El director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, precisó que alcanzar los 18 años durante el proceso no genera un traslado automático a un establecimiento penitenciario para adultos. La medida aplicada corresponde al sistema de justicia juvenil y se mantiene durante el plazo determinado por la autoridad judicial.

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Pronacej explica por qué los escolares no serán trasladados a un penal de adultos al cumplir 18 años

Vega señaló que el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente establece que quienes reciben una medida socioeducativa deben cumplirla dentro de un centro juvenil hasta la fecha fijada por el juez. Por ello, si alguno de los seis escolares alcanza la mayoría de edad durante el periodo correspondiente, continuará en ‘Maranguita’ mientras permanezca vigente la disposición judicial.

El funcionario también indicó que los adolescentes ingresaron inicialmente al programa de nivel 1. Las evaluaciones realizadas por los equipos técnicos determinarán posteriormente el nivel de atención que corresponde a cada uno. Además, aclaró que el internamiento preventivo no representa una declaración de responsabilidad, debido a que los seis permanecen como investigados mientras avanzan las diligencias fiscales y judiciales.

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Estas son las reglas de visitas, evaluaciones y actividades para los escolares en ‘Maranguita’

Durante el internamiento, los adolescentes deben cumplir las disposiciones internas del centro juvenil, incluidos los horarios y las actividades establecidas. Los familiares directos registrados podrán realizar visitas de acuerdo con las condiciones fijadas por el establecimiento y previa orientación de los trabajadores sociales y equipos técnicos.

Los escolares también serán sometidos a evaluaciones médicas y técnicas para determinar su atención dentro del sistema juvenil. Quienes se encuentren en edad educativa continuarán con actividades académicas, además de participar en talleres formativos e intervenciones psicológicas y sociales según sus necesidades. La defensa legal mantiene su derecho a comunicarse con los investigados y acudir al centro previa coordinación con la dirección.

La intervención se encuentra presente en uno de los trenes que circulan por la red y contempla la decoración de sus seis coches, tanto en las zonas exteriores como interiores. Además, se pondrán a disposición del público 50.000 tarjetas de viaje coleccionables con diseños de Hello Kitty and Friends, que podrán conseguirse en las estaciones de la Línea 1.

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Así luce el tren de Hello Kitty que recorre la Línea 1 del Metro de Lima

El tren intervenido presenta una ambientación temática en sus seis coches, con ilustraciones de distintos personajes pertenecientes al universo de Sanrio. Hello Kitty, My Melody, Pompompurin y Kuromi forman parte de los diseños incorporados en la unidad que presta servicio a los pasajeros de la Línea 1.

La propuesta lleva el concepto de la amistad al recorrido cotidiano de los usuarios mediante diferentes personajes y elementos gráficos distribuidos tanto dentro como fuera de los coches. La experiencia fue denominada “El Tren de la Amistad” y se integra a las actividades desarrolladas durante esta temporada del año.

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¿Cuándo la Línea 1 pondrá a la venta tarjetas de viaje coleccionables de Hello Kitty?

La propuesta también tendrá una edición especial para los usuarios del sistema de transporte. Hacia el cierre de septiembre, se comercializarán 50.000 tarjetas de viaje coleccionables con diseños alusivos a Hello Kitty and Friends. Los ejemplares estarán disponibles en todas las estaciones de la Línea 1, servicio que conecta San Juan de Miraflores con Villa El Salvador.

Según el periodista Bruno Amoretti, quien difundió el material a través de X (antes Twitter), estas personas serían quienes utilizaron por última vez el vehículo que luego apareció implicado en el atentado. Asimismo, según fuentes de Fiscalía, los hombres que aparecen en el video coincidirían en talla y contextura con los autores del crimen, a diferencia de los detenidos presentados previamente por la Policía Nacional (PNP).

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Cámaras captaron a personas que usaron camioneta Hilux antes del ataque

El registro fue obtenido en un grifo de la avenida España, ubicado a solo seis cuadras del lugar donde ocurrió el crimen. En los videos, se aprecia que un vehículo Toyota Yaris llega junto a la camioneta Hilux al establecimiento. Luego, cuatro hombres bajan de ambas unidades e inician una conversación.

En la escena, luego aparece un hombre acompañado de dos mujeres. Los tres llegan a pie y se reúnen con los ocupantes de la Hilux. Las cámaras logran captar que, antes de partir, uno de los sujetos coloca varias piezas de equipaje en la tolva del último vehículo. Finalmente, tres hombres y las dos mujeres se retiran en la camioneta.

Hombres captados en la escena coincidirían con perfil de autores del crimen

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía consultadas por el semanario, los hombres que aparecen en el video coinciden en talla y contextura con los autores del crimen. "Las imágenes debilitan aún más la versión policial que atribuyó inicialmente el ataque a los cuatro primeros detenidos", señaló el periodista Amoretti.

Otro dato que ofrece la información periodística es que durante su permanencia en el grifo, la camioneta Hilux estuvo vigilada a cierta distancia por un vehículo Suzuki conducido por Peter Bocanegra Aguilar, quien fue detenido hace ocho días por el crimen. Una hora después del ataque, el auto de Bocanegra fue visto nuevamente junto a la Hilux en la ciudad de Moche.

El hecho ocurrió el 15 de septiembre dentro de un bus escolar y derivó en la intervención de diez estudiantes de quinto de secundaria. Mientras la Fiscalía de Familia desarrolla las diligencias para determinar qué ocurrió y qué participación tuvo cada adolescente, también deberán esclarecerse las condiciones en las que se produjo el presunto ataque y las responsabilidades que podrían corresponder a los adultos presentes durante el traslado.

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Profesores del Liceo Naval podrían ser investigados por comisión por omisión

Según explicó Julio Rodríguez a ATV, los adultos que tenían funciones de cuidado durante el viaje podrían afrontar una investigación bajo la figura de comisión por omisión si se acredita que se encontraban en una posición que les exigía actuar para proteger a los estudiantes. El abogado hizo referencia a la obligación de garantía que pueden tener determinadas personas frente a quienes se encuentran bajo su cuidado.

Rodríguez señaló que, en caso de acreditarse los elementos necesarios para atribuir responsabilidad penal, los involucrados podrían enfrentar una pena de hasta 26 años de prisión. El especialista citó como antecedente un caso de la Corte Suprema en el que se analizó la responsabilidad de una persona que no cumplió con su deber de protección frente a una agresión sexual.

La eventual aplicación de esta figura dependerá de lo que establezca la investigación. La sola presencia de los adultos en el vehículo no determina responsabilidad penal, por lo que las autoridades deberán establecer qué funciones cumplía cada uno, qué conocía y qué acciones realizó durante el traslado.

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¿Quiénes estaban a cargo de los escolares durante el traslado?

La Defensoría del Pueblo informó que en el bus se encontraban tres adultos: el conductor, un docente y el entrenador que acompañaba al grupo. La institución indicó que viene supervisando las actuaciones de la Policía y el Ministerio Público, además de las medidas adoptadas por el colegio tras la denuncia.

En paralelo, la Marina de Guerra del Perú comunicó la separación preventiva de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval mientras continúan las investigaciones. Esta medida tiene carácter preventivo y no establece responsabilidad sobre las personas apartadas.

La Fiscalía de Familia también investiga a los diez adolescentes involucrados en la denuncia. Entre las diligencias ordenadas se encuentra la declaración del estudiante agraviado mediante cámara Gesell y la toma de testimonios de los menores. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente y a su familia mediante el programa Warmi Ñan.

La investigación deberá determinar tanto lo ocurrido dentro del bus como las circunstancias que rodearon el hecho y las responsabilidades que correspondan a cada persona involucrada.

León aseguró que anteriormente había advertido sobre situaciones de bullying, hostigamiento y violencia dentro del entorno escolar. “Investiguen”, reclamó, al señalar que quienes intentan alertar sobre estos problemas no siempre son escuchados. La docente sostuvo que su preocupación no se limita al hecho denunciado esta semana, sino a la necesidad de revisar cómo se están abordando las situaciones de violencia que involucran a estudiantes.

“Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar nuestra voz (…) somos profesoras de vocación, estamos para formar a los estudiantes. Lamento mucho que esto suceda, pero a veces uno habla y no nos escucha”, manifestó.

La preocupación también llegó a las familias. Un grupo de aproximadamente 20 padres permaneció este jueves en los exteriores del colegio, a la espera de reunirse con algún representante de la institución. Una madre manifestó que su hija tiene temor de acudir al plantel y cuestionó las medidas que, según su percepción, pueden adoptarse frente a los estudiantes involucrados en situaciones de violencia. “Mi hija me dice que tiene miedo de venir”, señaló otra madre de familia.

Los padres también expresaron su desacuerdo con las actuales disposiciones que regulan la convivencia escolar y anunciaron que un grupo de padres evalúa acudir al Ministerio de Educación para solicitar modificaciones a las normas que, según consideran, dificultan la suspensión de estudiantes involucrados en hechos de violencia. Estas afirmaciones corresponden a la posición de los padres y no constituyen una conclusión sobre el marco normativo ni sobre la responsabilidad de los adolescentes investigados.

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Violencia sexual escolar registra un nuevo pico en 2026

La denuncia ocurrida en el Liceo Naval se produce en un contexto de incremento de los reportes de violencia sexual entre escolares. Según los registros de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 1.198 reportes de violencia sexual entre estudiantes, una cifra que representa un incremento de 32,6% frente al promedio registrado durante el mismo periodo de 2023, 2024 y 2025.

Los datos muestran además una tendencia ascendente desde mayo de este año, con agosto como el mes que alcanzó el mayor número de reportes dentro del periodo analizado. El comportamiento de esta estadística coloca nuevamente bajo discusión la capacidad de los colegios para detectar situaciones de violencia entre adolescentes, activar oportunamente los protocolos de protección y brindar acompañamiento psicológico tanto a las víctimas como a los estudiantes involucrados.

La plataforma SíseVe recoge reportes de presuntos hechos de violencia escolar, por lo que sus registros no equivalen necesariamente a casos con responsabilidad determinada por una autoridad judicial. Sin embargo, permiten dimensionar la cantidad de situaciones que llegan al sistema educativo y que requieren intervención institucional.

En este escenario, las declaraciones de padres y docentes del Liceo Naval plantean una preocupación que trasciende la investigación por el hecho ocurrido el 15 de septiembre: qué mecanismos de prevención y atención psicológica están funcionando dentro de los colegios y qué ocurre cuando las señales de violencia son advertidas antes de que una situación escale.

Para el caso específico del Liceo Naval, además, la UGEL 7 San Borja registra 763 casos de violencia escolar durante 2026, con 448 reportes concentrados entre junio y agosto y un pico de 159 casos en agosto. Esto sitúa la denuncia actual dentro de un escenario de violencia escolar que ya presenta una cantidad significativa de reportes en la jurisdicción educativa donde funciona el colegio.

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Tres adultos acompañaban el traslado

En el caso del Liceo Naval, uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación entre las familias es que el hecho denunciado habría ocurrido durante el traslado de estudiantes en un bus escolar.

Sandra Ramos Flores, defensora adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, señaló que en el vehículo se encontraban tres adultos: el chofer, un docente y el entrenador que acompañaba a los menores. La entidad informó que viene supervisando las actuaciones de la Policía y del Ministerio Público, así como las medidas adoptadas dentro del colegio.

“Se van a evaluar más casos”, señaló Ramos Flores al referirse también a las denuncias planteadas por docentes.

La presencia de adultos durante el traslado será uno de los elementos que deberán ser esclarecidos por las autoridades. No corresponde, mientras la investigación se encuentra en curso, establecer responsabilidades a partir de este dato.

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Diez adolescentes bajo investigación

La denuncia fue presentada luego de un hecho ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval. La familia de un adolescente de 16 años comunicó el presunto ataque y la Policía intervino posteriormente a diez estudiantes de quinto año de secundaria.

La Sétima Fiscalía de Familia de Lima Centro abrió una investigación preliminar por la denuncia de una presunta violación sexual en agravio del adolescente. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso, entre otras diligencias, que la víctima declare mediante cámara Gesell y que se recojan los testimonios de los diez menores retenidos, quienes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre.

La Fiscalía deberá establecer qué ocurrió dentro del vehículo y determinar la participación que habría tenido cada adolescente. La investigación se encuentra en una etapa preliminar y la intervención policial no equivale a una determinación de responsabilidad.

El caso también requiere preservar la identidad de los menores involucrados y evitar la difusión de información que pueda revictimizarlos o afectar el desarrollo de las diligencias.

El colegio anuncia medidas y la Marina separa a autoridades

El Liceo Naval Almirante Guise comunicó el 16 de septiembre a los padres de familia que tomó conocimiento del hecho y que viene realizando coordinaciones con las autoridades competentes. La institución calificó inicialmente lo ocurrido como un grave hecho de presunta agresión física y señaló que se produjo durante el traslado de una actividad deportiva.

El colegio aseguró que la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida dentro de su comunidad educativa y que, de comprobarse responsabilidades, aplicará las medidas disciplinarias previstas en la normativa y su reglamento.

Sin embargo, un día después, la Marina de Guerra del Perú anunció una medida de mayor alcance. A través del Comunicado N.° 004-2026, informó que dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval mientras continúan las investigaciones.

La Marina sostuvo que rechaza cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes y precisó que la medida fue adoptada por la Dirección de Bienestar mientras las autoridades competentes esclarecen los hechos. También indicó que colaborará con las investigaciones y que no tendrá injerencia sobre su desarrollo.

La separación anunciada tiene carácter preventivo mientras se determina lo ocurrido y no constituye una conclusión sobre la responsabilidad de las personas apartadas.

Protección para la víctima y seguimiento institucional

Mientras avanzan las diligencias, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que, mediante el programa Warmi Ñan, brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente de 16 años y a su familia.

El equipo multidisciplinario también participará en las diligencias que programe la Fiscalía. El MIMP exhortó a las autoridades a actuar con celeridad y debida diligencia.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana también acudió a la dependencia policial para activar los protocolos de protección correspondientes. Su director, Cornelio Gonzales, señaló que la institución mantiene una posición de protección hacia todos los adolescentes mientras se esclarecen los hechos.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha puesto el foco en la atención de la víctima y en las condiciones que permitieron que el presunto hecho ocurriera dentro de un espacio bajo supervisión escolar.

Más allá de un caso policial

La investigación determinará si existió un delito, qué ocurrió dentro del bus y quiénes participaron. Pero la preocupación expresada por las familias y docentes coloca el caso en un escenario más amplio: el de la capacidad de las instituciones educativas para detectar, prevenir y atender oportunamente la violencia entre adolescentes.

Los 1.198 reportes de violencia sexual entre escolares registrados entre enero y agosto de 2026 representan una señal que trasciende un colegio específico. El incremento de 32,6% frente al promedio del mismo periodo de los tres años anteriores y la tendencia ascendente observada desde mayo plantean interrogantes sobre la capacidad de respuesta del sistema educativo.

El problema no termina necesariamente con la identificación de los responsables de un hecho concreto. También alcanza a los mecanismos de convivencia escolar, los canales de denuncia, el acompañamiento psicológico, la supervisión de estudiantes y la capacidad de docentes y directivos para advertir señales de violencia antes de que estas escalen.

En el Liceo Naval, las advertencias formuladas por una docente y la preocupación expresada por los padres colocan además el foco en la convivencia escolar y en el acompañamiento que reciben los adolescentes. La atención psicológica, los canales para comunicar situaciones de violencia y la capacidad de docentes y autoridades para identificar señales de alerta forman parte de una cadena de protección que debe funcionar antes de que un conflicto termine en una situación de mayor gravedad.

Mientras la Fiscalía esclarece los hechos y determina las responsabilidades que correspondan, el desafío para la comunidad educativa será evitar que la respuesta termine únicamente con la investigación de este caso. La magnitud de los reportes registrados este año plantea la necesidad de reforzar la prevención y la protección de los escolares como una tarea permanente, no solo como una reacción frente a una denuncia.

Este viernes 18 de septiembre, a las 5.00 p. m., se cumple el plazo legal de 48 horas establecido para su retención, por lo que los adolescentes podrían retornar a sus viviendas si no existe una medida restrictiva dictada en su contra. Los escolares se encuentran a la espera de la decisión que adopten la Fiscalía de Familia y el juez de familia respecto de su situación. De acuerdo con la información proporcionada, ocho de los diez estudiantes fueron retenidos inicialmente por las autoridades. Los otros dos acudieron posteriormente de manera voluntaria a la dependencia policial tras conocer la situación de sus compañeros.

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Padre de menor retenido asegura que escolares “estaban jugando”

En los exteriores de la Comisaría de Familia del Cercado de Lima, Bettocchi Bustamante cuestionó que se atribuya responsabilidad a todos los menores por igual y defendió la actuación de su hijo en el caso. Según señaló, algunos de los adolescentes acudieron voluntariamente a declarar luego de conocer que sus compañeros habían sido retenidos.

"El niño víctima tiene toda la razón y todo el apoyo de todos los padres aquí incluidos", afirmó. Al mismo tiempo, pidió que no se generalice la responsabilidad entre los diez investigados y sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar qué ocurrió y cuál fue la participación individual de cada estudiante.

El padre también aseguró que su hijo no habría participado en la presunta agresión y afirmó que, según la declaración del adolescente denunciante, ambos mantenían una relación de amistad. Añadió que su hijo se encontraba en la parte delantera del bus atendiendo a otro compañero que había sufrido una lesión durante el partido.

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Cuestionan presencia de adultos durante presunta agresión sexual

Respecto de la presencia de adultos durante el trayecto, el padre consideró que los auxiliares no necesariamente habrían advertido lo ocurrido debido al ruido y las bromas habituales de los estudiantes durante los viajes de regreso de los partidos. Según su versión, los adultos se enteraron de lo sucedido cuando el propio adolescente contó posteriormente lo ocurrido.

El familiar relacionó la presunta agresión sexual con una “chacota” entre los escolares. “Este es un bus grande, hay bulla. Los niños siempre que van a sus partidos chacotean. Los auxiliares, en ese momento, escuchan la bulla y piensan que es una chacota como hay en todos los partidos y no saben lo que ha pasado (…) Ya ayer el niño víctima ha declarado cómo han sido las cosas. El fiscal y todos saben quiénes están (más involucrados) y de qué manera”, precisó.

El progenitor también se refirió a sus declaraciones realizadas durante la madrugada, cuando acudió a la dependencia policial. Explicó que llevaba varios días sin dormir y que había salido de la comisaría para buscar medicamentos que su hijo utiliza para controlar la epilepsia. En ese contexto, cuestionó la presencia de periodistas y señaló que reaccionó bajo una situación de estrés.

La decisión corresponde a una suspensión de nuevas afiliaciones y no contempla cambios para los usuarios que ya cuentan con un contrato activo. EsSalud precisó que la medida mantiene una diferencia entre las nuevas solicitudes y los seguros que actualmente se encuentran vigentes.

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EsSalud establece suspensión temporal para nuevas afiliaciones al +Salud

El acuerdo aprobado por el Consejo Directivo de EsSalud fija la suspensión temporal de las nuevas afiliaciones al +Salud Seguro Potestativo. La disposición tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que durante ese periodo no se realizarán nuevas incorporaciones bajo esta modalidad.

La medida fue informada por la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud. En su comunicación, la entidad delimitó expresamente el alcance de la decisión a las nuevas afiliaciones, sin extenderla a quienes ya mantienen una relación contractual vigente con el seguro.

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Contratos vigentes mantienen cobertura y prestaciones de salud

Las personas que ya cuentan con un contrato activo del +Salud Seguro Potestativo conservarán su seguro y las condiciones de cobertura correspondientes. EsSalud indicó que las prestaciones de salud asociadas a estos contratos continuarán sin modificaciones como consecuencia de la suspensión anunciada.

La entidad también señaló que los asegurados con contratos vigentes seguirán recibiendo las prestaciones contempladas en su seguro. Asimismo, EsSalud reafirmó su compromiso con la continuidad de los servicios y con la atención oportuna y segura de las personas que actualmente se encuentran afiliadas.

Esta medida se produce luego de que se realizara el traslado al Juzgado de Lima de seis de los adolescentes implicados en la presunta agresión y de que la Fiscalía pidiera su internación preventiva. El titular del Minedu también manifestó que se plantean nuevas medidas para reforzar la atención de casos de violencia y acoso en los colegios.

“Los directores y profesores tienen que recuperar esa capacidad de autoridad dentro de la escuela. Al mismo tiempo, estamos pidiendo que los padres de familia participen del proceso educativo de sus hijos. Se va a generar un directiva (…) se va a cambiar porque estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas”, sentenció.

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Minedu prepara nueva directiva para modificar las reglas sobre expulsión de alumnos

El debate sobre las sanciones escolares surgió a partir del pedido de padres de familia que cuestionaron que los estudiantes investigados por el caso del Liceo Naval no puedan ser expulsados. Frente a ello, Chang informó que las normas serán revisadas y que se trabajará en una nueva directiva que permita establecer modificaciones.

Actualmente, las reglas de convivencia escolar están establecidas en el Decreto Supremo N.° 004-2018-Minedu. Esta disposición contempla que tanto el estudiante afectado como aquel señalado como presunto agresor continúen recibiendo el servicio educativo cuando se presentan casos de violencia física o sexual entre compañeros.

