre 8 y 9 grados por encima de los valores habituales para esta época del año, cuando el promedio suele ubicarse entre 29 y 30 °C.

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Piura registrará temperaturas de hasta 40 °C y la sensación de calor llegará a 42 °C

Nelson Quispe Gutiérrez, especialista en Vigilancia Meteorológica del Senamhi, explicó que el aumento de las temperaturas tendrá mayor intensidad en la costa norte. En el departamento de Piura, la temperatura podría llegar a 40 °C, mientras que la combinación con la humedad incrementaría la percepción térmica hasta alrededor de 42 °C.

El escenario está relacionado con el calentamiento de las aguas marinas asociado a El Niño Costero. Las condiciones actuales ya generan valores superiores a los normales y, según la proyección del especialista, el incremento continuará durante los siguientes meses. Los registros más altos se presentarían entre febrero y marzo del próximo año.

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El Niño Costero elevará el calor en la costa norte: temperaturas seguirán aumentando hacia 2027

El Senamhi recomendó prestar especial atención a los niños y adultos mayores ante el incremento inusual de la temperatura y la sensación de calor. La exposición a estas condiciones puede generar efectos negativos en la salud, especialmente durante actividades realizadas al aire libre o al desplazarse por las calles.

La costa norte concentrará las condiciones de mayor temperatura dentro de este escenario. Piura y Tumbes ya presentan registros elevados respecto de sus valores habituales, mientras que las previsiones apuntan a que el calor continuará aumentando hacia finales de este año y comienzos del próximo, con los máximos previstos para febrero y marzo.

Los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Loreto aseguran que la paralización tiene un acatamiento cercano al 90% en la región y que también se desarrolla en localidades como Yurimaguas, Contamana, Datem del Marañón, Ramón Castilla y Requena. En Iquitos, los manifestantes se concentraron inicialmente en el local central de la CGTP y luego se desplazaron por diferentes puntos de la ciudad.

El secretario de la CGTP Loreto, Reinaldo Tuanama, sostuvo que la medida continuará y reclamó la presencia de una comisión de alto nivel del Poder Ejecutivo. El dirigente evitó responder a las declaraciones del senador Juan Carlos del Águila y señaló que el objetivo de la protesta es que el Gobierno conozca directamente los problemas que enfrenta Loreto y adopte medidas concretas.

Durante la jornada se instalaron piquetes en sectores como la avenida La Participación, Las Colinas, el cruce de la carretera Iquitos-Nauta con la avenida Participación y zonas de Punchana y Belén. Los organizadores también anunciaron la instalación de ollas comunes para atender a los participantes durante los tres días de protesta.

La paralización ha generado restricciones en algunas actividades. Los dirigentes informaron que determinados centros de abastos atenderían solo durante algunas horas, mientras que algunos grifos suspenderían temporalmente la venta de combustible. Asimismo, algunas instituciones educativas no abrirían sus puertas como medida preventiva.

Representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo acudieron al local de la CGTP para dialogar con los dirigentes y exhortaron a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y respetando el orden público.

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Gobierno anunció subsidios, pero el paro continúa

La protesta se produce menos de un mes después de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunciara acuerdos alcanzados en una mesa técnica con autoridades y gremios de transporte de Loreto para enfrentar el incremento de los combustibles.

A través de la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, el Ejecutivo informó que los mototaxistas y el transporte multimodal serían incorporados al subsidio directo focalizado establecido para mitigar el impacto del alza de precios. Para ello, se anunció un Decreto de Urgencia que debía agilizar el empadronamiento de los beneficiarios a más tardar el 18 de septiembre.

El MINEM también señaló que había fortalecido mecanismos para promover la libre competencia en el mercado de combustibles de Loreto. La mesa técnica contó con la participación del gobernador regional René Chávez, autoridades nacionales y locales, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y organizaciones sociales.

Sin embargo, los anuncios no han cesado las protestas. Los gremios mantienen entre sus principales pedidos que los trabajadores que dependen de las mototaxis y del transporte fluvial sean incluidos efectivamente en las medidas de apoyo, debido al peso que tienen estas actividades en la movilidad de Iquitos.

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Una crisis que no empezó este año

Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el problema del combustible en Iquitos no puede entenderse únicamente como consecuencia del actual incremento internacional del precio del petróleo. En entrevista con La República, sostuvo que el país arrastra desde hace décadas una creciente dependencia del petróleo extranjero.

Herrera Descalzi explicó que el Perú pasó de ser exportador a importador neto de petróleo y que la brecha entre consumo y producción se ha ampliado con los años. Según sus estimaciones, el país consume entre 260.000 y 300.000 barriles diarios, mientras que produce alrededor de 40.000 barriles por día.

"Somos absolutamente dependientes del precio del petróleo extranjero", señaló el exministro, quien consideró que el Gobierno peruano tiene un margen limitado para controlar directamente las cotizaciones internacionales. A su juicio, las alternativas internas terminan concentrándose en mecanismos como los subsidios, pero estos no pueden mantenerse de manera permanente para toda la población.

El exministro también atribuyó el actual escenario a decisiones y problemas acumulados durante décadas en la política energética peruana. Recordó que el país dejó de invertir de manera suficiente en exploración petrolera y que los intentos de atraer capital privado no permitieron revertir la caída de la producción nacional.

Herrera Descalzi sostuvo que los problemas energéticos requieren planificación de largo plazo y cuestionó que durante años el sector haya funcionado sin una estrategia sostenida. "Los problemas de energía uno los puede anticipar con bastante tiempo y los tiene que resolver también con bastante tiempo de antelación", afirmó.

A ello se suma el contexto internacional. El exministro explicó que los ataques contra infraestructura de refinación rusa han afectado la capacidad de procesamiento de ese país y presionado el mercado internacional de combustibles. Según su apreciación, este escenario podría prolongarse durante varios meses y mantener la incertidumbre sobre los precios.

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Iquitos, doblemente expuesto

La situación de Loreto tiene además una particularidad: Iquitos se encuentra aislada del sistema vial nacional y depende especialmente del transporte fluvial y de las mototaxis para su movilidad cotidiana. Por ello, Herrera Descalzi consideró que cualquier política de apoyo al combustible debe tomar en cuenta las características específicas de la región.

"Eso, digamos, podría ser atendido", respondió al ser consultado sobre la incorporación de mototaxistas y transportistas fluviales a los subsidios. No obstante, planteó que el apoyo debería contar con mecanismos de focalización para evitar que los recursos se conviertan en un subsidio abierto y permanente.

El exministro también consideró necesario que el Ejecutivo explique a la población por qué el país enfrenta esta situación y cuáles son los límites de las medidas de emergencia. En su opinión, la comunicación gubernamental debería explicar que una eventual subvención tiene un alcance y una duración determinados y que no puede extenderse indefinidamente.

Pero Herrera Descalzi planteó ir más allá de las medidas coyunturales. Señaló que Iquitos podría avanzar hacia un modelo de transporte eléctrico, aprovechando las condiciones geográficas de la ciudad y su potencial para desarrollar generación solar y eólica.

"Por lo menos en la ciudad se puede hacer", sostuvo al referirse a la posibilidad de impulsar progresivamente el transporte eléctrico. A su criterio, una estrategia de este tipo permitiría reducir la dependencia de los combustibles en una ciudad que, por su aislamiento, enfrenta de manera particularmente directa las variaciones de los precios internacionales.

Cortes de luz y una interconexión que nunca llegó

El problema energético de Loreto no se limita al combustible. Los manifestantes también reclaman por los constantes cortes del servicio eléctrico, atribuidos por los gremios a problemas en el sistema administrado por Electro Oriente.

Herrera Descalzi recordó que la posibilidad de integrar a Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional se planteó hace años. El proyecto contemplaba una línea de transmisión desde San Martín hacia Loreto, pero finalmente no llegó a concretarse.

El exministro señaló que inicialmente se consideró que continuar utilizando generación basada en combustibles podía resultar económicamente más conveniente que construir la línea de transmisión. Sin embargo, sostuvo que los problemas actuales muestran las consecuencias de mantener la dependencia de combustibles para garantizar el suministro eléctrico de una ciudad aislada.

Para Herrera Descalzi, tanto el abastecimiento de combustible como la generación eléctrica requieren soluciones estructurales y no únicamente respuestas frente a cada nueva crisis.

Minería ilegal: otro frente abierto

El paro también incorpora entre sus demandas el combate contra la minería ilegal. La actividad continúa generando preocupación por sus efectos ambientales y por la capacidad económica que ha adquirido en distintas zonas de la Amazonía.

Herrera Descalzi consideró que enfrentar esta actividad resulta particularmente complejo debido a la geografía de la selva y a la capacidad de las organizaciones ilegales para desplazarse cuando se realizan operativos. Según explicó, las intervenciones estatales pueden perder efectividad si no existe una presencia permanente en las zonas afectadas.

Como alternativa, planteó explorar mecanismos tecnológicos que permitan una extracción legal y ambientalmente controlada del oro, acompañada de la restauración de las áreas afectadas. A su juicio, una estrategia de ese tipo podría contribuir a reducir el espacio económico de la minería ilegal y, al mismo tiempo, generar una presencia permanente del Estado.

Mientras tanto, en Iquitos las organizaciones gremiales mantienen la paralización durante 72 horas y esperan que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel para atender sus demandas. La continuidad de la protesta evidencia que los anuncios realizados en agosto todavía no han logrado resolver el malestar en Loreto, donde el incremento del combustible se suma a problemas energéticos y sociales acumulados durante años.

Durante su permanencia en los exteriores de la institución, denunciaron que esta no es la primera vez que se registraría un acto de violencia contra un alumno dentro de la escuela que forma a los hijos del personal superior de la Marina de Guerra del Perú. Previamente, se habrían reportado casos de bullying y discriminación, pero no alcanzaron la misma repercusión pública que este último caso.

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Una madre de familia señaló a Canal N que anteriormente se habrían registrado otros episodios de agresión al interior del plantel por aspectos discriminatorios. “Nosotros estamos súper indignados. Esto no solamente es una acción que ha pasado, esto es el reflejo y la gotita que se está derramando de múltiples situaciones como bullying. Hay mucha discriminación hasta por tu color, por tu apellido, por los galones”, explicó.

La docente de primaria de Ciencia y Tecnología, Yovana León, quien ejerce en la institución desde hace 18 años, también afirmó que antes hubo maestras que advirtieron sobre estas situaciones, pero sus denuncias no fueron atendidas. “Bullying, hostigamiento, violencia, como les digo, investiguen. (…) Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar nuestra voz (…) somos profesoras de vocación, estamos para formar a los estudiantes. Lamento mucho que esto suceda, pero a veces uno habla y no nos escuchan y más bien se van contra nosotros”, dijo.

Menores retenidos tras denuncia por presunta agresión sexual

De acuerdo con la información difundida, el caso de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años habría ocurrido el 15 de septiembre de 2026, dentro de un bus que trasladaba a un grupo de escolares. La denuncia fue posteriormente registrada en la comisaría de San Borja, donde se activaron las diligencias correspondientes.

Tras la denuncia, 10 menores fueron retenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras el Ministerio Público determina las circunstancias del caso y la eventual responsabilidad de cada uno. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso que se tome la declaración de la víctima en cámara Gesell, así como recabar los testimonios de los retenidos que se encuentran en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre, entre otras diligencias urgentes para esclarecer lo sucedido.

Entre los capturados se encuentran el director general de Administración, Gustavo Adolfo Igreda Vadillo; el director de la Oficina de Infraestructura, Jhon Uldarico Meza Martel; el jefe de la Unidad de Abastecimiento, José Manuel Aquino Lara; y el arquitecto Andrés Marchand Ramos, investigado dentro del caso.

En el operativo, autorizado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, también se allanaron ocho inmuebles a fin de incautar documentación y otros elementos que pueden contribuir a esclarecer el caso.

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Presunta organización criminal

Según las diligencias fiscales y policiales, los investigados integrarían una presunta organización criminal que habría operado al interior de la universidad y que sería liderada por el rector de la institución, Edgardo Braul Gomero, quien se encuentra prófugo de la justicia, según la Dircocor.

'Los Saqueadores de la UNU' habrían concertado para direccionar y fraccionar contrataciones públicas en favor de proveedores específicos y usado indebidamente los recursos del Tesoro Público bajo la tutela del rector, en complicidad con funcionarios universitarios y personas particulares.

Operaciones bajo investigación

Entre los casos bajo investigación se encuentra un proyecto institucional valorizado inicialmente en S/4.107.799,95. La hipótesis fiscal apunta a que la ejecución de dicha obra se fragmentó indebidamente para evitar los controles legales y favorecer a determinados contratistas.

Asimismo, las autoridades indagan el presunto uso irregular de fondos públicos mediante la entrega de viáticos para supuestas comisiones de servicio al extranjero. Esos viajes asignados al rector y personal de la universidad no se habrían realizado, pese a que los presupuestos fueron cobrados.

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El caso fue difundido mediante un reportaje que presentó Willax con chats atribuidos a la esposa del oficial y testimonios sobre actividades del hogar como lavar platos, tender camas, preparar alimentos, limpiar ambientes y recoger ropa de lavandería. Los hechos habrían ocurrido durante la gestión de Pareja García al frente de la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía (Dirbap).

