‘Creo que hay tres o cuatro grandes ejes que tiene que encarar el próximo gobierno, quiera o no quiera, por las buenas o por las malas’, señaló el economista Armando Mendoza en diálogo con La República.

Uno de los principales problemas, según Mendoza, es que el crecimiento económico del país no se ha traducido en mejoras concretas en el bienestar de la población. ‘El Perú viene creciendo a tasas positivas, pero moderadas del 2% o 3%’, explicó, aunque precisó que ese desempeño no ha tenido un efecto significativo en la economía de los hogares.

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En esa línea, advirtió que existe una brecha entre las cifras macroeconómicas y la realidad social. ‘Las cifras en azul al nivel macroeconómico no se están reflejando en la economía de las personas’, sostuvo, al recordar que los ingresos reales aún no recuperan los niveles previos a la pandemia.

Para el economista, el problema no es únicamente el ritmo de crecimiento, sino su calidad y origen. Según explicó, el país sigue dependiendo de factores externos, lo que limita su sostenibilidad en el tiempo.

‘No sea por casualidad o por factores externos, por el famoso viento de cola’, apuntó, al señalar que el desafío es impulsar políticas públicas que permitan diversificar la economía, generar empleo de calidad y fortalecer las cadenas productivas internas.

También mencionó que el crecimiento debe dejar de concentrarse en pocos sectores. En su opinión, actividades como la agroexportación o la minería han mostrado dinamismo, pero no necesariamente han beneficiado al conjunto del aparato productivo ni al mercado laboral en general.

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Pobreza persistente y críticas al enfoque asistencialista

El segundo gran eje que deberá enfrentar el próximo gobierno es la lucha contra la pobreza, que calificó como un problema aún no resuelto. ‘Es inaceptable que seis años después de la pandemia estemos dando bandazos’, afirmó, en referencia a la falta de continuidad y coherencia en las políticas sociales.

Mendoza consideró que el país ha retrocedido en indicadores sociales y que la respuesta estatal ha sido desordenada, muchas veces enfocada en medidas de corto plazo.

En ese sentido, cuestionó el enfoque predominante de los programas sociales, al señalar que en muchos casos se limitan a transferencias monetarias sin una estrategia de desarrollo detrás.

‘No simplemente se limite al tema de que bueno, te doy un bono (…) que en realidad es una visión populista y clientelista’, sostuvo, al advertir que este tipo de políticas pueden terminar debilitando el objetivo de reducción sostenible de la pobreza.

Desde su perspectiva, la política social debe tener una lógica distinta. ‘La ayuda social no como un mecanismo de clientelismo político, sino como una política de desarrollo con claridad, transparencia y efectividad’, remarcó.

Deterioro fiscal y debilitamiento institucional

Otro de los problemas que deberá afrontar el próximo gobierno es el deterioro fiscal, resultado de decisiones que han reducido los ingresos públicos y aumentado las presiones sobre el presupuesto estatal.

‘La disciplina fiscal ha sido saboteada, ha sido literalmente acuchillada por todos lados’, afirmó, al referirse tanto al incremento del gasto público como a la reducción de ingresos tributarios.

Criticó además la proliferación de beneficios fiscales y exoneraciones sin criterios técnicos claros ni exigencias de impacto económico.

‘Se les entrega exoneraciones tributarias para que paguen cero por ciento de impuestos… sin el más mínimo nivel de inversión o empleo’, señaló, en referencia a determinados regímenes especiales.

Para el economista, este escenario ya empieza a generar consecuencias visibles en la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones. ‘La plata ya no alcanza’, advirtió, al señalar que existen señales de presión presupuestaria en diversas áreas del sector público.

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El último gran reto identificado por Mendoza es la crisis institucional que atraviesa el país. A su juicio, no se trata de un problema nuevo, pero sí de uno que se ha profundizado en los últimos años debido a la constante inestabilidad política.

Esa situación, añadió, se refleja en la alta rotación de autoridades en sectores del Estado. El Ministerio del Interior es uno de los casos más evidentes, con numerosos cambios de titulares en un corto periodo, lo que dificulta la continuidad de las políticas públicas.

Frente a este escenario, advirtió que la próxima administración no podrá darse el lujo de postergar decisiones. La acumulación de problemas económicos, sociales e institucionales reducirá su margen de acción desde el primer día de gobierno. 'La realidad se los va a imponer', sostuvo, al considerar que las respuestas deberán llegar con rapidez ante las demandas que enfrenta el país.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

La solicitud puede presentarse de manera virtual mediante la plataforma habilitada por la entidad o, de forma excepcional, en las oficinas correspondientes. Para acceder al beneficio, el ciudadano debe sustentar la causal de su ausencia con documentos que acrediten la situación y, cuando corresponda, efectuar el pago de la tasa establecida para el trámite.

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¿Cómo solicitar la dispensa o justificación de multa electoral? Paso a paso

Para realizar el trámite, el ciudadano debe seguir los siguientes pasos:

• Ingresar al Sistema de Dispensa Virtual (SISDIV) habilitado por el JNE. https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login
• Si no tiene un usuario o cuenta, debes crearte uno.
• Completar la solicitud de dispensa o justificación correspondiente.
• Adjuntar los documentos que acrediten la causal invocada.
• Presentar una copia del DNI cuando la causal corresponda a pérdida o robo del documento.
• Realizar el pago de S/ 25.90 con el código 01465 cuando la normativa lo exija.
• Cargar o acreditar el comprobante de pago dentro de la solicitud.
• Enviar el trámite para su evaluación por parte de la autoridad electoral.