El propio Ministerio de Educación había defendido esta disposición en 2022. En ese momento, el sector sostuvo que expulsar a un alumno involucrado en este tipo de hechos sería contrario a la legislación que busca garantizar una convivencia escolar sin violencia y representaría un fracaso de la institución educativa en el manejo de estas situaciones.

La nueva posición anunciada por Chang abre una revisión de esas disposiciones. El ministro sostuvo que se busca modificar las reglas luego de un periodo en el que, según señaló, se habría reducido el nivel de disciplina dentro de las escuelas.

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Ministro Chang plantea reforzar la autoridad y la disciplina en los colegios

Además de modificar las normas sobre expulsión, el titular del Minedu planteó recuperar la capacidad de los colegios para establecer orden y disciplina. En esa línea, señaló que directores y docentes deben ejercer nuevamente una mayor autoridad dentro de las instituciones educativas.

Chang también atribuyó un papel importante a las familias en este proceso. Según explicó, los padres deben involucrarse de manera más activa en la formación de sus hijos y acompañar las acciones que se desarrollen desde los colegios.

Como parte de las medidas anunciadas, el Ministerio de Educación también creará una dirección especializada en atender denuncias relacionadas con acoso y agresiones dentro de los centros educativos. Esta nueva instancia tendrá entre sus funciones intervenir ante este tipo de reportes.

Las medidas fueron comunicadas mientras continúa la investigación relacionada con los estudiantes del Liceo Naval. La situación ha puesto nuevamente en discusión las normas que regulan la convivencia, las sanciones y la respuesta de las instituciones educativas frente a hechos de violencia entre escolares.

A través de un comunicado, la entidad exigió respeto a la privacidad del adolescente por tratarse de un menor de edad. Asimismo, recordó que este hecho es pasible de una sanción penal. "Exponer públicamente su nombre vulnera su derecho a la intimidad y puede generar una nueva afectación a quien ya ha sido víctima de violencia, constituyendo una transgresión al Código de los Niños y Adolescentes así como al artículo 154 del Código Penal", se lee en la misiva.

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Por otra parte, recordó que la Ley N.° 30364 establece que los medios de comunicación “deben proteger la identidad de niñas, niños y adolescentes y tienen prohibido difundir información o indicios que permitan identificarlos”. Añaden que se debe evitar cualquier forma de revictimización.

Finalmente, exhortó a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión a tomar cartas en el asunto y adoptar las medidas correspondientes frente a la vulneración de los derechos de la víctima. De igual forma, exhortó a los medios de comunicación en general a "actuar con especial cuidado" autorregulando sus contenidos.

Milagros Leiva pidió disculpas “de rodillas”

En esa misma edición de 'Esta noche', Milagros Leiva se dirigió a su audiencia para pedir perdón por haber mencionado en vivo el nombre del escolar agredido sexualmente.

La conductora aseguró que se trató de un "imperdonable error" de su parte. "Le pido perdón de rodillas a la familia y a este muchacho al que yo solo quiero abrazar", dijo buscando excusar su accionar.

Adolescentes involucrados en agresión sexual fueron trasladados a Maranguita

El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis escolares del Liceo Naval que son investigados por la presunta infracción contra la libertad sexual en agravio de uno de sus compañeros.

A través de un comunicado, el Poder Judicial dio a conocer que la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo “dispuso que los adolescentes, estudiantes del Liceo Naval Almirante  Guise, sean conducidos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (conocido como Maranguita), ubicado en el distrito de San Miguel".

Anteriormente se habían dictado medidas de protección para la víctima: la prohibición para que los presuntos agresores utilicen espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para establecer contacto o realizar acciones contra el agraviado. Además, el órgano jurisdiccional dispuso el patrullaje periódico de efectivos policiales en los alrededores de la vivienda del adolescente afectado.

Leiva se disculpó públicamente con la familia del adolescente y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. “Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre. Le pido perdón de rodillas a la familia”, manifestó durante su espacio en Panamericana Televisión.

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Minjusdh recuerda la protección legal de los menores y advierte posibles sanciones

El Minjusdh señaló que no debe difundirse información que pueda comprometer la dignidad o integridad de un menor sin la autorización de sus padres o tutores. La entidad recordó que estos datos tienen un tratamiento especial debido a la protección que establece la legislación para niños y adolescentes.

El ministerio también precisó que la divulgación de este tipo de información puede constituir una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales. Según el comunicado, una vulneración de estas disposiciones podría generar responsabilidades administrativas y eventuales sanciones para quienes incurran en ella.

El intervenido fue identificado como Cristian Farid Romero Álvarez, de 30 años y nacionalidad colombiana. Según el comunicado oficial, el interno se encuentra procesado por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Tras la intervención, el caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú.

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Interno fue detectado en el techo durante el desencierro en el penal de Cusco

El personal penitenciario advirtió la presencia del interno en la parte superior de los pabellones y activó los protocolos establecidos para responder ante situaciones que puedan comprometer la seguridad del establecimiento. El despliegue permitió intervenir al hombre antes de que pudiera concretar su salida del recinto penitenciario.

Luego de su intervención, Romero Álvarez fue sometido a una evaluación por parte del personal de salud. Posteriormente, el INPE dispuso que permaneciera en un ambiente separado del resto de la población penitenciaria mientras se determinan las acciones que correspondan.

Durante una entrevista con RPP, Tomás señaló que cerca del 58% del presupuesto, equivalente a aproximadamente S/11.000 millones, corresponde a planillas. También indicó que la entidad cuenta con unos 79.000 recursos humanos y que se realizará una evaluación para determinar la distribución del personal y las necesidades de cada región.

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EsSalud reducirá asesores y evaluará al personal de la sede central y regiones

Tomás informó que encontró más de 15 asesores en la Presidencia Ejecutiva y anunció que esa cifra será reducida a menos de cinco. La funcionaria explicó que la revisión alcanzará también a las demás gerencias y a la estructura administrativa ubicada en Lima, donde identificó cerca de 168 casilleros dentro del organigrama de la Presidencia.

La presidenta de EsSalud sostuvo que la reorganización fue encargada por el ministro de Trabajo, Juan Sheput, y que ya comenzó durante sus primeros días de gestión. Según precisó, los cambios empezaron en la sede central y continuarán con una evaluación de los responsables y trabajadores en las regiones. “Ese dinero más bien debe ir a la prestación del servicio al asegurado”, afirmó al referirse a los costos administrativos.

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Zulema Tomás revela deudas por S/5.000 millones y problemas de atención en hospitales

En el aspecto financiero, la titular de EsSalud afirmó haber encontrado una deuda cercana a S/5.000 millones. Precisó que la institución recibe alrededor de S/1.500 millones mensuales por los aportes de los asegurados. También describió dificultades en la atención, entre ellas listas de espera para cirugías, demoras en emergencias y una alta demanda en hospitales de Lima.

Tomás mencionó al Hospital Rebagliati como uno de los establecimientos con elevada demanda: señaló que dispone de más de 150 camas, mientras que en una guardia pueden concentrarse más de 400 pacientes. Añadió que situaciones similares se presentan en Almenara y Sabogal. Como parte de la reorganización, planteó revisar la distribución del recurso humano según las necesidades de cada territorio para reducir derivaciones hacia los principales hospitales de Lima.

La proporción de homicidios cometidos con armas de fuego es la más alta de la serie analizada desde 2017. Además, los 105 casos representan el 69,5% de los 151 homicidios registrados durante todo 2025, año que mantiene el máximo anual de la serie.

La comparación a igual periodo evidencia que la violencia continúa aumentando. Al 14 de septiembre de 2025 se habían registrado 93 homicidios, frente a los 105 contabilizados en el mismo tramo de 2026. Son 12 casos adicionales, un incremento de 12,9%, cuando todavía faltan más de tres meses para terminar el año.

El aumento también se observa en los homicidios cometidos con armas de fuego. Los 82 casos registrados hasta septiembre superan los 68 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. La participación de las PAF pasó así de 70,9% a 78,1%.

Durante la primera semana de septiembre, el predominio de las armas de fuego fue absoluto: entre el 2 y el 8 de ese mes se registraron 12 homicidios en Piura y, según información revisada por el analista de datos, Juan Carbajal, todos fueron ocasionados por proyectiles de arma de fuego. Las estadísticas permiten dimensionar el crecimiento de la violencia, pero no determinan por sí mismas el móvil de los asesinatos ni permiten atribuirlos automáticamente al sicariato o al crimen organizado.

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Sullana concentra casi la mitad de los homicidios

El principal foco de esta violencia se encuentra en Sullana. La provincia registra 48 homicidios hasta el 14 de septiembre, 19 más que los 29 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. El incremento alcanza el 65,5%.

Los 48 casos representan el 45,7% de todos los homicidios registrados en Piura y equivalen al 88,9% de los 54 asesinatos contabilizados durante todo 2025. Es decir, Sullana está a solo seis casos de igualar su registro anual anterior cuando aún quedan más de tres meses para cerrar 2026.

La diferencia también se observa en el uso de armas de fuego. De los 48 homicidios de este año, 43 fueron ocasionados por PAF, lo que representa el 89,6%. Durante el mismo periodo de 2025 se habían registrado 26 muertes de este tipo.

Después de Sullana, la provincia de Piura acumula 34 homicidios; Talara, 10; Paita, seis; Ayabaca, tres; Morropón, dos; y Huancabamba y Sechura, una cada una.

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“Las organizaciones criminales buscan el control territorial”

Para el coronel Máximo Vargas Hugo, exjefe de la Región Policial de Piura, el escenario no puede analizarse únicamente desde el número de asesinatos. En entrevista con La República, sostuvo que el crecimiento de la criminalidad está relacionado con la disputa por actividades económicas ilegales y el control territorial.

"Las organizaciones criminales establecidas en esos lugares quieren tener el control territorial y la hegemonía de sus actividades. Justamente ahí, en la pugna por tener ese control, se ajustan, se aniquilan entre organizaciones criminales", afirmó.

Vargas mencionó entre las actividades que, según su apreciación, generan interés criminal en la región a la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Sobre Sullana, señaló que su actividad económica la convierte en un espacio atractivo para organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

"Sullana es una provincia donde hay una actividad económica muy significativa y las organizaciones criminales buscan esos lugares justamente para desarrollar sus actividades ilícitas", explicó.

El exjefe policial también advirtió sobre la influencia que podrían tener las organizaciones criminales que operan en Ecuador debido a la vulnerabilidad de la frontera norte. Mencionó a Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, además del Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

Estas referencias corresponden a la apreciación de Vargas y no acreditan, por sí mismas, que dichas organizaciones estén detrás de los homicidios registrados en Piura. El propio exjefe policial señaló que corresponde a las investigaciones determinar las rutas y redes utilizadas para el ingreso de armas. "Es lógico suponer que estas armas vengan por la frontera con el Ecuador", sostuvo.

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Extorsión y sicariato: una relación que advierte el exjefe policial

Vargas considera que el sicariato constituye una de las manifestaciones más visibles de la criminalidad en Piura, pero sostiene que algunos homicidios pueden estar precedidos por casos de extorsión. "Un hecho de sicariato es el resultado de una extorsión fallida", afirmó.

Según explicó, las amenazas económicas pueden derivar en ataques cuando las víctimas no cumplen con las exigencias de las organizaciones criminales. También señaló que existe una cifra oculta de extorsiones debido a que muchas personas no denuncian por temor a represalias.

Durante la entrevista, Vargas mencionó que en 2025 Piura registró más de 2.400 denuncias por extorsión. Sin embargo, esta cifra y su interpretación deben diferenciarse de los registros de homicidios: SINADEF establece la causa de muerte, pero no determina el móvil criminal de cada asesinato.

“La Policía está huérfana”: denuncia de abandono del Estado

El exjefe policial también puso el foco en la capacidad de respuesta de las instituciones. Según Vargas, la Policía de Piura enfrenta una carencia de recursos, tecnología y equipamiento que limita su capacidad para enfrentar a organizaciones criminales.

"La Policía no tiene una tecnología de punta. Ahorita en Piura no hay una región policial moderna con tecnología, con recursos", afirmó.

Entre las herramientas que, según sostuvo, hacen falta están drones, sistemas modernos de comunicación, equipos electrónicos y plataformas tecnológicas. "La Policía debe tener drones, debe tener accesos, equipos electrónicos, plataformas de software y un sinnúmero de cosas que le den el potencial que necesita para enfrentar con éxito al crimen organizado", señaló.

Su cuestionamiento llegó a una acusación directa de abandono estatal. Consultado sobre si la Policía se encuentra actualmente en esa situación, respondió: "Exactamente. La Policía está huérfana, la Policía no tiene los recursos".

Para Vargas, esta debilidad es aprovechada por las organizaciones criminales. "Eso lo saben muy bien las organizaciones criminales y, de hecho, actúan con mayor impunidad, porque saben que la Policía no va a responder, digamos, en la medida que esperamos", manifestó.

El exjefe policial extendió sus cuestionamientos al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sostuvo que las instituciones encargadas de combatir el delito atraviesan problemas de recursos y coordinación.

"Estas instituciones también están en una crisis terrible, no tienen los medios, los recursos. (...) Hay una descoordinación total", afirmó. También cuestionó la existencia de corrupción en las instituciones encargadas de enfrentar la criminalidad: "Así como hay policías corruptos, hay fiscales corruptos y hay jueces corruptos".

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Una violencia que todavía no termina de explicarse

Los registros disponibles muestran una escalada de la violencia letal en Piura, con un incremento de los homicidios frente al mismo periodo de 2025 y una participación de las armas de fuego que alcanza su mayor proporción dentro de la serie analizada.

Sullana concentra buena parte de esta problemática y presenta, además, una presencia todavía mayor de armas de fuego entre sus homicidios. Sin embargo, las cifras no explican por sí solas quiénes están detrás de los asesinatos ni cuáles son sus móviles.

Ese vacío es precisamente uno de los principales desafíos para las autoridades: determinar si detrás de esta violencia existen disputas entre organizaciones, extorsiones, mercados ilegales, conflictos personales u otras causas.

Mientras las investigaciones deben esclarecer esas conexiones, Vargas plantea una preocupación adicional: la capacidad del propio Estado para responder. Su denuncia de falta de recursos y de abandono de la Policía introduce otra dimensión en el problema de seguridad de Piura: no solo aumenta la violencia, sino que, según el exjefe policial, las instituciones encargadas de enfrentarla no cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo.

“Todos los países del mundo tienen un sistema de pensiones; acá lo estamos destruyendo”, afirmó Velarde durante la presentación del Reporte de Inflación del BCRP, el 18 de setiembre. El titular del ente emisor sostuvo que la sucesión de retiros reduce los recursos destinados a financiar las pensiones futuras.

La nueva iniciativa fue presentada ese mismo día por la diputada Catherin Palomino Casavilca, de Juntos por el Perú, y constituye uno de los primeros proyectos del nuevo Congreso bicameral que busca reabrir la discusión sobre el acceso extraordinario a los fondos previsionales. Palomino representa a Huancavelica y pertenece a la bancada de JPP.

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Proyecto recién ingresa al Congreso

La propuesta plantea que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan retirar parte de sus fondos de manera voluntaria y progresiva ante un eventual escenario de dificultades económicas asociado a fenómenos climáticos como El Niño.

Palomino sostiene que los efectos de estos eventos pueden generar presiones sobre los precios y afectar la actividad económica y los ingresos de los hogares. Para sustentar su propuesta, la legisladora hizo referencia a estudios del BCRP sobre los impactos económicos de El Niño.

Sin embargo, el proyecto todavía no establece un monto máximo de retiro. Tampoco señala que los afiliados podrán disponer de hasta 4 UIT, como ocurrió con la última autorización. Por ello, no corresponde afirmar que la nueva propuesta permitirá retirar S/22.000.

El antecedente más reciente fue la Ley 32445, que autorizó en 2025 un retiro extraordinario de hasta 4 UIT. Debido a que la UIT de 2026 asciende a S/5.500, ese límite equivalió a S/22.000. El plazo para solicitar dicho retiro culminó en enero de este año.

Ahora, la iniciativa de Palomino deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Por el momento, los afiliados no pueden solicitar un nuevo retiro y tampoco existe un cronograma de desembolsos.

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¿Qué sostiene la propuesta?

La propuesta ha sido impulsada por Juntos por el Perú a través de Palomino. El planteamiento, además, se presenta después de que durante el anterior Congreso se acumularan diversas iniciativas para un noveno retiro. Algunas proponían nuevamente un límite de hasta 4 UIT y otras planteaban desembolsos fraccionados. Ninguna de esas propuestas se convirtió en una nueva autorización de retiro.

Palomino ha defendido públicamente que los afiliados puedan disponer de parte de sus propios recursos ante un eventual escenario de crisis económica.

La discusión tendrá como uno de sus principales puntos el efecto de retirar recursos destinados a la jubilación. Al disminuir el saldo de la cuenta individual, también se reduce el capital que puede continuar generando rentabilidad hasta la edad de retiro.

A través de X, el economista Pablo Moreyra sostuvo que la medida no necesariamente alcanzaría a los trabajadores más expuestos a sus impactos, debido a los altos niveles de informalidad en sectores como la agricultura y la pesca. “El retiro AFP no ayuda a quienes El Niño realmente golpea”, escribió.

Moreyra consideró que retirar los ahorros previsionales no constituye una política social, pues beneficiaría principalmente a trabajadores formales que cuentan con una AFP, mientras que buena parte de la población vulnerable no tiene acceso a este sistema.

En su lugar, planteó que una eventual respuesta estatal frente a El Niño debería priorizar transferencias focalizadas, apoyo a agricultores y pescadores informales y obras de prevención, antes que reducir los recursos destinados a las pensiones futuras.

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BCRP baja el PBI, pero eleva proyección de inversión

El cuestionamiento de Velarde ocurrió durante una presentación en la que el BCRP también actualizó sus previsiones económicas. A diferencia de lo que se desprende del titular original, el 14% corresponde a la proyección de crecimiento de la inversión privada, no del PBI.

El BCRP redujo de 3,4% a 3,2% su estimación de crecimiento de la economía peruana para 2026, debido principalmente al mayor impacto previsto del fenómeno de El Niño. Para 2027, la proyección también fue recortada de 3,2% a 3%.

En contraste, la entidad elevó de 12,5% a 14% su proyección de crecimiento de la inversión privada para este año. Para 2027, la estimación pasó de 6% a 8,5%. La inversión privada aumentó 15,5% durante el primer semestre, según el BCRP.

El escenario climático también forma parte de la discusión sobre el retiro de AFP. El propio BCRP considera ahora un fenómeno de El Niño de magnitud extraordinaria, con efectos principalmente sobre sectores como agricultura y pesca. La entidad estima que el evento restará 0,9 puntos porcentuales al crecimiento del PBI de 2026.

En este contexto, el proyecto de Juntos por el Perú vuelve a colocar los fondos previsionales en el centro del debate del Congreso. Su eventual aprobación dependerá de las comisiones y cámaras que correspondan dentro del nuevo Parlamento bicameral.

La tía del adolescente sostuvo que el escolar llegó a su vivienda con lesiones después del incidente. Además, puso en duda que los adultos responsables del traslado no hubieran identificado lo ocurrido dentro del vehículo, pese a que, según su versión, dos docentes y el conductor se encontraban en el bus.

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Familiar cuestiona la actuación de los adultos durante el traslado en el bus del Liceo Naval

La presencia de personal adulto durante el recorrido fue uno de los puntos cuestionados por la familiar. En una entrevista hecha por Panamericana explicó que, mientras el grupo se encontraba en el vehículo, una de las acompañantes estaba atendiendo a otro estudiante ubicado en la zona delantera. Para la tía, esa situación no explicaría que el episodio denunciado hubiera pasado inadvertido.

La familiar también describió las condiciones en las que el adolescente habría regresado a casa tras lo sucedido. Señaló que tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo y afirmó: “Sus piernas, su cintura. Su cuerpecito estaba golpeado”.

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Familia denuncia antecedentes de bullying y reclama medidas tras el caso del escolar

La tía también se refirió a situaciones previas que, de acuerdo con su testimonio, el adolescente habría experimentado dentro del colegio. Indicó que existían antecedentes de bullying y violencia, aunque explicó que el menor no le había contado esos episodios como hechos que considerara particularmente graves en ese momento.

La familiar cuestionó además la comunicación posterior con la institución y afirmó que, hasta la entrevista realizada el 18 de septiembre, ningún representante de los estudiantes involucrados se había contactado con su familia. Frente a ello, aseguró que continuarán con las acciones legales: “Vamos a ir a todas las instancias posibles para que esto no quede impune, para que esto no quede archivado”.

La medida está establecida en la Resolución Ministerial N.° 300-2026-TR, publicada en el Diario Oficial El Peruano. La norma encarga a EsSalud establecer y regular las condiciones para el acompañamiento, de acuerdo con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud (Minsa), autoridad sanitaria nacional.

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EsSalud deberá regular el acompañamiento de familiares durante la hospitalización

La resolución señala que el paciente hospitalizado tiene derecho a contar con la compañía de un familiar o de la persona que elija. Esta disposición busca considerar, además de la atención clínica, las necesidades emocionales y personales de quienes permanecen internados en los establecimientos de EsSalud.

El acompañamiento deberá desarrollarse bajo las normas, directivas, lineamientos y protocolos establecidos por el Minsa. De esta manera, la presencia del familiar o persona de confianza deberá ajustarse a las condiciones sanitarias y de atención que correspondan durante la hospitalización.

