En ese sentido, el decreto no modifica las condiciones para acceder a una pensión ni incorpora nuevos beneficios para los afiliados. Lo que hace es garantizar financieramente la emisión de títulos que reconocen los aportes efectuados por trabajadores que dejaron el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para incorporarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las AFP.

¿Qué dispone el decreto?

La norma autoriza al Gobierno a otorgar una garantía por hasta S/42 millones a favor de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios que emitirá la ONP durante el presente ejercicio fiscal. Asimismo, establece que la propia entidad atenderá la redención de estos títulos con cargo a su presupuesto institucional y faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a emitir las disposiciones complementarias necesarias para ejecutar la medida.

El decreto se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que autoriza operaciones de endeudamiento interno. De ese marco presupuestal se reserva el monto destinado a respaldar los bonos emitidos por la ONP.

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¿Qué son los Bonos de Reconocimiento?

Los Bonos de Reconocimiento son documentos emitidos por la ONP para reconocer los aportes que realizaron determinados trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones. Su valor se incorpora a la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado y forma parte del cálculo de la pensión que recibirá en una AFP.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisa que existen tres tipos de Bonos de Reconocimiento, cada uno con requisitos específicos relacionados con la fecha de afiliación y el tiempo de aportes efectuados al antiguo sistema público. La ONP es la entidad encargada de calcular y emitir estos títulos, los cuales son respaldados con recursos del Estado.

En ese sentido, la garantía aprobada por el Ejecutivo no representa un nuevo gasto destinado a ampliar la cobertura previsional, sino un mecanismo financiero para asegurar el cumplimiento de obligaciones que ya existen en la legislación peruana.

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¿Quiénes pueden acceder al Bono de Reconocimiento?

El Bono de Reconocimiento no está dirigido a todos los afiliados a una AFP. Pueden acceder quienes realizaron aportes al Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones y cumplen los requisitos establecidos para cada modalidad de bono.

Entre las condiciones generales figura haber aportado al antiguo sistema público durante el período exigido por la normativa y haberse incorporado posteriormente a una AFP. La evaluación de cada caso corresponde a la ONP, que verifica el historial de aportaciones antes de emitir el bono.

¿Cómo se solicita?

El trámite se inicia, por lo general, a través de la AFP en la que se encuentra afiliado el trabajador. La administradora recopila la documentación necesaria y la remite a la ONP para que esta verifique el cumplimiento de los requisitos, determine el monto que corresponde y emita el Bono de Reconocimiento cuando la solicitud resulta procedente.

Una vez emitido, el bono se incorpora a la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado y será considerado al momento de calcular la pensión que recibirá en el Sistema Privado de Pensiones.

La publicación del decreto no implica que más trabajadores accedan automáticamente a un Bono de Reconocimiento ni modifica los requisitos para obtenerlo. Tampoco altera el funcionamiento del Sistema Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones.

La medida desarrolla las disposiciones de la Ley N.° 32412 y establece cómo deberán registrar sus operaciones las empresas y usuarios autorizados para comercializar, transportar, almacenar o utilizar sustancias como mercurio, cianuro e hidrocarburos.

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Uno de los principales cambios es que los usuarios estarán obligados a comunicar a la Sunat, en un plazo máximo de un día calendario desde que tomen conocimiento del hecho, cualquier pérdida, derrame, excedente, desmedro o robo de estos insumos. La comunicación tendrá carácter de declaración jurada y deberá realizarse mediante la plataforma virtual de la entidad.

La Resolución de Superintendencia N.° 000135-2026 busca reducir el riesgo de que estas sustancias, pese a tener usos legítimos en diversas actividades económicas, sean utilizadas en la extracción ilegal de oro. El mercurio, por ejemplo, se emplea para separar el oro del material extraído, mientras que el cianuro se utiliza en procesos industriales para recuperar el mineral.

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Registro diario y trazabilidad: así funcionará el nuevo control sobre mercurio y combustibles

La regulación crea el Registro Diario de Operaciones, una herramienta con la que la administración tributaria busca mantener la trazabilidad de los insumos químicos desde su ingreso al mercado hasta su uso final.

Con la entrada en vigencia de la norma, los usuarios deberán registrar diariamente los movimientos de estos productos en cada uno de sus establecimientos. Luego, esa información deberá presentarse de forma consolidada cada mes mediante SUNAT Operaciones en Línea.

La obligación alcanza a prácticamente toda la cadena de comercialización. Deberán registrar sus operaciones quienes compren, importen, vendan, exporten, produzcan, consuman, almacenen o transporten insumos químicos fiscalizados.

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El registro incluirá ingresos, salidas, producción, uso, transporte y almacenamiento de estas sustancias, lo que permitirá a la administración tributaria conocer el recorrido de cada lote y detectar posibles desvíos hacia actividades ilícitas.

Incluso cuando un usuario no haya realizado operaciones durante un determinado mes, deberá comunicar esa situación a la entidad.

Para facilitar la implementación del sistema, la Sunat estableció un período de adecuación hasta el 31 de agosto. Durante ese tiempo realizará campañas de difusión y capacitación para que las empresas adapten sus procesos antes de que las nuevas obligaciones entren en vigor el 1 de septiembre.

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Sunat amplía facultades para fiscalizar insumos químicos

La norma también fortalece las facultades de fiscalización de la administración tributaria. La entidad podrá realizar inspecciones en campo, inmovilizar e incautar insumos químicos, internar vehículos, aplicar sanciones administrativas, suspender o dar de baja a usuarios del registro e implementar medidas especiales de control, como sistemas de videovigilancia.

Además, las acciones de supervisión ya se vienen reforzando en Madre de Dios, una de las regiones con mayor actividad minera ilegal del país. En coordinación con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Sunat verifica que las cisternas que ingresan principalmente al distrito de Tambopata descarguen combustibles únicamente en establecimientos autorizados, con el fin de evitar su desvío hacia actividades ilegales.

El crecimiento no solo responde a un mayor número de viajes, sino también a un incremento en el tiempo de permanencia y en el gasto de los visitantes. De acuerdo con el estudio del Mincetur, el desembolso promedio alcanzaría los S/547 por persona, destinados principalmente a transporte, hospedaje, alimentación, recreación y compras, actividades que benefician directamente a miles de pequeños negocios y empresas vinculadas al turismo.

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Turismo interno impulsará el comercio en Fiestas Patrias

Para la economía peruana, el turismo interno representa uno de los principales impulsores del comercio durante los feriados largos. Restaurantes, hoteles, operadores turísticos, mercados artesanales y servicios de transporte concentran una mayor demanda, especialmente en regiones con alta afluencia de visitantes.

Las proyecciones muestran además que Lima, Cusco y Arequipa volverán a liderar las preferencias de los viajeros, seguidas por Ica, Piura, Cajamarca y La Libertad. En conjunto, estos destinos concentran una parte importante del flujo turístico previsto para la campaña de julio.

Otro aspecto relevante es que dos de cada tres viajeros optarán por regresar a un destino que ya conocen, mientras que un tercio visitará un lugar por primera vez. La diversidad de atractivos turísticos, el patrimonio cultural, el clima y la gastronomía continúan siendo los factores más influyentes al momento de elegir un destino para vacacionar.

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En cuanto al transporte, el bus interprovincial seguirá siendo la alternativa más utilizada, al concentrar poco más de la mitad de los desplazamientos previstos. El transporte aéreo ocupará el segundo lugar, mientras que los hoteles de tres estrellas se mantendrán como la principal opción de alojamiento para los turistas nacionales, según las estimaciones del informe.

