TC admite a trámite demanda contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú
El Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia relacionado con Petroperú. Este decreto prevé medidas extraordinarias para la reorganización de la empresa, generando controversia sobre su posible privatización.
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El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Esta norma establece “medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción”, lo que ha sido interpretado como una posible vía hacia su desmembramiento y eventual privatización.
En su resolución, el Tribunal señala que la demanda cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión, entre ellos la legitimidad del demandante y el cumplimiento del plazo legal desde la publicación del decreto cuestionado.
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Asimismo, el TC dispuso no notificar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al precisar que el Poder Ejecutivo estará representado en este proceso por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, entidad que deberá presentar su contestación dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.
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Demanda ante el TC por vicios de inconstitucionalidad
Cabe recordar que esta demanda, registrada en el Expediente N.° 00003-2026-AI, fue presentada tras una serie de gestiones impulsadas por el Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau (SUTPEDARG).
Según informó el gremio, la acción constitucional es resultado del trabajo sostenido ante la Defensoría del Pueblo, donde se expusieron presuntos vicios de inconstitucionalidad del decreto emitido por el Ejecutivo.
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Por su parte, la Defensoría señaló que consideran que “el Decreto Urgencia n° 010-2025 es incompatible con el artículo 60° de la Constitución Política del Perú, al ser Petroperú una empresa subsidiaria reconocida por la misma Carta Magna, y ratificada por la Ley n° 28244, ley que excluye a Petroperú S.A. de las modalidades de promoción a la inversión privada en empresas del Estado previstas en los incisos a) y d) del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 674”.
Según el documento, toda reforma estructural, reorganización integral o modificación del régimen jurídico de Petroperú solo puede realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso, en el marco del debate parlamentario y la seguridad jurídica.
Asimismo, la institución ya había advertido que “determinadas disposiciones del referido Decreto de Urgencia podrían configurar mecanismos que, de manera indirecta o encubierta, orienten la transferencia de control operativo o económico de la empresa hacia actores privados, sin que exista una habilitación legal expresa ni un debate público y parlamentario previo, lo que hace imprescindible un control constitucional estricto”.
Especialistas advierten
El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que controla la Junta General de Accionistas de la petrolera estatal, por el desabastecimiento y alza de precios de los carburantes. "Mientras el MEF y ProInversión juegan a ser reestructuradores, iban camino a paralizar la empresa", señaló.
Por otra parte, el economista y experto en hidrocarburos, Jorge Manco Zaconetti, manifestó que todo pareciera que detrás de este decreto de urgencia existen lobbies (grupos de presión) para privatizar los diversos activos estratégicos que son productivos. "Me estoy refiriendo a la refinería de Talara, a los terminales de hidrocaburos del Callao, donde está Aenza (ex Graña y Montero), las plantas de venta del sur que se conectan con las grandes mineras. Desde ese punto de vista, una empresa tan importante como Petroperú no puede ser privatizada así al caballazo", enfatizó.
