Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 18 de octubre

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La evolución de estos indicadores apunta a una mejora de las cuentas de la petrolera, que en el primer semestre ya había reportado una utilidad neta de US$121 millones y un EBITDA de US$453 millones. No obstante, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) sostiene que el desempeño pudo ser mayor si la compañía hubiera contado con liquidez suficiente para elevar su procesamiento de crudo y aprovechar las condiciones del mercado internacional.

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A partir de esas cifras, la organización sindical cuestiona los resultados de la intervención de ProInversión, entidad que participa en el proceso de reorganización de Petroperú. Según su posición, durante el periodo analizado no se habría concretado un apoyo financiero efectivo que permitiera aliviar las restricciones de caja de la empresa.

Petroperú mejora sus resultados, pero persisten dudas sobre la liquidez

La evolución financiera de la empresa se produce en medio de la discusión sobre su reorganización y el futuro de sus activos. Las medidas adoptadas por el Gobierno dieron a ProInversión un papel en el proceso, mientras que sectores contrarios a ese esquema cuestionan que la reestructuración pueda abrir paso a una mayor participación privada en la gestión de la petrolera.

El debate también llegó al Congreso con una iniciativa que busca impedir que los activos de Petroperú pasen al régimen de promoción de la inversión privada. La controversia gira en torno a cómo recuperar la sostenibilidad financiera de la compañía sin comprometer su papel como empresa estatal en el abastecimiento de combustibles.

Menor refinación habría limitado las ganancias de Petroperú

Uno de los puntos señalados por el sindicato es el menor procesamiento de petróleo. Entre enero y julio de 2026, Petroperú habría refinado un promedio de 65.000 barriles diarios, frente a los 82.000 barriles por día registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia alcanza los 17.000 barriles diarios.

Para el gremio, esta reducción habría impedido que la empresa aprovechara mejor los márgenes de refinación favorables en el mercado internacional, en un periodo marcado por tensiones geopolíticas en el golfo Pérsico. Con una mayor disponibilidad de capital de trabajo, sostiene, la petrolera habría podido comprar más crudo, procesarlo y mejorar sus resultados operativos.

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La federación también pidió explicaciones sobre el crédito puente de US$475 millones vinculado a la petrolera. Según la información que maneja, esos recursos no se habrían destinado hasta la fecha a la compra de crudo. Por ello, solicita que se precise cuánto se ha desembolsado, bajo qué condiciones y por qué el financiamiento no se habría traducido oportunamente en capital de trabajo.

Sindicato pide recuperar el procesamiento y transparentar el financiamiento

Además de las cifras financieras, la organización sindical advierte que las restricciones operativas pueden tener consecuencias sobre el abastecimiento y la competencia en el mercado de combustibles. Su secretario general, Rafael Noblecilla, sostuvo que Petroperú debe conservar capacidad para competir y ampliar las alternativas disponibles para los consumidores.

Como argumento, el dirigente comparó el precio del diésel en Perú, que según señaló se aproxima a los S/30 por galón, con el de Ecuador, donde se ubicaría por debajo de los S/11.

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El gremio plantea que la recuperación debe acompañarse de medidas para garantizar la compra de crudo, elevar el procesamiento y transparentar el financiamiento. También reclama el cumplimiento de los convenios colectivos y atención a las demandas salariales de los trabajadores, cuyas remuneraciones, afirma, permanecen congeladas desde la pandemia.

El siguiente paso será determinar si esa evolución financiera también se traduce en una mayor capacidad para financiar las operaciones y recuperar los niveles de refinación, dos aspectos que siguen condicionando el desempeño de la petrolera estatal.

La transferencia fue autorizada por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.° 220-2026-EF y se financiará con recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, el dinero no será entregado como fondos de libre disposición: se utilizarán documentos cancelatorios del Tesoro Público para pagar las obligaciones tributarias señaladas en la norma.

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¿Qué impuestos pagará Defensa con los S/ 12,4 millones?

La mayor parte de los recursos, S/7 millones 101.523, servirá para cubrir el IGV que el Ministerio de Defensa paga por compras locales de bienes y servicios relacionadas con las contrataciones comprendidas en la Ley N.° 29266.

Los S/5 millones 377.136 restantes se destinarán al Impuesto a la Renta que corresponde retener cuando el ministerio paga o reconoce rentas a sujetos no domiciliados en el Perú. En este caso, la entidad actúa como agente de retención, es decir, debe descontar el impuesto correspondiente y entregarlo al fisco.