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Estas son las condiciones y el plazo para aplicar la medida en EsSalud

Para implementar la disposición, EsSalud tendrá que emitir las medidas necesarias dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, contado según lo establecido en la resolución ministerial. En ese proceso se deberán definir las reglas que permitan aplicar el acompañamiento en los establecimientos de la institución.

La medida se vincula con el Plan Nacional de Calidad en Salud y Seguridad del Paciente 2026-2030, aprobado por el Minsa, que contempla aspectos como seguridad, efectividad, oportunidad, equidad, integración, eficiencia y atención centrada en las personas. También toma como referencia el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), orientado a fortalecer la participación del paciente y la seguridad en los servicios de salud. La resolución fue refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore.

Con esta disposición, las autoridades buscan reforzar las acciones de seguridad en ambos distritos durante el periodo de emergencia. La norma establece que la medida tendrá una vigencia de 60 días calendario.

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Tumbes mantendrá estado de emergencia por otros 60 días

Mediante el Decreto Supremo N.° 133-2026-PCM, el Ejecutivo también prorrogó por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla y Tumbes, en el departamento de Tumbes.

La ampliación entrará en vigencia desde el 25 de septiembre de 2026 y corresponde a las medidas establecidas previamente mediante los Decretos Supremos N.° 045-2026-PCM y N.° 080-2026-PCM.

La disposición señala que la prórroga tiene como finalidad continuar enfrentando la criminalidad y otras situaciones de violencia registradas en estas provincias fronterizas.

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La Libertad: extienden emergencia en tres provincias

En La Libertad, el Gobierno prorrogó por otros 60 días el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén.

La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 134-2026-PCM, comenzará a regir desde el 23 de septiembre y extiende las disposiciones adoptadas anteriormente mediante los Decretos Supremos N.° 041-2026-PCM y N.° 078-2026-PCM.

El Ejecutivo sostiene que la continuidad del régimen de excepción busca hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia en estas jurisdicciones.

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También se amplía emergencia en zonas de cuatro regiones

Por otro lado, el Decreto Supremo N.° 135-2026-PCM dispone una nueva prórroga, también por 60 días desde el 23 de septiembre, en determinados distritos y centros poblados de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco.

La medida comprende doce distritos y ocho centros poblados detallados en el anexo de la norma. Asimismo, incluye la franja territorial denominada “Eje Energético del Gas de Camisea” y el “Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene”, que comprende zonas ubicadas en ambas márgenes del río Ene.

Las disposiciones fueron publicadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y forman parte de las normas legales difundidas este sábado 19 de septiembre.

La decisión está contenida en la Resolución del Consejo Directivo N.° 00030-2026-SUNEDU-CD, emitida el 17 de septiembre, dentro del procedimiento administrativo sancionador (PAS) N.° 026-2026-SUNEDU-PAS. El caso comprende ocho indicadores vinculados con seguridad, infraestructura, equipamiento, servicios y atención a los estudiantes.

La Sunedu realizó una visita de inspección entre el 4 y el 8 de mayo, como parte de su supervisión programada sobre infraestructura física y equipamiento. Posteriormente, incorporó información adicional, incluidos registros fotográficos y grabaciones de entrevistas, al expediente de supervisión.

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Laboratorios con deficiencias, equipos malogrados y ambientes sin internet

Uno de los principales problemas identificados está relacionado con las condiciones de seguridad de los ambientes universitarios. La resolución señala deficiencias en protocolos, gestión de residuos peligrosos, almacenamiento de sustancias químicas y condiciones de los centros de acopio.

También se encontraron problemas en laboratorios y talleres. Entre los hallazgos figuran extintores obstruidos o vencidos, botiquines con medicamentos vencidos, rutas de evacuación bloqueadas, cableado expuesto y matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC) incompletas o desactualizadas.

La conectividad también aparece como uno de los puntos observados. De acuerdo con la información consignada en el expediente, de 175 ambientes evaluados en la sede principal, 66 no contaban con servicio de internet. Además, ninguno de los laboratorios de enseñanza inspeccionados tenía conexión.

La Sunedu también identificó problemas de disponibilidad y funcionamiento de laboratorios y talleres. Algunos ambientes presentaban humedad, moho, filtraciones y presencia de plagas, mientras que otros no podían ser utilizados con normalidad.

En materia de equipamiento, la resolución registra casos de equipos deteriorados o inoperativos. En el área de Dendrología, por ejemplo, se reportaron 63 equipos en condición mala o regular de un total de 109 evaluados. En el área de Pecuaria, solo uno de siete equipos se encontraba operativo.

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Mantenimiento e infraestructura también están bajo observación

Las deficiencias alcanzan además a los trabajos de mantenimiento. La Sunedu reportó pabellones cerrados, ambientes de biblioteca afectados por humedad y moho, servicios higiénicos clausurados, problemas de sobrecarga eléctrica e inundaciones.

El organismo supervisor también observó que el Plan de Mantenimiento 2026 no comprendía a la filial y que no se había ejecutado conforme a lo requerido.

La situación no se limita a la infraestructura académica. En el tópico de salud de la sede principal, la atención se desarrolla hasta las 2.15 p. m., pese a que las actividades académicas pueden extenderse hasta las 9.10 p. m. En la filial Boquerón, además, se detectó que el tópico no contaba con agua.

En seguridad y vigilancia, la Sunedu encontró cercos perimétricos incompletos, deteriorados o inexistentes en determinadas zonas.

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UNU deberá cumplir medidas en plazos de hasta 45 días

Ante estos hallazgos, la Sunedu ordenó a la universidad implementar medidas provisionales con plazos que van de 5 a 45 días hábiles.

Entre las primeras disposiciones está la convocatoria a una Asamblea Universitaria Extraordinaria en un plazo de cinco días. La universidad también deberá aprobar o actualizar instrumentos vinculados con la gestión de residuos y seguridad, realizar un inventario de sustancias peligrosas y acondicionar las áreas destinadas a su almacenamiento.

Asimismo, deberá implementar conexión a internet en los ambientes que no cuentan con el servicio, realizar inspecciones técnicas de laboratorios y talleres y elaborar informes estructurales suscritos por profesionales competentes.

La resolución también exige actualizar protocolos de seguridad, matrices IPERC y mapas de riesgo, además de verificar el estado de extintores, botiquines, rutas de evacuación y señalización.

Entre las medidas figura además la implementación de un mecanismo transitorio de atención de salud durante los horarios actualmente descubiertos y el reforzamiento de la vigilancia en zonas consideradas vulnerables.

La universidad deberá elaborar, además, un diagnóstico y un Plan de Mantenimiento para la sede central de Pucallpa y la filial Boquerón.

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¿La UNU puede perder su licencia?

La resolución se enmarca en un procedimiento administrativo sancionador y no significa que la Universidad Nacional de Ucayali haya perdido actualmente su licenciamiento. La casa de estudios obtuvo su licencia institucional en 2018 por un periodo de diez años.

Sin embargo, la Sunedu advierte que el incumplimiento de las medidas provisionales constituye una infracción administrativa muy grave y puede generar consecuencias dentro del procedimiento sancionador, entre ellas una multa o la cancelación de la licencia, según corresponda.

Por ello, la universidad tiene ahora plazos concretos para acreditar la corrección de las deficiencias observadas. La situación pone bajo especial atención las condiciones en las que miles de estudiantes desarrollan sus actividades académicas, pero no corresponde afirmar que sus títulos hayan perdido validez ni que la licencia ya haya sido cancelada.

La Sunedu mantiene el procedimiento abierto y será el desarrollo de este proceso el que determine las consecuencias administrativas que correspondan.

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Reacción estudiantil

Desde el Frente Estudiantil Movimiento Social UNU (FEMS UNU) calificaron la situación como un hecho de “extrema gravedad” y sostuvieron que el riesgo para el licenciamiento no sería consecuencia de las recientes protestas universitarias. “Esta crisis no es responsabilidad de la lucha estudiantil. Es el resultado directo de deficiencias estructurales, operativas y presupuestales que la institución ha venido arrastrando durante años”, señaló el colectivo en un pronunciamiento difundido este 18 de septiembre.

La organización estudiantil cuestionó además el manejo de los recursos públicos y planteó interrogantes sobre el presupuesto destinado a la universidad. “¿A dónde se destina realmente el presupuesto asignado si los problemas de fondo nunca se resuelven?”, cuestionó. El FEMS UNU también pidió “transparencia absoluta en la gestión de los recursos” y llamó a los estudiantes a asumir un rol activo frente a las autoridades, al advertir que “nos rehusamos a seguir estudiando en condiciones precarias”.

La propuesta fue presentada el 18 de septiembre y constituye una de las primeras iniciativas de este nuevo Congreso bicameral que busca reabrir el debate sobre el acceso extraordinario a los fondos previsionales.

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Proyecto no establece retiro de hasta 4 UIT

A diferencia de los anteriores retiros extraordinarios, la propuesta de Palomino no establece por ahora que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT, por lo que todavía no es posible señalar que cada persona podría disponer de S/22.000.

El último retiro extraordinario permitió acceder hasta a 4 UIT. Debido a que la UIT de 2026 fue fijada en S/5.500, el límite equivalía a S/22.000. El plazo para solicitar ese desembolso culminó en enero de este año.

La nueva iniciativa plantea un mecanismo de retiro voluntario y progresivo, pero los detalles sobre el monto, número de desembolsos y condiciones de acceso tendrán que definirse durante el trámite legislativo.

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Palomino vincula propuesta con El Niño

La parlamentaria sostiene que la medida busca brindar una alternativa a los afiliados frente a posibles dificultades económicas generadas por fenómenos climáticos.

Según explicó, los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico, tomando como referencia estudios del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El contexto climático ya es considerado por el Estado. El ENFEN informó que El Niño Costero podría continuar hasta mediados del otoño de 2027 y que existe una alta probabilidad de una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. También se prevén temperaturas superiores a lo habitual en la costa y lluvias por encima de lo normal en la costa norte.

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¿Ya se puede retirar nuevamente el dinero de las AFP?

No. La presentación del proyecto no habilita un nuevo retiro de fondos. La iniciativa recién deberá pasar por las etapas correspondientes dentro del Congreso y, eventualmente, ser aprobada y promulgada para convertirse en una norma aplicable.

Por ahora, los afiliados no pueden solicitar un nuevo desembolso amparándose en esta propuesta.

Además, cualquier eventual retiro reduciría el saldo acumulado en las cuentas individuales de los afiliados y, por tanto, el capital destinado a financiar su futura jubilación.

Pensión mínima de S/600

El nuevo proyecto también aparece en un contexto de cambios recientes en el sistema previsional. Desde este mes se reglamentó el procedimiento para que determinados afiliados del Sistema Privado de Pensiones puedan acceder a una pensión mínima o proporcional bajo el Pilar Semicontributivo.

La pensión mínima establecida es de S/600, aunque los afiliados deberán cumplir las condiciones previstas por la Ley N.° 32123 y su reglamento. La ONP y las administradoras de fondos cuentan con un plazo de adecuación de hasta 100 días hábiles.

Antecedentes de nuevos retiros

El nuevo proyecto se suma a las iniciativas que ya habían sido presentadas durante el anterior Congreso para autorizar un noveno retiro de AFP. Varias de ellas planteaban nuevamente un límite de hasta 4 UIT, mientras que otras proponían desembolsos fraccionados.

Sin embargo, esas propuestas corresponden al anterior Parlamento y deberán determinarse las condiciones para que sean retomadas o discutidas bajo el actual Congreso bicameral.

Por ahora, el proyecto de Palomino coloca nuevamente el retiro de AFP en el debate parlamentario, pero no existe todavía un nuevo retiro aprobado ni un monto definido para los afiliados.

La investigación por el presunto abuso sexual ocurrido en el Liceo Naval de San Borja ha causado gran preocupación, por lo que la Fiscalía solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para los adolescentes involucrados en el caso. Según el Ministerio Público, esta medida busca garantizar que los menores permanezcan a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido el pasado 15 de septiembre, cuando un estudiante de 16 años habría sido víctima de una agresión sexual por parte de varios compañeros.

En el comunicado se señala que "La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo dispuso que los adolescentes, estudiantes del Liceo Naval Almirante  Guise, sean conducidos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (conocido como Maranguita), ubicado en el distrito de San Miguel".

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Durante el proceso de responsabilidad penal para menores de edad (de 14 a 16 años), la ley establece un plazo máximo de 4 meses de internamiento preventivo, prorrogable excepcionalmente por 2 meses más. Si al finalizar el procedimiento se determina su responsabilidad, no se aplican penas de cárcel tradicionales sino medidas socioeducativas de privación de la libertad, cuya duración general oscila entre 1 y 6 años. No obstante, cuando se cometen delitos de especial gravedad —como la violación sexual—, la medida socioeducativa aplicable para esta franja etaria se restringe a un rango estricto de 4 a 6 años.

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Mientras el Poder Judicial ordenó el internamiento preventivo de los seis escolares investigados, el proceso judicial avanza de manera paralela. Además, se dictaron medidas de protección a favor del adolescente agraviado, mientras las autoridades buscan determinar el grado de participación y las posibles responsabilidades de cada uno de los investigados.

Se suman más denuncias contra Liceo Naval

En las últimas horas surgió una nueva denuncia que involucra al Liceo Naval en otro presunto escándalo escolar. Según el testimonio de una estudiante de la sede del Callao, la menor acusó directamente a un docente del curso de Arte por presuntos actos indebidos ocurridos dentro del aula.

Mi hija se encuentra mal. No puede dormir. Este profesor la sacó al frente, la comenzó a maquillar, porque aparentemente era una representación o una actividad, y le pone un polo a mi hija, para luego acomodarlo. Es ahí que le toca sus partes del pecho. Mi hija me llamó”, detalló el padre de la joven agraviada.

Durante la emisión, Leiva pidió disculpas a la familia del menor y lamentó haber mencionado su nombre en televisión. La periodista calificó lo ocurrido como un error y expresó su arrepentimiento. "Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre. Le pido perdón de rodillas a la familia", manifestó Leiva durante su programa.

La revelación de la identidad de un menor involucrado en una denuncia de violencia sexual genera especial preocupación debido a la obligación de proteger su privacidad y evitar su exposición pública.

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Lo último del caso Liceo Naval

El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis escolares del Liceo Naval que son investigados por la presunta infracción contra la libertad sexual en agravio de uno de sus compañeros.

La medida fue informada por la Corte Superior de Justicia de Lima y se enmarca en el proceso judicial que busca esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes de los adolescentes involucrados.

El caso del Liceo Naval forma parte de una problemática más amplia de violencia sexual en el ámbito educativo. Según los registros de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, en lo que va de 2026 se han reportado más de 2.000 casos de violencia sexual en instituciones educativas del país.

A través del programa Ocurre Ahora de ATV Noticias, el padre de la menor señaló que el pasado 4 de septiembre, alrededor de las 10 a. m., el profesor habría cometido actos de connotación sexual contra su hija bajo el argumento de evitar ensuciarla mientras le pintaba el rostro. Tras lo ocurrido, la estudiante alertó de inmediato a sus tutores de aula, por lo que la directora tomó conocimiento de la denuncia y comunicó el hecho a sus familiares.

“Mi hija se encuentra mal. No puede dormir. Este profesor la sacó al frente, la comenzó a maquillar, porque aparentemente era una repsentación o una actividad, y le pone un polo a mi hija, para luego acomodarlo. Es ahí que le toca sus partes del pecho. Mi hija me llamó”, detalló.

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Docente del Liceo Naval del Callao es investigado por la Fiscalía tras denuncia de tocamientos indebidos

Luego de reportarse el incidente, el padre de familia formalizó la denuncia correspondiente, lo que motivó la rápida intervención policial en el centro educativo. Al notar su ausencia en las aulas, los agentes del orden rastrearon al profesor de arte implicado hasta su vivienda, donde se ejecutó su detención.

El acusado cumplió 48 horas de detención en la comisaría, mientras que la institución educativa procedió a separarlo de su cargo. En tanto, la Fiscalía ha dispuesto abrir una investigación por un periodo de 60 días para esclarecer los hechos y determinar sus responsabilidades penales.

Entre las medidas ordenadas se encuentra la prohibición para que los presuntos agresores utilicen espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para establecer contacto o realizar acciones contra el agraviado. Además, el órgano jurisdiccional dispuso el patrullaje de periódico de efectivos policiales en los alrededores de la vivienda del adolescente afectado.

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Poder Judicial prohíbe contacto de presuntos agresores con la víctima y ordena terapias psicológicas

La resolución emitida por el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima contempla restricciones destinadas a proteger al estudiante agraviado. Los presuntos agresores no podrán utilizar espacios privados ni plataformas digitales para dirigirse contra el adolescente, una disposición que incluye redes sociales como WhatsApp y Facebook.

Como parte de las medidas preventivas, el juzgado también estableció que los adolescentes señalados reciban atención psicológica obligatoria. La disposición forma parte de las acciones de protección adoptadas por la autoridad judicial a favor del estudiante mientras el caso continúa bajo investigación.

Asimismo, se ordenó que la comisaría correspondiente realice un patrullaje periódico y semanal en los alrededores del domicilio de la víctima. Esta medida busca mantener vigilancia en el lugar de residencia del adolescente durante el periodo establecido por la autoridad judicial.

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Fiscalía pide internamiento preventivo para adolescentes investigados por agresión sexual en el Liceo Naval

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para los menores de edad que cursan quinto año de secundaria y son investigados por la presunta violación sexual en agravio de un estudiante de 16 años. El hecho denunciado ocurrió el 15 de setiembre en el distrito de San Borja y se encuentra actualmente en investigación.

El requerimiento fue presentado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández con la finalidad de asegurar la presencia de los adolescentes durante las diligencias correspondientes. La solicitud será analizada una vez que concluya el periodo de retención en flagrancia de los menores involucrados.

El traslado de los seis adolescentes se produjo al mediodía, cuando se acercaba el vencimiento del plazo de 48 horas de retención policial. Posteriormente, la Fiscalía Provincial de Familia, a cargo de Mariano de la Torre Hernández, formalizó el requerimiento de internamiento preventivo para los seis investigados, mientras que los otros cuatro quedaron en libertad, aunque continúan vinculados a las diligencias fiscales.

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Fiscalía pidió 4 meses de internamiento

La solicitud fiscal no comprende a los diez adolescentes por igual. Mientras seis fueron puestos a disposición judicial, otros cuatro fueron liberados al no haber sido incluidos en el pedido de internamiento preventivo.

La abogada penalista Romy Chang explicó que, una vez que el Ministerio Público presenta el pedido, corresponde al juez de familia evaluar si procede la medida. “La fiscalía, antes de que venza el plazo, tiene que presentar un pedido de internamiento preventivo ante el juez de familia para que convoque una audiencia y pueda debatirse ahí si concede o no la medida”.

La solicitud, sin embargo, no implica que los seis adolescentes hayan sido declarados responsables de la presunta agresión. Se trata de una medida cautelar que deberá ser discutida judicialmente a partir de los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de las defensas.

El penalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura Javier López Romaní precisó que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes contempla la internación preventiva como una medida excepcional y no como una sanción anticipada.

"El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes contempla medidas cautelares como la internación preventiva, de uso excepcional, para asegurar los fines de la investigación".

López explicó que la Fiscalía debe acreditar tres presupuestos para solicitar esta medida: la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculen al adolescente como autor o partícipe; que la infracción pueda ser sancionada con internación; y un riesgo concreto de que el adolescente eluda la justicia u obstaculice la investigación.

"El juez debe evaluar, además, la proporcionalidad de la medida y decidir de manera motivada. Debe tenerse presente que la internación preventiva no puede utilizarse como una pena anticipada porque ello deslegitimaría el proceso".

Por ello, el pedido de 120 días no significa que la Fiscalía pueda mantener automáticamente privados de libertad a los seis adolescentes. La decisión corresponde al juez de familia, quien deberá analizar individualmente la situación de cada investigado.

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Poder Judicial deberá decidir la situación de los seis retenidos

El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima asumirá la evaluación del pedido fiscal respecto de los seis adolescentes. El juez deberá revisar los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de las defensas antes de decidir si corresponde ordenar los cuatro meses de internamiento preventivo solicitados.

La medida tiene carácter preventivo y no constituye una declaración de responsabilidad penal. Su finalidad es asegurar los fines de la investigación cuando se cumplan los presupuestos legales correspondientes.

López Romaní precisó que la situación de los adolescentes debe analizarse bajo el régimen especializado vigente. Esto resulta particularmente relevante debido a que durante 2025 se aprobó la Ley 32330, que buscaba incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario para determinados delitos graves.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa modificación en enero de 2026 y estableció que la edad mínima de imputabilidad penal ordinaria es de 18 años. En consecuencia, los adolescentes de 16 y 17 años deben ser investigados, juzgados y sancionados dentro del sistema penal juvenil. El TC también determinó que, mientras el legislador no apruebe una reforma compatible con la Constitución, el marco aplicable a la medida socioeducativa de internación es el artículo 163.1 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

López lo explicó así: "No corresponde aplicarles el Código Penal como si fueran adultos, aun cuando la infracción atribuida sea muy grave. Les corresponde aplicarles el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N.° 1348, dentro de un sistema especializado".

El abogado precisó que, bajo el régimen actual, la medida socioeducativa de internación puede ir de uno a seis años como máximo, pero advirtió que ello no significa que una eventual condena por una infracción grave vaya a traducirse automáticamente en seis años.

