Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 13 de septiembre

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El objetivo se plantea sobre una recaudación que viene mostrando una evolución favorable durante 2026. Entre enero y agosto, los ingresos tributarios del Gobierno Central sumaron S/138.484 millones, un crecimiento real de 14,1% respecto del mismo periodo del año pasado. Solo en agosto ingresaron S/18.179 millones, 17,3% más que en igual mes de 2025. Con ello, la recaudación acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.

Pero el aumento de este año no responde únicamente a una mayor eficiencia de la administración tributaria. La propia SUNAT identifica factores económicos que han favorecido los ingresos: el crecimiento de la actividad y de la demanda interna, un incremento de 20,2% de las importaciones en agosto y los mayores precios internacionales del cobre, oro y zinc. Estos elementos amplían las bases sobre las que se calculan impuestos como el IGV y el Impuesto a la Renta.

El punto de partida para los S/214.000 millones

El comportamiento de los principales tributos ayuda a explicar la situación. En agosto, el IGV recaudó S/9.564 millones, 13,7% más que un año antes. El componente vinculado a las importaciones aumentó 19,8%, mientras que el IGV interno creció 9,2%.

El Impuesto a la Renta, por su parte, alcanzó S/6.980 millones y aumentó 11,4%. Dentro de este resultado destacó el incremento de los pagos a cuenta de las rentas empresariales de tercera categoría del Régimen General y del Régimen Mype Tributario, que crecieron 43,5%.

La comparación, sin embargo, tiene un elemento que debe considerarse. En agosto de 2025 se registraron pagos extraordinarios por más de S/1.600 millones asociados al Impuesto a la Renta de sujetos no domiciliados y multas producto de acciones de control. Por ello, parte del crecimiento de este año se observa frente a una base de comparación que ya había sido elevada.

El escenario también estuvo favorecido por el comercio exterior. Los tributos aduaneros llegaron a S/4.873 millones en agosto, un incremento real de 18,8%. Esto muestra que una parte importante del aumento de los ingresos está vinculada con la actividad económica y no exclusivamente con nuevas medidas tributarias.

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SUNAT apunta a cerrar brechas de incumplimiento

El reto para 2027 será mantener ese ritmo cuando las condiciones económicas pueden ser diferentes. Por ello, la administración tributaria plantea concentrar sus acciones de fiscalización en actividades donde identifica mayores niveles de incumplimiento y un impacto fiscal relevante.

Entre los sectores mencionados por SUNAT están la minería, la enajenación de acciones y los contratos asociativos. La estrategia contempla utilizar la información disponible sobre las operaciones de los contribuyentes para seleccionar los casos que requieren mayor control.

La digitalización adquiere importancia precisamente por la cantidad de información que ya genera el sistema tributario. SUNAT informó que el 97% de las ventas se registra mediante comprobantes de pago electrónicos y que una proporción similar de las declaraciones tributarias se presenta de manera virtual. Además, el 98% de los nuevos inscritos al RUC utiliza el mecanismo digital de inscripción.

Esto permite que la administración tributaria tenga más elementos para contrastar lo declarado por un contribuyente con las operaciones que registra. El desafío será convertir esa información en una reducción efectiva del incumplimiento y no solamente en una mayor capacidad de procesamiento de datos.

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Una meta que debe financiar el presupuesto

Los más de S/214.000 millones proyectados por SUNAT forman parte del escenario de ingresos con el que se sostiene el Presupuesto Público 2027, cuyo monto total asciende a S/266.506 millones. El proyecto contempla S/178.142 millones de gasto corriente, S/57.143 millones de gasto de capital y S/31.221 millones destinados al servicio de la deuda.

La diferencia entre la meta tributaria y el presupuesto total también permite dimensionar su importancia: los ingresos administrados por SUNAT constituyen una de las principales fuentes para financiar el gasto público, pero alcanzar la proyección dependerá de que el crecimiento observado en 2026 pueda sostenerse y de que las acciones contra el incumplimiento logren generar ingresos adicionales.

Por ahora, el resultado de agosto muestra una base favorable. Sin embargo, los S/13.500 millones adicionales que se esperan para 2027 no están garantizados por el crecimiento registrado este año: deberán sostenerse la actividad económica, los ingresos empresariales y el consumo, además de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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El cambio no es menor para la actividad económica. Menos desplazamientos significan menos oportunidades de consumo para restaurantes, comercios y otros negocios que dependen del tránsito de personas. Al mismo tiempo, una parte de la población está asumiendo un costo adicional para reducir su exposición al delito, principalmente al reemplazar el transporte público por taxis o aplicativos.

