El resultado estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de los alimentos, aunque el transporte también presionó el presupuesto de los hogares debido al aumento de los combustibles y las tarifas de algunos servicios.

En el décimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57%, con lo que acumuló una variación de 4,88% entre enero y octubre. La cifra anual se ubicó por encima del 4,2% que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyectó para la inflación al cierre de 2026.

Alimentos concentraron más de dos tercios del alza de octubre

El encarecimiento de los alimentos concentró el 68% del aumento mensual de la inflación en Lima. Entre los productos que más presionaron el indicador destacó el bonito, cuyo precio subió 26,9%, mientras que el choclo registró el mayor incremento porcentual, con un alza de 45,29%.

También se encarecieron con fuerza la zanahoria y la arveja verde, en tanto que los pescados acumularon un aumento de 11,7% durante octubre.

En el caso de los productos hidrobiológicos, el INEI atribuyó la menor oferta a los oleajes anómalos en el litoral y al calentamiento del mar. Para el choclo, en cambio, incidió el mayor costo de los fertilizantes.

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Estas presiones contrastaron con las caídas de precios de los huevos, el pollo, el tomate y la papaya, que no fueron suficientes para compensar el encarecimiento de los alimentos con mayor incidencia en el índice.

El ENFEN ratificó el estado de alerta de El Niño Costero y estimó que el fenómeno se extenderá hasta mediados del otoño de 2027. Además, advirtió que el periodo comprendido entre setiembre de 2026 y enero de 2027 concentra la mayor probabilidad de que alcance una magnitud extraordinaria.

Entre enero y octubre, los precios de los pescados y mariscos acumularon un alza de 29,58% en Lima Metropolitana, mientras que las hortalizas, legumbres y tubérculos subieron 23,84%.

Si las condiciones del mar y del clima continúan afectando la disponibilidad de estos productos, sus precios podrían seguir aumentando y reducir la capacidad de compra de los hogares en los próximos meses.

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El transporte acumula una subida de casi 16% en doce meses

Después de los alimentos, el transporte fue uno de los rubros que más contribuyó a la inflación de octubre. Los combustibles y lubricantes para vehículos acumulan un incremento de 45,21% en lo que va de 2026 y de 43,67% en doce meses, en un escenario de crudo elevado por la guerra en Medio Oriente.

Entre los principales incrementos figuraron el gas licuado de petróleo vehicular (GLP), con 5,8%, y el gasohol, con 3,8%, mientras que el diésel subió 1,7%. El INEI relacionó estas variaciones con el aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo, que también repercutió en otros componentes de la movilidad.

A ello se sumaron las tarifas de los pasajes aéreos internacionales, que aumentaron 4,4%, y los nacionales, con 3,7%; el transporte en ómnibus interprovincial subió 3,1%, mientras que el servicio de taxi avanzó 0,8%.

Con estos resultados, el transporte acumuló una inflación de 15,75% en los últimos doce meses, una presión que se refleja en los gastos cotidianos de quienes necesitan movilizarse dentro y fuera de la capital.

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Gas, electricidad y otros servicios también presionaron el gasto familiar

El encarecimiento también alcanzó otros gastos del hogar. La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 0,39% en octubre, impulsada por el gas doméstico, que aumentó 0,9%, y las tarifas eléctricas, que avanzaron 0,5% tras el ajuste aplicado el 4 de octubre.

A ello se sumó el alza de 0,22% en restaurantes y hoteles, cuyos precios acumularon un incremento de 4,49% en los últimos doce meses.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó 0,16% en octubre, muy por debajo del 0,57% del índice general. Esta brecha evidencia que el encarecimiento de los alimentos y los combustibles fue determinante en el resultado del mes y golpeó directamente gastos cotidianos de las familias.

En declaraciones a RPP, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, explicó que la magnitud de Talara exige un esquema que permita captar fuertes inversiones y contar con una gestión técnica especializada. Según adelantó, el plan específico para la refinería se presentará en enero de 2027.

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Sindicatos de Petroperú rechazan concesión de Talara

Frente a la propuesta de concesión, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestionó las condiciones bajo las cuales un operador privado asumiría la administración de Talara.

El gremio pide conocer cuánto invertiría la empresa, cómo recuperaría ese capital y qué garantías tendría el país sobre las tarifas, los márgenes, el abastecimiento y las decisiones operativas. También plantea quién asumiría los riesgos y quién recibiría los beneficios de la operación.