"Estando el caso en su fase inicial, primero debe acreditarse la existencia de la infracción y la participación específica de cada adolescente y, posteriormente, individualizarse la medida conforme a los principios de proporcionalidad, interés superior, finalidad educativa y reinserción".

La abogada Romy Chang coincidió en que la situación procesal debe diferenciarse de una eventual decisión final sobre responsabilidad.

Chang agregó que uno de los aspectos que deberá ser evaluado para una medida de esta naturaleza es el riesgo de fuga. "El tema de la libertad en verdad depende más que nada de si existe un riesgo de que fuguen o no", precisó.

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La situación de los cuatro adolescentes liberados

Mientras los seis adolescentes fueron trasladados al Poder Judicial, cuatro abandonaron la Comisaría de Familia del Cercado de Lima acompañados por sus familiares.

Su liberación se produjo después de que la Fiscalía diferenciara las situaciones individuales dentro de la investigación. La salida de estos cuatro estudiantes no significa que hayan sido declarados inocentes ni que hayan quedado fuera definitivamente del caso.

Chang explicó que las diligencias fiscales pueden continuar respecto de ellos y que la investigación deberá concluir con una decisión del Ministerio Público. "Que salgan en libertad tampoco significa que el proceso culminó. Tiene que terminar con una decisión fiscal donde se decida si se archiva el caso o si se formaliza alguna denuncia", acotó.

La investigación tampoco atribuye necesariamente la misma conducta a los diez estudiantes. De acuerdo con la información preliminar recabada durante las diligencias, tres de los adolescentes estarían vinculados a los hechos considerados de mayor gravedad, mientras que la Fiscalía realiza una evaluación individual de la actuación de cada investigado.

Entre las diligencias realizadas figuran las declaraciones de los adolescentes, de policías que intervinieron en el caso, de padres que formularon la denuncia y el examen médico-legal practicado al estudiante agraviado. También se tomó la declaración del adolescente mediante cámara Gesell.

Chang destacó la relevancia de esta diligencia dentro de la investigación: "La cámara Gesell es el elemento que el fiscal va a utilizar para poder establecer si realmente hubo o no algún tipo de daño psicológico para el menor y además para determinar los hechos".

La abogada explicó que se trata de una declaración de la presunta víctima desarrollada bajo condiciones destinadas a evitar su revictimización y con acompañamiento especializado.

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Padres cuestionan que se generalice la responsabilidad

Mientras avanzaban las actuaciones fiscales y judiciales, los familiares de los adolescentes investigados asumieron una participación pública cada vez más visible.

Uno de ellos fue César Antonio Bettocchi Bustamante, cuyo hijo estuvo entre los cuatro adolescentes posteriormente liberados. En los exteriores de la Comisaría de Familia del Cercado de Lima, Bettocchi afirmó que los escolares "estaban en el bus jugando y se les fue de las manos". También cuestionó que se generalizara la responsabilidad entre los diez adolescentes y sostuvo que la Fiscalía debía determinar qué hizo concretamente cada uno.

El padre aseguró que su hijo no participó en la presunta agresión y explicó que, según su versión, se encontraba en la parte delantera del bus atendiendo a otro estudiante que había resultado lesionado durante el partido. Añadió que su hijo y el adolescente agraviado eran amigos.

Bettocchi también sostuvo que el ruido y las bromas dentro del vehículo pudieron dificultar que los adultos que acompañaban a los escolares advirtieran lo que ocurría.

"Este es un bus grande, hay bulla. Los niños siempre que van a sus partidos chacotean. Los auxiliares, en ese momento, escuchan la bulla y piensan que es una chacota como hay en todos los partidos y no saben lo que ha pasado (…) Ya ayer el niño víctima ha declarado cómo han sido las cosas. El fiscal y todos saben quiénes están (más involucrados) y de qué manera".

La exposición pública del padre también estuvo marcada por un incidente ocurrido un día antes con periodistas que cubrían la salida de los familiares de la dependencia policial. Las imágenes difundidas por medios de comunicación muestran una agresión contra un camarógrafo.

Bettocchi se pronunció posteriormente sobre su comportamiento ante la prensa. Según declaraciones difundidas, justificó su reacción y afirmó que, desde su perspectiva, debió haber sido incluso más agresivo.

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Protección al agraviado y reacciones institucionales

La situación judicial de los adolescentes no fue el único frente que avanzó este viernes. El caso provocó decisiones en distintos niveles de la administración pública.

El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas a favor del adolescente del Liceo Naval Almirante Guise que denunció haber sido víctima de violencia sexual.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la prohibición para que los presuntos agresores utilicen espacios, medios privados o redes sociales —como WhatsApp y Facebook, entre otras— para comunicarse o realizar acciones contra el adolescente agraviado. Asimismo, el juzgado ordenó que los presuntos agresores reciban terapias psicológicas obligatorias.

El órgano jurisdiccional también dispuso patrullaje constante y periódico, de manera semanal, en el domicilio del adolescente, a cargo de la comisaría del sector, como parte de las medidas destinadas a garantizar su protección mientras continúan las investigaciones.

Esta actuación judicial es independiente del pedido de 120 días de internamiento preventivo presentado por la Fiscalía contra seis adolescentes. Mientras las medidas de protección buscan salvaguardar al estudiante agraviado, el requerimiento de internamiento deberá ser resuelto respecto de los investigados, a partir de los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de sus defensas.

El Ministerio de Educación oficializó la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y la gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise mediante el Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU. La medida permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla la designación de un director temporal. El objetivo declarado es reforzar la protección de los estudiantes, la convivencia y los mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia.

La norma señala que el hecho ocurrido el 15 de septiembre se encuentra bajo investigación y que la Defensoría del Pueblo supervisa las actuaciones de las autoridades relacionadas con la protección de los escolares.

La Marina de Guerra, que tenía a su cargo la institución, ya había separado de sus funciones a la directora del colegio, así como a un docente y al entrenador de fútbol que se encontraban en el bus durante el traslado en el que habrían ocurrido los hechos. La institución señaló que colaboraría con las investigaciones.

Por su parte, Indecopi inició una fiscalización para determinar si el colegio cumplió las obligaciones relacionadas con la protección de los estudiantes y la convivencia escolar. La entidad solicitó información al centro educativo y advirtió que una eventual negativa, demora u omisión injustificada podría generar otras acciones legales.

La Defensoría del Pueblo también intervino y pidió que el estudiante agraviado reciba atención integral, acompañamiento especializado y protección frente a una posible revictimización. Asimismo, solicitó garantizar su derecho a continuar sus estudios en un entorno seguro.

El antecedente: una denuncia dentro de un bus escolar

El caso se originó el 15 de septiembre, durante el traslado de estudiantes del Liceo Naval después de una actividad deportiva. Un adolescente de 16 años denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual dentro del vehículo.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició las diligencias y dispuso, entre otras actuaciones, la declaración del estudiante agraviado en cámara Gesell y la toma de testimonios de los adolescentes involucrados.

En paralelo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció asistencia legal y soporte psicológico para el estudiante y su familia, mientras que la Defensoría del Pueblo pidió medidas para evitar su revictimización.

La Marina separó de sus cargos a tres integrantes de la comunidad educativa vinculados al traslado y el Gobierno terminó oficializando la reorganización del colegio bajo conducción temporal del Ministerio de Educación.

El caso también se produce en un contexto de preocupación por la violencia sexual entre estudiantes. Según la información citada en el informe, entre enero y agosto de 2026 el sistema SíseVe registró 1.198 reportes de violencia sexual entre estudiantes, cifra que representa un incremento de 32,6% frente al promedio registrado en el mismo periodo de los tres años anteriores.

Para López Romaní, esta situación evidencia que la respuesta no puede concentrarse únicamente en el endurecimiento de las consecuencias penales.

"El problema de fondo es mucho más complejo (…) El Estado debería articular una política integral de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, que involucre no solamente al sistema de justicia, sino también a la familia, la escuela y a las distintas instituciones estatales responsables de su protección".

Entre las medidas que plantea, mencionó la educación para prevenir la violencia sexual, los mecanismos de detección y denuncia, la atención psicológica, la supervisión en los centros educativos y la intervención ante situaciones de bullying, hostigamiento o violencia antes de que escalen.

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¿Qué ocurre si se acredita la responsabilidad?

La gravedad de la denuncia no significa que los adolescentes de 16 o 17 años deban ser tratados jurídicamente como adultos. Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 32330, el régimen vigente mantiene a estos adolescentes dentro del sistema especializado de justicia juvenil.

López Romaní explicó que la medida socioeducativa de internación puede alcanzar hasta seis años en los supuestos establecidos por el régimen vigente, pero su imposición dependerá de la acreditación de la infracción, de la participación individual y de las circunstancias específicas de cada caso.

Además, la edad de la presunta víctima constituye un elemento relevante para establecer la calificación jurídica de los hechos. "El dato de la edad de la víctima es relevante para la calificación jurídica de los hechos, pero no elimina la posibilidad de que exista violación sexual".

El abogado explicó que la Fiscalía deberá determinar, a partir de los elementos de convicción, si existieron violencia, amenaza, coacción u otras circunstancias que impidieran el libre consentimiento, así como la participación específica que habría tenido cada adolescente.

La siguiente etapa: audiencia y nuevas diligencias

Con el vencimiento de las primeras 48 horas de retención, la investigación dejó de tener a los diez adolescentes bajo una misma situación procesal. Cuatro recuperaron su libertad y seis quedaron a disposición del Poder Judicial luego de que la Fiscalía solicitara 120 días de internamiento preventivo.

Ahora corresponde al juez de familia evaluar el requerimiento fiscal y escuchar los argumentos de las partes antes de resolver si ordena o no la medida solicitada.

La decisión judicial deberá considerar los presupuestos establecidos para la internación preventiva, entre ellos los elementos de convicción, la posibilidad de que la infracción pueda ser sancionada con internación y la existencia de un riesgo concreto de fuga u obstaculización de la investigación, además del principio de proporcionalidad.

En paralelo, la Fiscalía continuará recabando elementos para establecer qué ocurrió dentro del bus y cuál fue la participación concreta de cada adolescente. La liberación de alguno de los investigados no supone el cierre automático de la investigación, mientras que el eventual internamiento preventivo de otros tampoco constituye una declaración de culpabilidad.

La declaración del estudiante agraviado, los exámenes médico-legales, los testimonios de los adolescentes, las declaraciones de los adultos que acompañaban el traslado y los demás elementos que se incorporen al expediente serán parte de la evaluación fiscal y judicial.

El caso avanza así en dos frentes paralelos: la investigación de la presunta agresión ocurrida dentro del bus y la revisión de las condiciones institucionales de prevención, vigilancia y respuesta del Liceo Naval Almirante Guise.

Sobre la superficie de la piedra se encontraron dos nombres escritos y otras inscripciones que no pudieron ser identificadas. Ante la afectación, especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco intervinieron el elemento arqueológico para retirar los pigmentos y realizar trabajos de conservación sin alterar su superficie original.

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Sacsayhuamán: encuentran nombres pintados en una roca labrada del sector Lanlacuyoq

El reporte de vigilancia permitió detectar las inscripciones en una roca trabajada del sector Lanlacuyoq. Las marcas fueron hechas con pigmentos de tonalidades roja y rosada, mientras que en otras zonas de la piedra se observaron trazos cuya lectura no fue posible.

La intervención de los especialistas estuvo orientada a recuperar la superficie afectada. Para ello se emplearon materiales y herramientas especializadas durante las labores de limpieza, con el propósito de retirar los pigmentos y evitar que el procedimiento ocasionara nuevos daños en el elemento arqueológico.

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¿Qué hará Cultura tras las pintas en la roca arqueológica de Sacsayhuamán?

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco anunció que formulará una denuncia para identificar a las personas responsables de las pintas y establecer las circunstancias en las que ocurrió la afectación. Las acciones legales se sumarán a las labores de conservación desarrolladas en el parque arqueológico.

Francisco Solís, director del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, pidió a la población cusqueña y a los visitantes respetar los vestigios arqueológicos. El Ministerio de Cultura, por su parte, señaló que continuará reforzando las labores de vigilancia y protección en los sitios arqueológicos de la región.

“Creo que uno cuando se va haciendo viejo se va hablandando porque la verdad he debido ser más agresivo con los señores. Ellos inventan cosas”, sentenció en una entrevista con ATV.

El hombre también defendió a su hijo y señaló que esperará la determinación de las responsabilidades antes de aceptar conclusiones sobre los estudiantes involucrados. Asimismo, afirmó que respalda al menor que denunció la agresión y reconoció la gravedad del hecho, pero pidió diferenciar entre quienes tendrían responsabilidad y aquellos alumnos que, según dijo, no habrían participado.

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Padre niega agresión al camarógrafo y pide esperar el resultado de las investigaciones

Durante el intercambio con los periodistas, el padre rechazó que hubiera mordido la mano de un camarógrafo, como se había señalado durante la cobertura del incidente. Aseguró que ese hecho no ocurrió y sostuvo que existen registros audiovisuales que permitirían esclarecer lo sucedido. Al mismo tiempo, cuestionó su propia actitud frente a la prensa y manifestó que consideraba que debió reaccionar con mayor firmeza ante los periodistas.

Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la forma en que se ha informado sobre los menores investigados. El padre de familia sostuvo que todavía existe un proceso en curso y que no corresponde atribuir responsabilidad a todos los estudiantes antes de que culminen las diligencias. En ese sentido, pidió que se espere a conocer las declaraciones y conclusiones correspondientes para establecer quiénes estuvieron involucrados directamente.

Durante la entrevista, los periodistas señalaron que la cobertura se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia y que los alumnos se encuentran en condición de investigados, no de responsables confirmados. También se recordó que la situación del menor denunciante debe ser considerada dentro del proceso y que la investigación busca determinar las responsabilidades individuales.

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Padre sostiene que los alumnos participaron en un juego que se salió de control

Al referirse a lo ocurrido dentro del colegio, el padre planteó una versión según la cual los estudiantes que acudieron a una competencia deportiva comenzaron un juego que terminó desbordándose. Según su relato, los menores no habrían acudido con la intención de agredir a otra persona, aunque reconoció que el alumno denunciante habría sido víctima de una agresión y expresó su respaldo hacia él.

“No todos los niños han estado implicados. Yo le doy toda la razón a la víctima, pero estos niños no son como ustedes lo han plantiado que han salido en jauría a atacar a alguien, son más bien niños deportistas de un colegio que se habían ido a una competencia y han empezado a hacer un juego que se les ha ido de las manos”, indicó.

El padre insistió en que no todos los estudiantes señalados en la investigación tendrían necesariamente participación en los hechos. Por ello, consideró necesario esperar el desarrollo de las diligencias antes de establecer responsabilidades. También sostuvo que la difusión de información sobre menores puede generar consecuencias para sus hijos y sus familias mientras el caso aún permanece bajo investigación.

Durante esos días, la intervención estará a cargo de personal especializado, que realizará labores en un segmento de muro prehispánico y una plataforma del camino. Las acciones buscan preservar los restos incas y mantener condiciones seguras para el desplazamiento de los visitantes dentro del sitio arqueológico.

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Machu Picchu cerrará la Ruta 1-D por trabajos de emergencia en restos incas

La restricción comprende la Ruta 1-D del Circuito 1, recorrido que permite llegar hasta el Puente Inca. La DDC Cusco estableció el cierre como una medida preventiva mientras se ejecutan las labores de emergencia sobre los elementos arqueológicos que requieren atención.

La intervención se concentrará en una zona donde se identificó inestabilidad en una plataforma del camino, además de un segmento de muro prehispánico. El objetivo de los trabajos es atender estas estructuras y contribuir a la conservación del patrimonio arqueológico de Machu Picchu.

La entidad cultural precisó que el cronograma previsto entre el 20 y el 25 de setiembre podría modificarse ante determinadas condiciones climáticas o eventualidades que ocurran durante la ejecución de las labores. En caso de presentarse alguna emergencia, se comunicará la información correspondiente de manera oportuna.

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Turistas con boletos para el Puente Inca serán derivados a otra ruta

Los visitantes que hayan reservado o comprado boletos correspondientes a la Ruta 1-D para las fechas comprendidas dentro del periodo de cierre serán trasladados automáticamente a otra alternativa habilitada. La ruta asignada será la 1-C, correspondiente a la Portada Intipunku, ubicada en el sector suroeste de la ciudadela.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad cultural, este recorrido se encuentra habilitado para el tránsito de visitantes. La medida permitirá atender a quienes ya cuentan con ingresos adquiridos sin mantener el acceso a la zona donde se desarrollarán los trabajos de emergencia.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) solicitaron tomar las previsiones necesarias ante la modificación temporal del recorrido. El aviso está dirigido a turistas, guías de turismo, agencias de viajes, operadores turísticos y demás personas que tengan previsto visitar Machu Picchu durante las fechas señaladas.

El pedido fue presentado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández con el objetivo de asegurar la presencia de los adolescentes durante el desarrollo de las diligencias correspondientes. La solicitud será evaluada luego de que venza el periodo de retención en flagrancia de los menores involucrados en el caso.

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Fiscalía solicita cuatro meses de internamiento preventivo para los escolares del caso Liceo Naval

La Fiscalía de Familia requirió que los adolescentes permanezcan internados preventivamente durante cuatro meses, luego de recopilar elementos que, según el Ministerio Público, los vincularían con una presunta infracción a la ley penal. La medida solicitada será analizada por la autoridad competente en el marco de la investigación.

El requerimiento fue formulado después de las actuaciones realizadas durante el periodo de retención en flagrancia. Con esta solicitud, la Fiscalía busca asegurar que los menores permanezcan a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso ocurrido en San Borja.

Fuentes estudiantiles señalaron que los alumnos han solicitado formalmente que la rectora de la universidad disponga un espacio de diálogo para abordar sus denuncias. Según explican, el pedido fue presentado luego de una sugerencia de un representante de la Defensoría del Pueblo.

Pese a esta solicitud, entre los estudiantes circulan versiones atribuidas a integrantes de la alta dirección de la universidad respecto a que la rectora no tendría previsto atender sus reclamos. Esta situación ha incrementado el malestar entre los alumnos que mantienen la medida de protesta.

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Piden que Comisión de Educación cite a la rectora

Ante la falta de diálogo que denuncian, los estudiantes remitieron este viernes un oficio al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para solicitar que cite a la rectora de la UNMSM y se conozca la posición de las autoridades frente a los hechos denunciados en la Facultad de Ciencias Administrativas.

El documento hace énfasis en que la protesta llega a su tercer día y plantea la necesidad de que las autoridades universitarias expliquen las acciones adoptadas frente a los reclamos de los estudiantes.

Los alumnos esperan que el titular de la comisión tome conocimiento del caso y convoque a la autoridad universitaria para que responda sobre las denuncias y el pedido de diálogo. La situación se mantiene mientras los estudiantes continúan con su medida de protesta en la Facultad de Ciencias Administrativas. Las versiones sobre la presencia de la policía habían generado preocupación entre algunos alumnos durante la jornada.

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PNP descarta que presencia policial esté vinculada a protesta

Respecto a las imágenes y reportes sobre presencia policial en las inmediaciones del campus, la Policía Nacional precisó a La República que los efectivos se encontraban en el punto debido a una orden telefónica de coordinación de seguridad relacionada con el concierto de BTS World Tour-Arirang 2026, programado para realizarse en el Estadio San Marcos los días 8, 9 y 10 de octubre.

La Orden Telefónica N.° 8694, emitida por la Región Policial Lima Centro este 18 de septiembre, dispone una reunión de coordinación de seguridad en el Estadio San Marcos, con participación de oficiales de la PNP.

La institución señaló a este medio que “no se ha suscitado otra novedad” y precisó que la presencia del personal policial responde a dicha coordinación previa al evento musical, y no reportó una intervención relacionada con la protesta estudiantil.

La reorganización permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca garantizar la prestación del servicio educativo con énfasis en la protección integral de los estudiantes. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes, mientras que el Ministerio Público realiza diligencias preliminares y la Defensoría del Pueblo supervisa las actuaciones relacionadas con la protección de los derechos de los escolares.

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Liceo Naval Almirante Guise: ¿qué establece la reorganización que estará vigente hasta diciembre de 2027?

El decreto dispone que el Minedu conduzca la reorganización de la gestión educativa y la gobernanza institucional del colegio durante el periodo establecido. Para ello, la cartera realizará las acciones necesarias para designar de manera extraordinaria y temporal a un director responsable de este proceso, cuya función se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027.

La norma señala que esta medida responde a la necesidad de fortalecer temporalmente la conducción, supervisión y verificación del servicio educativo. Asimismo, toma en cuenta que el Liceo Naval es administrado por la Marina de Guerra del Perú, aunque se encuentra sujeto a las políticas nacionales y disposiciones técnico-educativas establecidas por el sector Educación.

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Minedu asumirá nuevas medidas para proteger a los estudiantes y garantizar las clases en el Liceo Naval

Durante la reorganización, el Minedu, mediante sus instancias de gestión educativa descentralizada y en coordinación con el Ministerio de Defensa, deberá adoptar medidas para asegurar la protección integral de los estudiantes y la continuidad del servicio educativo. El decreto también contempla acompañamiento socioemocional para los escolares y la comunidad educativa.

