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El cambio contractual se produce en medio de los esfuerzos por reactivar uno de los principales yacimientos petroleros del país. El acuerdo entre Petroperú, Petroloreto y Perupetro establece las condiciones para desarrollar las operaciones durante los próximos 27 años, con un programa de trabajo que requiere una inversión mínima de US$230 millones.

La nueva distribución modifica nuevamente la estructura del contrato. El 17 de octubre, mediante el Decreto Supremo N.° 021-2026-EM, el Gobierno autorizó que Petroperú recuperara el 61% de participación que mantenía Altamesa Energy Perú. Con esa transferencia, la petrolera estatal volvió a concentrar la totalidad del contrato, luego de haber cedido la mayoría de su participación en 2024.

Sin embargo, la recuperación del control total duró menos de una semana antes de que se aprobara la incorporación de Petroloreto. La nueva modificación permite que la empresa privada asuma la mayoría de la participación y la responsabilidad de operar el lote, mientras Petroperú permanece como socio.

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Lote 192 requiere al menos US$230 millones para reactivar sus operaciones

El programa de trabajo contempla la rehabilitación de instalaciones, la reactivación de pozos existentes y la perforación de nuevos pozos de desarrollo y exploración. Estas labores forman parte de las acciones necesarias para retomar gradualmente las operaciones petroleras.

La inversión mínima prevista asciende a US$230 millones, según informó Perupetro tras la suscripción de la modificación contractual.

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La puesta en marcha dependerá de la ejecución de los trabajos técnicos y de la recuperación de la infraestructura necesaria para producir crudo. Por ello, el principal desafío de la nueva asociación será convertir el cambio contractual en avances operativos concretos.

Perupetro señaló que su participación en el proceso comprendió la calificación del socio propuesto por Petroperú. La evaluación incluyó documentación financiera auditada y otros requisitos establecidos en la normativa para verificar la capacidad económica, financiera, técnica y legal de la empresa.

La selección, negociación y propuesta del socio estratégico correspondieron a Petroperú, mientras que Perupetro intervino en la evaluación de los requisitos exigidos para su incorporación al contrato.

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¿Dónde se ubica el Lote 192 y por qué es importante?

El yacimiento se encuentra en la región Loreto y comprende áreas de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, así como de Tigre y Trompeteros, en la provincia de Loreto. De acuerdo con información difundida por Petroperú, cuenta con reservas estimadas superiores a los 120 millones de barriles.

La dimensión de estos recursos convierte al lote en un activo relevante para la actividad petrolera nacional. No obstante, el volumen de reservas estimadas no equivale a petróleo disponible para su extracción inmediata: para aprovecharlo se requieren inversiones, trabajos de rehabilitación y perforación, además de condiciones operativas que permitan sostener la producción.

La evolución del Lote 192 dependerá de que la asociación ejecute el programa de inversión previsto y consiga reactivar progresivamente la producción en la Amazonía peruana.

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El retroceso de los envíos coincide con un escenario comercial más desfavorable en Estados Unidos, mercado al que se dirigía la mayor parte de la producción nacional. De acuerdo con información difundida por ADEX, los aranceles aplicados a la joyería peruana aumentaron de 10% a 12,5% desde el 24 de julio de 2026, lo que afecta las condiciones de acceso frente a competidores que enfrentan tasas menores.

México aumenta sus compras de joyería peruana

Los despachos a Estados Unidos cayeron 74,1% en los primeros ocho meses del año, al pasar de US$74 millones 672.000 a US$19 millones 308.000. Pese a mantener el primer lugar entre los compradores, ese país concentró el 51,3% de los envíos, una participación que refleja la exposición del sector a los cambios en las condiciones comerciales de ese mercado.

En contraste, México recibió joyería y orfebrería peruana por US$12 millones 962.000, un crecimiento de 37,5% frente al mismo periodo de 2025. Sus compras representaron el 34,4% del total exportado, por lo que se convirtió en el segundo destino más importante para las empresas nacionales.