El pago puede efectuarse en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante los canales virtuales autorizados. En los casos en que una persona registre simultáneamente omisión al sufragio e inasistencia como miembro de mesa, solo deberá cancelar una única tasa por el proceso electoral correspondiente.

Para que la solicitud sea admitida, la documentación presentada debe estar directamente relacionada con la fecha de la elección. Además, si alguno de los documentos fue emitido en un idioma extranjero, deberá incluir una traducción al español conforme a las disposiciones aplicables para este procedimiento.

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¿Quiénes pueden tramitar la dispensa electoral para no pagar multa por no votar?

La dispensa o justificación está disponible para ciudadanos que no pudieron sufragar o cumplir con la instalación de la mesa de sufragio debido a situaciones contempladas por la normativa electoral. Entre ellas figuran quienes viajaron al extranjero por estudios o motivos de salud, así como las personas que realizaron labores de transporte aéreo, terrestre o marítimo durante la fecha de la elección.

Asimismo, pueden acceder al trámite quienes fueron afectados por desastres naturales o de origen humano, presentaron problemas de salud, sufrieron el robo o pérdida de su DNI, estuvieron privados de su libertad o registran alguna discapacidad. También se consideran causales válidas el fallecimiento de familiares directos, errores en el padrón electoral, funciones electorales desempeñadas durante la jornada y otras circunstancias excepcionales debidamente sustentadas.

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Scotiabank

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La norma, publicada este 2 de junio, busca garantizar la participación electoral sin afectar el vínculo laboral de los ciudadanos que intervengan en el proceso o deban desplazarse fuera de su lugar de trabajo para sufragar.

Trabajadores podrán ausentarse hasta cuatro días si deben viajar para votar

Uno de los principales alcances del decreto está dirigido a los trabajadores de los sectores público y privado que laboran en una localidad distinta a aquella donde les corresponde votar. En estos casos, quienes acrediten haber sufragado podrán dejar de laborar los días viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio del 2026.

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Sin embargo, la norma precisa que los días laborables estarán sujetos a compensación. En el sector privado, la recuperación de horas deberá acordarse entre empleador y trabajador. Si no existe acuerdo, la decisión quedará en manos del empleador.

En el sector público, cada entidad determinará la forma en que se recuperarán las jornadas no trabajadas, procurando mantener la continuidad de los servicios que brinda a la ciudadanía.

Elecciones 2026: ¿Qué beneficios recibirán los miembros de mesa?

El decreto también desarrolla las medidas para quienes participen como miembros de mesa durante la segunda vuelta presidencial. Los ciudadanos que fueron seleccionados mediante sorteo, completaron el proceso de capacitación y cumplan efectivamente la función tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, beneficio ya contemplado en la Ley Orgánica de Elecciones.

Este descanso podrá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a la jornada electoral, de común acuerdo entre el trabajador y el empleador.

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Por otro lado, los miembros de mesa sorteados que no completaron la capacitación, pero sí desempeñen la función el día de la elección, recibirán un día de descanso remunerado compensable el lunes 8 de junio.

El mismo beneficio alcanzará a los ciudadanos que sean designados el mismo día de la elección para integrar una mesa de sufragio debido a la ausencia de titulares o suplentes.

En ambos casos, las horas dejadas de laborar deberán compensarse dentro de los diez días calendario posteriores o cuando lo determine el empleador según las necesidades del servicio.

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Elecciones 2026: ¿cuáles serán las facilidades para quienes trabajen el domingo de elecciones?

La norma también contempla medidas para los trabajadores cuya jornada coincida con el domingo 7 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial.

Estos trabajadores tendrán derecho a períodos de tolerancia, antes o durante la jornada laboral, para acudir a votar.

Asimismo, quienes actúen como miembros de mesa estarán facultados para no asistir a laborar ese día, sin perjuicio de los beneficios adicionales que les corresponden por su participación en el proceso electoral.

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Para acceder a las facilidades previstas para miembros de mesa, los ciudadanos deberán presentar el Certificado de Participación emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), documento que acreditará el cumplimiento efectivo de dicha función.

Las medidas forman parte de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo para garantizar la participación de los electores en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez buscarán alcanzar la Presidencia de la República.

Según el gremio empresarial, esta decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría retrasar o incluso paralizar la ejecución de la principal vía de acceso de alto estándar al nuevo terminal aéreo, con lo que afectaría directamente su operación eficiente y su rol como infraestructura estratégica para posicionar al Perú como un hub logístico, comercial y turístico en la región.

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La CCL advirtió que resulta contradictorio que el país continúe impulsando inversiones multimillonarias en la modernización del Aeropuerto Jorge Chávez, el Puerto del Callao y otros proyectos estratégicos, mientras se pone en riesgo la obra que permitirá su adecuada conexión con la ciudad y con los principales corredores logísticos nacionales. En esa línea, el gremio remarcó que la infraestructura vial de acceso no es un componente secundario, sino una pieza clave para garantizar la funcionalidad del sistema aeroportuario en su conjunto.

