La decisión fue adoptada el miércoles 26 de agosto. De acuerdo con el hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Directorio aprobó que Carlos Adrián Linares Peñaloza represente a Petroperú en la Junta General de Accionistas de Petroperú Invest para suscribir el denominado 'Bridge Credit Agreement' y otorgó facultades para formalizar e implementar la operación.

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Los US$475 millones todavía no han sido desembolsados. El acuerdo permite avanzar con la contratación del crédito para atender las necesidades de corto plazo de Petroperú. El financiamiento forma parte del esquema de apoyo de hasta US$2.000 millones aprobado por el Ejecutivo en mayo.

Petroperú: ¿cuánto del financiamiento de US$2.000 millones podrá utilizar?

El crédito puente está contemplado en el mecanismo establecido mediante el Decreto de Urgencia N.° 003-2026, publicado el 11 de mayo. La norma autorizó operaciones de financiamiento por hasta US$2.000 millones para asegurar la continuidad de Petroperú.

Dentro de ese paquete se estableció un límite de hasta US$500 millones para compromisos contingentes de corto plazo. El monto que ahora busca formalizar la empresa asciende a US$475 millones, US$25 millones por debajo de ese tope.

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El hecho de importancia remitido a la SMV no detalla las condiciones financieras del crédito ni señala una fecha para el desembolso. La comunicación se concentra en las autorizaciones otorgadas para concretar la operación.

Además de Linares Peñaloza, el Directorio autorizó a Luis Alberto Suárez Carlo a suscribir, en representación de Petroperú, los documentos necesarios para formalizar el financiamiento y cualquier instrumento relacionado con la operación.

El crédito avanza mientras el Tribunal Constitucional revisa la reorganización

La autorización del financiamiento ocurre en un momento especialmente sensible para Petroperú. Un día antes, el Tribunal Constitucional dejó al voto las demandas contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado el 31 de diciembre de 2025 y vinculado con la reorganización patrimonial de la empresa.

El proceso constitucional adquiere importancia para el esquema financiero porque el DU 003-2026 está relacionado con la implementación de esa estrategia de reorganización. Por ello, una eventual decisión del TC sobre el decreto anterior podría tener implicancias sobre el marco bajo el cual se viene construyendo la nueva estructura de Petroperú.

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Esta coincidencia temporal entre ambos hechos también ha sido advertida por la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleos del Perú (Fenpetrol). La organización consideró que la decisión del Directorio debe analizarse a la luz del proceso que se encuentra pendiente ante el TC y sostuvo que un eventual pronunciamiento sobre el DU 010-2025 podría modificar las medidas adoptadas para la reestructuración de la empresa.

Trabajadores cuestionan demora y piden explicar los US$25 millones

Fenpetrol cuestionó el tiempo que ha tomado activar el crédito puente y pidió explicar por qué, varios meses después de la aprobación del esquema financiero para Petroperú, recién se autoriza la operación por hasta US$475 millones.

El gremio también puso bajo la lupa los US$25 millones de diferencia frente al límite de US$500 millones establecido para compromisos contingentes de corto plazo. Según Fenpetrol, este monto estaría relacionado con los gastos de estructuración de la operación, por lo que pidió conocer cuánto se destinará a comisiones, asesorías legales, estudios y otros servicios vinculados con la obtención del financiamiento.

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La operación todavía no supone un desembolso. Entre la publicación del DU 003-2026, el 11 de mayo, y el acuerdo de Directorio del 26 de agosto transcurrieron más de tres meses. El siguiente paso será conocer las condiciones definitivas del crédito y la fecha en que los recursos llegarán a Petroperú, así como el costo final de poner en marcha el mecanismo financiero.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 27 de agosto

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La demora en el financiamiento no fue menor. El cronograma aprobado inicialmente contemplaba iniciar el empadronamiento de electores el 3 de agosto de 2026 y realizar las consultas el 11 de abril de 2027. Sin embargo, ante la falta de disponibilidad presupuestal, el JNE terminó trasladando el inicio del empadronamiento al 14 de setiembre y la fecha de las consultas al 25 de julio de 2027.

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JNE y Reniec recibirán S/6.5 millones

Del monto autorizado por el MEF, S/4.230 millones corresponden al JNE y S/2.313 millones a Reniec. La mayor parte se concentra en bienes y servicios: S/3.790 millones para el JNE y S/2.123 millones para Reniec.

El JNE también recibirá S/439.591 para personal y obligaciones sociales, mientras que Reniec tendrá S/190.000 para adquisición de activos no financieros. En total, alrededor de S/5.9 millones, equivalentes al 90,4% de la transferencia, corresponden a bienes y servicios.

El dinero no estaba originalmente disponible en los presupuestos de ambas entidades para estas actividades. El decreto señala que la transferencia se realiza con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF y se sustenta en la solicitud presentada por el JNE para cubrir los gastos preliminares de las consultas.

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Reserva de Contingencia: qué es y qué implica usarla

La Reserva de Contingencia es un margen presupuestario que permite al Estado atender gastos que no pudieron ser previstos o que requieren financiamiento durante el año. Su función es darle al Gobierno capacidad de respuesta frente a necesidades extraordinarias sin tener que modificar constantemente la estructura general del presupuesto.

El riesgo está en que la Reserva tiene precisamente la función de servir como respaldo frente a nuevas necesidades. Por ello, cada transferencia reduce los recursos disponibles para atender otras contingencias que puedan aparecer durante el año, aunque la partida puede volver a ser reforzada mediante modificaciones presupuestarias.

El uso de la Reserva también debe diferenciarse de un aumento del déficit fiscal. Transferir recursos desde esta partida no significa automáticamente que el déficit aumente, porque se trata de una modificación dentro del presupuesto. El problema fiscal aparecería si el Estado asume nuevos gastos sin ingresos suficientes para financiarlos, lo que puede generar una mayor necesidad de financiamiento.

Falta de recursos ya había obligado a mover el cronograma

El antecedente que acompaña la transferencia es la advertencia formulada por Reniec en julio. La entidad comunicó al JNE que necesitaba contar previamente con los recursos para contratar personal, desplegar operaciones en campo, procesar información y actualizar y depurar los padrones electorales.

Según el acuerdo del JNE que modificó el cronograma, los tres organismos del sistema electoral evaluaron el problema el 24 de julio y concluyeron que la falta de disponibilidad oportuna del financiamiento integral generaba riesgos operativos, administrativos y logísticos para cumplir con las actividades previstas.

Por ello, el JNE dispuso continuar las gestiones ante el MEF y la Presidencia del Consejo de Ministros para asegurar los recursos necesarios. La transferencia aprobada este miércoles responde a ese pedido.

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Cinco consultas están pendientes

Los procesos para los que se habilitarán los recursos están relacionados con anexiones, creación distrital y delimitación territorial. No se trata de las elecciones regionales y municipales de octubre, sino de consultas específicas sobre la organización territorial.

El financiamiento permitirá que JNE y Reniec desarrollen las actividades previas necesarias para estos procesos, cuyo nuevo cronograma establece que el empadronamiento se realizará entre el 14 de setiembre y el 20 de noviembre de este año. La aprobación definitiva del padrón está prevista para el 7 de abril de 2027 y la consulta para el 25 de julio.

