Ellos integrarán el órgano responsable de definir la política monetaria del país, incluyendo decisiones sobre la tasa de interés de referencia, el control de la inflación y la administración de las reservas internacionales.

Los nombramientos forman parte del proceso de renovación del Directorio del BCR correspondiente al nuevo período presidencial. Dos de los tres economistas designados no llegan por primera vez al Directorio del Banco Central: Luis Palomino y Gustavo Yamada ya integraron este órgano durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2021).

Dos regresan al Directorio del Banco Central

Luis Miguel Palomino Bonilla fue designado miembro del Directorio en agosto de 2016 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente ocupó la vicepresidencia del organismo. Economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Finanzas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, también fue economista jefe para América Latina de Merrill Lynch, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) y consultor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Por su parte, Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki también cuenta con experiencia previa dentro del Banco Central. En 2013 fue elegido director por el Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala y, tres años después, volvió a integrar el Directorio como representante del Poder Ejecutivo durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski.

Yamada es economista, doctor en Economía, profesor principal de la Universidad del Pacífico e investigador especializado en mercado laboral, pobreza, productividad, capital humano y crecimiento económico. A lo largo de su carrera ha desarrollado consultorías para organismos como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Inés Marylin Choy Chong representa el componente de continuidad dentro del Directorio del BCR. Economista y funcionaria de carrera de la institución desde 1977, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el Banco Central. Entre 2020 y 2021 se desempeñó como gerenta general del BCR y, desde noviembre de 2021, integra el Directorio, del cual también fue vicepresidenta.

Renovación del Directorio aún no concluye

La resolución publicada designa a los tres representantes del Poder Ejecutivo. La conformación definitiva del Directorio dependerá de las designaciones que correspondan al Congreso y del procedimiento constitucional para la designación y ratificación de la Presidencia del Banco Central.

La composición final del Directorio será observada por los mercados y los agentes económicos debido al papel que desempeña el BCR en la conducción de la política monetaria y en la preservación de la estabilidad macroeconómica del país.

Más allá de los nombramientos, el retorno de Luis Palomino y Gustavo Yamada supone la reincorporación de dos economistas que ya participaron en las decisiones del Banco Central durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, experiencia que vuelve a colocarlos en uno de los órganos técnicos con mayor influencia sobre la economía peruana.

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Un nombramiento con impacto económico

La renovación del Directorio del BCR suele ser observada con atención debido a que este órgano define las principales decisiones de política monetaria. Entre sus atribuciones se encuentran fijar la tasa de interés de referencia, aprobar las políticas necesarias para preservar la estabilidad de precios, administrar las reservas internacionales y adoptar decisiones relacionadas con la emisión monetaria.

Las decisiones que adopte el Directorio pueden influir en variables como el costo del crédito, el comportamiento del tipo de cambio, las expectativas de inflación y las condiciones de financiamiento para hogares y empresas.

Además, el inicio de un nuevo período presidencial suele venir acompañado de expectativas sobre la continuidad o eventuales cambios en la conducción de la política monetaria, particularmente en un contexto en el que la estabilidad macroeconómica continúa siendo uno de los principales activos del país.

Los nombramientos conforman el primer paso para completar la nueva composición del Directorio del Banco Central durante el actual gobierno. En las próximas semanas también se espera conocer la conformación definitiva del órgano, incluyendo a los representantes que corresponden designar al Congreso y las decisiones respecto a la presidencia del BCR.

La integración final del Directorio será seguida de cerca por inversionistas, entidades financieras, gremios empresariales y analistas económicos, debido al papel que desempeña el Banco Central en la estabilidad monetaria y financiera del Perú.

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De acuerdo con el calendario oficial, los primeros en recibir el abono serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mientras que los demás regímenes pensionarios y los trabajadores de la administración pública accederán a sus depósitos en fechas posteriores. Conocer el cronograma permitirá identificar el día previsto para el pago según el régimen al que pertenece cada beneficiario.