Entre las disposiciones figuran acciones de prevención frente a actos de violencia, intimidación o represalia, además del objetivo de mantener la calidad educativa alcanzada por la institución. La norma establece que su aplicación será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

Las diferencias también se observan según el territorio. En la Amazonía, la prevalencia llegó al 14,6%, mientras que en las áreas urbanas se ubicó en 5,4%. Además, cerca de tres de cada cuatro embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años no fueron intencionales, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Los datos fueron presentados en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Para el UNFPA, las cifras muestran que la reducción nacional no implica que se hayan cerrado las brechas en el acceso a información, servicios de salud, educación y mecanismos de prevención y protección.

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Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día

La situación es aún más crítica entre las niñas de 10 a 14 años. Según las estimaciones presentadas por el UNFPA, cinco niñas de este grupo de edad dan a luz diariamente en el Perú. La organización señala que estos embarazos están asociados a situaciones de violencia sexual y evidencian brechas en los sistemas de prevención, protección, acceso a justicia y reparación.

A ello se suma el impacto sobre la salud. En 2025, el 15,3% de las muertes maternas correspondió a adolescentes menores de 20 años, porcentaje superior al 10,9% registrado en 2019. Entre las niñas de 10 a 14 años, la razón de mortalidad materna alcanzó 84 muertes por cada 100.000 nacidos vivos durante el periodo 2020-2024.

En cuanto a los nacimientos, la tasa nacional entre niñas y adolescentes fue de 16,7 por cada 1.000 en 2025. En Lima, el indicador fue de 9,2 por cada 1.000, una diferencia que vuelve a mostrar el peso de las desigualdades territoriales.

La maternidad temprana también tiene un costo económico

El embarazo y la maternidad durante la adolescencia no solo afectan las trayectorias educativas y laborales. El UNFPA estimó que el costo de oportunidad asociado a la maternidad adolescente alcanzó los S/1.159,5 millones en 2019, equivalentes a unos US$329,4 millones.

Esta estimación considera las oportunidades que pueden perderse en educación, empleo y generación de ingresos cuando una adolescente enfrenta una maternidad temprana. Gregor von Medeazza, representante del UNFPA en el Perú, señaló que estas situaciones pueden afectar las posibilidades de culminar los estudios y participar posteriormente en la vida económica.

El organismo también sostiene que la maternidad adolescente puede contribuir a ‘‘reproducir ciclos de pobreza intergeneracional’’ cuando las adolescentes pierden oportunidades educativas y laborales.

Philippe Lust-Bianchi, coordinador del Programa Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, señaló que la prevención requiere una ‘‘respuesta articulada entre salud, educación, justicia y protección’’, además de la participación de gobiernos subnacionales y organizaciones sociales.

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Ayacucho redujo a la mitad su tasa de nacimientos

Ayacucho constituye uno de los casos presentados por el UNFPA como ejemplo de reducción sostenida. Entre 2019 y 2025, la tasa de nacimientos en niñas y adolescentes pasó de 33,2 a 16,3 por cada 1.000, según información del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud y estimaciones de población.

El proceso estuvo acompañado por la coordinación entre los sectores de salud, educación, protección y justicia, además de la participación de gobiernos locales, comunidades, organizaciones sociales y adolescentes. También se implementó un Plan Regional de Prevención y se asignaron recursos para sostener las acciones.

Para el UNFPA, este caso muestra que la reducción puede sostenerse cuando existe una estrategia que articula distintos sectores y niveles de gobierno. No obstante, la organización advierte que las respuestas deben adaptarse a las condiciones específicas de cada territorio.

UNFPA presenta mapa sobre embarazo y maternidad

Durante el encuentro también se presentó el Tablero sobre embarazo y maternidad en niñas y adolescentes en el Perú, una plataforma que reúne indicadores territoriales para identificar brechas y orientar medidas de prevención, atención y protección.

La información permite observar las diferencias entre departamentos y territorios, además de facilitar el seguimiento de indicadores vinculados con el embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes.

Aunque la reducción nacional representa un avance, los datos muestran que el territorio continúa marcando diferencias importantes en las oportunidades de las adolescentes. Las brechas rurales y amazónicas, así como la situación de las niñas menores de 15 años, mantienen el desafío de fortalecer las políticas de prevención, protección y acceso a servicios.

La instalación estuvo a cargo de la diputada Romina Uribe, del Partido del Buen Gobierno, y contó con la participación de las legisladoras Pilar Sulca y Haydee Poma, ambas de Juntos por el Perú. Durante la sesión, Sulca fue elegida como coordinadora del grupo de trabajo.

El nuevo espacio parlamentario plantea contribuir a la atención y reparación de las víctimas, además de promover acciones de prevención frente a la violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes de los pueblos Awajún y Wampis. La propuesta contempla incorporar un enfoque intercultural en las medidas que se impulsen desde el Parlamento.

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Grupo de trabajo tomará como insumo visita del MESECVI a Condorcanqui

Romina Uribe señaló que la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Condorcanqui requiere una respuesta estatal que no se limite a atender casos individuales. Según indicó, el trabajo parlamentario deberá considerar las características culturales y territoriales de las comunidades awajún y wampis, así como las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a servicios de justicia, salud y protección.

La diputada también mencionó como insumo los hallazgos de las expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), quienes visitaron Condorcanqui entre el 7 y el 11 de setiembre. Durante su recorrido por Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago recogieron información sobre las condiciones de atención y protección de las víctimas.

La delegación identificó la existencia de un problema estructural y advirtió brechas en los servicios de justicia, salud, educación y protección, además de barreras geográficas, culturales y lingüísticas que dificultan el acceso de las comunidades a una respuesta estatal adecuada.

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Pilar Sulca: “una deuda histórica con los pueblos Awajún y Wampis”

Tras ser elegida coordinadora, Pilar Sulca sostuvo que su experiencia como docente de Educación Intercultural Bilingüe será parte del enfoque que busca aplicar al trabajo parlamentario. La legisladora señaló que las niñas de los pueblos originarios deben acceder a oportunidades de desarrollo “con dignidad y en igualdad”.

Sulca afirmó que el grupo buscará contribuir a atender lo que calificó como una “deuda histórica” del Estado con los pueblos Awajún y Wampis. También destacó la necesidad de que las integrantes del grupo trabajen de manera articulada para abordar los casos de violencia sexual registrados en la provincia.

La creación de este espacio ocurre mientras distintas instituciones vienen cuestionando las brechas de protección que enfrentan las niñas y adolescentes de Condorcanqui. El seguimiento parlamentario se enfocará ahora en la respuesta del Estado y en las medidas que puedan plantearse para atención, reparación y prevención.

En la sala Fabiola Salazar del Edificio Víctor Raul Haya de la Torre, se Instaló la Comisión de Trabajo, para abordar la problemática de violaciones sexuales denunciadas el año 2024 en Condorcanqui, Amazonas, allí la Diputada Pilar Sulca fue elegida para estar a cargo de la coordinación del grupo de trabajo.

“Estos casos no pueden quedar en el olvido ni en la impunidad”. En la sesión, la diputada Pilar Sulca Castillo asumió, la coordinación del grupo de trabajo por unanimidad, quién además fue la impulsora para hacer seguimiento a la situación de las víctimas de violencia sexual en Condorcanqui, región Amazonas.

Desde este espacio, junto con las integrantes del grupo, realizarán seguimiento a las acciones emprendidas por el Gobierno central, el Gobierno Regional de Amazonas y las instituciones responsables de proteger a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de conocer los avances, las medidas pendientes y las barreras que aún enfrentan las víctimas para acceder a justicia y protección.

El grupo de trabajo elaborará un plan de trabajo que permitan indagar sobre el estado de los casos y las medidas adoptadas por las entidades competentes, así como de las acciones que aún se encuentran pendientes. “Las víctimas necesitan respuestas, no más silencio. Vamos a hacer seguimiento para que estos casos no queden en el olvido y para que las instituciones responsables respondan”, señaló la diputada Pilar Sulca.

Según la información recabada, la Séptima Fiscalía de Familia habría pedido que se evalúe esta medida conforme al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA), lo que daría paso a una audiencia judicial. El procedimiento establece que, ante un pedido de internación preventiva, un juez debe evaluar las circunstancias del caso y determinar si corresponde ordenar esta medida.

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Fiscalía evalúa solicitar internación preventiva para los adolescentes involucrados

Mientras se espera la actuación definitiva del Ministerio Público, los menores continuarán bajo custodia durante las diligencias de ley. Según información preliminar, tres de ellos estarían vinculados a los hechos de mayor gravedad, por lo que pasarán a disposición del Juzgado de Familia para determinar su situación jurídica específica.

De formalizarse la solicitud fiscal, la audiencia respectiva podría realizarse dentro de las próximas 48 horas en el Juzgado de Turno Permanente de Familia. En esta instancia, el magistrado encargado del caso evaluará los elementos presentados y decidirá si procede aplicar la medida de internación preventiva.

En caso de que el juez apruebe dicho pedido, deberá establecer el periodo de ejecución. De acuerdo con la normativa vigente, esta medida contempla un plazo máximo ordinario de 120 días, el cual, bajo determinados supuestos legales, podría extenderse hasta los 150 días.

Tres de los menores implicados tendrían responsabilidad en los hechos más graves

Según la información preliminar recabada por las autoridades, tres de los menores intervenidos tendrían una participación directa en los actos de mayor severidad dentro de este caso de agresión. Debido a esta situación, el grupo pasará a disposición del Juzgado de Familia, instancia competente que deberá evaluar los indicios y determinar su situación jurídica definitiva.

Según la información difundida por Serfor, las imágenes ubicarían el hecho en la laguna Las Totoritas, en el distrito de Végueta, provincia de Huaura. En la transmisión también aparecen otras personas que, de acuerdo con la entidad, realizan actos de mofa después de lo ocurrido. El organismo anunció acciones dentro de sus competencias para esclarecer el caso.

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Serfor coordina con la PNP y Fiscalía investigación contra ‘Kingteka’ por muerte de gallinazo

Tras conocer las imágenes, Serfor señaló que inició coordinaciones con la PNP y la FEMA para que ambas instituciones desarrollen las investigaciones que correspondan según sus competencias. La entidad indicó que el caso podría estar relacionado con presuntos delitos vinculados con la depredación de flora y fauna silvestre y actos de crueldad contra animales silvestres.

El gallinazo de cabeza negra corresponde a la especie Coragyps atratus. Serfor informó que el animal forma parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, por lo que se encuentra dentro de las especies protegidas por el Estado peruano. La entidad expresó su rechazo ante los hechos difundidos en la transmisión.

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¿Qué hará Serfor tras el caso del gallinazo de cabeza negra? Entidad verificará los hechos

Además de las coordinaciones con las autoridades policiales y fiscales, Serfor dispuso que su personal especializado realice la verificación de los hechos. Esta actuación permitirá recopilar información sobre lo ocurrido y determinar las acciones administrativas que correspondan frente a los responsables.

La entidad también recordó que la fauna silvestre cuenta con protección estatal y que los actos de violencia contra estas especies pueden generar investigaciones dentro de los ámbitos correspondientes. La verificación anunciada se suma a las diligencias que puedan desarrollar la PNP y la FEMA en el marco de sus respectivas competencias.

Según Markristian Madariaga, ingeniero agroforestal y especialista en incendios forestales de la Universidad Científica del Sur, el periodo habitual de incendios en el Perú, que actualmente comprende entre tres y cuatro meses, podría extenderse hasta seis meses como consecuencia de las condiciones asociadas a El Niño.

“Las sequías van a aumentar los factores para que los incendios forestales sean más comunes, se produzcan en corto tiempo y sean de mayor intensidad”, explicó el especialista a Andina.

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El Niño podría dejar vegetación seca y aumentar el riesgo

Madariaga explicó que el escenario podría producirse en zonas donde previamente se registraron lluvias y un crecimiento importante de la vegetación. Si posteriormente las precipitaciones disminuyen, esa vegetación puede secarse y convertirse en material combustible.

De esta manera, un mismo fenómeno climático puede generar efectos diferentes en el territorio: mientras algunas regiones enfrentan lluvias intensas, otras podrían atravesar periodos de déficit hídrico y temperaturas elevadas que incrementen las condiciones para la propagación del fuego.

Un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), citado por Mongabay Latam, también ha advertido sobre una posible relación entre los eventos intensos de El Niño y temporadas de incendios particularmente severas durante el año siguiente. El análisis tomó como referencia, entre otros casos, los incendios registrados en la Amazonía después de los fenómenos de El Niño de 2015 y 2023.

El investigador de MAAP Matt Finer señaló a Mongabay Latam que una reducción del régimen de lluvias podría prolongar las temporadas secas, disminuir la humedad del suelo y dejar a la Amazonía más vulnerable a los incendios durante 2027.

El 98% de los incendios tiene origen humano

Aunque las condiciones climáticas pueden favorecer la propagación del fuego, el factor humano continúa siendo determinante en el inicio de estos siniestros. De acuerdo con Madariaga, más del 98% de los incendios forestales registrados en el Perú se producen por acciones humanas.

El especialista señaló que entre las causas se encuentran prácticas vinculadas con tradiciones y actividades agrícolas, como la quema de residuos vegetales o la modificación del uso de terrenos.

Por ello, sostuvo que las estrategias frente a los incendios no deben concentrarse únicamente en combatir el fuego cuando este ya se ha iniciado. También se requiere fortalecer la prevención, los sistemas de alerta temprana y el trabajo con las comunidades que viven en las zonas expuestas.

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Más de un millón de personas están en riesgo

El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, elaborado por la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), identifica una población considerable expuesta a estos eventos.

Según las cifras citadas por el especialista, 511.000 personas se encuentran en riesgo muy alto y otras 567.000 en riesgo alto frente a los incendios forestales.

Las poblaciones expuestas se concentran principalmente en zonas de la sierra y el sur del país, aunque el riesgo también alcanza sectores del norte y de la Amazonía. Entre los departamentos mencionados figuran Cajamarca, Puno, Cusco, Ucayali, San Martín y Madre de Dios.

El riesgo no se limita a las personas. El mismo plan identifica más de 2 millones de hectáreas agrícolas y alrededor de 2.300 sitios arqueológicos amenazados por estos siniestros.

Entre los cultivos que podrían verse afectados figuran papa, maíz, piña, naranja y palta. En el caso del patrimonio, Madariaga recordó que durante este año un incendio forestal obligó incluso a cerrar temporalmente el Camino Inca hacia Machu Picchu.

Cambio climático también eleva el riesgo

El especialista advirtió que el problema podría agravarse en los próximos años. De acuerdo con las estimaciones citadas por Madariaga, los incendios forestales podrían incrementarse hasta en 15% hacia 2030 y 30% hacia 2050 debido al cambio climático.

Ante este escenario, planteó que la preparación debe involucrar a las comunidades que viven en las zonas afectadas. Además de capacitar a la población para evitar prácticas que puedan desencadenar incendios, consideró necesario que los procesos de recuperación de las áreas quemadas tomen en cuenta las características de cada territorio y las actividades económicas de sus habitantes.

La advertencia llega mientras otros países de Sudamérica también afrontan temporadas complejas de incendios. Mongabay Latam reportó en agosto que Colombia enfrentaba numerosos focos en medio de altas temperaturas y sequía, mientras especialistas advertían que las condiciones asociadas a El Niño podían agravar los incendios en distintos puntos de la región.

La iniciativa coincide con la fecha del 21 de septiembre, cuando se ha popularizado el Día de las Flores Amarillas, y con el inicio de la primavera, previsto para el 22 de septiembre. Las plantas fueron producidas en el vivero municipal y serán distribuidas en zonas que vienen siendo intervenidas por la comuna limeña.

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¿Dónde se sembrarán las más de 20.000 flores amarillas en Lima por la llegada de la primavera?

Los trabajos están a cargo de personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima. Las labores incluyen la preparación del terreno, el abonado y la instalación de diferentes especies ornamentales en espacios públicos del Cercado.

Entre los lugares considerados para esta intervención figuran la Plaza de la Democracia, el Parque Santa Rosa de Emma, Parque Carmelo, Parque Asunción y la Unidad Vecinal n.º 3. También se incluyen la Plazuela Santo Cristo, la Plazuela Santa Clara, la Plazuela de la Buena Muerte y un tramo del jirón Áncash.

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Flores amarillas de Lima: qué especies se utilizarán y cómo se mantendrán los nuevos jardines

La intervención contempla especies ornamentales como marigold, zinnias, asclepias, caléndulas y coreopsis amarillas. Todas fueron cultivadas en el vivero municipal, como parte de la producción propia destinada a las labores de recuperación y embellecimiento de áreas verdes de la ciudad.

El abono utilizado también procede de la Municipalidad de Lima, específicamente de su centro de compostaje, donde se aprovechan residuos orgánicos para producir abono natural. Además, se implementará un sistema de riego eficiente para favorecer el crecimiento de las plantas y conservar la floración durante las próximas semanas, con su mayor desarrollo previsto hacia los últimos días de septiembre.

La jornada está dirigida a ciudadanos que necesiten realizar gestiones relacionadas con el DNI o recoger un documento que ya esté disponible. Los horarios y puntos de atención serán distintos según cada sede, por lo que Reniec recomienda revisar previamente la información correspondiente antes de acudir.

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Reniec atenderá este sábado 19 de setiembre: revisa las regiones y horarios de las sedes

El sábado 19 de setiembre funcionarán oficinas de Reniec ubicadas en Piura, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Loreto, San Martín, Áncash, Junín, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Cusco. También habrá atención en Lima, Puno, Ica, Ucayali, Huánuco, Huancavelica y Amazonas, entre otras jurisdicciones.

Los horarios no serán iguales en todas las sedes. Algunas atenderán desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m., mientras que otras funcionarán de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. Para el domingo 20, Reniec habilitará oficinas en Piura, Trujillo, Ayacucho y Puno, que atenderán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. En Cusco también funcionará una oficina en ese horario, pero únicamente para la entrega de DNI.

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¿Cómo hacer trámites de DNI por internet y consultar si ya está listo para recoger?

Además de la atención presencial, Reniec mantiene habilitados servicios virtuales para determinados trámites relacionados con el DNI. Los usuarios pueden ingresar a la plataforma oficial de la entidad para realizar las gestiones disponibles sin acudir necesariamente a una oficina.

El pago de las tasas puede efectuarse mediante Yape, agentes del Banco de Crédito del Perú, Banco de la Nación o págalo.pe. En el caso de Yape, primero se debe generar el ticket de pago, seleccionar el código correspondiente e ingresar el número obtenido en la opción de servicios de Reniec. Quienes ya realizaron un trámite, de manera virtual o presencial, también pueden consultar en línea si su DNI se encuentra listo para ser recogido.

La denuncia fue presentada por los padres del menor en San Borja y posteriormente ocho adolescentes fueron intervenidos por la Policía. Mientras avanzan las diligencias de la Fiscalía de Familia, el familiar de la víctima también cuestionó la actuación de los adultos que acompañaban a los escolares durante el traslado y afirmó que no habrían intervenido para detener lo ocurrido.

Familiar del estudiante denuncia que el colegio presentó el caso como una agresión física

El familiar sostuvo que la dirección del Liceo Naval conocía la gravedad de lo ocurrido antes de emitir su comunicado. Según su versión, la institución habría reducido inicialmente el hecho a una agresión física, pese a que la familia ya había denunciado una presunta agresión sexual. “Y lo quiere maquillar como una agresión física cuando ella ya sabía lo que había pasado en el bus”, afirmó durante una entrevista con Willax.

También aseguró que dentro del colegio existirían antecedentes de quejas relacionadas con situaciones de bullying y conductas violentas. El entrevistado señaló que padres, estudiantes y profesores habrían comunicado anteriormente estos problemas al consejo directivo, al que cuestionó por no haber adoptado, según su versión, medidas suficientes. “El Liceo es cuna del bullying. Siempre ha sido así”, manifestó.

El familiar agregó que algunos de los adolescentes señalados integrarían equipos deportivos de la institución. Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada por el pariente del estudiante y deberán ser contrastadas y esclarecidas por las autoridades durante la investigación. La familia, además, evalúa iniciar acciones legales contra el colegio.

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Familia relata cómo ocurrió el ataque al estudiante de 16 años dentro del bus del Liceo Naval

De acuerdo con el testimonio del familiar, el adolescente se comunicó con sus padres después del presunto ataque y les informó que había resultado golpeado. Su madre habría enviado un taxi para trasladarlo a una clínica, donde posteriormente se reunió con él. El pariente señaló que el menor continúa afectado emocionalmente y recibe acompañamiento de su familia.

Sobre la agresión denunciada, relató que dos estudiantes habrían sujetado al adolescente de las manos mientras otros lo inmovilizaban. Debido a la posición en la que habría quedado, el menor no pudo identificar a todos los participantes. “Las investigaciones van a determinar eso, porque lamentablemente a mi sobrino lo tenían en una posición donde no podía visualizar”, explicó.

La investigación preliminar está a cargo de la Sétima Fiscalía de Familia de Lima Centro, que dispuso diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación que habría tenido cada adolescente. Entre las actuaciones figura la declaración del estudiante agraviado mediante cámara Gesell y la recopilación de los testimonios de los menores intervenidos. La Fiscalía deberá definir su situación dentro del marco legal aplicable a adolescentes.

Fiscalía evalúa internamiento preventivo para los 10 escolares del Liceo Naval

El cumplimiento del plazo de retención policial no implica necesariamente que los diez adolescentes deban quedar en libertad. Según explicó el abogado penalista Julio Rodríguez a ATV, el Ministerio Público puede solicitar ante el juez una medida de internamiento preventivo cuando considere que existen elementos que justifican esta medida y un riesgo procesal que deba ser evaluado.

