Más de 1.000 denuncias de extorsión en San Juan de Lurigancho en 2025: el distrito más afectado de Lima

Cada día, cientos de vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) reciben una llamada, mensaje o carta en su vivienda, empresa o local comercial con la amenaza de pagar por trabajar en paz o exponer su vida y la de su familia.  Según las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, este distrito —el más poblado del Perú— se ha convertido en el epicentro de la violencia urbana en Lima Metropolitana. En lo que va del 2025, registra 1.174 denuncias por extorsión y lidera el número de demandas frente a este problema en la capital.

Desde 2019, cuando apenas se registraban 49 reportes por este delito, se observa un alarmante crecimiento de más del 1.000%. Los números se han multiplicado casi 24 veces en solo seis años, evidenciando una expansión acelerada del crimen organizado, que golpea principalmente a los transportistas, que viven hoy viven bajo constantes amenazas.

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San Juan de Lurigancho, el distrito que refleja el desborde de la extorsión en Lima

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, las víctimas de extorsión en el Perú han aumentado casi ocho veces desde 2019, cuando la cifra a nivel nacional era de 2.781. Este año, los reportes alcanzan las 20.705 denuncias. En Lima Metropolitana el panorama no es distinto; la capital pasó en seis años de registrar 546 a 8.671 casos anuales. Sin embargo, entre todas las áreas, la más afectada ha sido San Juan de Lurigancho, que alberga a más del 13% de víctimas por este delito. Aunque el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, expresó en este medio que durante su gestión se trabajó la recuperación de espacios, logrando reducir delitos como hurto y robo en zonas como la avenida Los Jardines y Canto Grande, frente al crimen organizado, la municipalidad no puede intervenir fuertemente, al limitarse sus funciones al orden de los espacios.

En conversación con La República, el experto en seguridad ciudadana José Saavedra Molina alertó que SJL se ha convertido en el “epicentro de la extorsión” en Lima debido al avance sostenido de bandas criminales que operan con total impunidad, a tal nivel que incluso son capaces de amenazar a una fiscal. “Prácticamente, es un distrito que está tomado por la delincuencia y el crimen organizado, en el que tenemos tasas de homicidio que pueden ser de entre 13 a 18 muertes por cada 100.000 habitantes”, advirtió.

Las extorsiones, que empezaron en bodegas y pequeños negocios, hoy se han extendido hasta colectiveros, transportistas y agrupaciones musicales. En 2024, el propio alcalde Jesús Maldonado recibió amenazas, alcanzando su punto más alto cuando delincuentes dejaron una granada en la puerta de su casa. En ese sentido, el experto reveló que la actual crisis de seguridad es producto de la impunidad que sienten los criminales y la falta de inteligencia de la Policía para desarticular bandas.

“Los delincuentes no están respetando nada porque no le tienen miedo a la Policía, a la Justicia y esto es porque hay leyes que se han aprobado y son pro-crimen (...). Incluso mandan a menores de edad a poner las bombas. Gente de 18 a 25 años, por no tener delitos ni antecedentes, muchas veces tienen penas benignas por leyes que han sido aprobadas por el actual Congreso. Esa legislación que se ha aprobado es lo que está generando esta situación de impunidad y de que el dinero se puede conseguir fácilmente”, indicó.

Las cifras, aunque alarmantes, para el especialista en seguridad ciudadana César Ortiz no reflejan la verdadera cantidad de víctimas, pues muchas de ellas no llegan a denunciar por miedo a represalias y terminan pagando los montos exigidos por los extorsionadores. Maldonado estimó que entre el 85% y 90% de mototaxistas de SJL paga cupos a los extorsionadores para trabajar y consideró que estos casos podrían resolverse rápidamente si hubiera voluntad de quienes toman las decisiones importantes en seguridad ciudadana.

¿Cuándo comenzaron a aumentar las extorsiones en Lima?

Desde la perspectiva de Ortiz, el problema inició el 28 de julio de 2016, con Pedro Pablo Kuczynski, quien de forma irresponsable permitió el ingreso de extranjeros al Perú, sin un control migratorio que evite la entrada de criminales. “Yo dije va a haber mínimo un 3%, de todos los que dejaron entrar, que son delincuentes registrados como tales en su país de origen; pero si era el 3%, hablábamos de 45.000 delincuentes que entraban de golpe y a cualquier país lo iban a hacer leña”, señaló para La República.

En esa misma línea, aseguró que los delincuentes se consolidaron en el país durante la pandemia, en la gestión de Martín Vizcarra, y tomaron fuerza durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, quienes no supieron manejar la situación. “El Niño Guerrero, el líder en ese tiempo del Tren de Aragua puso las bases en Perú para toda Latinoamérica (…). Gran culpa ha sido de la política y de los gobernantes que hemos tenido, que han dejado que tome cuerpo y haya un manejo como el que hoy día tenemos, casi imposible de manejar en el corto plazo”, alertó el también presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (APROSEC).

Respecto al tema, el burgomaestre de SJL comentó que al inicio de mi gestión propuso la creación de un registro de extranjeros que pueda estar adjunto a las comisarias, con la finalidad de conocer la cantidad de indocumentados, la actividad económica a la que se dedican y donde residen. “Es una propuesta que al final no aterrizó ni siquiera en la discusión, no fue considerada. Se la voy a trasladar nuevamente al presidente Jerí para ver si por lo menos puede considerar algunas bondades de ello”, agregó.

Además, señaló que el número de celular y la cuenta del extorsionador son los primeros lazos para geolocalizar y capturar al delincuente. Sugirió que se podría bloquear la cuenta receptora de los cupos y congelar las propiedades de los criminales. “Con los delincuentes no podemos ser compasivos, no podemos creer que ellos se van a quedar quietos. Creo que depende mucho de la decisión de las instituciones de desenredar toda esta maraña burocrática que tienen cada una de las instancias”, relató.