El buen desempeño esperado para esta campaña coincide con la recuperación gradual del sector turismo observada durante los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales, el turismo interno continúa siendo uno de los principales soportes de la actividad turística nacional, al compensar parcialmente la lenta recuperación del turismo receptivo y generar ingresos para las economías regionales, especialmente en temporadas de alta demanda.

Las proyecciones para Fiestas Patrias anticipan un importante impulso para el consumo interno en la segunda mitad del año. El mayor flujo de viajeros no solo incrementará la demanda de servicios turísticos, sino que también fortalecerá la actividad económica de cientos de negocios en distintas regiones, consolidando al turismo interno como uno de los sectores con mayor capacidad para dinamizar las economías locales durante los feriados nacionales.

Las cifras entre mayo de 2025 y mayo de 2026 revelan que las concesiones mineras crecieron en 2,68 millones, hasta alcanzar 22,67 millones de hectáreas, equivalentes al 17,6% del territorio nacional. La expansión fue especialmente intensa en Apurímac, donde el 76,5% de la superficie regional ya está concesionada, seguida de La Libertad (63,1%) y Áncash (55,1%). Lima y Moquegua también bordean la mitad de su territorio bajo este régimen, con 48,8% y 48%, respectivamente.

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"Estamos en un contexto muy favorable", resumió José de Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, durante la presentación del informe. No obstante, advirtió que ese escenario "se puede traducir en mucha presión y muchas tensiones en los territorios" si el crecimiento de la actividad minera no va acompañado de reglas claras y de una adecuada gestión de los impactos sociales y ambientales.

Solo una de cada diez hectáreas concesionadas registra actividad minera

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la diferencia entre la extensión del territorio concesionado y el área donde efectivamente existe actividad minera.

Según el análisis expuesto por De Echave, de los más de 22 millones de hectáreas concesionadas en el país, apenas alrededor de dos millones corresponden a zonas donde se realizan actividades como exploración, explotación, plantas de beneficio o procesos de cierre de minas. En otras palabras, cerca de 20 millones de hectáreas permanecen sin actividad minera directa.

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El economista planteó que esta situación abre un debate sobre el uso de las denominadas concesiones ociosas, es decir, títulos mineros vigentes sobre áreas donde actualmente no existe producción ni exploración efectiva.

Asimismo, cuestionó el argumento de que la inversión minera esté limitada por un exceso de regulaciones. Recordó que los mayores niveles de inversión registrados en el país se alcanzaron bajo un marco normativo similar al vigente, por lo que consideró que el debate no debería centrarse únicamente en flexibilizar permisos, sino también en cómo se gestionan los impactos sociales y ambientales de los proyectos.

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El informe muestra otro elemento que, según el investigador, merece seguimiento: el crecimiento de concesiones en departamentos amazónicos como Loreto, Ucayali y Amazonas. Aunque estas regiones mantienen porcentajes bajos de territorio concesionado, el incremento ha sido considerable en el último año. De Echave planteó como hipótesis que parte de la minería informal e ilegal que opera en cauces de ríos podría estar buscando acceder a concesiones para facilitar procesos de formalización, un fenómeno que, dijo, cobra relevancia a pocos meses del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Cajamarca resume los desafíos de la nueva expansión minera, según el Observatorio

Para el sociólogo Marco Arana, representante de Grufides, Cajamarca sintetiza buena parte de los desafíos que acompañan esta nueva etapa de expansión minera. Durante la presentación del informe advirtió que en esa región confluyen la gran minería, la minería ilegal, nuevos proyectos de inversión y procesos judiciales que permanecen abiertos desde hace más de una década.

Como ejemplo, mencionó la presencia de minería ilegal en la zona de Cerro Rojillo, una cabecera de cuenca que abastece de agua a la ciudad de Cajamarca. Según relató, la intervención estatal se produjo recién después de las denuncias de autoridades locales y organizaciones de usuarios de agua, lo que, a su juicio, evidencia debilidades en la capacidad de respuesta del Estado frente a este tipo de actividades.

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Arana también cuestionó proyectos de infraestructura hídrica vinculados a zonas donde se concentran futuras inversiones mineras y advirtió que varios procesos judiciales relacionados con conflictos socioambientales, como el caso Conga y procedimientos ambientales aún pendientes, pasarán a ser parte de la agenda del próximo gobierno.

Ninguno de los dos negó que el Perú atraviesa un momento de bonanza minera. Sin embargo, ambos remarcaron lo mismo: esta vez el boom llega sobre territorios donde el agua sigue en disputa, los conflictos no disminuyen y varios procesos judiciales continúan sin resolverse.

La medida incorpora como requisito obligatorio el registro y validación de un correo electrónico y un número de teléfono celular, que pasarán a ser los canales oficiales de comunicación entre la Sunat y los contribuyentes. Además, ambos datos serán utilizados para los procesos de verificación de identidad en los servicios digitales de la administración tributaria, por lo que mantenerlos actualizados será un requisito para realizar diversos trámites por internet.

¿Qué otros cambios estarán disponibles para los contribuyentes?

Otro de los cambios relevantes es el fortalecimiento de los mecanismos de autenticación para acceder a la Clave SOL. Antes de generar o recuperar las credenciales será necesario validar el correo electrónico y el número de celular mediante códigos de verificación, con el objetivo de reducir los riesgos de fraude y suplantación de identidad.

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Asimismo, la resolución incorpora nuevos formularios virtuales en Sunat Virtual que permitirán a las personas naturales cambiar su condición de sin negocio a con negocio, o viceversa, eliminando la necesidad de acudir presencialmente a un centro de servicios.

Este mismo procedimiento integrado estará disponible para quienes inicien actividades económicas o comerciales como independientes. En una sola gestión digital, los usuarios podrán modificar su condición tributaria, actualizar su información general y, cuando corresponda, tramitar la baja de los comprobantes de pago físicos que no hayan sido utilizados.

No actualizar el RUC puede generar multas y afectar otros trámites

Las modificaciones introducidas por la resolución se suman a las obligaciones previstas en el Código Tributario respecto al Registro Único de Contribuyentes. Además de inscribirse en el RUC, los contribuyentes deben comunicar oportunamente cualquier cambio relacionado con el domicilio fiscal, la actividad económica, los establecimientos anexos y demás información registrada ante la administración tributaria, dentro de los plazos establecidos por la Sunat.

El incumplimiento de estas obligaciones puede configurar una infracción tributaria sancionable con multas cuyo monto varía según el régimen tributario y el tipo de contribuyente, pudiendo superar una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La legislación también contempla un régimen de gradualidad para quienes regularicen la infracción en las condiciones previstas por la administración tributaria.

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Mantener la información del RUC actualizada también facilita la realización de diversos procedimientos administrativos. Este registro es utilizado para identificar a personas naturales y empresas en trámites como la modificación del régimen tributario, solicitudes de devolución, fraccionamientos, inscripción de establecimientos anexos, actualización de actividades económicas y otros servicios disponibles mediante Sunat Operaciones en Línea (SOL).

En los últimos años, la Sunat ha incrementado el número de procedimientos que pueden realizarse por canales digitales, por lo que la información registrada en el RUC adquiere un papel cada vez más relevante para acceder a esos servicios y mantener la comunicación entre la administración tributaria y los contribuyentes.