Para la organización, que la refinería siga siendo propiedad de Petroperú no garantiza que el Estado conserve el control efectivo sobre su funcionamiento. Además, sostiene que Talara no debe evaluarse únicamente por su rentabilidad o su aporte al pago de las deudas de la petrolera, sino también por su papel en el abastecimiento nacional de combustibles, la competencia y la seguridad energética.

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Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) sostuvo que entregar la administración de Talara a un operador privado sería una forma de privatización encubierta. La organización pide detener el proceso y cuestiona que ProInversión avance con la reorganización de los activos de Petroperú mientras sigue pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Decreto de Urgencia 010-2025.

Concesión de Talara: qué plantea ProInversión y qué falta definir

Del Carpio explicó que el modelo contempla la participación de un operador privado que aporte capital y asuma la gestión de la refinería, debido a la especialización técnica que requiere su funcionamiento. La meta planteada por ProInversión es que Talara opere adecuadamente y genere flujos de dinero que permitan atender primero las obligaciones financieras de Petroperú.

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El esquema también podría permitir que la empresa estatal participe en las ganancias que genere la operación, en una modalidad comparable a la de las concesiones de aeropuertos y puertos. Sin embargo, los términos concretos todavía están por definirse. Entre los puntos pendientes están las obligaciones del operador, las condiciones para recuperar la inversión y la distribución de los ingresos que produzca la refinería.

Ahí es justo donde se concentran buena parte de las dudas de los sindicatos. Fenpetrol pide que se conozcan las reglas del eventual acuerdo antes de que se tome cualquier decisión, porque, a su juicio, seguir siendo dueño de la refinería no basta si Petroperú pierde la capacidad real de intervenir en cómo se maneja.

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ProInversión alista otros activos de Petroperú para el mercado

Talara no es el único activo de Petroperú que ProInversión busca llevar al mercado. El plan también contempla la Refinería de Conchán, los terminales del sur y las operaciones en la selva, como parte de una reorganización más amplia de la petrolera estatal.

La agencia prevé presentar el modelo para Talara en enero de 2027. Después, los potenciales inversionistas deberán evaluar las condiciones técnicas, financieras, legales y operativas de la refinería antes de decidir si participan.

Los sindicatos exigen que el proceso se detenga hasta que se conozcan las condiciones del eventual contrato. Su principal preocupación es que Petroperú mantenga la propiedad de Talara, pero ceda a un privado las decisiones sobre su funcionamiento.

Con el nuevo procedimiento, la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) deberá revisar desde sus oficinas si los operadores cumplen con las condiciones exigidas antes de otorgarles el permiso.

El cambio fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 025-2026-EM, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma modifica el artículo 32 del Decreto Supremo N.° 018-2017-EM, que establece las reglas para obtener estas autorizaciones dentro del proceso de Formalización Minera Integral.

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La modificación se aprueba cuando faltan menos de dos meses para que venza el plazo vigente del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el decreto no amplía ese plazo ni cambia las condiciones que deben cumplir los mineros para obtener sus permisos.

Minem dispone que la formalización minera se verifique en gabinete antes de otorgar permisos

El nuevo texto del artículo 32 establece que la DGFM debe realizar una verificación en gabinete antes de emitir la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación y beneficio de minerales, así como el título de concesión de beneficio.

En términos sencillos, la disposición encarga a la Dirección General de Formalización Minera revisar desde sus oficinas que la actividad del minero informal se desarrolle conforme a lo establecido en el artículo 31 del mismo decreto. Este último contiene las condiciones que deben cumplirse para acceder a la autorización.

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Cabe recalcar que la modificación se limita a la revisión que debe realizar el Minem antes de otorgar los permisos. Las inspecciones en campo y otras acciones de fiscalización no son eliminadas por el decreto.

Autorizaciones para explotar minerales podrán ser declaradas nulas si no cumplen la verificación

Otro punto incorporado en el artículo 32 establece qué ocurrirá si se emiten autorizaciones sin cumplir con el procedimiento previsto. En esos casos, la autoridad competente deberá declarar su nulidad, de acuerdo con la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La disposición busca que la emisión de permisos respete la revisión previa que ahora corresponde a la DGFM. No se trata de una anulación general de las autorizaciones ya entregadas, sino de una consecuencia para aquellas que hayan sido emitidas sin observar lo establecido en el artículo modificado.

