José Jerí: especialistas llaman a medidas más efectivas contra la inseguridad ciudadana y menos "estilo bukeliano"

José Jerí ha cumplido su primer mes como presidente del Perú. Desde su asunción al poder, el militante de Somos Perú ha asumido una posición polémica dentro de su gobierno de transición. El manejo de las protestas ciudadanas, la crisis diplomática con México por el asilo a Betssy Chávez y sus declaraciones, han generado reacciones diversas contra él.

Por ello, La República convocó a tres especialistas y a una figura política para que den sus opiniones sobre el inicio del Gobierno de Jerí. Los entrevistados coincidieron en que el manejo de la crisis delincuencial requiere más acciones concretas, con resultados certeros y menos tomas para congraciarse con las cámaras.

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Julio Corcuera - exviceministro de Seguridad Pública

Una revisión de la información disponible muestra con claridad que la extorsión y el sicariato no se han detenido. Por el contrario, su tendencia al alza continúa. El último reporte señala un incremento de la extorsión de 36 por ciento en Lima Metropolitana y de 18 por ciento a nivel nacional. Diversos gremios de transportistas mantienen sus protestas en respuesta a las muertes y ataques diarios del hampa.

La declaración del Estado de Emergencia planteó una serie de acciones que, más allá del patrullaje, parecen no haberse cumplido. La reciente actualización de medidas insiste en mecanismos de articulación como el CONASEC, CORESEC, COPROSEC o CODISEC. Llama la atención que estas instancias formen parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, estructuras que el Ejecutivo criticó con firmeza hace poco. Sin embargo, no existe a la vista una propuesta alternativa.

Quienes han estudiado la dinámica de la extorsión coinciden en el impacto negativo de la venta indiscriminada de chips, prácticamente sin control. A pesar de ello, no se han implementado normas ni discutido medidas que establezcan controles más estrictos o sanciones efectivas para frenar estos mercados que facilitan la extorsión. El nuevo decreto dispone que la Policía solicite información a OSIPTEL, pero ¿no sería más efectivo que OSIPTEL regule directamente a las cuatro operadoras?

Los criminales actúan por dinero. Su objetivo final es económico. Crean empresas de fachada, lavan activos y buscan legitimar sus utilidades ilícitas. No guardan el dinero debajo del colchón. Ese poder económico les da capacidad operativa y alimenta la corrupción. La ruta del dinero es fundamental: follow the money. Golpear su sistema de ingresos significa afectar su estructura organizativa. En este punto, el fortalecimiento de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS es clave. Si se identifican las empresas criminales y se acredita su rol delictivo, sancionarlas ejemplarmente representa un golpe decisivo contra la organización implicada.

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Osvaldo Zavala - profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

En 1964, Bobbio precisó que el problema de los derechos no es su justificación, sino su protección. En esa línea, la eficacia de los derechos constituye el desafío central del Estado. Hoy, en el Perú, la pregunta es cómo proteger de manera efectiva los derechos de la ciudadanía frente al crimen organizado y las extorsiones.

Se cumple un mes desde el ascenso de José Jerí como presidente del Perú. Aunque evaluarlo a estas alturas sería prematuro, hay aspectos que pueden analizarse críticamente. Uno de ellos es su insistencia en recurrir a los estados de emergencia. Diversas investigaciones, así como la evidencia diaria, muestran que no son herramientas eficaces para combatir el crimen. Por el contrario, suelen restringir el libre tránsito, el derecho de reunión y el ejercicio de actividades económicas, entre otros derechos. La prioridad debe ser enfrentar a la delincuencia, no afectar a la población.

Tampoco pasa inadvertido su estilo de gobierno, marcado por un liderazgo que busca proyectar cercanía mediante su constante presencia en operativos y en las calles. Esto no sería necesariamente negativo si el país no atravesara una crisis severa que exige decisiones urgentes. Se necesitan políticas públicas claras, reformas o derogatorias de leyes que favorecen al crimen, una policía fortalecida con más presupuesto, tecnología, unidades de investigación y mecanismos estrictos de control. Para ello, no es indispensable que el presidente encabece cada operativo. Además, la inseguridad no se limita a Lima. En regiones como Trujillo, el crimen ha alcanzado niveles inéditos. Enfrentarlo requiere coordinación y acciones concretas entre el Ejecutivo y las autoridades locales y regionales, junto con una gestión verdaderamente descentralizada.

