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La fecha y las condiciones están contenidas en el Reglamento Operativo de Traslados, aprobado por la ONP. La norma desarrolla las reglas previstas en la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

¿Qué pasará con los aportes si una persona cambia de ONP a AFP?

Para quienes se encuentren en la ONP y decidan pasar al sistema privado, el reglamento establece que sus aportes realizados en el SNP serán reconocidos mediante Unidades de Aporte (UdA). La ONP deberá evaluar los aportes efectivos y emitir un Reporte Situacional del SNP (RESIT-SNP), que será remitido a la AFP correspondiente.

Además, los afiliados que pasen del SNP al SPP podrán solicitar un Bono de Reconocimiento (BdR) por los aportes realizados en la ONP, siempre que cumplan las condiciones establecidas en las normas que regulan este beneficio. La regulación también contempla una alternativa para determinados afiliados que cumplan los requisitos para acceder a una pensión garantizada.

Esto significa que los años de aportes realizados en la ONP no desaparecen simplemente por el cambio de régimen. Sin embargo, el reconocimiento no equivale a que todo ese dinero sea depositado de inmediato en una cuenta individual de AFP: el mecanismo previsto es el reconocimiento de las aportaciones y, cuando corresponda, el Bono de Reconocimiento.

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¿Y qué ocurre con el dinero de la AFP si el afiliado pasa a la ONP?

En el sentido contrario, el mecanismo es diferente. Si una persona afiliada a una AFP solicita su traslado al Sistema Nacional de Pensiones, la administradora deberá transferir el 100% del saldo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) correspondiente a los aportes obligatorios al Fondo Consolidado de Reservas (FCR) administrado por la ONP.

El reglamento también establece que la AFP debe entregar información sobre el historial de aportaciones, los aportes en cobranza, el saldo de la CIC y otros datos necesarios para que la ONP determine las Unidades de Aporte que serán reconocidas al afiliado.

Los aportes voluntarios con finalidad previsional tienen un tratamiento distinto. El reglamento señala que ese saldo no se transfiere inmediatamente al FCR, sino que permanece bajo las condiciones establecidas para su transferencia al momento de la jubilación.

Por ello, el cambio de régimen no debe entenderse como un retiro del dinero acumulado en una AFP ni como un depósito equivalente en una cuenta personal dentro de la ONP. Cada sistema reconoce los aportes bajo mecanismos diferentes.

¿Cada cuánto se podrá cambiar entre ONP y AFP?

El primer traslado podrá solicitarse en cualquier momento a partir del 1 de junio de 2027. Después de ese primer cambio, si el afiliado desea volver a trasladarse entre sistemas, deberá permanecer al menos 24 meses en el régimen al que se haya cambiado.

La regulación busca evitar que el afiliado pueda alternar entre la ONP y las AFP de manera continua en periodos muy cortos. La permanencia mínima será aplicable a los traslados posteriores, de acuerdo con las condiciones establecidas por el reglamento operativo.

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¿Quiénes no podrán cambiar de sistema?

La posibilidad de traslado no se aplicará a todas las personas. Los pensionistas de jubilación e invalidez, tanto de la ONP como del sistema privado, no podrán trasladarse entre regímenes.

La restricción responde a que se trata de personas que ya reciben una prestación previsional. Por ello, el nuevo mecanismo está dirigido principalmente a afiliados que todavía se encuentran en etapa de acumulación de aportes.

El trámite será mediante una plataforma digital

Las solicitudes se canalizarán mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), que concentrará la información necesaria para realizar el traslado entre ambos regímenes.

La plataforma permitirá consultar información vinculada con la situación previsional del afiliado y será utilizada para procesar los cambios entre el SNP y el SPP. El objetivo es que la decisión se tome con información sobre las condiciones y beneficios de cada sistema antes de concretar el traslado.

El proceso de asesoría, recepción y atención de solicitudes comenzará el 1 de junio de 2027. La SBS, además, emitirá normas complementarias para la implementación del mecanismo junto con la ONP.

Así, la principal novedad para los afiliados no es solo que podrán cambiar de sistema previsional, sino que la reforma establece cómo se reconocerán los aportes acumulados en cada régimen. Para quienes evalúen trasladarse, conocer ese tratamiento será clave para comparar las consecuencias de pasar de la ONP a una AFP o de una AFP a la ONP.

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La inseguridad no es un problema exclusivo de las bodegas. Un estudio de Ipsos para ComexPerú, denominado 'Empresas y Estado: diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento', señala que el 52% de las microempresas identifica la inseguridad como su principal obstáculo para crecer. El dato permite dimensionar el problema más allá de un solo tipo de negocio.

Para las bodegas, la exposición es particularmente relevante porque buena parte de su actividad se desarrolla directamente frente al público. La extorsión puede convertirse en un costo adicional para negocios que dependen de sus ventas diarias y que cuentan con menor margen financiero para absorber pérdidas.

Carla Campos, presidenta de Agremub, señaló que los negocios administrados por mujeres se encuentran entre los más afectados por este escenario, debido a que la actividad comercial constituye su fuente de ingresos y la de sus familias.

"Es un paso necesario, pero se requieren acciones concretas y rápidas para frenar esta ola de inseguridad", sostuvo Campos.

La declaración se produjo luego de la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031. El documento oficial incluye como uno de sus lineamientos reducir la afectación de personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada.

El punto es relevante para las bodegas porque la política no se limita a la seguridad de las personas: incorpora expresamente a las unidades económicas entre las afectadas por la criminalidad. Sin embargo, se trata de un lineamiento de política pública y no de una medida que, por sí misma, garantice una reducción inmediata de las extorsiones.

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El crédito también condiciona la capacidad de resistir

La inseguridad encuentra a las bodegas con otra limitación: el acceso al financiamiento. Agremub señala que al menos el 88% de estos negocios no logra acceder a créditos bancarios.

Para un establecimiento pequeño, la falta de financiamiento formal puede dificultar la compra de mercadería, la reposición de productos o la atención de gastos extraordinarios. El problema adquiere mayor importancia cuando el negocio enfrenta simultáneamente menores ventas o mayores costos derivados de la inseguridad.

Campos planteó la creación de mecanismos de garantía que permitan ampliar el acceso de las bodegas al sistema financiero formal.

"Es urgente crear un mecanismo de garantías que rompa con ese círculo vicioso, que impulse su acceso al financiamiento formal", afirmó.

La propuesta corresponde al planteamiento del gremio y no constituye una medida aprobada. El dato del 88%, por su parte, proviene de Agremub, por lo que no debe confundirse con una estadística oficial del sistema financiero.

La combinación entre inseguridad y restricciones de financiamiento puede ser especialmente relevante para los negocios que operan con márgenes reducidos. Si una bodega pierde ingresos por una reducción de clientes o debe asumir gastos extraordinarios, su capacidad para sostener el negocio dependerá también de la liquidez disponible.

