Retroceso del 20,3% en obra pública marca un 2026 incierto para el sector construcción

El 2026 comienza con señales claras de desaceleración en la inversión pública, pese al destacado desempeño que la construcción registró en 2025, donde solo en diciembre de ese año, el sector creció 12%, triplicando la expansión del PBI nacional y alcanzando su mejor resultado desde 2013. 

Si bien la construcción fue el único sector de la economía que registró un crecimiento de dos dígitos en 2025, en enero de 2026 el avance de la obra pública retrocedió un 20,3%, su peor resultado desde febrero de 2022, manifestó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

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A este panorama se suma un incremento visto en los últimos tres meses del 2025, donde el número de obras paralizadas aumentó en 9,1%

Estas cifras responden principalmente a la contracción del Gobierno Nacional, cuya ejecución cayó un 40%, es decir, se redujo de manera muy significativa en gasto, en obras y proyectos públicos. En términos prácticos, esta caída refleja una fuerte desaceleración en la capacidad del Gobierno para iniciar, continuar o culminar inversiones. Esta caída acentúa los retrasos, disminuye el ritmo de inversión y termina repercutiendo en el conjunto de actividades vinculadas a la construcción.

Mientras tanto, los gobiernos regionales y municipales mostraron un comportamiento opuesto: la inversión regional aumentó 28,7%, y la municipal, 5,2%, comparado con el mismo mes del año anterior. 

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Para Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, el avance monetario de la obra pública no debe confundirse con eficiencia, pues, la Contraloría reveló que a diciembre del 2025, se tiene un total de 2.416 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con un importe de inversión ascendente S/ 67.139 millones, equivalente a más de lo que el Estado ejecuta en un año en infraestructura. 

Por otra parte, la situación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) refuerza esta preocupación, ya que, en enero, la entidad ejecutó más del 26% de su presupuesto anual, lo que significa que utilizó en un solo mes la cuarta parte de los recursos previstos para todo el 2026. 

“Más que una extraordinaria eficiencia, lo que está mostrando es que el presupuesto de este año es claramente insuficiente para lo que puede desarrollar esta entidad”, expresó Valdivia. De mantenerse la tendencia, ANIN podría agotar sus recursos hacia mayo, quedando imposibilitada de continuar proyectos prioritarios para el resto del año. 

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Gobierno Nacional es el que acumula la mayor inversión detenida 

El problema no se limita a una sola entidad, ya que, según análisis de Capeco, las municipalidades concentran 1.693 obras paralizadas, equivalentes al 70% del total, pues, aunque el Gobierno Nacional es el que acumula la mayor inversión detenida, la mayor cantidad de proyectos paralizados se encuentra en manos de los gobiernos locales. 

“Ninguno de los tres niveles de gobierno funciona bien, y esto tiene que ver con la poca capacidad que tienen las oficinas de ingeniería de los gobiernos regionales y locales”, afirmó Valdivia. 

Otro factor que agrava la situación es la modalidad de administración directa, en la que municipalidades y gobiernos regionales ejecutan obras con sus propios recursos y equipos. Cerca de la mitad de las 1.171 obras paralizadas corresponde a proyectos realizados bajo este esquema, que ha mostrado ser ineficiente y con pocos mecanismos de control y supervisión. Para los especialistas, la evidencia acumulada confirma que la administración directa no funciona adecuadamente y se ha convertido en uno de los principales focos de riesgo para la inversión pública. 

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Este año se perfila complejo para la inversión pública

Aunque la construcción cerró 2025 con un desempeño excepcional, el 2026 se perfila como un año complejo para la inversión pública, pues los problemas estructurales en la gestión de proyectos amenazan con frenar el crecimiento que el sector había recuperado. 

La preocupación no es solo económica, sino también institucional. La desaceleración revela un Estado cuya capacidad para ejecutar y sostener proyectos estratégicos continúa siendo limitada, desigual y vulnerable frente a tensiones presupuestales. 

Esta debilidad, sin duda, tiene consecuencias directas para la población, especialmente en un contexto en el que el país se prepara para la eventual llegada de un nuevo episodio de El Niño Costero, donde la falta de obras preventivas y de una gestión de infraestructura eficiente incrementaría el riesgo de repetir crisis como las de 2017 y 2023. 

Emergencia por intensas lluvias pudo mitigarse con planificación territorial 

En esa línea, el presidente del Capeco Arequipa, Julio Cáceres, advirtió que la emergencia provocada por intensas lluvias, huaicos y deslizamientos en la región pudo mitigarse con prevención y planificación territorial adecuada.  

El desastre deja siete fallecidos y más de 4.200 personas afectadas, además de 1.299 viviendas inundadas, 44 inhabitables y más de 670 con daños graves o colapso parcial, así como 56 kilómetros de vías vecinales severamente dañadas en provincias como Vítor, Caylloma y Castilla, manifestó Cáceres.

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De acuerdo con su análisis, una de las principales fuentes de fricción radica en la falta de capacidad técnica para ejecutar recursos destinados a la prevención y atención de desastres. Señala que, contrario a lo que se percibe, el problema no es de falta de fondos, sino de incapacidad para utilizarlos y de la limitada voluntad política para priorizar la gestión del riesgo. 

Asimismo, identifica factores estructurales como el desorden urbano y la vulnerabilidad territorial. A su vez, Capeco sostiene que las inundaciones en Arequipa responden más a problemas de ingeniería y planificación, agravados por un crecimiento urbano acelerado sobre terrenos agrícolas, cauces naturales y quebradas. 

Sector constructor en riesgo ante lluvias

Valdivia también advirtió que, de persistir las lluvias, uno de los principales problemas que enfrentará el sector construcción será la interrupción de los flujos en la cadena de abastecimiento. Esto se debe a que muchas obras se ejecutan a campo abierto (como pistas, trabajos de saneamiento y otras infraestructuras expuestas), lo que obliga a paralizar actividades ante precipitaciones como las que se vienen registrando.

En el caso de edificaciones, algunas podrían continuar únicamente si se encuentran en una fase avanzada. Sin embargo, el impacto inmediato sería la reducción del ritmo de construcción, lo que repercute directamente en los niveles de producción. Por ello, subrayó que recuperar la cadena de suministros es clave. Mientras continúen las lluvias, el avance de las obras será limitado.