Asimismo, la organización señaló que una eventual paralización del proyecto tendría consecuencias directas sobre el comercio exterior, el turismo, la logística de carga, los viajes de negocios y la atracción de inversiones. En su análisis, también alertó sobre el impacto negativo que esta situación podría generar en la imagen internacional del país, al proyectar incertidumbre respecto a la continuidad de proyectos estratégicos y a la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura de gran escala.

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En esa misma línea, la CCL sostuvo que el proyecto Vía Expresa Santa Rosa se enmarca dentro de los esfuerzos articulados de diversas entidades públicas, como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción, PROMPERÚ y ProInversión, junto con el sector privado, para consolidar al Perú como un centro logístico y de negocios competitivo en Sudamérica. Por ello, consideró que su eventual paralización iría en sentido contrario a esa estrategia de desarrollo.

El gremio recordó además que la obra ya cuenta con estudios aprobados, contratos adjudicados, empresas contratistas seleccionadas y una inversión pública significativa ejecutada. Advirtió que cualquier paralización del proyecto podría generar mayores costos, retrasos en los plazos previstos y eventuales contingencias contractuales que terminarían impactando los recursos del Estado.

En esa línea, la Cámara de Comercio de Lima pidió al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar el financiamiento necesario para asegurar la continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa. Según señaló, la nueva infraestructura es clave para conectar de manera eficiente al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y evitar que una obra estratégica opere sin un acceso vial acorde con su capacidad y demanda.

Las afirmaciones, realizadas durante una entrevista concedida a Cadena de Noticias Talara TV, generaron una rápida reacción de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol), que advirtió sobre una eventual “privatización encubierta” y solicitó al presidente José María Balcázar la derogatoria del Decreto de Urgencia 010-2025, norma que otorgó a ProInversión facultades para conducir la reorganización de Petroperú.

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Aunque Delgado insistió en que la propiedad de la Refinería de Talara permanecerá en manos del Estado, sus declaraciones ofrecieron uno de los mayores niveles de detalle conocidos hasta ahora sobre el esquema que se busca implementar para el principal activo de la empresa.

“La titularidad, o sea, la propiedad de todos los activos de Petroperú van a permanecer en manos del Estado peruano”, afirmó.

Sin embargo, precisó que la intención es incorporar a una empresa especializada que asuma la operación de la refinería y ejecute nuevas inversiones para mejorar su desempeño financiero. “Lo que se va a buscar es que un privado pueda operar la refinería”, señaló.

ProInversión busca operador privado para Talara y evalúa contratos de largo plazo

Durante la entrevista, Delgado explicó que la estrategia de reorganización contempla la participación de un operador internacional con experiencia en refinación y capacidad financiera para ejecutar inversiones adicionales en la Refinería de Talara.

“El compromiso es buscar a un privado de clase mundial para que lo opere de una manera bastante eficiente y adicionalmente también que haga las inversiones necesarias para que la refinería no solamente recupere su valor, sino que este valor se incremente”, sostuvo.

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Según indicó, Petroperú enfrenta limitaciones financieras que dificultan realizar inversiones y trabajos de mantenimiento requeridos en sus activos, por lo que se considera necesaria la participación de un socio con experiencia en la gestión de este tipo de infraestructura.

La declaración más relevante de la entrevista llegó cuando el funcionario describió el modelo que actualmente se encuentra bajo evaluación.

“Conceptualmente lo que se va a buscar es un contrato a largo plazo donde el privado sea el que haga las inversiones y también opere la Refinería de Talara”, afirmó.

Consultado sobre los mecanismos que podrían utilizarse, Delgado señaló que existen distintas alternativas en evaluación.

“Puede ser un contrato de inversión público-privado de 30 años, un contrato de concesión, puede ser un contrato de gerencia. Todo eso es un abanico de posibilidades que están sobre la mesa para evaluar”, manifestó.

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Asimismo, reveló que ProInversión espera culminar en los próximos meses la evaluación técnica y financiera de los activos de Petroperú para posteriormente salir al mercado en busca del operador.

“Acabado este tiempo, ya vamos a lanzar el concurso con la modalidad específica, con las condiciones y los criterios justamente para buscar este operador”, declaró.

Incluso, al ser consultado sobre la posibilidad de incorporar participación accionaria privada en la Refinería de Talara, el funcionario reconoció que esa alternativa no ha sido descartada.

“Esa opción podría estar sobre la mesa. Habría que evaluarla”, respondió.

Fenpetrol rechaza propuesta y pide frenar la reorganización de Petroperú

Las declaraciones de Delgado provocaron la reacción de Fenpetrol, que remitió una carta al presidente de la República expresando su rechazo al proceso de reorganización impulsado por ProInversión.

En el documento, la federación cuestiona que la operación y las inversiones de instalaciones estratégicas puedan quedar bajo control privado mediante contratos de largo plazo, aun cuando la propiedad continúe siendo estatal.

“Si bien PROINVERSIÓN ha manifestado que no se trata de una privatización directa, la propuesta de concesión por un plazo de 30 años para la operación y la realización de inversiones en instalaciones estratégicas como la Refinería de Talara constituye, a nuestro juicio, una privatización encubierta”, sostiene la organización sindical.

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La federación considera que una medida de este tipo podría afectar el carácter estratégico de Petroperú y advierte riesgos para la soberanía energética y la estabilidad laboral de los trabajadores.

