De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero de agosto, la producción nacional alcanzó los 66 millones 926.973 gramos finos en los primeros ocho meses del año, frente a los 72 millones 158.475 gramos finos registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia equivale a una reducción de más de 5,2 millones.

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El resultado acumulado se produjo pese a que, en agosto, la extracción de oro llegó a 8 millones 624.174 gramos finos, un incremento de 2,1% respecto de julio. Sin embargo, al comparar ese volumen con agosto del año pasado, se observa una caída de 12,8%, cuando la producción había alcanzado los 9 millones 894.308 gramos finos.

El retroceso de la producción aurífera peruana coincidió con un alza del precio internacional del metal. En agosto de 2026, la cotización promedio del oro alcanzó los US$4.411 por onza troy, un incremento de 31% frente al mismo mes de 2025.

En agosto, los envíos de oro al exterior también aumentaron en volumen. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reportó un crecimiento interanual de 14,1% en las cantidades exportadas, hasta alcanzar un valor de US$3.035 millones, 49,4% más que en agosto de 2025. El resultado muestra que el comportamiento de las exportaciones no siguió la misma trayectoria que la producción minera registrada en el país.

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Yanacocha y Boroo caen mientras tres regiones concentran el oro

Entre las principales compañías auríferas, Minera Boroo Misquichilca registró uno de los retrocesos más pronunciados durante agosto. Su producción llegó a 347.031 gramos finos, una disminución de 50,1% frente al mismo mes de 2025.

Minera Yanacocha, que se mantuvo como el principal productor de oro del país, también redujo sus volúmenes. La compañía alcanzó 1 millón 312.462 gramos finos en agosto, lo que representó una caída interanual de 19,6%.

En el acumulado de enero a agosto, Yanacocha concentró el 16,5% de la producción nacional. Le siguieron Compañía Minera Poderosa, con una participación de 6,8%, y Minera Aurífera Retamas, con 5,1%. En conjunto, estas tres empresas representaron el 28,3% de la extracción aurífera del país.

La extracción de oro también presenta una marcada concentración territorial. Entre enero y agosto, La Libertad encabezó la producción nacional con una participación de 25,4%, seguida de Cajamarca, con 25,3%, y Arequipa, con 22,6%. Las tres regiones reunieron el 73,3% del total nacional, de acuerdo con las estadísticas del Minem.

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El retroceso del oro se suma a las caídas de otros metales

La evolución de la producción aurífera se produjo en un mes en el que también retrocedieron otros metales relevantes para la minería peruana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en agosto la producción de cobre disminuyó 5,3% interanual, mientras que la de zinc cayó 28,1% y la de plata retrocedió 10,4%.

En contraste, la producción de hierro aumentó 9,2% y la de molibdeno avanzó 12,5% durante el mismo mes. El desempeño dispar evidencia que la actividad minera no siguió una trayectoria uniforme entre sus principales productos.

El resultado sectorial también se reflejó en el indicador de minería e hidrocarburos, que disminuyó 5,53% en agosto frente al mismo mes de 2025. El subsector minero retrocedió 6,14%, según el INEI.

Para evaluar la evolución de la minería durante el resto del año, será necesario observar si la caída acumulada del oro se mantiene y cómo varían los volúmenes de producción de las principales empresas y regiones en los siguientes reportes oficiales.

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El resultado mensual fue de US$1.493 millones, frente a los US$1.480 millones registrados en agosto de 2025. La diferencia evidencia que el valor exportado aumentó a un ritmo limitado durante ese mes, pese al resultado positivo acumulado hasta el cierre del octavo mes.

La evolución de los próximos meses será determinante para el resultado anual. El Midagri proyecta que las agroexportaciones bordearán los US$15.000 millones en 2026, un monto similar a los US$15.013 millones registrados durante 2025.

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Tres frutas concentran más de US$3.200 millones

Las paltas encabezaron las exportaciones agrarias no tradicionales, con US$1.343 millones entre enero y agosto. Les siguieron los arándanos frescos, con US$1.050 millones, y las uvas frescas, con US$816 millones.

Los tres productos representaron aproximadamente el 42,5% de los US$7.559 millones exportados en la categoría no tradicional. La participación refleja el peso que tiene este grupo de frutas en las ventas agrarias peruanas al exterior.

