De acuerdo con el relato de la hermana mayor de la adolescente a La República, la escolar todavía llevaba puesto el buzo de Fe y Alegría 13, donde cursa el segundo año de secundaria, cuando su madre le pidió que acudiera a una tienda cercana para comprar una gaseosa. Durante el trayecto de regreso habría sido interceptada por las dos adolescentes, una de ellas estudiante del mismo plantel y la otra de la institución educativa Santa Rosa 3076 Nivel Secundaria.

Según la versión de la familia, las menores le reclamaron por una supuesta toma de fotografías y por la relación que mantenía con una de ellas. La situación habría derivado en una agresión física. La hermana de la víctima sostiene que ambas adolescentes la empujaron y la hicieron caer al suelo.

La familia también señala que una de las menores habría utilizado su celular para registrar lo ocurrido, mientras la otra continuaba con la agresión. En medio de la situación, una botella se habría roto y la escolar terminó con lesiones en el antebrazo derecho.

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Escolar fue operada

Tras lo ocurrido, personas que se encontraban en una tienda cercana auxiliaron a la adolescente, quien habría presentado una importante pérdida de sangre. Las dos menores señaladas en la denuncia se retiraron del lugar, según el testimonio familiar.

La escolar fue trasladada inicialmente a un establecimiento de salud de Collique y posteriormente derivada al Hospital Cayetano Heredia, donde recibió atención especializada. Al día siguiente fue sometida a una intervención quirúrgica.

La hermana de la adolescente explicó que los médicos les informaron que las lesiones habían comprometido tendones, nervios y arterias. La primera intervención permitió conservar la mano; sin embargo, la menor continúa presentando dificultades de movilidad y sensibilidad en cuatro dedos, por lo que los especialistas evalúan una nueva operación. Por este motivo, la adolescente permanece internada y bajo seguimiento médico.

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Familia alerta afectación emocional

Además de las consecuencias físicas, la familia señala que la escolar presenta afectación emocional después de lo ocurrido. Según su hermana, ha tenido pesadillas relacionadas con el episodio y llegó a gritar mientras dormía.

La adolescente recibió atención psicológica durante su permanencia en el área de cirugía. Tras su traslado a traumatología, sus familiares buscan que vuelva a ser evaluada por un especialista para determinar si requiere continuar con apoyo psicológico o recibir atención adicional.

Denuncian problemas previos

La hermana de la menor también afirmó que existirían antecedentes de conflictos con una de las adolescentes involucradas. Según su versión, durante el año anterior su hermana habría recibido amenazas y molestias relacionadas con la amistad que mantenía con un estudiante.

Asimismo, un día antes del incidente, la segunda adolescente la habría acusado de tomarle fotografías dentro del colegio. La familia sostiene que personal de la institución revisó el celular de la escolar y no encontró las imágenes que se le atribuían.

Luego de la agresión, agentes policiales intervinieron en el caso y una fiscal de familia acudió al hospital para recoger la manifestación de la adolescente. La menor también fue evaluada por un médico legista.

Hasta el momento, la familia señala que conoce que las dos adolescentes involucradas dejaron de asistir a clases después del hecho, pero no cuenta con información confirmada sobre las medidas adoptadas por las autoridades respecto de ambas.

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Buscan imágenes del hecho

Los familiares acudieron a los colegios de las adolescentes para informar sobre lo ocurrido y solicitar medidas. Según la hermana de la víctima, uno de los planteles les indicó que el hecho se produjo fuera de sus instalaciones y que ello limitaba las medidas disciplinarias que podía adoptar, aunque aseguró que colaboraría con las autoridades.

La familia también busca obtener registros de cámaras de seguridad que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. Según su versión, una cámara de la Municipalidad de Comas ubicada cerca del lugar podría haber registrado el momento de la agresión. Sin embargo, les habrían informado que el equipo estaría fuera de funcionamiento y que debían realizar consultas ante el Centro Cívico.

Los familiares también señalan que algunos vecinos presenciaron o tuvieron conocimiento inmediato de lo ocurrido. Además, cuentan con fotografías de las lesiones y otros elementos que pretenden entregar a las autoridades encargadas de la investigación.

Piden apoyo para la menor

Mientras la adolescente continúa hospitalizada, su familia solicita acompañamiento legal y psicológico para afrontar el proceso. Señala que, hasta el momento, no cuenta con asesoría jurídica gratuita.

“Nosotros lo que queremos es que se haga justicia por lo que ha pasado. Le pido a la ministra de la Mujer y al ministro de Educación que nos ayuden”, manifestó la hermana de la adolescente a La República.

El caso permanece bajo investigación. Corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades y medidas que correspondan conforme a la legislación aplicable a adolescentes. Hasta el cierre de este informe, la UGEL 04 y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) no habían emitido un pronunciamiento público sobre el caso.

La medición fue reportada a las 5:00 horas de este 27 de septiembre. Las precipitaciones también alcanzaron distintos sectores de la región Tumbes, principalmente los distritos de Casitas, en la provincia de Contralmirante Villar, y San Jacinto, en la provincia de Tumbes.

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Río Tumbes registra caudal de 492.99 m³/s tras fuertes lluvias en la cuenca Puyango-Tumbes

El incremento del caudal está relacionado con los mayores aportes de agua generados por las lluvias en la cuenca. Según el Senamhi, las precipitaciones más intensas que contribuyeron a esta variación se registraron en la parte alta y media de la cuenca Puyango-Tumbes, especialmente en el lado ecuatoriano.

El registro alcanzado en la estación hidrológica El Tigre fue el siguiente:

• Hora de medición: 5:00 horas.
• Caudal registrado: 492.99 metros cúbicos por segundo.
• Zona de monitoreo: estación hidrológica El Tigre.
• Cuenca: Puyango-Tumbes.

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Senamhi reporta precipitaciones en Casitas y San Jacinto y mantiene vigilancia de la cuenca

Las lluvias también se presentaron en territorio peruano. El Senamhi reportó precipitaciones en diferentes puntos de Tumbes, con presencia principalmente en Casitas y San Jacinto, dos de los sectores mencionados dentro de la información meteorológica difundida.

El organismo señaló que continuará actualizando los reportes meteorológicos e hidrológicos relacionados con la cuenca del río Tumbes, en el marco de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. Estas actualizaciones permitirán conocer la evolución de las condiciones registradas en la zona.

La suspensión del suministro está prevista entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. Los vecinos de las zonas incluidas en el cronograma deberán considerar este horario para sus actividades y verificar si su dirección se encuentra dentro de los sectores contemplados.

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Corte de luz este lunes 28 de septiembre: revisa las zonas y asentamientos afectados en Áncash

El corte programado comprenderá sectores de Santa y Nuevo Chimbote. La relación proporcionada incluye diferentes asentamientos humanos y zonas residenciales ubicadas en ambas jurisdicciones:

• Ampliación Constructores
• Buenavista del Sur
• Costa Blanca
• Dubái
• El Mirador del Sur
• Las Praderas
• Los Jardines de Nuevo Chimbote
• Los Palmares
• Los Portales del Sol
• Los Rosales del Mirador
• Luz de la Esperanza
• Nuevo Paraíso
• Portales del Sol
• Sánchez Milla
• San Francisco de Asís
• Tierra Prometida
• Villa Universitaria

La interrupción se desarrollará entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. de este lunes 28 de septiembre. Debido a que el corte corresponde a sectores específicos, la suspensión no necesariamente alcanzará a toda la jurisdicción de Santa o Nuevo Chimbote. Por ello, los usuarios deberán comprobar que su dirección figure entre las zonas consideradas en el cronograma.

De acuerdo con testigos, el accidente se inició cuando la combi impactó contra una motocicleta en la que se desplazaban dos personas. Producto de la fuerza del choque, ambos ocupantes salieron despedidos.

El conductor de la motocicleta quedó tendido sobre la pista, mientras que la mujer que viajaba como pasajera fue alcanzada por la combi durante el accidente.

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Combi terminó contra mototaxis

Tras el primer impacto, el conductor de la unidad de transporte público habría perdido el control. La combi invadió el carril contrario y continuó avanzando hasta impactar contra varios mototaxis que permanecían estacionados frente a un establecimiento.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el vehículo se desplaza de manera descontrolada mientras varias personas que se encontraban en la zona corren para ponerse a salvo.

Mototaxistas y trabajadores de la mecánica huyeron del lugar al advertir que la unidad se dirigía hacia los vehículos estacionados.

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Heridos fueron trasladados a una clínica

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar poco después del accidente y establecieron un perímetro para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Los dos ocupantes de la motocicleta fueron auxiliados y trasladados a la Clínica Santa Martha del Sur, ubicada en San Juan de Miraflores, donde permanecen en observación.

En tanto, el conductor de la combi fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. La Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso fue denunciado por la madre de la menor, quien acudió a la comisaría del Norte de Chiclayo luego de conocer el testimonio de su hija. La Fiscalía de Familia quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la presunta responsabilidad de cada uno de los adolescentes.

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Madre encontró a su hija desorientada

De acuerdo con la denuncia, la adolescente salió de su vivienda, ubicada en el distrito de Pimentel, con la intención de reunirse con uno de sus compañeros de escuela.

Al transcurrir varias horas, la madre intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta. Ante la preocupación por su paradero, decidió acudir a la vivienda del compañero.

En el lugar encontró a su hija desorientada. Posteriormente, la menor relató lo que habría ocurrido, información que fue trasladada por su madre a las autoridades policiales.

Según la denuncia, la adolescente habría sido obligada por los involucrados a ingerir una sustancia conocida como tusi, tras lo cual perdió el conocimiento.

La menor señaló posteriormente que habría sido víctima de una agresión sexual por parte de uno de sus compañeros. Las circunstancias exactas del hecho y la participación que habría tenido cada uno de los adolescentes deberán ser determinadas durante la investigación.

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Fiscalía de Familia investiga el caso

Tras la denuncia, la Policía retuvo a los tres adolescentes señalados en la investigación y los puso a disposición de la Fiscalía de Familia.

El Ministerio Público deberá realizar las diligencias correspondientes para esclarecer la denuncia, determinar qué ocurrió y establecer la responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno de los involucrados, de acuerdo con su edad y las normas aplicables a adolescentes en conflicto con la ley.

La investigación deberá considerar también las declaraciones de la menor y los resultados de las evaluaciones y pericias que dispongan las autoridades.

Otro caso de presunta agresión sexual involucra a escolares

El caso ocurre pocos días después de la denuncia presentada por la familia de un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja.

Según las diligencias fiscales, la presunta agresión habría ocurrido el 15 de setiembre dentro de un bus que trasladaba a estudiantes luego de una actividad de futsal. Al día siguiente, la familia del adolescente presentó la denuncia ante la Policía.

La PNP intervino inicialmente a diez estudiantes de quinto de secundaria que integraban el equipo sub-17 de futsal. La Séptima Fiscalía de Familia dispuso que el adolescente agraviado declare mediante cámara Gesell.

En paralelo, el Ministerio de Educación activó el protocolo de convivencia escolar y protección de estudiantes.

Posteriormente, el Poder Judicial dispuso el internamiento preventivo de seis adolescentes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por un periodo de cuatro meses, mientras continúan las investigaciones del caso.

Ambas investigaciones permanecen en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar las circunstancias de los hechos y las responsabilidades individuales que correspondan.

La disputa se produce mientras los trabajos continúan en diferentes sectores de la ciudad. Un equipo de La República constató la presencia de obreros ejecutando labores en la avenida 28 de Julio, correspondiente a la segunda etapa del proyecto.

El proyecto tiene una inversión contractual cercana a los S/ 200 millones y comprende trabajos en los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián. La intervención contempla 10,4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos tanques de tormenta, infraestructura destinada a captar y conducir las aguas generadas por las lluvias.

La obra, identificada con el CUI 2459017, es ejecutada por el Consorcio Cachimayo bajo la administración del PNSU y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Supervisión recomendó ampliar el plazo

El nuevo frente de controversia surgió después de que la supervisión, a cargo del Consorcio Concremat-Milla, recomendara reconocer 158 días adicionales al plazo contractual.

El pedido fue formalizado mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA, del 24 de julio de 2026. Según el sustento presentado, parte del retraso estuvo relacionada con el conflicto social generado alrededor de los trabajos correspondientes al sistema Casuarinas, una situación que habría escapado al control del contratista.

Sin embargo, el 8 de septiembre de 2026, el administrador de contratos del PNSU, Raffo Sotomayor Cabrera, emitió el Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU, mediante el cual se denegó la ampliación solicitada.

La decisión abrió una nueva disputa entre la empresa contratista y la entidad encargada de administrar el proyecto, debido a que mientras la supervisión consideró necesario reconocer el periodo afectado, el PNSU adoptó una posición distinta.

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Conflicto por los tanques tormenta

El origen del retraso se encuentra en uno de los componentes del sistema Casuarinas. Los pobladores de la zona se opusieron a la construcción de los llamados tanques tormenta frente a sus viviendas y cuestionaron las condiciones del terreno, entre ellas la presencia de napa freática.

El conflicto se agudizó en abril de 2025, cuando vecinos retiraron del lugar a trabajadores que realizaban labores de replanteo.

La oposición vecinal terminó afectando la ejecución del frente Casuarinas y generó un periodo de paralización que, según la información expuesta por el Consorcio, superó los 300 días.

La empresa sostiene que esta situación tuvo un impacto directo sobre el cronograma y que no puede ser considerada como un incumplimiento atribuible al contratista. La supervisión también habría identificado el conflicto social como uno de los factores que generaron el retraso.

El problema adquiere especial importancia debido a que el frente Casuarinas representa, según el contrato citado por las partes, aproximadamente el 60% del plazo contractual de la obra.

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Consorcio cuestiona rechazo de ampliación

Juan Carlos Velázquez, representante del Consorcio Cachimayo, cuestionó la decisión del PNSU durante una entrevista difundida por RPP. Según explicó, el principal problema es que el tiempo durante el cual la empresa no pudo ejecutar los trabajos no puede recuperarse simplemente manteniendo la fecha original de culminación.

El representante del contratista también sostuvo que un peritaje especializado calculó en más de S/ 35 millones las pérdidas vinculadas con la improductividad generada por la situación.

Velázquez cuestionó además que funcionarios vinculados a la gestión del proyecto participen en la evaluación de la controversia y en la mesa de trabajo creada para buscar una solución. Según su versión, las decisiones adoptadas por la entidad habrían generado perjuicios económicos al Estado y al contratista.

Estas afirmaciones corresponden a la posición del Consorcio Cachimayo y deberán ser contrastadas con la documentación contractual, los informes técnicos y la posición oficial del PNSU.

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PNSU crea mesa de trabajo

Ante la controversia, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Lezameta Escribens, dispuso la conformación de una mesa de trabajo destinada a buscar una solución a la problemática de la obra.