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A partir de este cambio, la revisión será obligatoria antes de emitir las autorizaciones de inicio o reinicio de operaciones y los títulos de concesión de beneficio.

Minem busca reducir tiempos y costos en los trámites de formalización minera

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo señala que la modificación apunta a simplificar el procedimiento, reducir los tiempos de evaluación y los costos asociados, sin comprometer el rigor técnico de las revisiones. El Minem sostiene que la medida permitirá mejorar la eficiencia en la emisión de estas autorizaciones.

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La Dirección General de Formalización Minera es el órgano del ministerio encargado de realizar los trámites y las acciones administrativas vinculadas con este proceso. La Ley N.° 32213 reconoce al Minem como ente rector de la pequeña minería y minería artesanal y le asigna a esta dirección las funciones relacionadas con su formalización.

La modificación se incorpora a un proceso de formalización cuyo plazo vigente para los inscritos en el Reinfo concluye el 31 de diciembre de 2026.

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El conflicto gira alrededor de los US$19,41 millones del Fideicomiso Pama. Su liberación es uno de los asuntos pendientes del proceso concursal, que comenzó en 2010 y todavía no consigue resolver el pago de las acreencias de aproximadamente 3.500 trabajadores.

Consultores A-1, que administró la liquidación entre enero de 2022 y diciembre de 2024, advierte que las acciones de DQM podrían comprometer la disponibilidad de ese dinero. Según la información de la anterior liquidadora, la compañía representa solo el 0,495355% de los créditos reconocidos por Indecopi.

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DQM busca cobrar US$14,5 millones mientras siguen pendientes las deudas laborales de Doe Run

La pretensión de DQM proviene de un arbitraje iniciado en 2015. La empresa busca cobrar US$14.543.544,12 por servicios de almacenamiento, amparada en un laudo emitido hace aproximadamente dos años. Adicionalmente, Indecopi le reconoció una acreencia concursal cercana a US$2,6 millones.

El reclamo ha generado reparos entre la representación de los trabajadores, debido a que todavía existen beneficios y obligaciones laborales pendientes de pago. El artículo 24 de la Constitución establece que las remuneraciones y los beneficios sociales tienen prioridad sobre otras obligaciones del empleador. Esta preferencia también está contemplada en el orden de prelación de créditos de la Ley General del Sistema Concursal.

Las observaciones de Indecopi también entraron en la disputa

Otro punto de fricción son los cuestionamientos a los gastos realizados durante la administración de Consultores A-1. DQM solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) adoptar acciones relacionadas con la resolución sancionadora que Indecopi emitió contra la anterior liquidadora.

Por su parte, Consultores A-1 presentó un recurso de reconsideración, que fue declarado fundado en parte el 12 de octubre de 2026. La empresa sostiene que aún puede apelar los extremos de la decisión con los que no está de acuerdo y cuestiona que estas observaciones se vinculen con la liberación del fideicomiso.

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Luis Cuadrado, representante de los créditos laborales y presidente encargado de la Junta de Acreedores, también comunicó al Minem que el procedimiento administrativo sigue pendiente de una decisión definitiva. Su posición es que los cuestionamientos a los gastos deben resolverse por la vía correspondiente, sin trasladar sus efectos a la disponibilidad de los fondos.

Asimismo, Consultores A-1 advierte que DQM podría promover una medida cautelar para inmovilizar los US$19,41 millones. Por ahora, no se ha acreditado que exista una orden judicial de ese tipo. De concretarse, sin embargo, la medida podría impedir temporalmente el uso de los recursos.

Doe Run: anterior liquidadora reporta venta de Cobriza y entrega de La Oroya a trabajadores

Consultores A-1 estuvo a cargo de la liquidación hasta diciembre de 2024. Durante su gestión, la Unidad Minera Cobriza fue adjudicada al Grupo Dyer Coriat por US$19,70 millones más IGV. También se entregó el Complejo Metalúrgico de La Oroya a 1.245 trabajadores como parte de pago de sus acreencias. El activo fue valorizado en S/124 millones.

A-1 reporta, además, la regularización registral de 1.045 viviendas que anteriores gestiones habían entregado a trabajadores para saldar parte de sus deudas laborales. Según su último balance, cerca de la mitad de los títulos ya estaba inscrita.

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Desde que dejó la liquidación, en diciembre de 2024, A-1 ya no participa en las decisiones del proceso. Esa responsabilidad recae ahora en el liquidador vigente, la Junta de Acreedores y las autoridades competentes. A la fecha, siguen pendientes tanto la controversia por el cobro de DQM como las observaciones administrativas a la gestión de la anterior liquidadora. También continúa sin liberarse el Fideicomiso Pama, que reúne US$19,41 millones.

