José Jerí cumple un mes en la Presidencia: su estilo Bukele no funcionará si no se acompaña de políticas públicas, según experto

El Gobierno del presidente José Jerí cumple un mes tras la vacancia de Dina Boluarte. Sin embargo, nada parece haber cambiado en las calles en lucha contra la inseguridad ciudadana, específicamente en Lima y Callao, regiones en las que se decretó estado de emergencia por 30 días como medida para frenar la criminalidad.

De acuerdo con la cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), desde el 10 de octubre que Jerí tomó el lugar de Boluarte hasta el 7 de noviembre, se han reportado 147 homicidios en el Perú. Al revisar el detalle de los datos del Sinadef se verifica que el domingo 12 y viernes 31 de octubre, se reportó 12 y 13 asesinatos, siendo los días más trágicos para la ciudadanía.

Durante el Gobierno de José Jerí, Lima y Huaura figuran como las provincias con mayor cantidad de homicidios, 45 y 10, respectivamente. "En su gran mayoría ocasionada por proyectil de arma de fuego (PAF) entre el 80% y 90%", aseguró el analista de datos, Juan Carbajal.

"Hay otras 23 muertes violentas, las cuales, según su certificado de necropsia, fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego (PAF) pero aparecen como "ignoradas", de las cuales 10 son de Lima y 3 del Callao, agregó Carbajal.

Desde que se decretó el estado de emergencia en Lima y Callao (22 de octubre), ocurrieron 24 homicidios en la capital limeña y 5 en el Callao.

Otro dato alarmante es que, entre enero y octubre de este año, se reportó 23.213 casos de extorsión en todo el país. Asimismo, en solo 311 días del año, entre el 1 de enero y 7 de noviembre, se registró 1.913 homicidios.

A pesar de las iniciativas de Jerí por combatir la delincuencia, quien ha encabezado algunos operativos con la PNP y visitado penales, el 31 octubre La República informó que solo en 30 penales de 68 que hay en el Perú, cuenta con bloqueadores de celulares.

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José Jerí al estilo de Bukele: especialistas piden medidas más efectivas contra la inseguridad

La República entrevistó a expertos para conocer sus opiniones sobre el inicio del mandato de Jerí. Los entrevistados coincidieron en que la gestión de la crisis de delincuencia necesita acciones más concretas, con resultados efectivos y menos apariciones mediáticas para ganar popularidad.

Para Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública, en la gestión de Jerí no se han implementado ni discutido las medidas necesarias que frene el aumento de la criminalidad y la extorsión. Asimismo, aseguró que "quienes han estudiado la dinámica de la extorsión coinciden en el impacto negativo de la venta indiscriminada de chips, prácticamente sin control".

"A pesar de ello, no se han implementado normas ni discutido medidas que establezcan controles más estrictos o sanciones efectivas para frenar estos mercados que facilitan la extorsión. El nuevo decreto dispone que la Policía solicite información a OSIPTEL, pero ¿no sería más efectivo que OSIPTEL regule directamente a las cuatro operadoras?", dijo.

"Los criminales actúan por dinero. Su objetivo final es económico. Crean empresas de fachada, lavan activos y buscan legitimar sus utilidades ilícitas. No guardan el dinero debajo del colchón. Ese poder económico les da capacidad operativa y alimenta la corrupción. La ruta del dinero es fundamental: follow the money. Golpear su sistema de ingresos significa afectar su estructura organizativa", agregó.

Por otro lado, el profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Osvaldo Zavala, criticó a Jerí al indiciar que los estados de emergencia "no son herramientas eficaces para combatir el crimen". Asimismo, recomendó que presentar un proyecto de ley que derogue las leyes procrimen e implementar políticas públicas serían de ayuda.

"Se necesitan políticas públicas claras, reformas o derogatorias de leyes que favorecen al crimen, una policía fortalecida con más presupuesto, tecnología, unidades de investigación y mecanismos estrictos de control. Para ello, no es indispensable que el presidente encabece cada operativo", instó.

"El país necesita que el presidente ejerza liderazgo y que sus discursos dejen de ser solo retórica para convertirse en acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales. Menos protagonismo y más resultados. El Perú necesita a alguien que actúe en función del interés nacional antes que de sus ambiciones personales o políticas, agregó.

Mientras tanto, el politólogo y profesor de ciencia política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Alonso Cárdenas, cuestionó a Jerí por su "imagen tiktokera y su estilo comunicacional de corte de Nayib Bukele". Si bien es cierto, Cárdenas resalta que ello diferencia a Jerí de Boluarte, si "esa narrativa no se acompaña de políticas públicas estructuradas y sostenibles, los resultados serán igual de irrelevantes".

"Más preocupante aún es su silencio frente a la maraña de normas pro crimen que ha facilitado el avance de la violencia urbana, muchas de las cuales él mismo apoyó durante su gestión como congresista", expresó.

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Estado de emergencia declarado por el Gobierno de José Jerí

En diálogo con La República, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, señaló que no hay necesidad de declarar un estado de emergencia para controlar la extorsión originada desde las cárceles. Valdés enfatizó que lo que se requiere es intensificar la investigación criminal y tener un mapeo detallado de las organizaciones delictivas involucradas en estas actividades ilícitas.

“El gota a gota tampoco se frena con un estado de emergencia. La gente tiene que trabajar y los mercados necesitan juntar el dinero para poder pagar el préstamo que han solicitado. La forma de combatir el gota a gota es a través de una norma que regule las tasas de interés por parte del sector financiero formal. Eso le corresponde al Congreso de la República. El estado de emergencia no funciona para eso”, sostuvo.

En tanto, Valdéz explicó que el estado de emergencia no tendría eficacia para frenar las extorsiones y cobros de cupos debido a que las amenazas y cobranzas se realizan por redes sociales.