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El Niño añade otro riesgo para las bodegas

El escenario climático también cambió frente a los primeros meses del año. El ENFEN mantiene la condición de Alerta de El Niño Costero y, en su comunicado del 28 de agosto, señaló que existe una alta probabilidad de que el fenómeno persista hasta el verano de 2027. Para la región Niño 1+2, el organismo estima una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027 con una probabilidad de al menos 62%.

El pronóstico también contempla temperaturas muy por encima de lo normal en toda la costa durante setiembre-noviembre y una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo habitual en la costa norte. El ENFEN recomienda considerar estos escenarios para las acciones de reducción del riesgo y preparación ante la temporada de lluvias.

Para las bodegas, el impacto no necesariamente tendría que producirse dentro del establecimiento. Problemas en carreteras, interrupciones del transporte o dificultades para trasladar productos pueden afectar el abastecimiento y elevar los costos logísticos.

A ello podría sumarse una reducción de las ventas en zonas afectadas por inundaciones u otros eventos asociados al fenómeno. El efecto final, sin embargo, dependerá de la intensidad y localización de los impactos climáticos, por lo que no corresponde atribuir de antemano un número determinado de cierres exclusivamente al FEN.

Campos considera que el comercio minorista debería ser tomado en cuenta dentro de las medidas de prevención por su participación en el abastecimiento de los hogares.

"Las bodegas somos un eslabón clave en la cadena de abastecimiento. Si no se hace lo suficiente para mitigar el impacto que el FEN puede tener en nuestro sector, las consecuencias se van a ver directamente reflejadas en la economía del país", enfatizó.

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¿Qué hay detrás de la cifra de 6.000 cierres?

La proyección de entre 5.000 y 6.000 bodegas que dejarían de operar durante 2026 debe leerse como una estimación y no como un registro oficial de establecimientos cerrados. Tampoco permite determinar qué proporción de esos negocios cerraría exclusivamente por criminalidad, por factores climáticos o por problemas financieros.

El contraste con 2025 sí muestra la magnitud del cambio: si se concreta la proyección, los cierres prácticamente duplicarían los poco más de 3.000 registrados el año pasado, según las cifras citadas por Agremub.

Además, el impacto potencial del FEN no es un riesgo hipotético completamente desligado de la economía. El propio ENFEN advierte que los eventos de El Niño pueden generar lluvias intensas en determinadas zonas del país y afectar sectores socioeconómicos, mientras mantiene el monitoreo de sus consecuencias hidrológicas y sobre otras actividades productivas.

Por ahora, la información disponible permite identificar tres presiones sobre estos pequeños comercios: una criminalidad que ya es considerada una barrera para el crecimiento de las microempresas, dificultades de acceso al financiamiento formal y un escenario climático que podría complicar el transporte y el abastecimiento durante los próximos meses.

La cifra definitiva de cierres dependerá de cómo evolucionen esos factores y de la capacidad de los negocios para absorber sus efectos hasta el final del año.

"COFOPRI tiene la misión de acercarse a las familias que llevan muchos años esperando una formalización de su propiedad más eficaz y oportuna. Son muchas las que necesitan atención y, para llegar a ellas, necesitamos mejorar algunas normas, simplificar los procesos y reducir plazos y etapas", señaló Cecilia Castro Torres, directora ejecutiva de COFOPRI.

La titular de Cofopri informó que los títulos inscritos a favor de las familias de Ayacucho beneficiarán a más de 4.500 personas y comprenden 982 títulos para viviendas y 162 predios destinados a equipamiento urbano y servicios públicos.

Del paquete de equipamiento urbano, 21 títulos corresponden al sector Educación. Diez están vinculados a instituciones educativas ya construidas que recibirán respaldo legal definitivo y otros 11 corresponden a terrenos destinados a la ampliación o desarrollo de nueva infraestructura escolar.

En Salud, COFOPRI formalizó seis predios ubicados en cinco distritos de las provincias de La Mar, Huanta, Huanca Sancos y Parinacochas. Cuatro corresponden a establecimientos que ya están construidos y dos son terrenos destinados a futuros proyectos de ampliación o nueva infraestructura.

La intervención también alcanza a la seguridad ciudadana. Un terreno ubicado en el distrito de Sancos, provincia de Huanca Sancos, está destinado a favor del sector Interior, generando las condiciones legales para el desarrollo de futura infraestructura policial o de control en la zona.

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"Nos sentimos burlados", afirmó Castro al cuestionar que, pese a los documentos enviados por el sindicato para solicitar la reunión, el diálogo con el Ministerio de Economía no se haya producido. Según señaló, el SUTEP todavía mantiene la disposición de conversar, pero advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo se está agotando.

El dirigente afirmó que el gremio no pretende mantener una posición cerrada frente al Ejecutivo y que busca encontrar una salida que permita implementar la legislación sin generar una afectación presupuestaria que, según el Gobierno, sería uno de los principales problemas de la norma.

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Castro advirtió que la falta de una respuesta del Ejecutivo podría terminar trasladando el conflicto desde la mesa de diálogo hacia las calles. "Si no encontramos diálogo, va a ser la respuesta natural", señaló. El secretario general del SUTEP agregó que se encuentra en preparación una eventual medida de lucha, que podría incluir un paro nacional.

El dirigente remarcó que la decisión dependerá de lo que ocurra en los próximos días y de si el Ministerio de Economía finalmente convoca al sindicato. "Si encontramos diálogo con soluciones, el asunto puede variar. Depende del ministro de Economía", sostuvo.

Castro también puso como límite político el debate del presupuesto público. Recordó que el Congreso debe aprobar la ley de Presupuesto hasta el 30 de noviembre, pero consideró que el Ejecutivo todavía tiene margen para buscar una solución antes de que concluya ese proceso.

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"No nos va a llevar hasta noviembre, no nos va a llevar hasta octubre. Tiene que ser ya la reunión", afirmó. Y agregó que, si no se fija una fecha para conversar, la conversación ya no va a tener sentido y podrían producirse acciones de fuerza.

La advertencia se produce en momentos en que el Ejecutivo ya presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, 3,5% más que el presupuesto inicial de 2026. Para Educación se han planteado S/49.068 millones, según el proyecto presentado por el Gobierno.

Castro cuestiona recursos para Educación

El secretario general del SUTEP también cuestionó la distribución de los recursos para el sector Educación. Aunque el presupuesto para 2027 contempla alrededor de S/49.000 millones, Castro considera que el incremento nominal no garantiza mayores recursos reales para atender las principales brechas del sector.

Entre sus principales cuestionamientos mencionó la falta de precisiones sobre cuánto se destinará a infraestructura educativa y capacitación docente. También reclamó que el presupuesto debería especificar los recursos destinados a alimentación escolar, mejora de las condiciones laborales y otros compromisos vinculados con los trabajadores del sector.