Asimismo, rechazó una afirmación realizada por Delgado respecto al diálogo con las organizaciones sindicales. Mientras el funcionario aseguró haber sostenido reuniones con sindicatos para explicar el proceso de reorganización, Fenpetrol sostuvo que no ha participado en ninguna instancia de coordinación con ProInversión.

“En ningún momento se ha sostenido reunión, diálogo o coordinación alguna con Fenpetrol ni con los sindicatos afiliados a nuestra Federación”, indicó la organización en su comunicación al Ejecutivo.

Además de cuestionar la reorganización, la federación pidió la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025 y de las normas vinculadas al proceso de reestructuración de Petroperú.

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El gremio también solicitó al Gobierno concretar el aval financiero de US$2.000 millones para garantizar la liquidez y continuidad operativa de la empresa, compromiso que, según señala, aún no se ha materializado pese a haber sido anunciado semanas atrás.

Con ello, el debate sobre el futuro de la Refinería de Talara vuelve a instalarse en el centro de la discusión energética. Mientras ProInversión sostiene que la incorporación de un operador especializado permitirá mejorar la eficiencia y atraer inversiones sin perder la propiedad estatal, los trabajadores consideran que entregar la operación de largo plazo de la principal instalación de Petroperú supone, en los hechos, una forma de privatización que el Gobierno debería detener.

Durante una entrevista en el programa 'Que no se te olvide' de La República, Sánchez sostuvo que su agrupación respalda la independencia de la autoridad monetaria y consideró que este ha sido uno de los pilares de la estabilidad económica del país.

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"Hemos reafirmado nosotros, como dice la Constitución, la política de Estado de la autonomía del Banco Central de Reserva. Es algo que hay que defender y ha demostrado resultados muy buenos para el país", señaló.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo añadió que también defiende la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para atraer inversiones. "Defendemos la necesaria política de Estado de la estabilidad macroeconómica. Son aspectos fundamentales que permiten que fluya inversión privada", indicó.

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Respeto a acuerdos internacionales e inversión privada

Sánchez afirmó que su agrupación mantendrá el respeto a los acuerdos internacionales suscritos por el Perú y destacó su experiencia en la negociación de tratados comerciales durante su gestión en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

"Nosotros creemos en la inversión privada, pero para expandir esos beneficios queremos que haya también la participación de los microempresarios y de la industria nacional", manifestó.

En ese contexto, señaló que uno de los objetivos de su propuesta económica es promover una mayor transformación productiva de los recursos que exporta el país.

"Basta de vender solamente materias primas. No podemos generar ni siquiera un hilo de nuestro cobre, ni siquiera un valor agregado de nuestra agricultura", expresó.

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Plantea cambios en la actividad minera y la formalización

El candidato también planteó la necesidad de establecer nuevas condiciones para el desarrollo de la actividad minera, incluyendo mayores estándares ambientales y acciones contra la ilegalidad.

"Estamos hablando de una nueva minería, como un nuevo pacto que permita estándares ambientales, lucha frontal contra la ilegalidad y garantizar el derecho al trabajo", sostuvo.

Además, consideró que la elevada informalidad laboral representa uno de los principales desafíos de la economía peruana.

"El 70% de informalidad es un pecado social muy grande y para revertirlo tenemos que garantizar estabilidad económica", afirmó.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que diversos gremios empresariales y analistas económicos vienen evaluando las propuestas de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales de 2026, especialmente en temas relacionados con la inversión privada, la estabilidad fiscal y el crecimiento económico.

El principal cambio consiste en que el recargo por nocturnidad dejaría de estar vinculado únicamente a la Remuneración Mínima Vital (RMV) para convertirse en un adicional calculado sobre la remuneración mensual.

De aprobarse la propuesta, quienes laboran en horario podrían recibir un incremento del 35% de su sueldo.

En conversación con La República, el sociólogo y presidente del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), Enrique Fernández-Maldonado, sostuvo que, de aprobarse el proyecto, se fortalecerían los derechos laborales de los trabajadores. Señaló que el trabajo nocturno tiene efectos comprobados sobre la salud, por lo que resulta justificable el reconocimiento de una sobretasa por este tipo de jornada.

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Recargo por trabajo nocturno: qué cambia con el 35% en el predictamen

En el predictamen se plantea que el recargo por trabajo nocturno se incremente el 35% por hora o fracción de hora, calculado sobre la remuneración mensual del trabajador y en función del valor de la hora ordinaria correspondiente.

En el marco vigente, ningún trabajador que realice labores en horario nocturno puede percibir una remuneración inferior a la RMV aumentada en ese mismo porcentaje, lo que en la práctica funciona como un mecanismo de referencia mínima garantizada. Sin embargo, este esquema no implica necesariamente un pago adicional automático para todos los que laboren de noche.

En la práctica, esto significa que quienes ya perciben remuneraciones superiores no reciben un incremento adicional específico por el hecho de trabajar en horario nocturno. La propuesta busca modificar este esquema y establecer que el recargo del 35% se aplique de manera directa sobre la remuneración de cada trabajador, independientemente de su nivel salarial.

Al respecto, el especialista advirtió que la iniciativa podría generar ciertas distorsiones en el cálculo final de la remuneración si se toma como referencia el salario mínimo vital. Explicó que, en los casos en que el trabajador percibe una remuneración por hora superior a la que se obtiene a partir de la RMV, el cálculo del beneficio podría variar respecto al esquema actual. No obstante, precisó que, en otros escenarios, la aplicación del nuevo recargo podría resultar más favorable para el trabajador.