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, la actualización del RUC deja de ser un procedimiento meramente administrativo y adquiere un mayor impacto para los contribuyentes. Además de facilitar el acceso a los servicios digitales, el cumplimiento oportuno de esta obligación permitirá reducir el riesgo de infracciones, multas y retrasos en los procedimientos que dependen de la información registrada ante la Sunat.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este lunes 20 de julio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

La ley establece que el monto de la gratificación y de la CTS no podrá ser inferior a S/ 300. Asimismo, dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitirá un decreto supremo para definir la forma de cálculo, las condiciones y demás reglas para el otorgamiento de estos beneficios, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las normas fiscales vigentes.

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¿Qué beneficios recibirán los trabajadores CAS tras la entrada en vigencia de la nueva ley?

La principal modificación es la incorporación de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como el reconocimiento de la CTS para los trabajadores CAS. En ambos casos, el beneficio tendrá un monto mínimo de S/300, mientras que el cálculo definitivo será establecido por el MEF mediante una norma complementaria. Para la CTS se tomará en cuenta el tiempo de servicios desde el inicio del contrato vigente.

La ley también precisa el financiamiento de estas obligaciones. En las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, los recursos provendrán de las partidas autorizadas por la propia norma. En el caso de los gobiernos locales, el pago deberá realizarse con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales.

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Vacaciones, edad de cese, contratos y bonificación extraordinaria: los otros cambios que establece la norma

La nueva legislación mantiene el derecho de los trabajadores CAS a 30 días calendario de vacaciones remuneradas. Además, cuando el contrato finalice antes de cumplir un año de servicios, el trabajador podrá recibir una compensación vacacional proporcional, siempre que haya laborado de manera ininterrumpida durante al menos un mes en la entidad.

Otro de los cambios establece que la extinción del contrato por límite de edad se producirá al cumplir 70 años. No obstante, quienes alcancen esa edad podrán continuar laborando hasta el 31 de diciembre del año en que la cumplan. Asimismo, las nuevas prórrogas o renovaciones de contratos CAS transitorios tendrán un plazo máximo de cinco años, contados desde la publicación de la Ley N.° 32563, sujeto a la disponibilidad presupuestal y a los lineamientos que emitirá Servir.

De manera adicional, la Ley N.° 32732 autoriza, por única vez durante el Año Fiscal 2026, una bonificación extraordinaria de S/ 750 para el personal del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), incluidos los trabajadores CAS que cumplan con los requisitos establecidos en la norma. Este beneficio tendrá carácter no remunerativo, no pensionable y no estará sujeto a cargas sociales.

Alejandro Céspedes García: José, ¿cuál es hoy la mayor fortaleza de la macroeconomía peruana?

José Távara: La principal fortaleza de nuestra macroeconomía es que tenemos una inflación baja, a pesar de las dificultades del contexto internacional y de lo que se viene con El Niño. También tenemos una deuda pública comparativamente reducida en relación con el valor total de los bienes y servicios que producimos. El Perú es un país con deuda baja y, por eso, puede acceder a financiamiento externo en condiciones relativamente razonables, con tasas de interés comparativamente reducidas frente a otros países de la región. Podemos emitir bonos: el Tesoro peruano los emite para financiarse y para reestructurar la deuda. Cuando sale a ofrecer, por decir, 100, la demanda llega a 400. Eso nos da posibilidades de financiarnos.

Pero hay que decirlo con claridad: esto se mantiene a pesar de una conducta irresponsable del Congreso saliente, que ha aprobado una serie de leyes que comprometen gastos hacia el futuro y generan riesgos advertidos oportunamente por el Consejo Fiscal. El Tribunal Constitucional, hace pocos días, cambió de criterio y ahora reconoce que es grave e irresponsable dar iniciativa de gasto a congresistas que responden a motivaciones políticas de corto plazo, según el ciclo electoral, y no a políticas de Estado con una mirada de largo plazo.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué otros riesgos enfrenta la economía peruana?

José Távara: Un dato muy preocupante es la baja calidad de la inversión pública, que además tiene impacto de largo plazo. Buena parte de los proyectos se inician y terminan paralizados, con obras abandonadas y los fierros de las estructuras oxidándose. Es una dilapidación de recursos inadmisible.

Esto tiene que ver con la corrupción en gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales, y debe combatirse con la mayor energía. No podemos seguir con hospitales a medio construir y abandonados, carreteras o puentes que se caen poco después de construidos. Eso es inaceptable.

Hay que fortalecer la Contraloría General de la República, que a veces se queda en procedimientos formalistas sin llegar al fondo del asunto. Quienes son responsables de ese tipo de decisiones, o de actos de corrupción, deben asumir las consecuencias y ser sancionados. Los mecanismos de evaluación de la inversión pública deben ser mucho más robustos, y ahí la responsabilidad recae también en el Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano central.

Alejandro Céspedes García: Se habla de buenas perspectivas de crecimiento. ¿Cuánto dejamos de crecer por la economía informal, la minería ilegal y el narcotráfico?

José Távara: Me gustaría afinar un poco la pregunta: más que cuánto más podríamos crecer, la pregunta relevante es cómo crecemos. Ese es un viejo debate que tengo con colegas: para algunos, salvo el crecimiento del PBI, todo es ilusión, y hay que crecer, crecer y crecer. Yo no comparto esa perspectiva. El tipo de crecimiento es muy importante. Nadie discute la importancia de crecer con mejores servicios públicos, mejor educación, mejores sistemas de salud. Eso debería reflejarse, por ejemplo, en mayor productividad de los trabajadores y las empresas, en desarrollo cultural, en un mayor consumo de bienes inmateriales y contenidos artísticos que integren al país y a nuestra diversidad.

Esto se relaciona con una distinción que enseñan las buenas escuelas de economía: la diferencia entre los flujos y los fondos, los stocks. Una cosa son los ingresos y otra el patrimonio, los ahorros, la casa: eso son los stocks. Si uno crece depredando sus recursos, ese crecimiento no es sostenible. Si crecemos con tala ilegal, con oro extraído ilegalmente que contamina los ríos, si permitimos que se siga destruyendo la Amazonía, en algún momento eso nos pasará factura.

A escala global hay evidencia de que El Niño ocurre cada vez con mayor frecuencia y se intensifica. Estamos batiendo récords de temperatura en el planeta y también en nuestro país. Estamos llegando a límites biofísicos planetarios. No es filosofía: hay estudios de los mejores científicos de la física, la geografía y la astronomía que muestran, con evidencia contundente, que el planeta tiene límites, y que una vez que se cruzan ciertos umbrales los resultados pueden ser irreversibles.

El Perú no es responsable de las principales emisiones de gases de efecto invernadero. Somos un país pequeño, no industrializado, no intensivo en consumo de energía por habitante. Pero tenemos la responsabilidad de proteger uno de los pulmones más importantes del planeta, la cuenca amazónica, y la estamos destruyendo. Con El Niño vienen lluvias que expanden la vegetación; luego llega la sequía, se seca, y eso se convierte en pasto para las llamas. Cada año se destruyen decenas de miles de hectáreas por incendios.

Proteger la Amazonía supone combatir con eficacia la minería ilegal, que contamina los ríos con mercurio, con niños que se bañan en aguas amarillentas. Hay corrupción en algunos sectores de las fuerzas policiales que permite que las dragas circulen impunemente, y eso debe combatirse enérgicamente. El Estado debería estar presente en la Amazonía, especialmente en las reservas naturales que ya están legalmente protegidas pero cuya protección hoy es puramente nominal.