Fiscalía realiza diligencia en la Dirección de Bienestar de la PNP por presunto peculado de uso

Como parte de las primeras acciones de la investigación, el Ministerio Público realizó una diligencia de exhibición y recojo de documentos en la sede de la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía. La actuación fue encabezada por el fiscal provincial José Caballero Miranda, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

En el procedimiento también participó el fiscal adjunto Víctor Vidal Fernández. El equipo fue recibido por el actual jefe de la Dirección de Bienestar de la PNP, general PNP Antero Rosendo Mejía Escajadillo, quien entregó la documentación solicitada. La información será evaluada junto con las demás diligencias para establecer si se emplearon recursos o trabajadores policiales en actividades ajenas al servicio.

Chats y testimonios señalan presuntas labores domésticas realizadas por personal policial

El reportaje difundió conversaciones de WhatsApp atribuidas a la esposa del general, con pedidos relacionados con alimentos y otras tareas personales. Entre los mensajes mostrados aparece una solicitud para preparar pan con queso y una bebida, además de comida para su esposo. Otro intercambio alude a una permanencia de la mujer en la sede de la Dirección de Bienestar y a la petición de restringir el ingreso a una habitación.

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Asimismo, testimonios recogidos en el informe periodístico señalaron que trabajadores policiales habrían sido destinados a realizar tareas domésticas, entre ellas lavar platos, tender camas, limpiar lunas y efectuar labores en un domicilio particular. También se mencionaron órdenes de servicio por S/6000 y S/7500 relacionadas con limpieza y desinfección del área logística de la Dirbap, cuyo uso será materia de verificación fiscal. Pareja García negó que agentes acudieran a su vivienda para realizar labores domésticas y afirmó desconocer los mensajes difundidos. La investigación deberá establecer la veracidad de los hechos y las eventuales responsabilidades.

PISA evalúa a estudiantes de 15 años para conocer qué tanto dominan conocimientos y habilidades que necesitan para resolver problemas, pensar de forma crítica y desenvolverse en situaciones de la vida real. La prueba no mide únicamente contenidos escolares: también recoge información sobre el entorno de aprendizaje, las condiciones de los colegios y las actitudes de los alumnos. Perú participa en esta evaluación desde 2001. En 2025, 6.991 estudiantes de 260 colegios peruanos rindieron la prueba y representaron a unos 519.700 jóvenes de esa edad, equivalentes al 86% de la población nacional de 15 años.

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Un retroceso que borra avances

El deterioro no aparece solo al comparar las dos últimas evaluaciones. La OCDE señala que los resultados de 2025 se encuentran cerca de los registrados en 2015, pero con una diferencia clave: en Matemática y Lectura, el descenso de los últimos años borró los progresos obtenidos en el periodo posterior a 2015. La tendencia de Ciencias, en cambio, se mantuvo estable durante la década.

Entre 2022 y 2025, Perú perdió 9 puntos en Matemática y 18 en Lectura. Ciencias registró una variación de -2 puntos, pero la OCDE considera que ese cambio no resulta estadísticamente significativo. El promedio peruano quedó en 402 puntos en Matemática, 407 en Lectura y 406 en Ciencias.

*Promedio OCDE correspondiente a cada área. La OCDE reporta 463 puntos en Matemática y 461 en Lectura en su promedio general de 2025; la comparación específica de la tabla de desempeño utiliza las cifras correspondientes a la base estadística.

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El umbral que no alcanza la mayoría

El problema más evidente aparece al observar el nivel mínimo de competencia. PISA considera el Nivel 2 como el umbral básico de desempeño, porque a partir de ese punto el estudiante puede aplicar sus conocimientos en situaciones sencillas y demostrar competencias funcionales para participar de manera significativa en la sociedad actual.

En Matemática, solo 30% de los estudiantes peruanos llegó al Nivel 2 o superior, frente al 65% del promedio de la OCDE. Eso significa que 7 de cada 10 no alcanzaron ese nivel básico. Los alumnos que sí lo lograron pueden interpretar una situación sencilla y reconocer cómo representarla matemáticamente, incluso cuando no reciben instrucciones directas. Por ejemplo, pueden comparar la distancia de dos rutas o convertir un precio a otra moneda.

En Lectura, 42% alcanzó el Nivel 2 o superior, mientras que el promedio de la OCDE llegó a 69%. Los estudiantes que superan ese umbral pueden identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información a partir de criterios explícitos y reflexionar sobre su propósito y forma cuando reciben una orientación clara.

Ciencias presenta el mejor resultado relativo, aunque todavía deja a más de la mitad de los alumnos por debajo del mínimo: 47% alcanzó el Nivel 2 o superior, frente al 74% de la OCDE. Quienes llegan a ese nivel pueden reconocer explicaciones correctas sobre fenómenos familiares y utilizar datos para determinar, en casos sencillos, si una conclusión resulta válida.

El otro extremo también muestra una debilidad marcada. Casi ningún estudiante peruano alcanzó los niveles más altos en Matemática, Lectura y Ciencias. En Ciencias, apenas 0,2% llegó a los niveles 5 o 6, frente al 7,2% del promedio de la OCDE. En Matemática y Lectura, la OCDE también describe la presencia de estudiantes en los niveles superiores como prácticamente nula.

Perú no está solo en la caída

El retroceso peruano ocurre dentro de un deterioro más amplio. La OCDE afirma que el rendimiento de los estudiantes continuó disminuyendo en los países que integran la organización, hasta alcanzar sus promedios más bajos registrados en PISA en Matemática y Lectura. Uno de cada cinco estudiantes de 15 años de los países de la OCDE presenta ahora un bajo desempeño en las tres áreas, frente al 16% registrado en 2022.

La tendencia también alcanza la última década. Entre los países de la OCDE, el promedio de Matemática cayó 22 puntos entre 2015 y 2025, equivalente a más de un año de aprendizaje; Lectura también registró un retroceso importante. La OCDE señala que el deterioro no responde únicamente a la pandemia: los resultados muestran problemas de aprendizaje que ya aparecían antes de 2020 y que se profundizaron después.

América Latina tampoco escapa a esta tendencia. En el balance de 2015 a 2025, Chile, México, Colombia, Argentina y Costa Rica presentan retrocesos en distintas áreas. Perú, sin embargo, tiene una particularidad: aunque su caída acumulada resulta menor que la de varios países de la región, el descenso reciente eliminó los avances que había conseguido desde 2015 en Matemática y Lectura.

La brecha también está dentro del país

Los resultados tampoco afectan por igual a todos los estudiantes. En Ciencias, los alumnos del 25% con mayor nivel socioeconómico superaron en 78 puntos a los del 25% más desfavorecido. La diferencia resulta similar a la registrada en promedio por los países de la OCDE, donde alcanza 85 puntos. Además, el nivel socioeconómico explicó 14% de las diferencias en el rendimiento científico de los estudiantes peruanos, frente al 12% de promedio en la OCDE.

Existe, sin embargo, un dato favorable: entre 2015 y 2025, la brecha socioeconómica en Ciencias se redujo en Perú. La mejora provino del desempeño de los estudiantes más desfavorecidos, mientras el rendimiento de los alumnos con mayores ventajas económicas permaneció estable. Aun así, solo 10% de los estudiantes desfavorecidos alcanzó el cuarto superior del rendimiento científico dentro del país.

Más interés, pero menos resultados

Los estudiantes peruanos tampoco muestran una falta generalizada de interés por aprender. 81% afirma sentir curiosidad por muchas cosas, frente al 73% de la OCDE, y 74% asegura que se esfuerza más cuando una tarea se vuelve difícil, frente al 60% del promedio de la organización. Además, solo 14% considera que la escuela ha sido una pérdida de tiempo, frente al 24% de la OCDE.

El contraste aparece en la llamada mentalidad de crecimiento: solo 45% de los estudiantes peruanos presenta esta disposición, frente al 69% de la OCDE. En Perú, quienes tienen una mentalidad de crecimiento obtienen, en promedio, 17 puntos más en Ciencias que quienes muestran una mentalidad fija, después de considerar las diferencias socioeconómicas.

Aulas con otras señales de alerta

PISA también identifica dificultades en las condiciones escolares. El porcentaje de estudiantes que asiste a colegios cuyos directores reportan falta de docentes aumentó de 18% en 2022 a 27% en 2025. Además, 49% estudia en centros donde la falta de personal de apoyo dificulta la enseñanza, mientras 54% enfrenta problemas vinculados con la falta de materiales educativos y 42% con deficiencias de infraestructura física.

La asistencia también marca una diferencia. 39% de los estudiantes peruanos faltó al menos un día de clases durante las dos semanas previas a la evaluación, frente al 22% de la OCDE, y 69% llegó tarde al menos una vez, frente al 50% del promedio de la organización. En paralelo, 24% reportó haber sufrido alguna forma de bullying varias veces al mes o con mayor frecuencia, por encima del 20% de la OCDE.

La tecnología muestra otro contraste. 54% de los estudiantes peruanos utiliza chatbots de inteligencia artificial al menos una vez por semana para aprender, frente al 46% de la OCDE. El uso alcanza 43% para realizar investigaciones preliminares, 40% para resumir textos y 36% para elaborar borradores de trabajos escritos. Al mismo tiempo, 86% estudia en colegios que prohíben los celulares dentro de sus instalaciones, frente al 49% de la OCDE.

La estación tendrá un papel clave en la integración del transporte público de Lima al permitir la conexión entre la Línea 2 del Metro y el Metropolitano. Mientras continúan las labores de la megaobra, también se reabrieron dos carriles de la avenida Paseo Colón para facilitar el tránsito de los buses del Corredor Morado.

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Estación Central de la Línea 2 entra en etapa de equipamiento y acabados

Tras finalizar la construcción de la infraestructura civil, los trabajos se concentran en la instalación de componentes necesarios para el funcionamiento de la estación. Entre las labores en ejecución figuran el montaje de escaleras mecánicas, ascensores, cámaras de bombeo y sistemas de iluminación.

En paralelo, el personal encargado desarrolla los trabajos de arquitectura interior. La colocación de acabados verticales avanza en la infraestructura, mientras que la restitución de la superficie se encuentra en su fase final. Esta intervención permitirá recuperar progresivamente las zonas destinadas al tránsito vial y peatonal.

La Estación Central forma parte del avance general de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, cuyo progreso se encuentra alrededor del 84%. Su infraestructura permitirá articular este sistema ferroviario con el Metropolitano y las líneas 1 y 2 del Metro, de acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina.

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¿Cuándo estará lista la Línea 2? Estas son las fechas previstas para su operación

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) proyecta que el tramo 1B de la Línea 2, comprendido entre la estación San Juan de Dios, en el este de Lima, y la plaza Bolognesi, en el centro de la ciudad, concluya en 2028. La fecha fue señalada por el presidente ejecutivo de la entidad, David Hernández.

La proyección de 2028 está vinculada con el objetivo de avanzar en la conexión entre Ate, el Centro de Lima y, posteriormente, el Callao. Sin embargo, la ATU precisó que ello no implica necesariamente que todas las estaciones comprendidas en el tramo estén operativas durante ese año.

La disposición alcanza exclusivamente al lote señalado y responde a un resultado considerado crítico por la autoridad sanitaria. Ante esta situación, el Indecopi recomendó a los consumidores no utilizar las unidades correspondientes al lote 311024, utilizado para aliviar síntomas oculares como picazón, enrojecimiento y lagrimeo.

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Kenaler 0.05%: identifican partículas en un lote y ordenan retirar todas las unidades

El problema fue detectado durante una evaluación de control de calidad realizada al medicamento. De acuerdo con la información proporcionada por la Digemid, la presencia de partículas generó un resultado crítico, debido al riesgo que podría representar para la salud de las personas que utilicen el producto.

Como consecuencia, la autoridad sanitaria determinó que todas las unidades pertenecientes al lote 311024 sean retiradas del mercado y posteriormente destruidas. La disposición busca evitar que el producto señalado continúe disponible para los consumidores.

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¿Qué hacer con las gotas para los ojos? Indecopi pide no usar el lote 311024

Los consumidores que tengan este producto deben verificar el número de lote antes de utilizarlo. La advertencia corresponde específicamente a las unidades identificadas con el código 311024, sobre las cuales pesa la disposición de retiro y destrucción emitida por la Digemid.

El Indecopi precisó que la recomendación dirigida a los ciudadanos es abstenerse de utilizar cualquier unidad de Kenaler 0.05% que corresponda al lote identificado. Para realizar consultas relacionadas con la alerta, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.

León aseguró que anteriormente había advertido sobre situaciones de bullying, hostigamiento y violencia dentro del entorno escolar. “Investiguen”, reclamó, al señalar que quienes intentan alertar sobre estos problemas no siempre son escuchados. La docente sostuvo que su preocupación no se limita al hecho denunciado esta semana, sino a la necesidad de revisar cómo se están abordando las situaciones de violencia que involucran a estudiantes.

“Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar nuestra voz (…) somos profesoras de vocación, estamos para formar a los estudiantes. Lamento mucho que esto suceda, pero a veces uno habla y no nos escucha”, manifestó.