El proyecto contempla S/49.068 millones para Educación, mientras que el Ejecutivo ha presentado públicamente la cifra como una de las principales prioridades del Presupuesto 2027. El primer ministro Luis Galarreta señaló que el sector recibirá S/49.100 millones y lo ubicó entre los pilares de la propuesta presupuestal.

Castro, sin embargo, considera que el monto debe analizarse junto con las obligaciones y necesidades que debe cubrir el sector. "Si no tienes plata, entonces ¿cómo vas a enfrentar el tema de infraestructura, alimentación, calidad, equidad, acceso, capacitaciones, dignificación de los trabajadores?", cuestionó.

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Pensiones de maestros, el principal punto de tensión

El conflicto tiene como uno de sus principales puntos la Ley 32581, que establece una pensión de S/3.500 para maestros cesantes y jubilados. El ministro Elmer Cuba anunció previamente que el Ejecutivo recurriría al Tribunal Constitucional para cuestionar esta y otras normas debido a su impacto presupuestario. El SUTEP rechaza esa posición y sostiene que existe margen para buscar mecanismos que permitan cumplir con la ley.

Para el dirigente sindical, el problema no se limita a una discusión sobre cuánto dinero puede destinar el Estado, sino a la falta de una negociación entre el Ejecutivo y los trabajadores.

"Más de 200.000 trabajadores tengan acceso a una pensión digna", sostuvo Castro, quien reclamó que el Estado debe demostrar capacidad para encontrar una salida que permita cumplir los compromisos con los docentes cesantes y jubilados.

El SUTEP también ha solicitado una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros. Castro señaló que el gremio pretende agotar el diálogo antes de adoptar una medida de fuerza, pero dejó abierta la posibilidad de que el conflicto se intensifique si no recibe una respuesta.

Por ahora, la fecha de una eventual paralización no está definida. El mensaje del sindicato es que todavía existe espacio para negociar, pero que ese margen no será indefinido: si el Ejecutivo no convoca a una reunión en los próximos días, el escenario podría pasar de la negociación a la protesta.

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La obligación comenzará a aplicarse el 5 de octubre de 2026, de acuerdo con la Resolución de Superintendencia N.° 000129-2026/SUNAT, publicada en julio. La medida alcanza a los equipos terminales móviles, teléfonos inteligentes y demás celulares comprendidos en las subpartidas arancelarias 8517.13.00.00 y 8517.14.00.00.

¿Qué tendrán que declarar los importadores?

Hasta ahora, la información aduanera podía identificar la mercancía mediante datos como la marca y el modelo. Con la modificación, cada equipo deberá incorporar también su número de serie único y uno o más códigos IMEI, que pasarán a formar parte de las descripciones mínimas exigidas para la importación.

La misma obligación se incorpora al despacho simplificado de importación. En estos casos, tanto los despachadores de aduana como los importadores, dueños o consignatarios que realicen directamente el trámite deberán consignar la información correspondiente a cada teléfono.

SUNAT ya empezó a adecuar sus sistemas para recibir esta información. En agosto comunicó a importadores, agentes de aduana y operadores de comercio exterior la actualización de las estructuras de transmisión electrónica para incorporar el IMEI y el número de serie en las declaraciones de importación y en sus rectificaciones.

El cambio llega en medio de una ola de bloqueos

La modificación adquiere relevancia por el volumen de equipos que vienen siendo sometidos a controles por problemas de identificación.

OSIPTEL informó en junio que, con un nuevo grupo de bloqueos, se superarían los 1.6 millones de celulares bloqueados durante 2026 por no figurar en la lista blanca o presentar historial de IMEI alterado. Desde abril de 2025, el número acumulado superaba los 4.2 millones de equipos.

El IMEI es el código que permite identificar un equipo móvil. Cuando este número ha sido alterado o está asociado a un equipo reportado como robado, el teléfono puede quedar fuera de la lista de equipos válidos y ser bloqueado para operar en las redes móviles.

Por ello, la nueva exigencia de SUNAT introduce el dato de identificación del aparato desde una etapa anterior: su ingreso al país. La intención declarada en la resolución es precisamente permitir la identificación e individualización de los equipos terminales móviles importados.

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¿Esto significa que todos deberán declarar su IMEI ante SUNAT?

La modificación no establece que cada consumidor que compre un celular en el extranjero tenga que acudir personalmente a SUNAT para registrar el equipo. La obligación está vinculada a la declaración aduanera correspondiente a la importación para el consumo y al despacho simplificado cuando corresponda.

Esto es relevante porque existe otro proceso de registro relacionado con el uso de celulares en el país. OSIPTEL señala que los usuarios que adquieren un equipo que no figura en la lista de equipos válidos pueden recibir una comunicación para regularizar su situación; en esos casos, deben comprobar que el IMEI físico coincida con el obtenido al marcar *#06# en el teléfono.

Por tanto, la nueva medida de SUNAT y el registro administrado en el marco del Renteseg son procesos distintos, aunque ambos utilizan el IMEI como elemento de identificación del equipo.

¿Qué cambia para las empresas?

Para los importadores, el principal cambio será operativo. Cada equipo tendrá que llegar al proceso de declaración con información individualizada, lo que obliga a que los datos del IMEI y número de serie estén disponibles y sean transmitidos correctamente.

SUNAT ha incorporado esta información tanto en la Declaración Aduanera de Mercancías como en el despacho simplificado, por lo que los operadores deberán adaptar sus procesos y sistemas antes de la entrada en vigencia de la medida.

El efecto sobre los precios de los celulares, por otra parte, no está determinado por la resolución. La norma establece una nueva exigencia de información y control, pero no crea un impuesto adicional ni modifica directamente los aranceles aplicables a estos productos.

El impacto económico dependerá, entre otros factores, de cuánto trabajo adicional genere la identificación individual de los equipos y de si los importadores trasladan esos costos a la cadena comercial.

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El objetivo es conocer qué celular está entrando al país

La diferencia frente al esquema anterior está en el nivel de detalle. SUNAT ya conoce qué mercancías ingresan al territorio nacional, pero desde octubre la declaración de los celulares deberá permitir identificar cada equipo de manera individual, mediante dos elementos que funcionan como su huella dentro de los sistemas: el número de serie y el IMEI.

El cambio, por tanto, no apunta directamente al consumidor que compra un teléfono, sino a la cadena que permite que ese equipo llegue al mercado peruano. Su resultado dependerá de qué tan eficaz sea el cruce posterior de esa información con los mecanismos de control de equipos móviles que ya utiliza el Estado.

En un mercado donde los bloqueos por IMEI irregular se han convertido en un mecanismo recurrente de control, la novedad será que el teléfono podrá llegar a los sistemas aduaneros con una identificación individual desde el momento en que es declarado para ingresar al país.

