Buscan inculpar a líder asháninka Fabián Antúnez por la desaparición de 4 personas durante protestas contra el narcotráfico en Satipo

Desde abril de 2023, el presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), Fabián Antúnez Camacho, es investigado por el presunto delito de secuestro, en el marco de la desaparición de cuatro personas durante una protesta realizada en la localidad de Puerto Ocopa, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín. Sin embargo, tanto organizaciones de derechos humanos como comunidades indígenas han cuestionado la legitimidad del proceso.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) explicó a La República que  el caso contra el líder indígena carece de sustento debido a testimonios contradictorios, pruebas deslegitimadas y un cambio repentino en la teoría fiscal. Las comunidades asháninkas y diversas organizaciones denuncian que se trata de un intento por criminalizar la protesta social en territorios marcados por la violencia del narcotráfico y la ausencia estatal.

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Protestas en Satipo

La protesta que dio origen al proceso ocurrió el 14 y 15 de abril de 2023, tras el asesinato del dirigente indígena Santiago Contoricón Antúnez. La movilización fue convocada por las organizaciones asháninkas del río Tambo, quienes bloquearon el puente de Puerto Ocopa exigiendo al Estado medidas urgentes frente a la violencia de grupos vinculados al narcotráfico.

Durante el bloqueo, cuatro ciudadanos: José Valdivia Andamayo (32), Brandom Cruz Rojas (19), Erick Cabrera Cáceres (43) y Adrián Ramírez Fernández (51), fueron reportados como desaparecidos. Sus familias denunciaron desde el inicio la falta de búsqueda efectiva por parte de las autoridades. En lugar de centrar esfuerzos en hallar a los desaparecidos, la Fiscalía abrió una investigación contra varios líderes indígenas.

La protesta, nacida como una manifestación legítima de exigencia de justicia, derivó en un proceso penal con múltiples cuestionamientos legales y procesales.

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Acusación en contra de Fabián Antúnez

El proceso penal contra Fabián Antúnez se tramita bajo el expediente N.º 01440‑2023‑0‑3406‑JR‑PE‑01, con la titularidad del fiscal Rolly Ronald Rivera Medrano. En la Disposición de Formalización N.º 09‑2023, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo formuló cargos por el presunto delito de secuestro.

Según la acusación inicial, testigos protegidos afirmaron que las personas retenidas durante la protesta fueron presentadas ante el dirigente, quien habría ordenado su desaparición. Sin embargo, a medida que avanzaron las diligencias, esta versión se desmoronó.

La Fiscalía reformuló su tesis y sostuvo que Fabián Antúnez debía ser considerado responsable por liderar el paro y tener presuntamente “control total” de los hechos ocurridos. La defensa cuestionó este nuevo enfoque por carecer de sustento jurídico y probatorio, y señaló que el dirigente indígena no se encontraba en el lugar de los hechos durante las fechas clave.

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Pruebas contra Fabián Antúnez deslegitimadas

Según explicó Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, a este medio, los elementos probatorios perdieron validez. “Los testigos protegidos no reconocieron a Fabián Antúnez Camacho en las diligencias de reconocimiento”, aseguró.

Una testigo clave, una hermana franciscana a cargo del albergue Casa Misión Santa Teresita del Niño Jesús, declaró que el líder asháninka permanecía en el convento todas las noches y que no salió en los días señalados. Su testimonio fue validado oficialmente y contradice la versión inicial del Ministerio Público.

“Ante la pérdida de sustento probatorio, la Fiscalía cambió su teoría para mantener la prisión preventiva. Esto es extremadamente grave porque evidencia la debilidad del caso”, declaró Pérez.

Por su parte, Convoca accedió a actas del proceso que muestran discrepancias en los testimonios. Por ejemplo, uno de los testigos protegidos declaró: “No, yo no estuve en el lugar. A mí me dijeron”. Además, los informes de las diligencias revelan un uso de lenguaje inusual entre miembros de la comunidad asháninka, lo que generó dudas sobre la autenticidad de los relatos.

