Trabajadores del INPE anuncian huelga nacional en pleno estado de emergencia por incumplimiento de pagos e inseguridad ante amenaza de presos

El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció el inicio de una huelga nacional indefinida a partir del 13 de noviembre de 2025, en plena vigencia del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El SINTRAP confirmó que la huelga nacional indefinida se llevará a cabo en los 68 establecimientos penitenciarios del país. Durante su ejecución, confirmaron que garantizarán los servicios esenciales de alimentación, salud y seguridad mínima, pero advirtieron que será responsabilidad del presidente del INPE y del Ministerio de Justicia cualquier alteración o protesta que ocurra dentro o fuera de los centros penitenciarios. Se prevé que más de seis mil trabajadores de los distintos centros penitenciarios del país acatarán la medida.

De acuerdo con el comunicado sindical, las bases del gremio aprobaron la paralización tras constatar la falta de avances en los acuerdos sobre incremento salarial, bonificaciones por alto riesgo y mejoras en la infraestructura penitenciaria. “A la fecha, ninguno de los reclamos que integran nuestra plataforma de lucha fue cumplido por las autoridades”, señalaron representantes del sindicato en un acta dirigida al Ministerio de Trabajo.

Los servidores públicos denuncian el incumplimiento de compromisos preacordados por las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el propio INPE.

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Pliego de reclamos del sindicato de trabajadores del INPE

En conversación con La República, el secretario general del sindicato SINTRAP, Ángel Llancari, informó que el jueves 30 de octubre sostuvo una reunión con el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón, y su equipo técnico, junto con otros representantes gremiales (SINSERPENUL, SUTRAN CAS, FRENATPE), para discutir el pliego de reclamos, vigente desde hace más de una década.

“Le hemos solicitado que pueda mediar y dar solución en conjunto con el presidente del INPE. También hemos pedido que no ponga trabas a las demandas planteadas”, manifestó Llancari, quien, además, manifestó su preocupación de que, en pleno estado de emergencia, "las autoridades no hayan hecho algo al respecto tras 12 años de reclamos".

Entre los principales puntos del pliego presupuestal se encuentran:

• Aprobación del proyecto de ley para incrementar la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de S/2.200 a S/3.000, pendiente de evaluación por el MEF para su inclusión en la Ley de Presupuesto 2026.
• Aprobación del proyecto de ley de bonificación por trabajo de alto riesgo, financiado con recursos internos del INPE.
• Actualización e incremento de la asignación por seguridad y vigilancia, frente al aumento de los riesgos laborales y el hacinamiento penitenciario.
• Pago de beneficios sociales pendientes, vacaciones truncas, asignaciones por 25 y 30 años de servicio, y cumplimiento de sentencias judiciales firmes a favor de los trabajadores penitenciarios, supervisado por la Contraloría General de la República.

Llancari, en representación de sus colegas, señaló que las negociaciones con el actual director del INPE, Iván Paredes Yataco, no tuvieron el resultado esperado. Lo mismo ocurrió con sus antecesores. “El INPE tiene presupuesto, pero se rehúsan. Gastan el presupuesto en otros conceptos y no en sus trabajadores", señaló Llancari.

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Falta de recursos y riesgos en los penales

Los trabajadores denunciaron a este medio las constantes amenazas que reciben durante el cumplimiento de sus funciones. Aseguran que existe un grave déficit de personal y una carencia de recursos para el control y contención de los internos.

Miembros del sindicato precisaron que, pese a la aplicación del estado de emergencia, varios penales —especialmente en Lima— no cuentan con los requerimientos básicos para proteger la integridad del personal ni prevenir motines. Indicaron la ausencia de equipos tecnológicos como escáneres corporales (bodyscan), detectores de paquetes y sistemas eficaces de bloqueo de celulares.

“No tenemos (celulares) Motorola, varas de ley, escudos, gas pimienta, cascos ni indumentaria en caso de descontrol”, aseguraron distintos empleados.

Un empleado del Establecimiento Penitenciario Lurigancho relató que “las amenazas son constantes”, especialmente durante las requisas de rutina. “Cuando queremos hacer las intervenciones, porque tienen cosas ilícitas, amenazan a nuestras familias”, precisó.

En el penal Sarita Colonia, una trabajadora social indicó que los internos “amenazan de muerte” al personal cuando no se aprueban evaluaciones que les permitan acceder a beneficios penitenciarios, como salidas o visitas especiales.

Un miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del penal Castro Castro añadió que las intimidaciones también se extienden a los directores de los penales. “Saben quiénes son nuestros familiares y utilizan esas amenazas de manera constante”, afirmó.

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Próximo plantón en el MEF

Los representantes de los distintos gremios esperan una respuesta favorable del MEF al pliego de reclamos y confían en que el Congreso de la República apruebe las medidas necesarias para evitar la huelga indefinida.

El próximo 4 de noviembre se tiene programado un plantón frente a la sede del MEF, donde los trabajadores penitenciarios continuarán exigiendo soluciones concretas a sus demandas laborales.

La República intentó comunicarse con representantes del INPE; sin embargo, al cierre de este informe, no respondieron sobre las medidas que adoptarán para evitar la paralización nacional.

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