A nivel nacional, 43% de los encuestados procura no salir de su casa o barrio desde las 8 p. m. o incluso antes, mientras que otro 42% fija ese límite desde las 10 p. m. En Lima, el comportamiento es todavía más restrictivo: 90% evita salir a partir de alguna hora y 49% deja de hacerlo desde las 10 p. m.

El estudio fue realizado entre el 20 y el 23 de agosto a 1.217 personas a nivel urbano-rural. De acuerdo con sus resultados, las restricciones nocturnas alcanzan a alrededor de 22 millones de peruanos.

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El costo de sentirse seguro

La inseguridad también está modificando la forma en que las personas se movilizan. El 26% de los usuarios del transporte público señala que dejó de llevar objetos de valor o efectivo, mientras que 24% procura viajar acompañado. Otro 16% ha optado por utilizar taxi o aplicativos en algunos desplazamientos, aunque ello implique pagar más.

Ese último grupo equivale a poco más de 4,17 millones de personas. Además, 16% dejó de utilizar el transporte público durante la noche y 4% abandonó completamente este medio.

El efecto tampoco es igual entre los hogares. El porcentaje de personas que sale menos llega a 47% en el NSE B, pero sube a 59% en el C y a 65% en el D. En el transporte ocurre algo similar: los sectores de mayores ingresos tienen mayor posibilidad de sustituir un viaje en bus por un taxi o aplicativo, mientras que en los NSE D y E adquiere mayor importancia viajar acompañado.

Así, el temor al delito no representa el mismo costo para todos. Para algunos hogares supone pagar más por movilizarse; para otros, reducir desplazamientos o modificar horarios.

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El impacto alcanza también a los negocios. Según el mismo estudio, la proporción de empresas que identifica un efecto negativo de la inseguridad pasó de 32% en 2025 a 45% en 2026. En el NSE C, el indicador aumentó de 42% a 56%.

La relación entre inseguridad y actividad económica no se limita, por tanto, a las pérdidas provocadas directamente por robos, extorsiones u otros delitos. También aparece en la reducción de clientes, en los cambios de horario y en el mayor gasto que realizan los consumidores para disminuir el riesgo.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe, resume el cambio de comportamiento observado en la encuesta:

“La inseguridad dejó de ser una percepción para convertirse en el organizador de la vida cotidiana de los peruanos. Cuando 22 millones de personas dejan de salir de noche, estamos ante una pérdida de calidad de vida que no aparece en las cifras oficiales, pero que es igual de real”.

El resultado se conoce, además, en un momento en que la seguridad continúa ocupando un lugar central en la agenda pública. El INEI publicó el 3 de septiembre su más reciente informe de Estadísticas de Seguridad Ciudadana, correspondiente al semestre móvil febrero-julio de 2026.

La mayoría no espera que el problema mejore

La percepción sobre los próximos meses tampoco apunta a una recuperación rápida. El 66% de los encuestados considera que la delincuencia seguirá igual o empeorará durante los próximos 12 meses. El 35% cree que la situación permanecerá sin cambios y 31% anticipa un deterioro.

Solo 27% espera una mejora. La diferencia territorial también resulta significativa. En Lima, 31% considera que la delincuencia mejorará, mientras que en el interior del país las expectativas son menos favorables. El sur concentra la mayor proporción de personas que prevé un empeoramiento.

Las respuestas sobre las medidas que deberían adoptarse se encuentran divididas. El 35% prioriza unidades policiales especializadas en extorsión con mayor capacidad de inteligencia e investigación; 33% plantea aumentar las penas para extorsionadores y sicarios, mientras que 31% menciona recuperar el control de los penales o incrementar el número de policías en las calles.

El escenario se desarrolla mientras el Ejecutivo mantiene medidas extraordinarias en Lima y el Callao. El 28 de agosto declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días, con acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente al avance de la criminalidad.

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Extorsión: más presencia territorial, pero pocos presos adicionales

Otro de los datos que permite dimensionar el problema aparece en la extorsión. El número de personas privadas de libertad por este delito pasó de 1.186 en diciembre de 2024 a 1.661 en junio de 2026. Son 475 internos adicionales en casi dos años.

Sin embargo, estos representan 1,6% de la población penitenciaria, el mismo porcentaje registrado en 2016. La diferencia está en el alcance del delito: según el estudio, hace una década la extorsión estaba concentrada en la costa norte, mientras que actualmente se registra en todas las regiones.

Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del informe, cuestionó la diferencia entre la expansión territorial del delito y el número de personas encarceladas por extorsión.

