Gremios cuestionan dictamen del Congreso que otorga pensión a hijos de transportistas asesinados por extorsión: "Es una burla"
La propuesta plantea tomar como referencia los S/200 mensuales entregados por el Inabif en casos de orfandad, de acuerdo a la Ley N° 3145. Al respecto, gremios califican monto de "irrisorio" frente a la violencia que enfrentan.
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Los asesinatos contra transportistas se ha convertido en una emergencia nacional. La Comisión de Mujer y Familia del Congreso, presidida por la parlamentaria Milagros Jáuregui, aprobó con 11 votos a favor el dictamen propuesto por la congresista Ruth Luque que otorga una pensión mensual a los hijos de transportistas asesinados en el marco del incremento de crímenes por extorsión.
Así, aunque la iniciativa busca amparar a los menores en situación de orfandad, la designación del monto ha generado un fuerte rechazo entre los gremios del sector, que lo consideran insuficiente para sostener a familias que perdieron a su principal proveedor económico. Dirigentes advierten que la violencia ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado y ha dejado a miles de familias en el abandono. Según indican, la ayuda económica llega tarde y con una cifra "irrisoria" frente a la situación que enfrentan los deudos.
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El dictamen aprobado: alcance, montos y condiciones
El proyecto de ley dispone la creación de una pensión mensual dirigida a los hijos de trabajadores del transporte público que hayan fallecido a causa de actos delictivos vinculados directamente con su labor. La propuesta establece que podrán ser beneficiarios los menores de 0 a 18 años, así como jóvenes de hasta 24 años que cursen estudios superiores o técnicos. Además, precisa que el trabajador fallecido debía estar formalmente autorizado para brindar el servicio de transporte urbano, interurbano o rural, y que el deceso debe estar relacionado con un hecho delictivo ocurrido mientras realizaba o como resultado de su actividad de transporte.
Respecto al monto, el dictamen determina que la pensión tomará como referencia la asignación económica otorgada por el Estado a menores en situación de orfandad a través de la Ley 31405, que actualmente es de S/200 mensuales por cada hijo. De esta manera, si una familia tiene dos o tres menores, cada uno recibiría el mismo monto, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El documento señala que el beneficio no será acumulable con otras prestaciones de orfandad generadas por la misma causal de fallecimiento, aunque sí puede coexistir con otros programas sociales vigentes. Además, establece que el Poder Ejecutivo dispondrá de 60 días calendario para elaborar el reglamento de la ley, en el que deberán detallarse los procedimientos de acreditación, los plazos, la participación de las entidades competentes y los mecanismos para determinar si la muerte fue consecuencia directa de un delito asociado al trabajo del transportista. El dictamen también sostiene que el MTC deberá coordinar con gobiernos regionales y locales para el registro y validación de la condición del conductor fallecido, especialmente en zonas donde la informalidad en el transporte es predominante.
Los gremios reaccionan: indignación, críticas y preocupación
La aprobación del dictamen provocó reacciones adversas entre los gremios del transporte. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, calificó el monto como insuficiente y ofensivo para las familias afectadas. “No es justo que una familia con tres o cuatro hijos reciba 200 o 400 soles. Es una burla”, afirmó. Agregó que el problema no es la ausencia de subsidios, sino la falta de acciones reales contra el crimen organizado. “Nosotros no pedimos seguridad, pedimos que no nos maten. Y para que no nos maten tienen que corregir las leyes procrimen (...) Nos sentimos abandonados”.
Por su parte, Mario Arce, dirigente de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, indicó que, a su parecer, la medida representa un avance, pero considera que no responde a la magnitud del problema. “Es muy diminuto, pero hay que reconocer que el gobierno está intentando una alternativa para estas criaturas”, señaló. Explicó que, en muchos casos, la muerte del conductor ocasiona que el hogar se desintegre: “La madre termina separándose, los niños se dispersan. Quedan en completa subsistencia”.
Julio Campos, representante de la Alianza Nacional de Transportistas, cuestionó la proporcionalidad de la pensión: “¿Cómo es que quienes ganan más de 40 veces un sueldo mínimo aprueban una ayuda de 200 soles? No está acorde ni a la canasta básica, menos al costo real de mantener a un menor”. Además, mostró su preocupación por aquellos jóvenes adultos que tendrían que dejar de lado sus estudios para solventar la economía familiar: "Los deudos dicen ‘¿Quién va a asumir el rol de un padre hacia mis hijos?’ (…) Ese joven de 18 años, ¿qué va a hacer ahora?”.
Lo que viene tras la aprobación del dictamen
El dictamen deberá pasar al Pleno del Congreso, donde podría recibir modificaciones antes de ser aprobado como ley. Si obtiene luz verde, el Ejecutivo tendrá dos meses para elaborar el reglamento que definirá el procedimiento exacto para que las familias accedan a la pensión.
Mientras tanto, los gremios evalúan protestas nacionales. “Ya son meses y años desde que vienen asesinando a conductores. Las familias quedan solas. Los niños quedan solos. Y el Estado sigue sin darnos una solución real”, concluyó Palomino.