La preocupación también llegó a las familias. Un grupo de aproximadamente 20 padres permaneció este jueves en los exteriores del colegio, a la espera de reunirse con algún representante de la institución. Una madre manifestó que su hija tiene temor de acudir al plantel y cuestionó las medidas que, según su percepción, pueden adoptarse frente a los estudiantes involucrados en situaciones de violencia. “Mi hija me dice que tiene miedo de venir”, señaló otra madre de familia.

Los padres también expresaron su desacuerdo con las actuales disposiciones que regulan la convivencia escolar y anunciaron que un grupo de padres evalúa acudir al Ministerio de Educación para solicitar modificaciones a las normas que, según consideran, dificultan la suspensión de estudiantes involucrados en hechos de violencia. Estas afirmaciones corresponden a la posición de los padres y no constituyen una conclusión sobre el marco normativo ni sobre la responsabilidad de los adolescentes investigados.

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Violencia sexual escolar registra un nuevo pico en 2026

La denuncia ocurrida en el Liceo Naval se produce en un contexto de incremento de los reportes de violencia sexual entre escolares. Según los registros de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 1.198 reportes de violencia sexual entre estudiantes, una cifra que representa un incremento de 32,6% frente al promedio registrado durante el mismo periodo de 2023, 2024 y 2025.

Los datos muestran además una tendencia ascendente desde mayo de este año, con agosto como el mes que alcanzó el mayor número de reportes dentro del periodo analizado. El comportamiento de esta estadística coloca nuevamente bajo discusión la capacidad de los colegios para detectar situaciones de violencia entre adolescentes, activar oportunamente los protocolos de protección y brindar acompañamiento psicológico tanto a las víctimas como a los estudiantes involucrados.

La plataforma SíseVe recoge reportes de presuntos hechos de violencia escolar, por lo que sus registros no equivalen necesariamente a casos con responsabilidad determinada por una autoridad judicial. Sin embargo, permiten dimensionar la cantidad de situaciones que llegan al sistema educativo y que requieren intervención institucional.

En este escenario, las declaraciones de padres y docentes del Liceo Naval plantean una preocupación que trasciende la investigación por el hecho ocurrido el 15 de septiembre: qué mecanismos de prevención y atención psicológica están funcionando dentro de los colegios y qué ocurre cuando las señales de violencia son advertidas antes de que una situación escale.

Para el caso específico del Liceo Naval, además, la UGEL 7 San Borja registra 763 casos de violencia escolar durante 2026, con 448 reportes concentrados entre junio y agosto y un pico de 159 casos en agosto. Esto sitúa la denuncia actual dentro de un escenario de violencia escolar que ya presenta una cantidad significativa de reportes en la jurisdicción educativa donde funciona el colegio.

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Tres adultos acompañaban el traslado

En el caso del Liceo Naval, uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación entre las familias es que el hecho denunciado habría ocurrido durante el traslado de estudiantes en un bus escolar.

Sandra Ramos Flores, defensora adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, señaló que en el vehículo se encontraban tres adultos: el chofer, un docente y el entrenador que acompañaba a los menores. La entidad informó que viene supervisando las actuaciones de la Policía y del Ministerio Público, así como las medidas adoptadas dentro del colegio.

“Se van a evaluar más casos”, señaló Ramos Flores al referirse también a las denuncias planteadas por docentes.

La presencia de adultos durante el traslado será uno de los elementos que deberán ser esclarecidos por las autoridades. No corresponde, mientras la investigación se encuentra en curso, establecer responsabilidades a partir de este dato.

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Diez adolescentes bajo investigación

La denuncia fue presentada luego de un hecho ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval. La familia de un adolescente de 16 años comunicó el presunto ataque y la Policía intervino posteriormente a diez estudiantes de quinto año de secundaria.

La Sétima Fiscalía de Familia de Lima Centro abrió una investigación preliminar por la denuncia de una presunta violación sexual en agravio del adolescente. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso, entre otras diligencias, que la víctima declare mediante cámara Gesell y que se recojan los testimonios de los diez menores retenidos, quienes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre.

La Fiscalía deberá establecer qué ocurrió dentro del vehículo y determinar la participación que habría tenido cada adolescente. La investigación se encuentra en una etapa preliminar y la intervención policial no equivale a una determinación de responsabilidad.

El caso también requiere preservar la identidad de los menores involucrados y evitar la difusión de información que pueda revictimizarlos o afectar el desarrollo de las diligencias.

El colegio anuncia medidas y la Marina separa a autoridades

El Liceo Naval Almirante Guise comunicó el 16 de septiembre a los padres de familia que tomó conocimiento del hecho y que viene realizando coordinaciones con las autoridades competentes. La institución calificó inicialmente lo ocurrido como un grave hecho de presunta agresión física y señaló que se produjo durante el traslado de una actividad deportiva.

El colegio aseguró que la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida dentro de su comunidad educativa y que, de comprobarse responsabilidades, aplicará las medidas disciplinarias previstas en la normativa y su reglamento.

Sin embargo, un día después, la Marina de Guerra del Perú anunció una medida de mayor alcance. A través del Comunicado N.° 004-2026, informó que dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval mientras continúan las investigaciones.

La Marina sostuvo que rechaza cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes y precisó que la medida fue adoptada por la Dirección de Bienestar mientras las autoridades competentes esclarecen los hechos. También indicó que colaborará con las investigaciones y que no tendrá injerencia sobre su desarrollo.

La separación anunciada tiene carácter preventivo mientras se determina lo ocurrido y no constituye una conclusión sobre la responsabilidad de las personas apartadas.

Protección para la víctima y seguimiento institucional

Mientras avanzan las diligencias, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que, mediante el programa Warmi Ñan, brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente de 16 años y a su familia.

El equipo multidisciplinario también participará en las diligencias que programe la Fiscalía. El MIMP exhortó a las autoridades a actuar con celeridad y debida diligencia.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana también acudió a la dependencia policial para activar los protocolos de protección correspondientes. Su director, Cornelio Gonzales, señaló que la institución mantiene una posición de protección hacia todos los adolescentes mientras se esclarecen los hechos.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha puesto el foco en la atención de la víctima y en las condiciones que permitieron que el presunto hecho ocurriera dentro de un espacio bajo supervisión escolar.

Más allá de un caso policial

La investigación determinará si existió un delito, qué ocurrió dentro del bus y quiénes participaron. Pero la preocupación expresada por las familias y docentes coloca el caso en un escenario más amplio: el de la capacidad de las instituciones educativas para detectar, prevenir y atender oportunamente la violencia entre adolescentes.

Los 1.198 reportes de violencia sexual entre escolares registrados entre enero y agosto de 2026 representan una señal que trasciende un colegio específico. El incremento de 32,6% frente al promedio del mismo periodo de los tres años anteriores y la tendencia ascendente observada desde mayo plantean interrogantes sobre la capacidad de respuesta del sistema educativo.

El problema no termina necesariamente con la identificación de los responsables de un hecho concreto. También alcanza a los mecanismos de convivencia escolar, los canales de denuncia, el acompañamiento psicológico, la supervisión de estudiantes y la capacidad de docentes y directivos para advertir señales de violencia antes de que estas escalen.

En el Liceo Naval, las advertencias formuladas por una docente y la preocupación expresada por los padres colocan además el foco en la convivencia escolar y en el acompañamiento que reciben los adolescentes. La atención psicológica, los canales para comunicar situaciones de violencia y la capacidad de docentes y autoridades para identificar señales de alerta forman parte de una cadena de protección que debe funcionar antes de que un conflicto termine en una situación de mayor gravedad.

Mientras la Fiscalía esclarece los hechos y determina las responsabilidades que correspondan, el desafío para la comunidad educativa será evitar que la respuesta termine únicamente con la investigación de este caso. La magnitud de los reportes registrados este año plantea la necesidad de reforzar la prevención y la protección de los escolares como una tarea permanente, no solo como una reacción frente a una denuncia.

En declaraciones a Canal N, la especialista señaló que, aunque la conducta atribuida a los menores corresponde a una figura contemplada en la legislación penal, jurídicamente se considera una infracción a la ley penal cuando es cometida por adolescentes.

Chang indicó que una eventual medida socioeducativa podría contemplar el internamiento en un centro juvenil por un periodo de entre cuatro y ocho años, dependiendo de las circunstancias del caso y de lo que establezca la autoridad competente.

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Fiscalía deberá investigar a los adultos responsables

La penalista sostuvo que también es necesario esclarecer qué ocurrió durante el traslado de los estudiantes hacia una actividad deportiva, momento en el que presuntamente se produjo la agresión.

En ese sentido, consideró que la investigación debe determinar qué nivel de supervisión ejercían los adultos que se encontraban en el vehículo y si alguno tenía conocimiento de lo que ocurría.

Chang explicó que, si se acredita que un adulto conocía la situación y omitió actuar para impedirla, podría evaluarse una eventual responsabilidad penal por omisión. Asimismo, señaló que deberá determinarse si alguna persona adulta instigó o promovió la conducta atribuida a los menores.

De identificarse responsabilidades de adultos, estos podrían ser investigados bajo el sistema de justicia penal ordinario, según corresponda.

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Colegio podría afrontar responsabilidades administrativas y civiles

Respecto a la actuación del Liceo Naval Almirante Guise, la abogada señaló que la institución podría enfrentar responsabilidades administrativas y, eventualmente, civiles, dependiendo de los resultados de las investigaciones.

La especialista indicó que deberá determinarse si el colegio cumplió con las medidas de prevención, supervisión y atención establecidas para situaciones de violencia escolar. También consideró necesario revisar las acciones adoptadas antes y después de que se conocieran los hechos.

Chang sostuvo que el caso debe analizarse desde dos ámbitos: el penal, para establecer las responsabilidades de los menores y de posibles adultos involucrados, y el administrativo, para verificar el cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Educación.

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Bullying no es delito, pero puede generar responsabilidades

La penalista explicó que el bullying no constituye, por sí solo, un delito tipificado en el Código Penal. Sin embargo, precisó que las consecuencias graves derivadas de estas conductas pueden dar lugar a responsabilidades legales, dependiendo de las circunstancias.

Chang consideró que el caso de San Borja pone en evidencia la necesidad de revisar las medidas aplicables frente a situaciones extremas de violencia escolar.

Sobre la expulsión de estudiantes, señaló que esta debe sustentarse en una infracción considerada muy grave por la normativa institucional y respetar un procedimiento que garantice el derecho a la defensa.

La abogada advirtió que, en determinados casos, la víctima puede terminar abandonando el colegio mientras el presunto agresor retorna a las aulas. Por ello, planteó evaluar mecanismos que eviten que un estudiante afectado tenga que compartir nuevamente el espacio educativo con quien presuntamente lo agredió.

Instituciones deben reforzar prevención y supervisión

Chang remarcó que los colegios tienen la obligación de activar los protocolos correspondientes ante una agresión, registrar las medidas adoptadas y garantizar la atención de los estudiantes involucrados.

También recomendó fortalecer el trabajo de los departamentos psicológicos y recurrir a especialistas externos cuando sea necesario para abordar las consecuencias de la violencia y prevenir nuevos casos.

En relación con las actividades fuera del colegio, como viajes, excursiones o competencias deportivas, indicó que las instituciones mantienen una responsabilidad de supervisión mientras los estudiantes se encuentran bajo su cuidado.

Por ello, consideró que los centros educativos deben evaluar si cuentan con suficientes adultos responsables para controlar a grupos numerosos de adolescentes y adoptar medidas adicionales cuando sea necesario.

Víctima podría acceder a una reparación civil

Finalmente, la penalista explicó que el adolescente afectado podría tener derecho a una reparación civil por los daños ocasionados. Esta podría involucrar a los responsables directos y, eventualmente, al colegio, si se determina que incumplió sus obligaciones.

Chang subrayó que la recuperación de la víctima debe ser una prioridad, debido al impacto que una agresión sexual puede generar en su vida emocional, académica y personal.

Carmen Chipana, secretaria de prensa de la central sindical en la región, afirmó que varios trabajadores fueron intervenidos y que al menos dos habrían resultado afectados durante estos hechos. "La Policía agredió a varios compañeros", sostuvo en diálogo con La República.

Según explicó, uno de los trabajadores, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Regional de Loreto (SUTRAGOREL), habría terminado con una lesión en la cabeza. La dirigente indicó que existe material audiovisual sobre otro caso, en el que un manifestante habría sido reducido y golpeado por un grupo de policías.

Chipana cuestionó que los trabajadores del Gobierno Regional hayan sido objeto de la intervención. "Los compañeros no son confrontacionales, son personas empleadas, empleados públicos", manifestó, al considerar que la actuación policial debe ser investigada independientemente del tipo de manifestante involucrado.

La CGTP Loreto anunció que exigirá una investigación pública y transparente de lo ocurrido, con revisión de los videos difundidos y determinación de las responsabilidades que correspondan.

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Cuatro demandas para el Gobierno

Pese a los incidentes registrados durante la jornada, la plataforma de lucha de la CGTP mantiene cuatro puntos principales. El primero es la rebaja del precio de los combustibles, debido al impacto que tiene en una región con dificultades de conectividad terrestre.