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Sin embargo, el avance mexicano todavía no compensa la contracción estadounidense. Ambos países concentraron el 85,7% de los envíos, de modo que la actividad continúa dependiendo de dos mercados para colocar la mayor parte de su producción.

Otros destinos registraron resultados distintos. Las exportaciones a Ecuador crecieron 183,8% y las dirigidas a España aumentaron 38,1%. Bolivia también anotó un avance de 3,2%. En cambio, los despachos a Chile disminuyeron 51%; Canadá, 36,4%; Argentina, 61,1%; Reino Unido, 24,1%, y Francia, 47,9%.

En total, la joyería y orfebrería peruana llegó a 44 destinos entre enero y agosto. No obstante, el comportamiento desigual de los compradores muestra que ampliar la presencia internacional requiere consolidar mercados capaces de sostener la demanda, además de incorporar nuevos destinos.

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Perú retrocede en el mercado internacional de joyería

El desempeño exportador se produce en un contexto internacional complejo. Según el reporte Joyería: Evolución del Mercado Internacional y Nacional, elaborado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX), el mercado mundial de joyería alcanzó US$101.400 millones en 2025, una contracción de 12,8% frente al año anterior.

Suiza, India e Italia encabezaron las exportaciones mundiales, mientras que Hong Kong, Estados Unidos y Suiza figuraron entre los principales compradores. En ese escenario, Perú ocupó el puesto 42 del ranking mundial de exportadores de joyería y el quinto lugar en América Latina y el Caribe, por detrás de México, República Dominicana, Bolivia y Panamá.

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Frente a esta competencia, la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla Goyzueta, señaló que las empresas necesitan mejorar su acceso al financiamiento, asegurar el abastecimiento de materias primas e incorporar tecnología para optimizar sus procesos productivos.

El gremio también plantea impulsar diseños propios y productos con mayor valor agregado, aprovechando recursos nacionales como el ópalo andino y otras piedras preciosas. La estrategia busca diferenciar las piezas peruanas en el exterior y reducir la dependencia de mercados que concentran una parte importante de las ventas.

El anuncio se produce en el marco de las medidas económicas que prepara el Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno El Niño y las presiones sobre el costo de vida. Sin embargo, aún falta conocer cómo se concretará la entrega del dinero a los pensionistas.

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¿Qué falta conocer sobre el pago del bono de la ONP?

Hasta el momento, no se ha informado la fecha exacta del depósito ni la modalidad que se utilizará para entregar el beneficio. Tampoco se han publicado instrucciones específicas sobre la necesidad de realizar algún trámite o presentar documentación adicional.

Estos detalles son necesarios para los pensionistas que buscan saber cuándo podrán disponer del dinero y si deben efectuar alguna gestión previa. Mientras no se publiquen las condiciones operativas, no corresponde asumir que será necesario inscribirse ni dar por confirmado un procedimiento de pago determinado.

La información difundida hasta ahora permite identificar el monto aproximado, la población beneficiaria y el mes previsto para la entrega, pero no establece un cronograma por grupos de pensionistas ni precisa cómo se resolverán eventuales incidencias en el cobro. La ONP y el Ministerio de Economía y Finanzas deberán comunicar esas condiciones para que los beneficiarios conozcan el procedimiento aplicable.

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¿Qué cambios ha recibido la ONP?

Durante 2026 se aplicaron cambios al Sistema Nacional de Pensiones. Entre ellos, el incremento del tope máximo de las pensiones hasta S/1.000 y un reajuste de hasta S/100 para determinados beneficiarios. Esta última medida alcanzó a más de 237.000 pensionistas.

La diferencia entre ambos tipos de apoyo es importante: los reajustes previsionales cambian el monto que reciben los beneficiarios comprendidos en la medida, mientras que el bono anunciado para diciembre constituye un ingreso excepcional. Por tanto, su entrega no implica por sí misma una nueva modificación de la pensión mensual.