Rodríguez señaló que los menores podrían ser trasladados a un centro juvenil, como Maranguita, mientras continúa el proceso. Para ello, la Fiscalía tendría que sustentar ante el juzgado que existe un riesgo de que los adolescentes se sustraigan de la acción de la justicia o perturben el desarrollo de la investigación. La defensa, por su parte, puede presentar elementos destinados a demostrar que no existe ese riesgo. La decisión final corresponde al juez competente y no se produce de manera automática por el vencimiento de las horas de retención.

La investigación también contempla información sobre presuntos episodios previos de violencia atribuidos a algunos integrantes del grupo. Rodríguez indicó que estos antecedentes, si son incorporados formalmente al caso y resultan pertinentes, serán valorados por el juzgador junto con los demás elementos cuando corresponda evaluar un eventual pedido de internamiento preventivo.

La situación de los adolescentes está sujeta a las disposiciones aplicables a menores de edad y al plazo constitucional para la privación de libertad. Según la información legal proporcionada, las autoridades cuentan con un máximo de 48 horas para realizar las diligencias correspondientes antes de que deba definirse su situación mediante las vías previstas por la legislación.

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Retención de escolares en el Liceo Naval: cumplir 48 horas no significa que serán liberados

La Constitución Política del Perú establece que una persona detenida debe ser puesta a disposición del juzgado correspondiente dentro de un plazo máximo de 48 horas. Para los adolescentes, el Código de los Niños y Adolescentes contempla reglas específicas y establece que, en caso de flagrancia, deben ser conducidos a una sección especial de la Policía, con participación del fiscal y su defensor.

Este plazo corresponde a la etapa de retención y a las diligencias urgentes de investigación. En este caso, la Fiscalía dispuso, entre otras actuaciones, la declaración del adolescente agraviado mediante cámara Gesell y la toma de testimonios de los diez menores. El abogado penalista Julio Rodríguez explicó a ATV que el Ministerio Público puede solicitar un internamiento preventivo si acredita un riesgo procesal. Según señaló, los adolescentes podrían ser enviados a Maranguita mientras continúa el proceso.

Rodríguez precisó que el fiscal debe sustentar la existencia de un riesgo de que los menores se sustraigan de la acción de la justicia o interfieran en la investigación. La decisión corresponde al juez, quien evaluará los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa. Por ello, el vencimiento del periodo de retención no determina por sí solo que los diez estudiantes sean liberados de manera inmediata.

Tras el reporte de la emergencia, unidades del Cuerpo General de Bomberos y una ambulancia acudieron hasta la zona para atender a la persona afectada. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el herido recibió atención inicial de los bomberos y posteriormente fue trasladado a la Clínica Aviva para recibir atención médica.

La ATU informó que los gastos derivados de la atención serán cubiertos por el SOAT correspondiente. La entidad también señaló que activó sus protocolos de atención inmediatamente después de conocer el accidente y que realiza el seguimiento del caso junto con las autoridades competentes.

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ATU coordinó para restablecer el servicio

El choque generó afectaciones en la circulación de la zona debido a los daños ocasionados en ambas unidades. La ATU indicó que coordinó con las autoridades correspondientes las acciones necesarias para restablecer la circulación del servicio del Metropolitano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión ni han determinado responsabilidades. Las diligencias correspondientes permitirán establecer cómo ocurrió el accidente.

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Lima concentra la mayor cantidad de fallecidos por accidentes

El accidente se registra en un contexto de preocupación por el incremento de los siniestros viales en el país. Según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP), hasta julio de este año 1.785 personas habían fallecido a nivel nacional como consecuencia de accidentes de tránsito.

Lima concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 294 fallecidos registrados durante el mismo periodo. Las cifras evidencian el impacto de los accidentes de tránsito y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad vial en las calles de la capital.

La situación afecta directamente a los niños de 3, 4 y 5 años, quienes fueron trasladados a la I. E. Luis Alberto Sánchez, un local diseñado para estudiantes de primaria y secundaria. Según la directora del plantel, Teresa Calvo, el cambio de sede ha generado condiciones inadecuadas para los menores y una caída de más del 50% en la matrícula: de 214 estudiantes a solo 86.

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Una obra que arrastra el retraso desde 2023

El colegio forma parte de las instituciones educativas consideradas para su reconstrucción luego de los daños provocados por el fenómeno de El Niño Costero de 2017. El plantel resultó afectado por inundaciones, que ocasionaron rajaduras en las paredes y el colapso del sistema de desagüe.

Tras varios años de espera, los trabajos de reconstrucción comenzaron en enero de 2023. No obstante, la ejecución se detuvo al año siguiente. De acuerdo con la directora Teresa Calvo, Pronied decidió rescindir el primer contrato debido al incumplimiento de los plazos establecidos.

Posteriormente, la entidad convocó la elaboración del expediente de saldo de obra, documento técnico que permite determinar qué trabajos fueron ejecutados, cuál es el estado actual de la infraestructura y qué componentes quedan pendientes. Sin embargo, la empresa contratada tampoco cumplió con entregar el informe final, por lo que Pronied terminó rescindiendo este segundo contrato.

Ante esta situación, el programa anunció que ejecutará el saldo de obra mediante la modalidad 'in-house', es decir, bajo responsabilidad directa de la entidad. Para la comunidad educativa, sin embargo, el anuncio todavía no se ha traducido en el reinicio de los trabajos.

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Niños estudian en local que no está acondicionado para inicial

"Son cuatro años en que los niños reciben clases en la I. E. Luis Alberto Sánchez, un espacio diseñado para primaria y secundaria, pero no para nivel inicial. No hay áreas de juego, los baños no son adecuados y las escaleras resultan peligrosas para los infantes", señaló la directora Teresa Calvo.

La docente explicó que estas condiciones también afectan el desarrollo de las actividades pedagógicas, pues las maestras deben adaptar su trabajo a un espacio que no fue diseñado para niños pequeños. A ello se suma que los estudiantes reciben clases durante el turno tarde, en una zona que, según la directora, no ofrece condiciones adecuadas de seguridad.

La prolongada espera también ha repercutido en la matrícula. El número de estudiantes se redujo de 214 a 86, una disminución que la comunidad educativa relaciona con las condiciones en las que deben desarrollar sus actividades escolares.

Calvo cuestionó, además, el poco apoyo recibido de las autoridades locales y señaló que la oficina de Pronied en Piura tendría un margen limitado para tomar decisiones. Por ello, pidió que las gestiones lleguen hasta la sede central de Pronied y que se priorice la culminación de la obra.

"Pedimos a las autoridades regionales gestionar, que el llamado llegue a Pronied Lima y con la nueva presidenta para que esta obra ya se termine y los estudiantes puedan recibir clases en buenas condiciones", manifestó.

Pronied visitó el colegio tras protesta

En medio del reclamo de la comunidad educativa, el último jueves 17 de septiembre una comitiva de Pronied llegó hasta la institución para verificar el estado de la infraestructura y reunirse con los docentes y padres de familia.

La visita se produce mientras permanece pendiente la ejecución del saldo de obra y después de dos procesos contractuales que terminaron en rescisión. La comunidad educativa espera que la inspección permita destrabar el proyecto y establecer un cronograma concreto para la culminación de los trabajos.

Por ahora, los estudiantes continúan recibiendo clases en un local ajeno a su institución y sin las condiciones propias de un centro de educación inicial, mientras la reconstrucción de su colegio, dañada por el fenómeno de El Niño de 2017, sigue sin fecha definida de culminación.

Los hechos materia de investigación habrían ocurrido el último martes, después de un evento deportivo en el que participaron los estudiantes del plantel. Los menores regresaron posteriormente al colegio, pero la intervención de las autoridades se produjo recién el miércoles, luego de que los padres del adolescente presentaran una denuncia formal.

Tras ello, los diez escolares fueron trasladados a la comisaría de San Borja, donde pasaron por el control de identificación biométrica. Luego fueron llevados a Medicina Legal y, durante la mañana del jueves, trasladados a la Dirección de Familia de la Policía Nacional, ubicada en el Cercado de Lima.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro dispuso una retención de 48 horas para los adolescentes, periodo que culmina este viernes 18 de septiembre a las 5.00 p. m. Durante este tiempo, se realizan diligencias destinadas a determinar las circunstancias de la presunta agresión y la participación individual que habría tenido cada uno de los escolares.

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El antecedente que preocupa: violencia previa contra la víctima

El antecedente de bullying y hostigamiento mencionado por la autoridad educativa abre otra línea de investigación sobre lo ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. Según el director regional de Educación de Lima Metropolitana, el adolescente ya habría sido víctima de situaciones violentas antes de la denuncia por la presunta agresión sexual.

La existencia de estos episodios previos deberá ser esclarecida por las autoridades, principalmente para determinar qué ocurrió antes de la agresión denunciada, si el colegio tenía conocimiento de estas situaciones y qué medidas fueron adoptadas para proteger al estudiante.

El caso también ha puesto bajo la lupa los mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia escolar dentro del plantel. El sector Educación señaló que viene coordinando con las autoridades del colegio las acciones necesarias para garantizar la seguridad del adolescente y evaluar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.

En caso de que los estudiantes involucrados tengan que retornar a las aulas, las autoridades educativas deberán establecer medidas que permitan evitar nuevos episodios de violencia y garantizar que la víctima pueda continuar sus actividades escolares en condiciones de seguridad.

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Diez escolares permanecen retenidos

La investigación fiscal continúa mientras los diez adolescentes permanecen bajo retención policial. El abogado especialista Luis Lamas Puccio recordó que, conforme a la legislación peruana, los menores de edad no responden por delitos en los mismos términos que los adultos, sino por infracciones a la ley penal, dentro del sistema especializado de justicia para adolescentes.

La Defensoría del Pueblo informó que puso a disposición de los estudiantes retenidos un equipo de cuatro abogados para brindar asistencia legal y supervisar el respeto de sus derechos durante las diligencias.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó celeridad a las autoridades policiales y fiscales para esclarecer el caso. La Fiscalía de Familia deberá determinar, al término de la retención, la situación de cada uno de los diez adolescentes y las medidas que correspondan.

Mientras avanzan las diligencias, el caso deja bajo investigación no solo la presunta agresión sexual denunciada por la familia, sino también los episodios de bullying y hostigamiento que, según la autoridad educativa, ya habrían afectado previamente al adolescente dentro del colegio.

Los graduados, de entre 20 y 80 años, llegaron desde regiones como Cajamarca, Cusco, Pasco, Huánuco, Áncash, La Libertad y Piura, además de Lima. La ceremonia se realizó en el Teatro NOS PUCP y fue organizada por el movimiento empresarial Es Hoy y la Fundación Dispurse.

Entre los graduados estuvo Epifanía Juanita Huamán Guevara, de 58 años, quien aprendió a leer para poder llevar sus cuentas con mayor seguridad y apoyar a sus hijos. También destacó el caso de Luciana Flores López, artesana quechua de Cusco, de 60 años, quien no pudo asistir a una escuela durante su infancia porque en su comunidad no existía una institución educativa.

Otro de los participantes fue Donato García Juan de Dios, de 70 años. Además de continuar con sus estudios, aprendió a utilizar una tablet mientras atravesaba un tratamiento oncológico.

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Retomar los estudios después de años

La graduación también incluyó historias de personas que encontraron una segunda oportunidad para completar su educación. Una de ellas es Lidia Mendoza Pacaya, de 44 años, quien retomó la secundaria con el respaldo de la empresa donde trabaja y logró graduarse en julio de este año.

Su decisión también motivó a una de sus hijas, quien no había culminado sus estudios y decidió regresar a las aulas siguiendo el ejemplo de su madre.

“Cada persona que retoma sus estudios encuentra no sólo nuevos conocimientos, sino también más confianza y autonomía para desenvolverse en su vida cotidiana. Nuestro reto es seguir generando oportunidades para que más jóvenes y adultos puedan ejercer su derecho a aprender a lo largo de la vida. Estas historias nos recuerdan que nunca es tarde para aprender”, señaló Ruth Anastacio, gerente de Operaciones de la Fundación Dispurse en Perú.

Los participantes accedieron a programas como ¡EPA! (Educación para Adultos), del movimiento empresarial Es Hoy, así como al Programa de Alfabetización y las Escuelas Comunitarias Abiertas impulsados por la Fundación Dispurse.

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Celebraron su graduación en un Mirabus

Luego de recibir sus diplomas, los graduados continuaron la celebración con un recorrido por distintos puntos turísticos de Lima a bordo de un Mirabus, acompañados por sus familiares y representantes de las organizaciones involucradas en su proceso educativo.

Durante el recorrido visitaron lugares como la Huaca Pucllana, los malecones, el Parque Chino y el Parque del Amor. La actividad fue planteada como un símbolo del inicio de una nueva etapa después de culminar sus estudios.

El subsidio será de S/4 por cada galón de gasohol o gasolina adquirido por el conductor que cumpla con las condiciones de validación establecidas. El monto tendrá un límite de S/100 al mes por cada beneficiario.

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CGTP Loreto: ‘‘No es un paliativo’’

La CGTP Loreto cuestionó que el Decreto de Urgencia N.° 011-2026 establezca un subsidio focalizado en determinados conductores y sostuvo que la medida no responde a la dimensión del problema que enfrenta la región. La central sindical señaló que el impacto del alza de los combustibles alcanza a distintas actividades económicas y ‘‘no únicamente a los mototaxistas’’.

En su pronunciamiento, la organización también llamó la atención sobre las comunidades ribereñas que utilizan pequepeques para ‘‘movilizar personas, alimentos y productos’’. Recordó que, debido al aislamiento geográfico de Loreto y a la limitada conectividad terrestre, el transporte fluvial cumple un papel fundamental y también depende directamente del precio del combustible.

La CGTP consideró, además, que los requisitos y mecanismos de acreditación establecidos por el Ejecutivo podrían limitar el acceso al beneficio de trabajadores que no cumplan todas las condiciones. Por ello, insistió en que la respuesta debería tener alcance regional, considerando el efecto que el incremento del combustible genera en el transporte, el costo de los productos y el costo de vida de las familias loretanas.

La dirigente Carmen Chipana, señaló a este medio que la central sindical había planteado un subsidio de alcance universal. Sostuvo que la medida tendría un alcance limitado porque una parte importante de los mototaxistas trabaja en la informalidad y, por tanto, podría quedar fuera de los mecanismos de acceso al beneficio. En ese sentido, consideró que lo planteado no representa un ‘‘paliativo’’.

Subsidio tendrá una vigencia de tres meses

De acuerdo con el decreto de urgencia, la medida tendrá una duración de tres meses, contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. El objetivo es reducir temporalmente el impacto que el alza de los combustibles genera sobre los costos de operación y logística de los mototaxistas.

El beneficio está dirigido a conductores de vehículos automotores menores de categoría L5, correspondiente a los mototaxis, que presten el servicio en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?

Para ser considerado beneficiario, el conductor deberá cumplir con una serie de condiciones al momento de la entrada en vigencia del decreto. Entre ellas, contar con un mototaxi identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje y tener DNI vigente.

También deberá contar con una licencia de conducir vigente de Clase B, categoría II-C, además de un SOAT vigente. En los casos que corresponda, podrá presentar un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) vigente emitido por una AFOCAT.

La norma precisa que los beneficiarios deberán cumplir, además, con las demás condiciones y mecanismos de validación que se establezcan para la aplicación del subsidio.

Paro regional

En Loreto, el paro regional de 72 horas convocado por organizaciones sindicales y sociales continúa en medio de demandas dirigidas al Gobierno. La medida, que inició el 16 de septiembre, reúne reclamos vinculados con la situación económica y social de la región y mantiene a la CGTP Loreto entre las organizaciones que exigen una respuesta del Ejecutivo. La central ha advertido que evalúa ampliar la protesta si no se concretan compromisos para instalar una mesa técnica de alto nivel.

Durante la jornada, además, la CGTP denunció presuntas agresiones contra trabajadores durante intervenciones policiales, mientras la Defensoría del Pueblo informó que viene monitoreando el desarrollo de la protesta para verificar el respeto de los derechos de manifestantes y terceros. El paro estaba previsto hasta este 18 de septiembre.

De acuerdo con imágenes, los hermanos se encontraban junto a otros trabajadores y sus vehículos estacionados en la vía pública, a la espera de pasajeros, cuando fueron atacados por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

El ataque ocurrió cuando uno de los ocupantes de la motocicleta sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el grupo de mototaxistas. Tras las detonaciones, los compañeros de las víctimas intentaron auxiliarlas y las trasladaron de emergencia a un establecimiento de salud cercano. Sin embargo, ambos llegaron sin signos vitales.

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Ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

Las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores captaron los momentos previos al ataque y el desplazamiento de la motocicleta utilizada por los presuntos responsables.

Durante la balacera, una mujer que se encontraba en la zona junto a su menor hijo corrió para ponerse a salvo. Comerciantes y transeúntes también buscaron refugio ante los disparos registrados en plena vía pública.

Agentes de la Policía Nacional llegaron posteriormente al lugar para acordonar la escena y recoger los casquillos encontrados sobre la calzada. Las imágenes de las cámaras de seguridad de establecimientos comerciales y del municipio fueron entregadas a los investigadores para intentar identificar a los responsables y establecer su ruta de escape.

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Policía halló mensaje dirigido contra transportistas

Durante las diligencias, los efectivos encontraron un manuscrito abandonado en la pista con un mensaje amenazante. El texto menciona a personas identificadas como “Pollito” y Kevin Carrion y lleva la firma de “Los Pulpos”.

La Policía incorporó el manuscrito como parte de los elementos que serán analizados durante la investigación. No obstante, la presencia de esta firma por sí sola no acredita la participación de dicha organización criminal en el doble asesinato.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres, cuyos agentes recogen los testimonios de comerciantes, vecinos y compañeros de trabajo de los hermanos.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque estaría relacionado con un posible caso de extorsión a transportistas que trabajan en la zona. Las autoridades buscan determinar si los hermanos habían recibido amenazas previamente y establecer el móvil del crimen.

Las altas temperaturas continuarán durante los próximos días en varias zonas del país. El pronóstico meteorológico contempla condiciones cálidas tanto en el litoral como en sectores de la sierra, mientras que la menor presencia de nubes durante el mediodía favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

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Piura registró 38 °C y Senamhi prevé más calor hasta el sábado 19 de septiembre

El episodio de calor observado en Chulucanas forma parte de un panorama que alcanzó a otras localidades costeras. Durante el martes también se presentaron condiciones extremadamente cálidas en zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua.

El pronóstico emitido por el Senamhi señala que entre el miércoles 16 y el sábado 19 de septiembre se mantendrán temperaturas diurnas elevadas. La intensidad será de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra.

En la costa norte, los valores máximos previstos para este miércoles se ubican entre 29 °C y 36 °C. Para la costa central se estiman registros de 24 °C a 30 °C, mientras que en la costa sur oscilarían entre 22 °C y 30 °C. El aviso meteorológico comprende 14 departamentos y presenta nivel extremo.

La sierra norte alcanzará temperaturas máximas de entre 21 °C y 33 °C. En la zona central se esperan valores de 19 °C a 28 °C, mientras que en la sierra sur las temperaturas podrían situarse entre 21 °C y 27 °C.

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Costa y sierra tendrán temperaturas elevadas, radiación UV y ráfagas de viento

Además del incremento térmico, las condiciones atmosféricas previstas incluyen poca nubosidad alrededor del mediodía. Esta característica permitirá una mayor incidencia de radiación ultravioleta, por lo que el Senamhi recomienda tomar medidas de protección ante una exposición prolongada al sol.

Durante las tardes también podrían registrarse ráfagas de viento próximas a los 35 kilómetros por hora. El desarrollo simultáneo de estas condiciones acompañará el aumento de las temperaturas durante el periodo comprendido en el aviso meteorológico.

El calor no será la única condición prevista. En la costa norte existe la posibilidad de precipitaciones aisladas, mientras que en diferentes sectores de la sierra podrían ocurrir lluvias localizadas durante la tarde y la noche.

Las condiciones cálidas en Piura se mantienen vinculadas al escenario generado por El Niño Costero. Tumbes y Lambayeque también figuran entre las regiones de la costa norte donde se observan temperaturas diurnas elevadas, mientras el Senamhi realiza el seguimiento de la evolución atmosférica y oceánica.

La medida establece que el prefijo 500 será utilizado para llamadas y mensajes destinados a ofrecer productos o servicios. La numeración tendrá nueve dígitos, comenzará con 500 y podrá emplearse tanto desde líneas móviles como fijas. Los operadores de telecomunicaciones tendrán un plazo máximo de 180 días calendario para adecuarse a estas disposiciones.

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Prefijo 500 será obligatorio para llamadas y mensajes comerciales: así podrás identificarlos

El nuevo sistema permitirá distinguir las comunicaciones comerciales mediante el número que aparecerá en el teléfono del usuario. Cuando una llamada o mensaje tenga una numeración que empiece con 500, se podrá identificar que se trata de una comunicación con fines comerciales o publicitarios, lo que permitirá decidir si se desea atenderla o leer su contenido.

El MTC también dispuso que esta numeración se muestre completa al receptor y que no sea reemplazada por otra serie para este tipo de comunicaciones. Las nuevas reglas incluyen además obligaciones para que las llamadas y mensajes comerciales puedan ser identificados y rastreados mediante las redes de telecomunicaciones. El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una infracción muy grave.