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Cronograma de pago para pensionistas de la ONP en agosto de 2026

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 cobrarán sus pensiones de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. El calendario oficial contempla las siguientes fechas:

• lunes 10 de agosto: apellidos de la A a la C.
• martes 11 de agosto: apellidos de la D a la L.
• miércoles 12 de agosto: apellidos de la M a la Q.
• jueves 13 de agosto: apellidos de la R a la Z.
• Del 17 al 26 de agosto: pago a domicilio para los beneficiarios que cuentan con este servicio.
• viernes 14 de agosto: depósito para pensionistas de convenios internacionales y de los regímenes comprendidos en la Ley N.° 27803, Decreto Ley N.° 18846, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N.° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).

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Fechas de pago para pensionistas de la Ley N.° 20530 y trabajadores del sector público

Los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 20530 recibirán el depósito de acuerdo con la entidad pública a la que pertenecen:

• viernes 14 de agosto: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.
• lunes 17 de agosto: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.
• martes 18 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
• miércoles 19 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Junta Nacional de Justicia (JNJ), Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.

En el caso de las remuneraciones de los trabajadores de la administración pública, el cronograma de depósitos será el siguiente:

• jueves 20 de agosto: Educación (incluidas universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.
• viernes 21 de agosto: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores.
• lunes 24 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además de Reniec.
• martes 25 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El cronograma fue establecido por el MEF para el año fiscal 2026 y será aplicado por el Banco de la Nación durante agosto. Antes de acudir a una agencia o realizar una operación, los beneficiarios pueden verificar la fecha correspondiente a su régimen o entidad para conocer cuándo estará disponible el depósito.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI. El texto dispone una evaluación integral del ministerio con el objetivo de identificar problemas de gestión y proponer eventuales medidas de reforma institucional

De acuerdo con la norma, la revisión estará a cargo de la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Midagri, que deberá elaborar un diagnóstico sobre la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector.

Qué aspectos estarán bajo evaluación

El decreto señala que el análisis incluirá varios frentes: planeamiento estratégico, gestión presupuestal, ejecución de inversiones públicas, mecanismos de integridad y control interno, además de otros aspectos considerados necesarios para determinar posibles acciones de mejora.

El alcance de la medida no se limita a la sede central del ministerio. También comprende a sus unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, que deberán proporcionar información y apoyo técnico durante el proceso de evaluación.

Esto significa que la medida podría involucrar áreas vinculadas a infraestructura de riego, desarrollo rural, agricultura familiar y programas de apoyo productivo, aunque el decreto no especifica qué dependencias serían objeto de cambios concretos.

Un proceso que puede derivar en reformas posteriores

La disposición establece un plazo de 120 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación. Durante ese periodo se deberá elaborar el diagnóstico y formular propuestas de reforma.

En términos prácticos, el Ejecutivo tendrá cuatro meses para determinar si existen duplicidades de funciones, problemas de coordinación, retrasos en la ejecución de inversiones o deficiencias en los procesos administrativos del sector.

Cualquier modificación concreta —como cambios en direcciones generales, creación o eliminación de oficinas, o ajustes en programas— requeriría normas adicionales. El decreto publicado este miércoles no modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Midagri ni altera la composición de sus viceministerios.

Los problemas que arrastra el sector

La evaluación del ministerio también coincide con un contexto en el que diversos proyectos de riego e infraestructura hidráulica han registrado observaciones por retrasos, ampliaciones de plazo y deficiencias técnicas.

La Contraloría General de la República ha emitido alertas de control sobre obras vinculadas al sector agrario, mientras que la plataforma de Consulta Amigable del MEF permite verificar diferencias en los niveles de ejecución presupuestal entre las unidades ejecutoras y proyectos especiales asociados al Midagri. Ambos sistemas son de acceso público y permiten contrastar el desempeño de las inversiones del sector.

El contexto político de la decisión

La reorganización se produce poco después del inicio de la gestión del ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz, quien asumió recientemente la conducción del sector. La decisión ocurre en un momento en que el Gobierno viene realizando ajustes en distintas entidades públicas y revisiones de su estructura administrativa.

El Midagri es una de las carteras con mayor presencia territorial debido a su relación con gobiernos regionales, juntas de usuarios, proyectos de irrigación y programas orientados a pequeños productores. Por ello, cualquier reforma en su organización puede tener efectos sobre la ejecución de obras y servicios vinculados al agro.

Presupuesto y ejecución de proyectos

Uno de los puntos relevantes del decreto es que el proceso deberá realizarse sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las actividades vinculadas al diagnóstico y a la formulación de propuestas deberán financiarse con el presupuesto institucional ya asignado al ministerio para 2026.