Transferencia ocurre mientras MEF busca ordenar el gasto

La decisión se produce en un escenario fiscal en el que el MEF viene planteando medidas para contener y ordenar las cuentas públicas. A julio, el déficit fiscal anualizado se ubicó en 1% del PBI, de acuerdo con información difundida por el propio ministerio.

En ese contexto, los S/6,5 millones no representan por sí mismos un gasto irregular ni una partida de libre disposición: la Ley de Presupuesto 2026 permite excepcionalmente al MEF realizar modificaciones presupuestarias con cargo a la Reserva de Contingencia para financiar gastos asociados a procesos electorales. El propio decreto establece, además, que los recursos deberán utilizarse exclusivamente para el objetivo autorizado.

Sin embargo, el episodio deja un problema de programación presupuestaria: una actividad ya convocada tuvo que ser reprogramada antes de que se aseguraran los recursos necesarios para su ejecución. Ahora, con la transferencia aprobada, el JNE y Reniec deberán iniciar las actividades que quedaron pendientes y cumplir el nuevo cronograma establecido para las consultas territoriales.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 26 de agosto

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El titular del MEF explicó que la propuesta apunta a que la tributación tenga como referencia la renta obtenida por los negocios y no únicamente el nivel de ventas. El planteamiento forma parte de la revisión de los regímenes tributarios que actualmente utilizan las empresas de menor tamaño.

"Va a ser un régimen basado en rentas, no en ventas", señaló Cuba al explicar la orientación que tendrá la reforma. El ministro también indicó que su cartera trabaja en los nuevos parámetros que definirán el funcionamiento del sistema.

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¿Qué cambiaría con la propuesta del MEF?

El cambio anunciado apunta principalmente a modificar la manera en que se calcula la obligación tributaria. Actualmente, el sistema peruano tiene distintos regímenes con reglas propias, entre ellos el Nuevo RUS, el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario y el Régimen General.

El planteamiento del MEF busca establecer una estructura que tome en cuenta la renta generada por el negocio. Sin embargo, Cuba todavía no ha presentado los nuevos montos, tasas, límites de ingresos ni categorías que reemplazarían a los actuales.

Por ello, el anuncio no significa que desde este mes cambien las condiciones del Nuevo RUS. Los contribuyentes continúan sujetos a las reglas vigentes hasta que se aprueben las modificaciones correspondientes.

El Régimen Especial de Renta (RER) también está en la mira del MEF. Cuba ha cuestionado que bajo este esquema el Impuesto a la Renta se determine aplicando una tasa de 1,5% sobre los ingresos netos mensuales. Para el ministro, este mecanismo no necesariamente refleja la rentabilidad efectiva de un negocio, por lo que plantea revisar su funcionamiento.

A diferencia del Nuevo RUS, el RER permite emitir facturas y está dirigido a personas naturales y jurídicas con actividades empresariales que cumplen determinados límites. Actualmente, sus ingresos netos anuales o adquisiciones no deben superar S/525.000, además de otros requisitos establecidos por la Sunat.

Cuba también ha cuestionado la antigüedad de los regímenes. El ministro señaló que el RUS y el RER tienen más de 30 años y consideró que ha llegado el momento de modificar su diseño.

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Más herramientas para fiscalizar la evasión

Otro elemento señalado por Cuba para implementar la reforma tributaria es el cambio en la capacidad de la Sunat para fiscalizar. La expansión de la facturación electrónica permite a la administración tributaria acceder a información sobre las operaciones de los negocios y utilizarla para contrastar lo declarado por los contribuyentes.

Esta mayor disponibilidad de información es relevante para una reforma que pretende modificar la forma de calcular los impuestos. También puede facilitar la detección de diferencias entre las ventas, los gastos y la renta declarada por las empresas.

El MEF ha planteado además medidas específicas para enfrentar la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta. El Gobierno sostiene que existe un margen importante para elevar el cumplimiento tributario, aunque la eficacia de estas herramientas dependerá de la fiscalización que efectivamente realice la administración tributaria.

¿Cuánto pagan actualmente los contribuyentes del Nuevo RUS?

El régimen contempla actualmente dos categorías. Los negocios cuyos ingresos brutos o adquisiciones mensuales no superan los S/5.000 pagan una cuota mensual de S/20. Para quienes superan ese monto, pero no exceden los S/8.000, la cuota es de S/50.

El límite anual de ingresos brutos o adquisiciones es de S/96.000. La Sunat señala que el Nuevo RUS está dirigido principalmente a personas naturales con pequeños negocios que venden bienes o prestan servicios a consumidores finales.

Una de las principales diferencias frente a otros regímenes es su estructura simplificada. Los contribuyentes realizan un pago mensual fijo y cuentan con menores obligaciones formales que quienes se encuentran en otros esquemas tributarios.

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Todavía no hay una nueva cuota para el Nuevo RUS

Uno de los aspectos que el MEF aún debe precisar es cómo se aplicará el nuevo criterio a los negocios de menor tamaño. No se ha informado una nueva cuota mensual ni se han establecido nuevos límites de ingresos para permanecer en el Nuevo RUS.

Tampoco se ha definido si las actuales categorías de S/20 y S/50 se mantendrán, serán modificadas o serán reemplazadas por otro mecanismo de cálculo.

Hasta que exista una norma que disponga lo contrario, las condiciones actuales del Nuevo RUS continúan vigentes. El cambio anunciado por el MEF se encuentra todavía en la etapa de elaboración de la propuesta.

La definición de los nuevos parámetros será determinante para los más de 2 millones de contribuyentes que utilizan este régimen, especialmente porque el criterio anunciado por Cuba —tributar sobre la renta y no sobre las ventas— podría modificar la forma en que los pequeños negocios calculan sus obligaciones frente al Estado.

La cifra de junio también confirma la trayectoria ascendente registrada durante los primeros meses del año. En mayo, la actividad minera había generado 287.537 empleos directos, 9,4% más que en mayo de 2025. En abril, en tanto, se contabilizaron 282.520 puestos, con un crecimiento interanual de 9,9%.

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El avance del empleo ocurre en un contexto de mayor inversión minera. Entre enero y mayo de 2026, la inversión ejecutada en el sector superó los US$2.633 millones, monto 43,6% superior al registrado en igual periodo del año anterior, según la cartera. El crecimiento estuvo asociado principalmente a los desembolsos en infraestructura, exploración y equipamiento minero.

Arequipa concentra la mayor cantidad de empleos mineros

La distribución territorial muestra una fuerte concentración del empleo minero en determinadas regiones. Arequipa lideró en junio con 44.643 trabajadores, equivalente al 15,3% del total nacional.

Le siguieron La Libertad, con 24.813 puestos (8,5%), e Ica, con 24.535 trabajadores (8,4%). Estas tres regiones reunieron, en conjunto, cerca de una tercera parte de los empleos directos registrados por la minería durante el sexto mes del año.

La participación de Arequipa también se mantiene por encima de la observada en los meses anteriores. En mayo concentró el 16,1% del empleo minero nacional; La Libertad representó el 8,6% e Ica, el 8,4%. En abril, las participaciones fueron de 15,9%, 8,8% y 8,6%, respectivamente.