“Ese es el mejor indicador del fracaso frente al crimen organizado: las denuncias se disparan, el delito se expande a todo el país y los presos por extorsión apenas se mueven. Recién en junio volvimos a alcanzar el 1,6% de la población penal que ya teníamos en el 2016, con la diferencia de que entonces la extorsión solo ocurría en la costa norte y hoy ocurre en todo el país”, advirtió.

El reporte contabilizó además 1.866 eventos del Índice del Crimen y la Violencia entre enero y agosto de 2026. La Libertad, Ica y Piura concentraron las mayores cifras absolutas, mientras que Tumbes, Madre de Dios e Ica registraron las tasas más altas al considerar su población.

En Lima Metropolitana se contabilizaron 575 eventos y otros 149 en el Callao. El informe también registra 251 casos de violencia contra transportistas, además de 21 atentados con explosivos y 33 ráfagas de bala contra vehículos.

Más allá de estas cifras, el efecto económico de la inseguridad aparece en decisiones que ocurren todos los días: salir menos, dejar de utilizar determinados servicios, pagar más por un traslado o adelantar el regreso a casa. El resultado es que el delito no solo representa un riesgo para las personas y los negocios, sino que también está modificando la manera en que una parte importante de los peruanos consume y se moviliza.

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La fecha y las condiciones están contenidas en el Reglamento Operativo de Traslados, aprobado por la ONP. La norma desarrolla las reglas previstas en la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

¿Qué pasará con los aportes si una persona cambia de ONP a AFP?

Para quienes se encuentren en la ONP y decidan pasar al sistema privado, el reglamento establece que sus aportes realizados en el SNP serán reconocidos mediante Unidades de Aporte (UdA). La ONP deberá evaluar los aportes efectivos y emitir un Reporte Situacional del SNP (RESIT-SNP), que será remitido a la AFP correspondiente.

Además, los afiliados que pasen del SNP al SPP podrán solicitar un Bono de Reconocimiento (BdR) por los aportes realizados en la ONP, siempre que cumplan las condiciones establecidas en las normas que regulan este beneficio. La regulación también contempla una alternativa para determinados afiliados que cumplan los requisitos para acceder a una pensión garantizada.

Esto significa que los años de aportes realizados en la ONP no desaparecen simplemente por el cambio de régimen. No obstante, el reconocimiento no equivale a que todo ese dinero sea depositado de inmediato en una cuenta individual de AFP: el mecanismo previsto es el reconocimiento de las aportaciones y, cuando corresponda, el Bono de Reconocimiento.

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¿Y qué ocurre con el dinero de la AFP si el afiliado pasa a la ONP?

En el sentido contrario, el mecanismo es diferente. Si una persona afiliada a una AFP solicita su traslado al Sistema Nacional de Pensiones, la administradora deberá transferir el 100% del saldo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) correspondiente a los aportes obligatorios al Fondo Consolidado de Reservas (FCR) administrado por la ONP.

El reglamento también establece que la AFP debe entregar información sobre el historial de aportaciones, los aportes en cobranza, el saldo de la CIC y otros datos necesarios para que la ONP determine las Unidades de Aporte que serán reconocidas al afiliado.

Los aportes voluntarios con finalidad previsional tienen un tratamiento distinto. El reglamento señala que ese saldo no se transfiere inmediatamente al FCR, sino que permanece bajo las condiciones establecidas para su transferencia al momento de la jubilación.

Por ello, el cambio de régimen no debe entenderse como un retiro del dinero acumulado en una AFP ni como un depósito equivalente en una cuenta personal dentro de la ONP. Cada sistema reconoce los aportes bajo mecanismos diferentes.

¿Cada cuánto se podrá cambiar entre ONP y AFP?

El primer traslado podrá solicitarse en cualquier momento a partir del 1 de junio de 2027. Después de ese primer cambio, si el afiliado desea volver a trasladarse entre sistemas, deberá permanecer al menos 24 meses en el régimen al que se haya cambiado.

La regulación busca evitar que el afiliado pueda alternar entre la ONP y las AFP de manera continua en periodos muy cortos. La permanencia mínima será aplicable a los traslados posteriores, de acuerdo con las condiciones establecidas por el reglamento operativo.

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¿Quiénes no podrán cambiar de sistema?

La posibilidad de traslado no se aplicará a todas las personas. Los pensionistas de jubilación e invalidez, tanto de la ONP como del sistema privado, no podrán trasladarse entre regímenes.

La restricción responde a que se trata de personas que ya reciben una prestación previsional. Por ello, el nuevo mecanismo está dirigido principalmente a afiliados que todavía se encuentran en etapa de acumulación de aportes.

El trámite será mediante una plataforma digital

Las solicitudes se canalizarán mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), que concentrará la información necesaria para realizar el traslado entre ambos regímenes.