¿Por qué los estados de emergencia no funcionan?

Tan solo en 2025, la expresidenta Dina Boluarte declaró al menos cinco veces estado de emergencia en Lima Metropolitana frente al desborde de la criminalidad. Aunque según el Ministerio del Interior se capturó a más de 1.000 delincuentes durante estas intervenciones, las cifras de extorsión y sicariato no se han reducido. Según Saavedra, esta medida no ha funcionado al carecer de labor previa de inteligencia para focalizar e identificar el origen y la ubicación de las bandas.

“Algo que ha pasado en El Salvador, que dio un estado de excepción y que podían entrar a los domicilios a extraerlos. Si no has hecho un trabajo de inteligencia y solo limitas un estado de emergencia a control de DNI o a parar a las Fuerzas Armadas en una avenida, donde no tiene sentido poner soldados con armas de largo alcance, que es otra de las críticas que se tiene que hacer, porque no puedes estar en la ciudad con armas de guerra y no estamos en una guerra, estamos enfrentando a la criminalidad, pero se necesita armas especiales para la ciudad”, cuestionó.

Por su parte, Ortiz calificó a los Estados de Emergencia como acciones meramente declarativas, sin sustento operativo ni resultados sostenibles. Además, advirtió que la Policía es solo el primer eslabón de un engranaje de control que no está funcionando: Fiscalía, Poder Judicial, el Sistema Penitenciario y los alcaldes, entidades que deberían sumar esfuerzos para mitigar el problema, no lo están haciendo y hoy son sumamente cuestionadas por la población.

“Acá lo que ha habido es una repartija, un robo tremendo. Todo ha sido declarativo, nada operativo. Eran declaraciones sin sustento alguno. Las motos tampoco funcionaron, pero el colmo de la burla a los peruanos fue el Cuarto de Guerra (…) Nos ha tenido meciendo y fortificando con esta alta delincuencia extranjera, ya no solamente venezolana en cantidad; también colombiana, ecuatoriana, porque era el DisneyWorld de la delincuencia el Perú: corrupción, una mala respuesta policial, una justicia peleada entre ellos, un sistema penitenciario colapsado, presidentes ineptos y autoridades corruptas (...). Los políticos de turno hicieron jamás nada. No quisieron hacer nada, no pudieron y ahí quedó la cosa", expresó.

Mientras Saavedra consideró que los toques de queda impuestos anteriormente, de una a cuatro de la mañana, no funcionaron para reducir el número de asesinatos debido a que la mayoría de eventos de sicariato ocurren durante el día y que hay zonas de la capital altamente convulsionadas donde no llega la Policía ni las Fuerzas Armadas, Ortiz resaltó que las bandas peruanas ya imitan a los grupos extranjeros en el sentido de implementar métodos más violentos. Sin embargo, ambos coinciden en la necesidad de un trabajo de inteligencia integral y articulado para reducir el número y la frecuencia delictiva.

“Eso va a tomar un tiempo grande. Estos 9 meses y los que quedan va a ser un búmeran para esta gente que está manejando el país ahorita y el descontento popular de la gente lo vamos a sentir todos. Hoy, no van a poder defenderse de este monstruo que ha tomado mucha fuerza y afecta a todos los ciudadanos. No solamente está en juego hoy el patrimonio y los bienes de los peruanos, la integridad física y la vida también lo están, y esto ya está advertido, esto no va a cambiar (…). Lo que nos toca a todos los peruanos es en abril, no cometer el mismo error. Votemos bien, porque si no nos vamos a joder de verdad”, sentenció el presidente de la APROSEC.

Maldonado, por su parte, resaltó que a diferencia de los anteriores estados de emergencia decretados por Boluarte, Jerí impone una figura de liderazgo necesaria para la institucionalidad. “Me da una sensación de que esto puede funcionar mucho mejor que las anteriores (…). En la declaratoria de emergencia nos incluye a las municipalidades el trabajo de Serenazgo (…). Anteriormente, las municipalidades eran invitadas invisibles. Si quieres ir, si quieres no vienes, y eso generaba mucho malestar. Y tiene otros aspectos interesantes, como la lucha contra la venta indiscriminada de chips, el tema del trabajo con el INPE. Ha hablado el presidente de una reforma, me parece correcto”, refirió.

Los distritos de Lima que lideran las denuncias por extorsión

Según el Ministerio del Interior, además de San Juan de Lurigancho, los distritos de Comas, Villa el Salvador, Los Olivos y San Martín de Porres son los que más casos de extorsión reportan hasta septiembre del 2025. Asimismo, al lado de la capital, la Provincia Constitucional del Callao también denota un alto índice delictivo.

• San Juan de Lurigancho: 1.174
• Villa el Salvador: 412
• Comas: 576
• Los Olivos: 361
• San Martín de Porres: 359
• Callao: 707.

 “Hoy, territorialmente han hecho una repartija estos venezolanos del Tren de Aragua y se dan el lujo de alquilar zonas de Lima Norte, que ha sido la más dañada. Recordemos la primera vez, cuando descuartizan un venezolano y un peruano, y lo riegan por toda la ciudad, dando una alerta de que eso iban hacer con la gente que los traicione. Es que somos tan olvidadizos los peruanos (...). Ya estaban tomando cuerpo. Los hostales del Cono Norte: Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porres, ya estaban siendo tomados por ellos. El grueso de sus delincuentes avezados, sicarios, extorsionadores, ya estaban posicionados”, refirió Ortiz.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

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