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Operadores tendrán 180 días para adecuarse a la nueva numeración de llamadas publicitarias

Los operadores de telefonía dispondrán de un máximo de 180 días calendario, contados desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo, para implementar las disposiciones relacionadas con la serie 500. Durante este periodo deberán realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las nuevas reglas de identificación.

El MTC evaluará posteriormente el funcionamiento de esta numeración. Para ello, contará con un plazo de 18 meses y analizará si corresponde mantener el prefijo 500, modificarlo o establecer condiciones adicionales. Además, el ministerio y las empresas operadoras deberán desarrollar acciones de difusión para informar a la ciudadanía sobre el nuevo sistema y facilitar el reconocimiento de las comunicaciones comerciales.

La solicitud para incluirlo en el programa fue presentada el 1 de junio por el director de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, general PNP Jorge Espinoza, mediante el oficio 320-2026-COMOPPOL. La incorporación fue aprobada por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri), en el marco de las acciones del sector Interior para obtener información sobre personas requeridas por la justicia.

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Alias 'Jolín' entra al Programa de Recompensas con S/300.000 por información sobre su paradero

La recompensa será entregada a quien proporcione datos que permitan establecer la ubicación de Bazán Valderrama y facilitar su captura. El viceministro de Orden Interno y presidente de la Cercri, Juan Carlos Sotil Toledo, señaló que la incorporación del investigado al programa forma parte de las acciones destinadas a ubicar a personas consideradas de alto perfil y requeridas por las autoridades.

El caso de Bazán Valderrama fue elevado al Programa de Recompensas luego de la solicitud formulada por la Policía en junio. La decisión quedó formalizada el 16 de septiembre, con lo que su nombre pasó a integrar el listado de personas por cuya ubicación el Estado ofrece una compensación económica.

De acuerdo con el expediente judicial n.° 06903-2022-41-1601-JR-PE-07, Bazán Valderrama fue condenado a cadena perpetua por el secuestro agravado del empresario Manuel Rodríguez Cruzado. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró penalmente responsables a los acusados involucrados en este caso.

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¿Por qué buscan a 'Jolín'? la condena y los casos de secuestro vinculados al prófugo

El expediente señala que Rodríguez Cruzado fue secuestrado el 16 de mayo de 2022 en un lavadero de autos de Trujillo. Según la investigación, los responsables utilizaron chalecos similares a los empleados por la Divincri para acercarse al empresario, reducirlo y trasladarlo contra su voluntad hasta un inmueble ubicado en el asentamiento humano Nuevo Jerusalén, en La Esperanza.

La familia de la víctima recibió una exigencia económica durante el cautiverio. Aunque se entregó parte del dinero solicitado, el empresario fue asesinado y posteriormente enterrado en un descampado de Las Delicias, en el distrito de Moche. Permaneció privado de su libertad durante más de dos meses.

Las investigaciones también ubican a Bazán Valderrama en otros episodios de violencia criminal ocurridos en Trujillo. Su nombre aparece relacionado con el secuestro de la empresaria Nilda Alexandra Arrascue Espinoza, ocurrido en noviembre de 2022, así como con el caso del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes registrado el 30 de agosto.

El incremento térmico ya se observa en esta parte del litoral peruano. En Piura y Tumbes se reportan temperaturas de hasta 37.4 °C, valores que se encuentran entre 8 y 9 grados por encima de los valores habituales para esta época del año, cuando el promedio suele ubicarse entre 29 y 30 °C.

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Piura registrará temperaturas de hasta 40 °C y la sensación de calor llegará a 42 °C

Nelson Quispe Gutiérrez, especialista en Vigilancia Meteorológica del Senamhi, explicó que el aumento de las temperaturas tendrá mayor intensidad en la costa norte. En el departamento de Piura, la temperatura podría llegar a 40 °C, mientras que la combinación con la humedad incrementaría la percepción térmica hasta alrededor de 42 °C.

El escenario está relacionado con el calentamiento de las aguas marinas asociado a El Niño Costero. Las condiciones actuales ya generan valores superiores a los normales y, según la proyección del especialista, el incremento continuará durante los siguientes meses. Los registros más altos se presentarían entre febrero y marzo del próximo año.

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El Niño Costero elevará el calor en la costa norte: temperaturas seguirán aumentando hacia 2027

El Senamhi recomendó prestar especial atención a los niños y adultos mayores ante el incremento inusual de la temperatura y la sensación de calor. La exposición a estas condiciones puede generar efectos negativos en la salud, especialmente durante actividades realizadas al aire libre o al desplazarse por las calles.

La costa norte concentrará las condiciones de mayor temperatura dentro de este escenario. Piura y Tumbes ya presentan registros elevados respecto de sus valores habituales, mientras que las previsiones apuntan a que el calor continuará aumentando hacia finales de este año y comienzos del próximo, con los máximos previstos para febrero y marzo.

Los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Loreto aseguran que la paralización tiene un acatamiento cercano al 90% en la región y que también se desarrolla en localidades como Yurimaguas, Contamana, Datem del Marañón, Ramón Castilla y Requena. En Iquitos, los manifestantes se concentraron inicialmente en el local central de la CGTP y luego se desplazaron por diferentes puntos de la ciudad.

El secretario de la CGTP Loreto, Reinaldo Tuanama, sostuvo que la medida continuará y reclamó la presencia de una comisión de alto nivel del Poder Ejecutivo. El dirigente evitó responder a las declaraciones del senador Juan Carlos del Águila y señaló que el objetivo de la protesta es que el Gobierno conozca directamente los problemas que enfrenta Loreto y adopte medidas concretas.

Durante la jornada se instalaron piquetes en sectores como la avenida La Participación, Las Colinas, el cruce de la carretera Iquitos-Nauta con la avenida Participación y zonas de Punchana y Belén. Los organizadores también anunciaron la instalación de ollas comunes para atender a los participantes durante los tres días de protesta.

La paralización ha generado restricciones en algunas actividades. Los dirigentes informaron que determinados centros de abastos atenderían solo durante algunas horas, mientras que algunos grifos suspenderían temporalmente la venta de combustible. Asimismo, algunas instituciones educativas no abrirían sus puertas como medida preventiva.

Representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo acudieron al local de la CGTP para dialogar con los dirigentes y exhortaron a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y respetando el orden público.

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Gobierno anunció subsidios, pero el paro continúa

La protesta se produce menos de un mes después de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunciara acuerdos alcanzados en una mesa técnica con autoridades y gremios de transporte de Loreto para enfrentar el incremento de los combustibles.

A través de la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, el Ejecutivo informó que los mototaxistas y el transporte multimodal serían incorporados al subsidio directo focalizado establecido para mitigar el impacto del alza de precios. Para ello, se anunció un Decreto de Urgencia que debía agilizar el empadronamiento de los beneficiarios a más tardar el 18 de septiembre.

El MINEM también señaló que había fortalecido mecanismos para promover la libre competencia en el mercado de combustibles de Loreto. La mesa técnica contó con la participación del gobernador regional René Chávez, autoridades nacionales y locales, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y organizaciones sociales.

Sin embargo, los anuncios no han cesado las protestas. Los gremios mantienen entre sus principales pedidos que los trabajadores que dependen de las mototaxis y del transporte fluvial sean incluidos efectivamente en las medidas de apoyo, debido al peso que tienen estas actividades en la movilidad de Iquitos.

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Una crisis que no empezó este año

Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el problema del combustible en Iquitos no puede entenderse únicamente como consecuencia del actual incremento internacional del precio del petróleo. En entrevista con La República, sostuvo que el país arrastra desde hace décadas una creciente dependencia del petróleo extranjero.

Herrera Descalzi explicó que el Perú pasó de ser exportador a importador neto de petróleo y que la brecha entre consumo y producción se ha ampliado con los años. Según sus estimaciones, el país consume entre 260.000 y 300.000 barriles diarios, mientras que produce alrededor de 40.000 barriles por día.

"Somos absolutamente dependientes del precio del petróleo extranjero", señaló el exministro, quien consideró que el Gobierno peruano tiene un margen limitado para controlar directamente las cotizaciones internacionales. A su juicio, las alternativas internas terminan concentrándose en mecanismos como los subsidios, pero estos no pueden mantenerse de manera permanente para toda la población.

El exministro también atribuyó el actual escenario a decisiones y problemas acumulados durante décadas en la política energética peruana. Recordó que el país dejó de invertir de manera suficiente en exploración petrolera y que los intentos de atraer capital privado no permitieron revertir la caída de la producción nacional.

Herrera Descalzi sostuvo que los problemas energéticos requieren planificación de largo plazo y cuestionó que durante años el sector haya funcionado sin una estrategia sostenida. "Los problemas de energía uno los puede anticipar con bastante tiempo y los tiene que resolver también con bastante tiempo de antelación", afirmó.

A ello se suma el contexto internacional. El exministro explicó que los ataques contra infraestructura de refinación rusa han afectado la capacidad de procesamiento de ese país y presionado el mercado internacional de combustibles. Según su apreciación, este escenario podría prolongarse durante varios meses y mantener la incertidumbre sobre los precios.

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Iquitos, doblemente expuesto

La situación de Loreto tiene además una particularidad: Iquitos se encuentra aislada del sistema vial nacional y depende especialmente del transporte fluvial y de las mototaxis para su movilidad cotidiana. Por ello, Herrera Descalzi consideró que cualquier política de apoyo al combustible debe tomar en cuenta las características específicas de la región.

"Eso, digamos, podría ser atendido", respondió al ser consultado sobre la incorporación de mototaxistas y transportistas fluviales a los subsidios. No obstante, planteó que el apoyo debería contar con mecanismos de focalización para evitar que los recursos se conviertan en un subsidio abierto y permanente.

El exministro también consideró necesario que el Ejecutivo explique a la población por qué el país enfrenta esta situación y cuáles son los límites de las medidas de emergencia. En su opinión, la comunicación gubernamental debería explicar que una eventual subvención tiene un alcance y una duración determinados y que no puede extenderse indefinidamente.

Pero Herrera Descalzi planteó ir más allá de las medidas coyunturales. Señaló que Iquitos podría avanzar hacia un modelo de transporte eléctrico, aprovechando las condiciones geográficas de la ciudad y su potencial para desarrollar generación solar y eólica.

"Por lo menos en la ciudad se puede hacer", sostuvo al referirse a la posibilidad de impulsar progresivamente el transporte eléctrico. A su criterio, una estrategia de este tipo permitiría reducir la dependencia de los combustibles en una ciudad que, por su aislamiento, enfrenta de manera particularmente directa las variaciones de los precios internacionales.

Cortes de luz y una interconexión que nunca llegó

El problema energético de Loreto no se limita al combustible. Los manifestantes también reclaman por los constantes cortes del servicio eléctrico, atribuidos por los gremios a problemas en el sistema administrado por Electro Oriente.

Herrera Descalzi recordó que la posibilidad de integrar a Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional se planteó hace años. El proyecto contemplaba una línea de transmisión desde San Martín hacia Loreto, pero finalmente no llegó a concretarse.

El exministro señaló que inicialmente se consideró que continuar utilizando generación basada en combustibles podía resultar económicamente más conveniente que construir la línea de transmisión. Sin embargo, sostuvo que los problemas actuales muestran las consecuencias de mantener la dependencia de combustibles para garantizar el suministro eléctrico de una ciudad aislada.

Para Herrera Descalzi, tanto el abastecimiento de combustible como la generación eléctrica requieren soluciones estructurales y no únicamente respuestas frente a cada nueva crisis.

Minería ilegal: otro frente abierto

El paro también incorpora entre sus demandas el combate contra la minería ilegal. La actividad continúa generando preocupación por sus efectos ambientales y por la capacidad económica que ha adquirido en distintas zonas de la Amazonía.

Herrera Descalzi consideró que enfrentar esta actividad resulta particularmente complejo debido a la geografía de la selva y a la capacidad de las organizaciones ilegales para desplazarse cuando se realizan operativos. Según explicó, las intervenciones estatales pueden perder efectividad si no existe una presencia permanente en las zonas afectadas.

Como alternativa, planteó explorar mecanismos tecnológicos que permitan una extracción legal y ambientalmente controlada del oro, acompañada de la restauración de las áreas afectadas. A su juicio, una estrategia de ese tipo podría contribuir a reducir el espacio económico de la minería ilegal y, al mismo tiempo, generar una presencia permanente del Estado.

Mientras tanto, en Iquitos las organizaciones gremiales mantienen la paralización durante 72 horas y esperan que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel para atender sus demandas. La continuidad de la protesta evidencia que los anuncios realizados en agosto todavía no han logrado resolver el malestar en Loreto, donde el incremento del combustible se suma a problemas energéticos y sociales acumulados durante años.

Durante su permanencia en los exteriores de la institución, denunciaron que esta no es la primera vez que se registraría un acto de violencia contra un alumno dentro de la escuela que forma a los hijos del personal superior de la Marina de Guerra del Perú. Previamente, se habrían reportado casos de bullying y discriminación, pero no alcanzaron la misma repercusión pública que este último caso.

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Una madre de familia señaló a Canal N que anteriormente se habrían registrado otros episodios de agresión al interior del plantel por aspectos discriminatorios. “Nosotros estamos súper indignados. Esto no solamente es una acción que ha pasado, esto es el reflejo y la gotita que se está derramando de múltiples situaciones como bullying. Hay mucha discriminación hasta por tu color, por tu apellido, por los galones”, explicó.

La docente de primaria de Ciencia y Tecnología, Yovana León, quien ejerce en la institución desde hace 18 años, también afirmó que antes hubo maestras que advirtieron sobre estas situaciones, pero sus denuncias no fueron atendidas. “Bullying, hostigamiento, violencia, como les digo, investiguen. (…) Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar nuestra voz (…) somos profesoras de vocación, estamos para formar a los estudiantes. Lamento mucho que esto suceda, pero a veces uno habla y no nos escuchan y más bien se van contra nosotros”, dijo.

Menores retenidos tras denuncia por presunta agresión sexual

De acuerdo con la información difundida, el caso de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años habría ocurrido el 15 de septiembre de 2026, dentro de un bus que trasladaba a un grupo de escolares. La denuncia fue posteriormente registrada en la comisaría de San Borja, donde se activaron las diligencias correspondientes.

Tras la denuncia, 10 menores fueron retenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras el Ministerio Público determina las circunstancias del caso y la eventual responsabilidad de cada uno. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso que se tome la declaración de la víctima en cámara Gesell, así como recabar los testimonios de los retenidos que se encuentran en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre, entre otras diligencias urgentes para esclarecer lo sucedido.

Entre los capturados se encuentran el director general de Administración, Gustavo Adolfo Igreda Vadillo; el director de la Oficina de Infraestructura, Jhon Uldarico Meza Martel; el jefe de la Unidad de Abastecimiento, José Manuel Aquino Lara; y el arquitecto Andrés Marchand Ramos, investigado dentro del caso.

En el operativo, autorizado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, también se allanaron ocho inmuebles a fin de incautar documentación y otros elementos que pueden contribuir a esclarecer el caso.

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Presunta organización criminal

Según las diligencias fiscales y policiales, los investigados integrarían una presunta organización criminal que habría operado al interior de la universidad y que sería liderada por el rector de la institución, Edgardo Braul Gomero, quien se encuentra prófugo de la justicia, según la Dircocor.

'Los Saqueadores de la UNU' habrían concertado para direccionar y fraccionar contrataciones públicas en favor de proveedores específicos y usado indebidamente los recursos del Tesoro Público bajo la tutela del rector, en complicidad con funcionarios universitarios y personas particulares.

Operaciones bajo investigación

Entre los casos bajo investigación se encuentra un proyecto institucional valorizado inicialmente en S/4.107.799,95. La hipótesis fiscal apunta a que la ejecución de dicha obra se fragmentó indebidamente para evitar los controles legales y favorecer a determinados contratistas.

Asimismo, las autoridades indagan el presunto uso irregular de fondos públicos mediante la entrega de viáticos para supuestas comisiones de servicio al extranjero. Esos viajes asignados al rector y personal de la universidad no se habrían realizado, pese a que los presupuestos fueron cobrados.

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El caso fue difundido mediante un reportaje que presentó Willax con chats atribuidos a la esposa del oficial y testimonios sobre actividades del hogar como lavar platos, tender camas, preparar alimentos, limpiar ambientes y recoger ropa de lavandería. Los hechos habrían ocurrido durante la gestión de Pareja García al frente de la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía (Dirbap).

Fiscalía realiza diligencia en la Dirección de Bienestar de la PNP por presunto peculado de uso

Como parte de las primeras acciones de la investigación, el Ministerio Público realizó una diligencia de exhibición y recojo de documentos en la sede de la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía. La actuación fue encabezada por el fiscal provincial José Caballero Miranda, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

En el procedimiento también participó el fiscal adjunto Víctor Vidal Fernández. El equipo fue recibido por el actual jefe de la Dirección de Bienestar de la PNP, general PNP Antero Rosendo Mejía Escajadillo, quien entregó la documentación solicitada. La información será evaluada junto con las demás diligencias para establecer si se emplearon recursos o trabajadores policiales en actividades ajenas al servicio.

Chats y testimonios señalan presuntas labores domésticas realizadas por personal policial

El reportaje difundió conversaciones de WhatsApp atribuidas a la esposa del general, con pedidos relacionados con alimentos y otras tareas personales. Entre los mensajes mostrados aparece una solicitud para preparar pan con queso y una bebida, además de comida para su esposo. Otro intercambio alude a una permanencia de la mujer en la sede de la Dirección de Bienestar y a la petición de restringir el ingreso a una habitación.

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Asimismo, testimonios recogidos en el informe periodístico señalaron que trabajadores policiales habrían sido destinados a realizar tareas domésticas, entre ellas lavar platos, tender camas, limpiar lunas y efectuar labores en un domicilio particular. También se mencionaron órdenes de servicio por S/6000 y S/7500 relacionadas con limpieza y desinfección del área logística de la Dirbap, cuyo uso será materia de verificación fiscal. Pareja García negó que agentes acudieran a su vivienda para realizar labores domésticas y afirmó desconocer los mensajes difundidos. La investigación deberá establecer la veracidad de los hechos y las eventuales responsabilidades.

PISA evalúa a estudiantes de 15 años para conocer qué tanto dominan conocimientos y habilidades que necesitan para resolver problemas, pensar de forma crítica y desenvolverse en situaciones de la vida real. La prueba no mide únicamente contenidos escolares: también recoge información sobre el entorno de aprendizaje, las condiciones de los colegios y las actitudes de los alumnos. Perú participa en esta evaluación desde 2001. En 2025, 6.991 estudiantes de 260 colegios peruanos rindieron la prueba y representaron a unos 519.700 jóvenes de esa edad, equivalentes al 86% de la población nacional de 15 años.

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Un retroceso que borra avances

El deterioro no aparece solo al comparar las dos últimas evaluaciones. La OCDE señala que los resultados de 2025 se encuentran cerca de los registrados en 2015, pero con una diferencia clave: en Matemática y Lectura, el descenso de los últimos años borró los progresos obtenidos en el periodo posterior a 2015. La tendencia de Ciencias, en cambio, se mantuvo estable durante la década.

Entre 2022 y 2025, Perú perdió 9 puntos en Matemática y 18 en Lectura. Ciencias registró una variación de -2 puntos, pero la OCDE considera que ese cambio no resulta estadísticamente significativo. El promedio peruano quedó en 402 puntos en Matemática, 407 en Lectura y 406 en Ciencias.

*Promedio OCDE correspondiente a cada área. La OCDE reporta 463 puntos en Matemática y 461 en Lectura en su promedio general de 2025; la comparación específica de la tabla de desempeño utiliza las cifras correspondientes a la base estadística.

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El umbral que no alcanza la mayoría

El problema más evidente aparece al observar el nivel mínimo de competencia. PISA considera el Nivel 2 como el umbral básico de desempeño, porque a partir de ese punto el estudiante puede aplicar sus conocimientos en situaciones sencillas y demostrar competencias funcionales para participar de manera significativa en la sociedad actual.

En Matemática, solo 30% de los estudiantes peruanos llegó al Nivel 2 o superior, frente al 65% del promedio de la OCDE. Eso significa que 7 de cada 10 no alcanzaron ese nivel básico. Los alumnos que sí lo lograron pueden interpretar una situación sencilla y reconocer cómo representarla matemáticamente, incluso cuando no reciben instrucciones directas. Por ejemplo, pueden comparar la distancia de dos rutas o convertir un precio a otra moneda.

En Lectura, 42% alcanzó el Nivel 2 o superior, mientras que el promedio de la OCDE llegó a 69%. Los estudiantes que superan ese umbral pueden identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información a partir de criterios explícitos y reflexionar sobre su propósito y forma cuando reciben una orientación clara.

Ciencias presenta el mejor resultado relativo, aunque todavía deja a más de la mitad de los alumnos por debajo del mínimo: 47% alcanzó el Nivel 2 o superior, frente al 74% de la OCDE. Quienes llegan a ese nivel pueden reconocer explicaciones correctas sobre fenómenos familiares y utilizar datos para determinar, en casos sencillos, si una conclusión resulta válida.

El otro extremo también muestra una debilidad marcada. Casi ningún estudiante peruano alcanzó los niveles más altos en Matemática, Lectura y Ciencias. En Ciencias, apenas 0,2% llegó a los niveles 5 o 6, frente al 7,2% del promedio de la OCDE. En Matemática y Lectura, la OCDE también describe la presencia de estudiantes en los niveles superiores como prácticamente nula.