La inclusión de la ejecución de inversiones públicas dentro de los aspectos a evaluar resulta especialmente significativa en un sector donde los proyectos de riego y desarrollo rural suelen enfrentar observaciones por retrasos, sobrecostos o baja capacidad de ejecución.

En los últimos años, distintos proyectos especiales de irrigación han requerido reestructuraciones, cambios de gestión o revisiones de contratos, lo que ha mantenido el debate sobre la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura agraria de gran escala.

La medida coincide además con la preparación de un pedido de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo para emitir decretos legislativos durante 120 días en materias vinculadas con reactivación económica, simplificación administrativa, infraestructura y gestión de recursos hídricos. Aunque se trata de una iniciativa distinta al Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, ambos procesos se desarrollan de manera paralela y podrían influir en la política agraria y de riego en los próximos meses.

Qué se sabe hasta ahora

Con la información disponible, el principal efecto inmediato de la norma es el inicio formal de un proceso de revisión institucional. No se han anunciado todavía cambios específicos en viceministerios, direcciones, programas o proyectos especiales.

La evaluación de la cartera abre un periodo de incertidumbre sobre el alcance real de las reformas que podrían proponerse una vez concluido el diagnóstico. Por ahora, el decreto funciona más como una habilitación para revisar el funcionamiento del ministerio que como una reforma estructural ya definida.

El resultado de ese proceso dependerá de las conclusiones que presente la Oficina de Modernización y de las decisiones que adopte posteriormente el Ejecutivo respecto a la organización y gestión del principal ministerio encargado de la política agraria y de riego del país.

Aunque el volumen de solicitudes evidencia un mayor interés por explorar nuevos yacimientos, ello no implica que todas esas áreas terminarán convirtiéndose en proyectos mineros. Detrás de cada petitorio existe un proceso técnico, económico y geológico que puede extenderse durante varios años antes de determinar si un depósito tiene el potencial suficiente para ser explotado.

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, explica que la exploración minera comienza mucho antes de perforar un terreno. "La exploración no se hace en cualquier terreno. Se hace en un terreno que ha sido ubicado, que ha sido evaluado y en el cual hay indicios favorables de que se pueden encontrar minerales", señaló durante una entrevista. Añadió que esos indicios pueden provenir de afloramientos, estudios geológicos o análisis superficiales que permiten identificar zonas con mayor probabilidad de contener recursos minerales.

El especialista remarca que el verdadero objetivo de la exploración no es comprobar si existe algún mineral, sino determinar si este se encuentra en una concentración y volumen suficientes para justificar una inversión de gran escala. Esa evaluación incluye estudios geológicos, perforaciones, análisis de laboratorio y estimaciones económicas.

De acuerdo con el exministro, el riesgo inherente a esta etapa es elevado. "De cada diez proyectos que se escoge para exploración, uno pasa a la siguiente etapa", indicó. Incluso recordó que un gran yacimiento en operación puede ser el resultado de cientos o miles de exploraciones previas que nunca llegaron a desarrollarse comercialmente.

Este escenario ayuda a entender por qué el incremento de los petitorios no garantiza un aumento inmediato de la producción minera. Obtener una concesión otorga el derecho exclusivo para explorar un área, pero todavía es necesario demostrar que el recurso existe en condiciones que hagan viable su explotación.

Altos precios del cobre y la transición energética reactivan la exploración minera

El incremento de las solicitudes para acceder a nuevas concesiones ocurre en un contexto de elevados precios internacionales del cobre y el oro. Según la información difundida por Ingemmet, la entidad proyecta que este año el país superará los 11.000 petitorios mineros, impulsados principalmente por la demanda de estos metales en los mercados internacionales.

Para el ex titular de Minem, este comportamiento responde principalmente a un cambio estructural de la economía mundial más que a una coyuntura local.

"Es un buen indicador, pero más que un indicador del Perú es un indicador de la época", sostuvo al explicar que el mundo atraviesa un proceso de sustitución de los combustibles fósiles por tecnologías basadas en energías renovables, vehículos eléctricos y nuevos sistemas de almacenamiento energético.