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Especialista advierte que recargo por trabajo nocturno podría elevarse hasta 45% con horas extras

La propuesta considera horas extras contiguas aquellas realizadas inmediatamente antes o después del periodo nocturno, siempre que no exista una interrupción mayor de 60 minutos entre jornadas.

Para estos casos, se establece un recargo adicional del 10%, que se suma a la sobretasa legal por sobretiempo. Asimismo, cuando las horas extras se realicen dentro del propio horario nocturno, el trabajador percibirá simultáneamente el recargo por nocturnidad y la sobretasa por horas extras, sin compensación entre ambos conceptos. El predictamen precisa que estos pagos deberán efectuarse en dinero y registrarse en planilla.

En el ejemplo del sociólogo Fernández-Maldonado, la aplicación del proyecto se explica en dos situaciones. En el primero, si una persona inicia su jornada en horario nocturno —por ejemplo, de 10:00 p. m. a 6:00 a. m.—, se aplica un recargo del 35% sobre la remuneración por hora o fracción a partir de la tercera hora. Las dos primeras horas tendrían un recargo del 25%, y desde la tercera hora en adelante el 35%.

En un segundo escenario, si el trabajador realiza horas extras dentro del horario nocturno, estas se pagan con una sobretasa adicional del 10%. Por ejemplo, si una persona trabaja de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. y extiende su jornada más allá del horario establecido, las horas adicionales nocturnas reciben ese recargo complementario.

Según esta interpretación, la combinación de recargo nocturno y horas extras podría elevar la compensación total hasta cerca de un 45% adicional en algunos casos.

Así sustentan la propuesta sobre riesgos del trabajo nocturno en la salud

La Comisión de Trabajo justificó la medida señalando los impactos que pueden tener en la salud física y psicológica de los trabajadores.

El predictamen incorpora estudios y experiencias comparadas que asocian los turnos nocturnos con trastornos del sueño, agotamiento, cuadros de ansiedad, afecciones cardiovasculares y un mayor riesgo de accidentes en el ámbito laboral.

Bajo este enfoque, sostiene que el marco normativo vigente resulta insuficiente, ya que la sobretasa calculada únicamente sobre la RMV no compensa de manera adecuada los riesgos inherentes al trabajo realizado.

También señala que se solicitaron opiniones a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Sin embargo, no se registra ninguna respuesta por parte de estas entidades a la consulta formulada por el Congreso.

El proyecto señala que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrían disponer de parte de sus fondos para aliviar la economía familiar, pagar deudas, impulsar pequeños negocios y enfrentar el impacto de la recesión. Además, propone desembolsos más acelerado que en iniciativas anteriores.

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Retiro AFP de 4 UIT: proyecto plantea liberar hasta S/21.400 a afiliados

La propuesta fue presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, integrante de Somos Perú. El legislador ya había participado en iniciativas previas relacionadas con retiros de AFP, incluidas propuestas que formaron parte del dictamen del octavo retiro.

El proyecto de ley propone que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT, lo que equivale aproximadamente a S/21.400, según el cálculo referencial del documento. Este retiro sería totalmente voluntario, por lo que cada afiliado decidiría si accede o no a su dinero.

La iniciativa busca responder a lo que denomina una crisis económica prolongada en el país, marcada por la recesión, la inestabilidad política, la delincuencia, la inflación y los impactos de fenómenos climáticos. Según el texto, la liberación de fondos permitiría a las familias cubrir gastos urgentes, pagar obligaciones financieras y reactivar el consumo interno.

El proyecto señala: "Tiene como finalidad mitigar y aliviar los efectos de la crisis económica familiar, por causas de la recesión económica producidas por la convulsión social, inestabilidad política y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global". Además, Pazo Nunura no lo presenta como urgente, pero el texto sugiere esa condición por el contexto económico y climático.

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Así funcionaría el cronograma de pagos del proyecto del retiro AFP

Una de las principales diferencias de esta propuesta frente a retiros anteriores es el cronograma acelerado de pago. El retiro de las 4 UIT se realizaría en dos partes: primero se entregaría hasta 2 UIT a los 30 días de presentada la solicitud, y el segundo desembolso se realizaría 30 días después del primero, con lo que se completaría el monto total en aproximadamente 60 días.

El proyecto establece que los afiliados tendrían un plazo de 90 días calendario para presentar su solicitud luego de la publicación del reglamento. El pedido podría hacerse de manera virtual, remota o presencial, y el afiliado incluso podría desistir antes de que se realice el desembolso. Además, el retiro sería por única vez.

Solo deudas por alimentos permitirían retener hasta el 30% del dinero

El proyecto señala que los fondos retirados tendrían carácter intangible, lo que significa que no podrían ser embargados, retenidos ni descontados por vía judicial o administrativa. La única excepción contemplada es por deudas de alimentos, caso en el que se permitiría retener hasta el 30% del monto retirado.

En cuanto a su impacto económico, el documento afirma que los retiros anteriores ayudaron a dinamizar el consumo, pagar deudas y sostener a pequeñas empresas durante crisis pasadas. Sin embargo, también reconoce críticas que advierten que este tipo de medidas reduce el ahorro previsional futuro y afecta las pensiones, aunque se argumenta que el beneficio inmediato para las familias sería mayor en el corto plazo.