La evolución regional resulta relevante porque el empleo minero no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Una parte importante de los puestos se concentra en departamentos donde operan grandes unidades productivas y existe actividad vinculada a servicios y contratistas especializados.

Contratistas concentran 72,8% del empleo

Otro aspecto que muestran las estadísticas del Minem es el tipo de empleador. En junio, las empresas contratistas mineras y compañías conexas concentraron el 72,8% del empleo directo, mientras que las empresas mineras generaron el 27,2% restante.

El número de puestos asociados a contratistas aumentó 15,3% interanual, mientras que el empleo generado directamente por las compañías mineras creció 1,3%.

La estructura no es nueva. En mayo, los contratistas representaron el 73% del empleo minero, frente al 27% correspondiente a las compañías; en abril, su participación fue de 72,6%.

Esto significa que el crecimiento de los puestos de trabajo del sector está ocurriendo principalmente fuera de las planillas directas de las compañías mineras. Los datos del informe agrupan dentro de los contratistas a las empresas contratistas mineras y empresas conexas que participan en actividades relacionadas con las operaciones.

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Participación femenina sigue por debajo del 10%

La brecha por género continúa siendo amplia. En junio se registraron 24.055 mujeres trabajando en actividades mineras, equivalentes al 8,3% del empleo directo total. Los hombres, por su parte, sumaron 266.989 puestos y representaron el 91,7%.

Aunque la participación femenina todavía es minoritaria, el número de mujeres empleadas en minería viene aumentando durante el año. En mayo se contabilizaron 23.479 puestos ocupados por mujeres, equivalentes al 8,2% del total. En abril fueron 22.954, el 8,1%.

El incremento de la participación femenina es gradual y parte de una base todavía reducida. Por ello, el aumento del empleo total del sector no ha significado hasta ahora un cambio sustancial en la composición por género.

Inversión minera supera los US$2.600 millones

El comportamiento del empleo se da mientras la inversión minera mantiene tasas de crecimiento elevadas. Según el Minem, los más de US$2.633 millones ejecutados entre enero y mayo significaron un aumento de 43,6% interanual.

Asimismo, la cartera de proyectos mineros presentada por el ministerio en julio comprende 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$64.075 millones. La cartera incluye iniciativas en distintas etapas de desarrollo, por lo que su monto representa inversión potencial y no desembolsos ya ejecutados.

Los registros oficiales también permiten observar que el empleo minero ha mantenido una tendencia creciente desde abril: pasó de 282.520 puestos en ese mes a 287.537 en mayo y posteriormente a 291.044 en junio. El siguiente dato será relevante para determinar si el aumento se sostiene durante el segundo semestre y cómo evoluciona frente al ritmo de inversión registrado hasta mayo.

El anuncio modifica el escenario que enfrentan los mineros que permanecen en el proceso de regularización. En lugar de una nueva ampliación del registro como única salida, el Ejecutivo plantea que la situación de los productores sea abordada bajo las reglas de una nueva ley, cuyo contenido todavía se encuentra en elaboración.

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La definición tendrá que darse antes del cierre del año. El Reinfo vence el 31 de diciembre y el proyecto del Minem recién estaría terminado en noviembre, por lo que la discusión sobre la nueva regulación quedará estrechamente vinculada al trámite que siga la iniciativa en el Congreso.

Comisión interna prepara nueva propuesta

Shinno informó que el ministerio conformó una comisión interna para elaborar la propuesta. El grupo deberá definir las nuevas reglas para la pequeña minería y minería artesanal y establecer cómo continuará el proceso de quienes ya se encuentran encaminados hacia el cumplimiento normativo.

El ministro sostuvo que la nueva regulación debe considerar las características de este tipo de actividad y evitar que los pequeños productores enfrenten exigencias diseñadas para operaciones de mayor escala.

“Desde el punto de vista de la formalización, darles un mejor espacio o atención a aquellos que ya han avanzado a través del Reinfo para que puedan concluirlo”, señaló a Gestión.

La comisión trabajará durante las próximas semanas con la expectativa de que el proyecto esté listo en noviembre. El plazo es relevante porque el actual proceso de adecuación vence el 31 de diciembre de 2026.

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¿Qué pasará con el Reinfo?

El Gobierno todavía no confirma una nueva ampliación del Reinfo. Shinno evitó señalar que el registro vaya a continuar automáticamente y vinculó su futuro con las reglas que establezca la nueva Ley MAPE.

El escenario que evalúa el Ejecutivo no necesariamente supone que todos los inscritos permanezcan bajo el mismo mecanismo. La nueva legislación podría establecer condiciones para que continúen quienes hayan demostrado avances en su regularización, mientras que los casos sin progreso tendrían un tratamiento distinto.

La reforma alcanzará a los mineros que continúan dentro del proceso de regularización. Tras la depuración realizada en 2025, el Minem informó que 31.560 pequeños mineros y mineros artesanales podían continuar en el proceso.

Congreso tendrá que definir los tiempos

El Ejecutivo enfrenta, a su vez, un problema de plazos. Aunque el Minem espera tener su propuesta en noviembre, el proyecto tendría que pasar por el Congreso si se presenta como iniciativa legislativa del Gobierno.

Esto dejaría pocas semanas entre la presentación de la propuesta y el vencimiento del actual proceso de formalidad. El propio Shinno reconoció que el tiempo disponible es reducido para que el Parlamento discuta y apruebe una nueva regulación antes de que termine el año.

El escenario también se cruza con las iniciativas que ya existen en el Congreso para modificar el proceso de legalización. Algunas plantean extender su vigencia mientras se aprueba una nueva Ley MAPE, por lo que el debate parlamentario podría definir si habrá una etapa de transición entre el régimen actual y la nueva normativa.

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Nueva ley apunta a cambiar las reglas de formalización

La propuesta que prepara el Minem no se limitaría a establecer qué ocurrirá con el Reinfo. El Ejecutivo plantea revisar las condiciones bajo las cuales los pequeños productores pueden avanzar hacia la formalidad, con requisitos diferenciados según el tipo y escala de actividad.

También está pendiente definir qué ocurrirá con los mineros que fueron excluidos del registro y mantienen recursos o procedimientos administrativos en trámite. El ministerio evalúa que la nueva legislación establezca un tratamiento para estos casos, en lugar de mantener indefinidamente abierto el padrón.

El Gobierno también ha planteado contar con información más precisa sobre quiénes realizan efectivamente actividad minera. En ese marco, el censo de los inscritos aparece como una de las herramientas para depurar la información y determinar quiénes continúan realmente en el proceso.

El nuevo esquema no solo estará relacionado con la permanencia o salida del Reinfo. El Minem también plantea fortalecer el control sobre las plantas de beneficio y mejorar la trazabilidad del mineral, con el objetivo de diferenciar la producción proveniente de actividades en proceso de adecuación de aquella vinculada con operaciones ilegales.

La disposición, vigente desde el 24 de agosto, establece criterios para que las empresas del sistema financiero puedan adecuar las condiciones de los contratos a los nuevos flujos de ingresos que razonablemente se esperan del cliente. La modificación, bajo determinadas condiciones, no será considerada una refinanciación.