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La observación se produjo durante la presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución, donde expuso los cambios que el Ejecutivo busca impulsar en materia económica. Entre sus propuestas figuran modificaciones al régimen tributario de las mypes, una mayor participación privada en proyectos públicos mediante ProInversión y mecanismos como Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos, además de una nueva forma de planificar el presupuesto público. El pedido de facultades también contempla medidas orientadas a facilitar el financiamiento de las mypes, entre ellas el fortalecimiento del factoring, aspecto que fue cuestionado durante el debate parlamentario.

El cuestionamiento al factoring y a las tasas de interés coloca el foco sobre uno de los componentes más sensibles del pedido de facultades: las modificaciones que podrían alterar las condiciones bajo las cuales empresas y ciudadanos acceden al financiamiento.

Cuestionan cambios en el mercado financiero

Pérez sostuvo que el fortalecimiento del factoring, planteado como una herramienta para facilitar el acceso al financiamiento de las mypes, podría terminar favoreciendo a las grandes empresas financieras. La diputada también cuestionó una eventual eliminación del tope a las tasas de interés por considerar que sus efectos no necesariamente beneficiarían a los pequeños negocios.

El factoring permite que una empresa adelante el cobro de sus facturas pendientes mediante una operación financiera. Para las mypes, este mecanismo puede convertirse en una fuente de liquidez cuando necesitan capital de trabajo y no cuentan con suficiente acceso al crédito tradicional.

No obstante, el cuestionamiento planteado en el Congreso apunta a quién capturaría los principales beneficios de una eventual expansión de este mercado. Desde Juntos por el Perú se advirtió que, si las nuevas reglas favorecen principalmente a intermediarios financieros de mayor tamaño, el resultado podría alejarse del objetivo de facilitar financiamiento para las pequeñas empresas.

El debate también alcanzó al límite establecido para las tasas de interés. César Holguín, de Ahora Nación, cuestionó la urgencia de eliminarlo y puso como argumento la concentración del sistema financiero. “¿Qué de urgente tiene en la economía del país eliminar el tope de la tasa de interés de un país con un oligopolio bancario?”, preguntó.

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La discusión sobre este punto todavía corresponde a una propuesta dentro del debate de las facultades y no a una medida aprobada. Por ello, sus efectos dependerían de la forma concreta en que el Ejecutivo plantee modificar las reglas y de los límites que finalmente establezca el Congreso en la delegación legislativa.

Cuba propone un nuevo régimen para las mypes

El debate sobre el financiamiento se vincula con otro de los principales cambios planteados por Cuba: la reforma del régimen tributario de las micro y pequeñas empresas.

El ministro propuso avanzar hacia un régimen único progresivo, con una carga tributaria que aumente gradualmente conforme crezca la empresa. El objetivo es modificar el esquema actual de regímenes diferenciados y reducir los incentivos que puedan llevar a los negocios a permanecer pequeños o fuera de la formalidad.

Cuba ya había planteado la necesidad de revisar el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER), creados hace décadas y que, según el Ejecutivo, requieren una actualización. La propuesta forma parte de las materias económicas para las que el Gobierno busca obtener facultades legislativas.

El cambio tendrá que precisar aspectos centrales como los niveles de ingresos que determinarán cada tramo, las obligaciones de las empresas y la forma en que la carga tributaria crecerá conforme aumente su capacidad económica. Por ello, una de las críticas formuladas durante la sesión fue precisamente la falta de detalle sobre algunas de las modificaciones que el Ejecutivo pretende realizar.

Roxana Rocha, de Renovación Popular, cuestionó la ausencia de mayor precisión sobre la modificación de las rentas. También preguntó qué política contempla el Gobierno respecto a la exoneración del impuesto a los ahorros, cuya vigencia culminaría a fin de año, y consultó qué medida se viene trabajando en materia laboral a través del Consejo Nacional de Trabajo.

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Inversión privada y Servicios por Impuestos

Otro de los ejes planteados por Cuba apunta a aumentar la participación privada en la ejecución de proyectos públicos. El ministro propuso fortalecer el papel de ProInversión y ampliar el uso de mecanismos como Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos.

La intención es aprovechar recursos y capacidad de ejecución del sector privado para atender determinadas brechas de infraestructura y servicios. Obras por Impuestos ya permite que empresas privadas financien y ejecuten proyectos públicos bajo un mecanismo de reconocimiento de la inversión realizada, mientras que Servicios por Impuestos amplía esta lógica hacia determinadas prestaciones.

La propuesta de Cuba busca que estas herramientas tengan un papel mayor dentro de la estrategia de inversión pública. El reto será determinar qué proyectos y servicios pueden ser atendidos mediante estos mecanismos y bajo qué condiciones se garantizará que las intervenciones respondan a las prioridades del Estado.

La participación privada no reemplazaría, por tanto, la responsabilidad del sector público de definir las necesidades que deben ser atendidas. La discusión estará en cómo combinar ambos mecanismos y evitar que la búsqueda de una ejecución más rápida termine desplazando criterios de prioridad pública.

Presupuesto con visión multianual

Cuba también planteó modificar la manera en que se formula el presupuesto público. Su propuesta consiste en avanzar hacia una planificación de arriba hacia abajo, con una perspectiva multianual y de largo plazo.

La idea es que primero se definan las prioridades generales del Estado y, a partir de ellas, se distribuya el espacio presupuestario entre las distintas entidades. Esto busca reducir una dinámica en la que cada institución plantea sus necesidades de gasto sin que necesariamente exista una priorización integral de los recursos disponibles.

Una planificación multianual permitiría, en principio, dar mayor continuidad a proyectos que requieren varios años para ejecutarse. Sin embargo, la modificación del proceso presupuestario no resolvería por sí sola los problemas de ejecución. La capacidad técnica de las entidades, la calidad de los proyectos y las dificultades contractuales seguirán influyendo en el resultado final de la inversión pública.

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Congreso cuestiona amplitud de las facultades

Más allá del contenido de las reformas, varios diputados cuestionaron el alcance de la delegación solicitada por el Ejecutivo.

Analí Márquez, de Juntos por el Perú, sostuvo que la amplitud del pedido de facultades resulta desmesurada y advirtió que podría vulnerar el artículo 104 de la Constitución, que establece las condiciones bajo las cuales el Congreso puede delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Graciela Chipana, también de Juntos por el Perú, coincidió con los parlamentarios que reclamaron mayor precisión sobre las medidas que el Gobierno pretende aprobar mediante decretos legislativos.

César Holguín, de Ahora Nación, consideró que el pedido, en términos generales, supone una concentración de poder y cuestionó que exista una “generalidad” que, a su juicio, no contribuiría a la gobernabilidad. También formuló observaciones sobre las materias de tributación y aduanas, además de cuestionar la ausencia de una corrección de las normas vinculadas con riesgo fiscal aprobadas durante el periodo anterior.