Retiro AFP 2026: estos son los 9 proyectos de ley que buscan liberar hasta S/22.000

• Primer proyecto: plantea el noveno retiro de AFP con un acceso de hasta 4 UIT (S/22.000). Además, propone la devolución total de los fondos a los herederos de afiliados fallecidos. La iniciativa fue presentada por Américo Gonza Castillo, integrante de Perú Libre, el 12 de febrero.
• Segundo proyecto: propone un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. Fue impulsado por Darwin Espinoza Vargas, miembro de Podemos Perú, el 18 de febrero.
• Tercer proyecto: busca autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) para afiliados al sistema privado de pensiones. La propuesta fue presentada por Alfredo Pariona Sinche, de Bancada Socialista, el 23 de febrero.
• Cuarto proyecto: contempla un retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/22.000). La iniciativa corresponde a Miguel Ángel Ciccia Vásquez, integrante de Renovación Popular, y fue presentada el 20 de marzo.
• Quinto proyecto: propone permitir el acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. El proyecto fue presentado por Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, el 7 de abril.
• Sexto proyecto: plantea un retiro de hasta 4 UIT (S/22.000), pero distribuido en tres partes. Fue impulsado por Guido Bellido Ugarte, de Podemos Perú, el 30 de abril.
• Séptimo proyecto: propone el acceso de hasta 4 UIT mediante tres desembolsos. La iniciativa fue presentada por Paul Silvio Gutiérrez Ticona, de Somos Perú, el 6 de mayo.
• Octavo proyecto: también busca liberar hasta 4 UIT en tres partes. La propuesta corresponde a Margot Palacios Huamán y fue presentada el 7 de mayo.
• Noveno proyecto: plantea el retiro de hasta 4 UIT en dos partes, con un cronograma más rápido de entrega. La iniciativa fue presentada por José Bernardo Pazo, integrante de Somos Perú, el 21 de mayo.

La información fue confirmada por el titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas, durante declaraciones brindadas a Exitosa. El ministro aclaró que el Gobierno no tiene previsto llevar la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) y explicó que actualmente la discusión gira en torno a cómo se aplicará el pago y cuál será el monto que recibirán los trabajadores CAS en julio.

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CAS 2026: “Habrá gratificación, pero se evalúa el monto”, señala Rodolfo Acuña

El ministro Acuña explicó que sí habrá pago de gratificación para los CAS, aunque todavía se analiza cuánto dinero podrán entregar las entidades públicas. Según indicó, la aplicación de la ley tendría un mecanismo de gradualidad debido a las limitaciones presupuestales de algunas instituciones del Estado.

“Ha habido una confusión. Yo señalé que se podría evaluar, después del proceso electoral. Eso no le corresponde, sino al Consejo de Ministros, quien lleva las normas al Tribunal Constitucional, y si considera o no un escenario de una observación”, aclaró.

Además, señaló que la principal discusión actualmente no es si habrá gratificación, sino el monto que finalmente se pagará. La ley aprobada establece que el beneficio debería equivaler a la remuneración que perciben los trabajadores CAS y no a un aguinaldo fijo de S/300 como ocurre en otros regímenes del sector público.

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Pago de gratificación CAS: MEF plantea aplicación gradual del beneficio

El titular del MEF detalló que algunas entidades públicas ya cuentan con recursos para asumir el pago completo de la gratificación, pero reconoció que no todas tienen la misma capacidad presupuestal. Por ello, el Ejecutivo evalúa aplicar la norma de manera progresiva para evitar impactos en el equilibrio fiscal.

Según Acuña, el pago inicial podría ser menor al monto que establece la ley y posteriormente incrementarse de forma gradual. Esta propuesta sería presentada mediante normas que el Ejecutivo enviará al Congreso para definir el mecanismo de implementación del beneficio.

“Los mecanismos de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso, para suavizar o implementar gradualmente las normas. Porque existen algunas entidades que pueden decir que tienen el espacio para atender (el pago de gratificación), pero no son todas”.

Además, el MEF reafirmó mediante un comunicado que no presentará demandas de inconstitucionalidad contra las normas aprobadas por el Congreso vinculadas a mejoras remunerativas y beneficios laborales para los trabajadores estatales.

“En ese sentido, el MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, señaló la entidad.

Trabajadores CAS: ¿en qué fecha se pagaría la gratificación?

El pago de la gratificación para trabajadores CAS se realizaría en julio, siguiendo el cronograma habitual. De acuerdo con lo señalado en la norma y las precisiones brindadas, las entidades estatales tendrían como fecha límite la mitad del mes para efectuar el depósito correspondiente.

Esto significa que podrían recibir el beneficio hasta el 15 de julio. La implementación de esta medida representa un cambio importante para este régimen laboral, ya que anteriormente estos servidores no contaban ni con gratificaciones ni con CTS.

Con la entrada en vigencia de la norma, el Estado reconoce estos beneficios laborales para los CAS en condiciones similares a otros regímenes públicos. Sin embargo, el monto definitivo del primer pago todavía dependerá de las disposiciones que apruebe el Ejecutivo respecto a la gradualidad planteada por el MEF.

Las organizaciones sindicales centraron sus reclamos en el pago de las gratificaciones de julio, que serían las primeras en otorgarse bajo la Ley 32563, norma que reconoce este beneficio y la CTS para los trabajadores CAS del Decreto Legislativo 1057.