La participación de funcionarios que estuvieron vinculados a la gestión del proyecto ha sido cuestionada por el contratista, que considera necesario que las decisiones sobre la ampliación y los mayores costos sean revisadas tomando en cuenta el origen del retraso.

La ingeniera María del Carmen Casas fue designada como vocera del PNSU. Durante una entrevista telefónica en el programa 'Prueba de Fuego', de RPP, evitó reconocer, según lo señalado por el Consorcio, que el frente Casuarinas hubiera permanecido paralizado durante más de 300 días. La diferencia entre ambas posiciones deberá ser esclarecida mediante los informes técnicos y documentos que sustentan el cronograma de la obra.

La obra continúa en Cusco

Pese a la controversia contractual, los trabajos no se encuentran paralizados en toda la obra. La República verificó labores en la avenida 28 de Julio, donde trabajadores continuaban ejecutando actividades correspondientes a la segunda etapa del proyecto. Este sector tiene además relevancia por encontrarse dentro de una de las vías consideradas para el recorrido del papa León XIV durante su próxima visita al Cusco.

El alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, señaló que desconoce los detalles de la controversia contractual entre el consorcio y el Ministerio de Vivienda, pero aseguró que ha observado actividad constante en los sectores donde se ejecuta el proyecto.

"No tenemos esa información. Está avanzando. Todos los días están trabajando allí. Yo paso todos los días y verifico que todo está trabajando sin novedad", declaró.

El burgomaestre sostuvo que los trabajos de la avenida 28 de Julio deberían culminar oportunamente en noviembre y que, en caso de quedar labores pendientes, estas no deberían interferir con la vía principal prevista para el desplazamiento del pontífice.

Según Pantoja, la obra registra un avance superior al 50% y su culminación general está prevista para el primer trimestre de 2027.

PNSU asegura continuidad del proyecto

La controversia contractual ocurre mientras el propio PNSU ha informado sobre acciones destinadas a garantizar la continuidad de Cachimayo.

Entre el 26 y el 28 de agosto, la entidad realizó una misión técnica en Cusco junto con representantes del BID y de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos del organismo internacional. La visita tuvo como objetivos verificar avances, compromisos ambientales y sociales y las acciones contempladas en el Plan de Acción Correctiva.

Sin embargo, el rechazo de la ampliación de 158 días mantiene abierto el conflicto entre el contratista y la entidad.

La resolución de esta controversia será determinante para establecer cómo se recuperará el tiempo perdido, quién asumirá los costos derivados del retraso y si el cronograma original puede cumplirse sin afectar la ejecución de los trabajos.

Una obra clave ante las lluvias

La importancia de Cachimayo trasciende la disputa contractual. El proyecto busca mejorar el sistema de drenaje pluvial de cuatro distritos y reducir la exposición de miles de personas a posibles inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

Por ello, una eventual paralización tendría consecuencias tanto contractuales como urbanas. Además del impacto económico de una obra de aproximadamente S/ 200 millones, una interrupción prolongada retrasaría la puesta en funcionamiento de infraestructura diseñada precisamente para disminuir el riesgo de inundaciones en Cusco.

Por ahora, los trabajos continúan en distintos puntos de la ciudad, pero la controversia por los 158 días de ampliación mantiene abierto un escenario que deberá ser resuelto por el PNSU y el Consorcio Cachimayo para evitar que las diferencias contractuales terminen afectando la culminación del proyecto.

La estructura es angosta y presenta poca iluminación, mientras que en sus alrededores también se observa acumulación de desmonte y residuos. Vecinos de la zona señalan que estas condiciones habrían facilitado la presencia de delincuentes, quienes utilizarían el lugar para cometer robos y como una posible vía de escape después de perpetrar hechos delictivos.

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Túnel del paradero Caseta tiene poca iluminación y solo permite el paso de motos y mototaxis

Por sus reducidas dimensiones, el túnel ubicado debajo de la Panamericana Norte es utilizado principalmente por motocicletas y mototaxis. Los conductores recurren a este paso como una alternativa para evitar circular por la vía principal y reducir el tiempo de desplazamiento cuando existe congestión vehicular.

Las condiciones físicas del lugar también dificultan el tránsito y reducen la visibilidad. Entre los principales problemas señalados se encuentran:

• Estructura angosta: limita el tipo de vehículos que pueden utilizar el paso.
• Poca iluminación: genera sectores con escasa visibilidad para quienes atraviesan la zona.
• Desmonte y residuos: se registra acumulación de materiales y basura a pocos metros del túnel.
• Obstáculos en el paso: parte de estos residuos llega a dificultar el desplazamiento por la vía.

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Vecinos de Los Olivos denuncian robos y falta de seguridad en el túnel

Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad que presenta este punto del distrito. Según sus denuncias, la poca iluminación y la reducida visibilidad habrían permitido que delincuentes frecuenten el túnel ubicado cerca del paradero Caseta.

De acuerdo con los residentes, el lugar sería utilizado para cometer robos y también podría servir como una ruta de escape luego de hechos delictivos. La preocupación se concentra en el tránsito de personas y vehículos por un espacio que presenta poca iluminación, una estructura estrecha y obstáculos en sus alrededores.

Desde el 21 al 29 de septiembre, cincuenta agentes de la Suat participan en el Primer Entrenamiento Internacional de Unidades de Operaciones Especiales de la Comunidad de Policías de América (Ameripol, Red Águilas), que se desarrolla en Tolima, Colombia.

"La Suat es una unidad que cumple trabajos especiales de alto riesgo y cuenta con un personal calificado para hacer frente a cualquier crisis sobre criminalidad", explicaron fuentes de la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP.

En efecto, para pertenecer a esta fuerza especial deben pasar por una evaluación rigurosa como esta capacitación internacional cuyo objetivo es intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y compartir conocimientos especializados para enfrentar la criminalidad organizada transnacional.

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En la actividad participan directores, comandantes y jefes policiales, quienes se reunieron para analizar los principales desafíos de seguridad en la región y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional. Participan 131 funcionarios y 24 equipos de 13 países, junto a observadores y jueces, de Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala, España, Bolivia y Costa Rica.

La jornada incluye ponencias sobre operaciones especiales e investigación criminal actividades de calibración de armamento y espacios de integración.

Ameripol se apoyó en la experiencia que se adquirió en 2022 en Italia y España, junto a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil española y el Grupo de Intervención Especial del Arma dei Carabinieri italiana.

Para dar forma a la iniciativa, el primer paso fue identificar una unidad base que sirviera como brazo operativo de Ameripol, encontrando en el Comando Jungla el respaldo necesario. Junto con esta unidad, diseñó ejercicios prácticos orientados al CQB (Close Quarters Battle o combate cercano), un área que, sin ser demasiado específica, resultaba común y de interés para las distintas unidades de la red.

Posteriormente, se gestionó el acercamiento de los directores de las unidades de operaciones especiales de la región, cursando invitaciones a cada director junto con cinco operadores tácticos. El propósito de este acercamiento era que los directores se conocieran entre sí, intercambiaran información y, eventualmente, establecieran vínculos y puntos focales de cooperación.

La actividad se organizó en torno a dos componentes principales. El primero, de carácter práctico, no constituye una competencia entre comandos ni implica evaluación o crítica hacia ninguna unidad: cada equipo ejecuta sus procedimientos habituales, mientras los demás participantes observan las técnicas empleadas por sus pares para identificar elementos replicables en sus propias unidades.

El segundo componente corresponde a un espacio de exposiciones, en el que los jefes de las unidades de operaciones especiales presentan la situación de sus respectivos países, con miras a definir posibles líneas de alineación para la Red Águilas en 2027.

 Este espacio incluye, además, demostraciones tecnológicas, dado que la tecnología constituye hoy un factor determinante para el crecimiento y la vanguardia de las unidades de operaciones especiales.

Según voceros peruanos, al equiparar y nivelar las capacidades de las unidades de Centroamérica, Suramérica y, eventualmente, Norteamérica, la Red Águilas aspira a hacer frente de manera más efectiva al crimen organizado y a la delincuencia transnacional.

El Primer Entrenamiento Internacional de la Red Águilas, que se realiza en San Luis, Tolima, marca un hito para Ameripol al consolidar un espacio permanente de cooperación entre las unidades de operaciones especiales de la región.

Su relevancia radica en fortalecer la confianza, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, y sienta bases sólidas para enfrentar de manera articulada el crimen organizado transnacional.

La embarcación zarpó el 17 de abril con 155 integrantes de la tripulación y 78 cadetes de la Escuela Naval del Perú. Su retorno fue recibido en una ceremonia desarrollada a bordo, con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, junto a autoridades civiles y militares.

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B.A.P. Unión culminó su travesía de cinco meses con más de 16 mil millas náuticas

El recorrido contempló el paso por el Canal de Panamá y diferentes puertos del continente. En Estados Unidos, el buque escuela llegó a New Orleans, Norfolk, Baltimore, New York, Boston y Miami; mientras que en Canadá visitó Quebec. También formaron parte del itinerario Willemstad, en Curazao; Balboa, en Panamá, y Guayaquil, en Ecuador.

La navegación tuvo como uno de sus principales objetivos la formación práctica de los futuros oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Los cadetes pudieron aplicar conocimientos adquiridos durante su preparación académica y desarrollar competencias relacionadas con la navegación, el trabajo en equipo, la disciplina y las labores propias de la vida a bordo.

En el viaje también participaron 11 oficiales invitados procedentes de Argentina, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Portugal, Francia, Chile, España e Italia. A ellos se sumaron representantes de la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y dos integrantes del Servicio Diplomático del Perú. En determinados trayectos embarcaron cadetes peruanos de la Academia Naval de Annapolis y guardiamarinas de Uruguay y Portugal.

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El buque escuela llevó la representación del Perú a puertos de América

Durante el VIEX 2026, la nave cumplió además funciones de representación nacional mediante la “Casa Perú” de la Marca Perú, implementada por Promperú. En los destinos visitados se difundieron productos emblemáticos, atractivos turísticos, tradiciones y expresiones culturales peruanas.

La presencia del buque permitió recibir a autoridades, representantes de instituciones y ciudadanos peruanos residentes en los países recorridos. En total, 189 631 personas visitaron la embarcación, de las cuales 37 046 lo hicieron en Baltimore.

Entre sus actividades internacionales destacó su participación en la Revista Naval Internacional Sail4th 250 y en el Desfile Internacional de Grandes Veleros, realizados en el río Hudson como parte de las actividades por el SAIL 250. El recorrido se desarrolló entre los puentes Verrazzano-Narrows y George Washington, con la Estatua de la Libertad como escenario.

En Willemstad, el B.A.P. “Unión” recibió además el premio “Jacob Gelt Dekker” durante Sail Curaçao 2026, por su contribución al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre los países participantes. La travesía incluyó también encuentros profesionales, actividades culturales y acciones de proyección comunitaria.

Los primeros reportes policiales señalan que los atacantes dispararon directamente contra los asistentes antes de escapar del lugar. Los agentes que acudieron a la zona encontraron cerca de la puerta del inmueble a Jhon Alain Pérez Huamán, de 42 años, quien presentaba una herida de bala en la cabeza.

Pérez Huamán fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

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Cuatro personas heridas

El ataque también dejó cuatro personas heridas por proyectiles de arma de fuego. Los afectados fueron identificados como Paolo Bedolla Espinoza (22), Toribio Isaac Leandro Valeriano (40), María Teresa Taipe Marín (41) y Luis Josué Quevedo Carbajal (21).

Leandro Valeriano recibió un impacto de bala en el pecho y fue trasladado al área de Trauma Shock del hospital Loayza. En tanto, María Teresa Taipe Marín resultó herida en la pierna derecha y permanecía en el área de triaje.

Luis Josué Quevedo Carbajal sufrió una herida de bala en el muslo, mientras que Paolo Bedolla Espinoza también resultó herido por proyectil de arma de fuego.

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Hallan moto con orden de captura

Como parte de las primeras diligencias, agentes de la Policía Nacional encontraron una motocicleta abandonada a unos 100 metros del inmueble donde ocurrió el ataque, a la altura del pasaje 3 Nosiglia.

El vehículo, de placa 3364-OC, registra una orden de captura por hurto, de acuerdo con información proporcionada por la PNP. Además, la placa habría sido alterada, presuntamente con la finalidad de dificultar la identificación de la motocicleta.

La Policía viene realizando las diligencias correspondientes para determinar si el vehículo está relacionado con el ataque y establecer quiénes fueron los responsables.

Los investigadores también buscan identificar a los dos sujetos que efectuaron los disparos y determinar el móvil de la balacera ocurrida durante la reunión.

La sentencia fue obtenida por el Ministerio Público luego de que la Fiscalía sustentara durante el juicio oral diversos elementos vinculados con el crimen. El fallo corresponde a primera instancia, por lo que la defensa del condenado aún puede presentar una apelación.

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Fiscalía presentó pruebas que sustentaron la condena por homicidio y tenencia ilegal de arma

El enfrentamiento se produjo en las inmediaciones del jirón Ricardo Palma y la avenida José Granda, en la zona de Condevilla. De acuerdo con los reportes de la prensa local citados por el Ministerio Público, la disputa incluyó el lanzamiento de piedras y el uso de machetes.

En medio de la pelea, Jordano L., quien tenía 18 años en ese momento, disparó contra el menor y le causó una herida mortal en la cabeza. Tras el ataque, el entonces investigado escapó del lugar.

La identificación del presunto autor estuvo a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que realizó acciones de investigación y posteriormente acudió hasta su vivienda. Durante la intervención, los agentes encontraron dos casquillos percutidos. En el registro de su habitación también ubicaron un revólver abastecido dentro de un ropero, por lo que fue trasladado a una dependencia policial.

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Para sustentar la acusación, el fiscal adjunto provincial Sergio Arturo Arroyo Loayza presentó diferentes elementos obtenidos durante la investigación. Entre ellos estuvieron las actas de intervención, los registros personal y domiciliario, el protocolo de necropsia, los testimonios de policías y testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad.

La Fiscalía también incorporó las pericias balística forense y de residuo de disparo. A ello se sumó el examen que permitió homologar el proyectil extraído del cuerpo del adolescente con el resultado del análisis realizado al arma empleada en el asesinato, además de la consulta efectuada ante Sucamec.

Con estos elementos, el Ministerio Público sostuvo la responsabilidad del acusado por homicidio calificado y tenencia ilegal de arma de fuego. La resolución judicial no es definitiva, debido a que fue emitida en primera instancia y puede ser cuestionada mediante los recursos correspondientes.

El fenómeno será registrado desde la tarde del 30 de septiembre, cuando una masa de aire frío ingrese por el sur del país y avance progresivamente hacia la selva central. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), realizará el seguimiento de estas condiciones.

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¿Qué temperaturas se esperan durante el décimo primer friaje?