Deberíamos aprender de otras experiencias. Sudáfrica, por ejemplo, tiene turismo hacia sus reservas naturales y cadenas de hoteles públicos presentes ahí. Otro ejemplo son los paradores españoles, una cadena de hoteles públicos. ¿Por qué no pensamos en un plan de inversiones así? Eso requeriría una ley expresa que autorice la presencia de inversión pública, por ejemplo en servicios de hostelería en estas áreas críticas, lo que además movilizaría inversión privada en otras áreas. Hay que proteger la Amazonía, y no se protege si se abandona: hay que estar presentes ahí, con infraestructura y servicios de calidad, todo regulado, para evitar la depredación de uno de los principales pulmones del planeta.

Alejandro Céspedes García: ¿Cómo afecta la inseguridad y el crimen organizado a la economía y a la política monetaria del Banco Central?

José Távara: Es una buena pregunta. El objetivo central de la política monetaria es la estabilidad de precios, la fortaleza de nuestra moneda, y no debemos desviarnos de eso. Pero para cumplir ese objetivo, con un horizonte más amplio, hay que tener en cuenta los impactos de la destrucción de nuestros ecosistemas provocada por la criminalidad: las drogas, la tala ilegal, la minería ilegal, que están destruyendo la Amazonía. Combatir la criminalidad es una tarea compleja que tiene que ver con los problemas macroeconómicos de más largo plazo.

Alejandro Céspedes García: Mencionaste al Banco Central como una institución fuerte. ¿Esa fortaleza depende solo de que Julio Velarde continúe al mando?

José Távara: Entre las fortalezas que mencioné está tener una institución fuerte como el Banco Central, gracias al liderazgo de Julio Velarde, pero también, y sobre todo, al extraordinario nivel de desempeño de los equipos profesionales, del gerente general para abajo, algo que a veces no se reconoce. De hecho, es contradictorio decir que el presidente del Banco Central tiene que quedarse porque si no todo se viene abajo, y al mismo tiempo afirmar que es una institución fuerte: o es una cosa o la otra. Las instituciones no pueden depender exclusivamente de una sola persona. Julio tiene un liderazgo muy valioso y legítimamente reconocido, mas no hay que dejar de lado el reconocimiento a los equipos profesionales, hasta la última línea, hasta las áreas de servicio.

Alejandro Céspedes García: ¿Por qué el Perú, con instituciones sólidas como el Banco Central, tiene resultados tan malos en salud o en educación?

José Távara: Hay un colega que investiga que en casi 200 años desde la independencia no hemos logrado establecer un pacto fiscal. El contraste entre el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica por el lado de la inflación, y el hecho de que el Perú encabezó el número de muertes por la pandemia en el mundo, o que estemos en los últimos lugares en las pruebas PISA, nos tiene que decir algo. No puede ser que tengamos instituciones fuertes y una macroeconomía estable por el lado de la inflación y, al mismo tiempo, un Estado fiscalmente raquítico. El tamaño fiscal del Estado es muy reducido comparado con otros países de la región, ni qué decir con los de la OCDE. No hemos logrado un acuerdo sobre la necesidad de una base tributaria más amplia, de mayor recaudación para sostener una provisión de bienes públicos esenciales con un mínimo de calidad para todos los ciudadanos. Se necesita una reforma tributaria que ensanche la base, y que la gente entienda que paga impuestos porque recibe servicios a cambio.

¿Pero qué ocurre cuando las madres de familia van con sus hijos o esposos al hospital y les dicen que vuelvan dentro de cuatro meses porque no hay citas? ¿O cuando en la escuela pública de una zona rural hay un solo maestro, cuando la infraestructura se cae en pedazos, cuando no hay buena provisión de servicios de calidad? Yo estudié en la UNI, que tiene cerca de 13.000 o 14.000 alumnos, mientras que algunas universidades privadas, con fines de lucro, tienen 200.000. ¿Por qué la Universidad Agraria no ha crecido, por qué no tiene 100.000 alumnos como la Universidad de Buenos Aires o más? Ahí hay un serio problema de educación de calidad, y lo mismo puede decirse de la precariedad en la educación primaria y secundaria, que se traduce en los resultados de las pruebas PISA.

La seguridad es otro servicio: si tienes dinero, contratas seguridad privada, o el guachimán de la cuadra si el barrio es de clase media. Pero si es un barrio popular, te asaltan, o tienes que cerrar tu negocio. Se están cerrando cientos o miles de bodegas por la extorsión, y la gente no paga impuestos, pero sí paga el cupo al extorsionador, en lugar de pagar impuestos que podrían fortalecer la calidad del servicio de las fuerzas policiales, lo que pasa por combatir la corrupción. Y la corrupción se combate barriendo la escalera de arriba hacia abajo: no se combate solo metiendo preso al policía que recibió la coima, sino viendo quiénes son los generales que dirigen la institución y que podrían estar comprometidos por complicidad u omisión. Ahí hace falta una reforma muy radical, pero como punto de partida hay que entender la necesidad de un pacto fiscal.

Alejandro Céspedes García: Con los precios altos del cobre y el oro, ¿corremos el riesgo de repetir errores del pasado, como con el guano?

José Távara: Ahora que el país recibe precios de metales de exportación muy altos, y con ellos ingresos fiscales de la minería, como antes fue el guano, estamos viviendo la prosperidad falaz de la que hablaba el gran maestro Basadre. Con el cobre y el oro por las nubes, el pueblo recibe ingresos y estamos contentos: la gente no tributa, el Estado hace como que gobierna y la gente hace como que trabaja. Estamos en un equilibrio de bajo nivel, y eso no puede continuar. Tenemos que elevar la calidad de los servicios para que el niño que nació en Huancavelica reciba un nivel de educación parecido al niño que nació frente al golf de San Isidro y accede a una escuela de calidad: ahí no pueden existir esas diferencias. Yo he vivido en el extranjero, mis hijas fueron a la escuela pública, y esa escuela ofrecía un alto nivel de calidad. Eso lo vemos en Europa, incluso en Estados Unidos: los países capitalistas desarrollados tienen escuelas públicas de calidad. Eso no lo tenemos en el Perú, lamentablemente.

Alejandro Céspedes García: Hay una pregunta que siempre surge ante un pacto fiscal como el que propones: de acuerdo, se pagan más impuestos, pero antes tiene que haber una reforma de la capacidad del Estado para que esos impuestos no se vayan en la corrupción. La gran corrupción, como lo anunció Proética a fines del año pasado: obras que no tienen mucho sentido, como la compra de aviones muy caros, o financiar el déficit de empresas como Petroperú.

José Távara: Exactamente. Hay que preguntarnos por qué en otros países las empresas públicas funcionan razonablemente bien y aquí no. No es que en el Perú seamos marcianos que no sabemos manejar empresas públicas. El ejemplo de España, los paradores en monasterios, castillos y palacios, el patrimonio arqueológico que el Perú tiene y que podría aprovecharse bien, como las huacas abandonadas en Lima, sobre todo en la Amazonía y en las zonas de frontera, muestra que hay que pensar en cómo se gobiernan las empresas públicas, adoptando principios de buen gobierno corporativo del sector privado: directorios con personas íntegras, nombradas por periodos definidos, que no puedan ser removidas sin expresión de causa. Eso está en una propuesta elaborada por profesores de derecho constitucional de la Universidad Católica, para darle autonomía a instituciones como la Sunat, el órgano que recauda impuestos.

Alejandro Céspedes García: ¿Y en el caso del Banco Central, cómo funciona esa protección frente a las presiones políticas?