La distribución también alcanza a las Fuerzas Armadas. El Ejército Peruano recibirá S/ 6,9 millones, mientras que la Marina de Guerra contará con S/ 5,6 millones. Para esta última se han previsto S/ 678.979 destinados a la adquisición de activos no financieros; el resto se asignará a bienes y servicios.

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Recursos salen de la Reserva de Contingencia del MEF

La operación se financiará con la Reserva de Contingencia, una partida del presupuesto público que permite atender gastos que no pueden preverse con precisión al momento de elaborar los presupuestos de las entidades estatales.

Para 2026, la Ley de Presupuesto autorizó financiar con esta reserva la emisión de documentos cancelatorios para el Ministerio de Defensa hasta por S/61 millones.

El mecanismo tiene un antecedente legal: la Ley N.° 29266 permite utilizar estos documentos para atender el IGV y el Impuesto a la Renta derivados de determinadas contrataciones de Defensa. Según el decreto, el MEF verificó que el monto solicitado se encuentra dentro de los límites establecidos por esa legislación.

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El decreto dispone que el Ministerio de Defensa apruebe la distribución presupuestaria de los recursos y que el MEF, mediante la Dirección General del Tesoro Público, emita los documentos necesarios para cancelar las obligaciones tributarias. Estos documentos no son negociables y tienen una vigencia de cuatro años desde su emisión.

Ambos cambios muestran que la banca se transforma en algo más que pagar con el celular. Los bancos buscan usar la tecnología para simplificar operaciones y adaptar sus servicios a cada cliente, pero el éxito de ese giro dependerá también de cuánto estén dispuestos y preparados los usuarios para aprovecharla.

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Estas cifras fueron presentadas por el Banco de Crédito del Perú (BCP) en su conferencia sobre las tendencias que redefinirán la banca al 2030. Rafael Lemor, gerente del Área de Inteligencia Artificial de Credicorp, indicó que la IA permitirá a los bancos desarrollar soluciones para sus clientes con mayor rapidez.

Billeteras digitales se acercan al efectivo como medio de pago en Perú

Una encuesta de Ipsos Perú a consumidores urbanos muestra la dimensión que ha alcanzado este cambio. El 87% de los entrevistados de zonas urbanas declaró utilizar efectivo, mientras que el 83% señaló que recurría a billeteras digitales. La tarjeta de débito registró un 37% y las tarjetas de crédito, un 12%.

Como se sabe, estas aplicaciones permiten realizar pagos y transferencias desde el celular sin necesidad de llevar dinero físico o utilizar una tarjeta en cada operación. Su expansión también ha multiplicado las alternativas disponibles para pequeños comercios y consumidores que necesitan resolver transacciones cotidianas de manera rápida.

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Dentro de este segmento, Yape es la billetera más usada en la encuesta y el 79% de los consultados dijo usarla frente al 26% que mencionó Plin. Pero el efectivo todavía va un poco más adelante que las billeteras en conjunto.

Pagos digitales podrían concentrar el 50% de las transacciones en comercios

Según el Global Payments Report 2026, la participación de las billeteras digitales en el valor de las transacciones realizadas en puntos de venta en Perú podría aumentar del 38% al 50% hacia 2030. De cumplirse la proyección, estos medios canalizarían la mitad del valor de los pagos presenciales.

El avance se produce a la par de la expansión de las compras por internet, donde las billeteras también toman la delantera. De acuerdo con la encuesta de Ipsos, su uso para compras en línea se ha mantenido por encima de otros medios de pago durante los últimos años.

La mayor presencia de estas herramientas modifica tanto la experiencia de los consumidores como las necesidades de los negocios, que deben ofrecer alternativas para cobrar en distintos canales.

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La siguiente etapa de esta transformación también pasa por la inteligencia artificial. Lemor señaló que su impacto en la banca no necesariamente se medirá a través de una cifra única de productividad, sino en la capacidad de desarrollar y ofrecer soluciones en menos tiempo.

"Si antes podíamos generar productos y sacar cinco productos nuevos al año, de repente podemos sacar cinco productos nuevos en la semana", sostuvo.

El ejecutivo también planteó que la IA puede facilitar una atención más cercana y soluciones ajustadas a las necesidades de cada usuario, en lugar de ofrecer productos genéricos.