La plataforma permitirá consultar información vinculada con la situación previsional del afiliado y será utilizada para procesar los cambios entre el SNP y el SPP. El objetivo es que la decisión se tome con información sobre las condiciones y beneficios de cada sistema antes de concretar el traslado.

El proceso de asesoría, recepción y atención de solicitudes comenzará el 1 de junio de 2027. La SBS, además, emitirá normas complementarias para la implementación del mecanismo junto con la ONP.

Así, la principal novedad para los afiliados no es solo que podrán cambiar de sistema previsional, sino que la reforma establece cómo se reconocerán los aportes acumulados en cada régimen. Para quienes evalúen trasladarse, conocer ese tratamiento será clave para comparar las consecuencias de pasar de la ONP a una AFP o de una AFP a la ONP.

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La inseguridad no es un problema exclusivo de las bodegas. Un estudio de Ipsos para ComexPerú, denominado 'Empresas y Estado: diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento', señala que el 52% de las microempresas identifica la inseguridad como su principal obstáculo para crecer. El dato permite dimensionar el problema más allá de un solo tipo de negocio.

Para las bodegas, la exposición es particularmente relevante porque buena parte de su actividad se desarrolla directamente frente al público. La extorsión puede convertirse en un costo adicional para negocios que dependen de sus ventas diarias y que cuentan con menor margen financiero para absorber pérdidas.

Carla Campos, presidenta de Agremub, señaló que los negocios administrados por mujeres se encuentran entre los más afectados por este escenario, debido a que la actividad comercial constituye su fuente de ingresos y la de sus familias.

"Es un paso necesario, pero se requieren acciones concretas y rápidas para frenar esta ola de inseguridad", sostuvo Campos.

La declaración se produjo luego de la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031. El documento incluye como uno de sus lineamientos reducir la afectación de personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada.

El punto es relevante para las bodegas porque la política no se limita a la seguridad de las personas: incorpora expresamente a las unidades económicas entre las afectadas por la criminalidad. No obstante, se trata de un lineamiento de política pública y no de una medida que, por sí misma, garantice una reducción inmediata de las extorsiones.

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El crédito también condiciona la capacidad de resistir

La inseguridad encuentra a las bodegas con otra limitación: el acceso al financiamiento. Agremub señala que al menos el 88% de estos negocios no logra acceder a créditos bancarios.

Para un establecimiento pequeño, la falta de financiamiento formal puede dificultar la compra de mercadería, la reposición de productos o la atención de gastos extraordinarios. El problema adquiere mayor importancia cuando el negocio enfrenta simultáneamente menores ventas o mayores costos derivados de la inseguridad.

Campos planteó la creación de mecanismos de garantía que permitan ampliar el acceso de las bodegas al sistema financiero formal.

"Es urgente crear un mecanismo de garantías que rompa con ese círculo vicioso, que impulse su acceso al financiamiento formal", afirmó.

La propuesta corresponde al planteamiento del gremio y no constituye una medida aprobada. El dato del 88%, por su parte, proviene de Agremub, por lo que no debe confundirse con una estadística oficial del sistema financiero.

La combinación entre inseguridad y restricciones de financiamiento puede ser especialmente relevante para los negocios que operan con márgenes reducidos. Si una bodega pierde ingresos por una reducción de clientes o debe asumir gastos extraordinarios, su capacidad para sostener el negocio dependerá también de la liquidez disponible.

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El Niño añade otro riesgo para las bodegas

El escenario climático también cambió frente a los primeros meses del año. El ENFEN mantiene la condición de Alerta de El Niño Costero y, en su comunicado del 28 de agosto, señaló que existe una alta probabilidad de que el fenómeno persista hasta el verano de 2027. Para la región Niño 1+2, el organismo estima una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027 con una probabilidad de al menos 62%.

El pronóstico también contempla temperaturas muy por encima de lo normal en toda la costa durante setiembre-noviembre y una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo habitual en la costa norte. El ENFEN recomienda considerar estos escenarios para las acciones de reducción del riesgo y preparación ante la temporada de lluvias.

Para las bodegas, el impacto no necesariamente tendría que producirse dentro del establecimiento. Problemas en carreteras, interrupciones del transporte o dificultades para trasladar productos pueden afectar el abastecimiento y elevar los costos logísticos.

A ello podría sumarse una reducción de las ventas en zonas afectadas por inundaciones u otros eventos asociados al fenómeno. El efecto final, sin embargo, dependerá de la intensidad y localización de los impactos climáticos, por lo que no corresponde atribuir de antemano un número determinado de cierres exclusivamente al FEN.