José Távara: El Banco Central está protegido: a mí no me pueden remover salvo con dos tercios de los votos de los congresistas en el Congreso anterior; ahora, con el nuevo Senado, será con el 50% de los votos de los senadores. Eso da cierto nivel de protección: salvo falta grave, no te pueden sacar hasta que cumples tu periodo. Yo estoy a punto de cumplirlo, y me iré en los primeros días de agosto, cuando nombren a los nuevos directores. Cumplí mis cinco años sin que nadie me presionara; no acepto ningún tipo de presiones, y no me pudieron sacar durante ese periodo porque no cometí falta grave. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la Sunat? Hemos tenido tres superintendentes en los últimos 23 años. En el Indecopi, igual: a pesar de que la ley establece que el presidente y los miembros del consejo directivo deben ser nombrados por cinco años y no pueden ser removidos sino por falta grave, los sacan por presiones políticas y ponen como director al asesor del ministro de turno, para que responda a la lógica política del ministro en lugar de responder al bien común.

Necesitamos construir el Estado y separarlo del gobierno de turno. El Estado no puede ser el botín del gobierno de turno. Hay que fortalecer las decisiones sobre el Banco Central: es una lógica que los políticos y la ciudadanía deberían asimilar. Necesitamos instituciones del tipo del Banco Central, con autonomía. Eso podría pasar, por ejemplo, por reformar Servir y darle autonomía, para que ordene el ingreso a la carrera pública, las promociones y la formación de gerentes públicos. En España existen las oposiciones: uno entra al Estado por un concurso, compitiendo con otros aspirantes, con pruebas de conocimiento, no porque tiene un amigo que le da trabajo, como ocurre lamentablemente en nuestro país. Ese chip lo tenemos que cambiar. Tenemos que reconstruir el Estado, barrerlo primero de quienes han entrado sin mayores calificaciones y no quieren que nada cambie, y restablecer la carrera pública, entendiendo que quienes trabajan en el Estado son servidores públicos que pagamos con nuestros impuestos. Como muchas personas no pagan impuestos y tampoco reciben buenos servicios del Estado, estamos en este equilibrio de bajo nivel, en esta trampa.

Con la colonia, esa mirada cambió. Durante tres siglos, el Perú fue reorientado hacia España y Europa. Lima y el Callao se consolidaron como cabeza política y puerto principal de un sistema imperial diseñado para administrar, extraer y enviar riqueza. La geografía peruana dejó de utilizarse como red de integración y pasó a funcionar como engranaje de un circuito externo.

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La república, lamentablemente, no corrigió esa deformación. Hubo proyectos ferroviarios, carreteras, discursos descentralistas y reformas regionales. Pero el resultado histórico fue un país cada vez más concentrado en Lima-Callao. La Amazonía quedó desconectada, la sierra fragmentada, los puertos secundarios debilitados y las ciudades intermedias sin suficiente actividad económica. En vez de recuperar una visión territorial amplia, al estilo incaico, el Perú se fue encogiendo territorialmente e institucional, económica y mentalmente hacia Lima.

Hoy, con el puerto de Chancay, la promoción del cabotaje, el nuevo aeropuerto Jorge Chavez, y el proyecto del tren y carreteras bioceánicas; el nuevo gobierno tiene ahora la oportunidad de construir el Perú como plataforma amazónica sudamericana y transpacífica. Pero esta visión enfrenta serias dificultades. El espacio y los hubs aéreos fueron entregados a los extranjeros hace años; la reciente ley del cabotaje no asegura condiciones de desarrollo nacional; y los grandes puertos se están estructurando bajo reglas que pueden permitir que la mayor parte de la renta geográfica sea capturada por operadores, navieras, traders y capitales externos. El problema no es que venga inversión extranjera, bienvenida sea ella. El problema es entregar posición estratégica sin exigir transferencia tecnológica, proveedores peruanos, empleo cualificado, industria auxiliar, datos logísticos, participación de capital nacional y valor agregado en el territorio. No se puede seguir concesionando geografía como si fuera un terreno baldío. Se necesita captura nacional de valor. Esa debe ser la nueva doctrina.

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¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el cabotaje debe operar con reglas de presencia económica peruana: formación progresiva de tripulaciones locales, uso de astilleros y mantenimiento local, rutas de integración norte-centro-sur, transparencia de datos y control de competencia. Significa que los puertos con posición dominante (Callao, Chancay, Corio) tengan obligaciones de acceso abierto, tarifas auditables, proveedores nacionales, capacitación técnica y reinversión territorial, y que Matarani, Ilo, Bayóvar, Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco y la Amazonía se integren paulatinamente. Significa que Zonas Económicas Especiales, ZEE, parques industriales, centros de distribución y zonas de transformación en el centro, norte y sur del país capturen valor público medible, además de beneficios privados.

 Si el Perú quiere convertirse en plataforma integradora nacional necesita además una red de ciudades intermedias con nodos productivos: Pucallpa para la bioeconomía y la conexión con Brasil; Bayóvar y Piura para fertilizantes, agroindustria y pesca; Arequipa, Cuzco y Puno para el sur industrial y la conexión con Bolivia y Brasil; Tarapoto, Yurimaguas e Iquitos para la Amazonía; y la sierra central como articuladora de producción, energía y servicios.

 El Perú debe dejar de concesionar geografía solamente para que los de afuera extraigan y envíen riqueza al exterior, y debe impulsar una nueva doctrina de gobernar geografía. Quienes vengan a operar puertos, trenes, cabotaje, minas, zonas económicas, parques y corredores deben, además de mover carga, dejar capacidades, tecnología, empleo, datos, proveedores, impuestos, industria y desarrollo regional.

 El cambio que tiene que ocurrir en la visión estratégica y gobernanza del territorio debe movernos hacia un Qhapaq Ñan moderno. Es lo que Juan de Dios Guevara y Santiago Roca, en el libro Propuestas para Gobernar el Perú 2026-2031 han denominado “Perú el empalme estratégico: nacimiento industrial e integración soberana”. El Perú no puede seguir siendo un país centralista encogido en Lima que mira cómo la carga pasa por su territorio rumbo a Asia. Le toca recuperar una mirada de valor amplia: andina, amazónica, sudamericana y transpacífica. Chancay puede ser el detonante. Corío puede ser el contrapeso. La conexión con Brasil puede ser el nacimiento de nuevas actividades económicas de vuelta. La industria naviera y el cabotaje hacia el norte y sur del Pacífico puede integrar al Perú y Sudamérica por el mar y amarrarlo al desarrollo interno nacional. Pero el objetivo no debe ser tener un hub en el Perú. El objetivo debe ser que el Perú sea el hub, y que los peruanos capturen la renta geográfica correspondiente, sin tener que hipotecarse a ninguna de las grandes potencias.

*El autor es miembro del G12, Profesor-Investigador de CENTRUM, PUCP.

La globalización tiende a uniformizar las culturas y erosionar las particularidades de los grupos étnicos, poniendo en riesgo lenguas, tradiciones y cosmovisiones. Frente a ello, la diversidad cultural constituye un patrimonio que enriquece al país. La revalorización de las identidades étnicas responde a la demanda de reconocimiento de grupos históricamente discriminados. Reafirmar sus tradiciones fortalece su autoestima colectiva y visibiliza las brechas de oportunidades originadas por siglos de exclusión.

