Mujer y menor de edad son detenidos por incendiar combis en el Callao: investigan presunta red extorsiva
Las investigaciones preliminares apuntan a que estos incidentes son parte de un patrón de extorsión en el sector, ya que las víctimas temen denunciar por posibles represalias.
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La Policía logró capturar a los presuntos responsables de la quema de combis en el Callao, un caso que evidenciaría una nueva escalada de violencia ligada al cobro de cupos en el transporte público.
De acuerdo con información difundida tras la revisión de cámaras de seguridad, fueron detenidos Paola Huamán López, una joven de 18 años —identificada como la principal autora— y un menor de 17. Ambos estarían implicados en al menos dos ataques contra unidades de transporte en la zona.
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Las imágenes permitieron reconstruir el modus operandi: uno de los implicados rociaba combustible sobre los vehículos estacionados y luego les prendía fuego durante la madrugada, aprovechando la ausencia de testigos.
El caso más reciente ocurrió en la primera cuadra del jirón Washington, donde una combi que cubría la ruta Lima–Callao fue incendiada alrededor de las 2:00 a. m. El vehículo quedó completamente calcinado y generó momentos de pánico entre vecinos, aunque no se reportaron heridos.
Más atentados en el Callao
Según las investigaciones preliminares, la misma persona habría participado en otro ataque similar ocurrido días antes, el 27 de marzo, lo que refuerza la hipótesis de una acción sistemática y no aislada.
Durante la intervención policial también se hallaron indicios relevantes como videos de los atentados, además de municiones y drogas, lo que abre la posibilidad de que los detenidos formen parte de una organización criminal más amplia.
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Hipótesis: extorsión al transporte
Las autoridades manejan como principal línea de investigación la extorsión a transportistas. Este tipo de ataques suele utilizarse como mecanismo de presión para obligar a los dueños de unidades a pagar cupos a bandas criminales.
Vecinos y conductores coinciden en que el atentado no sería un hecho aislado, sino parte de una cadena de amenazas que viene afectando al sector. En muchos casos, las víctimas optan por no denunciar por temor a represalias.
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