Jóvenes rurales e indígenas demandan al Estado por recorte de Beca 18: ''La educación no puede convertirse en un privilegio''
Organizaciones denuncian que la crisis impacta a sectores vulnerables y resaltan la necesidad de garantizar el acceso a la educación superior en Perú.
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La Asociación IUS MATRIA QORI (IMAQ), junto con jóvenes de comunidades campesinas, pueblos indígenas, zonas rurales y sectores históricamente excluidos, presentó una demanda de amparo contra el Estado peruano por el recorte de plazas del programa Beca 18 correspondiente a la convocatoria 2026.
La acción judicial fue interpuesta ante la Corte Superior de Justicia de Lima y busca anular la Resolución Jefatural N.° 033-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC, mediante la cual finalmente se otorgaron solo 5.184 becas, pese a que el Gobierno había anunciado oficialmente la entrega de 20.000 vacantes integrales.
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Casi 100.000 estudiantes afectados tras recorte
Según señalaron los demandantes, más de 97.000 jóvenes rindieron el Examen Nacional de Preselección bajo la expectativa generada por el propio Estado. Sin embargo, denunciaron que el proceso estuvo marcado por cambios constantes en el cronograma, retrasos e irregularidades.
Los afectados pertenecen principalmente a sectores vulnerables, entre ellos estudiantes en situación de pobreza, beneficiarios de Beca REPARED, jóvenes del VRAEM y Huallaga, así como integrantes de comunidades campesinas y nativas, quienes dependen de este programa para acceder a estudios superiores.
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Educación en crisis
La organización advirtió que esta situación ocurre en medio de una creciente crisis en el acceso a la educación superior en el país, debido a los problemas institucionales en universidades públicas y al incremento de costos en instituciones privadas.
“La educación no puede convertirse en un privilegio”, indicaron los representantes de IMAQ, quienes exigen que el Estado garantice el financiamiento de las 20.000 becas inicialmente prometidas.
La defensa legal del caso está a cargo de los abogados José Saldaña Cuba y Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL). El lunes 25 de mayo realizaron una conferencia de prensa en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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