El descenso térmico tendrá diferentes registros según la zona de la selva. En el sector sur, las temperaturas máximas estarán alrededor de los 26 °C, mientras que en la selva central alcanzarán aproximadamente los 27 °C. En el norte, los valores máximos se situarán cerca de los 28 °C.

Durante las horas nocturnas, la selva sur tendrá el descenso más marcado, con temperaturas próximas a los 19 °C. Estas variaciones forman parte de las condiciones previstas durante el periodo de presencia del friaje en la región amazónica.

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¿Por dónde ingresará la masa de aire frío y qué condiciones generará?

El ingreso del aire frío se producirá por la selva sur, específicamente en los departamentos de Puno y Madre de Dios. Desde estos puntos, la masa de aire avanzará hacia la selva central de manera progresiva.

El desplazamiento estará acompañado por precipitaciones de ligera a moderada intensidad, descargas eléctricas, cobertura nubosa y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Frente a estas condiciones, el Minam, mediante el Senamhi, continuará difundiendo información actualizada sobre el comportamiento del tiempo y el clima mediante su página web y sus redes sociales oficiales.

Gilmer Meza, secretario general del SUTEP Lima, confirmó la convocatoria y señaló que la dirigencia viene coordinando la participación de trabajadores administrativos y de servicio de los colegios. "Por unanimidad, todos los maestros dirigentes han traído la voz de los maestros. Estamos desplazados por todo el país", sostuvo en diálogo con Exitosa.

El dirigente agregó que el sindicato también conversa con trabajadores administrativos y de servicio para ampliar la participación en la jornada de protesta. "Estamos conversando en el tema unitario con los compañeros que son administrativos y de servicio para parar las labores ese día", indicó.

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SUTEP pide 6% del PBI para Educación

Uno de los principales pedidos del gremio es que el Estado destine el 6% del PBI al presupuesto educativo, una demanda que el sindicato vincula con la necesidad de atender distintos problemas de los colegios públicos.

En su pronunciamiento sobre el paro, el SUTEP señaló: "Exigimos: 6% del PBI al presupuesto educativo para mejorar la alimentación y salud de los estudiantes, infraestructura, capacitación y dignificación del magisterio".

Meza también cuestionó las condiciones de infraestructura de los centros educativos y pidió recursos para atender los problemas que, según sostuvo, persisten en distintas instituciones. "Hay un incremento de presupuesto, los colegios están que se caen a pedazos. Hay que ver cómo solucionamos el tema de la alimentación", declaró.

El reclamo incluye además la atención del programa de alimentación escolar y recursos para el mantenimiento de los locales educativos.

Reclamo por pensiones y Ley 32581

La convocatoria también incorpora un componente previsional. El SUTEP exige mejores pensiones para los docentes y cuestiona lo que considera intentos de modificar la legislación que protege sus beneficios.

"¡Pensiones dignas ahora! Abajo los intentos de eliminar la Ley 32581 utilizando al Colegio de Economistas de Lima", señala el comunicado difundido por el sindicato.

El gremio ha responsabilizado al Ministerio de Economía y Finanzas por las decisiones presupuestales que, desde su posición, afectan al sector Educación. Por ello, su plataforma de protesta incluye tanto el incremento de recursos para las escuelas como la defensa de sus derechos laborales y previsionales.

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¿Qué pasará con las clases el 29 de octubre?

El SUTEP sostiene que busca que la paralización involucre también al personal administrativo y de servicio. Meza afirmó que, de concretarse esa participación, las actividades podrían suspenderse en los colegios durante la jornada. "En otras palabras, se cerrarán los colegios porque no habrá trabajadores", afirmó el dirigente.

Sin embargo, la convocatoria corresponde a la dirigencia sindical y el impacto efectivo del paro dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores en cada institución y jurisdicción.

El sindicato mantiene la convocatoria para el 29 de octubre y plantea que el Gobierno atienda sus demandas antes de esa fecha. Entre sus principales exigencias figuran el 6% del PBI para Educación, recursos para infraestructura y alimentación escolar, mejores condiciones para los docentes y una defensa de sus demandas previsionales.

El siniestro ocurrió por causas que son materia de investigación. La unidad de carga terminó volcada a un costado de la vía nacional y, según la información preliminar, la mayoría de los pasajeros se encontraba en la carreta del vehículo al momento del accidente.

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Dos heridos presentaban lesiones de consideración

Tras la volcadura, agentes de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y transportistas que circulaban por la zona participaron en las labores de auxilio de los afectados.

Entre los heridos se encuentran M.U.H., de 55 años, y S.V.A., de 66 años, ambos naturales de Chimbote, quienes presentaban lesiones de consideración.

Otra persona quedó inconsciente como consecuencia del accidente. Los tres fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, para recibir atención médica.

El resto de los afectados también fue derivado a establecimientos de salud para evaluar la gravedad de sus lesiones.

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Fiscalía investiga las causas de la volcadura

Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo, quienes brindaron asistencia a las personas afectadas y apoyaron en las labores de emergencia.

Las circunstancias que provocaron el despiste y posterior volcadura del camión todavía no han sido determinadas.

La Fiscalía y agentes de la Comisaría de Samanco están a cargo de las investigaciones para establecer las causas del accidente y determinar las eventuales responsabilidades correspondientes.

El operativo permitió intervenir cinco inmuebles vinculados con los investigados y detener a cuatro sospechosos. Un quinto implicado, identificado por las autoridades como Aymar Junior Janampa Cueva, 21 años, permanece con paradero desconocido.

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Allanaron cinco inmuebles

El comandante PNP Carlos Altamirano, jefe del Depincri de San Martín de Porres, informó que el 11 de setiembre se obtuvo la autorización judicial para ejecutar los allanamientos. Las diligencias se realizaron alrededor de las 3.00 a. m. con participación de agentes especializados del Depincri y efectivos del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO).

Para identificar e individualizar a los presuntos involucrados, los investigadores emplearon técnicas de observación, seguimiento y vigilancia, además de herramientas de geolocalización, declaraciones testimoniales y análisis comparativos de las prendas de vestir que habrían utilizado los atacantes durante el homicidio.

Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares y prendas de vestir que serán sometidos a peritajes para establecer su eventual vinculación con el crimen.

Los cuatro intervenidos fueron identificados como Carlos Andrés Ynga Silva, 20 años; Juan Saúl Alessander Zurita Jaramillo, 21 años; Carlos Enrique Cubas Bonifacio, 20 años y Sebastián Cabanillas Rodríguez.

De acuerdo con la información policial, Cubas Bonifacio registra antecedentes por secuestro y tendría requisitorias vigentes relacionadas con violencia familiar.

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Empresario fue seguido para robarle su celular

Las investigaciones policiales y fiscales señalan que el crimen ocurrió durante la madrugada del 3 de mayo. Jaime Armando Sosa Revolledo, de 54 años, retornaba a pie hacia su vivienda luego de asistir a una reunión familiar.

Durante el trayecto, un grupo de sujetos habría comenzado a seguirlo con la intención de despojarlo de su teléfono celular. El empresario habría intentado defenderse y escapar, pero los atacantes lo alcanzaron a pocas cuadras de su vivienda.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, los sujetos lo superaron en número y lo agredieron utilizando piedras y palos. Las lesiones provocadas durante el ataque ocasionaron su muerte.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores fueron determinantes para reconstruir el recorrido que realizó la víctima y establecer la presunta participación de los investigados.

Un quinto sospechoso permanece prófugo

Las pesquisas también permitieron identificar a Aymar Junior Janampa Cueva, 21 años como presunto quinto implicado en el homicidio calificado. Sin embargo, hasta el momento permanece en condición de no habido.

La Policía continúa con las labores destinadas a ubicarlo y determinar su grado de participación en el crimen.

Los cuatro detenidos permanecen en la sede del Depincri de San Martín de Porres mientras continúan las diligencias. Son investigados por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.

Las autoridades deberán establecer, a partir de los peritajes y demás elementos recogidos durante la investigación, la responsabilidad individual de cada uno de los intervenidos.

La intervención se realizó aproximadamente a las 11.05 p. m. del 23 de septiembre, en la calle Los Jazmines, manzana 6, lote 5, en Mercurio Alto, distrito de Los Olivos. Los detenidos fueron identificados como Adrianys del Valle Gonzales Rivera (36), alias 'Adri', y Gabriel José Ramos Domínguez (35), alias 'Gabo'.

Según explicó el coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, dentro de la dinámica extorsiva no solo se investiga a quienes realizan directamente las amenazas mediante WhatsApp, sino también a aquellas personas que facilitan sus cuentas bancarias, participan en la recepción del dinero o intervienen en otras acciones vinculadas a las amenazas y hechos violentos. En esa línea, estas personas también podrían ser investigadas por el delito de extorsión, según la participación que se determine.

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Amenazas mediante grupo de WhatsApp

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una persona cuya identidad permanece en reserva. De acuerdo con la Policía, se trataría de un conductor de una empresa de transporte público que venía siendo víctima de extorsión desde aproximadamente inicios de junio de 2026.

Los presuntos extorsionadores habrían creado un grupo de WhatsApp en el que amenazaban a los conductores y les exigían un pago semanal de S/90, bajo amenazas de muerte. Según el coronel Obando, las amenazas no solo estaban dirigidas contra los conductores, sino que también podían representar un riesgo para los usuarios del servicio.

La empresa afectada tendría aproximadamente 100 a 120 unidades vehiculares. El oficial señaló que esta cantidad permite dimensionar el posible flujo de dinero que los extorsionadores buscaban obtener mediante las cuotas exigidas.

Filmaban y seguían a los vehículos

Otro elemento identificado por los investigadores fue la realización de actividades de marcaje y reglaje. Según la explicación policial, los presuntos extorsionadores realizaban seguimientos a las unidades utilizando mototaxis, automóviles o camionetas.

Durante estos desplazamientos, habrían filmado los vehículos y posteriormente enviado las imágenes al grupo de WhatsApp, como una forma de demostrar que tenían identificadas y bajo seguimiento a las unidades de transporte. La Policía considera que estas acciones formaban parte del mecanismo utilizado para presionar a los conductores a cumplir con los pagos exigidos.

Cambiaban las cuentas para recibir los pagos

La PNP también reconstruyó parte de la dinámica de los depósitos. De acuerdo con el coronel Obando, los extorsionadores proporcionaban números de cuentas a los conductores para realizar los pagos y posteriormente exigían que enviaran los respectivos vouchers y la placa de cada vehículo al grupo de WhatsApp.

Las cuentas receptoras, según el oficial, cambiaban semanal o quincenalmente, mientras se mantenían las presiones colectivas y las advertencias de posibles consecuencias contra quienes no cumplieran con el pago.

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Detenidos se encargaban de recibir el dinero

A partir de la denuncia con reserva de identidad y de las acciones de inteligencia e investigación, la Policía logró identificar y detener a los dos ciudadanos venezolanos que, según la hipótesis policial, estarían vinculados a las cuentas utilizadas para recibir las principales cuotas extorsivas.

Durante el operativo se incautaron dos celulares, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y vouchers de depósitos, elementos que serán analizados como parte de las investigaciones.

"Se encontraron conversaciones, capturas de pantalla y comprobantes de operaciones financieras que evidenciarían, de acuerdo con la investigación, coordinaciones relacionadas con la obtención de cuentas, la recepción del dinero y su posterior envío", añadió el coronel.

La Policía también detectó que en uno de los equipos celulares estaban instalados aplicativos y monederos digitales vinculados a terceros, además de aplicaciones relacionadas con cuentas de ahorro de otras personas. Según Obando, esto habría permitido que una persona distinta al titular de la cuenta tuviera el control o gestión de los fondos.

Investigan presuntos movimientos de dinero hacia el extranjero

Otro aspecto de la investigación está relacionado con la ruta que siguió parte del dinero de la extorsión. La Policía realizó un análisis de la trazabilidad de las cuentas de paso e intermedias y, según el coronel Obando, identificó operaciones realizadas en Perú y movimientos que tendrían conexiones en el exterior.

Finalmente, el jefe policial indicó que, además de los dos detenidos, otras personas vinculadas a las cuentas utilizadas en la dinámica extorsiva serán materia de investigación. La Policía continúa con las diligencias para determinar el grado de participación de cada involucrado y establecer la ruta completa de los fondos.

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La estructura comunica distintos sectores de Aymaraes con Andahuaylas y su caída afecta el desplazamiento hacia Tintay, Lucre y San Juan de Chacña. Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), no hubo personas heridas. El puente se encontraba declarado en emergencia y tenía restringido el tránsito de vehículos de carga pesada.

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Puente Pampatama colapsó tras el ingreso simultáneo de dos volquetes con minerales

Los dos volquetes ingresaron de manera simultánea al puente antes de que la estructura cediera. Tras el desplome, ambos quedaron sobre la plataforma dañada, mientras parte de la estructura metálica terminó inclinada hacia el río Chalhuanca. Las imágenes difundidas desde el lugar permitieron observar la magnitud de los daños ocasionados.

La circulación de unidades pesadas estaba prohibida debido a la condición de emergencia del puente. Después del incidente, algunos pobladores increparon a los conductores y trataron de agredirlos por el presunto incumplimiento de la restricción. La determinación de responsabilidades, así como las circunstancias que llevaron al colapso, deberá quedar establecida mediante las investigaciones correspondientes.

La zona, además, ya figuraba en documentos regionales de gestión del riesgo por condiciones de vulnerabilidad. Entre los antecedentes mencionados se encuentran procesos de erosión fluvial y daños en los estribos, aspectos que deberán ser considerados durante la evaluación técnica de la infraestructura.

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Colapso del puente Pampatama interrumpe el tránsito hacia Tintay, Lucre y San Juan de Chacña

El cierre del puente modificó la circulación habitual en esta parte de Apurímac. La conexión directa entre sectores de Aymaraes y Andahuaylas quedó interrumpida, afectando a los habitantes y transportistas que utilizan esta ruta para movilizarse y trasladar productos.

Ante el bloqueo, se comunicaron recorridos alternativos para quienes necesiten desplazarse por la zona. Una de las opciones corresponde a la ruta Colcabamba–Lucre, mientras que otra contempla el trayecto San Juan de Chacña–San Mateo–Antarumi/Cerro Calpeaje.

Las autoridades deberán inspeccionar el área y establecer las medidas de seguridad necesarias antes de permitir nuevamente el paso. La evaluación también permitirá conocer el estado de la infraestructura restante y precisar las causas del desplome.

Por el momento, el tránsito permanece suspendido en el puente Pampatama. La zona deberá mantenerse bajo vigilancia mientras se realizan las labores de evaluación y se determina cómo recuperar la conexión vial afectada por el colapso.

A través de un comunicado, la institución policial anunció la reasignación a otras unidades de los efectivos involucrados, mientras investiga los hechos para determinar la existencia de alguna conducta contraria a la normativa institucional así como en el ámbito penal.

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Video captó a presuntos efectivos bebiendo en comisaría

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a dos presuntos policías vestidos de civil bailando y tomando bebidas alcohólicas dentro de lo que sería la comisaría PNP del distrito de La Unión, junto a dos féminas.