La liquidación de Doe Run comenzó en 2010 y, más de 15 años después, alrededor de 3.500 trabajadores todavía esperan el pago de sus acreencias. La controversia por los US$14,54 millones que reclama DQM podría retrasar aún más la disponibilidad de los fondos y, con ello, la posibilidad de avanzar en el cumplimiento de esas obligaciones laborales.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), 7.530 familias necesitan acceder al Bono Familiar Habitacional durante el último trimestre de 2026 para concretar la adquisición y recibir las viviendas que ya habían comprado.

José Salardi, director ejecutivo de Codip, explicó a La República que al cierre de septiembre solo se habían desembolsado 8.366 bonos antes de que se agotaran los recursos. Para atender la demanda pendiente, el gremio estima que faltan unos S/379 millones. Salardi recordó que cerca del 40% de los desembolsos del año se hace entre octubre y diciembre, y que la demanda viene creciendo alrededor de 15% al año.

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El problema no afecta solo a quienes todavía buscan vivienda. Ana Cecilia Gálvez, gerente general de Codip, advirtió que hay compradores que ya hicieron todo lo que les pedían. Cumplieron los requisitos, pagaron la cuota inicial, tienen el crédito hipotecario aprobado y firmaron la minuta de compraventa. Aun así no pueden recibir las llaves, porque el Estado se quedó sin recursos para completar el subsidio.

"Esas familias ya tenían el bono aprobado, pero se acabó. (...) Tienen el crédito hipotecario aprobado por el banco, ya firmaron su minuta y no le van a entregar su casa", señaló.

Presupuesto de Techo Propio y Mivivienda acumula recortes desde 2025

La reducción prevista para 2027 no es un hecho aislado. Según cifras de Capeco, los recursos para subsidios habitacionales bajaron de S/1.500 millones en 2025 a S/1.200 millones en 2026, y el próximo año serían menos de S/600 millones.

A eso se suma cómo se repartiría el recorte. El proyecto de Presupuesto Público 2027 plantea reducir 53% los recursos de Techo Propio y 60% los de Mivivienda frente a 2026. En la práctica, ambos programas tendrán menos capacidad para financiar los beneficios que ayudan a las familias de menores ingresos a comprar una vivienda o acceder a un crédito.

Gálvez cuestionó que el financiamiento se recorte año tras año cuando el Gobierno debería ampliar la producción de vivienda formal. Recordó que durante la campaña y al inicio de su gestión, la presidenta ofreció construir 1 millón 252.000 viviendas. Para lograrlo en cinco años, el país tendría que producir unas 250.000 al año. Sin embargo, según las cifras recolectadas, la oferta formal actual ronda las 58.000 a 60.000 viviendas anuales.

El golpe también lo sienten las constructoras y los trabajadores de estos proyectos. Codip estima que frenar las entregas pendientes podría costarle S/584 millones a la cadena productiva.

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Fenómeno El Niño: menos vivienda formal y más exposición a zonas de riesgo

La preocupación por el financiamiento habitacional cobra otra dimensión ante el riesgo del Fenómeno de El Niño. Sin ese apoyo, muchas familias no solo se quedan sin la posibilidad de comprar una casa, sino que terminan en viviendas sin servicios básicos, sin permisos y sin condiciones de seguridad.

Para Gálvez, el peligro no está en las inmobiliarias formales, que sí llegan preparadas, sino en las casas levantadas sobre terrenos ocupados de manera informal. Muchas de ellas carecen de cimientos adecuados, drenaje e impermeabilización en los techos, y eso las deja muy expuestas a las lluvias intensas.

"No me preocuparía porque la vivienda formal esté preparada o no preparada, porque va a estar. Lo que me preocupa es la informal", afirmó.

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La ejecutiva explicó que una vivienda formal debe cumplir con el Código Nacional de Edificaciones, contar con servicios públicos y tener detrás al desarrollador, que responde por fallas estructurales y acabados. En las construcciones informales, en cambio, pueden faltar elementos básicos para resistir lluvias prolongadas, como canaletas o sistemas para evacuar el agua de los techos.

A eso se suma la falta de suelo urbano habilitado. Según Gálvez, el 93% del suelo que se genera en el país proviene de invasiones, terrenos que muchas veces no tienen agua, desagüe, pistas, veredas ni alumbrado y que no están listos para recibir proyectos formales.