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Aunque el sistema de castas heredado de la colonia se ha debilitado con el mestizaje —que Ricardo Palma resumió en su célebre frase 'el que no tiene de inga tiene de mandinga'—, el racismo sigue profundamente arraigado. En momentos de tensión aflora mediante expresiones despectivas y atraviesa todos los estratos sociales. Como sostiene Jorge Bruce en 'Nos habíamos choleado tanto' (2007), el choleo es la expresión cotidiana del racismo, incluso entre quienes afirman rechazarlo. No se limita a la oposición entre blancos e indígenas, sino que clasifica a las personas según su apariencia, color de piel, forma de hablar, nivel educativo, lugar de origen y posición social.

La pregunta sobre la autoidentificación étnica en el Censo 2025 generó una intensa controversia. Algunos sostenían que sobredimensionaría a grupos con reivindicaciones territoriales, afectando proyectos de inversión mediante la consulta previa; otros consideraban que obligaría a las personas a encasillarse en categorías con las que no necesariamente se identifican. Organizaciones indígenas, por su parte, cuestionaron el diseño y la ejecución del censo por no incorporar adecuadamente a los pueblos minoritarios, perpetuando su invisibilidad y limitando el reconocimiento de sus derechos y de sus demandas de protección territorial y cultural.

Ninguno de estos temores se confirmó. Los resultados del Censo 2025 son consistentes con los de 2017: el 61,8% de la población se autoidentificó como mestiza, el 17,2% como quechua, el 9% como blanca, el 6% como afrodescendiente, el 2% como aimara y el 1,6% como perteneciente a pueblos indígenas amazónicos. La autoidentificación étnica no implica que esa sea la identidad principal de las personas. Según la ENAHO, muchos se identifican antes que nada con su comunidad o territorio: esta constituye la principal referencia para el 29,8% de los amazónicos, el 26,6% de los aimaras, el 22,2% de los quechuas y el 12% de los afrodescendientes, mientras que solo el 10,6%, 5,6%, 4,5% y 5,1%, respectivamente, señalan como principal identidad a su grupo étnico. ¿Implica ello una fragmentación de los grupos étnicos? La evidencia sugiere que no. La identidad étnica coexiste con otras formas de pertenencia, particularmente la comunidad y el territorio.

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Sin embargo, la pertenencia étnica también puede ser motivo de discriminación. La primera modalidad es la discriminación directa, que se manifiesta mediante la negación de derechos o un trato desigual en espacios públicos, centros de trabajo o establecimientos comerciales. La exposición reiterada a comentarios despectivos sobre el color de piel, los rasgos físicos, la lengua, el acento, las costumbres o la vestimenta puede generar lo que la psicología denomina indefensión aprendida (learned helplessness): las personas terminan percibiendo la discriminación como inevitable, reducen sus expectativas y aspiraciones, dejan de reclamar sus derechos e incluso interiorizan los estereotipos negativos sobre su propio grupo. Así, la discriminación deja de ser solo una práctica externa y restringe la autoestima, las aspiraciones, las capacidades y las oportunidades. Una ilustración de ello es que, según la ENAHO, menos del 5 % de quienes se identifican como quechuas, aimaras, indígenas amazónicos o afrodescendientes declara haber sufrido discriminación por su color de piel, rasgos físicos, lengua, origen o vestimenta, aunque los aimaras reportan una incidencia relativamente mayor.

La segunda modalidad es la discriminación indirecta o estructural. No se expresa mediante actos abiertos de exclusión, sino a través de normas, prácticas e instituciones aparentemente neutrales que generan desventajas sistemáticas para determinados grupos. Se refleja en el acceso desigual a una educación de calidad, servicios de salud, empleos bien remunerados y posiciones de liderazgo, así como en las persistentes brechas de ingresos, productividad y movilidad social que afectan desproporcionadamente a mujeres, pueblos indígenas y población afrodescendiente. Aunque menos visible que la discriminación directa, sus efectos son más profundos porque reproducen las desigualdades entre generaciones y consolidan las jerarquías sociales.

Esta forma de discriminación suele ser imperceptible para quienes la padecen. Una persona difícilmente puede saber si recibe un salario inferior al de otra con las mismas calificaciones, pero perteneciente a un grupo étnico distinto. Como la experiencia individual es necesariamente limitada, solo el análisis estadístico del mercado laboral permite identificar la existencia de discriminación y medir su impacto sobre las diferencias de ingresos.

Nuestras estimaciones muestran que la población indígena continúa enfrentando una desventaja significativa en el mercado laboral. Aunque la brecha de ingresos se redujo de 26,6% en 2019 a 23,4% en 2025, la disminución fue modesta. La mayor parte de esta desigualdad responde a brechas en educación, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales, mientras que la brecha residual entre trabajadores comparables es reducida.

En conjunto, estos resultados sugieren que las políticas orientadas a cerrar las brechas en capital humano, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales tendrían un mayor impacto en la reducción de las desigualdades de ingresos que aquellas centradas exclusivamente en corregir diferencias de ingresos entre trabajadores con características similares. En otras palabras, la principal fuente de desigualdad no parece ser la discriminación directa entre trabajadores comparables, sino las desventajas estructurales que limitan el acceso de la población indígena a mejores oportunidades educativas y laborales. Superar estas brechas constituye el principal desafío para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades.

Cerrar estas brechas estructurales no solo permitiría reducir las desigualdades de ingresos, sino también avanzar hacia ese “nosotros diverso” al que aspiraba Carlos Iván Degregori: una sociedad donde la diversidad cultural deje de ser una fuente de desigualdad y se convierta plenamente en un fundamento de ciudadanía, de igualdad de oportunidades y de orgullo para toda la ciudadanía peruana.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este domingo 19 de julio?

BCP

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Esta reflexión lo hace al referirse a la partida de uno de los economistas más importantes del Perú, Óscar Ugarteche Galarza (Lima, 1949), fallecido el 11 de julio. Su deceso representa una gran pérdida para el pensamiento crítico latinoamericano.

Ugarteche no hablaba de economía como si fuera solamente una cuestión de cifras y cuadros estadísticos. Hablaba de historias, de poder, de desigualdades.

Durante más de cuatro décadas elaboró una de las críticas más sistemáticas al modelo económico predominante en el Perú y América Latina. Analizó la historia económica peruana, la deuda externa, el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), el modelo primario exportador, las fracturas de lo que llamó la Arquitectura Financiera Internacional pensada por y para las economías centrales.

Un gran referente

Sus investigaciones sobre el neoliberalismo, el capitalismo real del siglo XXI, la necesidad de construir una “ciudadanía económica” eran requeridas dentro y fuera del país.

Otro destacado economista, Humberto Campodónico, así lo reflexiona:

“Desde muy joven comprendió que América Latina enfrentaba problemas que no podían explicarse únicamente desde las fronteras nacionales. La crisis de la deuda externa de los años 80 marcó profundamente a toda una generación de economistas latinoamericanos”.

“Muchos concentraron sus esfuerzos en estudiar la renegociación de la deuda, los programas de ajuste estructural o políticas de estabilización macroeconómica. Óscar eligió un camino distinto. Comprendió que el verdadero problema no era solo cuánto debían los países latinoamericanos, sino quién escribía las reglas del sistema financiero internacional y a quién beneficiaban esas reglas”.

Ugarteche se inició en Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se educó en Finanzas en la Universidad de Fordham en Nueva York (1973). Obtuvo su maestría en Finanzas Internacionales en la London Business School (1975) y doctorado en Filosofía e Historia en la Universidad de Bergen (Noruega).