A su juicio, esa transformación tecnológica está incrementando la demanda por una gama cada vez mayor de minerales. Mientras hace algunas décadas la industria dependía principalmente del hierro, el cobre o el aluminio, hoy la fabricación de equipos electrónicos, baterías, infraestructura energética y tecnologías de punta requiere una variedad mucho más amplia de elementos minerales.

"La transición energética es el gran consumidor de minerales", afirmó el exministro al explicar que este proceso está modificando las decisiones de inversión de las empresas mineras en distintas partes del mundo.

Otro factor que influye en el interés por nuevas exploraciones es la evolución de la calidad de los yacimientos disponibles. El exfuncionario sostiene que los depósitos de mayor ley mineral fueron explotados en décadas anteriores, por lo que actualmente las empresas enfrentan proyectos con menores concentraciones de metal y mayores costos de producción.

Ello obliga a incorporar nuevas tecnologías que permitan reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de los procesos. Sin embargo, además del componente técnico, cada proyecto debe evaluar aspectos como infraestructura disponible, acceso al agua y la energía, transporte, costos ambientales, obligaciones tributarias y condiciones sociales antes de iniciar una eventual explotación.

En ese contexto, el Perú mantiene una ventaja comparativa por su potencial geológico. Las áreas liberadas por el Estado cuentan con información previa elaborada por Ingemmet, lo que brinda a los inversionistas una referencia inicial sobre el potencial mineral existente antes de decidir si presentan un petitorio.

Para el especialista en temas mineros, además de la riqueza mineral, el país posee una larga tradición en esta actividad. "El Perú es favorable en cuanto a geología. El Perú tiene buenos antecedentes, es un país muy rico en minerales, pero también tiene una tradición minera", expresó. Agregó que las empresas encuentran mano de obra especializada, proveedores y servicios vinculados al sector, factores que también forman parte de la evaluación cuando deciden dónde desarrollar nuevos proyectos.

El exministro recordó que la posición del Perú en los rankings internacionales de atractivo para la inversión minera ha mostrado variaciones durante la última década. Según explicó, la caída registrada en algunos años no respondió a una menor disponibilidad de recursos minerales, sino a factores relacionados con gobernabilidad, estabilidad institucional y seguridad, variables que suelen ser consideradas por las compañías al momento de definir sus inversiones.

Mientras tanto, el crecimiento de los petitorios refleja que el interés por identificar nuevos yacimientos continúa vigente en un escenario internacional marcado por la creciente demanda de minerales estratégicos. No obstante, entre la presentación de una solicitud de concesión y el inicio de una operación minera existe un largo camino de estudios, permisos e inversiones, por lo que los resultados de las decisiones que hoy adoptan las empresas recién podrían observarse hacia el final de la próxima década. Como resume Herrera Descalzi, las inversiones en exploración responden a una visión de largo plazo y sus efectos solo se materializan después de varios años de evaluación y desarrollo.

La cartera señaló que, pese al ligero retroceso frente al 2025, el resultado continúa siendo superior al registrado en el primer semestre de 2019, antes de la emergencia sanitaria mundial, cuando el país recibía un flujo menor de visitantes internacionales. Esto refleja que el turismo mantiene una recuperación gradual, aunque todavía enfrenta desafíos vinculados a la conectividad aérea, la competencia regional y el contexto económico internacional.

De acuerdo con el reporte estadístico de Mincetur, Chile se mantuvo como el principal país emisor de turistas hacia el Perú durante los primeros seis meses del año. Desde ese mercado llegaron 350.217 visitantes, equivalente al 21,5% del total de ingresos internacionales. Sin embargo, el flujo registró una disminución de 3,9% respecto al mismo periodo de 2025.

En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con aproximadamente 320.000 visitantes, que representaron el 19,6% del total y mostraron un crecimiento de 3% frente al año anterior. El mercado estadounidense continúa siendo uno de los principales impulsores del turismo de larga distancia hacia el país.

Completaron la lista de los principales emisores Ecuador, con cerca de 128.000 turistas; Bolivia, con 84.000; Colombia, con 83.000; y Brasil, con 82.000 visitantes. En conjunto, estos seis mercados concentraron el 64,3% del total de llegadas internacionales registradas entre enero y junio.