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¿Qué cambia para quienes tienen un crédito?

La principal diferencia es que un cliente que enfrente una afectación temporal no necesariamente tendrá que asumir el tratamiento de una refinanciación si requiere modificar su cronograma. La entidad financiera podrá evaluar la situación y, si corresponde, ajustar las condiciones del préstamo.

Esto puede traducirse, dependiendo del caso, en una ampliación del plazo o una modificación del cronograma para adecuar las cuotas a la capacidad de pago temporalmente afectada. No obstante, la medida no implica una suspensión general de las deudas ni obliga a los bancos y cajas a reprogramar automáticamente todos los créditos.

La SBS establece que la modificación debe responder a una circunstancia excepcional y temporal. Además, no debe existir evidencia de que el deudor atraviesa un deterioro permanente de su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Por ello, la evaluación de cada caso continúa siendo un elemento central.

Entre los factores considerados figuran la clasificación de riesgo del cliente —principalmente las categorías Normal o Con Problemas Potenciales—, los días de atraso que registre el crédito, la extensión permitida respecto del plazo original y el número de modificaciones que pueden realizarse. Los criterios varían de acuerdo con el tipo de financiamiento, diferenciándose entre créditos minoristas y no minoristas.

Medidas especiales para zonas declaradas en emergencia

La disposición incorpora, además, flexibilizaciones adicionales para deudores que se encuentren afectados por declaratorias de estado de emergencia regional o sectorial vinculadas con las circunstancias que puedan impactar su capacidad de pago.

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que establece medidas para ejecutar intervenciones ante el peligro inminente generado por intensas precipitaciones vinculadas con este fenómeno.

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El impacto económico de un evento climático de esta naturaleza no se limita a los daños directos sobre infraestructura. Una interrupción de actividades puede reducir temporalmente los ingresos de agricultores, comerciantes, transportistas, pequeñas empresas y trabajadores independientes, dificultando el cumplimiento de cuotas que fueron pactadas bajo condiciones económicas distintas.

Precisamente por ello, la SBS diferencia entre una dificultad coyuntural y un problema estructural de solvencia. El objetivo de la flexibilización es atender el primer escenario sin que la modificación contractual sea registrada automáticamente como una refinanciación.

SBS ya aplicó medidas similares ante emergencias

No se trata de un mecanismo completamente nuevo para el sistema financiero peruano. Durante el Fenómeno de El Niño Costero de 2017, la SBS permitió medidas excepcionales para determinados créditos de personas y micro y pequeñas empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia.

En aquella oportunidad, las entidades pudieron reprogramar determinados créditos minoristas sin que ello significara un deterioro de la calidad crediticia, siempre que se cumplieran condiciones específicas. Entre ellas se encontraba que el crédito estuviera al día cuando se declaraba la emergencia y que la extensión del plazo no superara determinados límites.

Una medida similar volvió a habilitarse en 2019, cuando diversas zonas del país fueron afectadas por fenómenos climatológicos. En ese caso, la SBS precisó que la reprogramación de créditos minoristas podía efectuarse sin que constituyera una refinanciación, bajo las condiciones establecidas por el regulador.

La diferencia ahora es que el nuevo oficio establece un marco temporal de flexibilización asociado a situaciones excepcionales que afecten la capacidad de pago y contempla disposiciones específicas para deudores perjudicados por emergencias regionales y sectoriales.

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¿Qué deben hacer los deudores?

La medida no significa que el cliente pueda dejar de pagar unilateralmente. Quien enfrente dificultades debe coordinar con la entidad financiera con la que mantiene el crédito y someterse a la evaluación correspondiente.

La SBS señaló que estas disposiciones fueron trabajadas en coordinación con entidades del Ejecutivo ante el posible impacto del Fenómeno El Niño. El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, indicó que se realizaron reuniones con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el equipo técnico del MEF para abordar las posibles consecuencias del fenómeno climático.

El punto clave será, por tanto, diferenciar a los deudores cuya capacidad de pago se vio afectada temporalmente de aquellos que ya presentaban un deterioro permanente. Para los primeros, la modificación del cronograma puede servir como un mecanismo para evitar que una interrupción de ingresos termine generando atrasos y un deterioro de su perfil crediticio.

Además, la experiencia de 2017 muestra que este tipo de medidas busca funcionar como una herramienta de contención del riesgo: permite que el sistema financiero absorba temporalmente parte del impacto de una emergencia sin convertir automáticamente a todos los afectados en clientes refinanciados.

La aplicación concreta dependerá de las condiciones de cada crédito y de la evaluación que realice la entidad financiera. Por ello, la flexibilización anunciada por la SBS debe entenderse como una facultad regulada para adecuar temporalmente los pagos, y no como una condonación de deudas o un periodo general de gracia.

El cobre fue el principal producto minero exportado durante los primeros seis meses del año. Los envíos sumaron US$19.455 millones, 53,3% más que en el primer semestre de 2025, cuando llegaron a US$12.692 millones. Con ese resultado, el metal representó 46,1% del valor total de las exportaciones mineras.

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El oro ocupó el segundo lugar, con exportaciones por US$15.808 millones, monto que significó un crecimiento de 62% respecto de los US$9.760 millones del mismo periodo del año anterior. Su participación llegó a 37,4% del valor de los envíos mineros.

En conjunto, cobre y oro concentraron más de ocho de cada diez dólares generados por las exportaciones mineras durante el semestre. El incremento del valor exportado estuvo relacionado no solo con las cantidades comercializadas, sino también con la evolución de las cotizaciones internacionales.

¿Qué ocurrió en junio?

El comportamiento de junio muestra con mayor claridad el peso de los precios internacionales. Las exportaciones mineras alcanzaron US$6.429 millones, 35,2% por encima de los US$4.757 millones obtenidos en junio de 2025.

En el caso del cobre, los envíos llegaron a US$2.626 millones, 18% más que un año antes. No obstante, el aumento del valor no estuvo acompañado por un mayor volumen: este se contrajo 16,9%, mientras que el precio del metal aumentó 41,9%. El BCRP mantiene series diferenciadas de valor, volumen y precio para las exportaciones cupríferas, lo que permite observar esta diferencia entre cantidad comercializada y valor obtenido.

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El oro tuvo una evolución distinta. En junio se exportaron US$2.655 millones, 45% más que los US$1.831 millones de junio de 2025. En este caso, tanto el volumen como la cotización contribuyeron al resultado: el primero creció 15% y el precio aumentó 26,1%.

El peso de la minería también se refleja en el conjunto de las ventas peruanas al exterior. De acuerdo con la SNMPE, las exportaciones mineras representaron 74,8% de los envíos totales del país durante enero-junio. La estadística del BCRP clasifica estas operaciones dentro de las exportaciones tradicionales y registra por separado los valores correspondientes a cobre, oro, plomo, zinc, molibdeno y otros productos mineros.

Este comportamiento hace que la evolución de los precios internacionales tenga una incidencia importante sobre el valor de las exportaciones peruanas. En junio, por ejemplo, el incremento del precio del cobre permitió compensar la menor cantidad enviada, mientras que en el oro coincidieron mayores cotizaciones y volumen exportado.