Frank Krklec, de Renovación Popular, recordó, por su parte, que la Cámara de Diputados puede interpelar y censurar a los ministros y que el Parlamento también tiene la posibilidad de modificar los decretos legislativos que emita el Ejecutivo dentro de las facultades delegadas.

Fernando García, de Buen Gobierno, llevó el debate hacia el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral al citar una declaración atribuida a la senadora Martha Chávez: “cuando llegue al Senado simplemente no le harán caso a lo que vamos a aprobar”.

La sucesión de cuestionamientos evidencia que el debate no se limita a determinar si las propuestas económicas pueden ser convenientes, sino también a establecer qué materias concretas podrá modificar el Ejecutivo y con qué límites.

La presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución ocurrió mientras la Comisión de Economía tenía prevista su participación para revisar el pedido de facultades. El ministro no acudió a esa sesión porque debía sustentar el pedido ante Constitución. La Comisión de Economía acordó posteriormente debatir y votar su informe técnico sobre las facultades el 14 de setiembre.

El Ejecutivo busca una delegación legislativa por 120 días para intervenir en materias que incluyen mypes, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa. Hasta que el Congreso determine el alcance de esa delegación, las modificaciones —incluidas las relacionadas con factoring, tasas de interés, tributación de las mypes, inversión privada y presupuesto— permanecen como propuestas y no constituyen cambios normativos vigentes.

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Zegarra explicó a La República que el incremento no se está produciendo de manera generalizada en todos los alimentos, sino que se concentra principalmente en cinco o seis productos. La referencia que tomó corresponde al mercado mayorista, uno de los principales puntos de ingreso de hortalizas y tubérculos hacia Lima, por lo que el comportamiento de estos precios puede terminar trasladándose a los mercados minoristas de la capital.

“Sobre todo en las últimas dos semanas ha habido un incremento importante de los precios de algunos productos, no de todos”, señaló.

Transporte y carreteras presionan los precios

Uno de los factores que el economista identifica detrás de la situación es el encarecimiento del transporte. El incremento del precio del diésel eleva los costos de trasladar los productos desde las zonas productoras hacia Lima, pero también aumenta el riesgo que enfrentan los transportistas cuando existen interrupciones en las carreteras.

“Yo estoy pensando que sí hay un problema con el transporte, hay un encarecimiento sustancial del transporte a raíz del incremento del diésel y eso lleva a que los transportistas estén dejando de recoger productos dado el alto costo”, explicó Zegarra.

Zegarra afirma que algunos transportistas estarían dejando de recoger productos debido a los mayores costos y al riesgo de quedar bloqueados en las vías. Este problema adquiere mayor relevancia en el caso de los alimentos perecibles, debido a que una interrupción durante el traslado puede generar pérdidas.

A ello se han sumado problemas específicos en las vías de comunicación. El economista mencionó, por ejemplo, el bloqueo registrado en la Panamericana Sur y problemas en zonas del norte del país. En su evaluación, estos factores tendrían actualmente un peso mayor sobre el incremento específico observado en Lima que los efectos del fenómeno El Niño.

La situación tampoco se limita a la capital. Zegarra señaló que en la selva se viene observando un encarecimiento relacionado con los costos del transporte fluvial y terrestre para llevar alimentos hasta ciudades como Pucallpa e Iquitos.

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El Niño todavía no sería el principal factor

El escenario climático agrega otra fuente de incertidumbre, aunque Zegarra considera que sus efectos sobre esta subida puntual de precios todavía no serían los principales.

El economista explicó que el fenómeno El Niño está comenzando a manifestarse mediante incrementos de temperatura y que estos cambios podrían afectar determinados cultivos. Sin embargo, los efectos sobre la producción agrícola suelen producirse con mayor lentitud y podrían observarse con más claridad en los próximos meses y, especialmente, durante la siguiente campaña agrícola.

En el caso del tomate, por ejemplo, Zegarra señaló que el incremento de las temperaturas podría haber afectado su producción, aunque precisó que podrían existir otros motivos. Por ello, considera que para explicar la subida registrada actualmente deben tenerse más en cuenta factores como el transporte, las carreteras y algunos problemas asociados a las lluvias.

La evolución de los próximos días será clave para determinar si las cotizaciones de estos productos vuelven a bajar o si la tendencia alcista comienza a extenderse a más alimentos.

Trigo, maíz y soya abren otro frente

A la situación interna se suma un segundo riesgo que no depende exclusivamente de la producción peruana. Zegarra advirtió sobre el comportamiento de los precios internacionales de commodities como trigo, maíz y soya, productos de los que el Perú depende en gran medida mediante importaciones.

Estos insumos tienen un peso importante en la industria alimentaria y en actividades como la producción de pollo y carne de cerdo. Por ello, un incremento sostenido de sus precios internacionales podría terminar trasladándose a distintos productos que consumen los hogares peruanos.

“El Perú es totalmente dependiente de la importación de estos productos que sustentan básicamente la producción de la industria de alimentos y también del pollo, la industria agrícola y la industria porcina”, señaló.

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El economista recordó como antecedente el periodo 2022-2023, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania provocó fuertes alteraciones en los mercados internacionales de alimentos. Según su referencia, durante ese periodo la inflación de alimentos en Perú llegó a promediar cerca de 18% anual.

Ahora, además del conflicto entre Rusia y Ucrania, Zegarra identifica presiones relacionadas con el encarecimiento de los fertilizantes y los derivados del petróleo, factores que pueden elevar tanto los costos de producción como los de transporte a escala internacional.

Uno de los puntos que más preocupa es el trigo. El economista señaló que se están presentando problemas con las exportaciones provenientes de Rusia y Ucrania y advirtió que el actual aumento de los precios internacionales estaría todavía en una etapa inicial.

Esto no significa que el trigo ya esté registrando en Lima un incremento equivalente al observado en el tomate. El riesgo está en que una subida internacional prolongada termine elevando los costos de productos que dependen de este insumo.

Una doble presión sobre los alimentos

Para Zegarra, el escenario actual combina dos problemas diferentes. Por un lado, existe una presión interna vinculada al transporte, las carreteras, el clima y el traslado de productos perecibles hacia las ciudades. Por otro, existe una presión externa relacionada con los commodities agrícolas, los combustibles y los fertilizantes.

“Se están gestando dos crisis de alimentos graves, una interna y otra externa”, advirtió.

La preocupación es que ambos factores puedan coincidir. Una mayor dificultad para trasladar alimentos dentro del país podría presionar los precios de productos frescos en Lima, mientras que un encarecimiento internacional de trigo, maíz y soya podría trasladarse posteriormente a alimentos procesados y productos de consumo masivo.

El antecedente de 2022-2023 adquiere relevancia precisamente por el impacto que tuvo sobre el poder adquisitivo de los hogares. Zegarra recordó que aquella subida de los alimentos ocurrió en un periodo en el que las remuneraciones no crecieron al mismo ritmo.