"Sube el combustible, sube todo", explicó Chipana. La dirigente sostuvo que Loreto depende especialmente del combustible debido a su aislamiento geográfico y a la ausencia de conexiones por carretera con otras regiones.

El segundo reclamo corresponde al sector energético. Los gremios demandan soluciones a los problemas del servicio eléctrico y plantean retomar el proyecto de la hidroeléctrica de Mazán como parte de las alternativas que consideran necesarias para la región.

El tercer punto está relacionado con la minería ilegal. Chipana pidió acciones concretas contra esta actividad y sostuvo que sus efectos, según las organizaciones sociales, no se limitan al impacto ambiental.

La dirigente denunció que en las zonas donde opera esta actividad también se presentarían casos de explotación laboral y sexual, además de participación de niñas, niños y adolescentes. Estas afirmaciones corresponden a la dirigencia sindical y requieren ser contrastadas con las autoridades competentes.

El cuarto pedido es la conformación de una Comisión de Alto Nivel integrada por ministros y con capacidad de decisión. La CGTP cuestiona que una viceministra haya acudido previamente a Iquitos sin facultades, según la organización, para asumir compromisos sobre sus demandas.

Esperan documento de compromiso

Chipana informó que, durante la noche del miércoles, representantes del Gobierno se comunicaron con Reinaldo Toanaba, dirigente de la CGTP Loreto, y se inició una coordinación para buscar una salida al conflicto.

Según la dirigente, los gremios esperan recibir este jueves un documento de compromiso que permita avanzar hacia una mesa técnica de alto nivel en Lima. "Nos tienen que emitir un documento de compromiso para que la comisión vaya a Lima a coordinar (...) una mesa técnica de alto nivel", explicó.

La dirigente precisó que la continuidad de la protesta dependerá de esos avances. Si el Ejecutivo formaliza este jueves los compromisos esperados, la CGTP contempla suspender la medida de fuerza.

"Suspendemos, no paramos", aclaró Chipana, al remarcar que la eventual decisión no implicaría dar por concluido el reclamo.

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CGTP cuestiona declaraciones de senador

La dirigente también anunció que evalúan presentar una queja ante la Comisión de Ética del Senado contra el senador Juan Carlos, a quien atribuyó declaraciones dirigidas contra las y los dirigentes que participan en el paro.

Según Chipana, el parlamentario habría señalado públicamente que las y los dirigentes estaban identificados por la Policía y habría advertido sobre eventuales consecuencias penales. La CGTP considera que estas declaraciones son especialmente preocupantes debido a las denuncias de intervención policial registradas durante la jornada.

Chipana indicó que evalúan canalizar la queja mediante la senadora Lucía Luque, quien, según dijo, se habría comunicado con quienes dirigían la protesta para conocer la situación.

Protesta continúa en provincias

Mientras se mantienen las coordinaciones con el Ejecutivo, el paro continúa en Iquitos y otras localidades de Loreto. La CGTP informó que la medida también es acatada en capitales de provincia como Contamana, Yurimaguas, Nauta, Requena, Ramón Castilla y localidades de la provincia de Putumayo, entre otras.

En Iquitos, trabajadores del SUTRAGOREL realizaron una movilización por la avenida Quiñones que llegó hasta el frontis del Mall Aventura. Durante la marcha, una trabajadora decidió quitarse la blusa y continuar la protesta con el torso descubierto, como una forma, según explicó, de llamar la atención de las autoridades nacionales. La jornada contó con presencia policial para resguardar el recorrido.

El paro regional comenzó el miércoles 16 y fue convocado por 72 horas, por lo que inicialmente está previsto que concluya este viernes 18 de septiembre. Sin embargo, la CGTP sostiene que podría suspenderse antes si el Gobierno formaliza los compromisos que las y los dirigentes esperan para iniciar una negociación de alto nivel.

Defensoría supervisa actuación policial durante el paro

La Defensoría del Pueblo informó que viene monitoreando las protestas en Loreto desde la madrugada del miércoles 16 de septiembre, con el objetivo de verificar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y que se respeten los derechos de los participantes y de la ciudadanía.

Durante el primer día de la protesta, representantes de la institución supervisaron las comisarías de 9 de Octubre, Iquitos y Punchana, donde no encontraron personas detenidas. En la comisaría de Moronacocha, en cambio, verificaron la presencia de seis personas intervenidas —tres adultos y tres menores de edad— por presuntos disturbios y hechos contra la seguridad pública, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional.

La Defensoría señaló que constató que los intervenidos contaban con la documentación correspondiente y habían sido puestos a disposición de las fiscalías competentes. Asimismo, indicó que se realizaban procedimientos de identificación mediante el sistema AFIS de la PNP y que estaba previsto su traslado a la Unidad de Medicina Legal. La institución anunció que continuará supervisando la actuación de las autoridades durante los tres días de protesta.

De acuerdo con el acta policial, la intervención se realizó la tarde de este jueves, cuando Vigo Lecca caminaba por las inmediaciones del parque San Martín, en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

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Hipótesis de la PNP

La Policía sostiene que la detenida estaría vinculada a la recepción de dinero entregado en el marco del secuestro del comerciante de oro. El caso forma parte de las diligencias que se desarrollan para identificar a las personas que habrían participado en la operación criminal.

Asimismo, las autoridades señalaron que Jhonsson Pulpo es requerido por la justicia en una investigación a cargo del 1.° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad. La medida corresponde al expediente N.° 6326-2026-83.

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Suegra de Jhonsson Pulpo es detenida

Tras su detención, Bertha Vigo Lecca fue trasladada a una dependencia policial de la zona. En las próximas horas, los agentes tienen previsto acudir a su vivienda como parte de las diligencias relacionadas con la investigación.

La intervención se produce mientras la Policía continúa con las pesquisas por el secuestro de Jens Lara y busca determinar el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados en la recepción y traslado del dinero exigido por los captores.

La medida alcanza a todas las presentaciones y lotes de ambas marcas, mientras las autoridades supervisan el cumplimiento de las disposiciones. En paralelo, el Indecopi solicitó información a Inco Brands Perú S.A.C. para conocer el alcance de la distribución y las acciones previstas para atender a los consumidores.

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Indecopi pide detalles sobre productos retirados y zonas de distribución

El requerimiento del Indecopi busca precisar cuántas unidades y qué lotes estarían comprometidos, además de identificar los departamentos donde fueron comercializados. La empresa también deberá informar sobre las comunicaciones dirigidas a compradores y proveedores tras la alerta sanitaria.

Ante este escenario, Inco Brands Perú S.A.C. cuenta con cinco días hábiles para entregar la información solicitada, plazo que se computa desde el día siguiente de la notificación. El organismo de protección al consumidor indicó que continuará evaluando las medidas adoptadas por el proveedor dentro de sus competencias.

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Autoridades piden evitar el consumo y reportar la venta de estos productos

Digesa ordenó que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y otros puntos de venta retiren de inmediato las aguas señaladas. La presencia de Pseudomonas aeruginosa constituye un indicador de contaminación y puede ocasionar infecciones, especialmente entre personas con defensas inmunológicas debilitadas.

Si algún consumidor encuentra estos productos a la venta, debe comunicarlo a la autoridad sanitaria correspondiente, como las Diris, Geresas o Diresas. Asimismo, quienes los tengan en sus domicilios deben abstenerse de consumirlos.

El Indecopi recordó que los proveedores tienen la obligación de reportar riesgos asociados a los productos que colocan en el mercado. Las infracciones al Sistema de Alertas de Consumo pueden generar sanciones de hasta 450 UIT, además de las medidas correctivas que correspondan.

La intervención se realizó en las inmediaciones del condominio Atlantis 1965, en Lima, como resultado de las acciones de inteligencia y seguimiento desplegadas por agentes de unidades especializadas. Durante el operativo, los efectivos procedieron con su intervención e incautaron un teléfono celular que será analizado en el proceso.

La medida responde a una orden de detención preliminar por 15 días, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, bajo el expediente N.° 6326-2026-83. Tras la acción policial, la investigada y las evidencias quedaron a disposición de las autoridades para el desarrollo de las diligencias de ley.

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Chats investigados por la Fiscalía mencionan a Méndez Araujo y pago de S/1 millón por secuestro de empresario en Trujillo

La investigación fiscal ha incorporado chats atribuidos a Jhonsson Smit Cruz y Juan Llenque Azabache, alias 'Negro Juan' —presunto recaudador de extorsiones y secuestros—, en los que figura el nombre de la detenida Méndez Araujo.

Estas conversaciones están vinculadas al secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, liberado en Trujillo. En los mensajes se alude al destino de S/1 millón para una persona identificada como 'Catherin', así como un monto adicional de S/430.000 para una hija.

Aunque el hallazgo de estos montos y la mención de la investigada forman parte del expediente del Ministerio Público, las autoridades precisaron que la sola presencia de su nombre no confirma el pago efectivo de dicho dinero. Las diligencias continúan para determinar las responsabilidades penales del caso.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardan el perímetro para evitar que las personas se acerquen a la zona de riesgo ante el peligro de eventuales explosiones. Mientras tanto, las autoridades aún no reportan heridos ni daños en las estructuras aledañas, aunque las causas que desencadenaron el voraz fuego siguen siendo materia de investigación.

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Minsa despliega ambulancias del SAMU ante fuerte incendio en Jicamarca

Ante la emergencia, el Ministerio de Salud (Minsa) informó a través de sus redes sociales que desplegó dos ambulancias del SAMU hasta la calle Andahuaylas para brindar atención médica prehospitalaria en la zona. Asimismo, señaló que personal de la Central 106 se mantiene en coordinación permanente con los hospitales más cercanos con el fin de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Senamhi alerta dispersión de contaminantes por incendio en Jicamarca

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un informe técnico respecto a la calidad del aire tras el siniestro registrado en Jicamarca. Según el reporte, los contaminantes se desplazan hacia el noreste de la capital a una velocidad de 12 km/h afectando principalmente al distrito de San Juan de Lurigancho. Cabe mencionar que la zona central del evento se registra niveles muy insalubres con valores de 125.5 a 225.4 ug/m3.

Ante esta situación, la institución instó a la población de estas zonas a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes para resguardar su salud respiratoria. Asimismo, precisó que la ciudadanía puede acceder al monitoreo y a los avisos sobre incendios urbanos en tiempo real a través del aplicativo “SENAMHI Perú Móvil”.

Un video difundido por Willax TV muestra al hombre retirándose de la dependencia policial sin declarar. En un principio, alegó que no podía pronunciarse sin antes conversar con su abogado. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, el sujeto reaccionó de forma violenta, llegando a agredir a uno de los camarógrafos que cubría el tema en los exteriores del recinto de la Policía Nacional del Perú.

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Padre de alumno investigado escupió a camarógrafo en San Borja

Las imágenes muestran al hombre cuando sale caminando de la comisaría sin emitir palabra alguna. En ese momento, se desplaza hacia el lado izquierdo de la vereda y, antes de seguir su paso hacia su camioneta, voltea y efectúa un escupitajo contra uno de los camarógrafos que cumplía su labor en el punto.

La agresión no terminó ahí, ya que, al ser increpado por los hombres de prensa por su actitud violenta, el sujeto retrocedió y empujó al trabajador previamente agraviado. El comportamiento del hombre fue duramente criticado por el conductor del programa 'Al Día con Willax Nacional', Augusto Thorndike, quien lo identificó como César Antonio Bettocchi Bustamante.

Menores permanecen retenidos por presunta agresión sexual

De acuerdo con la información difundida, el caso de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años habría ocurrido el 15 de septiembre de 2026, dentro de un bus que trasladaba a un grupo de escolares. La denuncia fue posteriormente registrada en la comisaría de San Borja, donde se activaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, 10 menores permanecen retenidos en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre por este caso. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso que se tome la declaración de la víctima en cámara Gesell, y que se recaben los testimonios de los presuntos implicados.

El Arzobispado de Lima y la Hermandad del Señor de los Milagros confirmaron las fechas y rutas de la venerada imagen, que recorrerá distintos puntos del Centro de Lima y zonas aledañas durante octubre, para finalmente retornar al Monasterio de las Nazarenas el 1 de noviembre.

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¿Qué cambia en la procesión del Señor de los Milagros este 2026?

Una de las principales modificaciones respecto de 2025 es que este año no se realizará una salida extraordinaria del Nazareno Móvil hacia otras diócesis.

Asimismo, la imagen no visitará la Provincia Constitucional del Callao ni ninguna otra diócesis de Lima Metropolitana, según informó la Hermandad.

En 2025, en cambio, se programó una salida extraordinaria hacia el Callao, luego de más de dos décadas sin una visita de la imagen del Señor de los Milagros a la Provincia Constitucional.

Por ello, el calendario oficial de este año contempla cinco recorridos: 3, 18, 19 y 28 de octubre, y 1 de noviembre.

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Señor de los Milagros: ¿cuál será el recorrido del 3 de octubre?

