Abandono de la PNP y falta de recursos de la Fiscalía deja a víctimas desprotegidas ante ola extorsiva

El sonido de los disparos retumbó la madrugada del 15 de octubre en Lima Norte, cuando cámaras de seguridad de un gimnasio en San Martín de Porres (SMP) registraron cómo dos sujetos, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra la fachada del local, destrozando todos los vidrios del frontis antes de desaparecer entre las oscuras calles del distrito. Tras el ataque, el dueño —a quien desde el 2 de octubre le exigen S/40.000 para no atentar contra su vida ni la de su familia— comprendió que esta vez iba en serio.   

En los dos últimos años había recibido tres mensajes con demandas de pagos para dejarlo trabajar, pero esta vez era diferente. Con el miedo todavía en el cuerpo, se dirigió a las 7:30 a.m. de aquel día a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), convencido de que allí encontraría ayuda. Sin embargo, lo que encontró fue una larga espera para registrar su denuncia.  

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“Estoy seguro de que mucha gente, al igual que yo, va a esta institución y no espera recibir este trato con mucha falta de empatía (…). Me tuvieron parado en la calle una hora”, lamentó.

Una vez dentro, esperó hasta las 11 a.m., cuando lo llevaron a la Dependencia de Investigación Criminal (Depincri) de SMP para tomar su manifestación. Tras ello, regresó a la Dirincri, donde recién fue atendido a las 8 p.m., gracias a una vecina, quien había sido cliente de su gimnasio y preocupada por su situación, le presentó a su jefe, que dio órdenes para que vieran su caso.

“Me dieron números de diferentes personas que trabajan ahí. Me dijeron que debía coordinar al día siguiente para el tema de los peritos (quienes revisarían la escena del atentado)”, señaló.

El 16 de octubre regresó a la sede policial para solicitar la copia certificada de la ocurrencia –registro oficial que deja constancia de una intervención–. Sin embargo, la Policía alegó no encontrar el número del documento y hasta le entregó otro reporte. Solo después de insistir logró obtener el escrito y continuar con la denuncia.

“El suboficial Junior Mendoza me pone la denuncia. Desde el primer momento le dije, estos delincuentes están amenazando mi vida y la de mis parientes, tienen todo el árbol genealógico de mi familia”, relató.

El comisario le reveló un problema de falta de policías, indicando que este año tenían 30 efectivos menos. Ello llevó al emprendedor a solicitar resguardo particular para salvaguardar su vida y la de sus seres queridos. “Me dijo que podían darme el servicio fuera de su hora laboral (…), que iban a reportar cada 40 minutos. He estado abonando S/100 por cada efectivo, por seis horas de resguardo”, indicó.

Atentado avisado a vista de la Policía

El 24 de octubre, 48 horas antes del segundo ataque, los delincuentes le avisaron que “reventarían los vidrios del tercer y cuarto piso” del gimnasio, jactándose de ser amigos de los policías. Preocupado, alertó a los agentes que lo custodiaban. Sin embargo, llegado el día, los atacantes perpetraron su cometido.   

Las cámaras de seguridad captaron cómo los hombres llegaron a las 3:14 a. m. y dispararon con total impunidad, mientras el patrullero que debía estar frente al gimnasio se encontraba no habido. “Traté de comunicarme por WhatsApp y nunca me contestó ningún mensaje ni llamada”, afirmó el dueño del establecimiento.

Luego de 25 minutos, el efectivo respondió que había perseguido a los hampones, pero las imágenes demostraron lo contrario. “Él no estuvo en persecución con los delincuentes. Era todo mentira”, afirmó el agraviado.

Dificultades que frustran la captura

Su historia refleja el recorrido burocrático que afrontan miles de víctimas de extorsión en el Perú, donde cada denuncia parece perderse entre las oficinas. Desde 2019, los afectados por este delito se han septuplicado, y este año suman más de 23.000 ciudadanos que afrontan este mal en todo el país y 9.750 en Lima Metropolitana. En lo que va del 2025, se reportaron más de 1.600 asesinatos, muchos de ellos relacionados a víctimas de mafias que les exigían cupos para vivir y trabajar en tranquilidad.  