Perú no está solo en la caída

El retroceso peruano ocurre dentro de un deterioro más amplio. La OCDE afirma que el rendimiento de los estudiantes continuó disminuyendo en los países que integran la organización, hasta alcanzar sus promedios más bajos registrados en PISA en Matemática y Lectura. Uno de cada cinco estudiantes de 15 años de los países de la OCDE presenta ahora un bajo desempeño en las tres áreas, frente al 16% registrado en 2022.

La tendencia también alcanza la última década. Entre los países de la OCDE, el promedio de Matemática cayó 22 puntos entre 2015 y 2025, equivalente a más de un año de aprendizaje; Lectura también registró un retroceso importante. La OCDE señala que el deterioro no responde únicamente a la pandemia: los resultados muestran problemas de aprendizaje que ya aparecían antes de 2020 y que se profundizaron después.

América Latina tampoco escapa a esta tendencia. En el balance de 2015 a 2025, Chile, México, Colombia, Argentina y Costa Rica presentan retrocesos en distintas áreas. Perú, sin embargo, tiene una particularidad: aunque su caída acumulada resulta menor que la de varios países de la región, el descenso reciente eliminó los avances que había conseguido desde 2015 en Matemática y Lectura.

La brecha también está dentro del país

Los resultados tampoco afectan por igual a todos los estudiantes. En Ciencias, los alumnos del 25% con mayor nivel socioeconómico superaron en 78 puntos a los del 25% más desfavorecido. La diferencia resulta similar a la registrada en promedio por los países de la OCDE, donde alcanza 85 puntos. Además, el nivel socioeconómico explicó 14% de las diferencias en el rendimiento científico de los estudiantes peruanos, frente al 12% de promedio en la OCDE.

Existe, sin embargo, un dato favorable: entre 2015 y 2025, la brecha socioeconómica en Ciencias se redujo en Perú. La mejora provino del desempeño de los estudiantes más desfavorecidos, mientras el rendimiento de los alumnos con mayores ventajas económicas permaneció estable. Aun así, solo 10% de los estudiantes desfavorecidos alcanzó el cuarto superior del rendimiento científico dentro del país.

Más interés, pero menos resultados

Los estudiantes peruanos tampoco muestran una falta generalizada de interés por aprender. 81% afirma sentir curiosidad por muchas cosas, frente al 73% de la OCDE, y 74% asegura que se esfuerza más cuando una tarea se vuelve difícil, frente al 60% del promedio de la organización. Además, solo 14% considera que la escuela ha sido una pérdida de tiempo, frente al 24% de la OCDE.

El contraste aparece en la llamada mentalidad de crecimiento: solo 45% de los estudiantes peruanos presenta esta disposición, frente al 69% de la OCDE. En Perú, quienes tienen una mentalidad de crecimiento obtienen, en promedio, 17 puntos más en Ciencias que quienes muestran una mentalidad fija, después de considerar las diferencias socioeconómicas.

Aulas con otras señales de alerta

PISA también identifica dificultades en las condiciones escolares. El porcentaje de estudiantes que asiste a colegios cuyos directores reportan falta de docentes aumentó de 18% en 2022 a 27% en 2025. Además, 49% estudia en centros donde la falta de personal de apoyo dificulta la enseñanza, mientras 54% enfrenta problemas vinculados con la falta de materiales educativos y 42% con deficiencias de infraestructura física.

La asistencia también marca una diferencia. 39% de los estudiantes peruanos faltó al menos un día de clases durante las dos semanas previas a la evaluación, frente al 22% de la OCDE, y 69% llegó tarde al menos una vez, frente al 50% del promedio de la organización. En paralelo, 24% reportó haber sufrido alguna forma de bullying varias veces al mes o con mayor frecuencia, por encima del 20% de la OCDE.

La tecnología muestra otro contraste. 54% de los estudiantes peruanos utiliza chatbots de inteligencia artificial al menos una vez por semana para aprender, frente al 46% de la OCDE. El uso alcanza 43% para realizar investigaciones preliminares, 40% para resumir textos y 36% para elaborar borradores de trabajos escritos. Al mismo tiempo, 86% estudia en colegios que prohíben los celulares dentro de sus instalaciones, frente al 49% de la OCDE.

La estación tendrá un papel clave en la integración del transporte público de Lima al permitir la conexión entre la Línea 2 del Metro y el Metropolitano. Mientras continúan las labores de la megaobra, también se reabrieron dos carriles de la avenida Paseo Colón para facilitar el tránsito de los buses del Corredor Morado.

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Estación Central de la Línea 2 entra en etapa de equipamiento y acabados

Tras finalizar la construcción de la infraestructura civil, los trabajos se concentran en la instalación de componentes necesarios para el funcionamiento de la estación. Entre las labores en ejecución figuran el montaje de escaleras mecánicas, ascensores, cámaras de bombeo y sistemas de iluminación.

En paralelo, el personal encargado desarrolla los trabajos de arquitectura interior. La colocación de acabados verticales avanza en la infraestructura, mientras que la restitución de la superficie se encuentra en su fase final. Esta intervención permitirá recuperar progresivamente las zonas destinadas al tránsito vial y peatonal.

La Estación Central forma parte del avance general de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, cuyo progreso se encuentra alrededor del 84%. Su infraestructura permitirá articular este sistema ferroviario con el Metropolitano y las líneas 1 y 2 del Metro, de acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina.

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¿Cuándo estará lista la Línea 2? Estas son las fechas previstas para su operación

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) proyecta que el tramo 1B de la Línea 2, comprendido entre la estación San Juan de Dios, en el este de Lima, y la plaza Bolognesi, en el centro de la ciudad, concluya en 2028. La fecha fue señalada por el presidente ejecutivo de la entidad, David Hernández.

La proyección de 2028 está vinculada con el objetivo de avanzar en la conexión entre Ate, el Centro de Lima y, posteriormente, el Callao. Sin embargo, la ATU precisó que ello no implica necesariamente que todas las estaciones comprendidas en el tramo estén operativas durante ese año.

La disposición alcanza exclusivamente al lote señalado y responde a un resultado considerado crítico por la autoridad sanitaria. Ante esta situación, el Indecopi recomendó a los consumidores no utilizar las unidades correspondientes al lote 311024, utilizado para aliviar síntomas oculares como picazón, enrojecimiento y lagrimeo.

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Kenaler 0.05%: identifican partículas en un lote y ordenan retirar todas las unidades

El problema fue detectado durante una evaluación de control de calidad realizada al medicamento. De acuerdo con la información proporcionada por la Digemid, la presencia de partículas generó un resultado crítico, debido al riesgo que podría representar para la salud de las personas que utilicen el producto.

Como consecuencia, la autoridad sanitaria determinó que todas las unidades pertenecientes al lote 311024 sean retiradas del mercado y posteriormente destruidas. La disposición busca evitar que el producto señalado continúe disponible para los consumidores.

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¿Qué hacer con las gotas para los ojos? Indecopi pide no usar el lote 311024

Los consumidores que tengan este producto deben verificar el número de lote antes de utilizarlo. La advertencia corresponde específicamente a las unidades identificadas con el código 311024, sobre las cuales pesa la disposición de retiro y destrucción emitida por la Digemid.

El Indecopi precisó que la recomendación dirigida a los ciudadanos es abstenerse de utilizar cualquier unidad de Kenaler 0.05% que corresponda al lote identificado. Para realizar consultas relacionadas con la alerta, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.

En declaraciones a Canal N, la especialista señaló que, aunque la conducta atribuida a los menores corresponde a una figura contemplada en la legislación penal, jurídicamente se considera una infracción a la ley penal cuando es cometida por adolescentes.

Chang indicó que una eventual medida socioeducativa podría contemplar el internamiento en un centro juvenil por un periodo de entre cuatro y ocho años, dependiendo de las circunstancias del caso y de lo que establezca la autoridad competente.

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Fiscalía deberá investigar a los adultos responsables

La penalista sostuvo que también es necesario esclarecer qué ocurrió durante el traslado de los estudiantes hacia una actividad deportiva, momento en el que presuntamente se produjo la agresión.

En ese sentido, consideró que la investigación debe determinar qué nivel de supervisión ejercían los adultos que se encontraban en el vehículo y si alguno tenía conocimiento de lo que ocurría.

Chang explicó que, si se acredita que un adulto conocía la situación y omitió actuar para impedirla, podría evaluarse una eventual responsabilidad penal por omisión. Asimismo, señaló que deberá determinarse si alguna persona adulta instigó o promovió la conducta atribuida a los menores.

De identificarse responsabilidades de adultos, estos podrían ser investigados bajo el sistema de justicia penal ordinario, según corresponda.

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Colegio podría afrontar responsabilidades administrativas y civiles

Respecto a la actuación del Liceo Naval Almirante Guise, la abogada señaló que la institución podría enfrentar responsabilidades administrativas y, eventualmente, civiles, dependiendo de los resultados de las investigaciones.

La especialista indicó que deberá determinarse si el colegio cumplió con las medidas de prevención, supervisión y atención establecidas para situaciones de violencia escolar. También consideró necesario revisar las acciones adoptadas antes y después de que se conocieran los hechos.

Chang sostuvo que el caso debe analizarse desde dos ámbitos: el penal, para establecer las responsabilidades de los menores y de posibles adultos involucrados, y el administrativo, para verificar el cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Educación.

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Bullying no es delito, pero puede generar responsabilidades

La penalista explicó que el bullying no constituye, por sí solo, un delito tipificado en el Código Penal. Sin embargo, precisó que las consecuencias graves derivadas de estas conductas pueden dar lugar a responsabilidades legales, dependiendo de las circunstancias.

Chang consideró que el caso de San Borja pone en evidencia la necesidad de revisar las medidas aplicables frente a situaciones extremas de violencia escolar.

Sobre la expulsión de estudiantes, señaló que esta debe sustentarse en una infracción considerada muy grave por la normativa institucional y respetar un procedimiento que garantice el derecho a la defensa.

La abogada advirtió que, en determinados casos, la víctima puede terminar abandonando el colegio mientras el presunto agresor retorna a las aulas. Por ello, planteó evaluar mecanismos que eviten que un estudiante afectado tenga que compartir nuevamente el espacio educativo con quien presuntamente lo agredió.

Instituciones deben reforzar prevención y supervisión

Chang remarcó que los colegios tienen la obligación de activar los protocolos correspondientes ante una agresión, registrar las medidas adoptadas y garantizar la atención de los estudiantes involucrados.

También recomendó fortalecer el trabajo de los departamentos psicológicos y recurrir a especialistas externos cuando sea necesario para abordar las consecuencias de la violencia y prevenir nuevos casos.

En relación con las actividades fuera del colegio, como viajes, excursiones o competencias deportivas, indicó que las instituciones mantienen una responsabilidad de supervisión mientras los estudiantes se encuentran bajo su cuidado.

Por ello, consideró que los centros educativos deben evaluar si cuentan con suficientes adultos responsables para controlar a grupos numerosos de adolescentes y adoptar medidas adicionales cuando sea necesario.

Víctima podría acceder a una reparación civil

Finalmente, la penalista explicó que el adolescente afectado podría tener derecho a una reparación civil por los daños ocasionados. Esta podría involucrar a los responsables directos y, eventualmente, al colegio, si se determina que incumplió sus obligaciones.

Chang subrayó que la recuperación de la víctima debe ser una prioridad, debido al impacto que una agresión sexual puede generar en su vida emocional, académica y personal.

Carmen Chipana, secretaria de prensa de la central sindical en la región, afirmó que varios trabajadores fueron intervenidos y que al menos dos habrían resultado afectados durante estos hechos. "La Policía agredió a varios compañeros", sostuvo en diálogo con La República.

Según explicó, uno de los trabajadores, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Regional de Loreto (SUTRAGOREL), habría terminado con una lesión en la cabeza. La dirigente indicó que existe material audiovisual sobre otro caso, en el que un manifestante habría sido reducido y golpeado por un grupo de policías.

Chipana cuestionó que los trabajadores del Gobierno Regional hayan sido objeto de la intervención. "Los compañeros no son confrontacionales, son personas empleadas, empleados públicos", manifestó, al considerar que la actuación policial debe ser investigada independientemente del tipo de manifestante involucrado.

La CGTP Loreto anunció que exigirá una investigación pública y transparente de lo ocurrido, con revisión de los videos difundidos y determinación de las responsabilidades que correspondan.

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Cuatro demandas para el Gobierno

Pese a los incidentes registrados durante la jornada, la plataforma de lucha de la CGTP mantiene cuatro puntos principales. El primero es la rebaja del precio de los combustibles, debido al impacto que tiene en una región con dificultades de conectividad terrestre.

"Sube el combustible, sube todo", explicó Chipana. La dirigente sostuvo que Loreto depende especialmente del combustible debido a su aislamiento geográfico y a la ausencia de conexiones por carretera con otras regiones.

El segundo reclamo corresponde al sector energético. Los gremios demandan soluciones a los problemas del servicio eléctrico y plantean retomar el proyecto de la hidroeléctrica de Mazán como parte de las alternativas que consideran necesarias para la región.

El tercer punto está relacionado con la minería ilegal. Chipana pidió acciones concretas contra esta actividad y sostuvo que sus efectos, según las organizaciones sociales, no se limitan al impacto ambiental.

La dirigente denunció que en las zonas donde opera esta actividad también se presentarían casos de explotación laboral y sexual, además de participación de niñas, niños y adolescentes. Estas afirmaciones corresponden a la dirigencia sindical y requieren ser contrastadas con las autoridades competentes.

El cuarto pedido es la conformación de una Comisión de Alto Nivel integrada por ministros y con capacidad de decisión. La CGTP cuestiona que una viceministra haya acudido previamente a Iquitos sin facultades, según la organización, para asumir compromisos sobre sus demandas.

Esperan documento de compromiso

Chipana informó que, durante la noche del miércoles, representantes del Gobierno se comunicaron con Reinaldo Toanaba, dirigente de la CGTP Loreto, y se inició una coordinación para buscar una salida al conflicto.

Según la dirigente, los gremios esperan recibir este jueves un documento de compromiso que permita avanzar hacia una mesa técnica de alto nivel en Lima. "Nos tienen que emitir un documento de compromiso para que la comisión vaya a Lima a coordinar (...) una mesa técnica de alto nivel", explicó.

La dirigente precisó que la continuidad de la protesta dependerá de esos avances. Si el Ejecutivo formaliza este jueves los compromisos esperados, la CGTP contempla suspender la medida de fuerza.

"Suspendemos, no paramos", aclaró Chipana, al remarcar que la eventual decisión no implicaría dar por concluido el reclamo.

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CGTP cuestiona declaraciones de senador

La dirigente también anunció que evalúan presentar una queja ante la Comisión de Ética del Senado contra el senador Juan Carlos, a quien atribuyó declaraciones dirigidas contra las y los dirigentes que participan en el paro.

Según Chipana, el parlamentario habría señalado públicamente que las y los dirigentes estaban identificados por la Policía y habría advertido sobre eventuales consecuencias penales. La CGTP considera que estas declaraciones son especialmente preocupantes debido a las denuncias de intervención policial registradas durante la jornada.

Chipana indicó que evalúan canalizar la queja mediante la senadora Lucía Luque, quien, según dijo, se habría comunicado con quienes dirigían la protesta para conocer la situación.

Protesta continúa en provincias

Mientras se mantienen las coordinaciones con el Ejecutivo, el paro continúa en Iquitos y otras localidades de Loreto. La CGTP informó que la medida también es acatada en capitales de provincia como Contamana, Yurimaguas, Nauta, Requena, Ramón Castilla y localidades de la provincia de Putumayo, entre otras.

En Iquitos, trabajadores del SUTRAGOREL realizaron una movilización por la avenida Quiñones que llegó hasta el frontis del Mall Aventura. Durante la marcha, una trabajadora decidió quitarse la blusa y continuar la protesta con el torso descubierto, como una forma, según explicó, de llamar la atención de las autoridades nacionales. La jornada contó con presencia policial para resguardar el recorrido.

El paro regional comenzó el miércoles 16 y fue convocado por 72 horas, por lo que inicialmente está previsto que concluya este viernes 18 de septiembre. Sin embargo, la CGTP sostiene que podría suspenderse antes si el Gobierno formaliza los compromisos que las y los dirigentes esperan para iniciar una negociación de alto nivel.

Defensoría supervisa actuación policial durante el paro

La Defensoría del Pueblo informó que viene monitoreando las protestas en Loreto desde la madrugada del miércoles 16 de septiembre, con el objetivo de verificar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y que se respeten los derechos de los participantes y de la ciudadanía.

Durante el primer día de la protesta, representantes de la institución supervisaron las comisarías de 9 de Octubre, Iquitos y Punchana, donde no encontraron personas detenidas. En la comisaría de Moronacocha, en cambio, verificaron la presencia de seis personas intervenidas —tres adultos y tres menores de edad— por presuntos disturbios y hechos contra la seguridad pública, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional.

La Defensoría señaló que constató que los intervenidos contaban con la documentación correspondiente y habían sido puestos a disposición de las fiscalías competentes. Asimismo, indicó que se realizaban procedimientos de identificación mediante el sistema AFIS de la PNP y que estaba previsto su traslado a la Unidad de Medicina Legal. La institución anunció que continuará supervisando la actuación de las autoridades durante los tres días de protesta.

De acuerdo con el acta policial, la intervención se realizó la tarde de este jueves, cuando Vigo Lecca caminaba por las inmediaciones del parque San Martín, en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

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Hipótesis de la PNP

La Policía sostiene que la detenida estaría vinculada a la recepción de dinero entregado en el marco del secuestro del comerciante de oro. El caso forma parte de las diligencias que se desarrollan para identificar a las personas que habrían participado en la operación criminal.

Asimismo, las autoridades señalaron que Jhonsson Pulpo es requerido por la justicia en una investigación a cargo del 1.° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad. La medida corresponde al expediente N.° 6326-2026-83.

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Suegra de Jhonsson Pulpo es detenida

Tras su detención, Bertha Vigo Lecca fue trasladada a una dependencia policial de la zona. En las próximas horas, los agentes tienen previsto acudir a su vivienda como parte de las diligencias relacionadas con la investigación.

La intervención se produce mientras la Policía continúa con las pesquisas por el secuestro de Jens Lara y busca determinar el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados en la recepción y traslado del dinero exigido por los captores.

La medida alcanza a todas las presentaciones y lotes de ambas marcas, mientras las autoridades supervisan el cumplimiento de las disposiciones. En paralelo, el Indecopi solicitó información a Inco Brands Perú S.A.C. para conocer el alcance de la distribución y las acciones previstas para atender a los consumidores.

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Indecopi pide detalles sobre productos retirados y zonas de distribución

El requerimiento del Indecopi busca precisar cuántas unidades y qué lotes estarían comprometidos, además de identificar los departamentos donde fueron comercializados. La empresa también deberá informar sobre las comunicaciones dirigidas a compradores y proveedores tras la alerta sanitaria.

Ante este escenario, Inco Brands Perú S.A.C. cuenta con cinco días hábiles para entregar la información solicitada, plazo que se computa desde el día siguiente de la notificación. El organismo de protección al consumidor indicó que continuará evaluando las medidas adoptadas por el proveedor dentro de sus competencias.

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Autoridades piden evitar el consumo y reportar la venta de estos productos

Digesa ordenó que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y otros puntos de venta retiren de inmediato las aguas señaladas. La presencia de Pseudomonas aeruginosa constituye un indicador de contaminación y puede ocasionar infecciones, especialmente entre personas con defensas inmunológicas debilitadas.

Si algún consumidor encuentra estos productos a la venta, debe comunicarlo a la autoridad sanitaria correspondiente, como las Diris, Geresas o Diresas. Asimismo, quienes los tengan en sus domicilios deben abstenerse de consumirlos.

El Indecopi recordó que los proveedores tienen la obligación de reportar riesgos asociados a los productos que colocan en el mercado. Las infracciones al Sistema de Alertas de Consumo pueden generar sanciones de hasta 450 UIT, además de las medidas correctivas que correspondan.

La intervención se realizó en las inmediaciones del condominio Atlantis 1965, en Lima, como resultado de las acciones de inteligencia y seguimiento desplegadas por agentes de unidades especializadas. Durante el operativo, los efectivos procedieron con su intervención e incautaron un teléfono celular que será analizado en el proceso.

La medida responde a una orden de detención preliminar por 15 días, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, bajo el expediente N.° 6326-2026-83. Tras la acción policial, la investigada y las evidencias quedaron a disposición de las autoridades para el desarrollo de las diligencias de ley.

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Chats investigados por la Fiscalía mencionan a Méndez Araujo y pago de S/1 millón por secuestro de empresario en Trujillo

La investigación fiscal ha incorporado chats atribuidos a Jhonsson Smit Cruz y Juan Llenque Azabache, alias 'Negro Juan' —presunto recaudador de extorsiones y secuestros—, en los que figura el nombre de la detenida Méndez Araujo.

Estas conversaciones están vinculadas al secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, liberado en Trujillo. En los mensajes se alude al destino de S/1 millón para una persona identificada como 'Catherin', así como un monto adicional de S/430.000 para una hija.

Aunque el hallazgo de estos montos y la mención de la investigada forman parte del expediente del Ministerio Público, las autoridades precisaron que la sola presencia de su nombre no confirma el pago efectivo de dicho dinero. Las diligencias continúan para determinar las responsabilidades penales del caso.