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¿Alerta temprana para evitar desabastecimiento?

Frente a este escenario, Zegarra plantea la creación de una autoridad nacional de seguridad alimentaria que permita coordinar la respuesta ante problemas de abastecimiento y precios.

“Lo primero es que tiene que montar un sistema de alerta temprana. Cuando por la ocurrencia de fenómenos como este tenemos que tener capacidad de reaccionar a tiempo para evitar desabastecimiento, incremento extremo en los precios”, sostuvo.

Su primera función, según explicó, debería ser establecer un sistema de alerta temprana que permita identificar con anticipación riesgos de desabastecimiento o aumentos extremos de precios.

También considera necesario contar con un mapa de los principales problemas que pueden afectar el traslado y almacenamiento de alimentos, de modo que las autoridades puedan reaccionar ante interrupciones en el transporte, dificultades de almacenamiento o problemas de movilización.

La propuesta parte de una constatación: las grandes ciudades dependen del ingreso constante de alimentos provenientes de otras zonas del país y del exterior. Por ello, una interrupción prolongada en las rutas de abastecimiento puede tener efectos que vayan más allá de un producto específico.

El comportamiento de los precios mayoristas durante las próximas semanas permitirá determinar si las alzas observadas en productos como el tomate, choclo, ají, arveja y zapallo son episodios puntuales o el inicio de una presión más amplia sobre la canasta alimentaria. A ese seguimiento interno se suma ahora la evolución de los mercados internacionales de trigo, maíz y soya, que podría convertirse en un nuevo factor de presión para los consumidores peruanos.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 11 de septiembre

BCP

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El pedido se formalizó mediante un oficio enviado el nueve de septiembre y firmado por el secretario general Gerónimo López y el secretario de Defensa Moisés Vega. En el documento, la CGTP pide que a la reunión asista también el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, al considerar que el problema está directamente vinculado a las competencias de ese sector y requiere una respuesta articulada del Poder Ejecutivo.

La ley vencía el diez de julio y trasladaba de vuelta a los Gobiernos Regionales las competencias de inspección sobre microempresas que, de forma temporal, habían sido asumidas por Sunafil. Un proyecto de ley que buscaba ampliar ese plazo por 10 años, con respaldo multipartidario y aval del Ministerio de Trabajo, fue observado por el Ejecutivo apenas un día antes del vencimiento.

Ese mismo nueve de julio, tras culminada la jornada laboral, Sunafil comunicó por correo electrónico a los 42 inspectores la conclusión de su vínculo con la institución. La medida se ejecutó sin que se hubieran constituido previamente las comisiones de transferencia con cada región, encargadas de trasladar de forma ordenada el acervo documentario y presupuesto.

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Sin inspección en microempresas de 25 regiones

Según Ricardo Cerna, uno de los inspectores afectados, los 25 Gobiernos Regionales incluido el Callao no vienen ejerciendo la función inspectora sobre las microempresas por falta de infraestructura, logística, sistemas informáticos y capacidad de gestión para atender denuncias laborales. La CGTP advierte que esto deja sin fiscalización a un sector donde se concentra una alta informalidad laboral.

Para Ernesto Tapia, secretario de Derechos Humanos de la CGTP, resulta inadmisible que servidores encargados de hacer cumplir la legislación laboral sean hoy víctimas del incumplimiento de uno de los derechos más elementales de cualquier trabajador: cobrar su remuneración a tiempo.

El desplazamiento del centro de gravedad económico mundial desde el Atlántico hacia Asia-Pacífico abre nuevas oportunidades para el Perú. Y es aquí donde el puerto de Chancay puede jugar un papel fundamental.

Su inauguración ha permitido reducir en aproximadamente 15 días el tiempo de tránsito marítimo de carga entre el Perú y Asia. Además, en su primer año operativo se han superado las expectativas iniciales, llegando a movilizar más de 286.000 TEU y generando más de 939 millones de soles en ingresos fiscales por aduana. No obstante, las consideraciones económicas no son las únicas que han rodeado al nuevo puerto.

El hecho de que la empresa estatal china COSCO Shipping Ports tenga un 60% de la participación (la empresa peruana Volcan posee el otro 40%) también ha dado lugar a consideraciones de carácter geopolítico. Al fin y al cabo, como empresa estatal, COSCO no sólo obedece a una racionalidad económica, sino también política, y además tiene vínculos con el ejército chino. ¿Cómo puede esto afectar al Perú?

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Un argumento frecuente radica en su posible uso militar por parte de China, ya que reúne las condiciones para recibir a los buques más grandes de su Armada. En caso de que así sucediera en un eventual conflicto entre China y Estados Unidos, las consecuencias podrían ser graves para el Perú, pudiendo incluso convertirlo en estado contendiente. Sin embargo, hay factores que alejan esta posibilidad. Más allá de la necesaria autorización del Congreso de la República para recibir tropas extranjeras, a lo cual podría negarse, el puerto tendría utilidad estratégica limitada en caso de conflicto, dada su distancia con el teatro de operaciones (presumiblemente en torno al estrecho de Taiwán) y la facilidad con la que podría ser destruido.

A nivel comercial, el puerto tiene el potencial de convertir al Perú en un hub logístico regional. De hecho, casi la mitad de la carga movilizada durante su primer año es de transbordo con países vecinos. Por otro lado, Chancay puede estrechar todavía más la relación económica del Perú con China, país que concentra ya el 38.5% del valor de las exportaciones peruanas. Esta situación aporta nuevas oportunidades económicas al país, aunque también aumenta su exposición ante vaivenes en la economía de China y podría reducir su margen de maniobra en caso de desacuerdos.

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Por último, el puerto de Chancay, como primer puerto inteligente de Sudamérica, puede fortalecer en el Perú la narrativa china de cooperación, modernización y beneficio mutuo. El contraste con Estados Unidos, que durante el último año y medio ha venido imponiendo aranceles al país —al igual que a otras economías— a pesar de tener un Tratado de Libre Comercio firmado, resulta evidente. A su vez, no son descartables futuras represalias estadounidenses hacia el Perú por haber permitido que COSCO tenga el control mayoritario del puerto.

La situación que este escenario abriría para el Perú es altamente compleja. Ceder ante eventuales presiones estadounidenses podría dañar su relación con China, mientras que no hacerlo implicaría un riesgo de represalias desde Washington. Así, la forma que el Perú tiene para proteger mejor sus intereses radica en mantener una relación política y económica positiva con las dos grandes potencias. Esto implicaría rechazar la idea de elegir un bando o alinearse completamente con alguna de ellas y, en cambio, cooperar con ambas en función de los intereses del Perú y del asunto en cuestión. La idea es no renunciar a las oportunidades y beneficios que supone mantener relaciones económicas abiertas con todos.