Campos considera que el comercio minorista debería ser tomado en cuenta dentro de las medidas de prevención por su participación en el abastecimiento de los hogares.

"Las bodegas somos un eslabón clave en la cadena de abastecimiento. Si no se hace lo suficiente para mitigar el impacto que el FEN puede tener en nuestro sector, las consecuencias se van a ver directamente reflejadas en la economía del país", enfatizó.

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¿Qué hay detrás de la cifra de 6.000 cierres?

La proyección de entre 5.000 y 6.000 bodegas que dejarían de operar durante 2026 debe leerse como una estimación y no como un registro oficial de establecimientos cerrados. Tampoco permite determinar qué proporción de esos negocios cerraría exclusivamente por criminalidad, por factores climáticos o por problemas financieros.

El contraste con 2025 sí muestra la magnitud del cambio: si se concreta la proyección, los cierres prácticamente duplicarían los poco más de 3.000 registrados el año pasado, según las cifras citadas por Agremub.

Además, el impacto potencial del FEN no es un riesgo hipotético completamente desligado de la economía. El propio ENFEN advierte que los eventos de El Niño pueden generar lluvias intensas en determinadas zonas del país y afectar sectores socioeconómicos, mientras mantiene el monitoreo de sus consecuencias hidrológicas y sobre otras actividades productivas.

Por ahora, la información disponible permite identificar tres presiones sobre estos pequeños comercios: una criminalidad que ya es considerada una barrera para el crecimiento de las microempresas, dificultades de acceso al financiamiento formal y un escenario climático que podría complicar el transporte y el abastecimiento durante los próximos meses.

La cifra definitiva de cierres dependerá de cómo evolucionen esos factores y de la capacidad de los negocios para absorber sus efectos hasta el final del año.

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La observación se produjo durante la presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución, donde expuso los cambios que el Ejecutivo busca impulsar en materia económica. Entre sus propuestas figuran modificaciones al régimen tributario de las mypes, una mayor participación privada en proyectos públicos mediante ProInversión y mecanismos como Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos, además de una nueva forma de planificar el presupuesto público. El pedido de facultades también contempla medidas orientadas a facilitar el financiamiento de las mypes, entre ellas el fortalecimiento del factoring, aspecto que fue cuestionado durante el debate parlamentario.

El cuestionamiento al factoring y a las tasas de interés coloca el foco sobre uno de los componentes más sensibles del pedido de facultades: las modificaciones que podrían alterar las condiciones bajo las cuales empresas y ciudadanos acceden al financiamiento.

Cuestionan cambios en el mercado financiero

Pérez sostuvo que el fortalecimiento del factoring, planteado como una herramienta para facilitar el acceso al financiamiento de las mypes, podría terminar favoreciendo a las grandes empresas financieras. La diputada también cuestionó una eventual eliminación del tope a las tasas de interés por considerar que sus efectos no necesariamente beneficiarían a los pequeños negocios.

El factoring permite que una empresa adelante el cobro de sus facturas pendientes mediante una operación financiera. Para las mypes, este mecanismo puede convertirse en una fuente de liquidez cuando necesitan capital de trabajo y no cuentan con suficiente acceso al crédito tradicional.

No obstante, el cuestionamiento planteado en el Congreso apunta a quién capturaría los principales beneficios de una eventual expansión de este mercado. Desde Juntos por el Perú se advirtió que, si las nuevas reglas favorecen principalmente a intermediarios financieros de mayor tamaño, el resultado podría alejarse del objetivo de facilitar financiamiento para las pequeñas empresas.

El debate también alcanzó al límite establecido para las tasas de interés. César Holguín, de Ahora Nación, cuestionó la urgencia de eliminarlo y puso como argumento la concentración del sistema financiero. “¿Qué de urgente tiene en la economía del país eliminar el tope de la tasa de interés de un país con un oligopolio bancario?”, preguntó.

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La discusión sobre este punto todavía corresponde a una propuesta dentro del debate de las facultades y no a una medida aprobada. Por ello, sus efectos dependerían de la forma concreta en que el Ejecutivo plantee modificar las reglas y de los límites que finalmente establezca el Congreso en la delegación legislativa.

Cuba propone un nuevo régimen para las mypes

El debate sobre el financiamiento se vincula con otro de los principales cambios planteados por Cuba: la reforma del régimen tributario de las micro y pequeñas empresas.

El ministro propuso avanzar hacia un régimen único progresivo, con una carga tributaria que aumente gradualmente conforme crezca la empresa. El objetivo es modificar el esquema actual de regímenes diferenciados y reducir los incentivos que puedan llevar a los negocios a permanecer pequeños o fuera de la formalidad.