En cuanto a su evolución, los arándanos registraron un aumento interanual de 47,9%, mientras que las uvas avanzaron 17,6% y las paltas, 8,6%. Las diferencias muestran que el desempeño de los principales productos no fue uniforme durante el periodo.

Otros productos también figuraron entre los principales envíos. El cacao en grano crudo sumó US$277 millones; los mangos frescos, US$264 millones; y los espárragos frescos, US$231 millones. En total, los diez principales productos concentraron el 60,5% de las exportaciones agrarias no tradicionales.

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El café concentra las ventas tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$775 millones entre enero y agosto, un crecimiento de 3,1% respecto al mismo periodo de 2025. El café sin tostar ni descafeinar representó US$702 millones, la mayor parte de esta categoría.

Le siguieron el azúcar refinada, con US$29 millones, y otros azúcares de caña, con US$10,1 millones. De acuerdo con el Midagri, los principales productos de este segmento concentraron el 96,7% de los envíos tradicionales.

En agosto, las exportaciones tradicionales alcanzaron US$241,7 millones, un avance interanual de 10,5%. El café aportó US$226,2 millones durante ese mes.

El comportamiento de ambas categorías fue distinto: las exportaciones tradicionales crecieron 3,1% en el acumulado, mientras que las no tradicionales aumentaron 2,2%. En conjunto, estas últimas representaron la mayor parte de las ventas agrarias al exterior.

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Estados Unidos lidera los destinos de exportación

Estados Unidos fue el principal mercado de destino de los productos agrarios peruanos entre enero y agosto. También destacaron Países Bajos, España, Chile, Reino Unido, México, China, Colombia, Ecuador y Canadá.

Los diez principales destinos concentraron el 78,9% del valor exportado durante el periodo. La participación de estos mercados permite dimensionar el peso que tienen en la colocación de la oferta agraria peruana.

Por otro lado, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$3.397 millones hasta agosto, según el Midagri. Este saldo corresponde a la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones incluidas en el indicador, por lo que no debe confundirse con las ganancias de las empresas del sector.

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La meta anual exige un mayor ritmo de exportación

La proyección oficial para 2026 se sitúa cerca del resultado del año pasado, cuando las agroexportaciones alcanzaron US$15.013 millones. Para llegar a los US$15.000 millones previstos, los envíos tendrían que sumar aproximadamente US$6.666 millones entre setiembre y diciembre.

Esto equivale a un promedio mensual de alrededor de US$1.667 millones durante los últimos cuatro meses del año, por encima de los US$1.493 millones exportados en agosto. La comparación permite dimensionar el ritmo requerido, aunque el resultado dependerá de la evolución efectiva de los envíos y de las variaciones propias de cada campaña agrícola.

Con los datos disponibles hasta agosto, las exportaciones agrarias mantienen un crecimiento interanual, pero todavía deben acumular el monto necesario para acercarse a la proyección anual del Midagri.

Durante declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sostuvo que aún es pronto para determinar qué medidas laborales podrían aplicarse, pues el impacto de la emergencia climática está por definirse.

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Sueldo mínimo: Gobierno prevé definir un aumento en los primeros meses de 2027

Consultado sobre la posibilidad de que el fenómeno de El Niño afecte los derechos laborales o el sueldo mínimo, Sheput descartó ese escenario y aseguró que la remuneración mínima vigente será respetada.

"Es muy probable que sea durante el primer trimestre o durante los cuatro primeros meses del próximo año", señaló al referirse al momento en que podría definirse el incremento.

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Suspensión perfecta: aún no se contemplan bonos para los trabajadores

Sobre la posibilidad de otorgar un bono a quienes dejen de percibir su remuneración por una suspensión perfecta de labores, Sheput respondió que todavía no existe una medida de ese tipo. Explicó que la magnitud de los efectos del evento climático aún está por determinarse, por lo que consideró prematuro generar expectativas sobre una ayuda económica específica.