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Gratificación CAS de julio: gremios sostienen que será sueldo íntegro

Las protestas buscaron que el MEF aclare el alcance del pago de la gratificación de julio. Los gremios aseguraron que el beneficio sería equivalente a una remuneración mensual completa.

Según el sindicalista César Espinoza, se habrían alcanzado consensos en torno a sus demandas laborales. Esto se enmarca en lo señalado previamente por el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, quien indicó que se venían evaluando mecanismos responsables y sostenibles que permitan “avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país".

Sin embargo, de acuerdo con la versión difundida, se habría establecido un rechazo “a las propuestas de progresividad y gradualidad de la Ley CAS con Derechos. Por lo tanto, no se alterará el espíritu de la Ley“, explicó Espinoza.

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Crédito suplementario podría facilitar pago de gratificación CAS

Espinoza detalló que el Poder Ejecutivo viene trabajando en la aprobación de un crédito suplementario, el cual forma parte de la agenda de la Presidencia del Consejo de Ministros prevista para este 27 de mayo.

Se evalúa que este mecanismo podría otorgar “mayor flexibilidad para las modificaciones presupuestales destinadas al pago de la gratificación y, con ello, la posibilidad de realizar transferencias presupuestales a entidades que no cuentan con presupuesto”.

De igual manera, dio a conocer la conformación de una Comisión de Seguimiento integrada por especialistas del régimen CAS en materia presupuestal, quienes actuarán en representación del bloque de sindicatos CAS. Este grupo “mantendrán comunicación directa con el MEF, y realizarán el seguimiento permanente a los avances de la implementación de la Ley CAS”, con el objetivo de monitorear de forma continua el cumplimiento de los acuerdos y su ejecución.

Gratificación para trabajadores CAS se pagaría hasta el 15 de julio

El pago de la gratificación para los trabajadores CAS se efectuaría durante el mes de julio, respetando el cronograma habitual establecido por las entidades públicas. Según lo dispuesto en la normativa y las precisiones dadas, las instituciones del Estado tendrían como plazo máximo hasta el 15 de julio para realizar el depósito.

Esta implementación supone un cambio relevante dentro del régimen CAS, debido a que anteriormente este grupo no contaba con el pago de gratificaciones ni con CTS.

Con la entrada en vigor de la norma, el Estado reconoce estos beneficios laborales para los trabajadores CAS y los acerca a condiciones similares a las de otros regímenes del sector público.

Sin embargo, este dinamismo comienza a enfrentar un desafío cada vez más visible: la reducción sostenida de la oferta de nuevos proyectos inmobiliarios.

Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, advirtió que la menor incorporación de proyectos ya está generando un escenario de escasez de viviendas, especialmente en Lima Top, situación que podría presionar al alza los precios de los inmuebles en los próximos meses.

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Oferta inmobiliaria registra fuerte caída en Lima Metropolitana

De acuerdo con el IEC, el lanzamiento de nuevos proyectos de vivienda disminuyó 16,5% durante el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las mayores contracciones se registraron en Lima Top, con una caída de 46,3%, y en Lima Centro, donde el descenso alcanzó 44,4%.

El estudio también señala que al cierre del primer trimestre existían 1.017 proyectos con oferta disponible en Lima Metropolitana. Esta cifra representa una reducción de 7,6% respecto al primer trimestre del 2025 y una disminución de 2,6% frente al trimestre previo, lo que refleja una menor incorporación de nuevas unidades al mercado.

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Ventas de viviendas mantienen crecimiento pese a menor oferta

Mientras la oferta se reduce, las ventas de viviendas continúan mostrando una evolución positiva en todos los segmentos del mercado. Según Capeco, tanto el segmento Mivivienda como el de vivienda no social mantienen una tendencia de crecimiento ininterrumpida desde el tercer trimestre del 2023.

La combinación de una demanda sostenida y una menor cantidad de proyectos nuevos está generando señales de tensión en el mercado inmobiliario.

El informe indica que Lima Top ya se encuentra por debajo de los niveles considerados de equilibrio entre oferta y ventas, mientras que Lima Moderna se aproxima a una situación similar.

Capeco alerta sobre escasez de viviendas y restricciones urbanísticas

Durante la presentación del estudio, Valdivia afirmó que el riesgo de escasez de viviendas ya se está materializando. Aseguró que ya no es un riesgo sino una realidad. “Como hemos visto, hay menos oferta, sobre todo en Lima Top y también en Lima Moderna. Esto es una crónica de una contracción anunciada que veníamos advirtiendo desde hace varios años”.

El representante del gremio explicó que parte de esta situación responde a cambios normativos que han restringido el desarrollo de determinados proyectos habitacionales, especialmente aquellos dirigidos a sectores medios que anteriormente calificaban dentro de la vivienda social.

Asimismo, advirtió que las trabas municipales y las restricciones urbanísticas en diversos distritos de Lima dificultan la incorporación de nueva oferta inmobiliaria, lo que limita las opciones de acceso a vivienda cerca de los centros de trabajo o de las familias de los potenciales compradores.

Capeco señaló que, de mantenerse estas condiciones en un contexto de incertidumbre política y económica, la reducción de la oferta podría profundizarse durante los próximos meses. Por ello, consideró necesario adoptar medidas que permitan recuperar el ritmo de desarrollo de proyectos habitacionales y atender de forma adecuada la creciente demanda del mercado.