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¿Qué otros bonos anunció el Gobierno?

El Ejecutivo también anunció una asignación de S/2.500 millones para bonos destinados a familias vulnerables. Entre los grupos considerados figuran hogares del sur andino expuestos a pérdidas de ganado y cultivos, familias afectadas por las lluvias en el norte y personas perjudicadas por huaicos y desbordes de ríos.

El ministro Elmer Cuba explicó que la distribución de estas ayudas dependerá de la magnitud de los daños y de la identificación de la población afectada. Para estos grupos, todavía deben precisarse los montos individuales y los criterios de asignación.

El bono para los jubilados de la ONP tiene, por ahora, dos datos definidos en el anuncio: un monto cercano a S/200 y una entrega prevista para diciembre. La fecha exacta, la modalidad de pago y los pasos que deberán seguir los beneficiarios continúan pendientes de información oficial.

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Las observaciones iniciales fueron recogidas en la Resolución N.° 8853-2026/CCO-INDECOPI y corresponden a desembolsos incluidos en informes trimestrales entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Según la entidad, los documentos presentados no permitieron sustentar suficientemente diversos pagos ni identificar con claridad algunos proveedores o los servicios vinculados con esos gastos.

Los conceptos observados incluyen consultorías, combustible, pagos a comunidades, servicios básicos, comedor, insumos y asesorías legales. También se cuestionaron desembolsos que excedían los límites presupuestarios o que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado.

La liquidación de Doe Run Perú se prolonga desde hace aproximadamente 14 años, en un proceso que aún enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de los recursos y la documentación de los gastos. En ese contexto, las sanciones impuestas a la anterior liquidadora se centran en desembolsos que no pudieron ser acreditados ante la autoridad concursal.

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Gastos fuera del presupuesto superaron los US$5 millones

Entre los principales cuestionamientos figuran gastos no presupuestados por S/2,82 millones y US$5,09 millones, que, según el procedimiento, se habrían realizado sin la aprobación de la junta de acreedores. Estos representaban el 64,27% del total de gastos observados.

Dentro de ese grupo se encuentran pagos atribuidos a comunidades campesinas por S/1,8 millones y más de US$1,6 millones que no contaban con sustento formal suficiente.

También se observaron cerca de US$1,14 millones por consultorías relacionadas con el procedimiento concursal y con autorizaciones, licencias y permisos para operaciones mineras. A ello se sumaron US$141.600 por servicios informáticos y custodia de archivos digitales, así como US$148.680 por archivo físico e inventario.

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Otro desembolso cuestionado fue el de US$734.299 por asesoría contable para Representaciones Milán S.A.C. La documentación presentada no permitió sustentar suficientemente ese gasto ante la autoridad concursal.

Las observaciones también alcanzaron los pagos por alquiler de oficinas. Aunque el presupuesto establecía un máximo de US$4.000 mensuales, se reportaron desembolsos de US$12.000 al mes, el triple del límite previsto.

En asesoría legal se registraron gastos por S/30.000 y US$531.857. Según las observaciones del procedimiento, cerca del 80% del monto en dólares habría correspondido al Estudio Almerco y excedido lo presupuestado. Asimismo, se cuestionó un desembolso de US$1.506.392 registrado bajo el concepto de honorarios.

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Consultores A-1 solo acreditó el 10% y entregó documentación incompleta

La Resolución N.° 10853-2026/CCO-INDECOPI determinó que Consultores A-1 había sustentado US$921.919,84 de los gastos observados en esa moneda, alrededor del 10%. Tras la revisión, permanecieron sin acreditar US$8.133.660,16 y S/2.947.347,32.

La revisión también comprendió la documentación entregada a los liquidadores posteriores, Alva Legal y Marco Eusebio Chávez Magán. Parte de los documentos solicitados para sustentar los gastos observados no figuraba entre los registros transferidos, según los antecedentes del procedimiento.