Para el exdirector de la Policía Nacional (PNP), Eduardo Rocha, este problema inicia por la falta de información sobre dónde denunciar un hecho extorsivo. Al registrarse una denuncia, Luis Chauca Palma, fiscal provincial de Lima Norte, detalló que la PNP, para iniciar la investigación, debe comunicar al Ministerio Público (MPFN) para que este remita una disposición a la División de Secuestros y Extorsiones de Lima (Divise).

No obstante, advirtió que debido a que esta entidad recibe todas las indagaciones fiscales de Lima, acumula gran cantidad del trabajo, avanzando según el orden de llegada o la urgencia del hecho.

Aunque el MPFN cuenta con información del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), de Osiptel, que reconoce al titular de una línea en menos de 24 horas, la plataforma solo reporta números nacionales. Según Chauca, el 30% de las líneas extorsivas son extranjeras. Sumado a ello, la venta ambulatoria de chips telefónicos, asociadas a identidades suplantadas, dificulta una real identificación.  

Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, reveló que la venta informal de chips es un problema complejo que involucra a varias instituciones, desde las municipalidades hasta a la PNP y el MPFN, a cargo de la persecución penal.    

Desde 2019, Osiptel ha sancionado a todas las operadoras por permitir la venta ambulatoria de chips, imponiendo 991 multas por más de S/125 millones hasta 2025. Bitel concentra el 25% de las sanciones, Claro el 21%, Entel el 25% e Integratel (Movistar) el 29%. Aunque en 2021, las empresas de telefonía denunciaron al regulador ante Indecopi por supuestas barreras burocráticas, la entidad terminó ganando el caso.  

En 2023, se prohibió la venta ambulatoria de servicios móviles y se autorizó la baja de líneas con datos falsos. Desde entonces, Osiptel, en coordinación con el Reniec, Migraciones y Relaciones Exteriores, ha cancelado más de 1,5 millones de líneas irregulares, algunas registradas con nombres ficticios como “Shakira Shakira” o “Té de Manzanilla”.

Desde setiembre de 2024, la Ley 32451 impone hasta nueve años de prisión por vender chips en la vía pública y exige a las operadoras implementar sistemas para rastrear toda la cadena de comercialización, desde el distribuidor hasta el usuario final.

Solicitar el levantamiento del secreto bancario para saber quién está detrás de la cuenta bancaria que recibe los pagos de extorsiones es una medida más precisa para dar con los responsables, pero el proceso es lento y burocrático.

“Es autorizado por el juez (…). Puede demorar dos o tres semanas, pero la información final viene de parte de una entidad privada. Aunque se exige celeridad, muchas veces demora por la cantidad de pedidos”, señaló el fiscal.

Por su parte, Rocha resaltó que la PNP tiene convenios con empresas para geolocalizar a los delincuentes, pero este sistema no cuenta con tecnología de punta para detectar con precisión su ubicación. “Te dan el dato de dónde surgió esa llamada, pero en un radio de 30 y 50 metros a la redonda”, sostuvo, atribuyendo este problema a la falta de gestión del Ministerio del Interior (Mininter).  

Además, tener una única División de Criminalística (DIRCRI), en Lima, a la que llegan todas las informaciones de extorsión, genera que se saturen los procesos en un solo lugar y, por lo tanto, demoras en las pericias. Es por ello que, de más de 20.000 denuncias presentadas entre enero y julio, solo se han declarado 11 sentencias.

Explosión frente a restobar donde se iba a presentar Chacalón Jr. y paro de transportistas

La detonación de un explosivo frente al restobar Kalo, en Ate, donde iba a presentarse Chacalón Jr., volvió a encender las alarmas sobre el avance de las extorsiones en los grupos musicales. La explosión del artefacto, dejado en plena vía pública, muy cerca del local y de un hostal, tuvo un saldo de cuatro heridos. Tras la intervención al presunto responsable, identificado como Mendin José Martínez, este declaró que recibió S/300 para colocar el explosivo.

Este hecho ocurrió casi en paralelo al atentado contra un conductor de la empresa de transporte San Germán en San Martín de Porres, un nuevo ataque que ha llevado a los gremios del sector a advertir otro paro general de 48 horas ante lo que consideran una inacción del Estado frente al crimen organizado. La Asociación de Transporte Urbano (TU), liderada por Martín Ojeda asegura que los ataques a sus unidades y trabajadores se han vuelto constantes, y afirman que no se someterán al “terror” ni permitirán que las mafias continúen operando impunemente.

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