Integró el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al conocerse su fallecimiento, economistas de Latinoamérica coincidieron en afirmar que deja un vacío profundo en el pensamiento económico crítico de la región. Y, además, agregaron que se reactiva la urgencia de sus advertencias que hizo a lo largo de su tenaz labor de investigador.

Durante más de 40 años, sostuvo que la deuda no es un accidente contable, es una forma de poder y la arquitectura financiera internacional que la sostiene se diseñó para que países como el Perú paguen la cuenta.

La deuda eterna

Uno de los primeros temas que marcó la trayectoria intelectual de Ugarteche fue la deuda externa. En obras como Teoría y práctica de la deuda externa en el Perú (IEP, 1980) y El Estado Deudor(IEP, 1986), sostiene que la deuda no puede analizarse solo como un problema financiero.

Según Ugarteche, desde los años 80, numerosos gobiernos latinoamericanos destinaron parte considerable de recursos al servicio de la deuda, limitando su capacidad para invertir en salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.

En ese sentido, la deuda externa no es un simple mecanismo de financiamiento; constituía una herramienta de control político y subordinación económica operada por los centros de poder. Los Estados sacrificaban su soberanía fiscal.

El FMI, la arquitectura

Otra obra clave es su Historia crítica del FMI, el gendarme de las finanzas (Capital intelectual, 2010), donde examina los cimientos de la arquitectura financiera internacional construida en Bretton Woods en 1944. Allí concluye: el FMI extravió su sentido original.  

A partir de la desregulación global de la década de 1970, el FMI pasó de ser un árbitro para la estabilidad cambiaria y el equilibrio fiscal a convertirse en el guardián de los intereses de la banca transnacional y la financiarización de la economía.

Consideró que los programas de ajuste estructural respondieron principalmente a la estabilidad de los acreedores internacionales. Reducción del gasto público, privatizaciones, liberalización financiera, apertura comercial acelerada. Muchas de las condiciones impuestas por el FMI, sostenía Ugarteche, limitaron la capacidad de los Estados latinoamericanos para diseñar políticas acordes con sus necesidades productivas.

Crítico del modelo

Ugarteche también fue un crítico implacable del modelo extractivista exportador. Denunció que la obsesión por el crecimiento macroeconómico cimentado exclusivamente en la exportación de materias primas (principalmente minería y recursos agroindustriales) genera una peligrosa vulnerabilidad ante la economía mundial.

Al carecer de diversificación productiva y de valor agregado, la región se mantiene atrapada en la periferia del desarrollo: un crecimiento que infla las cifras del PIB pero que es incapaz de generar empleo digno y bienestar generalizado.

Neoliberalismo en Perú

Una de las tesis más disruptivas de Ugarteche desmitifica la idea de que el neoliberalismo peruano nació con las reformas de los noventa, con el llamado Fujishock.

En una de sus últimas entrevistas, concedida a Modesto Montoya (se encuentra en YouTube), detalla que el Perú fue pionero del liberalismo radical en América Latina, en los 50, con las agendas impulsadas por Pedro Beltrán y Rómulo Ferrero, incluso décadas antes que Chile las aplicara el 73.

A diferencia del resto de la región, que adoptó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, promovido por la CEPAL, el Perú prefirió la vía del libre mercado y el Estado mínimo. Con la instauración del neoliberalismo se debilitó el rol protector del Estado, impactando a largo plazo el tejido y la política social del país.

Capitalismo real del siglo XXI

Ugarteche cuestionó la idea de que la economía mundial funcione bajo un mercado plenamente competitivo. Sostiene que el capitalismo real del siglo XXI se caracteriza por una fuerte concentración del poder económico y financiero.

Las grandes corporaciones tecnológicas, los fondos internacionales de inversión y el sistema financiero global ejercen, en su análisis, una influencia creciente sobre las políticas públicas.

Otro de sus conceptos es el de ciudadanía económica. La ciudadanía, sostuvo, no debería limitarse a los derechos políticos y civiles.

Debe garantizar el acceso a las oportunidades económicas y también implica asegurar condiciones para la educación de calidad, la salud pública, la protección social, la participación en los beneficios del crecimiento.

Para el economista Óscar Ugarteche, estimado por generaciones de alumnos y lectores, finalmente, el futuro de la región no reside en esperar el próximo ciclo de precios altos de los minerales, sino en recuperar la soberanía económica y apostar por una integración regional que ponga la ciudadanía económica por encima de los dictados del libre mercado.

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“Nos queda el reto de seguir su legado”

Carlos Contreras Carranza (Historiador económico)

“Oscar Ugarteche Galarza fue un economista peruano de amplio espectro. Sus intereses académicos se centraron en el tema de la deuda externa, pero tuvo una mirada social y política de la economía, que lo llevaron a considerar los asuntos financieros en un contexto histórico mayor. Lo conocí en el IEP en los 80, cuando se integró a la sección de Economía que el Instituto había decidido abrir.

En los últimos años, Oscar se interesó por los orígenes del neoliberalismo peruano, hurgando en las obras de pioneros de la Economía en el Perú, como Pedro Beltrán y Rómulo Ferrero. Encontró que el Perú fue de los primeros países en América Latina en desplegar políticas económicas neoliberales, que consideraban que era la baja productividad del sector tradicional, antes que la mala distribución de la tierra, la causa de nuestro atraso. Ojalá que sobre este tema, haya dejado textos que podamos consultar y enriquecer nuestra tradición de pensamiento económico.

Oscar fue una persona generosa. Siempre dispuesto a ayudar a quienes necesitaban alguna orientación. Tenía la cualidad de saber explicar temas complejos, como las finanzas, de una forma clara y sugerente. Fue también un luchador por el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales. Que ya no esté en este mundo, nos aflige y nos abre el reto de proseguir su legado”.

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“Persiste la república sin ciudadanos”

 -Persiste “en el inconsciente nacional esta estructura del siglo XIX de una república sin ciudadanos, donde yo me paseo en mi auto convertible mientras un chico me vende un chicle parado en la esquina porque no tiene qué comer: se juntan mundos extremadamente ricos con mundos extremadamente pobres, sin ningún pudor, eso me parece terrible”, dijo Óscar Ugarteche en entrevista en El Foco.

-Su grupo La Corriente refiere que Ugarteche tenía mucha independencia intelectual, era muy culto e ilustrado: “Podía hablar con la misma pasión de los ciclos financieros internacionales que de una cantata de Bach, de una novela latinoamericana, de una exposición de pintura o de una película inolvidable”. En La Corriente se encontraban Peter Elmore, José Luis Rénique, Juan Acevedo, Emilio Salcedo y otros compañeros, entre ellos el también fallecido Nelson Manrique.

-Su amigo Jesús Ruiz Durand opina que Óscar era un humanista “en el sentido más pleno de la palabra”. Afirma: “La economía era su oficio; la cultura era su territorio… Su inteligencia jamás fue una exhibición de conocimientos: era una invitación permanente al diálogo”.

-Afirma el economista Humberto Campodónico: “Óscar sostenía que el país seguía reproduciendo jerarquías sociales profundamente arraigadas, heredadas de la Colonia y constantemente recreadas por la desigualdad económica, el racismo, la discriminación y la exclusión. Para él, la democracia política no podía consolidarse plenamente mientras millones de peruanos continuaran enfrentando barreras invisibles determinadas por el origen social, el apellido, el color de la piel, el lugar de nacimiento o la orientación sexual. Por eso combatió la desigualdad desde el primer día de su vida pública”.