Detrás de esa cifra aparece una marcada diferencia entre el tamaño de las empresas y el peso que tienen en el comercio exterior. Las micro y pequeñas empresas representan el 89,9% de las firmas exportadoras, pero las grandes compañías, que son una minoría, concentran el 93,4% del valor total enviado al exterior.

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Mypes dominan el número de exportadoras, pero las grandes concentran el negocio

La composición muestra que el tejido exportador peruano está formado principalmente por negocios pequeños. De las 7.288 empresas que realizaron envíos durante el semestre, 4.193 fueron microempresas y 2.356 pequeñas. Las grandes, en cambio, fueron 494.

La situación cambia por completo cuando se mira el valor de las operaciones. Las grandes empresas acumularon US$50.479 millones, mientras que las microempresas apenas representaron el 0,4% del monto exportado.

Esta diferencia está relacionada con la escala con la que cada empresa puede operar. Las compañías grandes suelen contar con una mayor capacidad productiva, financiera y logística para atender pedidos de gran volumen y mantener relaciones comerciales de largo plazo.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, advirtió durante la inauguración del ADEX Innovation Summit 2026 que la pérdida de competitividad está afectando especialmente a las actividades de mayor valor agregado. Entre las dificultades que enfrentan las empresas mencionó el acceso limitado a financiamiento y asistencia técnica, además de una baja diversificación.

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Más empresas ingresan al comercio exterior, pero otras no logran mantenerse

El aumento de exportadoras también esconde un movimiento importante. Durante el primer semestre, 2.170 empresas dejaron de realizar envíos al exterior, y casi todas fueron mipymes. Al mismo tiempo, otras 2.381 compañías comenzaron a exportar.

La situación también varía según la actividad. La agroindustria fue el sector que reunió a más empresas exportadoras, seguido por la minería tradicional, la metalmecánica y la industria química. En varios de estos rubros conviven grandes compañías con negocios de menor escala, aunque el peso económico de las primeras continúa siendo considerablemente mayor.

Para ADEX, el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas empresas al comercio exterior, sino en fortalecer las condiciones para que puedan consolidarse. En esa línea, el gremio anunció la creación de una Gerencia de Innovación que buscará identificar experiencias aplicadas en otros países y evaluar cómo podrían adaptarse al entorno peruano.

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La mayoría de exportadoras todavía depende de un solo destino

La concentración también se observa en los mercados de destino. Más de la mitad de las empresas exportadoras realizó envíos a un solo país, mientras un grupo reducido consiguió colocar sus productos en diez o más mercados.

Esta limitada diversificación puede convertirse en una vulnerabilidad para las empresas, especialmente las de menor tamaño. Depender de un único destino significa que un cambio en la demanda, una nueva exigencia comercial o una dificultad logística puede tener un impacto directo sobre sus ventas externas.

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Estados Unidos fue el mercado que recibió productos de más empresas peruanas durante el periodo, seguido por la Unión Europea, Chile, India y Ecuador.

Así, el comercio exterior peruano enfrenta una doble tarea: ampliar la cantidad de empresas que consiguen exportar y, al mismo tiempo, conseguir que una mayor parte de ellas pueda permanecer, crecer y diversificar sus mercados.

La ruta Lima-Río de Janeiro iniciará operaciones el 28 de diciembre de 2026 con una frecuencia diaria y aeronaves Airbus A320neo, con capacidad para 186 pasajeros. La nueva conexión ampliará las alternativas de vuelos directos entre Perú y Brasil, uno de los mercados relevantes para el turismo nacional.

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Cusco tendrá vuelo directo a Santiago de Chile desde enero de 2027

A partir del 3 de enero de 2027, Cusco y Santiago de Chile quedarán conectados mediante un vuelo diario, con siete frecuencias semanales. La operación permitirá que los visitantes internacionales lleguen directamente a la Ciudad Imperial sin realizar una escala previa en Lima, mientras que los pasajeros cusqueños tendrán una nueva alternativa para viajar a Chile.

Santiago se sumará así a Bogotá y La Paz como uno de los destinos internacionales directos desde Cusco, lo que amplía la red de conexiones de la ciudad y diversifica las opciones disponibles para los viajeros.

El potencial de esta ruta se observa en el comportamiento reciente del tráfico aéreo. Entre enero y junio de 2026, Cusco movilizó 67.688 pasajeros internacionales, 16% más que en el mismo periodo del año anterior. A ello se suma el impacto económico del turismo: los visitantes internacionales que llegan al destino registran un gasto promedio de US$1.919 y una permanencia de siete días, según información difundida por el MTC.

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Lima-Río de Janeiro ampliará conexión aérea con Brasil

La nueva ruta entre Lima y Río de Janeiro comenzará a operar el 28 de diciembre, también con una frecuencia diaria. La conexión permitirá ampliar la oferta de vuelos entre ambos países y atender parte de la demanda de viajeros por motivos turísticos y de negocios.

Brasil mantiene una posición importante dentro del flujo turístico hacia el Perú. Entre enero y julio de 2026, más de 103.000 visitantes brasileños llegaron al país, convirtiendo a Brasil en el cuarto principal mercado emisor de turistas. La conexión con Río de Janeiro se incorporará, además, a la oferta que ya enlaza Lima con São Paulo.

Estas nuevas operaciones se producen mientras el transporte aéreo internacional mantiene una trayectoria ascendente. Entre enero y junio de este año, Perú movilizó 6 millones 48.228 pasajeros en vuelos internacionales, 3,6% más que en el mismo periodo de 2025.

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MTC busca ampliar la conectividad aérea hacia más destinos

El fortalecimiento de las rutas internacionales se complementará con la reactivación de la conexión Lima-Puerto Maldonado, prevista para el 1 de marzo de 2027 con un vuelo diario. Esta ruta permitirá conectar directamente la capital con la Amazonía peruana y se sumará al enlace Cusco-Puerto Maldonado que ya opera la aerolínea.

El acompañamiento a estas operaciones forma parte del Kit de Impulso a la Conectividad Aérea, iniciativa de la DGAC orientada a identificar y viabilizar nuevas rutas mediante la coordinación con las aerolíneas y el seguimiento de los procedimientos técnicos y regulatorios.

El objetivo es aprovechar el crecimiento de la demanda para conectar más destinos con mercados internacionales y, con ello, favorecer el turismo y la actividad económica de las regiones.

Los impactos podrían ir desde daños en cultivos e infraestructura hasta interrupciones en carreteras, centrales hidroeléctricas y operaciones productivas. Para las empresas, el principal desafío será anticiparse a estos escenarios y reducir las pérdidas.

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El Niño: agroexportación y pesca enfrentarían mayores riesgos en Perú

El sector agroexportador sería uno de los más afectados por el fenómeno de El Niño. Las lluvias que podrían presentarse generarían daños en los cultivos y retrasos en las exportaciones, especialmente en zonas donde la infraestructura vial resulte afectada.

A esto se suma otro riesgo para el agro peruano: las altas temperaturas previstas para 2027 podrían perjudicar la próxima campaña agrícola. El cambio en las condiciones climáticas puede afectar el desarrollo de los cultivos y alterar los ciclos de producción.