En el registro, uno de los hombres aparece sosteniendo una lata de cerveza de una marca conocida, mientras otro baila frente a una de las mujeres y se levanta el polo. En el espacio se observa un escritorio característico de las oficinas policiales, así como un estandarte nacional, un banderín del Perú y un mantel con logotipo de la PNP.

Investigación y reasignación de policías que estarían implicados

Tras la difusión de la denuncia, la Inspectoría Descentralizada, Oficina de Disciplina y el Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción - Piura dispuso que se realicen las investigaciones prolijas y exhaustivas correspondientes, conforme al debido proceso, a fin de determinar la existencia de alguna conducta contraria a la normativa institucional, así como en el ámbito penal.

Asimismo, la Región Policial Piura dispuso la reasignación de los efectivos involucrados a otras unidades, mientras continúen las diligencias. El despacho aseguró que "no tolera actos que se aparten de la ley, de los reglamentos institucionales ni de los principios y valores que rigen la función policial".

"Cualquier conducta individual que afecte la confianza en la ciudadanía será investigada y, de ser el caso, sancionada conforme al marco legal vigente", indicó la institución en su comunicado difundido este 26 de septiembre.

La programación incluye a ministerios, organismos públicos y otras instituciones del Estado. El calendario permite identificar qué sectores están considerados en cada jornada de pago y cuándo corresponde el depósito de los sueldos durante este mes.

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Banco de la Nación: trabajadores públicos cobrarán sus sueldos entre el 20 y 23 de octubre

El cronograma establece cuatro fechas consecutivas para los trabajadores del sector público. La distribución comienza el martes 20 de octubre y continúa hasta el viernes 23, con diferentes ministerios y entidades asignados a cada jornada:

• Martes 20 de octubre: Educación, incluidas las universidades; Presidencia del Consejo de Ministros; Transportes y Comunicaciones; Defensa; Poder Judicial; Ministerio Público; Economía y Finanzas; Justicia; Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras; Contraloría General; Congreso; Desarrollo Agrario y Riego; y Energía y Minas.
• Miércoles 21 de octubre: Interior; Desarrollo e Inclusión Social; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensoría del Pueblo; y Relaciones Exteriores.

La programación continúa durante las siguientes dos jornadas con otros sectores y organismos estatales. De esta manera, los trabajadores pueden identificar la fecha que corresponde a su institución dentro del calendario de octubre:

• Jueves 22 de octubre: Salud; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Cultura; Ambiente; Trabajo y Promoción del Empleo; y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
• Viernes 23 de octubre: Producción; Comercio Exterior y Turismo; Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); Fuero Militar Policial; Junta Nacional de Justicia; Jurado Nacional de Elecciones (JNE); y Tribunal Constitucional.

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Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos es uno de los estrenos nacionales. La directora reconoce que, al abordar la historia de una figura icónica del folclor, era imposible resumir su vida y su legado en una sola película. “Este es un primer acercamiento, pero esperemos que se haga más: una película de ficción o una serie”, señala sobre la primera artista andina en realizar un concierto en el Teatro Municipal de Lima.

En 1987, más de 40.000 personas despidieron a Leonor Chávez Rojas. Pero la cantante también ha sido defendida de los prejuicios y calificativos que le atribuían. “La gente de mi generación la veía como una figura que inspira y que su legado nos ha ayudado a repensar y a territorializar nuestros feminismos”.

¿Este documental nace a partir de que reconoces que existe una mirada machista sobre la figura de la cantante?

Sí, hay dos partes sobre cómo se ve a una mujer históricamente en la sociedad: eres santa o eres la p... no hay punto medio. Entonces, desde ese lugar más machista y misógino, ella era eso y para el pueblo era como una Santa Rosa de Lima y tenían que salir en su defensa. Yo pensaba que no se estaba viendo, un poco, la zona en grises. Al final, veo este conservadurismo y este fundamentalismo que aún están muy fuertes en nuestra sociedad y creo en ese momento digo: hay que hacer algo para narrar y ponerla en un lugar de humanidad y de dignidad. Siendo muy crítica, pienso que es bien complejo encontrar un punto medio.

¿Planeas hacer otra película sobre su legado?

No sé si la haría, no estoy segura, pero sí creo que hay mucho por profundizar y reflexionar en torno a estas figuras femeninas que rompen con el estereotipo de la mujer sumisa que se le pone a la mujer del Ande. Además, hacer un análisis de género, pero situado desde una mirada también territorial.

Hay una parte del documental en la que se dice que, posiblemente, era coautora de sus canciones, pero no fue reconocida así.

Está de manera sutil, porque eso es para otra película, pero fue una de las cosas que más me motivó para hacer el documental. Yo siempre escuché desde chiquita —porque mi mamá es cantante (del dúo Las Salcabambinitas)— que las familias cuando las hijas les decían que serían cantantes era lo peor. Crecí con ese estigma hacia las mujeres. Lo que es más mágico en esta historia de Pucarina es que ella se zurra en todo eso.

¿Flor Pucarina asistiría a las marchas?

Yo creo que sí, pero por momentos. En otros momentos nos criticaría porque creo que era una mujer muy compleja. Por eso digo que santificarla o romantizarla no tiene mucho sentido, pero sí encontrarse en su música.

Volviendo al tema de su música, algo que se mantiene a lo largo de la película es la situación del artista andino. ¿Ella representa, digamos, esta deuda histórica?

Sí, hay una deuda histórica con las mujeres trabajadoras del arte. Es muy duro el trabajo de los artistas del Ande; hay músicos que trabajan más de 12 horas al día y no tienen seguro social, y eso es triste. También tiene que ver con las clases sociales porque no es lo mismo un músico de una orquesta huancaína que un músico del Grupo 5.

La película la terminaste de grabar en la pandemia. ¿Lograste reunir los testimonios que necesitabas?

La mayoría de los testimonios son de personas mayores que casi no han dado entrevistas. Entonces, muchos que eran viejitos nos dijeron que no. Con los que querían, buscamos locaciones. Quizá, por eso, perdimos contexto. Por ejemplo, uno de los bordadores más importantes que aún sigue vivo es Aníbal Ríos. Grabamos, pero vive en un cuarto chiquitito en El Agustino; no podíamos entrar. La magnitud de su arte es hermosa, pero hay que entender cómo es la precarización de los artistas populares.

Respecto a la condición del artista, tú ganaste DAFO, pero, ¿piensas que hay una especie de batalla cultural?

Hay un trabajo narrativo de la ultraderecha y que lo vemos no solamente aquí en Perú, sino en toda Latinoamérica. Era impensable que en Colombia hicieran esto, pero son las mismas estrategias. Nadie está hablando aquí de esta persona, de Cerimedo y los bots, que es un trabajo de narrativas. También lo que ha hecho el fujimorismo con todo esto de las manifestaciones contra el gobierno de Dina es que realmente han debilitado muchísimo los movimientos sociales. Tenemos mucho miedo de salir a las calles porque, obviamente, nadie quiere morir, ¿no? Eso implica a los trabajadores del arte que salíamos y decíamos cosas. Con toda esta persecución está difícil volver a fortalecer el tejido social, pero lo necesitamos mucho.

¿Crees que uno de los puntos que se debió debatir era la cuota de pantalla para el cine peruano?

Sí, es urgente y necesario porque, como cineastas, nos cuesta muchísimo hacer una película y el corazón del cine es que esa película se vea. En todos los países hay un apoyo grande porque hay esta cuota de pantalla y también es importante que pueda haber políticas para este proceso que es la distribución y la circulación de obras cinematográficas, no solo en salas de cine, también en otros contextos. Dentro del circuito cinematográfico se habla mucho de esto, “que estamos intentando en cines que te maltratan y que además son empresas explotadoras”. Claro, todo eso está mal, pero nosotros convivimos en este sistema, en el capitalismo. Pero no por eso vamos a renunciar a los cines.v

Los dirigentes expusieron cómo este tipo de actividades en el territorio ancestral de este pueblo en aislamiento voluntario son incompatibles con la protección real y efectiva de la vida de su población, como parte de la audiencia pública en el caso del Pueblo Indígena Mashco Piro vs. Perú que culminó el 25 de septiembre.

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Denuncia contra el Estado ante la Corte IDH

Según los dirigentes de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), el Estado no garantizó el respeto del principio de no contacto y la intangibilidad del territorio Mashco Piro en la Amazonía peruana, lo cual habría agravado las condiciones que amenazan su existencia.

Recordaron que, desde 1999, Fenamad presentó evidencias al Estado sobre la presencia de este pueblo en las zonas que posteriormente fueron destinadas a la explotación maderera. A pesar de ello, advirtieron que el Estado creó en 2002 la Reserva Territorial de Madre de Dios, pero lo hizo de manera fragmentada reconociendo solo 34% del área identificada como territorio de pueblos indígenas en aislamiento.

Asimismo, el expresidente de la organización, Julio Cusurichi, sostuvo que durante 25 años los puestos de control y monitoreo para la protección de sus hermanos en aislamiento han sido sostenidos por Fenamad, la Nación Yine y los pueblos que cohabitan el territorio Mashco Piro. "Venimos acá porque es la única esperanza de que nuestros hermanos indígenas en aislamiento continúen con vida", indicó.

Intervención de perito y abogada durante proceso

A su turno, el perito Mikel Berraondo, doctor en derecho internacional público, afirmó que las operaciones empresariales, las concesiones forestales y las actividades extractivas en el territorio ancestral de los pueblos indígenas en aislamiento o en zonas adyacentes son absolutamente incompatibles con su protección.

"El no contacto está intrínsecamente relacionado con el territorio, puesto que al final el pueblo Mashco Piro necesita un territorio donde vivir, donde mantener su aislamiento y donde poder desarrollar su vida, sin amenazas y sin problemas", señaló.

En tanto, Juliana Bravo, directora de la oficina de Latinoamérica de EarthRights y abogada del caso, advirtió una incompatibilidad que vulnera el derecho internacional al intentar asociar el territorio de este tipo de pueblos con actividades extractivas. "Esta lógica estatal de tratar de compatibilizar la vida de estos pueblos con proyectos e intereses económicos viola los estándares internacionales en materia de protección de los pueblos indígenas en aislamiento, favoreciendo la habilitación de proyectos extractivos", dijo.

Exigen cese de actividades extractivas

Con base en los estándares y principios internacionales en materia de protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, la representación de las víctimas solicitó a la Corte IDH cancelar todos los proyectos extractivos a gran escala, en cualquier etapa, en el territorio de ocupación ancestral del pueblo Mashco Piro.

Asimismo, pidió concluir el proceso de categorización de la Reserva Territorial Madre de Dios a Reserva Indígena, iniciado en 2014; implementar cordones de protección alrededor del área delimitada como territorio Mashco Piro que garanticen la protección de este pueblo; y reconocer y adoptar el sistema de protección comunitaria para pueblos en aislamiento implementado por Fenamad y sus comunidades, así como coordinar su ejecución con la organización indígena.

El director de la Dirección Zonal 9 del Senamhi, Daniel Enrique Sánchez Laurel, señaló que la temperatura en esa zona podría llegar a 40 °C, mientras que la humedad característica de la selva elevaría la sensación térmica hasta los 42 °C. La entidad también prevé que las temperaturas continúen aumentando durante los próximos meses y se mantengan elevadas hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

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San Martín podría superar los 40 °C y alcanzar una sensación térmica de 42 °C por la humedad

El incremento térmico ya se registra en distintos sectores de San Martín y tendrá mayor intensidad en el Huallaga Central. Según el Senamhi, el comportamiento responde a condiciones que suelen presentarse en la región, aunque en esta ocasión los valores serán más elevados. La combinación entre las altas temperaturas y la humedad incrementará la percepción de calor.

El escenario está relacionado con el calentamiento de las aguas del mar asociado a El Niño Costero. Las condiciones actuales presentan valores superiores a los habituales para esta época y, de acuerdo con las proyecciones del Senamhi, el aumento continuará durante los siguientes meses. La entidad estima que las temperaturas seguirán ascendiendo hacia 2027.

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Senamhi recomienda proteger a niños y adultos mayores ante el aumento de las temperaturas

El Senamhi recomendó prestar especial atención a los niños y adultos mayores durante los periodos de mayor calor. La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede generar problemas relacionados con el calor, especialmente durante actividades al aire libre o desplazamientos por la vía pública.

Ante este escenario, la entidad aconsejó mantener una hidratación constante y reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad. Estas recomendaciones cobran especial importancia en San Martín, donde las temperaturas ya se encuentran por encima de sus valores habituales y se espera que el calor continúe durante el cierre del año y los primeros meses de 2027.

Ante esta situación, el viudo reportó una presunta negligencia médica, cuestionando la falta de atención oportuna durante la noche, la demora en la administración de antibióticos y el tardío traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Mientras la familia formalizó las acciones legales ante la Fiscalía, la Policía y SuSalud, el centro médico afirmó haber actuado bajo los protocolos correspondientes y puso las historias clínicas a disposición de las autoridades.

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Esposo de la víctima relata las horas previas al traslado de la gestante a UCI

La emergencia inició con fiebre alta y malestar corporal. Tras ingresar a la clínica, un examen reveló un indicador de PCR en 132 —marcador clave de infección severa—, por lo que un médico diagnosticó pielonefritis aguda e infección urinaria, ordenando su hospitalización inmediata. Sin embargo, durante la noche el cuadro empeoró con vómitos, diarrea y dolor abdominal intenso.

El cónyuge asegura que intentó ubicar en vano al médico tratante y que el personal de enfermería solo le administró un antipirético y un antibiótico. Horas después, pese a que la gestante presentó sangrado vaginal y dificultad respiratoria, la alerta no se atendió a tiempo.

“Llegó un médico general que nos dijo que todo estaba bien. Nosotros le comentamos sobre el dolor abdominal, los vómitos y las heces líquidas, pero solo le dijo: ‘Relájate, respira profundo y trata de descansar’ ¿Cómo le pude dar esa indicación? (…) Le indicamos a la ginecóloga que el vientre de mi esposa estaba bien dura y ella dijo que todo estaba bien”, sentenció en una entrevista a ATV.

El desenlace dio un giro a la mañana siguiente cuando el hermano de Pablo —médico de profesión— observó por fotografía la coloración cianótica en las piernas de Génesis y advirtió la urgencia de ingresarla a cuidados intensivos. Tras la evaluación del equipo de UCI, se ordenó su traslado inmediato. El esposo denuncia que el antibiótico se retrasó seis horas y cuestiona la inacción del personal ante la cadena de síntomas críticos.

“A ella la trasladaron a UCI por exigencia mía. Le dije al médico que mi esposa se sentía agitada y él me respondió que era por el medicamento. Todo lo minimizaron estos doctores. Los médicos y las enfermeras que estaban en la noche no hicieron nada”, sentenció.