Cuba ya había planteado la necesidad de revisar el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER), creados hace décadas y que, según el Ejecutivo, requieren una actualización. La propuesta forma parte de las materias económicas para las que el Gobierno busca obtener facultades legislativas.

El cambio tendrá que precisar aspectos centrales como los niveles de ingresos que determinarán cada tramo, las obligaciones de las empresas y la forma en que la carga tributaria crecerá conforme aumente su capacidad económica. Por ello, una de las críticas formuladas durante la sesión fue precisamente la falta de detalle sobre algunas de las modificaciones que el Ejecutivo pretende realizar.

Roxana Rocha, de Renovación Popular, cuestionó la ausencia de mayor precisión sobre la modificación de las rentas. También preguntó qué política contempla el Gobierno respecto a la exoneración del impuesto a los ahorros, cuya vigencia culminaría a fin de año, y consultó qué medida se viene trabajando en materia laboral a través del Consejo Nacional de Trabajo.

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Inversión privada y Servicios por Impuestos

Otro de los ejes planteados por Cuba apunta a aumentar la participación privada en la ejecución de proyectos públicos. El ministro propuso fortalecer el papel de ProInversión y ampliar el uso de mecanismos como Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos.

La intención es aprovechar recursos y capacidad de ejecución del sector privado para atender determinadas brechas de infraestructura y servicios. Obras por Impuestos ya permite que empresas privadas financien y ejecuten proyectos públicos bajo un mecanismo de reconocimiento de la inversión realizada, mientras que Servicios por Impuestos amplía esta lógica hacia determinadas prestaciones.

La propuesta de Cuba busca que estas herramientas tengan un papel mayor dentro de la estrategia de inversión pública. El reto será determinar qué proyectos y servicios pueden ser atendidos mediante estos mecanismos y bajo qué condiciones se garantizará que las intervenciones respondan a las prioridades del Estado.

La participación privada no reemplazaría, por tanto, la responsabilidad del sector público de definir las necesidades que deben ser atendidas. La discusión estará en cómo combinar ambos mecanismos y evitar que la búsqueda de una ejecución más rápida termine desplazando criterios de prioridad pública.

Presupuesto con visión multianual

Cuba también planteó modificar la manera en que se formula el presupuesto público. Su propuesta consiste en avanzar hacia una planificación de arriba hacia abajo, con una perspectiva multianual y de largo plazo.

La idea es que primero se definan las prioridades generales del Estado y, a partir de ellas, se distribuya el espacio presupuestario entre las distintas entidades. Esto busca reducir una dinámica en la que cada institución plantea sus necesidades de gasto sin que necesariamente exista una priorización integral de los recursos disponibles.

Una planificación multianual permitiría, en principio, dar mayor continuidad a proyectos que requieren varios años para ejecutarse. No obstante, la modificación del proceso presupuestario no resolvería por sí sola los problemas de ejecución. La capacidad técnica de las entidades, la calidad de los proyectos y las dificultades contractuales seguirán influyendo en el resultado final de la inversión pública.

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Congreso cuestiona amplitud de las facultades

Más allá del contenido de las reformas, varios diputados cuestionaron el alcance de la delegación solicitada por el Ejecutivo.

Analí Márquez, de Juntos por el Perú, sostuvo que la amplitud del pedido de facultades resulta desmesurada y advirtió que podría vulnerar el artículo 104 de la Constitución, que establece las condiciones bajo las cuales el Congreso puede delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Graciela Chipana, también de Juntos por el Perú, coincidió con los parlamentarios que reclamaron mayor precisión sobre las medidas que el Gobierno pretende aprobar mediante decretos legislativos.

César Holguín, de Ahora Nación, consideró que el pedido, en términos generales, supone una concentración de poder y cuestionó que exista una “generalidad” que, a su juicio, no contribuiría a la gobernabilidad. También formuló observaciones sobre las materias de tributación y aduanas, además de cuestionar la ausencia de una corrección de las normas vinculadas con riesgo fiscal aprobadas durante el periodo anterior.

Frank Krklec, de Renovación Popular, recordó, por su parte, que la Cámara de Diputados puede interpelar y censurar a los ministros y que el Parlamento también tiene la posibilidad de modificar los decretos legislativos que emita el Ejecutivo dentro de las facultades delegadas.

Fernando García, de Buen Gobierno, llevó el debate hacia el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral al citar una declaración atribuida a la senadora Martha Chávez: “cuando llegue al Senado simplemente no le harán caso a lo que vamos a aprobar”.

La sucesión de cuestionamientos evidencia que el debate no se limita a determinar si las propuestas económicas pueden ser convenientes, sino también a establecer qué materias concretas podrá modificar el Ejecutivo y con qué límites.

La presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución ocurrió mientras la Comisión de Economía tenía prevista su participación para revisar el pedido de facultades. El ministro no acudió a esa sesión porque debía sustentar el pedido ante Constitución. La Comisión de Economía acordó posteriormente debatir y votar su informe técnico sobre las facultades el 14 de setiembre.

El Ejecutivo busca una delegación legislativa por 120 días para intervenir en materias que incluyen mypes, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa. Hasta que el Congreso determine el alcance de esa delegación, las modificaciones —incluidas las relacionadas con factoring, tasas de interés, tributación de las mypes, inversión privada y presupuesto— permanecen como propuestas y no constituyen cambios normativos vigentes.

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Zegarra explicó a La República que el incremento no se está produciendo de manera generalizada en todos los alimentos, sino que se concentra principalmente en cinco o seis productos. La referencia que tomó corresponde al mercado mayorista, uno de los principales puntos de ingreso de hortalizas y tubérculos hacia Lima, por lo que el comportamiento de estos precios puede terminar trasladándose a los mercados minoristas de la capital.

“Sobre todo en las últimas dos semanas ha habido un incremento importante de los precios de algunos productos, no de todos”, señaló.

Transporte y carreteras presionan los precios

Uno de los factores que el economista identifica detrás de la situación es el encarecimiento del transporte. El incremento del precio del diésel eleva los costos de trasladar los productos desde las zonas productoras hacia Lima, pero también aumenta el riesgo que enfrentan los transportistas cuando existen interrupciones en las carreteras.

“Yo estoy pensando que sí hay un problema con el transporte, hay un encarecimiento sustancial del transporte a raíz del incremento del diésel y eso lleva a que los transportistas estén dejando de recoger productos dado el alto costo”, explicó Zegarra.

Zegarra afirma que algunos transportistas estarían dejando de recoger productos debido a los mayores costos y al riesgo de quedar bloqueados en las vías. Este problema adquiere mayor relevancia en el caso de los alimentos perecibles, debido a que una interrupción durante el traslado puede generar pérdidas.

A ello se han sumado problemas específicos en las vías de comunicación. El economista mencionó, por ejemplo, el bloqueo registrado en la Panamericana Sur y problemas en zonas del norte del país. En su evaluación, estos factores tendrían actualmente un peso mayor sobre el incremento específico observado en Lima que los efectos del fenómeno El Niño.

La situación tampoco se limita a la capital. Zegarra señaló que en la selva se viene observando un encarecimiento relacionado con los costos del transporte fluvial y terrestre para llevar alimentos hasta ciudades como Pucallpa e Iquitos.

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El Niño todavía no sería el principal factor

El escenario climático agrega otra fuente de incertidumbre, aunque Zegarra considera que sus efectos sobre esta subida puntual de precios todavía no serían los principales.

El economista explicó que el fenómeno El Niño está comenzando a manifestarse mediante incrementos de temperatura y que estos cambios podrían afectar determinados cultivos. No obstante, los efectos sobre la producción agrícola suelen producirse con mayor lentitud y podrían observarse con más claridad en los próximos meses y, especialmente, durante la siguiente campaña agrícola.

En el caso del tomate, por ejemplo, Zegarra señaló que el incremento de las temperaturas podría haber afectado su producción, aunque precisó que podrían existir otros motivos. Por ello, considera que para explicar la subida registrada actualmente deben tenerse más en cuenta factores como el transporte, las carreteras y algunos problemas asociados a las lluvias.

La evolución de los próximos días será clave para determinar si las cotizaciones de estos productos vuelven a bajar o si la tendencia alcista comienza a extenderse a más alimentos.

Trigo, maíz y soya abren otro frente

A la situación interna se suma un segundo riesgo que no depende exclusivamente de la producción peruana. Zegarra advirtió sobre el comportamiento de los precios internacionales de commodities como trigo, maíz y soya, productos de los que el Perú depende en gran medida mediante importaciones.

Estos insumos tienen un peso importante en la industria alimentaria y en actividades como la producción de pollo y carne de cerdo. Por ello, un incremento sostenido de sus precios internacionales podría terminar trasladándose a distintos productos que consumen los hogares peruanos.

“El Perú es totalmente dependiente de la importación de estos productos que sustentan básicamente la producción de la industria de alimentos y también del pollo, la industria agrícola y la industria porcina”, señaló.

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El economista recordó como antecedente el periodo 2022-2023, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania provocó fuertes alteraciones en los mercados internacionales de alimentos. Según su referencia, durante ese periodo la inflación de alimentos en Perú llegó a promediar cerca de 18% anual.