Adopción de IA en Perú plantea un reto de educación digital

La adopción de la inteligencia artificial generativa todavía avanza a un ritmo menor en Perú que en otros países de la región. En junio de 2026, el 17,3% de los peruanos de entre 15 y 64 años había utilizado estas herramientas, frente al 33% de Colombia y el 25,9% de Brasil, según la presentación de Credicorp. Para Lemor, las entidades financieras pueden ayudar a reducir esa diferencia si incorporan la enseñanza de estas tecnologías a sus iniciativas de educación para los usuarios.

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A su juicio, las entidades financieras pueden contribuir a cerrar esa brecha mediante la capacitación de sus usuarios. Recordó que, durante la transformación digital, el sector impulsó programas de educación financiera y consideró que ahora corresponde avanzar también en la enseñanza de herramientas de IA.

"Si logramos que más peruanos utilicen esta tecnología, se va a beneficiar todo el país", afirmó.

Mientras las billeteras digitales ganan terreno en los pagos en comercios, la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para la atención al cliente y el desarrollo de productos financieros. Aunque avanzan por caminos distintos, ambas tecnologías están cambiando la relación entre las entidades financieras y sus usuarios.

En entrevista con este diario, Luis Cruz Cuadros, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), advirtió que las alteraciones climáticas podrían reducir la oferta de alimentos y prolongar las presiones sobre los precios. Mario Vergara Silva, docente de Posgrado de ESAN, explicó que el impacto también se reflejaría en la estructura de costos de los establecimientos: la compra de alimentos, que habitualmente representa entre el 30% y el 35% de los ingresos de un restaurante, podría llegar al 45% o 50% en un escenario de El Niño extraordinario, según su estimación.

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El Niño: la papa, el limón y el pescado entre los alimentos que podrían subir de precio

La papa es uno de los cultivos que más preocupan al sector agrario. De acuerdo con Conveagro, la sierra central y sur concentra alrededor del 50% de la producción nacional, estimada en seis millones de toneladas, y el 60% del cultivo depende de las lluvias. Frente a las alteraciones climáticas previstas, Cruz Cuadros advirtió que la producción podría reducirse en 1,7 millones de toneladas.

Este riesgo también alcanza al maíz, la cebolla, las menestras, la aceituna y el limón. Las proyecciones del gremio apuntan a posibles incrementos de entre 30% y 60%, dependiendo del producto, mientras que algunos alimentos podrían registrar alzas de hasta 100%.

“Menos productos, más precios”, resumió el representante agrario, al explicar cómo una reducción de la oferta presionaría los costos. Para los restaurantes, el problema es que varios de estos insumos se utilizan simultáneamente: la papa y el arroz acompañan numerosos platos, la cebolla es parte de los aderezos y el limón resulta indispensable para las preparaciones marinas.

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A esta presión se suma el pescado, cuyo abastecimiento depende de las condiciones del mar y de la actividad pesquera. En las cevicherías, una subida de su precio puede repercutir directamente en el costo de los platos que concentran buena parte de sus ventas.

El propietario de Travesura Marina contó a La República que el kilo de filete, que antes compraba entre S/20 y S/25, ahora le cuesta hasta S/35. “Lo que más nos preocupa es la proteína, es el producto que más pagamos, que es el pescado, los mariscos, y de paso también el limón, la cebolla, el arroz, el azúcar”, señaló.

Lluvias, sequías y carreteras dañadas encarecerían el abastecimiento

El precio de los alimentos no depende únicamente de cuánto se cosecha o se pesca. También influye el costo de trasladar la mercadería desde las zonas productoras hasta los mercados y restaurantes. Si las lluvias dañan las carreteras o las sequías reducen las cosechas, conseguir determinados productos puede resultar más caro, incluso en regiones alejadas de las áreas directamente afectadas.

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El norte del país podría enfrentar problemas por las precipitaciones y los daños en la infraestructura vial, los servicios públicos y los sistemas hídricos. En el sur, el riesgo estaría relacionado con una menor oferta de alimentos que abastecen al resto del país, entre ellos la papa, el maíz, la cebolla, los granos andinos, la leche y la carne, según el análisis de Conveagro.

“El daño no solo será al productor agrario, sino también afectará la población de las ciudades”, sostuvo Cruz Cuadros.

Para los restaurantes, las interrupciones en las rutas pueden traducirse en mayores gastos de flete, cambios de proveedor y pérdidas de productos perecibles, que se deterioran con rapidez. Durante los periodos de calor, además, conservar los alimentos en condiciones adecuadas puede exigir un mayor uso de refrigeración.