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Familia de Fabián Antúnez exige justicia

Gabriel Antúnez Camacho, hermano de Fabián, denunció públicamente que su familia enfrenta una campaña de criminalización. “Como nación Asháninka, nos sentimos profundamente indignados por las falsedades que tratan de hacer ver a mi hermano como un criminal”, declaró.

Recordó que Fabián encabezó históricas para la titulación de tierras, defensa de bosques y lucha contra el narcotráfico. En 2021, participó en la incautación de casi una tonelada de cocaína en el río Tambo.

“Nuestra madre llora todos los días. Sabe que Fabián es inocente. Lo único que pedimos es justicia”, insistió Gabriel, quien aseguró que la detención del dirigente expone a toda la comunidad a nuevas amenazas por parte de grupos ilegales.

Intereses en medio de la criminalización

Tanto la CNDDHH y los familiares del dirigente coinciden en que detrás del caso existen intereses ajenos a la búsqueda de justicia. Para Mar Pérez, el proceso contra Antúnez Camacho responde a una estrategia para debilitar el liderazgo indígena y abrir paso a actividades ilegales en territorios protegidos.

“El caso no solo criminaliza a un dirigente. Envía un mensaje de temor a todas las comunidades que decidan defender su territorio”, señaló. Gabriel, por su parte, indicó en que la ausencia de Fabián es beneficiosa para otros intereses de por medio. “Hay grupos que quieren vernos desprotegidos para apropiarse de nuestras tierras, talar y contaminar. ¿Por qué encerrar al único que se ha enfrentado al narcotráfico?”, declaró.

En búsqueda de los desaparecidos en Satipo

Mientras el caso legal sigue su curso, las familias de los desaparecidos siguen clamando por respuestas. En 2023, La República viajó a Puerto Ocopa y entrevistó a los familiares de las víctimas. Todos coincidieron en denunciar la inacción de las autoridades en los primeros días tras la desaparición.

Evelyn Meza, esposa de José Valdivia, compartió un audio que su esposo le envió poco antes de perder contacto: “Estoy en el puente, hay toque de queda… pero tengo que llegar para el cumpleaños de mi hijita”. Angela Rodríguez, pareja de Erick Cabrera, relató su última llamada: “Me están pintando la cara y golpeando”. Minutos después, se oyeron gritos y alguien decía: “¡Quítenle el celular!”. Fue la última comunicación.

La madre de Brandom Cruz indicó que el celular de su hijo dejó de sonar el 15 de abril a las 7:00 a.m. “No sabemos si está vivo o muerto. Que nos ayuden a encontrarlo”, rogó Manuel Ramírez, hermano de otra de las víctimas. La Defensoría del Pueblo concluyó en su informe de junio del mismo año que la respuesta estatal fue “insuficiente” y mantiene a las familias en “una inaceptable incertidumbre”.

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Reacciones de organizaciones nacionales e internacionales

El caso de Fabián llamaron la atención de entidades internacionales. La Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU y la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas enviaron una comunicación al gobierno peruano el 14 de diciembre de 2023, expresando su preocupación por lo que consideraron una posible criminalización injustificada.

Front Line Defenders también se pronunció el 4 de octubre del mismo año, instando a realizar una investigación imparcial y alertando que el proceso podría estar siendo utilizado para “socavar la labor de derechos humanos de Fabián Antúnez Camacho”.

En el ámbito nacional, organizaciones como Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) respaldaron a CART y solicitado que se respete la presunción de inocencia.

Un caso que marcará precedente

La audiencia prevista para el 25 de noviembre de 2025 determinará si Fabián Antúnez Camacho continúa en prisión preventiva o afronta el proceso en libertad con comparecencia restringida. El resultado será crucial, no solo para el dirigente, sino como precedente sobre cómo se abordan las protestas sociales por la defensa territorial.

Mientras tanto, las comunidades asháninkas continúan movilizadas en defensa de su líder. “Criminalizarlo es criminalizar a todos los que luchamos por justicia”, sentenció Gabriel Antúnez.

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