El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico
Así lo admite el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Asegura que sextuplican los ingresos generados por el tráfico de cocaína, provocando un incremento de delitos conexos como la extorsión y el sicariato en diversas regiones del país.
La República en GoogleEl comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, lanza una advertencia contundente: la minería ilegal de oro se ha convertido en una de las economías ilícitas más grandes y de más rápido crecimiento en el país. Y es que el negocio del oro ilegal ya genera más dinero para los grupos criminales que la cocaína, admite el máximo oficial de la PNP.
Según las investigaciones y estudios policiales, los beneficios económicos que se derivan de la extracción no autorizada del mineral aurífero sextuplican los ingresos generados por el tráfico ilícito de drogas.
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En una entrevista en Canal N, el general Arriola precisó que esta economía ilegal ha provocado un incremento de delitos conexos de alta gravedad en diversas regiones del país.
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Indicó que el sicariato y la extorsión son fenómenos directamente vinculados al control de los yacimientos mineros por parte de organizaciones criminales transnacionales.
Para la vocera del Observatorio de Minería Ilegal y exfiscal, Karina Garay, la minería ilegal de oro es un delito grave que socava el Estado de derecho, destruye el medioambiente y alimenta al crimen organizado.
Y es que, la minería ilegal de oro está dejando una huella ambiental de enormes proporciones no solo en la región Amazónica, sino en otras zonas de la sierra y de la costa.
Garay advierte que el uso indiscriminado de mercurio para separar el oro de los sedimentos ha contaminado ríos, suelos y cadenas alimenticias, afectando gravemente la salud de comunidades ribereñas e indígenas.
En la Amazonia, esta práctica se traduce en deforestación acelerada: miles de hectáreas de selva son arrasadas cada año para abrir paso a retroexcavadoras y dragas que destruyen ecosistemas frágiles.
El impacto sanitario también es grave: poblaciones cercanas a campamentos mineros presentan niveles de mercurio en la sangre entre dos y seis veces superiores a los límites seguros, poniendo en riesgo especialmente a niños y mujeres embarazadas.
Sobre el marco legal que rige la formalización minera, el general Óscar Arriola se refirió a la reciente ley que amplía la vigencia del Reinfo hasta el año 2026 y subrayó que la institución policial mantiene un rol estrictamente técnico y que su labor de interdicción se realiza conforme a las disposiciones aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo.
La estrategia de la Policía Nacional consiste en debilitar la logística de las estructuras criminales mediante la destrucción de maquinaria y la incautación de mineral extraído ilícitamente.
El general Arriola ratificó en Canal N que, bajo las leyes vigentes, la institución continuará liderando operativos para recuperar el control territorial en zonas críticas como Pataz y Madre de Dios.
GOLPES A LA MINERÍA
Precisamente, sobre la interdicción, el ministerio de Defensa aseguró en un comunicado que las fuerzas armadas realizaron patrullajes que permitieron golpear las economías ilegales en el Vraem, Pataz y Putumayo por más de 874 millones de soles.
Explicaron que gracias a la presencia permanente y a las acciones ejecutadas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) se evidenció resultados concretos en la lucha contra la inseguridad.
Solo en la provincia de Pataz, en región de La Libertad, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, las acciones contra la minería ilegal representan una pérdida de 246 millones de soles para las organizaciones criminales que la promueven, aseguraron.
Además de golpear a las economías ilegales, las Fuerzas Armadas desplegaron su personal y capacidades para brindar apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra la inseguridad, en el marco del estado de emergencia declarado en Lima y Callao.
Las operaciones desarrolladas durante el 2025 no solo permitieron debilitar significativamente las economías ilegales vinculadas al tráfico ilícito de drogas y a la minería ilegal, sino también fortalecer el control territorial y la presencia del Estado en áreas estratégicas del país, finalizaron.