La primera salida comenzará en el Santuario de las Nazarenas. La imagen recorrerá:

• Avenida Tacna.
• Avenida Emancipación.
• Jirón Chancay.
• Jirón Conde de Superunda.
• Retorno por la avenida Tacna.
• Ingreso nuevamente al Santuario de las Nazarenas.

Este primer recorrido marcará el inicio del tradicional mes morado en Lima.

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Segundo recorrido: 18 de octubre

El domingo 18 de octubre, las andas partirán nuevamente de las Nazarenas y avanzarán por:

avenida Tacna → jirón Ica → jirón de la Unión → Plaza de Armas → jirón Carabaya → jirón Ucayali → avenida Abancay → jirón Junín → jirón Huanta → jirón Áncash → jirón Maynas → jirón Junín.

Durante este recorrido, el Señor de los Milagros recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal. También pasará por el Congreso de la República.

La jornada culminará en la Iglesia del Carmen de Lima, donde la imagen pernoctará.

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Tercer recorrido: 19 de octubre

Al día siguiente, lunes 19 de octubre, el Cristo Moreno continuará su recorrido desde la Iglesia del Carmen.

La ruta contempla el paso por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, antes de ingresar al Hospital Nacional Dos de Mayo.

Luego retomará el jirón Antonio Bazo y continuará por la avenida Grau, jirón Huánuco, jirón Tarata y jirón Cangallo, para llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara.

Posteriormente, avanzará por la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y Paseo de la República, donde ingresará al Palacio de Justicia.

Finalmente, continuará por el jirón Carabaya, bordeará la Plaza San Martín y tomará nuevamente las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna para retornar a las Nazarenas.

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Cuarto recorrido: 28 de octubre

El miércoles 28 de octubre, la imagen saldrá nuevamente del Santuario de las Nazarenas.

El recorrido será por:

avenida Tacna → avenida Nicolás de Piérola → jirón Cañete → avenida Alfonso Ugarte → Hospital Arzobispo Loayza → avenida Alfonso Ugarte → avenida Venezuela → jirón Varela → avenida Bolivia → avenida Garcilaso de la Vega → avenida Tacna.

La procesión terminará con el retorno de las andas al Santuario de las Nazarenas.

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Última procesión: 1 de noviembre

El último recorrido del año será el domingo 1 de noviembre.

El Cristo Moreno partirá por la avenida Tacna, continuará por el jirón Callao, jirón Chancay y avenida Emancipación, para finalmente retornar por la avenida Tacna e ingresar al Monasterio de las Nazarenas.

Con esta salida culminará el calendario procesional de 2026 y las andas permanecerán en el recinto religioso hasta el próximo año.

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¿El Señor de los Milagros se encontrará con el papa León XIV?

Otra de las novedades que se evalúan para este año está relacionada con la visita del papa León XIV al Perú.

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, informó que se realizan coordinaciones para que la imagen del Señor de los Milagros pueda estar presente en la misa multitudinaria que el pontífice ofrecería el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

La propuesta también fue confirmada por José Luis Toledo, mayordomo general de la Hermandad, quien señaló que ya se iniciarían los preparativos en caso de concretarse el traslado mediante el Nazareno Móvil.

Sin embargo, la presencia del Señor de los Milagros en dicha celebración todavía se encuentra en coordinación y no forma parte de los cinco recorridos procesionales oficiales de octubre y noviembre.

Un antecedente ocurrió en enero de 2018, cuando la imagen acompañó la misa que el papa Francisco celebró en la Base Aérea Las Palmas.

El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso una serie de diligencias urgentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre las primeras medidas se encuentra la toma de declaración del adolescente agraviado mediante Cámara Gesell, procedimiento especializado para recoger el testimonio de menores de edad en un entorno protegido.

Asimismo, la Fiscalía ordenó recabar las declaraciones de los diez menores retenidos en flagrancia, quienes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre.

Las diligencias fiscales continuarán con otras actuaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y esclarecer la participación de los menores involucrados.

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Liceo Naval afirma que tomó acciones tras conocer el caso

El colegio Liceo Naval Almirante Guise emitió el 16 de septiembre un comunicado dirigido a los padres de familia en el que se pronunció sobre el hecho ocurrido entre estudiantes.

La institución calificó lo sucedido como un grave hecho de presunta agresión física y señaló que ocurrió durante el traslado de una actividad deportiva programada. Según el documento, el colegio actuó de manera inmediata y viene realizando acciones y coordinaciones con los órganos competentes, además de brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de lo ocurrido.

El colegio indicó que la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en su comunidad educativa. Asimismo, señaló que, de comprobarse responsabilidades, aplicará las medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente y su reglamento institucional.

La institución también informó que viene adoptando medidas y realizando cambios destinados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de sus estudiantes, con el objetivo de prevenir y atender oportunamente situaciones que puedan afectar su integridad y bienestar.

En su comunicado, el Liceo Naval reconoció la preocupación de las familias. Además, solicitó evitar la difusión de versiones o información no confirmada que pueda afectar a los estudiantes y sus familias.

Finalmente, el colegio reafirmó su compromiso de garantizar una comunidad educativa basada en el respeto, la disciplina, el buen trato y la convivencia segura.

La ministra de la Mujer, María Seminario, cuestionó que el hecho haya ocurrido pese a que el grupo de alumnos estaba bajo el cuidado de docentes de la institución. “Cada nivel del colegio tendrá que asumir su responsabilidad porque, efectivamente, los niños iban en el bus acompañados de profesores”, sostuvo Seminario en RPP.

Agentes policiales acudieron al centro educativo durante el horario escolar y trasladaron a los acusados hasta la comisaría de San Borja. Los menores señalados en la investigación permanecen en la dependencia policial acompañados por sus padres, mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del caso.

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MIMP brinda asistencia a adolescente

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, señaló que viene brindando asistencia legal y apoyo psicológico al adolescente de 16 años y a sus familiares.

Asimismo, un equipo multidisciplinario del programa acompañará las diligencias que disponga la Fiscalía, con el propósito de aportar al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de las responsabilidades correspondientes. El MIMP expresó su rechazo frente a cualquier manifestación de violencia y pidió a las autoridades competentes actuar de manera rápida y diligente.

Por su parte, el colegio Liceo Naval Almirante Guise se pronunció el 16 de septiembre, a través de un comunicado dirigido a los padres de familia, sobre el incidente ocurrido entre estudiantes.

La institución calificó el caso como un grave episodio de presunta agresión física, ocurrido durante el traslado de los alumnos tras una actividad deportiva programada. Según el colegio, se adoptaron acciones inmediatas y actualmente se mantienen coordinaciones con las autoridades correspondientes. Además, aseguró que está brindando las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de lo ocurrido.

El centro educativo sostuvo que la violencia, el bullying y cualquier tipo de maltrato son incompatibles con su comunidad escolar. En esa línea, indicó que, si se determinan responsabilidades, se impondrán las sanciones disciplinarias que correspondan, conforme a la normativa vigente y al reglamento interno.

Finalmente, el colegio informó que está implementando medidas y modificaciones orientadas a reforzar la disciplina, la convivencia y la seguridad de los estudiantes. Estas acciones buscan prevenir y responder de manera oportuna ante situaciones que puedan poner en riesgo su integridad y bienestar.

La iniciativa busca que las nuevas generaciones compartan sus ideas y compromisos en torno a la protección de la biodiversidad y el valor de los ecosistemas amazónicos. Para participar, los concursantes deberán elaborar un video que responda a dos preguntas: ¿qué mensaje le darías a Tambopata por sus 26 años? y ¿qué podrías hacer tú para contribuir a conservarla?

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¿Hasta cuándo puedo participar?

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de octubre de 2026. Los videos deberán cumplir con las condiciones establecidas en las bases del concurso y estar destinados a su difusión en redes sociales.

El premio principal será una noche para dos personas en un lodge de Inkaterra, ubicado en las inmediaciones de la Reserva Nacional Tambopata. La experiencia permitirá a la persona ganadora acercarse a la biodiversidad y los paisajes que caracterizan a esta área natural protegida.

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Tambopata cumple 26 años

La convocatoria forma parte de las actividades por el aniversario de Tambopata y plantea reconocer el papel de los jóvenes en la conservación de los ecosistemas amazónicos.

Las personas interesadas pueden revisar las bases y requisitos del concurso en el enlace oficial proporcionado por los organizadores.

En medio de las diligencias, una profesora del área de Ciencia y Tecnología del colegio aseguró que en ocasiones anteriores ya había advertido a los directivos sobre situaciones de acoso escolar dentro de la institución. Sin embargo, afirma que sus alertas fueron ignoradas y advirtió haber recibido represalias por reportar estos acontecimientos

“Bullying, hostigamiento, violencia, como les digo, investiguen. (…) Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar nuestra voz (…) somos profesoras de vocación, estamos para formar a los estudiantes. Yo no tengo miedo, por eso he hecho muchas denuncias. Los buenos docentes (hacen las denuncias) y se han ido contra mí. Me han hecho pasar muchas cosas que ningún docente (debería pasar) por cuidar la formación de valores y alzar la voz. Esos niños están en formación y a mí me duele mucho la situación de mi Liceo”, explicó.

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Docente del Liceo Naval denuncia trabas administrativas para atender alertas de bullying

Según reveló la profesora, al inicio de cada año escolar suele presentar informes sobre la convivencia estudiantil ante los nuevos mandos del colegio. No obstante, cuestionó que los canales de comunicación internos no funcionen de manera óptima, lo que provoca que los reportes se estanquen a mitad de camino y no se tomen las medidas preventivas requeridas.

“Yo como docente he alzado la voz, he hablado con las autoridades, pero lamentablemente no sé a veces qué pasa. Yo nunca he callado. He hablado con directores, incluso. Siempre advierto. Hay autoridades que sí escuchan, pero al ser esto algo interno a veces los espacios de la burocracia hace que la información no llegue correctamente. No me agrada ver estas cosas, lo único que quiero son cambios”, comentó.

En sus declaraciones a la prensa, la docente condenó todo tipo de agresión entre los escolares y dejó entrever que fue objeto de represalias por alertar sobre estos sucesos, aunque optó por guardar reserva respecto a identidades o medidas específicas tomadas en su contra.

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Minedu advierte posible negligencia del colegio en el traslado de escolares tras presunta agresión

El representante del Ministerio de Educación, Cornelio González, cuestionó severamente las condiciones del transporte donde habría ocurrido la presunta agresión a un estudiante del Liceo Naval. Según precisó, el traslado de los más de 20 alumnos se realizó en una unidad particular que carecía de cámaras de videovigilancia y sistemas de registro audiovisual, elementos clave para reconstruir los hechos. Al tratarse de menores de edad, el funcionario enfatizó que el colegio debió garantizar estrictas medidas de seguridad, por lo que se investiga una presunta negligencia institucional.

“La unidad en la que han sido transportados no contaba con filmadora o grabaciones para ver la conducta de los chicos. Al traer menores de edad de un lugar a otro se requiere toda la seguridad del cuidado pertinente. Todo traslada de los menores requiere una exigencia extrema y un cuidado exhaustivo”, precisó.

La cifra forma parte de un total de 11.791 denuncias por distintos tipos de violencia contabilizadas en el mismo periodo. De este global, 4.545 reportes corresponden a casos de violencia psicológica y 5.187 a violencia física.

Los casos que registra la plataforma son de presuntos hechos de violencia escolar, por lo que puede presentarse más de un reporte sobre un mismo caso, precisa la plataforma del sector educativo.

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La mayoría de casos corresponde a agresiones entre escolares

La estadística de la plataforma SíseVe permite observar que la violencia sexual en el ámbito escolar puede provenir de dos fuentes: entre los propios escolares y desde el personal del colegio hacia los estudiantes. De los 2.059 reportes, 1.198 casos están vinculados a agresiones entre los propios alumnos, mientras que 861 fueron protagonizados por personal de la institución educativa contra los escolares.

Según el subtipo de violencia sexual, los tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos concentran la mayoría de casos, con 1.423 reportes. En la lista siguen las denuncias vinculadas con hostigamiento sexual (213 reportes) y la violación sexual (156), además de la violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos (116), acoso sexual (92) y acoso sexual a través de medios tecnológicos (59).

Lima Metropolitana registra el mayor número de reportes

En cuanto a la distribución geográfica de los 2.059 reportes, la Dirección Regional de Educación (DRE) de Lima Metropolitana concentra la mayoría con 599 casos. Esta cifra es más de cuatro veces superior a la que registra la segunda región con mayor número de denuncias que, en este caso, es Piura con 135 reportes.

En la lista continúan Arequipa (110 reportes), Junín (109), La Libertad (94), Áncash (89), Cusco (82), Lima Provincias (78), Amazonas (73), Lambayeque (70), San Martín (68), Callao (63), Huánuco (63), Ucayali (62), Ica (59), Loreto (51), Cajamarca (49), Tacna (46), Ayacucho (37) y Puno (22). Finalmente, aparecen Madre de Dios (21), Pasco (19), Moquegua (18), Tumbes (17), Apurímac (16) y Huancavelica (9).