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La nueva situación internacional requerirá buenas dosis de habilidad y astucia política. El desafío para el Perú será transformar su posición entre las dos grandes potencias en una fuente de oportunidades, evitando que esta se convierta, al mismo tiempo, en una vulnerabilidad.

Pese a la promesa de llevar gas natural al interior del país, recibe graves advertencias por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre el alcance real de esa expansión.

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El regulador advierte que, pese a la magnitud de la inversión y de las redes previstas, en cuatro localidades las conexiones mínimas comprometidas cubrirían apenas entre el 20% y 30% de las viviendas evaluadas. El resto podría ver postergado su acceso al servicio por más de diez años.

Este proyecto de masificación hacia nuevas ciudades del centro y sur del Perú podría dejar a la mayoría de viviendas de cuatro localidades sin una conexión garantizada durante más de una década. En Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná, las metas mínimas establecidas en la Novena Adenda al contrato de Cálidda alcanzan como máximo a tres de cada diez viviendas identificadas en las zonas evaluadas.

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La advertencia está contenida en el informe N.° 413-2026-GRT/OS de Osinergmin, que evalúa la propuesta de modificación contractual que actualmente se encuentra en manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El proyecto contempla la construcción de 3.738,9 kilómetros de redes y un universo de 300.613 consumidores potenciales en nuevas localidades. Sin embargo, el compromiso mínimo que asumiría Cálidda es de 201.411 conexiones.

En Huamanga, por ejemplo, la adenda establece como mínimo 13.555 conexiones frente a 44.660 viviendas consideradas en el área evaluada. Es decir, el compromiso contractual alcanza al 30,4%.

En Quillabamba, la brecha es todavía mayor: de 4.391 viviendas, solo 884 conexiones están comprometidas, equivalente al 20,1%.

La situación se repite en Huancavelica, donde las 3.840 conexiones previstas representan el 29,9% de las 12.839 viviendas evaluadas, y en Curimaná, donde las 230 conexiones mínimas cubren apenas el 20,9% de 1.100 viviendas.

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El problema no es solo quién se conecta, sino quién tendrá una red frente a su vivienda

La cifra de cobertura no significa que el 70% u 80% restante quede definitivamente excluido del gas natural. El problema advertido por Osinergmin es otro: la propuesta no establece una obligación equivalente para garantizar que esos hogares tengan una red disponible frente a sus viviendas.

En otras palabras, una cosa es que una vivienda no esté conectada y otra muy distinta es que ni siquiera tenga una red cercana a la cual pueda solicitar posteriormente una conexión.

El regulador explica que no basta con fijar un número mínimo de kilómetros de redes y conexiones para garantizar la masificación. Cálidda podría cumplir formalmente con ambas metas concentrando la infraestructura y las conexiones en determinadas zonas, particularmente aquellas con mayor densidad o demanda.

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De esta manera, el concesionario podría alcanzar el número mínimo de usuarios exigido por el contrato sin que ello implique que la red se extienda de manera equilibrada por toda el área considerada como potencial.

El riesgo, según Osinergmin, es que otros barrios o sectores permanezcan sin infraestructura disponible y que sus habitantes tengan que esperar nuevas inversiones o modificaciones contractuales para acceder al servicio.

Por ello, el regulador advierte que una cobertura inferior al 31% en estas cuatro localidades postergaría el acceso al gas natural para aproximadamente el 70% de su población por un periodo superior a diez años.

La observación pone el foco en una diferencia que puede pasar desapercibida: los 300.613 consumidores potenciales que aparecen en la propuesta no equivalen a 300.613 viviendas que tendrán una conexión garantizada.

Se trata de un universo estimado de usuarios que podrían ser atendidos por las redes proyectadas. La obligación contractual de Cálidda, en cambio, está determinada por el número de conexiones mínimas.

Además, Osinergmin cuestiona que la propuesta considere un factor de penetración de 67%, cuando el regulador señala que debería alcanzarse como mínimo 70% en cada localidad.

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Una expansión de 3.738 kilómetros no garantiza una expansión equivalente de la cobertura

La Novena Adenda busca ampliar el ámbito de la concesión hacia ciudades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.

El proyecto incluye Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Puno y Juliaca, en Puno; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Abancay y Andahuaylas, en Apurímac; y Huancavelica.

La propuesta contempla construir miles de kilómetros de redes para llevar el servicio a estas localidades. Sin embargo, para Osinergmin, el cumplimiento de kilómetros y conexiones no debería ser el único parámetro para medir la masificación.

El punto es especialmente sensible porque la propia documentación que sustenta la propuesta identifica una cantidad de viviendas potenciales muy superior a las conexiones mínimas que se exigirían al concesionario.

Incluso existe un mecanismo que permite compensar hasta 20% de las conexiones entre localidades. Para el regulador, esta posibilidad puede reducir todavía más la garantía de cobertura en determinadas ciudades, debido a que conexiones pendientes de una localidad podrían terminar siendo ejecutadas en otra.

Así, el contrato podría cumplirse en términos numéricos sin necesariamente alcanzar el objetivo de llevar el servicio a la mayor cantidad posible de hogares.

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El regulador también cuestiona que Lima y Callao sigan pagando por redes después de 2033

Osinergmin señala que la adenda para extender la concesión de Cálidda hasta 2043 haría que más de 1,8 millones de usuarios en Lima y Callao sigan pagando en sus recibos por las redes de gas existentes, a pesar de que su costo total ya habrá sido recuperado tras los primeros 33 años del contrato (en 2033), cuando la infraestructura debe pasar a ser propiedad del Estado.

El problema radica en que la propuesta mantiene un valor cobrable (VNR) para estas tuberías, en lugar de fijarlo en cero al haber terminado de pagarse por completo.

De mantenerse este cobro adicional entre 2033 y 2043, el organismo regulador proyecta que la concesionaria obtendría ingresos por US$2.252,7 millones con costos operativos de US$420,7 millones, lo que generaría una utilidad de US$1.832 millones.

En cambio, si el valor de las redes viejas pasa a cero en 2033, la utilidad caería a US$329,7 millones. Para Osinergmin, esta diferencia de más de US$1.500 millones no debería ser una ganancia extraordinaria para la empresa, sino convertirse en tarifas más bajas para los consumidores o en nuevas inversiones sin costo para el usuario.

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Expertos advierten un posible precedente para otros contratos de concesión

Las observaciones a la Novena Adenda no solo ponen sobre la mesa el impacto que tendría el acuerdo en Cálidda. Uno de los principales puntos de debate es cuánto margen conservaría el regulador para revisar la eficiencia de las inversiones y costos de operación una vez que estos criterios queden fijados en el contrato.

El informe técnico advierte que establecer condiciones rígidas podría dificultar que, en futuras fijaciones tarifarias, se trasladen a los usuarios las eficiencias, economías de escala u optimizaciones que surjan con la maduración de la red.