En el sector pesquero, Gallagher advierte sobre la posibilidad de que la segunda temporada de pesca de 2026 sea cancelada y que la primera temporada de 2027 enfrente una menor cuota.

El efecto sobre la pesca está relacionado con las variaciones en las condiciones del mar que puede provocar El Niño y que terminan modificando la disponibilidad de determinadas especies.

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Lluvias de El Niño afectarían carreteras, energía y construcción

El impacto del FEN también alcanzaría a sectores vinculados directamente con la infraestructura como el caso de la energía, ya que el aumento del caudal de los ríos producto de las lluvias podría afectar centrales hidroeléctricas, dependiendo de su ubicación y del nivel que alcancen las precipitaciones. Al mismo tiempo, las altas temperaturas podrían elevar el consumo de electricidad debido al mayor uso de equipos de aire acondicionado.

Este incremento de la demanda podría generar sobrecargas eléctricas o cortes por tensión en determinadas circunstancias.

Para el sector transporte, uno de los principales riesgos está en el deterioro de carreteras y vías de acceso por las lluvias. La interrupción de estas rutas no solo afecta el traslado de personas, sino también el movimiento de mercancías y productos agrícolas.

En construcción, las inundaciones pluviales podrían ocasionar daños en infraestructura y afectar el desarrollo normal de las obras.

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¿Cómo pueden prepararse las empresas ante El Niño?

Ante este escenario, Frank Chávez, gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Perú, recomienda que las compañías cuenten con planes de continuidad de negocio y planes de crisis para responder ante emergencias climáticas.

Entre las principales medidas figura la inspección y limpieza de canaletas y drenajes, además de la descolmatación de quebradas. Esta última consiste en retirar sedimentos y materiales que pueden impedir el adecuado paso del agua.

Gallagher también recomienda evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones frente a lluvias y proteger los tableros e instalaciones eléctricas ubicados a la intemperie para reducir el riesgo de cortocircuitos.

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En los fundos ubicados cerca de ríos o quebradas, se plantea reforzar diques y barreras, así como revisar el estado de gaviones y defensas ribereñas existentes.

La empresa cuenta además con un “Plan CAT”, diseñado para activar una respuesta especializada frente a eventos catastróficos. El mecanismo busca coordinar la atención de los siniestros con aseguradoras y ajustadores, acelerar la recuperación de las pérdidas y contribuir a la continuidad de las operaciones.

Para las empresas, el posible retorno de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en Perú vuelve a colocar la prevención climática como un factor fundamental para reducir daños económicos y evitar interrupciones prolongadas.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 25 de agosto

BCP

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Durante la XV Conferencia Gas Natural Perú 2026, Cárdenas detalló que la evaluación conjunta realizada por Proinversión, Osinergmin, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Minem culminó el 29 de mayo. Luego, se elaboró el informe que sustenta la adenda y se remitió a las entidades correspondientes.

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Proinversión emitió una opinión favorable, mientras que Osinergmin formuló observaciones. Aunque las opiniones de ambos organismos no son vinculantes, el ministerio decidió levantar primero las observaciones del regulador antes de enviar el expediente al MEF.

Una vez que el Minem complete el levantamiento de observaciones, el expediente será enviado al MEF, que deberá emitir su opinión. Posteriormente, el proceso contempla su paso por la Contraloría General de la República.

Gas natural: Lima concentra 80% de los hogares conectados

El acceso al gas natural sigue concentrado en Lima. De los 1,6 millones de hogares que cuentan con este servicio en el país, alrededor del 80% está en la capital, según los datos presentados por la viceministra de Hidrocarburos durante la conferencia.

La brecha es más evidente en las regiones productoras. En Cusco, donde se concentra buena parte de las reservas de gas natural, solo cinco hogares cuentan actualmente con el servicio. "Tenemos la deuda pendiente de las regiones de donde proviene el gas natural, principalmente Cusco, donde solo hay cinco hogares", señaló.

Como parte de los primeros proyectos para ampliar la cobertura, el sector desarrolló un piloto con el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que contempla una planta de regasificación y 25 kilómetros de redes para atender a 1.000 familias. Las viviendas tendrán tres puntos de consumo: para cocinar, calentar agua y calefacción. Las acometidas y las instalaciones internas ya se encuentran en proceso de licitación, mientras se define al operador del servicio.

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El plan para llevar gas natural a otras regiones empezó hace unos tres años, cuando Cálidda propuso atender a 15 ciudades de siete regiones. La revisión conjunta del proyecto culminó el 29 de mayo y el Gobierno trabaja ahora en las siguientes etapas administrativas.

La ampliación de la cobertura forma parte de una agenda más amplia para aprovechar el peso de los hidrocarburos en la matriz energética. Según Cárdenas, estos representan el 78% de la producción de energía primaria y el 67% del consumo final. Además, han generado más de S/46.000 millones en canon y sobrecanon, de los cuales Cusco concentra más de la mitad a través de la actividad vinculada a Camisea.

Transporte abre espacio para sustituir el diésel por gas natural

El transporte es uno de los principales frentes para ampliar el uso del gas natural, debido a su alta participación en el consumo energético del país. Este sector concentra el 54% del consumo energético, por lo que existe espacio para reducir el uso de diésel, principalmente en vehículos de carga y pasajeros.

La viceministra estimó de manera preliminar que la transición hacia el gas natural podría reducir en 10% el consumo de diésel, aunque precisó que la cifra aún debe ser validada con estimaciones técnicas. El FISE ya contempla mecanismos de apoyo financiero para impulsar esta conversión.

A esta alternativa se suma el desarrollo ferroviario, que permitiría trasladar parte del transporte de pasajeros y carga del diésel hacia sistemas eléctricos.

El gas natural también tiene un peso importante en la generación eléctrica. De acuerdo con la exposición de Cárdenas, los hidrocarburos representan el 41% de la generación, mientras que el gas natural aporta 39%. Su disponibilidad permitió reemplazar centrales que utilizaban diésel, lo que contribuyó a mantener tarifas eléctricas competitivas y contener los costos energéticos de actividades de alto consumo, como la minería.

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Minem plantea reducir de cuatro años a tres meses los permisos para explorar gas

Las reservas de gas natural son otro de los puntos que el sector busca atender ante el crecimiento previsto de la demanda. Según Cárdenas, las reservas aprobadas permiten al país contar con unos 13 años de autonomía, pero más del 90% está concentrado en los lotes de Camisea.

Esta concentración ha llevado al Minem a plantear medidas para impulsar nuevas inversiones en exploración, entre ellas el fortalecimiento de Perupetro, la reducción de los plazos de evaluación ambiental y la conformación de equipos de trabajo para acompañar los permisos de cada proyecto.

Uno de los principales cuellos de botella son los estudios de impacto ambiental, cuyo desarrollo puede tomar entre tres y cuatro años. Para acortar ese proceso, el sector propone implementar el IGASPE, un instrumento de gestión ambiental complementario que podría reducir a unos tres meses la evaluación de determinadas actividades de exploración.

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La propuesta contempla que el Estado prepare previamente una línea de base ambiental de las zonas donde se desarrollarán los proyectos, con información sobre especies, calidad del aire y condiciones del agua. Así, las empresas podrían concentrarse en presentar sus proyectos y las medidas para prevenir o mitigar sus impactos.

