Gobierno de Kast frena expropiación de Colonia Dignidad impulsada por Boric, símbolo de represión en la dictadura de Pinochet
El lugar fundado en 1961 también funcionó como centro clandestino de detención, tortura y desaparición de opositores.
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El gobierno del presidente José Antonio Kast anunció que revertirá la expropiación de la antigua Colonia Dignidad, un lugar marcado por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La medida fue confirmada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien aseguró que se emitirá una nueva resolución para dejar sin efecto la iniciativa impulsada en 2025 por el mandato de Gabriel Boric.
Según explicó, la decisión responde a razones económicas y de priorización del gasto público. “Vamos a reversar el tema de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan”, señaló el funcionario.
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Una propuesta que queda en suspenso
El control por parte del Estado contemplaba la adquisición de 117 hectáreas con el objetivo de construir un sitio de memoria dedicado a las víctimas de la dictadura militar. Esta iniciativa buscaba transformarlo en un espacio de reflexión y reconocimiento histórico.
Sin embargo, el nuevo gobierno considera que el proyecto no se ajusta a sus prioridades. Poduje afirmó que la actual administración enfrenta una situación fiscal compleja heredada de la gestión anterior, lo que obliga a revisar y reducir gastos en iniciativas consideradas de alto costo.
“Solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican o que son extremadamente complejos”, argumentó la autoridad, descartando que la decisión tenga un trasfondo ideológico.
Un enclave marcado por abusos y crímenes
Fundada en 1961, Colonia Dignidad fue durante décadas un asentamiento controlado por el exmilitar alemán Paul Schäfer, donde cerca de 250 personas vivieron bajo condiciones de esclavitud y abusos sistemáticos.
Durante la dictadura de Pinochet, el lugar también funcionó como centro clandestino de detención, tortura y desaparición de opositores. De acuerdo con datos oficiales, al menos 26 disidentes desaparecieron en el enclave, mientras decenas fueron secuestradas y sometidas a violencia.
El ministro Poduje insistió en que la decisión responde a un “criterio de prioridad social”, señalando que los recursos deben enfocarse en necesidades urgentes como la vivienda y la situación de niños que viven en hacinamiento.
La reversión de la expropiación reabre el debate en Chile sobre cómo preservar la memoria de las violaciones a los derechos humanos y el rol del Estado en la reparación histórica de las víctimas.
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