Gobierno de Kast frenó la regularización de 182.000 migrantes en Chile que fue impulsada por Gabriel Boric
Se estima que cerca de 337.000 extranjeros se encuentran en esta situación, en su mayoría provenientes de Venezuela.
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El gobierno de José Antonio Kast decidió detener la regularización de más de 182.000 migrantes, un proceso que fue impulsado por el anterior mandato de Gabriel Boric. Según confirmó el Servicio Nacional de Migraciones, la gestión saliente dejó preparado un decreto para otorgar estatus legal a quienes participaron en un empadronamiento tras ingresar de forma irregular a Chile. Sin embargo, ahora se optó por no implementarla.
“No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, Frank Sauerbaum, director de la institución. Además, justificó la decisión señalando que unas 6.000 personas incluidas en ese grupo ya habrían cometido delitos, lo que —según indicó— refuerza la necesidad de una estrategia más estricta.
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Mayor fiscalización
Las autoridades anunciaron que intensificarán las fiscalizaciones en sectores laborales donde se ha detectado mayor presencia de extranjeros sin documentos, como la construcción y la gastronomía.
No obstante, Sauerbaum aclaró que estos operativos no tendrán un carácter persecutorio. “No será una caza de brujas”, afirmó, al explicar que el objetivo es fomentar el cumplimiento de la ley más que sancionar indiscriminadamente.
El Ejecutivo prepara el envío de dos proyectos de ley al Congreso: uno para penalizar a quienes faciliten el ingreso irregular de migrantes y otro que busca tipificar como delito el acceso ilegal al país.
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El plan en líneas limítrofes
A pocos días de asumir el cargo, Kast viajó a la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar el inicio de obras destinadas a frenar el ingreso de indocumentados. Estas acciones se enmarcan en el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, que contempla la construcción de barreras físicas, sistemas de vigilancia y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad en zonas críticas.
El proyecto incluye una zanja de varios metros de profundidad que se extenderá por kilómetros en sectores sensibles, además de tecnología como drones, cámaras y sistemas de detección. También se ha reforzado la presencia militar en regiones del norte como Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
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