Crisis en las cárceles: 22 servidores del Inpe han sido asesinados

“Nos amenazan y nos matan por hacer nuestro trabajo”, dice con temor un agente penitenciario antes de detallar la crisis de seguridad en las cárceles que ha dejado 22 servidores asesinados.

La mañana del 9 de enero de 2010 un atentado sicarial terminó con la vida de Manuel Vásquez Coronado, director del penal Miguel Castro Castro, cuando salía de su domicilio en El Agustino. La víctima fue interceptada por desconocidos que dispararon a quemarropa.

El 14 de octubre del 2016, el agente del Inpe, Cristian Cruz Luna, de 28 años, fue asesinado de cinco balazos tras salir de cumplir sus labores del penal de Trujillo.

A Selene Martínez Samamé, obstetra que trabajaba en el penal de Lurigancho, la interceptaron y asesinaron el 16 de mayo del 2017, saliendo de su trabajo.

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La noche del lunes 30 de junio 2025, dos trabajadores del establecimiento penitenciario de Puerto Maldonado fueron victimados por encapuchados a bordo de una motocicleta. Germán Vizcarra Alave y Gian Carlo García Alave, habrían sido víctimas de una venganza.

Según el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, entre el 2010 y el 2025 se han registrado 22 asesinatos contra servidores del Inpe. “Ser guardia penitenciario normalmente trae riesgos por los encarcelados con los que se convive en el espacio de trabajo, pero en el caso peruano muchas veces acaba siendo una condena a muerte”, dice el presidente de ese gremio, Julio César Burga.

Entre las condiciones de trabajo deficientes, las amenazas de presos y criminales libres y la corrupción interna de la institución, los funcionarios del Inpe viven una situación alarmante.

Uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema carcelario es la corrupción.

Son los guardias penitenciarios del Inpe quienes están, en rigor, encargados de prevenir y combatir esos hechos de corrupción dentro de la cárcel, pero en la práctica para muchos se hace imposible ejercer esa función de control por factores como la escasez de armas de dotación y elementos de protección, falta de personal, imposibilidad logística de detener el contrabando, corrupción dentro de la misma institución, y lo más grave: los riesgos contra su propia vida.

“Es algo que tratamos de controlar al máximo, pero también si lo controlas mucho, te matan al otro día; si no te prestas para lo que haya que hacer también te matan al otro día”, dice Burga. 

El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, aseguró esta semana que no le temblará la mano a la hora de separar a los malos funcionarios involucrados en actos de corrupción en el sistema penitenciario, así como imponer sanciones severas a internos que vulneren las normas, trasladándolos a pabellones de régimen cerrado y máxima seguridad.

Asimismo, enfatizó la postura de tolerancia cero ante estos delitos, en un contexto de preocupación por el grave problema de hacinamiento en las penitenciarías del país.

Amenazas y malas condiciones

Ahora, imagine ser director del penal de Chincha donde están algunos de los más temidos criminales del país. Un día llega una orden de quitarles los celulares con los que están extorsionando -aparatos que nunca debieron entrar a la prisión- y, además, le piden transferir a algunos de los internos a otros centros penitenciarios, donde estarán alejados de sus familiares y de las bandas criminales de las que siguen haciendo parte. De pronto, uno de los prisioneros le amenaza de muerte, a él y a su familia, si cumple las órdenes.

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Ocurrió el último sábado 18 de octubre. La amenaza de muerte contra el director del penal de Chincha, Juan Lenin Herrera Rozas, se dio luego de reforzar los operativos internos y disponer el traslado de internos implicados en el ingreso de drogas, armas y objetos prohibidos.

Horas antes, el presidente de la República, José Jerí, había supervisado el penal de Huaral (Aucallama), acompañado por los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, donde constató las condiciones de seguridad internas.

Los mensajes le llegaron a Herrera Rozas a su teléfono personal. Eran videos donde se muestran pistolas y municiones. En las imágenes, los criminales le advierten que lo matarían si concretaba el traslado de Edinson Pier Flores Pinto, alias Cabezón Pier, preso por homicidio calificado y robo agravado. Las amenazas también alcanzaron al jefe de seguridad del penal.

“Te vas a morir hoy… te vas a ganar tus plomazos”, le manifestaron. También le detallaron horarios y rutinas. Era la tercera vez que recibía amenazas desde que asumiría el cargo.

Antes, frente al penal de Lurigancho, se encontró una mochila, en cuyo interior había una granada junto con un papel donde se leía un mensaje intimidatorio contra el entonces director de este reclusorio, Víctor Santos Huapaya.

“Para el director: Tienes una semana para regresar a su pabellón de origen a José Alexis Caycho Gómez o atentaremos a la visita”, se leía en la nota.

 Durante la madrugada del 22 de enero del 2025, dos sujetos dejaron en la puerta del centro penitenciario Miguel Castro Castro, una caja con una granada de guerra y un cartel con un mensaje amenazante dirigido a Víctor Hugo Criado Zanelli, conocido como ‘Negro Víctor’, un interno del pabellón 11.

El 17 de octubre último se encontró, otra vez frente a ese mismo penal, una caja con una carga de dinamita y un mensaje extorsivo. La amenaza escrita decía: “Señores jueces, si no actúan también absténgase las consecuencias”, y estaba acompañada de una ficha Reniec que correspondería a una jueza de dicha corte. 

Necesitamos más agentes

Las autoridades del Ministerio de Justicia y el Inpe han tomado medidas, como la instauración de procedimientos administrativos disciplinarios, y la Fiscalía ha iniciado denuncias penales.

El presidente del Inpe, Iván Paredes, comentó la situación preocupante que se vive en los penales respecto a la seguridad y la cantidad de agentes que resguardan a los internos.

Refirió, por ejemplo, que el penal de Huaral alberga a 4.200 internos, a pesar de que su capacidad es de 823; mientras que la cárcel de Piura tiene capacidad para 1.500 presos; pero la población penitenciaria asciende a 4.500.

“Definitivamente, necesitamos con urgencia agentes penitenciarios”, apuntó.

Explicó que, de acuerdo con estándares internacionales, en cada prisión debe haber un efectivo por cada 30 internos; sin embargo, el promedio en el país es de uno por cada 300 o 500.

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Paredes también atribuyó este problema a la falta de funcionamiento del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), de donde podrían egresar mil agentes.

Trujillo: La amenaza de 4 bandas

El 20 de agosto, el director del penal El Milagro de Trujillo, Carlos Franco Medina, fue amenazado de muerte. Anteriormente trabajó en el penal de Ancón I. Las amenazas se intensificaron a raíz del traslado de 43 internos a penales de Cajamarca y Challapalca.

Lo que estaban exigiendo es que paremos los traslados, que no brindemos apoyo a la Policía en las requisas, dijo el funcionario.

Las investigaciones policiales permitieron identificar a cuatro bandas criminales que estaban detrás de las amenazas: La Jauría, La Nueva Jauría, Los Pulpos y La Cruz Blanca.