Crisis por el diésel en Ecuador: protestas, bloqueos y estado de excepción en 7 provincias clave del país

Este martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en al menos siete provincias del país, entre ellas Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, a raíz de las protestas y paros convocados por transportistas tras el fin del subsidio al diésel.

El Ejecutivo ecuatoriano, a través de declaraciones de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que "respetan el derecho a la protesta pacífica"; sin embargo, "la violencia y los intentos de desestabilización no serán tolerados", y se actuará frente a quienes "vulneren la ley".

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Gobierno ecuatoriano sostuvo diálogo con transportistas sin alcanzar un acuerdo

La ministra ecuatoriana Zaida Rovira señaló que el Gobierno ha sostenido varias conversaciones con los transportistas para atender sus demandas. "La estrategia de algunos ha sido generar caos y paralizar servicios públicos. La respuesta del Estado siempre será el diálogo, pero no permitiremos que se juegue con la integridad de los ecuatorianos", aseguró.

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Con la declaratoria del estado de excepción, se restringe el derecho a la libertad de reunión, pero no el de circulación. Asimismo, las Fuerzas Armadas patrullarán las carreteras en diversos puntos estratégicos para prevenir actos de violencia.

Noboa defendió que eliminar el subsidio representaba "una carga" para las cuentas públicas, y que gran parte de esos recursos se desviaban al contrabando y la minería ilegal. Si bien la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó la medida como un "paquetazo neoliberal", también advirtió que "encarecerá de inmediato la canasta básica" y "la vida de los sectores más pobres".

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¿Qué medidas adoptó Ecuador tras eliminar el subsidio al diésel?

Para respaldar la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, el Gobierno encabezado por Daniel Noboa preparó incentivos como la entrega de un bono a 55.000 nuevas familias beneficiarias; la devolución directa del IGV (Impuesto General a las Ventas) a personas adultas mayores; y una compensación económica para 23.300 conductores de transporte público, quienes recibirán entre 400 y 1.000 dólares mensuales, entre otras medidas.

Desde el gremio transportista se evidencian posiciones divididas respecto al retiro del subsidio al diésel. La Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado (Cetrape) asegura que esta medida no soluciona el problema del sector y enfatiza que la decisión no fue socializada con anticipación.

Por otra parte, la Federación Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape), a través de su presidente Luis Felipe Vizcaíno, señaló que no debería incrementarse el precio del diésel hasta que se ajusten las tarifas de los fletes. Además, indicó que el combustible representa el 35% de los costos operativos para los 70.000 camioneros del gremio.