Expertos del sector consultados por este diario señalan que el alcance de esta discusión podría ir más allá del mercado del gas natural. Si estas condiciones quedan incorporadas en un contrato de concesión, otros operadores podrían invocar posteriormente un criterio de “trato no discriminatorio” para solicitar condiciones similares.

Aunque el informe del regulador no es vinculante para el Minem, los especialistas consideran que la decisión sobre la adenda podría marcar un precedente sobre cuánto espacio conserva la regulación tarifaria frente a las condiciones pactadas en contratos de largo plazo.

La discusión queda así planteada en dos frentes: cuánto de la expansión regional estará realmente garantizado para los hogares y bajo qué condiciones tarifarias continuará la concesión en Lima y Callao después de 2033.

Respuesta de Cálidda

Por su parte, Cálidda señaló a La República que su meta es "llevar el gas natural a 7 regiones del centro y sur del país, en el menor plazo posible, garantizando las mismas tarifas que pagan los usuarios en Lima".

La empresa precisó que su propuesta duplica el compromiso inicial planteado por el Estado al proyectar el tendido de redes para llegar a 300.000 viviendas, con una meta mínima de 201.000 conexiones reales, lo que representa "el compromiso más alto asumido por cualquier concesión de gas natural existente en el Perú".

Asimismo, aclaró que estas metas iniciales no limitan la expansión futura, pues existen mecanismos normativos para seguir ampliando la cobertura progresivamente.

Sobre las complejidades técnicas y de costos en el interior del país, explicaron que las métricas en la nueva Adenda fueron fijadas por un consultor experto contratado por el Ministerio de Energía y Minas, quien consideró desafíos climáticos como lluvias, nieve y altura, además de factores de suelo y temas arqueológicos.

"Es evidente que, dados estos factores, los rendimientos asociados a la construcción de redes son menores, por lo que el costo debe ser mayor", argumentaron, añadiendo que al construir en 15 ciudades a la vez requieren flexibilidad para compensar las conexiones que no puedan concretarse en una localidad con los avances de otra.

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Frente a las críticas por el impacto en las tarifas, la concesionaria descartó la existencia de utilidades indebidas. “En un contrato regulado, no puede existir una 'sobreganancia', ya que toda modificación contractual requiere mantener el equilibrio económico-financiero, es decir, que el concesionario no gane más con la adenda que sin ella”, sostuvieron.

Cálidda indicó que el modelo de negocio contempla un plazo de 30 años para que la tarifa permita recuperar el costo de las obras. Por ello, señalaron que las infraestructuras que se construyan cerca al fin del contrato no alcanzan a pagarse del todo mediante el recibo de los usuarios.

En ese sentido, manifestaron que ampliar el plazo de la concesión por 10 años no busca generar un cobro extra, sino dar el tiempo necesario para terminar de financiar las tuberías que se instalarán en los próximos años.

“Por la vía tarifaria, sólo podrán ser remuneradas durante 8 años, considerando que la concesión termina en 2033; si esta se amplía 10 años, dichas inversiones se remunerarán durante 18 años”, indicaron, precisando que el contrato original define cómo saldar el monto restante.

Sobre el ritmo de instalación, Cálidda indicó que también depende de cómo la población vaya conociendo los beneficios del servicio, tal como ocurrió durante el desarrollo de la concesión en la capital.

“Ejemplo de ello es Lima: el compromiso inicial era menos de 100 mil conexiones y a la fecha ya hemos realizado más de 2,1 millones bajo los mecanismos del reglamento”, indicaron para este diario.

Respecto a la situación en Quillabamba, Cálidda indicó que, de aprobarse la propuesta, culminaría las obras del proyecto estatal en la ciudad y extendería el servicio a las zonas que no habían sido consideradas originalmente.

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, Cuba sostuvo que las compras de armamento que se vienen realizando responden a una necesidad puntual y no representan una obligación permanente para las cuentas públicas.

“En los últimos 25 años realmente no se ha gastado en Defensa. Solamente el año pasado y este año”, señaló. Según explicó, este tipo de adquisiciones se realiza aproximadamente cada 10 o 15 años y las actuales responden, además, a compromisos internacionales que el Perú asumió durante los dos gobiernos anteriores.

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Por ello, consideró que no se trata de un gasto que vaya a repetirse anualmente. “No es un gasto recurrente. En los siguientes años, obviamente, los recursos van a ir a mejoras salariales, infraestructura y demás”, afirmó.

La defensa de estas compras se produce mientras otras áreas del Estado también reclaman mayores recursos y el propio MEF reconoce que existe un límite para ampliar el gasto.

La presión tributaria limita al Estado para atender todas las demandas

Cuba explicó que una de las principales restricciones está en el nivel de recaudación. “Entonces, con un 15% de presión tributaria, no hay manera de cumplir todas esas demandas”, sostuvo.

Según el ministro, el objetivo es que esa recaudación aumente en los próximos años y permita atender progresivamente las necesidades de los distintos sectores.

Entre ellos, destacó a educación y salud, que calificó como “la parte más importante del presupuesto público” por su carácter redistributivo. Según explicó, ambos servicios son utilizados principalmente por los cuatro quintiles de menores ingresos.

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En educación, señaló que el gasto está concentrado principalmente en remuneraciones y materiales educativos. En salud ocurre algo similar, con un peso importante de los salarios y los materiales médicos. La estructura cambia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde la inversión tiene mayor participación debido a su función vinculada con la infraestructura.

Cuba pidió, por ello, no evaluar el presupuesto únicamente por su monto total. “No hay que generalizar viendo el globo. Hay que entrar a cada función y ver dónde hay más espacio para aumentar”, indicó.

Ante un shock, el MEF plantea reducir la evasión y recurrir a deuda

El margen fiscal también sería puesto a prueba ante un eventual shock externo o climático. Cuba mencionó dos escenarios: que se produzca “un Fenómeno del Niño más fuerte” o que “caiga el precio del oro”.

Frente a una situación de este tipo, sostuvo que el primer espacio para responder sería reducir la evasión tributaria. “El primer espacio que tenemos es bajar sensiblemente la evasión tributaria”, explicó, antes de recurrir inicialmente a un ajuste fiscal.

El ministro agregó que el Perú también tiene acceso a los mercados de crédito. Si el impacto fuera considerable, el Estado podría utilizar una política fiscal contracíclica, es decir, aumentar o sostener el gasto para amortiguar los efectos de una caída económica.

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Incluso contempló la posibilidad de recurrir al endeudamiento de corto plazo. “Podríamos aumentar, si fuese necesario, el endeudamiento de corto plazo”, señaló.

Así, la discusión planteada por Cuba combina dos realidades del presupuesto: por un lado, una recaudación que, según el propio ministro, resulta insuficiente para cubrir todas las demandas; por otro, gastos que el Gobierno considera “necesarios” y que deben ejecutarse aun dentro de ese escenario de recursos limitados.

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