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Clínica responde ante denuncia de negligencia médica

Ante la gravedad del caso, los deudos acudieron a diversas instancias legales e informaron al Ministerio de Salud sobre los presuntos fallos en la atención, solicitando un peritaje sobre la historia clínica para esclarecer la progresión del estado de salud de la gestante.

Mediante un comunicado oficial, la Clínica Internacional lamentó el deceso de la madre y su bebé, afirmando que los procedimientos aplicados respondieron a la condición de la paciente. La institución justificó la reserva de los detalles médicos amparándose en la confidencialidad legal, aunque remarcó que ya ha puesto a disposición de los investigadores toda la documentación e informes requeridos.

Sin embargo, los allegados rechazan la postura del centro médico y enfatizan que la paciente no registraba comorbilidades. Como antecedente, señalaron que el 27 de agosto la mujer ya había consultado en la misma clínica por lesiones en el labio y malestar general. Las autoridades deberán determinar si existió mala praxis en el proceso, mientras el entorno familiar busca brindar soporte psicológico al hijo de cinco años que deja la víctima.

La decisión está contenida en la Resolución N° 1217-2026/TPI-INDECOPI, correspondiente al Expediente N° 42563-2024/DSD. El pronunciamiento también ordenó que se deje de utilizar el signo Agrupación Russkaya Ever Soncco y otros signos infractores para distinguir servicios de agrupación musical, además del pago de las costas y costos del procedimiento.

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El antecedente que llevó a Indecopi a revisar el caso

La controversia se originó por el uso de la denominación Agrupación Russkaya Ever Soncco en actividades vinculadas con servicios de agrupación musical y espectáculos. Grupo Iberoamericano de Fomento S.A. presentó una denuncia al considerar que esa utilización afectaba los derechos asociados a sus marcas Russkaya.

En septiembre de 2025, la Comisión de Emergencia y Transitoria de Signos Distintivos había declarado infundada la denuncia. Para esa instancia, no se había acreditado una relación suficiente entre las bebidas alcohólicas protegidas por las marcas y los servicios ofrecidos por la agrupación musical. La empresa apeló esa decisión y el caso pasó a revisión de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Durante el análisis del recurso, la Sala estableció que las bebidas alcohólicas y los servicios de agrupación musical sí presentan una conexión competitiva. Entre los elementos considerados estuvo que empresas dedicadas a la comercialización de bebidas pueden organizar o auspiciar eventos musicales como parte de la promoción de sus productos.

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Indecopi prohíbe a empresario peruano usar el nombre Russkaya

El órgano resolutivo también consideró que existía semejanza entre los signos enfrentados. Ese aspecto no fue cuestionado en la apelación y, por tanto, quedó consentido. Al combinar esta semejanza con la vinculación entre productos y servicios, la Sala concluyó que la coexistencia de los signos en el mercado podía generar riesgo de confusión.

La resolución señala además que el uso de los signos cuestionados fue acreditado, al menos, desde septiembre de 2024 y se mantuvo hasta junio de 2026. Para la Sala, las publicaciones realizadas en redes sociales y las presentaciones abiertas al público permitieron comprobar dicha utilización.

Otro elemento considerado fue el conocimiento previo de las marcas. Indecopi tomó en cuenta que el denunciado había solicitado, mediante el Expediente N° 950452-2022, el registro de Agrupación Russkaya Ever Soncco y logotipo. Esa solicitud fue denegada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual al considerar que el signo podía generar riesgo de confusión con las marcas de Grupo Iberoamericano de Fomento S.A.

Con estos elementos, la Sala declaró fundado el recurso de apelación, revocó en todos sus extremos la Resolución N° 351-2025/CESD-INDECOPI del 26 de setiembre de 2025 y declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial. La sanción establecida fue de 3 UIT, equivalente a S/16.500, junto con la prohibición de utilizar los signos infractores para servicios de agrupación musical y la obligación de asumir las costas y costos del procedimiento.

Según información preliminar, las unidades implicadas son un automóvil de placa AVK-541 y una camioneta de matrícula CDV-881, perteneciente a una empresa. El fuerte impacto dejó ambos vehículos con severos daños y generó la intervención inmediata de las autoridades.

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Choque de vehículos dejó tres fallecidos

El automóvil era conducido por Esguin Pintado Puelles, quien se desplazaba desde Huánuco hacia Lima, acompañado de personas que eran sus allegados. Debido al choque, el vehículo de color rojo quedó completamente destrozado. Dos cuerpos, un varón y una mujer aún no identificados, permanecían en el interior, mientras que un tercer cuerpo quedó tendido en la vía pública a raíz del impacto.

Por su parte, la camioneta terminó empotrada contra el sardinel de la carretera y presentó graves daños producto de la colisión. Agentes de la comisaría de Morococha realizan las diligencias, mientras se espera la intervención del fiscal de turno para el levantamiento de los cuerpos.

Segundo accidente en menos de una semana

A raíz del siniestro, el tránsito permanece restringido en este sector de la carretera que conecta las regiones de Pasco, Junín y Lima. De momento, solo un carril se encuentra habilitado, lo que provoca congestión vehicular.

Las razones del accidente aún no han sido esclarecidas. Se espera que las diligencias policiales y fiscales determinen la causa de la colisión, que ocurrió apenas dos días después de otro siniestro registrado en la misma ruta Canta-Huayllay-Pasco, donde dos personas perdieron la vida tras el despiste de un camión.

Según la versión de Luis Ramírez Alcántara, en ese momento se encontraba dentro del vehículo junto con sus hijos, de 11 años y 10 meses, y su sobrina de 10 años. El padre de familia relató que uno de los sujetos, quien llevaba una polera con capucha, lo empujó cuando cargaba a su bebé de 10 meses y luego lo amenazó con un arma de fuego para exigirle que entregara su camioneta.

Ramírez aseguró que posteriormente advirtió la presencia de otros tres sujetos, también encapuchados, quienes habrían participado en el intento de robo.

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Padre asegura que disparó tras ser amenazado

De acuerdo con su testimonio, el hombre intentó proteger a los menores mientras era golpeado y amenazado. Aseguró que llevaba consigo un arma de fuego con licencia y que logró tomarla cuando se encontraba dentro del vehículo.

El padre de familia sostuvo que, mientras los presuntos delincuentes intentaban llevarse la camioneta, uno de ellos habría realizado un disparo en su dirección. Según su relato, este hecho lo llevó a utilizar su arma y efectuar varios disparos contra el vehículo.

"Sentí que el disparo fue directo para los cuerpos, para mí o para mi hija", relató a La República.

Tras los disparos, la camioneta habría retrocedido y terminado chocando contra otro vehículo. Según el padre, uno de los presuntos asaltantes quedó herido dentro de la unidad, mientras que los otros tres escaparon a bordo del vehículo en el que habían llegado.

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Presunto asaltante quedó herido y fue detenido

El hombre herido fue identificado como Diego Alexis Flores Rivera, quien fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Ramírez afirmó que, tras advertir que el sujeto continuaba con vida, lo redujo hasta la llegada de los agentes policiales.

El padre también sostuvo que Flores Rivera habría sido detenido meses atrás por un hecho similar y posteriormente liberado. “Ya tiene acá un rosario de denuncias por lo mismo. Entonces, ya es conocido. Lo que yo deseo y que me puedan apoyar es que se pueda hacer justicia, porque este chico ya cayó, si no me equivoco, hace cuatro o cinco meses atrás por lo mismo”, indicó.

Investigación quedó a cargo de la Dirincri

Luego del incidente, Luis Ramírez entregó su arma para las pericias correspondientes y fue trasladado a la Comisaría PNP Mateo Pumacahua, donde brindó su manifestación a los agentes policiales.

El padre de familia expresó su preocupación ante la posibilidad de ser detenido por haber utilizado su arma de fuego. Sin embargo, sostuvo que cuenta con licencia para portarla y que actuó para protegerse y proteger a sus hijos.

Ramírez también recordó que años atrás habría sido víctima de extorsión, situación que, según explicó, lo llevó a adquirir legalmente un arma de fuego para proteger a su familia.

Padre teme posibles represalias

El hombre pidió apoyo a las autoridades para esclarecer lo ocurrido y expresó temor por su seguridad y la de sus familiares, debido a que tres de los presuntos delincuentes lograron escapar.

Actualmente, la investigación se encuentra a cargo de la Dirincri, que deberá determinar cómo ocurrieron los hechos, identificar a los demás involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes.

La versión de Luis Ramírez sobre una actuación en legítima defensa forma parte de su declaración y deberá ser contrastada con los elementos de prueba, testimonios, pericias y demás diligencias que realicen la Policía y el Ministerio Público.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Carlos León. Según testigos, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió, se acercó al hombre y abrió fuego contra él. León quedó gravemente herido y murió minutos después en el lugar.

El crimen ocurrió a pocos metros de un parque donde se encontraban varias familias. La ráfaga de disparos generó temor entre los vecinos, quienes buscaron refugio para ponerse a salvo.

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Policía investiga posible cobro de cupos

León trabajaba en el sector construcción. De acuerdo con información preliminar recogida entre los vecinos, una de las hipótesis que manejan las autoridades relaciona el asesinato con un presunto cobro de cupos en este rubro. Sin embargo, esta versión todavía forma parte de las investigaciones.

Efectivos de la Policía Nacional y peritos de criminalística acudieron a la zona para recoger evidencias y determinar las circunstancias del ataque. Los investigadores también buscan identificar a los dos sujetos que llegaron en motocicleta y establecer su ruta de escape.

Los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona y solicitaron a las autoridades reforzar las medidas de vigilancia.

La intervención fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en los penales de Ancón I y Miguel Castro Castro (Lima), El Milagro (Trujillo), Challapalca (Tacna) y Cochamarca (Pasco), y contó con la participación de más de 400 efectivos del INPE, la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público.

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Requisas en penales de Lima permiten incautar celulares, dinero y routers

Durante la inspección de celdas, colchones, mesas y otros espacios de los pabellones 1 y 4 del penal Castro Castro, los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE hallaron tres equipos celulares, routers, auriculares, memorias micro SD, placa electrónica y USBs. Además, incautaron 41 envoltorios con droga, ketes con marihuana y S/15.000 en efectivo, entre otros objetos no permitidos.

Por su parte, la intervención de los pabellones 9 y 10 del establecimiento penitenciario Ancón I permitió el decomiso de memorias de celular, audífonos, cargadores, cigarrillos, cocinas artesanales, S/3.000 en efectivo y otros artículos no autorizados.

Penales en regiones: drogas, agendas telefónicas y armas punzocortantes

Los hallazgos de materiales prohibidos se replicaron en las cárceles de regiones. En el pabellón 1 de Cochamarca, los agentes incautaron un celular, 40 ketes de pasta básica de cocaína, radio con entrada USB, agendas con números telefónicos y armas punzocortantes.

Asimismo, en el penal El Milagro de Trujillo, la intervención en el pabellón 9 detectó 307 sobres con marihuana, bolsas con clorhidrato de cocaína, 71 bolsas pequeñas con pasta básica de cocaína, cinco paquetes deformes con PBC, un celular, objetos punzocortantes y otros elementos no permitidos. Challapalca fue el único recinto penitenciario donde la inspección concluyó sin hallazgo de sustancias ni objetos prohibidos.

El INPE informó que todo lo incautado fue puesto a disposición de la PNP y del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, conforme al marco legal vigente. Estas acciones se realizan en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno en los penales mencionados con el objetivo de reforzar la seguridad y el control de estos centros carcelarios. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, publicado el 5 de septiembre, y tiene una vigencia de 60 días calendario.

 En el Perú ya se denuncia, en promedio, 14,1 casos por día equivalente a 430 denuncias al mes. El 2026 tiende a superar los 5,000 casos anuales, explica el analista de datos Juan Carbajal.

Asegura que el peor registro desde el año 2020 según datos oficiales del Ministerio Público no es una percepción, sino "son datos puros."

El especialista afirma que "pasamos de un promedio de 142 secuestros al mes en el año 2020 a 430 denuncias mensuales al cierre de agosto de 2026."

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Carbajal afirma que registrar 14.1 casos diarios significa que, estadísticamente, una familia peruana denuncia un secuestro prácticamente cada 90 minutos.

Se pregunta: ¿Cómo cerraremos el año 2026? "Proyectando matemáticamente el comportamiento acumulado a agosto, nos enfrentamos a dos realidades de cierre: escenario lineal (tendencia actual), manteniendo el promedio plano de 430 casos mensuales de aquí a diciembre, el año cerraría con 5.160 denuncias totales. Mientras que el escenario estacional (histórico corregido): si los meses de septiembre a diciembre replican el comportamiento de años pasados (donde la criminalidad presiona al alza por fiestas de fin de año), el cierre real escalaría hasta las 5.225 denuncias."

Cualquiera de los dos escenarios confirma un panorama crítico: es decir, el 2026 consolidaría un incremento entre el 5% y el 6% en comparación con el año 2025.

En realidad, las denuncias por secuestro mantienen una tendencia creciente en Perú y podrían superar los 5 mil casos al cierre de 2026, según una proyección elaborada por el ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal a partir de registros del Ministerio Público actualizados hasta el 31 de agosto.

"El análisis estima un promedio mensual de 430 denuncias durante los primeros ocho meses del año. De mantenerse ese ritmo entre septiembre y diciembre, el país podría cerrar 2026 con aproximadamente 5.160 casos. Un segundo escenario, que incorpora el comportamiento registrado en los últimos meses de años anteriores, eleva la proyección hasta 5.225 denuncias", refiere el especialista.

Carbajal precisa que el promedio actual equivale a unas 14,1 denuncias diarias, lo que estadísticamente representa aproximadamente un caso cada 90 minutos. Se trata de una proyección y no de un conteo definitivo de los casos que se registrarán durante todo el año.

Un incremento sostenido

De acuerdo con el análisis, el promedio mensual de denuncias pasó de 142 casos en 2020 a 430 durante 2026, considerando los registros acumulados hasta agosto. La evolución refleja un incremento significativo dentro del periodo comparado.

El especialista calcula que los escenarios proyectados representarían un aumento de entre 5% y 6% respecto del registro de 2025. La cifra final dependerá del comportamiento de las denuncias durante los últimos cuatro meses del año.

El incremento ocurre en un contexto en el que la extorsión y otros delitos vinculados al crimen organizado mantienen presencia en distintas ciudades del país. Las autoridades policiales también investigan recientes casos de secuestro ocurridos en Lima.

Los casos recientes ponen nuevamente bajo atención la evolución de este delito, mientras las cifras oficiales y las proyecciones estadísticas apuntan a un escenario que deberá ser contrastado con el cierre anual de registros del Ministerio Público.

En esta semana tres ciudadanos peruanos que habían sido secuestrados entre el 22 y 23 de septiembre en Lima fueron ubicados, rescatados y puestos a salvo.