Sudamérica continúa siendo el principal mercado para el turismo peruano

El informe de Mincetur también muestra que Sudamérica continúa siendo la principal región de origen de los turistas que llegan al Perú. Entre enero y junio arribaron 802.591 viajeros residentes en países sudamericanos, cifra equivalente al 49,2% del total de visitantes internacionales registrados durante el semestre.

La importancia de este mercado responde, en gran medida, a la cercanía geográfica, los menores costos de viaje y la amplia conectividad terrestre y aérea existente con países vecinos como Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Estos factores han permitido que el turismo regional mantenga una participación predominante dentro de la demanda internacional.

Por otro lado, las estadísticas oficiales indican que 61,9% de los peruanos residentes que viajaron al extranjero durante el primer semestre tuvo como destino algún país de Sudamérica, lo que confirma que la región continúa siendo el principal mercado tanto para el turismo receptivo como para el emisivo.

El desempeño del turismo internacional también está estrechamente vinculado con la recuperación del transporte aéreo. Datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) muestran que el tráfico mundial de pasajeros continúa creciendo respecto a los niveles previos a la pandemia, aunque con un ritmo más moderado debido a factores como la desaceleración económica en algunos mercados y el aumento de los costos operativos de las aerolíneas. En ese contexto, mantener y ampliar las rutas internacionales resulta clave para fortalecer el ingreso de visitantes al Perú.

Asimismo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) viene impulsando campañas de promoción en mercados prioritarios como Estados Unidos, Chile, Brasil y Europa, además de participar en ferias internacionales con el objetivo de incrementar la llegada de viajeros y diversificar la oferta turística nacional.

El turismo constituye una actividad con impacto directo en diversos sectores de la economía, como el transporte, la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios. Por ello, la evolución de los flujos internacionales es seguida de cerca tanto por las autoridades como por los gremios empresariales, que consideran necesario continuar fortaleciendo la promoción del destino Perú, mejorar la conectividad y consolidar las condiciones de seguridad para sostener la recuperación del sector.

Las cifras del primer semestre muestran que el país mantiene un volumen importante de visitantes internacionales, aunque el leve descenso frente al año anterior evidencia que la recuperación todavía enfrenta retos. La evolución de los próximos meses será determinante para conocer si el turismo logra cerrar el 2026 con un crecimiento respecto al 2025 o si la actividad consolida una etapa de estabilización tras la recuperación posterior a la pandemia.

Mediante una carta dirigida a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Educación (Minedu), el Colectivo de Aspirantes al programa de becas sostiene que el requerimiento presupuestal asciende a S/13.492,494, monto que, según indican, permitiría financiar 150 becas para estudios de maestría y doctorado en universidades del exterior.

El documento señala que el pedido no busca crear un nuevo programa ni generar una obligación adicional de gasto, sino recuperar el financiamiento de una convocatoria que, afirman, ya había sido identificada y sustentada por el propio Estado durante el proceso de formulación presupuestaria.

Como alternativa, los aspirantes plantean que el Ejecutivo evalúe una transferencia de partidas mediante decreto supremo, previa identificación de una fuente de financiamiento dentro del presupuesto vigente. También expresan su disposición a aceptar una adjudicación parcial de becas si las restricciones fiscales impiden cubrir la totalidad de la convocatoria prevista para este año.

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Para sustentar la viabilidad de esa alternativa, el colectivo afirma que el sector Educación ha cerrado regularmente los últimos ejercicios fiscales con más de S/1.000 millones de presupuesto no ejecutado. Según la carta, el monto requerido para financiar las 150 becas representa alrededor de 1% de esos recursos, por lo que plantea evaluar si existen partidas disponibles o con menor nivel de ejecución que puedan ser reorientadas legalmente hacia Pronabec sin crear una nueva necesidad de gasto.

La carta también menciona que el Ministerio de Educación había solicitado previamente los recursos para la convocatoria 2026, aunque estos finalmente no fueron incorporados al crédito suplementario aprobado por el Congreso. Asimismo, recuerda que durante el debate presupuestario el propio MEF hizo referencia a la existencia de mecanismos de modificación presupuestaria que podrían ser utilizados por los sectores para atender necesidades de financiamiento durante el ejercicio fiscal.

