Policías encontrados en flagrancia delictiva solo reciben sanciones administrativas: existen más de 40.000 expedientes
Entre enero y agosto de 2025, 993 policías fueron detenidos por diversos delitos, y 532 fueron dados de baja. Tras el aumento de oficiales vinculados a organizaciones criminales, el Mininter busca endurecer las sanciones para permitir despidos inmediatos ante delitos flagrantes.
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Frente al anuncio del ministro del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, sobre la preparación de un Decreto Supremo que permita pasar al retiro entre 12 y 15 días a los policías hallados bajo flagrancia y actos probados en actos delictivos, Carlos Tuse, exsuperintendente nacional de Control de Servicios de Seguridad, lamentó que la medida se tome frente al aumento de oficiales involucrados en organizaciones criminales, que participan en asaltos y cobros de cupos
“Es lamentable escuchar esta norma porque primero está reconociendo que hay una organización criminal dentro de la Policía y es lamentable que a día de hoy se sepa que existen más de 40.000 expedientes de procesos administrativos por diferentes faltas”, refirió para Panamericana.
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Policías que cometen delitos solo reciben sanciones administrativas
Según Tuse, actualmente si un policía es encontrado en flagrancia se le apertura un proceso administrativo disciplinario y se le coloca una medida preventiva de suspensión del cargo. “No se le da de baja, a este señor se le cambia de oficina, va a un lugar administrativo y allí va a esperar la sentencia que dura de tres a cuatro meses”, indicó.
Entre enero y agosto de 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a 993 oficiales por su presunta participación en diversos delitos, de acuerdo con Jhonny Veliz, inspector general de la institución. Entre los crímenes reportados se encuentran casos por presunta violencia contra la mujer, además de delitos contra la administración pública, el patrimonio y la libertad.
De este número, tras iniciarse los procesos disciplinarios, se dispuso el retiro definitivo de 532 efectivos por faltas graves. Por otro lado, existen más de 1.300 denuncias, las cuales vienen siendo investigadas de manera administrativa y penal. Los procesos más graves son los de los dos agentes presuntamente involucrados en el secuestro del empresario colombiano Juan Padilla y la presunta participación de ocho policías y un coronel en retiro en una banda criminal dedicada a cobrar coimas para liberar detenidos por tráfico de drogas y sicariato.
Se han reportado situaciones en las que efectivos con graves cuestionamientos han continuado en sus cargos. Uno de los más controversiales fue el juicio contra Prado Ravines y otros 13 procesados, integrantes del Escuadrón de la muerte, que fueron absueltos por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, a pesar de haber sido sentenciados en primera instancia a 35 años de prisión efectiva por delitos de homicidio calificado y uso de documento público falso.
Acciones por las que un policía puede ser pasado al retiro
Tuse también propuso que se cambie la Ley 30714, Ley de Disciplina de la Policía, con el fin de permitir que la institución pueda, tras detectar a un policía en delito flagrante, darlo de baja inmediatamente. Actualmente, la norma sanciona 50 infracciones con el pase al retiro, algunas de ellas son:
- Solicitar o recibir dádivas o cualquier beneficio indebido a cambio de favorecer a un usuario (cohecho pasivo).
- Ofrecer y/o entregar dádivas o cualquier beneficio indebido para favorecer a alguien (cohecho activo).
- Apropiarse de donaciones obtenidas en el ejercicio de la función.
- Apropiarse de recursos o beneficios al participar en procesos de contrataciones y adquisiciones para sí o terceros.
- Ejercer actividades públicas o privadas incompatibles con las funciones, en agravio del Estado.
- Organizar, dirigir, promover, participar o incitar a huelga, paro, marcha u otras acciones de protesta de índole policial.
- Intervenir directamente en actividades políticas o sindicales.
- Actuar en abuso de funciones atentando contra la libertad personal o patrimonio.
- Conducir vehículo motorizado con alcohol en la sangre mayor a 0.5 g/l o bajo efectos de drogas.
- Practicar actos de tortura a personas bajo custodia.
- Participar, favorecer o facilitar hechos que afecten gravemente el orden público y la seguridad.
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