Ahora, además del conflicto entre Rusia y Ucrania, Zegarra identifica presiones relacionadas con el encarecimiento de los fertilizantes y los derivados del petróleo, factores que pueden elevar tanto los costos de producción como los de transporte a escala internacional.

Uno de los puntos que más preocupa es el trigo. El economista señaló que se están presentando problemas con las exportaciones provenientes de Rusia y Ucrania y advirtió que el actual aumento de los precios internacionales estaría todavía en una etapa inicial.

Esto no significa que el trigo ya esté registrando en Lima un incremento equivalente al observado en el tomate. El riesgo está en que una subida internacional prolongada termine elevando los costos de productos que dependen de este insumo.

Una doble presión sobre los alimentos

Para Zegarra, el escenario actual combina dos problemas diferentes. Por un lado, existe una presión interna vinculada al transporte, las carreteras, el clima y el traslado de productos perecibles hacia las ciudades. Por otro, existe una presión externa relacionada con los commodities agrícolas, los combustibles y los fertilizantes.

“Se están gestando dos crisis de alimentos graves, una interna y otra externa”, advirtió.

La preocupación es que ambos factores puedan coincidir. Una mayor dificultad para trasladar alimentos dentro del país podría presionar los precios de productos frescos en Lima, mientras que un encarecimiento internacional de trigo, maíz y soya podría trasladarse posteriormente a alimentos procesados y productos de consumo masivo.

El antecedente de 2022-2023 adquiere relevancia precisamente por el impacto que tuvo sobre el poder adquisitivo de los hogares. Zegarra recordó que aquella subida de los alimentos ocurrió en un periodo en el que las remuneraciones no crecieron al mismo ritmo.

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¿Alerta temprana para evitar desabastecimiento?

Frente a este escenario, Zegarra plantea la creación de una autoridad nacional de seguridad alimentaria que permita coordinar la respuesta ante problemas de abastecimiento y precios.

“Lo primero es que tiene que montar un sistema de alerta temprana. Cuando por la ocurrencia de fenómenos como este tenemos que tener capacidad de reaccionar a tiempo para evitar desabastecimiento, incremento extremo en los precios”, sostuvo.

Su primera función, según explicó, debería ser establecer un sistema de alerta temprana que permita identificar con anticipación riesgos de desabastecimiento o aumentos extremos de precios.

También considera necesario contar con un mapa de los principales problemas que pueden afectar el traslado y almacenamiento de alimentos, de modo que las autoridades puedan reaccionar ante interrupciones en el transporte, dificultades de almacenamiento o problemas de movilización.

La propuesta parte de una constatación: las grandes ciudades dependen del ingreso constante de alimentos provenientes de otras zonas del país y del exterior. Por ello, una interrupción prolongada en las rutas de abastecimiento puede tener efectos que vayan más allá de un producto específico.

El comportamiento de los precios mayoristas durante las próximas semanas permitirá determinar si las alzas observadas en productos como el tomate, choclo, ají, arveja y zapallo son episodios puntuales o el inicio de una presión más amplia sobre la canasta alimentaria. A ese seguimiento interno se suma ahora la evolución de los mercados internacionales de trigo, maíz y soya, que podría convertirse en un nuevo factor de presión para los consumidores peruanos.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 12 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

"COFOPRI tiene la misión de acercarse a las familias que llevan muchos años esperando una formalización de su propiedad más eficaz y oportuna. Son muchas las que necesitan atención y, para llegar a ellas, necesitamos mejorar algunas normas, simplificar los procesos y reducir plazos y etapas", señaló Cecilia Castro Torres, directora ejecutiva de COFOPRI.

La titular de Cofopri informó que los títulos inscritos a favor de las familias de Ayacucho beneficiarán a más de 4.500 personas y comprenden 982 títulos para viviendas y 162 predios destinados a equipamiento urbano y servicios públicos.

Del paquete de equipamiento urbano, 21 títulos corresponden al sector Educación. Diez están vinculados a instituciones educativas ya construidas que recibirán respaldo legal definitivo y otros 11 corresponden a terrenos destinados a la ampliación o desarrollo de nueva infraestructura escolar.

En Salud, COFOPRI formalizó seis predios ubicados en cinco distritos de las provincias de La Mar, Huanta, Huanca Sancos y Parinacochas. Cuatro corresponden a establecimientos que ya están construidos y dos son terrenos destinados a futuros proyectos de ampliación o nueva infraestructura.

La intervención también alcanza a la seguridad ciudadana. Un terreno ubicado en el distrito de Sancos, provincia de Huanca Sancos, está destinado a favor del sector Interior, generando las condiciones legales para el desarrollo de futura infraestructura policial o de control en la zona.