Vergara Silva señaló que esta combinación de factores puede presionar de manera importante los costos operativos. Si el gasto destinado a comprar alimentos pasa de representar entre el 30% y el 35% de los ingresos a concentrar entre el 45% y el 50%, como estimó para un escenario extraordinario, los establecimientos tendrían menos margen para cubrir el resto de sus obligaciones y conservar sus ganancias.

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Cevicherías y restaurantes pequeños tendrían menos margen para absorber las alzas

El impacto podría ser especialmente difícil para las cevicherías, que dependen del pescado y de otros insumos sensibles a las condiciones climáticas, y para los restaurantes que ofrecen menús económicos. En estos últimos, aumentar unos soles el precio del almuerzo puede alejar a consumidores con presupuestos ajustados.

El propietario de Travesura Marina recordó que durante el episodio de El Niño de 2023 el encarecimiento del pescado y el limón ya había afectado la rentabilidad de su negocio.

“Sí impactó en el negocio, en el tema de la utilidad, porque nuestro food cost se tuvo que incrementar”, explicó.

Para evitar que el aumento de sus costos llegue inmediatamente a la carta, el empresario optó por reducir su margen de ganancia. “Nosotros reducimos nuestro margen de ganancia, no subimos los precios porque también la competencia es fuerte”, afirmó.

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La estrategia, sin embargo, tiene un límite. Según el dueño del establecimiento, cuando el costo de los insumos supera el 40%, la situación empieza a volverse insostenible. “Cada sol que se sube, el cliente siente, y va haciendo sus comparativos, y tiene decisión de comprar en otro establecimiento”, advirtió.

La dificultad es mayor para los negocios con menos respaldo financiero. Mientras algunos restaurantes pueden negociar compras, ajustar porciones o modificar su oferta, los establecimientos pequeños suelen depender de las ventas diarias para cubrir el abastecimiento, los salarios y otros gastos.

¿Subirán los precios de los platos si El Niño encarece los alimentos?

La magnitud del ajuste dependerá de cuánto aumenten los insumos, de la duración de las dificultades de abastecimiento y de la capacidad de cada establecimiento para absorberlas. Una cevichería puede verse afectada directamente por el precio del pescado y el limón, mientras que un restaurante de menú económico puede enfrentar presiones por el arroz, el pollo, la papa y el aceite.

A ello se suma el tiempo que podría tomar la recuperación de la producción agrícola. Cruz Cuadros advirtió que las consecuencias sobre los precios podrían prolongarse incluso después de que disminuyan los efectos más intensos del fenómeno.

“La normalización de precios será lenta hasta mediados del 2027, en la medida que no habrá siembras y, por ende, no habrá cosechas hasta esos meses”, sostuvo.

¿Cómo pueden prepararse los restaurantes ante el Fenómeno El Niño de 2027?

Frente a este escenario, Vergara Silva recomendó revisar las cartas y adaptar las compras a la disponibilidad de los productos. Esto implica evaluar ingredientes alternativos, reducir el desperdicio y evitar una dependencia excesiva de insumos cuya oferta pueda verse afectada por las condiciones climáticas.

También planteó diversificar proveedores y planificar el abastecimiento de productos que puedan almacenarse sin perder calidad. En el caso de los perecibles, una adecuada rotación de inventarios y el mantenimiento de los equipos de refrigeración ayudarían a reducir las pérdidas durante los periodos de calor.

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Desde el sector agrario, Cruz Cuadros sostuvo que la respuesta no debe recaer únicamente en los negocios gastronómicos. El representante de Conveagro planteó facilitar el financiamiento para los productores, apoyar nuevas siembras cuando las condiciones lo permitan y establecer reservas de alimentos no perecibles para los momentos más críticos. También pidió reforzar los programas de asistencia alimentaria y facilitar el transporte de productos hacia los mercados.

Para los restaurantes, anticiparse a las alzas también supone revisar sus gastos y mantener recursos para cubrir el abastecimiento y el pago del personal. Como advierte la experiencia de Travesura Marina, reducir los márgenes puede ayudar a conservar los precios por un tiempo, pero no constituye una solución indefinida.