"Entonces, de tres a cuatro años en tres meses. Eso es lo primero, para incentivar la exploración", explicó Cárdenas a este diario.

La viceministra remarcó que la propuesta no busca reducir los estándares ambientales, sino evitar que los inversionistas tengan que recopilar durante años información que el Estado puede sistematizar. El IGASPE ya fue presentado al Ministerio del Ambiente (Minam) para su validación.

A ello se suma la propuesta de crear grupos de trabajo similares al Grupo Técnico Institucional de Camisea, liderados por Perupetro, para acompañar los proyectos de exploración y agilizar los permisos necesarios.

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Infraestructura y petroquímica buscan sostener la expansión del gas

Cárdenas advirtió que actualmente existe un solo corredor que transporta el gas desde Cusco hacia los usuarios, por lo que el Gobierno considera necesario desarrollar infraestructura adicional para fortalecer la seguridad energética.

La estrategia contempla también mejorar las condiciones para las concesiones de distribución. Para ello, el Minem plantea avanzar hacia una tarifa única y promover la presencia de grandes consumidores que funcionen como demandantes ancla.

Estos usuarios permitirían generar una demanda estable capaz de contribuir a la sostenibilidad económica de las redes de distribución, especialmente en zonas donde la cantidad inicial de consumidores residenciales todavía es baja.

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En ese esquema, la petroquímica aparece como una de las apuestas del Gobierno. Cárdenas señaló que el Minem retomó su promoción con el objetivo de que el gas natural no se utilice únicamente para generación eléctrica, sino también para producir bienes con mayor valor agregado.

La eventual instalación de una industria petroquímica podría convertirse, precisamente, en una demanda ancla para las concesiones de distribución y contribuir a hacerlas sostenibles.

El reto para el sector es, por tanto, doble: ampliar el número de usuarios sin descuidar la disponibilidad futura del recurso. Para ello, el Minem busca avanzar simultáneamente en la masificación, la exploración, la reducción de los tiempos de permisos, el desarrollo de infraestructura y la generación de nuevos mercados para el gas natural.

La controversia tiene efectos directos sobre la industria láctea: qué producto puede comercializarse legalmente como leche evaporada y qué ingredientes pueden utilizarse para elaborarlo.

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El decreto, vigente desde octubre de 2022, establece que la leche evaporada se obtiene mediante la eliminación parcial del agua únicamente de la leche. En términos sencillos, la norma fija que el producto debe partir de leche y obtenerse retirando parte de su agua.

¿Qué cambió para la leche evaporada Gloria?

Con la entrada en vigencia de la norma, la tradicional leche evaporada Gloria de etiqueta azul dejó de comercializarse bajo esa denominación. Desde octubre de 2022, la empresa introdujo una leche reconstituida de etiqueta azul y una nueva leche evaporada de etiqueta morada.

La diferencia está en su elaboración. Mientras la leche evaporada parte de leche y elimina parte de su agua, un producto lácteo reconstituido se obtiene a partir de una forma concentrada o deshidratada a la que se añade agua para recuperar su composición. Esta distinción termina definiendo también qué nombre puede aparecer en el envase.

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AINCUS sostiene que la antigua fórmula de Gloria incorporaba leche en polvo y que su uso dejó de ser compatible con la nueva regulación. La asociación también cuestiona la composición de la actual leche evaporada de etiqueta morada. Según el documento, esta declara leche cruda, leche concentrada al 30% y grasa anhidra de leche entre sus ingredientes, por lo que AINCUS considera que no cumpliría con la definición establecida por el decreto.

Gloria, por su parte, sostiene en su demanda que el decreto vulnera sus derechos constitucionales y busca que sea dejado sin efecto. El proceso ha pasado por las instancias previas sin una decisión favorable para la empresa, de acuerdo con la documentación presentada por AINCUS.

Codex Alimentarius: ¿por qué importa el nombre del producto?

La discusión también tiene como referencia al Codex Alimentarius, que establece definiciones internacionales para los productos lácteos. Entre ellas, señala que el nombre de un alimento debe reflejar su verdadera naturaleza y no inducir a error al consumidor.

Aquí aparece un concepto técnico: los "términos lecheros protegidos". En la práctica, significa que la denominación utilizada en un producto debe corresponder con sus características y composición. Por ello, la diferencia entre leche, producto lácteo y producto lácteo reconstituido tiene una consecuencia comercial concreta.

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El decreto peruano recoge esta definición para establecer qué puede comercializarse como leche evaporada. AINCUS sostiene que el estándar internacional vigente desde 1971 establece que este producto debe elaborarse únicamente a partir de leche, mediante la eliminación parcial del agua.

La asociación también menciona como antecedente el caso Pura Vida, producto de Gloria cuya comercialización generó una controversia nacional en 2017 por su composición y denominación. Este episodio forma parte de los argumentos que AINCUS presenta contra la empresa, aunque el proceso que ahora debe resolver el TC tiene un objeto específico: determinar si corresponde dejar sin efecto el decreto cuestionado.

TC definirá las reglas para la leche evaporada

Durante el proceso, Gloria solicitó una medida cautelar para continuar produciendo y comercializando su antigua leche evaporada de etiqueta azul mientras se resolvía la demanda. La solicitud fue rechazada y, desde octubre de 2022, el producto dejó de comercializarse bajo esa denominación.

AINCUS también cuestiona una ampliación administrativa que permitió utilizar la etiqueta durante un periodo adicional en 2023. Este argumento forma parte de su posición en el proceso y no constituye una conclusión del TC sobre la legalidad de dicha actuación.

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La decisión del Pleno tendrá un alcance que va más allá de una presentación de Gloria. El fallo definirá cómo se aplican las reglas sobre la denominación de la leche evaporada en el mercado peruano y qué margen tendrá la industria para utilizar leche en polvo u otros componentes en su elaboración.

El expediente involucra además a distintas entidades del Estado y a representantes de los ganaderos y consumidores. Con el caso ya elevado al Pleno, el TC tendrá la última palabra sobre una disputa que enfrenta la posición de Gloria frente a las nuevas reglas establecidas por el Estado.

La declaración llega cuando en el Congreso ya se presentó una propuesta que apunta directamente a las empresas agroexportadoras de mayor tamaño. El proyecto plantea excluir de los beneficios de la Ley 32434 a las compañías agrarias cuyos ingresos netos anuales superen las 2.300 UIT. Según el cálculo de la iniciativa, esta medida podría generar hasta S/1.755,8 millones adicionales de recaudación al año.

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En entrevista con RPP, Galarreta señaló que el ministro de Economía, Elmer Cuba, será quien realice la evaluación técnica. “Nosotros evaluaremos todo”, afirmó el jefe del Gabinete al ser consultado por las exoneraciones.

El primer ministro tomó como ejemplo precisamente al sector agroexportador. “Yo creo que el ministro podrá evaluar y ver si corresponde mantenerlas o corresponde bajarlas o corresponde hacer una nueva estrategia”, sostuvo.