La falta de esos documentos dificultó contrastar determinados desembolsos de la gestión anterior. Consultores A-1 dispone de 15 días hábiles desde la notificación correspondiente para presentar una apelación contra la decisión del Indecopi.

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El ahorro estimado por ProInversión responde a la reducción del precio por barril y de los costos de transporte. No obstante, Talara aún opera al 64% de su capacidad de destilación, según informó Petroperú a La República, por lo que la refinería también debe avanzar en su recuperación operativa para alcanzar el nivel de procesamiento previsto.

La petrolera estatal espera superar los 80.000 barriles diarios de procesamiento hacia fines de este año. Para alcanzar esa meta, todavía debe completar la puesta en operación de Flexicoking, unidad cuyos trabajos de inspección y mantenimiento culminaron recientemente.

Esta recuperación también se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la gestión de la petrolera. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) sostuvo que las restricciones de liquidez limitaron la compra de crudo y cuestionó los resultados de la intervención de ProInversión. El gremio también pidió aclarar el destino del crédito puente de US$475 millones otorgado a la empresa. Sus críticas se refieren al financiamiento y a la estrategia de recuperación de Petroperú, no específicamente a los contratos con Ecuador.

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Compra directa busca reducir los costos del crudo

Los contratos fueron adjudicados en concursos internacionales convocados por Petroecuador. El primero comprende 4,32 millones de barriles durante seis meses y el segundo, 11,88 millones durante once meses. Las entregas están programadas entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027.

Según ProInversión, la adquisición directa permitirá reducir entre US$8 y US$10 el costo por barril frente a compras anteriores. La entidad calcula un ahorro de aproximadamente US$3 millones por cargamento y proyecta que el beneficio podría alcanzar hasta US$180 millones anuales.

El transporte también tendría un impacto en los costos. ProInversión señala que el recorrido del crudo pasaría de aproximadamente 17 días a unos tres días, mientras que el flete se reduciría de entre US$7 millones y US$8 millones a alrededor de US$1,8 millones por buque.

La petrolera estatal estima que el traslado hasta Talara o Bayóvar tomará entre tres y cuatro días. La cercanía del proveedor ecuatoriano evitará el tránsito por el Canal de Panamá y facilitará la programación de las entregas y la reposición de inventarios. Según la empresa, esta ventaja adquiere importancia ante posibles contingencias logísticas asociadas al fenómeno de El Niño.

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Talara busca elevar su procesamiento

La Nueva Refinería Talara tiene una capacidad de destilación de 95.000 barriles diarios. Al operar al 64%, su nivel actual equivale a unos 60.800 barriles por día. Petroperú prevé superar los 80.000 barriles diarios al cierre de 2026, aunque esta meta todavía depende de la evolución de sus operaciones.

La empresa indicó que los trabajos programados de inspección y mantenimiento de Flexicoking culminaron con éxito y que la unidad continúa en maniobras de arranque. Su puesta en funcionamiento será progresiva, conforme a los protocolos técnicos y de seguridad.

La recuperación de esta unidad es relevante para aumentar el procesamiento y mejorar el aprovechamiento de la materia prima. No obstante, contar con un mayor volumen de crudo no garantiza por sí solo que la refinería alcance la meta prevista: también debe consolidar su capacidad operativa.

La operación también marca la reanudación de las relaciones comerciales entre Petroperú y Petroecuador después de cuatro años. El acuerdo busca diversificar el abastecimiento de la refinería y reducir su exposición a los costos logísticos de proveedores más distantes.

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Petroperú recupera el 100% del contrato del Lote 192

La compra de petróleo ecuatoriano se produce mientras Petroperú mantiene pendiente la reactivación del Lote 192, ubicado en Loreto. El yacimiento, cuya producción está paralizada desde febrero de 2020, debía desarrollarse bajo un esquema que incorporaba a Altamesa Energy Perú como socio privado. Sin embargo, la empresa comunicó en enero de 2025 su intención de transferir el 61% de su participación contractual por su situación económica y financiera, según información recogida en los estados financieros auditados de Perupetro.