Si El Niño afecta simultáneamente la producción, el transporte y el abastecimiento, los restaurantes tendrán que decidir cuánto del incremento pueden asumir y cuánto terminará trasladándose al consumidor. La presión no se limitará al precio del pescado, el limón o la papa: también pondrá a prueba la capacidad de los negocios gastronómicos para seguir siendo rentables sin encarecer demasiado la comida.

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El impacto productivo ya se reflejaba en las estadísticas oficiales antes de este anuncio. En julio de 2026, la producción pesquera nacional cayó 27,44% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La contracción más pronunciada se registró en la pesca marítima destinada al consumo humano indirecto, que comprende la captura de anchoveta para elaborar harina y aceite de pescado: disminuyó 99,15%.

En ese mes se desembarcaron 2.496 toneladas de anchoveta, frente a las 292.148 toneladas registradas en julio de 2025. Aunque el resultado mensual no explica por sí solo toda la situación de la industria, permite dimensionar el nivel de actividad con el que llega el sector al cierre del año.

Una primera temporada que no completó la cuota

La campaña de 2026 tampoco alcanzó el volumen previsto inicialmente. Produce autorizó en abril una cuota máxima de captura de 1 millón 914.049 toneladas para la primera temporada en la zona norte-centro. Sin embargo, las condiciones oceanográficas y biológicas llevaron a suspender las faenas y posteriormente a dar por concluida la temporada antes de completar ese límite.

De acuerdo con los documentos oficiales que sustentaron las decisiones, el escenario marino presentó temperaturas anómalas, cambios en la distribución de la anchoveta y una presencia importante de ejemplares juveniles. Estos factores elevaron el riesgo de afectar la renovación de la población si continuaba la extracción.

La magnitud de la diferencia entre la cuota autorizada y lo capturado quedó reflejada en la Resolución Ministerial N.° 00306-2026-PRODUCE. La norma estableció, de manera excepcional, que la primera temporada no se contabilizara para el cumplimiento de la obligación de extracción del 80% del límite máximo asignado a cada embarcación, debido a que solo se alcanzó el 24,61% de la cuota.

La evaluación científica más reciente tampoco ofreció condiciones favorables para abrir una nueva campaña. El crucero de investigación de Imarpe, con información recogida hasta el 7 de octubre, estimó una biomasa acústica de aproximadamente 5,12 millones de toneladas. El resultado fue 27,9% inferior al registrado en el verano de 2026 y 22,8% menor que el promedio de las evaluaciones de invierno-primavera entre 1996 y 2025.

Además, los ejemplares juveniles representaron el 79% de la población evaluada en número y el 65% en peso. La biomasa acústica es una estimación científica de la población detectada y no equivale directamente al volumen disponible para la pesca comercial. La proporción de juveniles, junto con las condiciones oceanográficas y reproductivas, fue parte de la evaluación para decidir si correspondía autorizar otra temporada.

Qué medidas reclama el sector pesquero

Tras conocerse la decisión, la SNP sostuvo que la industria podría permanecer paralizada por más de un año, hasta 2027, y advirtió sobre las consecuencias para las familias vinculadas a la actividad. Se trata de una proyección del gremio sobre la continuidad de las operaciones, no de un plazo establecido por Produce para reabrir la pesquería.

La organización solicitó al Ejecutivo que evalúe medidas para sostener el empleo, mantener la cobertura de salud de los tripulantes, facilitar liquidez mediante instrumentos tributarios y ofrecer financiamiento a los armadores comprendidos en la Ley N.° 26920.

Los pedidos apuntan a distintos eslabones de la cadena productiva. La falta de una temporada reduce las oportunidades de operación de las embarcaciones y también limita la actividad asociada al procesamiento de la materia prima y a los servicios que abastecen a la industria. No obstante, las solicitudes de la SNP todavía deben distinguirse de medidas aprobadas: el pronunciamiento del gremio no implica que el Gobierno haya aceptado o anunciado esos apoyos.

El reto para las autoridades es atender las consecuencias económicas sin convertir la necesidad de actividad en un criterio para adelantar la apertura de la pesquería. La fecha y las condiciones de una futura temporada dependerán de la evolución del recurso y de las evaluaciones científicas correspondientes.

En la primera campaña, la cuota quedó lejos de completarse y las condiciones biológicas llevaron a detener las capturas. Con la segunda temporada descartada para 2026, la discusión inmediata pasa por las medidas que el Ejecutivo podría adoptar para afrontar la interrupción de la actividad, mientras el monitoreo de Imarpe determina si la anchoveta reúne condiciones para una nueva extracción.