Uno de los operativos se ejecutó en Punta Hermosa, donde los agentes ubicaron un inmueble utilizado como lugar de cautiverio e ingresaron para rescatar a un ciudadano peruano de 29 años, quien había sido interceptado previamente en San Martín de Porres. Los secuestradores exigían S/100.000 por su liberación, pero no se efectuó ningún pago.

La intervención permitió poner a buen recaudo al agraviado y capturar a cinco presuntos implicados: Joelvy Cañas Chacón (27), Yonathan Zivanovich Sánchez (20), Israel Araque Farías (30), Eduardo Lugo Estrada (26) y Thais Yvones Rodríguez (26). Todos.

Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, una cacerina, 14 municiones, dos motocicletas, un vehículo presuntamente utilizado en el hecho y seis celulares.

"En un rescate, la Policía domina el hecho criminal, incursiona, detiene a los criminales y rescata a la víctima sin ningún pago", señaló el general Ricardo Espinoza, jefe de la Dirincri.

En otro caso, los agentes especializados de la Dirincri ubicaron el inmueble donde permanecía retenida una víctima, quien posteriormente fue liberada en el distrito de Comas. Como resultado de la intervención, fueron detenidos tres presuntos implicados: Jesús Gonzáles Vásquez, Xiomara Moreno Díaz y Rafael Rangel Cortez. Se logró incautar una pistola, además de otros elementos que serán incorporados a las investigaciones.

El hecho ocurrió la noche del 23 de septiembre, en Los Olivos, donde un empresario del rubro pastelero fue interceptado por sujetos armados cuando se desplazaba por inmediaciones de su local. Durante su cautiverio, los delincuentes realizaron siete transferencias por un total de S/61.200 desde su cuenta bancaria hacia la cuenta de Moreno Díaz y otras más.

En otro caso, el trabajo de inteligencia de los equipos especializados de la PNP permitió reconstruir, mediante el seguimiento de cámaras de seguridad, la trayectoria del vehículo utilizado en el hecho. Este seguimiento permitió establecer que el mismo vehículo estaría vinculado a los casos Nilton y Gas, configurándose una conexión directa entre ambos hechos.

La investigación determinó que la víctima, un operador de una empresa minera, había sido secuestrada el 22 de septiembre y que los delincuentes exigían S/70.000 por su liberación. Al no concretarse el contacto con la familia, los sujetos lograron sustraer S/2.000 de su cuenta bancaria.

Las labores de rescate están a cargo de la Asociación Socorro Andino Peruano, cuyos equipos rastrean sectores como Cuartelhuain, Carhuacocha, Huayllapa, Viconga, Llamac y Pocpa, extendiendo la búsqueda a caminos secundarios. La localización se ha complicado debido a que el montañista habría sufrido fallas en su dispositivo satelital, por lo que no se cuenta con coordenadas GPS fijas.

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Difunden características y equipo de Jordan Yap para facilitar su búsqueda en Huayhuash

Jordan Yap mide 1.74 metros, es de contextura mediana y tiene el cabello negro y ondulado. Durante su recorrido vestía una chaqueta blanca, un suéter verde con protección solar y llevaba una mochila Durston de 40 litros, carpa tipo Dome y bastones de trekking.

Comunidades de montañismo, guías, arrieros y operadores turísticos piden ayuda en redes sociales a cualquier persona que haya transitado por la Cordillera Huayhuash en los últimos días y pueda aportar información relevante.

Según la PNP, el efectivo conducía una unidad policial asignada a la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI y no al despacho ni al servicio personal del ministro del Interior, como se reportó inicialmente. Además, tras el dosaje etílico, se comprobó que manejaba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido y sometido de inmediato a las diligencias correspondientes.

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Accidente dejó a joven en UCI

Las cámaras de seguridad del condominio registraron el momento exacto del accidente ocurrido el 22 de septiembre. En las imágenes, se observa a la víctima caminando junto a la vía cuando, detrás de él, aparece la camioneta que lo impacta. El joven salió despedido por la fuerza del choque y cayó contra una estructura de concreto.

Pese a provocar la colisión, la camioneta continuó su recorrido y no se detuvo para auxiliarlo. Los vecinos alertaron al personal de seguridad del condominio, que fue advertido en los dos accesos del recinto, uno hacia San Juan de Miraflores y otro hacia Chorrillos. De esta manera, los ocupantes no pudieron abandonar el lugar y la unidad fue intervenida.

Por su parte, la víctima fue trasladada a una clínica cercana. El joven sufrió una hemorragia cerebral, cuatro hematomas en la cabeza y contusiones en la cadera, de acuerdo con la información proporcionada por su familia. De forma preliminar, se informó que permanecía en UCI y su estado era reservado.

Efectivo detenido y bajo investigación

Según la PNP, el efectivo implicado en el accidente —cuya identidad no ha sido revelada por la institución— fue sometido a un dosaje etílico que arrojó resultado positivo, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente. Además, se informó que el caso fue comunicado al Ministerio Público para las investigaciones conforme a ley.

De manera paralela, la Inspectoría General de la PNP intervino e inició las actuaciones administrativo-disciplinarias correspondientes, en el marco de la Ley N.° 30174, su Reglamento y modificatorias vigentes. "La Policía Nacional no encubre ni tolera conductas individuales contrarias a ley, la disciplina y los principios que rigen la función policial. Los hechos son materia de investigación y las responsabilidades serán determinadas por las autoridades competentes, respetando el debido proceso", indicó la entidad.

De acuerdo con la información policial, el agraviado recibió impactos de proyectil en el cuello y la mano izquierda. Tras el ataque, testigos lo auxiliaron y trasladaron al área de emergencias del hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, donde los médicos reportaron su estado de salud como estable. La furgoneta quedó con dos impactos de bala en la carrocería.

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Según el acta policial, el atacante vestía una polera negra y huyó del lugar después de realizar los disparos. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del ataque.

Policía analiza cámaras para identificar al atacante

Efectivos de la comisaría Nueva Esperanza acudieron a la avenida 26 de Noviembre para realizar las diligencias preliminares. Los agentes acordonaron la zona, recogieron casquillos y tomaron declaraciones a los testigos del ataque.

La Policía también revisará las cámaras de seguridad de los comercios e inmuebles ubicados en los alrededores para establecer cómo llegó y escapó el atacante. Las imágenes serán incorporadas a la investigación para intentar identificar al responsable.

Los agentes coordinarán además la declaración formal del agraviado en el establecimiento de salud. La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar por qué el hombre fue baleado mientras esperaba a su amiga.

Es la historia de la viuda que aún clama por justicia. Del joven que deja de estudiar porque no puede pagar sus gastos. De la familia que abandona su comunidad porque regresar significa exponerse nuevamente al peligro. Del trámite que puede tardar años porque no existe un certificado de defunción. Y de los hijos que alcanzan la mayoría de edad mientras siguen esperando una ayuda estatal.

En los últimos trece años, 51 líderes fueron asesinados en el país por defender sus territorios de las garras de las economías ilegales. Pero la tragedia no termina allí pues la tierra sigue bajo amenaza y las familias que lloran su pérdida deben hacerlo a solas, ante un sistema que hace caso omiso a sus necesidades.

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"Es como rehacer tu vida desde cero"

Quinto Inuma fue asesinado el 29 de noviembre de 2023 cuando regresaba a Santa Rosillo de Yanayacu. Había denunciado invasiones, tala ilegal y otras actividades que afectaban el territorio comunal. El Estado conocía su situación de riesgo y había dispuesto medidas de protección. Pero nada detuvo la tragedia.

Después del crimen, la familia salió de su territorio. Kevin Inuma, su hijo, cuenta que cada cierto tiempo deben afrontar gastos de alojamiento, alimentación y otros costos que antes no tenían viviendo en su comunidad. "Te cuesta vivir, es como rehacer tu vida, desde cero", relata.

Kevin cuenta que después del proceso judicial sus familiares recibieron señalamientos y amenazas. Y advierte que la situación de Santa Rosillo continúa siendo frágil: "Yo le pido al Estado que acelere la titulación y el saneamiento del territorio comunal". Sin ello, sostiene, alguien más puede correr el mismo destino que su padre. La comunidad había presentado denuncias por delitos ambientales y tráfico de drogas durante años.

Kevin cuestionó que las autoridades no valoren la labor de los líderes, incluso cuando ya se les arrebató la vida. "Cuando muere, por ejemplo, un familiar de un congresista, el Estado le da automáticamente miles de soles en compensación. ¿Y cuánto les da a los defensores que están arriesgando sus vidas por todo el mundo?  Luego, tampoco hay recompensas para poder mitigar nuestras necesidades", objetó.

Amanda Yepez, especialista en geografía crítica de Ecuador, plantea que la discusión se oriente a erradicar la impunidad. "La justicia climática es identificar quiénes son responsables de los impactos y que quienes están provocando esta condición puedan mostrarse y repararlo", señala.

Yepez advierte que determinadas concesiones pueden presentarse como progreso mientras mantienen presiones sobre los territorios. "Los gobiernos siguen con el mismo modelo, aprovechando el discurso ambiental para capitalizar e invertir en proyectos que les generan una renta y un capital. ¿A costa de qué o quién?", precisa.

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La eterna búsqueda de justicia

En Saweto, el tiempo también transcurrió. Francisco Pinedo, Edwin Chota, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima fueron asesinados en septiembre de 2014. Sus familias tuvieron que afrontar la pérdida, las amenazas y el desplazamiento.

Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, cuenta que el dinero es una preocupación cotidiana. "El Gobierno dice que apoya, pero la ayuda apenas llega", relata.

La familia no recibió el respaldo educativo que esperaba. Uno de sus hijos incluso busca trabajo porque no hay recursos suficientes: "Mi hijo quiere ser profesor, pero no tiene Beca 18. Está trabajando en la chacra".

Para Rojas, vivir en Pucallpa tampoco resolvió el problema. La ciudad implica pagar por comida, vivienda y transporte. Por eso vuelve ocasionalmente a la comunidad, aunque reconoce que el riesgo permanece. "Nosotros seguimos sufriendo por la muerte de nuestros esposos", dice.

Para acceder a la asistencia económica destinada a hijos de defensores asesinados, uno de los requisitos centrales es acreditar la muerte. En Saweto, la ausencia de algunos cuerpos complicó durante años la obtención de los certificados de defunción.

Una familia tuvo que iniciar un proceso judicial de muerte presunta. El certificado llegó recién en 2025, más de una década después del asesinato. Para entonces, algunos hijos ya habían alcanzado la mayoría de edad y perdieron el beneficio.

Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, cuenta que hace lo que puede para sostener a sus hijos mientras intenta continuar con los trámites y reclamos pendientes. "Yo hacía mis artesanías pero me he enfermado. Ya no puedo estar sentada mucho rato", relata.

Y ni siquiera puede volver a su territorio. Los viajes por río pueden durar varios días y, después del asesinato de los dirigentes, algunas mujeres prefieren no exponerse. "Tenemos miedo de regresar", asevera.

Rengifo insiste en que la seguridad no puede consistir solo en cámaras o visitas ocasionales de funcionarios. Según narra, la presencia policial aparece principalmente cuando llega una comisión oficial.

La lideresa denuncia la deshumanización que sus comunidades viven. "No se consulta quién vive, quién no vive... Nos venden con todo y árboles, pero aquí estamos. Si no cuidamos nuestros bosques, ¿quiénes van a venir a cuidarlo?", señala.

Según Amanda Yepez, la violencia seguirá escalando si no se cuestiona el rol del Estado como único actor legítimo del ordenamiento territorial. "Deben detenerse todas las normativas que flexibilizan el extractivismo en estas zonas vulnerables, que solo dejan destrucción a su paso", precisa.

Sangre que aún no seca

La realidad de Saweto e Inuma son muestra de que la violencia no termina cuando se identifica a los responsables de un asesinato. Quedan las viudas, los hijos. Quedan las deudas, los colegios, las enfermedades, los alquileres y los documentos. Queda también la comunidad.

Hilter Macedo, presidente de Fepikecha en San Martín, explica que la muerte de un dirigente afecta a todo un pueblo, pues los más jóvenes dimensionan el peligro al que están expuestos. "Y el Estado no nos quiere reconocer. Pero  seguimos luchando. Es nuestro derecho", afirma.

El escenario adquiere otra dimensión al revisar las cifras nacionales. El analista de datos Juan Carbajal advirtió que hasta agosto se registraron, en promedio, 14,1 denuncias por secuestro al día. Esa frecuencia equivale estadísticamente a una denuncia cada 90 minutos y proyecta un cierre de 2026 por encima de los 5.000 casos.

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Tres secuestros en menos de 48 horas

El primer caso ocurrió el 22 de setiembre, cuando un operario minero salió de su vivienda en San Juan de Lurigancho para encontrarse con una mujer. Tres sujetos encapuchados y armados lo interceptaron y lo llevaron hasta un inmueble utilizado como lugar de cautiverio. Los delincuentes exigieron S/70.000 a sus familiares y, ante las dificultades para mantener contacto con ellos, sustrajeron S/2.000 de las cuentas bancarias de la víctima. Posteriormente, lo liberaron cerca del puente Atocongo.

Al día siguiente, la Policía identificó similitudes entre ese plagio y el secuestro de un trabajador de una empresa distribuidora de gas, quien fue interceptado en San Martín de Porres. En este caso, los delincuentes habrían exigido S/100.000. El joven, de 29 años, fue rescatado en Punta Negrapor agentes de la Dirincri luego de que su madre denunciara su desaparición. La investigación encontró coincidencias entre ambos casos en el vehículo utilizado, las armas de fuego y los videos que los captores grabaron para exigir dinero a los familiares.

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La misma línea de investigación alcanzó el secuestro de un empresario de 43 años dedicado a la comercialización de insumos para pastelería. El hombre fue interceptado cuando salía de su centro de trabajo en Los Olivos y permaneció más de 16 horas retenido en una vivienda de Comas. La Policía consiguió ubicarlo mediante el rastreo de su teléfono celular. Desde ese equipo se habrían realizado movimientos de dinero por unos S/61.200.

El coronel PNP Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, señaló que las organizaciones criminales que afrontan dificultades para continuar con la extorsión podrían estar recurriendo a otras modalidades. Entre ellas, la Policía investiga el secuestro como una posible alternativa utilizada por algunas bandas.

Las denuncias alcanzan su mayor nivel

El incremento de los casos recientes coincide con el comportamiento que muestran las denuncias acumuladas durante 2026. Según el análisis difundido por Juan Carbajal a partir de información del Ministerio Público con corte al 31 de agosto, este año se registran alrededor de 430 denuncias mensuales por secuestro.

"Registrar 14,1 casos diarios significa que, estadísticamente, una familia peruana denuncia un secuestro prácticamente cada 90 minutos", detalló el analista.

