Fiscal acusa a jueza de aceptar coimas de empresario a cambio de fallo favorable
A pedir de boca. Aniceto Argüelles, quien ha ganado millonarios contratos por el servicio de recojo de basura en varios municipios, usó a intermediarios para comprar con sobreprecio terrenos de la familia de la magistrada Roxana Becerra. Según la fiscal Leydi Cherrepano, de esta forma Argüelles se aseguró una sentencia favorable en un caso relacionado con sus negocios.
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Aniceto Argüelles Loayza, destacado empresario que ha ganado millonarios contratos para el servicio de recojo y disposición de desperdicios en varios distritos limeños y chalacos, ya aceptó ante la autoridad judicial haber organizado pagos ilegales a la jueza Roxana Becerra Urbina para que esta emitiera un fallo en su beneficio.
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La Corte Superior de Lima Norte aceptó la solicitud de Argüelles para acogerse a la sentencia de terminación anticipada del caso abierto en su contra, por lo que recibió una condena de cuatro años de prisión suspendida. Pero el caso prosiguió en contra de cuatro cómplices de Argüelles y de la jueza Roxana Becerra.
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El propósito de Argüelles era que la magistrada Becerra emitiera una sentencia a favor del expresidente de la comunidad de Quipán, Canta (Lima), Abel Mosquera Ortíz. Mosquera es acusado de vender a la empresa de Argüelles, fraguando documentos y sin autorización de su comunidad, 10 mil hectáreas de propiedad de los campesinos a precio subvaluado.
El plan de Argüelles era construir en dicho predio un relleno sanitario, para de esta manera aventajar a sus competidores en el rubro de recojo de basura. Si la magistrada Roxana Becerra sentenciaba a Abel Mosquera, cómplice de Aniceto Argüelles, potencialmente la comunidad de Quipán estaba en condiciones de recuperar su terreno y el empresario se quedaría sin el negocio.
El caso comenzó en 2016 cuando Argüelles hizo la compra fraudulenta a Abel Mosquera. Mientras peleaba en el Ministerio Público y en el Poder Judicial contra las denuncias civiles y penales de la afectada comunidad de Quipán, en 2023 Aniceto Argüelles inauguró un relleno sanitario en el terreno reclamado por los campesinos.
Entre 2018, año en que se instaló en Quipán, y lo que va 2025, Industrias Argüelles tuvo un crecimiento exponencial. Arrancó ese año facturando S/39,2 millones hasta alcanzar en lo que va del de año S/152,2 millones. Es decir, en siete años, ganó contratos por S/802 millones con diferentes distritos por el servicio de disposición de desperdicios. Estas ganancias explican por qué Aniceto Argüelles no quiere devolver el predio a la comunidad de Quipán, mientras sigue contratando por grandes sumas con los municipios.
Delito. Aniceto Argüelles aceptó haber organizado pago de coimas. Foto: difusión
El fondo de la acusación
En 2019, la fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Leidy Cherrepano Collantes, finalmente asumió el caso. El 17 de mayo de 2024, Cherrepano presentó la acusación contra Aniceto Argüelles por el delito de cohecho activo específico (ofrecimiento de coimas) y contra la jueza Roxana Becerra por el delito de cohecho pasivo específico (por haber recibido dinero o dádivas a cambio de un fallo favorable).
La fiscal también imputó delitos a otros cuatro personajes que participaron en el esquema de corrupción como intermediarios entre Aniceto Argüelles y Roxana Becerra.
La trama consistió en que Argüelles, por intermedio de otras personas de su entorno (Silvio Muñoz Villanueva, entre otros), le compró a Roxana Becerra a precio sobrevalorado, tres terrenos cuya propiedad compartía con su madre y hermanos, en Santa Rosa de Quives, Canta. También hubo otros pagos ilícitos, de acuerdo con la imputación.
La fiscal Leidy Cherrepano es contundente.