Más de 700 casos de violencia escolar en UGEL del colegio Liceo Naval

La UGEL 7 San Borja, a la que pertenece el colegio Liceo Naval, registra 763 casos de violencia escolar en lo que va del 2026. Los datos muestran que en los últimos tres meses (junio, julio y agosto) se reportaron 448 casos, siendo agosto el que presenta el mayor pico en el año con 159 reportes.

La Dirección de Fiscalización del Indecopi asumió las actuaciones y solicitó al plantel educativo información vinculada con los hechos denunciados, además de otros elementos necesarios para revisar el cumplimiento de la normativa. Según se anunció en el comunicado publicado en sus redes sociales, el colegio está obligado a proporcionar los datos requeridos por la autoridad durante el proceso de fiscalización, que se desarrolla en la vía administrativa.

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Indecopi fiscaliza al Liceo Naval por el cumplimiento de las normas educativas

Como parte de las diligencias, el Indecopi requerirá al Liceo Naval Almirante Guise información que permita conocer las circunstancias relacionadas con el caso y verificar las obligaciones que corresponden al establecimiento educativo. La documentación solicitada será evaluada por la autoridad para establecer si la institución cumplió con las disposiciones legales aplicables.

La fiscalización está orientada a determinar la existencia de posibles incumplimientos dentro del ámbito de competencia del Indecopi. En caso de encontrar hechos que configuren infracciones, la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 podrá evaluar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra el centro educativo, de acuerdo con los resultados obtenidos durante las actuaciones.

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Colegio podría enfrentar denuncia penal si no entrega la información solicitada

El Indecopi advirtió que el requerimiento de información debe ser atendido de manera obligatoria. Una negativa, demora u omisión injustificada en la entrega de los documentos o datos solicitados podría llevar a la autoridad a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el colegio o sus representantes por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 368 del Código Penal.

La actuación administrativa del Indecopi se realiza de manera independiente de las investigaciones que puedan desarrollar otras instituciones. La entidad precisó que su intervención no afecta las competencias del Ministerio Público ni de la Policía Nacional del Perú (PNP) respecto de las pesquisas y eventuales sanciones de carácter penal que correspondan por los hechos denunciados.

A través del Comunicado N.° 004-2026, la institución señaló que rechaza tajantemente todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes. La medida fue adoptada por la Dirección de Bienestar de la Marina mientras las autoridades competentes esclarecen lo ocurrido.

Asimismo, la Marina indicó que, mediante su Departamento de Educación, viene brindando las facilidades y colaborando con las autoridades encargadas de la investigación, independientemente de quienes resulten responsables.

La institución también informó que las autoridades competentes han dispuesto el protocolo correspondiente para atender este tipo de situaciones. Debido a que el caso involucra a menores de edad, la Marina precisó que se mantendrá en reserva toda información que pueda permitir su identificación.

Finalmente, la Dirección de Bienestar de la Marina aseguró que adoptará las medidas que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias y de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la normativa vigente. Además, remarcó que no tendrá injerencia durante el proceso de investigación.

El comunicado fue emitido en La Perla, Callao, 17 de septiembre de 2026, en medio de las investigaciones por la denuncia presentada en el Liceo Naval Almirante Guise.

A pocos días de partir hacia su destino, la junta directiva descubrió el engaño al no recibir respuesta de la empresa de turismo y notar que su cuenta de TikTok había sido puesta en modo privado, a pesar de haber cumplido con el pago total de las cuotas acordadas.

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“Tuvimos una reunión virtual a las 10.00 p. m. y nos dijeron que el tours no les contestaba desde hace una semana. La presidenta del aula (encargada de ver este tema) no quiere dar la cara, pero nosotras estamos aquí por nuestros hijos. Hay muchos papás que han hecho todo lo posible por juntar el dinero para el viaje de los niños”, indicó una de las madres afectadas a ATV Noticias.

Padres de familia habrían pagado más de S/1.200 por alumno para viaje a Tarapoto

De acuerdo con las denuncias de los padres de familia, el costo total del viaje de cinco días a Tarapoto ascendía a S/1.250 por estudiante. Estos pagos se efectivizaron a través de transferencias y aplicaciones como Yape, figuran en su mayoría a nombre de Anllela Huancas Sangama.

Como la contratación se gestionó de forma virtual, algunos familiares cuestionaron la falta de una reunión presencial con la empresa antes de entregar el dinero. Además, expresaron sospechas sobre la validez del contrato tras detectar inconsistencias en la firma y la ausencia de información clara para verificar las reservas de pasajes y hospedaje.

“La delegada ha contactado con este señor y dónde se ha visto hacer un contrato de manera virtual. La señora no conoce a la persona con la que ha hecho el contrato. Habiendo tantas estafas en redes sociales cómo es posible que haya procedido así”, indicó uno de los padres afectados.

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Empresa de viajes ya había prestado servicios anteriormente al colegio

Según manifestó la presidenta de la junta directiva del salón, la decisión de contratar a la empresa se basó en los buenos antecedentes del año anterior, cuando prestó servicios al colegio sin inconvenientes. Sin embargo, la comunicación se cortó abruptamente una semana antes de la partida, momento en que los padres solicitaron los boletos de avión y la distribución del hospedaje, sin recibir respuesta alguna por parte del representante.

“Nosotros elegimos a esa empresa de tours porque el año pasado el colegio ya lo había elegido y le habían ido muy bien. Yo tengo las conversaciones. La última vez que hablé con él fue hace una semana y le pedí los boletos del vuelo, al igual que la distribución del hotel, pero ya no contestó”, sentenció.

Los padres de familia piden a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Fiscalía buscar a los responsables del caso y recuperar el dinero destinado al viaje de promoción.

El Informe de Auditoría N.° 021-2026-2-5304-AC, emitido por el Órgano de Control Institucional del MTC, examinó los procedimientos para la ejecución y supervisión de la reparación de la pista de aterrizaje, plataforma de aeronaves, calle de rodaje, márgenes y franja de pista, sistema de drenaje y cerco del aeropuerto.

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MTC firmó contrato por S/80,8 millones pese a cuestionamientos

La principal observación corresponde a la Licitación Pública de Obras N.° 001-2025-MTC/10. De acuerdo con la Contraloría, durante la evaluación de las propuestas, la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico del MTC emitió opinión favorable y el comité de selección validó los certificados presentados por el Consorcio Argos para acreditar la experiencia de dos profesionales considerados personal clave.

Se trataba del especialista en Hidrología y Drenaje y del especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, la auditoría concluyó que la documentación presentada no acreditaba la experiencia mínima establecida en las bases integradas.

Pese a ello, el comité consideró que la oferta cumplía con los requisitos y otorgó la buena pro. El 25 de septiembre de 2025, el MTC y el Consorcio Argos suscribieron el contrato N.° 158-2025-MTC/10.02 por S/80.868.102,81.

Para la Contraloría, esta actuación permitió contratar por más de S/80 millones "sin garantizar la capacidad técnica necesaria" para ejecutar la obra y cumplir el objetivo público de rehabilitar el aeropuerto.

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Empresa del consorcio estaba impedida de contratar, según Contraloría

La auditoría detectó otro hecho que fue consignado como un “aspecto relevante”. El Consorcio Argos estaba formado por Corporación Katsumoto S.A.C. y Grupo Bucer S.A.C.V. Sucursal del Perú.

La revisión de información de Sunarp, Sunat y del Registro Nacional de Proveedores llevó a la comisión auditora a concluir que Corporación Katsumoto se encontraba impedida de contratar con el Estado entre el 9 de mayo y el 9 de septiembre de 2025.

La razón era su vinculación con Brontes Constructora S.A., empresa sancionada. Según el documento, Humberto Toro Villalovos, gerente general y representante legal de Katsumoto, había ejercido como director de Brontes. El órgano de control consideró que dicha relación estaba comprendida dentro de los impedimentos previstos en la normativa de contrataciones públicas.

El proceso para la rehabilitación del aeropuerto fue convocado el 3 de julio de 2025, Katsumoto se registró como participante el 10 de julio y el Consorcio Argos presentó su oferta en agosto, es decir, dentro del periodo en que —según la auditoría— existía el impedimento.

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Tres documentos serían presuntamente falsos, según Contraloría

A ello se suma un tercer cuestionamiento. El Consorcio Argos presentó documentación destinada a acreditar la experiencia de Vitelio Asencios Tarazona, propuesto como especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al efectuar verificaciones posteriores, la comisión auditora obtuvo respuestas de empresas que negaron haber emitido algunos de los certificados que figuraban en la propuesta. Asimismo, el Gobierno Regional de Ucayali, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado y la Municipalidad de Sepahua no encontraron documentación que acreditara las prestaciones consignadas.

Con estos elementos, la Contraloría concluyó que la oferta había sido sustentada con tres documentos presuntamente falsos. El órgano de control también detectó que el MTC no realizó una fiscalización posterior de toda la documentación presentada por el ganador. La propia información de la entidad indicaba que la revisión se efectuaba de manera parcial y que los documentos correspondientes al especialista cuestionado no habían sido fiscalizados.

Concurso para supervisión terminó anulado parcialmente y luego desierto

Las irregularidades no se limitaron a la contratación de la obra. La Contraloría también observó el proceso destinado a contratar la supervisión, cuyo monto estimado ascendía a S/4.660.432,96.

El comité adjudicó inicialmente la buena pro al Consorcio Aeródromo Yuri, pese a que Hidroingeniería S.R.L., empresa que acreditaba la mayor experiencia dentro del consorcio, tenía una participación de 50%. Las bases establecían un mínimo de 60%.

En paralelo, el comité evaluó al Consorcio Supervisor Yurimaguas y le asignó cero puntos en uno de los factores relacionados con certificaciones del personal clave, sin desarrollar, según el informe, una motivación clara, suficiente e integral.

Los cuestionamientos derivaron en recursos de apelación. Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado declaró la nulidad parcial del procedimiento, ordenó retrotraerlo hasta la etapa de evaluación y dispuso una nueva revisión. Después de esta, el comité determinó que no había propuestas válidas y declaró desierto el concurso el 12 de diciembre de 2025.

Contraloría pide acciones penales

Las conclusiones de la auditoría atribuyen los hechos a decisiones del comité de selección y de servidores del área usuaria del MTC. El informe desarrolla presuntas responsabilidades administrativas de funcionarios y servidores involucrados en la evaluación de las ofertas.

Como parte de sus recomendaciones, la Contraloría ordenó que el MTC adopte medidas para determinar responsabilidades administrativas por las dos observaciones y comunique a las autoridades competentes los indicios relacionados con la contratación de una empresa impedida y la presentación de documentación presuntamente falsa.

La recomendación más severa está dirigida a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a la que se solicita "iniciar las acciones penales contra los servidores comprendidos en los hechos de la observación n.° 1", con el objetivo de determinar las responsabilidades que correspondan.

Ante esta situación, Cornelio González, representante del Minedu, cuestionó duramente la postura del plantel al señalar que la directiva omitió su deber legal de alertar a la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a que habrían tenido conocimiento previo del hecho. Asimismo, precisó que se ha exigido al colegio la remisión inmediata de los informes y actas internas para esclarecer la situación.

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“Se les ha pedido (a los representantes del centro educativo) que sean específicos y contundentes (con la información proporcionada) porque no es un caso aislado. Ya sabían del hecho, ya había una denuncia que lo ha hecho el padre de familia y no el colegio. Eso es lo que nos llama mucho la atención y sobre eso vamos a actuar nosotros ¿por qué la negligencia de no hacer la denuncia ellos después de conocido el hecho y no denunciar a las personas que estaban allí (dentro del bus)?”, comentó en una entrevista a los medios locales.

Ministerio de Educación exige al Liceo Naval entregar información sobre la presunta agresión sexual

El vocero del sector precisó que la institución educativa deberá remitir la nómina de los docentes asignados al resguardo de los escolares durante el traslado en bus, el cual realizaba el trayecto de San Borja a Surco tras una competencia de futsal en la que representaban al plantel. Según explicó, este requerimiento forma parte de las investigaciones orientadas a deslindar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

“Hoy día nos van a entregar las actas. Ellos no tienen que comprometerse con nada, están obligados a entregar la información requerida”, detalló. Asimismo, recalcó que el Minedu viene coordinando con otras entidades para atender el caso y aplicar los protocolos correspondientes.

Cuatro años después, las probabilidades de que ocurra un fenómeno similar frente a la costa norte y centro del país están abiertas debido a los pronósticos sobre la magnitud en crecimiento de El Niño en curso. "Sí, definitivamente sí podría presentarse. No descartamos esa posibilidad", aseguró Nelson Quispe, experto en meteorología del Senamhi a la Agencia Andina.

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¿Qué ocurrió durante el último ciclón Yaku que afectó al Perú en 2023?

El 4 de marzo del 2023, un sistema ciclónico denominado Yaku se formó frente a las costas de Piura y se desplazó hacia el sur hasta el 15 de marzo. Según un reporte oficial del Senamhi, el evento favoreció la ocurrencia de lluvias persistentes en todo su trayecto y, consecuentemente, activó quebradas y ríos.

Dicho evento se produjo durante el desarrollo de El Niño de aquel año y se presentó apoyado por la anomalía de la temperatura superficial del mar por encima de los 26°C. Asimismo, las anomalías de viento del oeste en bajos niveles en la franja ecuatorial apoyaron la circulación ciclónica. Si se registraran condiciones similares, la aparición de un ciclón también sería factible, de acuerdo con el organismo.