La entidad recordó que los usuarios cuentan con mecanismos para reportar operaciones desconocidas y exigir la investigación correspondiente por parte de las entidades financieras.

Asimismo, informó que entre 2025 y 2026 impuso 500 sanciones a 17 proveedores del sistema financiero por infracciones vinculadas a operaciones no reconocidas. Estas resoluciones obtuvieron 365 amonestaciones y 135 multas que sumaron 502,8 UIT, equivalentes a S/2.765.400.

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Consumos no reconocidos: primeros pasos para proteger el dinero

Ante la detección de consumos no reconocidos, transferencias sospechosas o movimientos bancarios que el usuario no realizó, el Indecopi recomienda bloquear de inmediato la tarjeta y los canales digitales asociados.

Para ello, el consumidor debe comunicarse con su entidad financiera y solicitar la suspensión de la tarjeta, la banca por internet y otros servicios vinculados, como las billeteras digitales.

La entidad también aconseja solicitar el código de bloqueo y registrar con precisión la fecha y hora en que se realizó el procedimiento. Esta información puede resultar relevante para eventuales reclamos o investigaciones relacionadas con las operaciones desconocidas.

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Reclamos ante entidades financieras y responsabilidad del banco

El Indecopi recomienda revisar los movimientos bancarios y reunir evidencias relacionadas con las operaciones cuestionadas. Entre ellas se incluyen capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos y cualquier otro elemento que permita sustentar el reclamo.

Posteriormente, el consumidor debe presentar un reclamo ante la entidad financiera correspondiente. Según recordó la institución, el banco tiene la obligación de investigar el caso y brindar una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Además, señaló que cuando una operación se realiza después del bloqueo de la tarjeta, la responsabilidad corresponde a la entidad financiera de acuerdo con la normativa vigente.

Sanciones del Indecopi y canales de atención al consumidor

Los consumidores también pueden presentar gratuitamente un reclamo ante el Indecopi de manera presencial, mediante las líneas telefónicas 224-7777 y 0800-4-4040 para provincias, o a través del servicio Reclama Virtual.

A través de este mecanismo se promueve que las partes puedan alcanzar una solución mediante la conciliación.

En caso de no lograr un acuerdo satisfactorio o si el consumidor considera que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una denuncia contra la entidad financiera.

El Indecopi precisó que, si se confirman infracciones a la normativa de protección del consumidor, la entidad denunciada podría ser sancionada. Asimismo, recomendó revisar constantemente los movimientos bancarios, activar alertas de consumo y evitar compartir claves o códigos de verificación con terceros, ya que muchas estafas se inician mediante llamadas, mensajes o enlaces falsos.

Este beneficio económico equivale a una remuneración adicional y está dirigido para quienes se encuentren en planilla bajo el régimen laboral de la actividad privada. Además, la normativa establece una bonificación extraordinaria adicional para quienes están afiliados a EsSalud.

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¿Cuándo se paga la gratificación de julio 2026?

La gratificación de julio de 2026 debe ser abonada por el empleador a más tardar el 15 de julio, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) precisa que el beneficio corresponde al periodo laboral comprendido entre enero y junio.

En caso de incumplimiento, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad encargada de supervisar y sancionar a las empresas.

Las multas se consideran infracciones graves y varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados, pudiendo superar los S/7.000 en pequeñas empresas y llegar a más de S/120.000 en empresas de mayor escala, además de exigirse el pago inmediato del beneficio y posibles intereses laborales por el retraso.

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¿Quiénes tienen derecho a recibir este beneficio?

Tienen derecho a la gratificación los trabajadores del régimen laboral privado que laboren, en promedio, al menos cuatro horas diarias y hayan cumplido como mínimo un mes completo de servicios durante el semestre que se computa para el beneficio, según el MTPE.

Por otro lado, los trabajadores bajo el régimen CAS lograron instalar una mesa de diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tras movilizaciones realizadas. El principal punto de negociación fue la aplicación de la Ley N.° 32563, que reconoce el derecho a gratificaciones y CTS para este grupo laboral.

Según los acuerdos difundidos por los gremios, la gratificación de julio se pagaría equivalente al 100% de la remuneración mensual, es decir, un sueldo completo. Además, los sindicatos señalaron que se habría descartado la aplicación de una gradualidad en el primer pago, luego de que el Ejecutivo evaluara restricciones presupuestales.

También se informó que el Gobierno aprobaría un crédito suplementario para financiarlo. Asimismo, se prevé la creación de una comisión de seguimiento para supervisar la implementación de la norma y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

¿Cuánto dinero corresponde recibir en julio?

El monto de la gratificación depende del tiempo laborado entre enero y junio. Si el trabajador completó los seis meses del semestre, recibirá una remuneración íntegra más la bonificación extraordinaria del 9% correspondiente a EsSalud.

En caso de haber trabajado menos tiempo, el beneficio será proporcional a los meses efectivamente laborados.

La fórmula oficial establece que la gratificación se calcula dividiendo la remuneración computable entre seis y multiplicándola por los meses completos trabajados. A ello se suma el monto adicional del 9%.

Por ejemplo, un trabajador con un sueldo de S/2.500 y seis meses completos de servicios recibiría una gratificación de S/2.500 más un bono de S/225, totalizando S/2.725.

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