Incluyó la interceptación judicial de los teléfonos de la jueza Roxana Becerra, del empresario Aniceto Argüelles y de los otros cuatro cómplices. Además de la filmación de los encuentros clandestinos de los implicados fuera de Lima, la fiscal acreditó comunicaciones por email y chat de WhatsApp y diferente evidencia documental.
La República contactó varias veces con la jueza Roxana Becerra, prometió responder preguntas, pero al final desistió. También recurrió al abogado de la magistrada, Hubert Galdos Arcelles, quien tampoco aceptó hacer comentarios.
Roxana Becerra Urbina | Aniceto Arguelles | Industrias Arguelles
Los personajes de la trama
Basada en la abundante información incriminatoria, la fiscal Leidy Cherrepano, además de acusar a Roxana Becerra y Aniceto Argüelles, imputó graves delitos a las siguientes personas:
- Abel Mosquera Ortíz, el expresidente de Quipán que hizo la venta fraudulenta del terreno a Aniceto Argüelles.
- Ricardo Quispe Medrano, abogado de Mosquera.
- Silvio Muñoz Villanueva, comprador simulado de los terrenos de la jueza Becerra.
- Augusto Narváez Basilio, abogado de Muñoz y quien contactaba con la jueza Becerra.
En la acusación, la fiscal Leidy Cherrepano acredita que agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) hicieron un seguimiento a Silvio Muñoz Villanueva, el intermediario de Aniceto Argüelles, quien presuntamente ingresaba en el edificio donde vivía la jueza Roxana Becerra para hacerle los pagos por los terrenos.
Al momento de sustentar el caso ante el juzgado correspondiente, la fiscal Cherrepano señaló que según las interceptaciones, se detectaron contactos entre la magistrada Roxana Becerra y el intermediario Silvio Muñoz, y entre este y el empresario Aniceto Argüelles. Es decir, Muñoz coordinaba con Becerra los encuentros en su casa para que le proporcionara el dinero en efectivo.
“Nosotros nos cogemos de la conversación, del diálogo que existió entre Silvio (Muñoz) y (Roxana) Becerra y que ha sido transcrito. Se señala 56 mil y tantos dólares como segunda cuota (por los terrenos). Lo relevante es que obran fotografías cuando el señor Silvio (Muñoz) acude al domicilio de la investigada Becerra, conforme se coordinó telefónicamente. También participó de una mujer, la tesorera de la empresa (de Argüelles)”, explicó la fiscal.
Quipán. Relleno sanitario de propiedad de Aniceto Argüelles construido sobre el terreno de Quipán. Foto: difusión
La celebración del mal
Según lo acordado entre Argüelles y la jueza Becerra, ella emitió el fallo favorable a los intereses del empresario, el 24 de mayo de 2019. La fiscalía acusó al expresidente de la comunidad de Quipán, Abel Mosquera Ortíz, por los delitos de falsificación de documento privado y uso de documento privado falso. Sin embargo, la magistrada le aplicó una pena benigna de cuatro años suspendida y absolvió a Mosquera por el delito de falsedad ideológica, que se castiga con cárcel no menor de tres años.
Para probar que dicha sentencia fue muy beneficiosa para el empresario Argüelles, la fiscal presentó transcripciones de conversaciones telefónicas de los implicados, en los que hablan del resultado exitoso del acuerdo y fijan fecha para celebrar.
Mayor evidencia de la conspiración, es la decisión del empresario Aniceto Argüelles Loayza, quien se acogió a la terminación anticipada, reconociendo el delito de cohecho activo específico. Es decir, admitió que instigó a otros para el pago de sobornos a la jueza Roxana Becerra Urbina.
El 12 de marzo de este año, la fiscal Leydi Cherrapano comunicó al Poder Judicial haber concluido la investigación preparatoria contra la magistrada Roxana Becerra y los otros implicados. Pero hasta el momento no resuelve si solicita el enjuiciamiento o decide archivar el expediente. Lo más seguro que elija lo primero.