El país necesita que el presidente ejerza liderazgo y que sus discursos dejen de ser solo retórica para convertirse en acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales. Menos protagonismo y más resultados. El Perú necesita a alguien que actúe en función del interés nacional antes que de sus ambiciones personales o políticas.

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Ruth Luque - congresista del Bloque Democrático Popular

José Jerí asumió la Presidencia como consecuencia directa del fracaso del nefasto gobierno de Dina Boluarte. Su llegada no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una gestión marcada por la improvisación, la pérdida de legitimidad y la desconexión con la ciudadanía. Su estrategia comunicacional busca proyectar autoridad, seguridad y orden, pero se queda corta y resulta poco creíble frente a la realidad. Desde que asumió el cargo, se han registrado más de 129 homicidios violentos; no ha pasado un solo día sin que un peruano pierda la vida a causa de la delincuencia.

Lejos de plantear respuestas integrales a la crisis de inseguridad, el gobierno ha vuelto a recurrir al estado de emergencia, una medida repetida y fallida que solo revela la falta de políticas públicas efectivas y sostenibles. Nos encontramos frente a un gobierno frágil e incapaz de hacer frente a la ofensiva del Congreso, donde la mayoría parlamentaria continúa capturando instituciones y debilitando la democracia. Mientras tanto, los problemas reales de la población, como la inseguridad, el encarecimiento de la vida, la falta de empleo y la precariedad de los servicios públicos, permanecen sin solución.

Su gestión, además, continúa criminalizando a quienes se atreven a protestar y exigir cambios, y mantiene la impunidad para quienes han violado derechos humanos.

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Alonso Cárdenas - politólogo y profesor de ciencia política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)

Comenzó el mandato del presidente Jerí y hay varias aristas por analizar. La primera es su debilidad de origen. Jerí proviene de la institución política más desprestigiada de América Latina y, probablemente, del mundo: el Congreso de la República del Perú. A ello se suma su trayectoria personal y profesional, marcada por una denuncia de violación rodeada de claroscuros y por cuestionamientos sobre corrupción y enriquecimiento ilícito. Esa fragilidad inicial lo vuelve especialmente vulnerable en un momento en que todos los reflectores están sobre él y cuando la prensa y los medios independientes han empezado a escarbar con mayor profundidad.

En segundo lugar, están sus propuestas de política pública. Frente al clamor ciudadano por la inseguridad, Jerí ha insistido en la fórmula fracasada de los estados de emergencia, un recurso recurrente que ya demostró su ineficacia durante el gobierno de Boluarte. Su imagen tiktokera y su estilo comunicacional de corte bukeliano lo diferencian de su antecesora, proyectándolo como un mandatario más cercano y activo. No obstante, si esa narrativa no se acompaña de políticas públicas estructuradas y sostenibles, los resultados serán igual de irrelevantes. Más preocupante aún es su silencio frente a la maraña de normas pro crimen que ha facilitado el avance de la violencia urbana, muchas de las cuales él mismo apoyó durante su gestión como congresista.

Un tercer aspecto es la inconsistencia de su equipo más cercano. Tras el asesinato de Eduardo Ruiz, conocido como Trvko, las contradicciones y desmentidos entre la Comandancia General de la Policía y el Ministerio del Interior quedaron en evidencia, debilitando aún más su autoridad y liderazgo. Pese a la aparición de nueva evidencia, incluida aquella que muestra que el policía Magallanes continuó disparando, el Ejecutivo no adoptó ninguna medida correctiva, reforzando así la percepción de desorden interno y falta de conducción política.

Finalmente, en el plano internacional, Jerí ha decidido profundizar la línea de confrontación heredada de Boluarte. La ruptura de relaciones diplomáticas con México, tras el otorgamiento de asilo político a la ex premier Betssy Chávez, fue calificada por el gobierno de Claudia Sheinbaum como un acto desproporcionado. Este gesto cierra toda posibilidad de acercamiento con una potencia regional de alta legitimidad y fuerte presencia económica en el país. El contraste es evidente: Jerí llegó a la más alta magistratura por carambola, como accesitario de Martín Vizcarra, mientras Sheinbaum arrasó en las elecciones y figura entre las lideresas más populares y valoradas del mundo.