Pruebas de polígrafo a personal del INPE para "enfrentar la corrupción" es una medida improvisada, según especialistas

El presidente José Jerí anunció que desde el 20 de noviembre se aplicarán pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte de las acciones para enfrentar la corrupción y la inseguridad dentro de los penales. Aunque la medida busca reforzar la seguridad durante el estado de emergencia en Lima y Callao, varios trabajadores penitenciarios, a través de su sindicato, manifestaron dudas sobre la eficacia y los alcances de este mecanismo.

La República conversó con Ángel Llancari, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INPE (SINTRAP), quien aclaró que los empleados no están en desacuerdo con la medida, pero sí cuestionan la forma en que el Gobierno pretende implementarla. Para Llancari, la propuesta del Ejecutivo “parece improvisada y desordenada”, además de contradecir las propias normas internas que ya regulan el uso del polígrafo.

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Pruebas de polígrafo en centros penitenciarios

El anuncio del Ejecutivo señala que se realizarán 73 pruebas por día en los 69 establecimientos penitenciarios del país, comenzando en el penal de Lurigancho. Las evaluaciones estarán a cargo de las Unidades de Credibilidad del Servicio de Inteligencia Nacional (SINA) y se inscriben dentro de una estrategia más amplia que, según el Gobierno, busca depurar el sistema penitenciario, erradicar las operaciones criminales desde las cárceles y restablecer la confianza de la institución ante la ciudadanía.

La medida se formalizó a través del Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, que permite al Sistema de Inteligencia Nacional aplicar pruebas de confiabilidad mediante polígrafo no solo a trabajadores del INPE, sino también a otros funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). El dispositivo legal deja en manos del Ejecutivo la definición de los procedimientos y criterios para estas evaluaciones.

Aunque el uso del polígrafo fue planteado como una herramienta para detectar vínculos entre agentes penitenciarios y organizaciones criminales, su efectividad y legitimidad continúan siendo cuestionadas por quienes trabajan en las cárceles del país.

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Sindicato de trabajadores cuestionan medida

El líder sindical y psicólogo de profesión recordó que el polígrafo ya está contemplado en la normativa institucional. La Resolución Presidencial N° 117-2021-INPE/P, que aprueba la directiva 002, establece que la aplicación del polígrafo debe iniciar por los cargos de confianza, es decir, director, subdirector y jefe de seguridad. “Son con ellos que se tiene que iniciar la prueba, no con el personal, porque las políticas internas lo establecen así”, indicó.

El dirigente insistió en que los trabajadores no rechazan el polígrafo como herramienta de control, pero sí exigen que se respete el orden lógico establecido por la propia institución. “Consideramos prudente empezar por el presidente del INPE, porque la norma lo establece. Los trabajadores van a seguir el ritmo de trabajo que implanten los altos cargos”, señaló.

Llancari también advirtió que, mientras se anuncian las pruebas de polígrafo, algunos trabajadores podrían verse afectados en sus procesos de postulación a la Carrera Especial Pública Penitenciaria, debido a presuntas trabas administrativas. Además, denunció que existen indicios de represalias contra su liderazgo sindical tras el inicio de la huelga del 13 de noviembre. “Hay presiones internas y esto genera preocupación entre el personal”, afirmó.

Una trabajadora, cuyo identidad se mantiene en el anonimato, señaló que no siempre determina con precisión la veracidad de una declaración. Factores como el nerviosismo o el estrés pueden alterar los resultados. “Una persona puede obtener un resultado negativo simplemente por el estado de nervios, sin haber cometido ninguna falta. No se ha establecido qué ocurrirá con quienes ‘reprueben’ la prueba. No sabemos si tendrán derecho a defensa o si serán separados sin investigación. Esto genera más incertidumbre que solución”, explicó.

En los últimos meses, el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, fue vinculado a un escándalo en el que se le acusa de recibir US$80.000 a cambio de la liberación del exagente policial Marcos Quispe Riveros. En los audios difundidos, se escucha una conversación entre la esposa del exagente y una voz atribuida a Paredes, donde se reconoce una deuda pendiente y se ofrecen bienes como parte de pago. El caso sigue en investigación y Paredes ha negado que la voz difundida sea realmente la suya.

Llancari insistió en que la lucha contra la corrupción no puede empezar por el personal operativo mientras los cargos de confianza no se sometan también al mismo estándar de evaluación. Para él, comenzar por la base y no por la cúpula “es una decisión que genera sospechas y carece de legitimidad”.

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Exjefe del INPE se pronuncia

Por su parte, el exministro del Interior y exdirector del INPE, Wilfredo Pedraza, fue enfático al señalar que la aplicación del polígrafo es, en el fondo, “una medida simbólica” que difícilmente tendrá resultados efectivos en los centros penitenciarios.

“No está focalizada debidamente ni existe capacidad técnica en el país para aplicar pruebas a un número tan alto de trabajadores. Es una acción que, honestamente, no va a dar resultados”, declaró a este medio.

Pedraza cuestionó la viabilidad operativa de la iniciativa, ya que, a diferencia de sectores donde se utiliza este método a grupos reducidos, el número de trabajadores penitenciarios es muy amplio, lo que plantea dudas sobre a quiénes se va a evaluar y con qué criterios. “¿A quiénes se va a poligrafiar? ¿A qué segmentos? No me parece que se trate de una medida razonable”, añadió.

Para el exministro, si el objetivo real es mejorar la seguridad y combatir la corrupción en las cárceles, lo que corresponde es una inversión sostenida en mecanismos de control, especialmente en tecnología y monitoreo electrónico. “Eso toma más tiempo, pero es lo único útil. Lo más importante es implementar verdaderos mecanismos de control. Es más difícil, pero es lo que realmente funciona”, afirmó.

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Medidas en cárceles durante el estado de emergencia

La implementación del polígrafo se suma a un conjunto de medidas adoptadas durante el estado de emergencia para recuperar el control de las cárceles. Entre ellas, se encuentra la restricción de visitas, el apagón eléctrico en las celdas, la destrucción de antenas de telecomunicaciones ilegales, operativos permanentes de incautación de objetos prohibidos, el monitoreo aéreo con drones y la rotación del personal penitenciario.

De acuerdo con la normativa vigente, las visitas a internos del régimen cerrado ordinario se reducen a una por semana, mientras que para el régimen cerrado especial serán solo una cada quince días. Solo podrán ingresar familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El apagón eléctrico busca impedir la carga de teléfonos móviles y el uso de equipos tecnológicos dentro de las celdas. En paralelo, las fuerzas del orden fueron autorizadas a destruir las antenas ilegales que facilitan las comunicaciones de bandas criminales desde los penales. Las incautaciones de teléfonos, chips, armas blancas y otros objetos ilegales son ahora responsabilidad permanente del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, en coordinación con las fuerzas de seguridad.

También se habilitaron los traslados inmediatos de internos que representen un riesgo para la seguridad institucional, así como la rotación del personal penitenciario para evitar vínculos prolongados entre trabajadores y reos.

Si bien estas medidas apuntan a recuperar el control perdido sobre el sistema penitenciario, todavía queda en el aire la pregunta de cuán efectivas serán sin una estrategia integral que incluya mejoras salariales, condiciones laborales dignas y formación continua para los agentes del INPE.

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