Transferencia de partidas aparece como alternativa para financiar la convocatoria

El planteamiento del colectivo se centra en el uso de mecanismos previstos en la normativa presupuestaria. En la carta se señala que durante el presente año el Poder Ejecutivo ha autorizado diversas transferencias de partidas mediante decretos supremos y se cita, entre otros, el Decreto Supremo N.° 101-2026-EF, relacionado con recursos del Ministerio de Educación. Sobre esa base, solicitan que el MEF, el Minedu y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) determinen si existe una fuente de financiamiento que permita restituir los recursos para la convocatoria 2026.

El documento precisa que, de existir la habilitación normativa correspondiente, el objetivo sería aprobar una transferencia de partidas mediante decreto supremo. Si esa vía no resultara aplicable, el colectivo solicita que las entidades identifiquen otro mecanismo presupuestario contemplado por la legislación para atender el requerimiento.

La formación de capital humano y los plazos académicos

Además del aspecto presupuestario, la solicitud pone énfasis en las consecuencias que tendría una eventual cancelación de la convocatoria para los profesionales que ya fueron admitidos en universidades del extranjero. El colectivo sostiene que los beneficiarios potenciales accedieron a esas plazas luego de procesos de evaluación y admisión que demandaron años de preparación, certificaciones y una inversión económica asumida por ellos y sus familias.

En ese contexto, la carta señala que el referido programa de becas constituye una política pública orientada a formar capital humano especializado en áreas donde el país presenta brechas de conocimiento. El documento indica que, en convocatorias anteriores, profesionales financiados por el programa se incorporaron posteriormente a instituciones públicas, universidades, centros de investigación, hospitales y empresas privadas, además de participar en iniciativas vinculadas con la investigación científica, la innovación y el diseño de políticas públicas.

Los aspirantes advierten que la principal dificultad no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino también en los calendarios académicos de las universidades internacionales. Según exponen, las fechas para matrícula, acreditación financiera, obtención de documentos migratorios e inicio de clases ya se encuentran próximas a vencer o, en algunos casos, han comenzado a expirar, lo que podría hacer inviable el aprovechamiento de las admisiones obtenidas durante este año.

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Frente a ese escenario, el colectivo solicita la instalación de una mesa de trabajo entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, Pronabec y representantes de los postulantes para evaluar alternativas de financiamiento y establecer un cronograma de decisiones. Entre los pedidos también figura que las entidades determinen, en el plazo más breve posible, si es viable financiar las 150 becas inicialmente previstas o una meta reducida que permita atender parte de la demanda durante el presente ejercicio fiscal.

La carta concluye señalando que la aprobación del crédito suplementario no agotó las opciones para financiar la convocatoria y que el presupuesto público contempla mecanismos de modificación durante el año fiscal. En esa línea, el colectivo solicita que las entidades involucradas evalúen técnicamente las alternativas previstas en la normativa antes de que los plazos de las universidades extranjeras imposibiliten el inicio de los estudios de los postulantes admitidos.

Desde una perspectiva económica, el caso pone sobre la mesa el debate sobre la priorización del gasto público y la capacidad del Estado para reasignar recursos durante la ejecución presupuestal. Las modificaciones presupuestarias mediante transferencias de partidas forman parte de los instrumentos utilizados cada año para financiar nuevas necesidades o reforzar programas existentes, aunque su aplicación depende de la disponibilidad de recursos y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación presupuestaria.

Hasta el momento, las entidades mencionadas en el documento no habían comunicado públicamente una decisión sobre el financiamiento de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario. Mientras tanto, los aspirantes sostienen que una definición en las próximas semanas será determinante para conservar las vacantes obtenidas en universidades del exterior y evitar que la convocatoria quede sin ejecutarse durante el presente año fiscal.

El problema adquiere mayor relevancia si se considera el papel que desempeñan las mujeres en la economía peruana. Muchas son responsables de las finanzas del hogar, otras lideran emprendimientos o participan activamente en el mercado laboral, pero aún enfrentan obstáculos para tomar decisiones económicas con autonomía y acceder a herramientas que fortalezcan sus capacidades financieras.

Ricardo Montero, gerente de Evaluación Analítica y Sostenibilidad de ASBANC, explicó que la necesidad de desarrollar programas especializados surgió tras identificar que las mujeres afrontan desafíos distintos a los de los hombres en materia financiera.