Posibles consecuencias de un nuevo ciclón en Perú

Según Quispe, la aparición de un eventual ciclón podría generar como consecuencia inmediata que las lluvias sean todavía más intensas. "El ciclón Yaku provocó solamente 11 días de lluvia, pero fue como si hubiera llovido todo el verano porque causó un fuerte impacto", recordó el especialista.

Actualmente, los efectos de El Niño se manifiestan a nivel térmico, pero a partir de noviembre, aumenta la probabilidad de ocurrencias de lluvias que irán aumentando y serán más intensas hacia finales del año. Las precipitaciones más intensas ocurrirán en la costa norte, mientras que en Lima se producirían solo episodios de lluvias intensas.

El nuevo mecanismo reemplaza el modelo anterior, que permitía mantener una reserva durante varias horas antes de efectuar el pago. La modificación se realizó luego de una auditoría que identificó reservas que posteriormente eran anuladas debido a que los usuarios no completaban la compra, situación que reducía temporalmente la cantidad de boletos disponibles para la ciudadela inca en la plataforma.

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¿Cómo comprar entradas para Machu Picchu con el nuevo sistema?

El proceso comienza en la plataforma oficial de venta, donde el visitante debe escoger las características de su visita y verificar que los datos ingresados correspondan al boleto que busca adquirir. A diferencia del mecanismo anterior, la selección no podrá permanecer pendiente durante un periodo prolongado.

Para completar la compra, el usuario deberá seguir estos pasos:

• Ingresa a la plataforma oficial de venta de boletos a Machu Picchu y revisa la disponibilidad de entradas.
• Selecciona la Llaqta de Machu Picchu como destino de la visita.
• Escoge el circuito y la ruta que realizarás durante el recorrido.
• Define el día y la hora de ingreso que prefieres para tu visita.
• Completa la información sobre la procedencia del visitante.
• Comprueba que todos los datos sean correctos antes de continuar con la operación.
• Finaliza el pago dentro de los 15 minutos para confirmar la compra; de lo contrario, el boleto seleccionado quedará nuevamente disponible.

Una vez que el pago haya sido confirmado, el boleto quedará asignado y posteriormente será emitido. Por ello, la selección de una entrada deberá ir acompañada de la culminación de la operación dentro del tiempo establecido por el nuevo sistema.

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Machu Picchu: qué pasa si no completas el pago en 15 minutos

El límite de tiempo comienza cuando el visitante selecciona un boleto disponible. Durante los siguientes 15 minutos, esa entrada permanece reservada para el usuario que inició la compra, quien deberá completar el procedimiento y efectuar el pago correspondiente.

Si la operación no termina dentro de ese periodo, el boleto deja de estar retenido y vuelve a aparecer como disponible para otros visitantes. De esta forma, las entradas que no sean adquiridas mediante un pago confirmado regresarán al sistema de venta.

Anteriormente, una reserva podía mantenerse hasta tres horas sin que necesariamente se concretara el pago. El cambio modifica ese plazo y busca que la disponibilidad presentada en la plataforma represente de forma más cercana los boletos que realmente pueden ser adquiridos.

El conflicto se originó luego de la suspensión temporal del decano Amador Grover Mejía Osorio. De acuerdo con el documento presentado por representantes estudiantiles ante la Defensoría del Pueblo, mediante la Resolución Rectoral N.° 009772-2026-R/UNMSM, del 30 de julio de 2026, se formalizó una medida cautelar que le impedía ejercer temporalmente sus funciones. La propia resolución, según el documento, precisa que se trata de una medida provisional y que no determina responsabilidad administrativa.

Ante esta ausencia, el Consejo de Facultad acordó el 31 de julio encargar temporalmente el decanato al vicedecano académico, Manuel Jorge Espinoza Altamirano. Los representantes sostienen que esta decisión se tomó en aplicación del artículo 74 del Estatuto de la UNMSM, que establece el orden de sucesión ante la ausencia temporal o vacancia del decano: primero corresponde al vicedecano académico y, en su defecto, al vicedecano de Investigación y Posgrado.

Ese mismo día, el Rectorado adoptó inicialmente el mismo criterio. A través de la Resolución Rectoral N.° 009782-2026-R/UNMSM, también del 31 de julio, dispuso que Espinoza Altamirano asumiera la encargatura del decanato. De esta manera, en un primer momento existió coincidencia entre el Consejo de Facultad y el Rectorado sobre la aplicación del artículo 74 del Estatuto.

Sin embargo, cinco días después, el 5 de agosto, el Rectorado dejó sin efecto su resolución anterior y dispuso que el decanato fuera encargado al docente Enrique Osvaldo Bedoya Sánchez, desplazando al vicedecano académico. Este cambio de criterio constituye el principal punto de cuestionamiento de los representantes de la facultad.

Ese mismo día también se dispuso el término de las funciones del vicedecano de Investigación y Posgrado y del director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, decisiones que, según los representantes, generaron nuevas discrepancias sobre las competencias del Rectorado y la autonomía de gobierno de la facultad. Algunos alumnos denunciaron atropellos por parte de Jerí Ramón.

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Estudiantes cuestionan cambio de criterio

Uno de los alumnos que participa del reclamo señaló que la controversia no se limita a la suspensión del decano, sino que está relacionada con la forma en que el Rectorado modificó posteriormente la encargatura.

Según explicó, mientras el Consejo de Facultad había acordado que Espinoza Altamirano asumiera temporalmente el cargo, el Rectorado inicialmente emitió una resolución en el mismo sentido y posteriormente designó a otro docente.

Los estudiantes sostienen que la decisión constituye una intervención del Rectorado en la conducción de la facultad y exigen que se respete el acuerdo del Consejo de Facultad. Estas afirmaciones corresponden a la posición de los representantes estudiantiles y no establecen por sí mismas que haya existido una intervención política.

El documento enviado a la Defensoría del Pueblo recoge precisamente este cuestionamiento. Allí, el Consejo de Facultad plantea que la encargatura de Bedoya no se ajustaría al mecanismo previsto en el artículo 74 y solicita que el Rectorado explique el fundamento jurídico que motivó el cambio de criterio entre el 31 de julio y el 5 de agosto.

Los representantes también invocan el artículo 46 del Estatuto, que señala que ningún integrante de la comunidad sanmarquina debe obediencia a autoridades que asuman ilegalmente el gobierno de la universidad, en contravención de la ley y del propio Estatuto. La aplicación de esta disposición también forma parte de la controversia planteada entre ambas instancias.

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Piden mesa de diálogo

Ante la disputa, representantes estudiantiles del Consejo de Facultad solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para instalar una mesa de diálogo entre el Rectorado y el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas.

Entre los puntos que plantean discutir están el fundamento jurídico de la primera encargatura, las razones que llevaron al Rectorado a modificar su posición cinco días después y su interpretación actual del artículo 74 del Estatuto.

También piden que se precise el fundamento normativo de la designación de Bedoya y el alcance del artículo 46 frente a una autoridad cuya legitimidad es cuestionada por integrantes de la comunidad universitaria.

La solicitud presentada ante la Defensoría no busca que esta institución resuelva la controversia jurídica ni sustituya a las autoridades universitarias. Los representantes piden que actúe como facilitadora de un espacio institucional para que el Rectorado y el Consejo de Facultad expongan sus respectivas interpretaciones del Estatuto y busquen una salida a la crisis.

Hasta el momento, el punto central del conflicto es determinar qué órgano tiene competencia para resolver la sucesión temporal del decanato y cuál es el fundamento que permitió al Rectorado modificar la encargatura que había dispuesto inicialmente.

Según explicó el funcionario, la decisión fue acordada tras una reunión con la dirección del colegio y busca proteger al adolescente afectado y evitar que comparta espacios con los estudiantes involucrados mientras el Ministerio Público esclarece lo ocurrido.

"Estos chicos no pueden volver a aulas mientras no termine este proceso. Ellos van a clases virtuales y vamos a cuidar mucho al niño afectado", declaró Gonzáles a la prensa.

La medida se aplica en el marco del Protocolo 4, establecido para la atención de situaciones de violencia sexual entre estudiantes menores de edad. El Ministerio de Educación (Minedu), la UGEL y los equipos especializados realizan el seguimiento del caso.

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Minedu investigará actuación del colegio

Gonzáles informó que el Minedu retornará al Liceo Naval Almirante Guise para revisar la documentación vinculada con el caso, los informes elaborados por la UGEL 7 y las acciones adoptadas por la institución educativa.

Uno de los puntos que será materia de revisión es la actuación del colegio frente a la denuncia. El funcionario señaló que, de acuerdo con la información que ha recibido, la denuncia ante las autoridades habría sido presentada inicialmente por el padre del menor y no por la propia institución.

"Acá no se puede tolerar ningún hecho de ocultamiento de ningún tipo", afirmó Gonzáles, quien añadió que, si se detectan incumplimientos, se determinarán las responsabilidades administrativas correspondientes.

El director regional también indicó que se revisará el trabajo realizado por el área de convivencia escolar y los reportes sobre posibles casos anteriores de violencia o bullying dentro de la institución.

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Presunto ataque ocurrió durante traslado a actividad deportiva

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional de Educación, el hecho investigado habría ocurrido durante el traslado de estudiantes hacia Surco, donde tenían previsto participar en una actividad de futsal.

En el vehículo viajaban los escolares junto con dos entrenadores contratados por la institución. La unidad utilizada era de carácter privado. Gonzáles señaló que se solicitará información para determinar quiénes se encontraban en el vehículo, cuáles eran sus funciones y qué ocurrió durante el traslado.

La eventual responsabilidad de los adultos que estuvieron en la movilidad será determinada por las autoridades competentes.

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Fiscalía determinará responsabilidades

Gonzáles remarcó que corresponde al Ministerio Público establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos. Precisó que los adultos que se encontraban en el vehículo no están detenidos y que cualquier medida respecto de ellos deberá ser determinada por la Fiscalía.

En tanto, el adolescente afectado continuará con las diligencias de ley. Como parte de la investigación, está previsto que pase por una Cámara Gesell, mecanismo utilizado para recoger el testimonio de menores de edad en condiciones especializadas.

El funcionario también señaló que el sector Educación continuará brindando seguimiento al caso y coordinando con las autoridades encargadas de la investigación.

Revisarán denuncias de bullying

Las autoridades educativas también evaluarán las denuncias formuladas por algunos padres de familia sobre presuntos casos de bullying en el colegio. Gonzáles indicó que todavía no cuenta con información suficiente para establecer si existían antecedentes de violencia o si estos fueron reportados oportunamente.

Por ello, la Dirección Regional de Educación y la UGEL 7 revisarán los registros de la institución y las acciones desarrolladas por el área de convivencia escolar.

"Hay que ver también el área de convivencia, qué trabajos ha venido haciendo dentro de esta escuela", sostuvo Gonzáles. Añadió que se coordinarán reuniones con los equipos especializados de las UGEL y de la Dirección Regional de Educación para recabar información sobre eventuales situaciones de violencia.

La emisión fue oficializada mediante la Circular N.° 0022-2026-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con la disposición, la moneda tiene curso legal en el territorio nacional y contará con una producción máxima de 5,000 ejemplares, por lo que se trata de una edición limitada.

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Moneda de plata del BCR: características y emisión limitada a 5,000 unidades

La nueva pieza está elaborada con plata de ley 0.925 y presenta un peso fino equivalente a media onza troy. Su diámetro es de 33 milímetros y fue fabricada bajo la calidad Proof, un acabado utilizado en monedas conmemorativas y de colección. Además, cuenta con canto estriado y lleva como año de acuñación el 2026.

Aunque su valor nominal es de S/1, la moneda pertenece a una emisión especial cuyo precio de venta será establecido por el Banco Central de Reserva. La cantidad máxima autorizada para su fabricación asciende a 5,000 unidades, según las especificaciones difundidas en la circular que regula su puesta en circulación.

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¿Cuál es el precio de la moneda de plata del BCR y dónde se puede adquirir?

El BCRP informó que el precio comercial de esta moneda será comunicado a través de su tienda virtual oficial. El monto podrá modificarse posteriormente en función de la variación de los costos asociados a su producción y comercialización.

En cuanto a su diseño, el anverso incluye el Escudo de Armas, el nombre del Banco Central de Reserva del Perú, el año 2026 y la inscripción “Un Sol”. En el reverso aparece la denominación alusiva al bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco, junto con el logotipo oficial de la conmemoración y las fechas 1825-2025. La imagen central representa la puerta de acceso a la Capilla de San Juan de Dios del histórico colegio cusqueño.

Joel Castro, esposo de la paciente, denunció a La República que la muerte de su pareja estaría vinculada con una presunta negligencia médica que habría sufrido durante la intervención realizada en la clínica. Asimismo, alertó que el médico que la intervino no habría estado habilitado para ejercer funciones al momento de la operación.