El programa de trabajo del lote contemplaba la perforación de 41 pozos de desarrollo y uno exploratorio. No obstante, la salida de Altamesa modificó las condiciones previstas para ejecutar esas actividades y obligó a revisar la estructura contractual. En octubre de 2026, el Gobierno aprobó la transferencia de la participación de la empresa a Petroperú, que volvió a concentrar el 100% del contrato.

La modificación, sin embargo, no equivale a la reanudación de la producción. La norma no establece una nueva fecha de inicio de operaciones ni precisa cuánto crudo podría aportar el yacimiento una vez reactivado. Por ahora, el desarrollo del Lote 192 y su eventual contribución al abastecimiento de Talara dependen de la ejecución de las actividades pendientes y de las condiciones para retomar la explotación.

El impacto de los contratos se conocerá conforme se ejecuten las entregas y se concreten los ahorros previstos. A la par, Petroperú deberá demostrar que puede recuperar su capacidad de procesamiento en medio de los cuestionamientos de Fenpetrol sobre la gestión financiera de la empresa y el papel de ProInversión.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 23 de octubre

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La convocatoria abre la posibilidad de que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) explique cómo se implementará la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), así como las acciones que desarrolla su sector para enfrentar las operaciones ilegales. Sin embargo, el oficio no menciona expresamente la ley como punto de agenda ni confirma la asistencia del ministro.

La reunión fue acordada por unanimidad por ambas instancias parlamentarias y está programada para las 9.00 a. m. en la Sala José Gálvez del Congreso, en el Cercado de Lima.

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Ley MAPE: el reto de formalizar y fiscalizar a los pequeños mineros

La discusión sobre la Ley MAPE pone sobre la mesa una cuestión de fondo, que es cómo lograr que las reglas para la pequeña minería y la minería artesanal se cumplan en la práctica. Aprobar una norma no garantiza por sí solo que las operaciones se formalicen ni que el Estado pueda detectar y frenar las actividades que siguen al margen de la ley.

Por eso interesa saber qué mecanismos de supervisión aplicará el sector, cómo se coordinarán las entidades responsables y con qué capacidad contará el Gobierno para controlar las operaciones mineras. Será la implementación de la ley la que determine si las nuevas disposiciones se traducen en un mayor control de la actividad.

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Minería ilegal: Congreso pide información sobre las acciones del Minem

El documento oficial sí establece expresamente que el ministro deberá informar sobre las acciones de su despacho frente a la minería ilegal y los perjuicios que esta actividad ocasiona al medio ambiente.

La convocatoria permitirá a los legisladores solicitar detalles sobre las medidas que ejecuta el sector y su alcance. El desafío no se limita a establecer requisitos para operar, sino que también exige capacidad de fiscalización y coordinación entre las instituciones encargadas de intervenir frente a las actividades ilícitas.

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Relaveras y fenómeno El Niño: alertan sobre posibles daños ambientales

Otro asunto incluido expresamente en la invitación es el estado de las relaveras ubicadas en quebradas que desembocan en ríos que alimentan la costa peruana, pues advierten que estas instalaciones podrían generar impactos ambientales ante el fenómeno El Niño.

Los relaves son los residuos que quedan después del procesamiento de minerales. Si su almacenamiento presenta fallas o los residuos llegan a fuentes de agua, pueden ocasionar contaminación y daños ambientales. Por ello, conocer las condiciones de estas instalaciones y las medidas preventivas previstas cobra relevancia ante posibles eventos climáticos extremos.

La iniciativa prioriza las intervenciones de prevención y mitigación frente al fenómeno El Niño 2026-2027, aunque también contempla recursos para distintos sectores y obligaciones pendientes del Estado. Según el presidente de la comisión, José Arista Arbildo, el monto representa un incremento equivalente al 3,19% del presupuesto disponible para este año.