La comparación que realiza muestra un salto frente al promedio mensual de 2020, cuando se contabilizaban 142 denuncias. Con el ritmo registrado hasta agosto, el analista proyecta que 2026 podría cerrar con 5.160 casos si el promedio mensual se mantiene hasta diciembre.

Un segundo escenario, que incorpora el comportamiento de los últimos meses de años anteriores, eleva la proyección a 5.225 denuncias. Se trata de estimaciones y no de un resultado definitivo: el número final dependerá de las denuncias que se registren durante los últimos cuatro meses del año y de la consolidación posterior de los datos oficiales.

La protesta fue convocada por una coalición integrada por distintos gremios del hospital. Los dirigentes aseguraron representar a alrededor de 1.400 trabajadores, entre obstetras, enfermeras, personal administrativo, tecnólogos médicos y técnicos en enfermería.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el presunto desabastecimiento de medicamentos destinados a los pacientes. Los trabajadores sostienen que las limitaciones presupuestales estarían dificultando la atención de diversas necesidades del establecimiento y también denunciaron carencias que afectarían directamente al personal. Entre ellas, señalaron que algunos trabajadores no contarían con uniformes adecuados para desarrollar sus labores.

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Trabajadores piden intervención de la Contraloría

Los manifestantes también cuestionaron el manejo administrativo de la institución y solicitaron que los organismos competentes revisen los recursos y procedimientos utilizados por el hospital.

En ese sentido, uno de sus principales pedidos es la intervención de la Contraloría General de la República, a fin de que se evalúe la gestión administrativa y se determine si existen eventuales irregularidades o responsabilidades.

Las acusaciones formuladas durante la protesta corresponden a los trabajadores y dirigentes sindicales. Hasta el momento, estas denuncias no constituyen por sí mismas una confirmación de hechos ilícitos y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

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Exigen salida del director administrativo

Los trabajadores también exigieron la salida de José Roberto Capcha Cárdenas, director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital San Bartolomé.

Los manifestantes solicitaron que sea reemplazado y reclamaron que el Ministerio de Salud intervenga directamente frente a los problemas que, según sostienen, atraviesa el establecimiento.

Asimismo, pidieron la presencia del ministro de Salud para exponer sus demandas y exigir respuestas respecto del abastecimiento de medicamentos, presupuesto y administración del hospital.

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Capcha figura como imputado en proceso por presunta malversación

La documentación judicial proporcionada para esta investigación registra además un proceso seguido contra José Roberto Capcha Cárdenas en la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

De acuerdo con una resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Bagua, correspondiente al expediente 00582-2015-13-0102-JR-PE-01, Capcha figura como imputado por el delito de malversación de fondos, en agravio del Estado-Gerencia Sub Regional de Bagua.

El documento, emitido el 14 de setiembre de 2022, señala que el proceso se encontraba en etapa de apelación y que se había programado una audiencia de apelación de sentencia para el 24 de noviembre de ese año.

La resolución precisa que la causa estaba "expedita para resolver" y dispone la programación de la audiencia, además de las notificaciones correspondientes a las partes procesales.

La existencia de este proceso no equivale a una condena ni acredita responsabilidad penal de Capcha. La documentación proporcionada corresponde a una resolución judicial emitida durante el trámite de apelación.

Los cuatro pedidos de los trabajadores

Los trabajadores plantearon cuatro demandas principales durante la protesta: solucionar el presunto desabastecimiento de medicamentos, mejorar los recursos destinados al personal, permitir la intervención de la Contraloría y cambiar al director administrativo.

También solicitaron la presencia del ministro de Salud para que atienda directamente sus reclamos.

La República intentó comunicarse con José Roberto Capcha Cárdenas para obtener su versión respecto de los cuestionamientos formulados por los trabajadores y el proceso judicial mencionado. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Hospital garantiza servicios y disposición al diálogo

Tras la difusión del caso, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé informó que la atención a los pacientes en el establecimiento se desarrolla con normalidad, garantizando la continuidad de todos los servicios asistenciales.

Asimismo, la Dirección General reafirmó su disposición al diálogo permanente con los gremios y su compromiso con garantizar la continuidad de los servicios de salud, así como las condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores del personal.

La autoridad sanitaria calificó esta actuación como "intolerable" y sostuvo que también se ha iniciado un procedimiento administrativo para el personal que participó en esta aparente fiesta, donde hubo música, baile y botellas de cervezas. La escena, difundida a través de redes sociales, generó indignación entre la población local.

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Personal fue captado en fiesta dentro de centro materno

El hecho que motivó las recientes medidas fue difundido en redes sociales el último domingo 20 de setiembre. En las imágenes, se observa a un grupo de trabajadores de la Casa Materna de Sanagorán realizando una celebración al interior del establecimiento destinado exclusivamente a brindar atención y alojamiento a gestantes procedentes de zonas alejadas.

Florián confirmó que en esta actividad social participaron médicos, enfermeras, obstetras y técnicos. “Lo lamentable es que este personal de salud, que hace quedar mal a los profesionales de salud a nivel regional, haya realizado este acto irregular, intolerable”, señaló la autoridad en declaraciones recogidas por la Agencia Andina.

Separación del director y otras medidas contra el personal

Ante la difusión del caso, el gerente regional de Salud de La Libertad señaló que se dispuso la separación del jefe del establecimiento y el inicio de los procesos administrativos sancionadores contra el personal que habría participado en la actividad. El inicio de las investigaciones preliminares fue confirmado en un comunicado por la institución.

En su pronunciamiento, la entidad también precisó que, durante los hechos ocurridos el domingo 20 de setiembre, la Casa Materna no contaba con usuarias (gestantes o puérperas) albergadas en sus instalaciones. Además, garantizó que la continuidad operativa de los servicios de salud a la comunidad no se ha visto comprometida tras el incidente.

Los detenidos fueron identificados como Abel Eusebio Rojas (43), alias 'Loco Abel' o 'Cosho', señalado como presunto cabecilla de la banda, y Maricielo Alejandro Roque (32), alias 'Mary', quienes fueron intervenidos en la intersección de las avenidas Horacio Zevallos y Primero de Mayo, en la asociación de vivienda Las Praderas de Pariachi, luego de recibir el dinero exigido ilícitamente.

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Dinero cobrado por extorsión fue recuperado por agentes

Durante el operativo, los efectivos de la PNP recuperaron los S/20.000 que acababan de ser cobrados a una víctima e incautaron tres teléfonos celulares y un vehículo registrado a nombre de uno de los intervenidos.

En tanto, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias y profundizar las investigaciones por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada y otros ilícitos que pudieran determinarse durante el proceso.

Organización criminal estaría dedicada a extorsionar grifos en Ate

La operación estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Divinext - Dirincri), con apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Mininter (Digimin).

De acuerdo con las primeras diligencias, la banda criminal habría estado dedicada a extorsionar establecimientos comerciales de venta de combustibles en la zona de Huaycán, utilizando amenazas para exigir el pago de dinero.

De acuerdo con testigos, un delincuente abordó a la estudiante para arrebatarle sus pertenencias. La joven se resistió al asalto y el sujeto la atacó con un cuchillo en la zona del cuello. El agresor huyó por la misma vía, mientras que la víctima avanzó unos metros en busca de ayuda hasta que perdió el conocimiento y murió debido a la gravedad de sus heridas.

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Ataque contra estudiante en San Juan de Lurigancho

Una cámara de seguridad registró el recorrido de Bolívar Pinares minutos antes del ataque. Las imágenes muestran a la joven cuando caminaba a una cuadra del cuarto que alquilaba y llevaba comida. Quince segundos después, un hombre con gorro, polera y shorts aparece detrás de ella y la sigue por la misma vía.

Vecinos de la urbanización cinco de Noviembre afirmaron que los asaltos son frecuentes en los alrededores de la estación Bayóvar. Además, señalaron que una mototaxi registrada por una cámara después del crimen habría sido utilizada durante el asalto, aunque esta versión todavía es materia de investigación. Los moradores pidieron mayor presencia policial en la zona, una vía utilizada por estudiantes y residentes.

Bolívar Pinares era natural de Cotabamba, en Apurímac, y vivía en Lima desde hace tres años. La joven estudiaba Psicología y estaba a dos años de concluir la carrera. En redes sociales, especialmente en TikTok, compartía reflexiones personales. Sus familiares la recordaron como la menor de su hogar y una persona muy cercana a su familia.

Investigaciones a cargo del Depincri Canto Rey

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Canto Rey quedó a cargo de las diligencias para identificar al autor del homicidio. Los agentes recopilaron las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el jirón Berlín y otras imágenes que permitan reconstruir la ruta seguida por el atacante.

La institución también precisó que los asistentes que no acepten las nuevas condiciones de la reprogramación pueden solicitar la devolución total del dinero pagado por sus entradas. El organizador deberá realizar el reembolso dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles desde que el consumidor presente su solicitud, conforme a lo establecido por la Ley N.° 32415.

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Indecopi exige devolución total de entradas si el público no acepta la reprogramación

Los consumidores que decidan no aceptar las condiciones establecidas para la nueva fecha del concierto tienen derecho a solicitar la devolución completa del monto pagado por sus entradas. Para ello, las empresas organizadoras deben informar de manera oportuna cuál será el procedimiento que deberán seguir los asistentes.

El reembolso deberá efectuarse como máximo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. Además, el organizador tiene la obligación de habilitar de inmediato los canales de atención necesarios para recibir y procesar estos pedidos de devolución.

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Organizadores de Robbie Williams podrían recibir multas de hasta 450 UIT

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi Lima Norte abrió la investigación preliminar para determinar lo ocurrido y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas involucradas. El proceso permitirá evaluar si existen indicios de infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Si se identifican posibles infracciones, el Indecopi podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Este podría concluir con multas de hasta 450 UIT y con la aplicación de medidas correctivas a favor de los consumidores, cuando corresponda. La entidad también aclaró que comunicar voluntariamente las acciones adoptadas ante una reprogramación no libera a los organizadores de sus obligaciones ni impide que sean investigados.

La oferta incluye propiedades residenciales, comerciales e industriales ubicadas en distintos distritos y ciudades. Entre los bienes figuran casas, departamentos, depósitos, estacionamientos, oficinas, terrenos, tiendas y un local industrial, con precios base que parten de montos inferiores a S/ 6.000 y llegan hasta más de S/ 2,5 millones.

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Sunat rematará casas, departamentos, terrenos y estacionamientos con precios base desde S/ 5.287

Los postores encontrarán propiedades con diferentes características y precios base. En Lima, la oferta contempla una casa en Villa El Salvador, departamentos en Chorrillos y Santiago de Surco, además de estacionamientos en San Isidro y Surco. También hay depósitos en Surco, Surquillo y San Miguel.

Entre los precios base más bajos se encuentran varios depósitos y un terreno en Pachacamac. La relación incluye:

• Depósito en Surquillo: S/ 5,287.04.
• Depósito en San Miguel: S/ 5,865.95.
• Depósito en San Miguel: S/ 6,552.38.
• Depósito en San Miguel: S/ 7,969.65.
• Terreno en Pachacamac: S/ 31,780.75.
• Casa en Villa El Salvador: S/ 154,834.93.
• Departamento en Santiago de Surco: S/ 300,378.35.

También se ofrecerán cuatro terrenos ubicados en Carabayllo, Castilla, Guadalupe y Pachacamac, mientras que los estacionamientos estarán situados en San Isidro y Santiago de Surco. La vivienda de dos pisos ubicada en Piura tiene un precio base de S/153.454,42.

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Estos son los 26 inmuebles embargados que serán subastados en Lima y otras ciudades

La oferta también comprende propiedades destinadas a actividades comerciales y empresariales. En San Juan de Lurigancho se rematarán dos oficinas, dos tiendas y un local industrial cuyo precio base asciende a S/2.519.406,87, el monto más alto de toda la convocatoria.

Los interesados podrán participar mediante la modalidad de sobre cerrado. Bajo este mecanismo, las propuestas económicas se colocan en un ánfora y se considera ganadora la oferta más alta que cumpla con las condiciones establecidas. Para participar, los postores solo necesitan presentar su DNI.

La subasta se realizará en la sede de la Sunat ubicada en Av. Arenales 335-357, en el Cercado de Lima, al costado del Fuero Militar Policial. La inscripción y participación son gratuitas.

La decisión alcanza a unos 535.863 estudiantes de las 15 UGEL de la región y comprende instituciones de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial. También están incluidos los Centros de Educación Técnico-Productiva y los institutos y escuelas de educación superior tecnológica, pedagógica y de formación artística, tanto públicos como privados.

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Año escolar en La Libertad terminará el 2 de diciembre y medida alcanza a más de 535 mil estudiantes

La medida regional se sustenta en el Decreto Supremo 124-2026-PCM, mediante el cual se declaró el estado de emergencia debido a la presencia del fenómeno El Niño en el país. La GRE La Libertad indicó que el adelanto del cierre del periodo escolar se aplicará a los diferentes niveles, ciclos, modelos de servicio y formas de atención contemplados en las instituciones educativas de la región.

La disposición comprende a:

• 535.863 escolares de las 15 UGEL de La Libertad.
• Colegios públicos y privados de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial.
• Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpro).
• Institutos y escuelas de educación superior tecnológica, pedagógica y de formación artística.
• Todos los niveles y ciclos incluidos en las modalidades comprendidas por la disposición regional.

La Gerencia Regional de Educación señaló que la modificación responde a las acciones de prevención frente a las condiciones asociadas al fenómeno climático y pidió a directivos, docentes, estudiantes y familias participar de manera responsable en la recalendarización.

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Clases continuarán en feriado de octubre y colegios aplicarán cambios para recuperar jornadas escolares

Para reorganizar el calendario, la GRE dispuso incorporar como periodo lectivo la semana de gestión que inicialmente estaba programada del 12 al 16 de octubre. Los días de gestión correspondientes serán trasladados a diciembre. De esta manera, la modificación del calendario no supone disminuir la cantidad de jornadas establecidas para el año.

Además, se estableció que habrá clases el jueves 8 de octubre, fecha correspondiente al feriado por el Día del Combate de Angamos. Los otros cuatro días hábiles serán atendidos mediante una estrategia que combinará actividades presenciales con trabajos formativos para desarrollar en casa durante octubre y noviembre, de acuerdo con la organización de cada institución.

En el caso de los colegios privados, estos deberán cumplir las disposiciones de recalendarización. También podrán establecer mecanismos adicionales para recuperar actividades académicas mediante acuerdos entre las autoridades de cada institución y los padres de familia. La programación regional contempla 166 días lectivos y 40 días de gestión, por encima de los mínimos establecidos para instituciones que enfrentan situaciones de emergencia.

La UNT descartó que se hayan registrado personas heridas, pues el ambiente permanece cerrado desde 2015 debido a los problemas que presenta su infraestructura y no forma parte de las áreas administrativas en uso. Por esta razón, la universidad también señaló que desconoce la fecha exacta en que ocurrió el desprendimiento.