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Denuncian presunta negligencia

Según Castro, su esposa acudió el 1 de septiembre a la clínica para su último control de gestación, pero ese mismo día fue sometida a una cesárea. Varias horas después de la operación, afirmó que el doctor Edgar Martín Díaz Vargas le informó que tenían que volver a intervenirla por una descompensación a causa de una hemorragia interna.

Tras la segunda intervención, según su relato, Gadea presentó un shock hemorrágico por pérdida de sangre y tuvo que ser derivada a UCI. Allí permaneció hasta el 9 septiembre, fecha en la que fue derivada al Hospital Rebagliati por recomendación de la propia clínica, que le aseguró que necesitaba ser trasladada por “prevención” a un centro con capacidad para realizar un trasplante de hígado, en caso sea necesario aplicarlo.

"Mi esposa salió de clínica y lo primero que me dicen al llegar al Rebagliati es que tiene 90% de mortandad y que la probabilidad de que viva era de 10%", contó. El 10 de septiembre le informaron que tenía comprometido varios de sus órganos, entre ellos el cerebro y el pulmón. Finalmente, falleció en UCI el miércoles 16 alrededor de las 8.00 p. m.

Familia exige justicia

Joel Castro responsabiliza a la clínica Good Hope por la muerte de su esposa y exige que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer la presunta negligencia médica. Afirmó que ya interpuso una denuncia ante la comisaría de Miraflores y espera que sea revisada con celeridad.

Asimismo, pidió al Colegio Médico del Perú (CMP) responder a su oficio para aclarar si el doctor Edgar Martín Díaz Vargas se encontraba habilitado para ejercer funciones al momento de la operación, ya que, por información obtenida por la familia, conocieron que Díaz habría estado inhabilitado al momento de la intervención. Cabe precisar que, actualmente, en la plataforma del CMP Díaz Vargas sí figura como un profesional hábil para ejercer la profesión.

En un comunicado difundido antes de que se confirme la muerte de Sunny Gadea, la clínica Good Hope aseguró que el proceso asistencial en este caso se desarrolló conforme a los protocolos institucionales y al marco normativo aplicable. Asimismo, afirmó que colaborarán con las autoridades para facilitar la información que sea requerida dentro del marco legal correspondiente.

Gadea, contadora de profesión, tenía 35 años y era madre de tres niñas: las mellizas recién nacidas y una menor de seis años. "Hoy he tenido que darle la peor noticia de su vida (a la mayor). El vacío que deja es irreparable. Buscamos justicia", apuntó Castro.

Según el pronóstico, este panorama será distinto al de la sierra sur y algunos sectores de la Amazonía, donde se esperan lluvias entre normales e inferiores a lo normal. En tanto, a lo largo de la costa peruana, las temperaturas se mantendrían muy por encima de sus valores habituales, con posibilidad de alcanzar nuevos récords de temperatura.

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Lluvias se extenderían hasta el verano de 2027

Un dato adicional anticipado por el Senamhi es que las precipitaciones por encima de lo normal se extenderían para el periodo de enero a marzo de 2027, correspondiente al verano, en la costa norte, costa central y sectores de la sierra norte occidental. Por el contrario, se prevén condiciones de lluvias entre normales e inferiores a lo normal en la sierra sur y algunos sectores de la Amazonía.

En cuanto al comportamiento hidrológico, los ríos de la región hidrográfica del Pacífico, principalmente en la zona norte, presentarían caudales por encima de lo normal desde noviembre; mientras que en las zonas centro y sur, así como en las regiones hidrográficas del Amazonas y Titicaca, predominarían condiciones entre normales e inferiores a lo normal.

Niño Costero continuaría hasta otoño de 2027

Según el último reporte de la Comisión Multisectorial ENFEN, la Alerta de El Niño Costero se mantiene y el evento continuaría hasta mediados del otoño de 2027. A la fecha, existe mayor probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Entre febrero y marzo, tendría una intensidad fuerte y extraordinaria, y para el otoño disminuiría gradualmente hacia una condición neutra.

Ante estos escenarios, el Senamhi recomendó a los tomadores de decisiones considerar los pronósticos estacionales y avisos meteorológicos vigentes, junto con los escenarios de riesgo actualizados, para fortalecer las medidas de preparación y reducción del riesgo de desastres.

Su detención en el barrio Los Maderos, ubicado en el centro de Yurimaguas, en la región de Loreto, forma parte de las diligencias destinadas a identificar a todos los integrantes y determinar qué función habría cumplido cada uno en el hecho.

De acuerdo con la investigación fiscal, Bereche Maco habría cumplido un rol logístico en el crimen y estaría vinculado a la camioneta Toyota Hilux que habría sido utilizada durante el secuestro en Trujillo, además de alquilar el inmueble donde Lara estuvo en cautiverio.

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Tesis fiscal en caso Trujillo

La Fiscalía sostiene que alrededor de 20 personas habrían participado en distintas etapas de la planificación y ejecución del secuestro. La investigación busca establecer quiénes intervinieron directamente en el ataque, quiénes brindaron apoyo logístico y qué nivel de responsabilidad tuvo cada uno de los presuntos implicados.

El comerciante de oro fue posteriormente liberado. Sin embargo, sus cuatro acompañantes fueron asesinados durante el ataque: Christopher García Álvarez, Luis Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

En el poder de Joyce Bereche, que permanecía prófugo desde el 30 de agosto, se encontraron un arma de fuego y equipos de comunicación vinculados a la organización criminal Los Pulpos.

Por disposición expresa del nuevo Comandante General, será trasladado a la ciudad de Trujillo en las próximas horas para continuar con las diligencias de ley y su situación jurídica.

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PNP y Fiscalía investigan

La Policía y el Ministerio Público continúan con las diligencias para ubicar a los demás presuntos integrantes del grupo y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el secuestro y el cuádruple asesinato. La responsabilidad penal de Bereche Maco y de los demás investigados deberá ser determinada durante el desarrollo de la investigación y el proceso judicial correspondiente.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este jueves 17 de septiembre se localizó a 39 kilómetros al suroeste de Sepahua, en Atalaya, en el departamento de Ucayali.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

• Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
• Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
• Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

• Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
• Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
• Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

• Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
• Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
• Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
• Abrigo: manta polar y calzado.
• Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
• Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
• Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
• Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos es uno de los estrenos nacionales. La directora reconoce que, al abordar la historia de una figura icónica del folclor, era imposible resumir su vida y su legado en una sola película. “Este es un primer acercamiento, pero esperemos que se haga más: una película de ficción o una serie”, señala sobre la primera artista andina en realizar un concierto en el Teatro Municipal de Lima.

En 1987, más de 40.000 personas despidieron a Leonor Chávez Rojas. Pero la cantante también ha sido defendida de los prejuicios y calificativos que le atribuían. “La gente de mi generación la veía como una figura que inspira y que su legado nos ha ayudado a repensar y a territorializar nuestros feminismos”.

¿Este documental nace a partir de que reconoces que existe una mirada machista sobre la figura de la cantante?

Sí, hay dos partes sobre cómo se ve a una mujer históricamente en la sociedad: eres santa o eres la p... no hay punto medio. Entonces, desde ese lugar más machista y misógino, ella era eso y para el pueblo era como una Santa Rosa de Lima y tenían que salir en su defensa. Yo pensaba que no se estaba viendo, un poco, la zona en grises. Al final, veo este conservadurismo y este fundamentalismo que aún están muy fuertes en nuestra sociedad y creo en ese momento digo: hay que hacer algo para narrar y ponerla en un lugar de humanidad y de dignidad. Siendo muy crítica, pienso que es bien complejo encontrar un punto medio.

¿Planeas hacer otra película sobre su legado?

No sé si la haría, no estoy segura, pero sí creo que hay mucho por profundizar y reflexionar en torno a estas figuras femeninas que rompen con el estereotipo de la mujer sumisa que se le pone a la mujer del Ande. Además, hacer un análisis de género, pero situado desde una mirada también territorial.

Hay una parte del documental en la que se dice que, posiblemente, era coautora de sus canciones, pero no fue reconocida así.

Está de manera sutil, porque eso es para otra película, pero fue una de las cosas que más me motivó para hacer el documental. Yo siempre escuché desde chiquita —porque mi mamá es cantante (del dúo Las Salcabambinitas)— que las familias cuando las hijas les decían que serían cantantes era lo peor. Crecí con ese estigma hacia las mujeres. Lo que es más mágico en esta historia de Pucarina es que ella se zurra en todo eso.

¿Flor Pucarina asistiría a las marchas?

Yo creo que sí, pero por momentos. En otros momentos nos criticaría porque creo que era una mujer muy compleja. Por eso digo que santificarla o romantizarla no tiene mucho sentido, pero sí encontrarse en su música.

Volviendo al tema de su música, algo que se mantiene a lo largo de la película es la situación del artista andino. ¿Ella representa, digamos, esta deuda histórica?

Sí, hay una deuda histórica con las mujeres trabajadoras del arte. Es muy duro el trabajo de los artistas del Ande; hay músicos que trabajan más de 12 horas al día y no tienen seguro social, y eso es triste. También tiene que ver con las clases sociales porque no es lo mismo un músico de una orquesta huancaína que un músico del Grupo 5.

La película la terminaste de grabar en la pandemia. ¿Lograste reunir los testimonios que necesitabas?

La mayoría de los testimonios son de personas mayores que casi no han dado entrevistas. Entonces, muchos que eran viejitos nos dijeron que no. Con los que querían, buscamos locaciones. Quizá, por eso, perdimos contexto. Por ejemplo, uno de los bordadores más importantes que aún sigue vivo es Aníbal Ríos. Grabamos, pero vive en un cuarto chiquitito en El Agustino; no podíamos entrar. La magnitud de su arte es hermosa, pero hay que entender cómo es la precarización de los artistas populares.

Respecto a la condición del artista, tú ganaste DAFO, pero, ¿piensas que hay una especie de batalla cultural?

Hay un trabajo narrativo de la ultraderecha y que lo vemos no solamente aquí en Perú, sino en toda Latinoamérica. Era impensable que en Colombia hicieran esto, pero son las mismas estrategias. Nadie está hablando aquí de esta persona, de Cerimedo y los bots, que es un trabajo de narrativas. También lo que ha hecho el fujimorismo con todo esto de las manifestaciones contra el gobierno de Dina es que realmente han debilitado muchísimo los movimientos sociales. Tenemos mucho miedo de salir a las calles porque, obviamente, nadie quiere morir, ¿no? Eso implica a los trabajadores del arte que salíamos y decíamos cosas. Con toda esta persecución está difícil volver a fortalecer el tejido social, pero lo necesitamos mucho.

¿Crees que uno de los puntos que se debió debatir era la cuota de pantalla para el cine peruano?

Sí, es urgente y necesario porque, como cineastas, nos cuesta muchísimo hacer una película y el corazón del cine es que esa película se vea. En todos los países hay un apoyo grande porque hay esta cuota de pantalla y también es importante que pueda haber políticas para este proceso que es la distribución y la circulación de obras cinematográficas, no solo en salas de cine, también en otros contextos. Dentro del circuito cinematográfico se habla mucho de esto, “que estamos intentando en cines que te maltratan y que además son empresas explotadoras”. Claro, todo eso está mal, pero nosotros convivimos en este sistema, en el capitalismo. Pero no por eso vamos a renunciar a los cines.v

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada diez pacientes sufre algún daño durante la atención sanitaria a nivel mundial y cerca de la mitad de estos eventos podría prevenirse. La seguridad del paciente, por ello, no solo involucra evitar errores durante procedimientos médicos, sino también garantizar que los procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento se desarrollen de manera adecuada y sin interrupciones.

En el caso del cáncer ginecológico, los retrasos pueden tener consecuencias particularmente importantes. Una paciente que presenta un resultado anormal y no recibe seguimiento oportuno puede postergar la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento que corresponda. Del mismo modo, una interrupción de la terapia o una deficiente comunicación con el equipo médico puede dificultar la continuidad de la atención.

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Riesgos en la evolución del cáncer ginecológico por demoras en la atención

El Dr. Gerardo Campos Siccha, cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo, explicó que la seguridad debe estar presente durante todo el proceso de atención. "Las demoras en los exámenes, la falta de seguimiento de resultados anormales o la interrupción del tratamiento pueden afectar la evolución del cáncer ginecológico", expresó.

El especialista, quien además es presidente electo de la Federación Latinoamericana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia para el periodo 2027-2029, sostuvo que la atención segura requiere una participación activa tanto del personal sanitario como de la paciente.

"Una atención segura requiere un diagnóstico oportuno, información clara y una comunicación permanente entre la paciente y el equipo de salud", añadió Campos Siccha.

En ese sentido, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente busca poner el foco en la prevención de daños durante la atención médica y en la necesidad de fortalecer los sistemas de salud para reducir riesgos evitables. Para las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, esto implica no solo mejorar las capacidades de diagnóstico y tratamiento, sino también asegurar que las pacientes puedan completar sus controles y terapias en los tiempos establecidos.

La seguridad, explican los especialistas, comienza desde la prevención y detección de posibles lesiones o alteraciones y continúa con la confirmación diagnóstica, la elección del tratamiento y el seguimiento posterior. Cada una de estas etapas puede ser determinante para evitar que una demora o una falla de comunicación termine afectando la atención de la paciente.