El riesgo se concentra en el norte. La confederación estima que cerca del 65% de los bonos pendientes está en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote, ciudades expuestas a las lluvias e inundaciones que trae El Niño. Por eso el gremio advierte que menos subsidios pueden empujar a más familias hacia terrenos sin servicios o en zonas de riesgo, con un costo que terminarían pagando tanto los hogares como el Estado cuando llegue la emergencia.

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Codip plantea financiar los subsidios con una política habitacional de largo plazo

Frente a este escenario, Gálvez considera que el Gobierno debe dejar de tratar los subsidios habitacionales como un gasto anual y pasar a una política de inversión de largo plazo, con un presupuesto plurianual a diez años que evite depender de ampliaciones de último momento.

La representante de Codip sostuvo que el Estado podría recurrir al endeudamiento: la deuda pública peruana ronda el 34% del PBI y habría margen para elevarla y cerrar la brecha habitacional. "Desde el momento en que el Estado vea esto como una inversión, va a poder accionar un esquema de endeudamiento que permita generar un presupuesto a diez años", explicó.

Capeco añade que estos recursos retornan al Estado mediante impuestos y menores gastos en asentamientos informales, y pide aumentar el financiamiento e incluir fondos para reconstruir viviendas afectadas por El Niño.

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La discusión presupuestal para 2027 tendrá que considerar la distancia entre las metas anunciadas y la capacidad real de los programas. Según el Ministerio de Vivienda ante la Comisión de Presupuesto, se proyecta que 27.053 familias de los niveles C, D y E accedan a soluciones habitacionales urbanas con el Bono Familiar Habitacional, y que en 2027 se beneficie a 10.820 familias mediante Vivienda Nueva y Construcción en Sitio Propio.

Mientras tanto, las familias que ya comprometieron sus ahorros siguen pendientes de una ampliación presupuestal. Codip señaló que, hasta responder a este diario, no había recibido respuesta concreta del Ministerio de Vivienda ni del MEF.

Esta reducción de los recursos no solo pone en cuestión cuántos bonos podrán entregarse el próximo año. También deja abierta una pregunta sobre la capacidad del Estado para sostener una política de vivienda formal en un país donde la oferta todavía está lejos de cubrir las necesidades de la población.

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Durante 2025, los transportistas accedieron a montos reconocidos por S/74,05 millones por concepto de devolución del ISC, según los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Devolución del ISC: porcentaje baja de 8,42% en julio a 6,87% en setiembre

Mediante la Resolución de Superintendencia N.° 000207-2026/SUNAT, la entidad estableció los porcentajes de participación del ISC en el precio por galón de diésel B5 y B20. Para julio, el valor es de 8,42%; para agosto, de 7,12%; y para setiembre, de 6,87%.

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Estos porcentajes se utilizan para determinar el límite máximo de devolución. El beneficio equivale al 70% del ISC incorporado en el precio del combustible adquirido por los transportistas.

La medida comprende a las empresas autorizadas para prestar el servicio de transporte público terrestre de pasajeros en los ámbitos nacional, regional y provincial, así como el transporte público terrestre de carga. El combustible debe ser diésel B5 o B20 con un contenido de azufre no mayor a 50 partes por millón.

Transportistas deben presentar hasta tres tipos de documentos para solicitar el reembolso

Los transportistas pueden presentar el Formulario N.° 4949 o el Formulario Virtual N.° 1649, mediante SUNAT Operaciones en Línea o en los Centros de Servicios al Contribuyente. La solicitud debe estar acompañada de la información que sustenta las compras de combustible.

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Entre los documentos requeridos figuran las relaciones de comprobantes electrónicos y notas de crédito vinculadas a la adquisición de diésel. Para el transporte de carga también se solicita información de las guías de remisión y las placas de rodaje de los vehículos. En el transporte regular de pasajeros se requiere la relación de manifiestos correspondiente a los servicios prestados.

La información debe prepararse y validarse mediante el Programa Validador SUNAT (PVS). Los transportistas también deben contar con autorización vigente, vehículos que cumplan los límites de antigüedad establecidos y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente.

La SUNAT tiene un plazo de 90 días calendario para resolver las solicitudes. La devolución se realiza mediante Notas de Crédito Negociables u otro medio habilitado. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, según la Ley N.° 32540.

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