"Identificamos que las mujeres tienen un montón de retos que enfrentan en su vida que son diferentes a los que enfrentan los hombres. Pero no había cursos de educación financiera que abordaran específicamente este tipo de problemáticas", señaló durante una entrevista.

Entre esos desafíos mencionó que las decisiones relacionadas con la maternidad suelen tener un impacto diferente sobre la trayectoria laboral femenina. Asimismo, indicó que muchas mujeres aún no cuentan con plena autonomía para decidir sobre el uso de sus propios recursos económicos.

"Es importante poder generar la confianza y el conocimiento para que las mujeres puedan recuperar su autonomía y poder tomar sus propias decisiones", afirmó Montero.

Los indicadores reflejan esa brecha. Según datos citados por ASBANC, menos del 32% de las mujeres logra establecer y mantener una meta de ahorro, mientras que el 62% de las emprendedoras no accede al crédito formal, una limitación que restringe las posibilidades de expandir sus negocios y fortalecer su independencia económica.

Mujeres emprendedoras enfrentan retos para separar las finanzas del negocio y del hogar

La falta de educación financiera también tiene efectos directos sobre las micro y pequeñas empresas. De acuerdo con Montero, alrededor del 56% de las microempresas del país son lideradas por mujeres, lo que convierte a este segmento en uno de los principales motores de la economía nacional.

Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes es que las emprendedoras administran simultáneamente las finanzas del negocio y las del hogar, sin establecer una separación entre ambas.

"Lo que sucede en muchos de los casos es que las mujeres lideran la microempresa, pero también lideran las finanzas del hogar. Y no siempre hay una diferencia entre la gestión del dinero de la empresa con la gestión del dinero del hogar", explicó el representante de ASBANC.

Añadió que diferenciar ambos ámbitos resulta clave para mejorar tanto la sostenibilidad de los emprendimientos como la economía familiar, pues permite tomar decisiones con información más clara sobre ingresos, gastos e inversiones.

El especialista también sostuvo que la educación financiera no debe responder únicamente al género, sino a las distintas etapas de la vida. En ese sentido, señaló que las necesidades de una trabajadora dependiente son distintas a las de una emprendedora, una trabajadora independiente o una mujer que administra exclusivamente la economía del hogar.

"Más allá de roles, son momentos de la vida de la mujer y decisiones que toman acerca de cómo quiere enfrentar su futuro", indicó Montero.

Bajo esa premisa, ASBANC e Interbank presentaron el curso gratuito 'Finanzas para Mujeres: una guía para decidir mejor tu futuro', disponible en la plataforma Finanzas al Toque. El programa está compuesto por siete módulos que abordan temas como educación financiera básica, organización de las finanzas personales, administración de ingresos independientes, finanzas para emprender, presupuesto familiar y planificación financiera de largo plazo.

Durante la presentación del programa, Montero sostuvo que uno de los principales objetivos es acercar herramientas prácticas que puedan aplicarse en la vida cotidiana.

"Las finanzas pueden generar estrés cuando no se cuenta con herramientas claras para decidir. Por eso, la educación financiera debe ser simple, útil y aplicable a la realidad de cada persona", manifestó.

La iniciativa también contempla alianzas con empresas, organizaciones sociales, comunidades de emprendedoras e instituciones educativas con el propósito de ampliar el alcance del programa y acercar estos contenidos a mujeres de distintas regiones del país.

Para el sistema financiero, reducir la brecha de educación financiera no solo representa una oportunidad para fortalecer la inclusión financiera femenina, sino también para impulsar emprendimientos más sostenibles, mejorar la planificación económica de los hogares y ampliar el acceso a productos financieros formales. En ese contexto, el desarrollo de capacidades para administrar el dinero aparece como un componente cada vez más relevante para la autonomía económica y el crecimiento de las mujeres en el Perú.

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La admisión del recurso no modifica las competencias actuales de Ositrán ni implica un pronunciamiento sobre el fondo del caso. Sin embargo, abre una etapa constitucional que permitirá definir los límites del control estatal cuando una infraestructura desarrollada mediante inversión privada presta un servicio considerado de uso público y de importancia estratégica para el comercio exterior.

