La ruptura de la ‘Paz Total’ en Colombia, el plan de Petro para mantener el diálogo con las FARC que no ha dado resultados

Desde el año 2022, el Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, puso en marcha la política denominada 'Paz Total'. Esta iniciativa busca establecer diálogos o negociaciones con diversos actores armados ilegales, como guerrillas, disidencias de las FARC y organizaciones criminales, con el propósito de poner fin al conflicto armado. Al mismo tiempo, plantea rutas de sometimiento a la justicia para estructuras vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas.

Para respaldar esta estrategia en el ámbito legal, el Congreso aprobó hace tres años la Ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, considerada una de las normativas insignia del actual mandato. Esta legislación faculta al Poder Ejecutivo para retomar o iniciar conversaciones con grupos insurgentes con carácter político, y, de forma paralela, permite adelantar procesos judiciales orientados al desmantelamiento de bandas criminales.

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La promesa de negociar "con todos"

En la práctica, la promesa de tener negociaciones “con todos” los actores se materializa en varios niveles. Cuando se trata de grupos políticos armados, el Gobierno propone mesas formales de diálogo que incluyen una agenda estructurada. Esta contempla la participación de la sociedad civil, acuerdos de cese al fuego bilateral, reformas rurales, programas para la sustitución de cultivos de coca y estrategias de reintegración social y económica. Todo ello siguiendo el modelo establecido en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC.

Por el contrario, cuando se trata de organizaciones netamente criminales, no hay reconocimiento político. En estos casos, las conversaciones giran en torno a las condiciones para su entrega, el desmantelamiento de sus redes delictivas y la cooperación con las autoridades judiciales. A cambio, se contemplan beneficios como penas reducidas y garantías de seguridad frente a eventuales represalias de otros grupos armados. Ese diseño ha sido afinado también por fallos de la Corte Constitucional, que han exigido trazar mejor la línea entre lo político y lo criminal.

Sin embargo, trasladar este marco jurídico a la realidad ha resultado ser una tarea compleja. El Ejecutivo ha promovido diálogos con actores como el ELN y disidencias de las FARC, incluyendo al Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, los acuerdos de cese al fuego han sido frágiles, lo que ha llevado al Gobierno a alternar entre las conversaciones de paz y la reactivación de acciones militares en distintas zonas del país.

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Los últimos ataques contra las disidencias de las FARC 

El pasado jueves 13 de noviembre, las Fuerzas Militares de Colombia llevaron a cabo un bombardeo en el departamento de Arauca, una región fronteriza con Venezuela. El objetivo fue un grupo de disidentes de las FARC liderado por alias “Iván Mordisco”. Esta operación fue autorizada directamente por el presidente Petro.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que esta acción hace parte de una serie de ofensivas militares que ha ordenado durante su administración. “Van 12 bombardeos ordenados por mí y exclusivamente por mí, guardando al máximo el respeto de derechos humanos”, afirmó el mandatario, quien agregó que en ellos “se usa inteligencia norteamericana, pero bajo la condición de derechos humanos que yo mismo adopto”.

En octubre, las autoridades reportaron la neutralización de cuatro integrantes del Estado Mayor Central (EMC) y del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Meses antes, en agosto, las el grupo militar abatió a alias Dumar, conocido como “Chito”, quien era el principal comandante del bloque móvil Martín Villa. Esta acción dejó un saldo de aproximadamente 30 muertos y golpeó a una de las facciones más activas de las disidencias.

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Varios menores de edad muertos en las operaciones militares

Las autoridades colombianas reportaron la muerte de al menos 15 menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados ilegales. Las víctimas fallecieron en distintos operativos realizados desde agosto en los departamentos de Amazonas, Guaviare y Arauca. Según se conoció, varios de estos adolescentes no superaban los 15 años.

Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y recordó que “ningún niño, niña o adolescente reclutado debe ser afectado por operaciones militares”. La declaración fue emitida tras un operativo reciente en Guaviare contra disidencias de las FARC, en el que murieron 7 menores.

Por su parte, Petro ha reiterado que las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares bajo su gobierno se ajustan al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el trato "al menos combatiente". Sin embargo, cuestionó el pedido de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien solicitó la suspensión de bombardeos sobre objetivos donde pueda haber niños presentes.

El mandatario colombiano aseguró que no tenía conocimiento previo de la presencia de niños o adolescentes en los lugares bombardeados y expresó su pesar públicamente:  "Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia", afirmó.

Nuevos acuerdos entre Colombia y las FARC 

El último viernes, el Gobierno colombiano y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una de las facciones disidentes de las FARC, pactaron 6 acuerdos. Uno de los más importantes es la promesa por parte de ese grupo armado de no reclutar a menores de 18 años en sus filas. En respuesta, el Ejecutivo se comprometió a fortalecer los programas integrales de protección para la infancia y adolescencia, especialmente en zonas de conflicto. También se establecieron acciones conjuntas para facilitar el acceso a tierras y frenar la deforestación.

A tres años de haber puesto en marcha la política de 'Paz Total', ningún grupo armado ha concretado su desmovilización. Pese a ello, el Gobierno mantiene conversaciones con los Comuneros del Sur y con dos estructuras disidentes de las FARC: el propio EMBF y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Sin embargo, el diálogo con el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más fuerte y numerosa, se dio por terminado luego de una serie de ataques violentos perpetrados en el suroccidente del país.