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UNT gestionaba intervención del inmueble

La oficina afectada pertenece al local central de la UNT, inmueble histórico que corresponde al antiguo convento de la Compañía de Jesús y se ubica en la intersección de los jirones Diego de Almagro e Independencia.

La actual gestión de la universidad señaló que había iniciado gestiones ante el Ministerio de Cultura para realizar trabajos de mantenimiento, conservación e intervención en el inmueble. La preocupación por el estado de sus estructuras aumenta ante la alerta por la presencia del fenómeno El Niño y la posibilidad de lluvias intensas en la región.

Local central presenta problemas de conservación

Según informó Andina, una tesis elaborada en 2025 por Arnol Herán Córdova Barriga, con la asesoría del restaurador Ricardo Morales Gamarra, advierte sobre diversos problemas de diseño, distribución y conservación en el local central de la UNT.

El local central presenta diversos problemas de diseño, distribución y conservación, especialmente en los sectores que corresponden a la zona no monumental, ocupado por el aparato administrativo de la Universidad, contrastando con disonancia las zonas mantenidas desde la restauración de la década de 1970 con las aglomeradas, tugurizadas y en algunos casos derruidas estructura, señala el documento.

El estudio identifica diferencias entre los sectores que fueron conservados tras la restauración realizada en la década de 1970 y otras áreas que presentan deterioro en sus estructuras. Esta situación cobra especial relevancia ante el actual escenario de lluvias asociado al fenómeno El Niño, que podría incrementar el riesgo sobre las partes debilitadas del inmueble.

La profesional asumirá temporalmente el cuidado y protección del menor, brindándole cuidados especializados y el amor que necesita. En tanto, el MIMP anunció a través de una publicación que hará seguimiento permanente a este caso para garantizar su desarrollo integral y el interés superior del niño.

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Toñito y su historia que conmovió en redes sociales

El vínculo entre la enfermera y Toñito surgió durante los meses que el menor permaneció en el Hospital de San Juan de Lurigancho. La profesional de la Unidad de Neonatología estuvo a cargo de su cuidado desde que nació el 12 de mayo, por lo que solicitó su acogimiento familiar, pero su pedido fue observado inicialmente.

La observación del MIMP estuvo relacionada con la situación civil de Rosario Lucen. En su DNI figuraba como casada, por lo que la entidad solicitó acreditar el consentimiento de su cónyuge para continuar con la solicitud de acogimiento familiar. El trámite fue subsanado posteriormente por la enfermera, quien declaró estar soltera desde hace cinco años. La profesional continuó con el procedimiento establecido y logró finalmente obtener la custodia del menor.

Enfermera agradece la disposición del MIMP

Tras otorgar la autorización del acogimiento familiar a la enfermera Lucen, ella se mostró agradecida con el MIMP. Aseguró que Toñito será tratado como un hijo en su familia y tendrá todos los cuidados necesarios para desarrollarse plenamente, a pesar de su condición de nacimiento.

“Toñito se va a un hogar donde va ser cuidado, protegido y sobre todo muy amado. (…) De aquí en adelante Toñito es parte de la familia, es como un hijo más. Yo no lo veo solo como una criatura, es un hijo más que hay que darle amor, cariño y protección. Sabiendo ya de su condición, hay mucho que trabajar en él”, afirmó.

El organismo explicó que estas condiciones responden al aumento de la humedad y a la cercanía del Anticiclón del Pacífico Sur, factores que propiciarían el ingreso de vientos del sur. Durante ese lapso, se prevé mayor presencia de nubosidad, además de niebla y neblina, junto con lloviznas tanto en áreas cercanas al mar como en sectores más alejados del litoral.

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¿Qué regiones se verán afectadas por lloviznas pronosticadas?

Según Senamhi, las lloviznas alcanzarán zonas de la costa como Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los acumulados de precipitación estimados rondan los 2 mm/día en la costa limeña, hasta 1 mm/día en Ica, cerca de 2 mm/día en Arequipa, y entre 0,5 mm/día y 2 mm/día en Moquegua y Tacna.

La diferencia principal entre la lluvia y la llovizna está en el tamaño de las gotas de agua y en la intensidad con la que descienden. La primera corresponde a una precipitación de gotas relativamente grandes, que caen con mayor fuerza y pueden acumular volúmenes importantes en poco tiempo; en cambio, la llovizna se compone de gotas mucho más pequeñas y finas, que descienden lentamente y suelen generar una sensación persistente de humedad, aunque con menor acumulación de agua.

Una primavera marcada por El Niño Costero

El pronóstico del Senamhi coincide con el inicio de la primavera en el país. La estación comenzó oficialmente el 22 de septiembre, con temperaturas por encima de lo habitual en la costa. El organismo advirtió condiciones muy cálidas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, con aumentos de hasta 5 °C respecto de los valores normales.

En relación con la posibilidad de precipitaciones durante el próximo mes, el ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, señaló que en octubre podrían presentarse lloviznas aisladas, pero no lluvias. “Podrían haber lloviznas por los vientos favorables del sur, que tienen aire frío. Ello, sumado al agua caliente frente al mar y a la humedad, podrían generar lloviznas, no lo descartamos”, indicó el especialista.

Los participantes cuestionaron posibles afectaciones al arbolado, las áreas verdes y el carácter público del espacio. La movilización también incluyó reclamos por estructuras vinculadas a actividades comerciales y por la falta de respuesta a una solicitud de reunión enviada a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante la jornada se realizaron una caminata y una oración por los árboles que, según los organizadores, habrían resultado afectados.

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Vecinos cuestionan rueda mecánica de 90 metros y denuncian afectaciones al arbolado del parque

Mirtha Candela, representante del colectivo Salvemos el Parque de la Reserva, señaló que la preocupación vecinal está relacionada con las características del proyecto y las intervenciones observadas dentro del parque. Entre los cuestionamientos mencionó posibles efectos de la contaminación sonora y lumínica, además de cambios en las condiciones ambientales y culturales del lugar.

El colectivo presentó un registro fotográfico de una inspección realizada el 8 de junio de 2026, en el que se observaron distintos elementos instalados cerca de los árboles. Según la organización, el documento registró:

• Cajas metálicas y cableado sobre algunos troncos.
• Telas, reflectores y otros elementos de iluminación.
• Superficies sintéticas sobre sectores de suelo natural.
• Estructuras relacionadas con juegos mecánicos.

Los vecinos sostienen que algunas de estas instalaciones podrían dificultar el riego y la oxigenación del suelo, además de afectar el entorno de aves y otras especies. También indicaron que parte de los elementos observados posteriormente fue retirada o corregida.

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Colectivos reclaman acceso al espacio público y piden respuesta a la Municipalidad de Lima

Los colectivos también cuestionaron el desarrollo de actividades comerciales dentro del Parque de la Reserva y señalaron que algunos sectores o actividades requieren pagos adicionales. Candela sostuvo que el reclamo no se dirige contra la inversión privada en sí, sino contra lo que consideran una ocupación de espacios públicos que limita su uso ciudadano.

El colectivo pidió priorizar la conservación de las áreas verdes, los árboles y la fauna, además del valor histórico del parque. También solicitó preservar zonas de evacuación y refugio ante posibles desastres y mantener el espacio como lugar de recreación y encuentro.

Según Candela, el grupo envió el 12 de junio una carta notarial al alcalde Renzo Reggiardo para plantear sus preocupaciones y solicitar una mesa de trabajo, pero afirmó que hasta el momento no recibió respuesta. Asimismo, acudió a la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito para presentar una denuncia preventiva relacionada con la situación del parque.

El hallazgo ocurrió durante el control de ingreso al recinto, donde se detectó que los envases habían sido modificados para ocultar paquetes con la sustancia ilícita. Tras la intervención, el INPE inmovilizó tanto la droga como los recipientes y comunicó el caso a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público para las investigaciones y diligencias correspondientes.

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INPE detectó marihuana oculta en seis latas de pintura durante el control de ingreso al penal Ancón I

Durante la inspección de los materiales que ingresaban al penal Ancón I, los agentes de seguridad revisaron las seis latas de pintura que eran trasladadas para actividades de los talleres laborales. La revisión permitió identificar modificaciones en los recipientes que no correspondían a su uso habitual.

Los envases contaban con un doble fondo, espacio que había sido acondicionado para esconder varios paquetes de marihuana. Ante el descubrimiento, el INPE procedió con las siguientes acciones:

• Inmovilizó los recipientes utilizados para ocultar la sustancia.
• Retuvo la marihuana encontrada durante la inspección.
• Comunicó la intervención a la PNP.
• Informó del caso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

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Trabajadores fueron separados de sus funciones y afrontarán un proceso administrativo disciplinario

Luego de la intervención, el INPE dispuso el retiro inmediato de los dos trabajadores de sus funciones e inició un procedimiento administrativo disciplinario. La institución precisó que esta medida se adopta sin perjuicio de las responsabilidades que puedan determinar las autoridades competentes como parte de las investigaciones.

La central tendrá sistemas de videovigilancia, equipos con inteligencia artificial, cámaras para reconocimiento de placas, drones y una red de fibra óptica. Además, dispondrá de vehículos y otros medios para apoyar el despliegue operativo en las calles, mientras que su conexión con la Policía Nacional del Perú (PNP) permitirá compartir información captada durante el monitoreo.

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Bellavista contará con 1.100 cámaras, drones y equipos con inteligencia artificial

La nueva infraestructura ampliará la vigilancia de distintos puntos de Bellavista mediante un sistema compuesto por 220 equipos con inteligencia artificial. Cada uno estará integrado por cinco cámaras: una domo PTZ, que permite girar y acercar la imagen, y cuatro dispositivos fijos orientados hacia diferentes sectores.

En total, el sistema permitirá disponer de 1.100 cámaras para ampliar el campo de monitoreo e identificar situaciones que requieran atención de las autoridades. El equipamiento también incluirá:

• 29 cámaras para reconocimiento de placas vehiculares.
• 120 megáfonos IP.
• Drones de vigilancia.
• Una red de fibra óptica.
• Tres camionetas 4x2 pick-up.
• Cinco motocicletas.
• Cuatro bicicletas.

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La nueva central estará conectada con la PNP para coordinar la atención de emergencias

La Central de Monitoreo y Operaciones de Seguridad Ciudadana estará interconectada con la PNP para compartir y articular la información obtenida mediante los sistemas de videovigilancia instalados en Bellavista. Esta conexión formará parte del funcionamiento coordinado de la nueva infraestructura de seguridad.

El Gobierno Regional del Callao también señaló que la central permitirá articular las labores de la Municipalidad de Bellavista, la PNP y otras instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana. La plataforma estará orientada al seguimiento de incidencias, el monitoreo de distintos puntos del distrito y la coordinación de respuestas ante posibles hechos delictivos o situaciones de emergencia.

El afectado fue identificado por Panamericana TV como Alexander Soza, quien no se encontraba en el establecimiento como cliente. El hombre alquila una habitación en el cuarto piso del edificio y vive allí desde hace dos años. El primer piso funciona como discoteca y constituye el único acceso y salida disponible para los residentes de los niveles superiores.

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Joven de 32 años quedó atrapado durante más de tres horas tras la clausura del local

Durante la intervención municipal se colocaron carteles de clausura en el establecimiento y se procedió a soldar la puerta principal. La medida se ejecutó sin advertir que una persona permanecía dentro del edificio, cuya entrada y salida para los pisos superiores se encontraba en el primer nivel.

Soza se percató de que no podía salir alrededor de las 6:30 de la mañana. El joven había bajado de su habitación con la intención de buscar desayuno antes de dirigirse a su centro de trabajo, pero encontró la puerta principal cerrada debido a la intervención realizada en la discoteca.

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Alexander Soza vivía en el cuarto piso y tenía la discoteca como único acceso al edificio

El joven reside desde hace dos años en una habitación ubicada en el cuarto piso del inmueble. Aunque el primer nivel está destinado al funcionamiento de una discoteca, los pisos superiores también son utilizados como viviendas por inquilinos, según la información proporcionada sobre el caso.

La particular distribución del edificio hizo que la puerta clausurada fuera también el único punto de ingreso y salida para quienes viven en los niveles superiores. Por esta razón, Soza permaneció dentro del inmueble durante más de tres horas después de que la puerta principal fuera soldada como parte de la medida de clausura municipal.

El hecho ocurrió mientras el visitante realizaba un registro fotográfico durante su recorrido. Personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu acudió ante la emergencia y brindó asistencia inmediata, además de comunicar la situación al personal de salud de la clínica situada en el ingreso a la ciudadela y a la Policía Nacional del Perú.

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Turista mexicano sufrió una descompensación mientras realizaba fotografías en Machu Picchu

De acuerdo con el comunicado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, la emergencia se produjo durante la mañana del viernes 25 de septiembre. El turista se encontraba en una plataforma de la Ruta 02, en el sector Andenes, cuando presentó la descompensación mientras tomaba fotografías durante su visita.

El personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu intervino de manera inmediata tras conocer lo ocurrido. La atención se realizó en el mismo lugar y posteriormente se informó de la emergencia a los servicios correspondientes para la evaluación del visitante.

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Personal del parque atendió la emergencia y comunicó el caso

Tras recibir asistencia, el visitante fue evaluado por el personal de salud de la clínica ubicada en el ingreso a la ciudadela. Luego de la evaluación correspondiente, se constató que no presentaba signos de vida.

El caso también fue comunicado a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, entidad a la que se informó lo ocurrido para continuar con los procedimientos establecidos por ley. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco expresó sus condolencias a los familiares y allegados del visitante mexicano.

Durante el voluntariado, los estudiantes podrán conocer y poner en práctica herramientas y metodologías de verificación de datos, así como técnicas de investigación y redacción periodística aplicadas al fact-checking. Estos conocimientos también podrán ser útiles para su formación y desarrollo en el ejercicio del periodismo.

Los voluntarios participarán en la investigación y elaboración de contenidos de verificación sobre distintos tipos de desinformación vinculada a las elecciones, como declaraciones de candidatos, contenido generado o manipulado con inteligencia artificial, imágenes y videos fuera de contexto y otros materiales difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

El proyecto se desarrollará de manera virtual y con horarios flexibles, de acuerdo con la disponibilidad de cada participante. Las actividades se realizarán durante el mes de octubre.

¿Qué buscamos?

Estudiantes con buena redacción, capacidad para investigar, analizar y organizar información, además de responsabilidad, compromiso e interés por el periodismo y la verificación de datos. La participación es voluntaria y, al finalizar el programa, cada uno recibirá un certificado que acreditará su participación en el proyecto.

¿Te interesa participar?

Si buscas aprender sobre fact-checking, desarrollar nuevas herramientas para tu formación periodística y participar en un proyecto de verificación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, puedes postular a este voluntariado completando este formulario.

Las postulaciones serán evaluadas por el equipo de Verificador de La República y las personas seleccionadas serán contactadas para las coordinaciones respectivas.