La medida fue incorporada en el proyecto de ley de crédito suplementario por S/9.596 millones, aprobado la noche del martes 14 de julio por la Comisión Permanente del Congreso con 17 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.

Además de financiar estos beneficios laborales, el crédito suplementario contempla recursos para inversiones en salud y educación, atención de emergencias y la organización de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

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MEF definirá el monto final y la forma de pago

El texto aprobado establece que las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad no podrán ser inferiores a S/300. Sin embargo, ese monto funciona como un piso mínimo y no determina que todos los trabajadores recibirán automáticamente esa suma ni que el beneficio equivaldrá desde el inicio a una remuneración completa.

La norma dispone que cada año fiscal el MEF deberá aprobar un decreto supremo que establezca el procedimiento de implementación, la forma y base de cálculo, los requisitos y las demás condiciones necesarias para el pago de las gratificaciones y la CTS.

En la práctica, el Congreso reconoció el derecho a estos beneficios, pero dejó al Ejecutivo la definición de los aspectos operativos. Será el reglamento del MEF el que determine cómo se calcularán los pagos, bajo qué criterios se aplicarán y desde cuándo empezarán a entregarse.

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Uno de los puntos pendientes es si las gratificaciones se pagarán de manera completa desde el inicio o mediante un esquema gradual. Durante el debate, el MEF planteó que en 2026 los trabajadores CAS recibieran una gratificación equivalente al 10% de su remuneración mensual; en 2027, el 20%; en 2028, el 30%; en 2029, el 50%; y recién en 2030 el 100% de un sueldo.

Aunque esta propuesta no quedó incorporada en la versión final de la ley, la posibilidad de una aplicación progresiva permanece abierta debido a que la norma dejó la reglamentación en manos del ministerio.

En el caso de la CTS, el beneficio también fue reconocido para los trabajadores CAS. La ley establece que el cálculo deberá considerar el tiempo laborado desde el inicio del contrato CAS vigente, mientras que los detalles de su entrega serán definidos posteriormente.

Pago de CTS y gratificaciones CAS estará sujeto al presupuesto de cada entidad

La aplicación de estos beneficios dependerá también de la disponibilidad de recursos de cada entidad pública. Esto implica que el reconocimiento del derecho no significará necesariamente un pago inmediato, pues deberá ajustarse a la capacidad presupuestal de cada institución y a las reglas fiscales vigentes.

La norma señala que la implementación deberá respetar la programación multianual del presupuesto y las reglas macrofiscales. Para el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el financiamiento durante el año fiscal 2026 se realizará con los recursos autorizados mediante el crédito suplementario aprobado por el Congreso.

En el caso de los gobiernos locales, serán las propias municipalidades las encargadas de cubrir el costo con sus presupuestos institucionales, sin solicitar transferencias adicionales al Tesoro Público.

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Asimismo, las entidades que no dependen del Tesoro Público podrán financiar estos beneficios con recursos propios. Para ello, la ley permite, por única vez, exceptuarlas de algunas restricciones previstas en el Decreto Legislativo 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Además de las gratificaciones y la CTS para trabajadores CAS, el crédito suplementario por S/9.596 millones asigna recursos para otras prioridades del Estado durante el segundo semestre del año.

Entre ellas figura la continuidad de inversiones del Plan Mil en establecimientos de salud, el financiamiento de proyectos del Ministerio de Educación y medidas vinculadas al incremento de remuneraciones docentes. También contempla presupuesto para las propinas de cadetes y alumnos de la Policía Nacional, la atención de emergencias y la organización de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

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La aprobación del proyecto ocurrió luego de varias postergaciones por diferencias entre el Congreso y el MEF respecto a los anexos con proyectos de inversión. Finalmente, ante el cambio de legislatura, la Comisión Permanente decidió someter el dictamen a votación para evitar que el trámite tuviera que reiniciarse en el siguiente periodo parlamentario.

Con esta decisión, el Congreso dio luz verde a un beneficio esperado por miles de trabajadores CAS. Sin embargo, la aplicación efectiva de las gratificaciones y la CTS dependerá ahora del reglamento que emita el MEF y de la disponibilidad presupuestal de cada entidad pública.

Con una inversión estimada en más de S/30.000 millones, la carretera busca reducir el tiempo de viaje entre Lima y La Oroya (Junín) a cerca de tres horas mediante una nueva vía de alta capacidad. Sin embargo, la falta de recursos obliga ahora al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a buscar alternativas para no retrasar el cronograma previsto para este año.

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¿Por qué la Nueva Carretera Central quedó fuera del crédito suplementario?

La exclusión del proyecto se produjo durante el trámite del crédito suplementario aprobado el pasado 14 de julio por la Comisión Permanente del Congreso. Inicialmente, el Gobierno había anunciado una asignación de S/400 millones para asegurar el inicio de las obras. Posteriormente, esa cifra fue reducida a S/200 millones dentro del proyecto de ley remitido al Parlamento.

No obstante, durante el debate legislativo, esos recursos fueron retirados por completo del texto definitivo. Frente a ese escenario, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, explicó que el proyecto aún podría recibir financiamiento antes de finalizar el año gracias a una reasignación de recursos públicos.

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Según indicó en declaraciones a RPP, conforme avanza la ejecución del presupuesto nacional suele identificarse dinero que distintas entidades no alcanzarán a utilizar. Esos saldos pueden redistribuirse hacia proyectos considerados prioritarios.

'La dinámica del gasto de las entidades estatales ya es conocida. Generalmente sobre el último trimestre del año se acrecienta, se intensifica y se identifican saldos que, al no tener previsión de ser ejecutados, se pueden redireccionar. Este puede ser el caso de la Nueva Carretera Central', señaló el titular del MTC.

Túnel Pariachi sigue siendo la prioridad para iniciar la primera etapa

Aunque el crédito suplementario no destinó recursos adicionales a la Nueva Carretera Central, Prieto sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) flexibilizó algunas restricciones presupuestarias que permitirán al MTC mover parte de sus propios recursos hacia esta obra.

'Si bien no ha sido materia de asignación en el crédito suplementario, el MEF sí nos ha levantado algunas partidas restringidas, lo que quiere decir que podemos reasignar, entre los recursos que tenemos dentro de la entidad, fondos para poder seguir con la Nueva Carretera Central', afirmó.

El primer componente del proyecto corresponde al Túnel Pariachi, infraestructura que se construirá en Ate y que representa el punto de partida de toda la nueva vía.

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Esta etapa demandará una inversión aproximada de S/2.537 millones, de los cuales se requerían alrededor de S/600 millones para iniciar las obras durante 2026. Sin esos recursos, el avance dependerá de la capacidad del MTC para redistribuir fondos dentro de su presupuesto o captar recursos disponibles hacia el cierre del año.

El túnel estará conformado por dos galerías paralelas de aproximadamente seis kilómetros de longitud cada una, con dos carriles por sentido. Su recorrido partirá desde la avenida Ramiro Prialé, en Ate, y permitirá conectar con Cieneguilla en menos de diez minutos, convirtiéndose en la puerta de ingreso hacia la futura Nueva Carretera Central.

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La exclusión de la Nueva Carretera Central evidencia la distancia entre los anuncios y la disponibilidad real de recursos. Meses atrás, el presidente José María Balcázar había asegurado que el megaproyecto recibiría S/400 millones adicionales en 2026 para acelerar el inicio de su ejecución.

Así, la obra seguirá, por ahora, con el presupuesto cercano a S/200 millones previsto para 2026. Cualquier incremento dependerá de una reasignación de recursos hacia el último trimestre del año.