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Crédito suplementario: ¿de dónde saldrán los S/8.228 millones?

El financiamiento propuesto se divide en dos fuentes. La primera corresponde a S/3.799,7 millones de Recursos Ordinarios, sustentados en la mayor recaudación fiscal estimada. La segunda comprende S/4.428,7 millones que se obtendrían mediante la emisión de bonos soberanos en los mercados interno o externo.

De esta manera, el endeudamiento cubriría el 53,8% del crédito suplementario, mientras que el 46,2% restante provendría de Recursos Ordinarios.

Este mecanismo generó cuestionamientos durante el debate. La diputada Katherine Ampuero, de Renovación Popular, pidió al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisar cuánto pagará el Estado en intereses por la emisión de bonos. También criticó la asignación de S/15 millones para una bonificación extraordinaria al personal administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cuba defendió el financiamiento y señaló que los bonos del Tesoro peruano registran una tasa promedio anual de 6,3%, que consideró baja frente a las tasas de otros países de la región.

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En el plano fiscal, el informe técnico del MEF estima que la incorporación del gasto adicional elevaría el déficit fiscal proyectado para el cierre de 2026 de 1,2% a 1,8% del producto bruto interno (PBI), el límite establecido por la regla fiscal para este año. El ministerio sostiene que el escenario es compatible con las reglas vigentes y calcula que la deuda pública alcanzaría el 29,3% del PBI.

Defensa, Interior y Transportes concentran las mayores asignaciones

Entre los sectores con mayores montos figuran Defensa, con S/1.832,3 millones; Interior, con S/1.097,4 millones; y Transportes y Comunicaciones, con S/1.037,8 millones. Educación recibiría S/762 millones y Salud contaría con S/691,5 millones.

En infraestructura, el dictamen contempla S/401 millones para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, S/378 millones para 26 inversiones de agua potable y alcantarillado, y S/260 millones para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao.

Para seguridad ciudadana se consideran S/245,1 millones destinados a vehículos y equipos de la Policía Nacional del Perú. Además, se incluyen S/347,3 millones para inversiones en hospitales y establecimientos de salud, así como S/237 millones para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

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La propuesta también contempla S/250 millones para atender obligaciones del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles y S/200,9 millones para el programa de empleo temporal Llamkasun Perú.

El Niño: mantenimiento de colegios y apoyo a beneficiarios de Pensión 65

Entre las medidas de prevención ante el fenómeno El Niño 2026-2027, el proyecto asigna S/461,6 millones al mantenimiento preventivo y correctivo de 12.054 locales educativos. La finalidad es reducir los riesgos que podrían afectar la infraestructura escolar ante posibles lluvias intensas y otros eventos asociados al fenómeno climático.

También se consideran S/501,9 millones para adquirir kits escolares elaborados por micro y pequeñas empresas a través del programa Compras a MYPErú. Cuba precisó que los recursos permitirían atender la campaña escolar de marzo de 2027 y brindar capital de trabajo a los proveedores.

En protección social, el dictamen contempla S/288,5 millones para financiar una subvención adicional de S/350 a los usuarios de Pensión 65, prevista junto con el pago del bimestre noviembre-diciembre de 2026.

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Durante la sesión, el diputado Henry Albañil, del Partido Cívico Obras, planteó facilitar el financiamiento de obras de reconstrucción a cargo de gobiernos regionales y locales que necesitan fondos para concluirse o liquidarse.

Por otro lado, Cuba informó que el Ejecutivo tramitaba un posible decreto supremo para destinar S/21 millones a la compra de helibaldes, equipos que permiten transportar y descargar agua desde helicópteros para combatir incendios.

Ahora, el dictamen queda pendiente de debate en el pleno del Congreso. Su aprobación definitiva determinará si los recursos adicionales se incorporan al presupuesto de 2026 y bajo qué condiciones se ejecutarán las medidas previstas.