El proceso enfrenta dos interpretaciones jurídicas distintas. Por un lado, Cosco sostiene que el puerto fue construido bajo un esquema de inversión privada y no mediante una concesión otorgada por el Estado, por lo que considera que no corresponde aplicar el mismo régimen regulatorio previsto para otras infraestructuras portuarias administradas bajo concesión.

Por el otro, Ositrán sostiene que su competencia no depende de quién sea el propietario de la infraestructura, sino del servicio que esta presta. Bajo ese criterio, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay forma parte de la infraestructura de transporte de uso público debido a su papel dentro del sistema logístico y del comercio exterior, por lo que corresponde ejercer funciones de supervisión para garantizar el cumplimiento del marco regulatorio.

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¿Qué deberá resolver el Tribunal Constitucional?

La controversia no se limita a determinar si Ositrán puede supervisar el puerto de Chancay. El Tribunal Constitucional deberá establecer qué criterio prevalece cuando confluyen derechos vinculados a la inversión privada y las potestades regulatorias del Estado sobre servicios considerados de interés público.

Cosco sostiene que la aplicación de determinadas facultades regulatorias podría alterar las condiciones bajo las cuales se desarrolló el proyecto y afectar principios constitucionales como la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Desde su posición, el régimen aplicable a una infraestructura privada no debería equipararse al de una obra entregada en concesión.

En cambio, el Estado sostiene que la naturaleza privada del proyecto no elimina el interés público del servicio que presta. Según Ositrán, el objetivo de la supervisión es garantizar condiciones adecuadas de operación, proteger a los usuarios y asegurar el funcionamiento del sistema portuario conforme a la normativa vigente.

La decisión del Tribunal Constitucional permitirá precisar hasta dónde puede llegar la intervención regulatoria del Estado cuando una infraestructura privada cumple funciones esenciales para el transporte y el comercio exterior.

El fallo judicial que dio origen a la revisión constitucional

La controversia llegó a esta etapa luego de que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocara una sentencia favorable a Cosco y declarara improcedente la demanda de amparo presentada contra Ositrán.

Para la Sala, las discrepancias sobre el ejercicio de las facultades regulatorias deben resolverse mediante las vías administrativas y judiciales previstas por la legislación, salvo que exista una afectación directa de derechos constitucionales. Asimismo, consideró que el carácter privado del terminal no excluye automáticamente la supervisión estatal cuando la infraestructura presta un servicio de uso público.

Tras esa decisión, Cosco interpuso un recurso de agravio constitucional, cuya admisión permitirá que el Tribunal Constitucional analice los argumentos planteados por la empresa.

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Indecopi mantiene otra evaluación sobre el puerto

El puerto de Chancay también enfrenta otra controversia institucional. Paralelamente, Indecopi continúa evaluando las condiciones de competencia en diversos servicios portuarios luego de que el Poder Judicial declarara infundada la demanda presentada por Cosco contra las actuaciones del organismo.

El análisis comprende servicios relacionados con el embarque y descarga de contenedores, la atención de naves portacontenedores, las operaciones con contenedores vacíos y los servicios de transbordo. El objetivo es determinar si existen mercados donde puedan presentarse condiciones de falta de competencia y si corresponde aplicar medidas regulatorias.

Aunque ambos procesos son independientes, reflejan el debate sobre el marco institucional aplicable al primer megapuerto desarrollado íntegramente mediante inversión privada en el país.

Un precedente para la inversión en infraestructura

El caso del puerto de Chancay se ha convertido en una de las principales controversias regulatorias vinculadas a una inversión extranjera en infraestructura en el Perú. El terminal, operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú —empresa integrada por la china Cosco Shipping Ports y la peruana Volcan—, busca consolidarse como un punto estratégico para conectar Sudamérica con los mercados asiáticos.

Más allá del resultado del litigio, la sentencia que emita el Tribunal Constitucional podría convertirse en un precedente para futuros proyectos de infraestructura desarrollados con capital privado. El criterio que establezca permitirá definir cuándo la naturaleza estratégica de un servicio justifica la intervención regulatoria del Estado y cuáles son los límites constitucionales de esa supervisión.

Mientras el proceso constitucional continúa, Ositrán mantiene vigentes sus facultades sobre el terminal. La decisión final no solo resolverá el conflicto entre ambas partes, sino que también servirá de referencia para el desarrollo de futuras inversiones privadas en sectores regulados del país.