Por ahora, el Ejecutivo no ha definido qué beneficios serán modificados. La decisión, según Galarreta, deberá partir de una revisión técnica del MEF sobre el costo y los objetivos de cada incentivo.

Agroexportadoras grandes podrían quedar fuera del régimen tributario preferencial

La propuesta que se encuentra en el Congreso introduce un cambio concreto: que los beneficios tributarios agrarios no alcancen a las empresas de mayor escala.

El proyecto presentado por la diputada Analí Marquez considera como gran empresa agraria a aquella que registra ingresos netos superiores a 2.300 UIT y plantea que estas compañías queden fuera del régimen establecido por la Ley 32434. La iniciativa sostiene que los incentivos deberían concentrarse en los pequeños productores y no continuar aplicándose de manera general a empresas que ya cuentan con una posición consolidada en el mercado.

Actualmente, la norma contempla una tasa de Impuesto a la Renta de 15% para las empresas comprendidas en el régimen entre 2026 y 2035. En el régimen general, la tasa aplicable es de 29,5%. También existen reglas particulares para los pagos a cuenta y otros mecanismos tributarios.

La diferencia no es menor cuando se lleva a las cuentas fiscales. De acuerdo con los cálculos incluidos en el proyecto, las 360 empresas que quedarían fuera del beneficio tendrían una utilidad estimada de S/3.971,5 millones.

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Con una tasa de 15%, pagarían alrededor de S/595,7 millones por Impuesto a la Renta. Si se les aplicara la tasa general de 29,5%, el pago subiría a S/1.171,6 millones. Es decir, S/575,9 millones más de recaudación anual, según la estimación de la iniciativa.

Pero el proyecto no se limita a la tasa reducida del Impuesto a la Renta. Según sus autores, el conjunto de beneficios tributarios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones entre 2025 y 2035. Al excluir a las grandes empresas, estiman que el Estado podría recuperar hasta S/1.755,8 millones al año. Esta última cifra corresponde a la propuesta legislativa y no a una proyección oficial del MEF.

La iniciativa sustenta su planteamiento en un antecedente: según información del MEF citada en el proyecto, 506 contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UIT concentraron el 92% de los beneficios tributarios de la anterior Ley 31110. Con ese dato, los autores cuestionan que incentivos creados para promover al sector terminen concentrándose en empresas de mayor tamaño y plantean revisar si estos beneficios siguen cumpliendo su objetivo.

El MEF ya había cuestionado el costo fiscal

La revisión anunciada por Galarreta tampoco parte de cero. Durante la discusión de los beneficios para el sector agroexportador, el MEF ya había advertido sobre su impacto en las cuentas públicas y cuestionado que parte de estos incentivos terminara concentrándose en las empresas de mayor tamaño. El proyecto que ahora evalúa el Congreso retoma esa discusión y estima que el conjunto de beneficios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones.

El debate ocurre, además, en un sector que ha ganado un peso considerable en la economía peruana. Entre 2015 y 2025, las exportaciones agrícolas pasaron de US$5.107 millones a US$14.522 millones, mientras que los envíos de productos agropecuarios no tradicionales llegaron a US$12.610 millones.

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Ese crecimiento alimenta las dos posiciones en disputa. Quienes defienden el régimen sostienen que los incentivos ayudan a atraer inversión, generar empleo y mantener la competitividad del sector. Quienes plantean revisarlo consideran que, tras años de expansión, no todas las empresas requieren el mismo nivel de respaldo tributario, especialmente las de mayor tamaño.

Además, la revisión no se limitará a la agroexportación. Galarreta encargó a Elmer Cuba evaluar otras exoneraciones y beneficios tributarios para determinar cuáles conservan una justificación económica y cuáles podrían modificarse.

La apuesta fue planteada por José Carlos Guzmán Zegarra, gerente legal de Olympic Perú, durante la XV Conferencia de Gas Natural Perú 2026. El ejecutivo sostuvo que Piura tiene condiciones para convertirse en el segundo gran eje gasífero del país, después de Camisea, aunque para ello será necesario conectar una mayor oferta con una demanda que también viene creciendo y generar condiciones que permitan sostener las inversiones.

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"Piura ya es parte de la solución de seguridad energética del Perú y tiene potencial para convertirse en el segundo gran eje gasífero del país", señaló.

La región ya cuenta con una base productiva sobre la cual construir esa expansión. Olympic Perú reporta 145 BCF de reservas probadas de gas natural —una medida utilizada para expresar grandes volúmenes del recurso— y elevó su producción de 25 millones de pies cúbicos diarios en 2024 a 40 millones en 2025. Para este año, la compañía prevé alcanzar los 50 millones de pies cúbicos diarios.

La empresa también señala que aporta alrededor del 60% del gas natural que consume Piura, abastece a más de 90.000 familias con producción local y cuenta con más de 100 kilómetros de ductos propios. A ello se suma una capacidad instalada de generación eléctrica de 50 MW.

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Piura tiene gas para crecer, pero requiere más infraestructura

El potencial de Piura no se limita al consumo domiciliario. Una mayor oferta de gas podría atender las necesidades de industrias, transporte y generación eléctrica, actividades que requieren un suministro continuo y competitivo.

Guzmán Zegarra advirtió que ese crecimiento ya encuentra límites en parte de la infraestructura disponible. Mencionó, por ejemplo, las restricciones en la capacidad de transmisión eléctrica, que pueden dificultar la atención de una demanda en expansión.

En ese contexto, el gas natural puede convertirse en una alternativa para acompañar el crecimiento de la actividad económica regional, pero su aprovechamiento dependerá de que producción e infraestructura avancen a la misma velocidad. No se trata únicamente de extraer más gas, sino de contar con los ductos, conexiones y proyectos necesarios para llevarlo hasta donde se necesita.

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"Para que el usuario final pueda acceder a costos similares a los de Lima, es fundamental un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado", sostuvo el gerente legal de Olympic Perú.

La empresa considera que una mayor utilización del gas producido en la propia región también permitiría reducir las brechas de acceso energético entre Lima y otras zonas del país. En la medida en que existan nuevos consumidores y proyectos que utilicen este recurso, las reservas de Piura podrían traducirse en una oferta energética con mayor impacto sobre la economía local.

Nuevas inversiones en gas requieren reglas previsibles

El otro desafío está en atraer nuevas inversiones. La exploración de hidrocarburos requiere capital y plazos largos, por lo que Olympic Perú considera claves tres condiciones: predictibilidad, horizonte e incentivos. "Que las reglas sean claras, que los contratos tengan un horizonte acorde con el tiempo que necesita una inversión de exploración y que existan incentivos vinculados a nuevos compromisos de inversión", explicó Guzmán Zegarra.

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El ejecutivo también planteó una mayor rendición de cuentas de los organismos reguladores. "Es importante que los organismos reguladores expliquen con claridad cuál es la política regulatoria que buscan impulsar y cómo sus decisiones contribuyen a la seguridad energética y al desarrollo del país", señaló.

Piura ya cuenta con reservas, producción y una demanda con potencial de crecimiento. Si esa base se acompaña de nuevas inversiones e infraestructura, la región podría ampliar su aporte al abastecimiento del norte y consolidarse como un eje estratégico del gas natural en el Perú.