La suspensión perfecta permite que se interrumpan temporalmente las obligaciones de trabajar y pagar la remuneración, mientras se mantiene el vínculo laboral. Según explicó el ministro, las empresas pueden recurrir a este mecanismo ante situaciones extremas, bajo las condiciones previstas en la normativa y con fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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Sheput indicó que la autoridad supervisa las solicitudes para verificar si corresponde aplicar la medida. También mencionó que el procedimiento puede contemplar periodos de entre 30 y 90 días, aunque los plazos y requisitos deben contrastarse con la normativa vigente antes de publicar.

Gobierno anuncia recursos para atender los efectos de El Niño

El ministro señaló que el Ejecutivo tiene planes para las zonas que ya registran impactos asociados al evento climático. En ese marco, mencionó bonos por hasta S/2.500 millones e inversiones en infraestructura, dentro de un monto total de S/18.000 millones destinado, según sus declaraciones, a mitigar los efectos.

Por otro lado, al ser consultado sobre un nuevo programa Reactiva Perú, Sheput afirmó que no se había planteado esa posibilidad. Añadió que las decisiones sobre medidas extraordinarias de apoyo económico a las empresas corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 26 de octubre

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La alerta llega cuando los fondos del Bono Familiar Habitacional de Techo Propio, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, están por agotarse. Ambos gremios señalaron que, pese a las gestiones ante las autoridades, todavía no se ha concretado una asignación adicional que permita mantener la entrega de estos beneficios en los próximos días.

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Techo Propio podría quedarse sin fondos para nuevos bonos de vivienda

El Bono Familiar Habitacional permite que las familias accedan a una ayuda económica del Estado para comprar una vivienda. Para quienes no cuentan con suficientes ahorros, este aporte puede marcar la diferencia entre concretar la compra de una casa o seguir postergándola.

Sin una ampliación presupuestal, la entrega de nuevos subsidios podría interrumpirse, dejando a potenciales compradores sin el apoyo que esperaban recibir. La situación también genera incertidumbre entre los proyectos inmobiliarios que dependen de estos beneficios para atender a las familias interesadas en adquirir una vivienda.

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Ahora, la preocupación está en si habrá dinero suficiente para mantener estas asignaciones. Los gremios advierten que la incertidumbre no se limita a los próximos días, sino que también alcanza al presupuesto que el Estado destinará a estos programas en 2027.

Menos subsidios podrían empujar a más familias a zonas de riesgo

Capeco y CODIP también advirtieron que reducir los recursos para vivienda social puede agravar el déficit habitacional, es decir, la falta de viviendas adecuadas para cubrir las necesidades de la población, ya que cuando las familias de menores ingresos no encuentran opciones formales que puedan pagar, aumenta la presión por ocupar terrenos sin servicios básicos o ubicados en zonas expuestas a peligros.

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El riesgo es mayor ante la llegada del fenómeno de El Niño, que puede agravar las condiciones de las familias que viven en zonas expuestas a inundaciones y otros eventos climáticos. Sin opciones de vivienda formal a precios accesibles, muchos hogares podrían terminar ocupando terrenos vulnerables.

Por ello, ambos gremios pidieron al Ejecutivo garantizar la continuidad de los subsidios durante 2026 y al Gobierno y al Congreso revisar los recursos previstos para 2027.

El proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), presentado por el Ejecutivo al Congreso, plantea cerrar esa etapa. No habría nuevos inscritos en el Reinfo, los actuales tendrían 18 meses (del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028) para culminar sus trámites y el procedimiento ordinario sería más sencillo. También se crearía una entidad especializada para centralizar gestiones y reforzar la trazabilidad de los minerales.

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Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, y José De Echave, economista e investigador de CooperAcción, analizaron para La República los alcances y las limitaciones del proyecto. Herrera considera que la iniciativa es “una buena base inicial para iniciar una discusión sobre el tema”, aunque advierte que aprobarla no garantiza que el problema se resuelva. De Echave, por su parte, cuestiona que la propuesta deje de lado factores estructurales que frenan la formalización y sostiene que la política pública debe responder a la dimensión que ha alcanzado la informalidad minera.

La diferencia central entre el Reinfo y el procedimiento ordinario es que el primero permite extraer mientras se tramitan los requisitos, y el segundo exige tener las autorizaciones antes de operar. La excepción buscaba facilitar la transición, pero se prolongó diez años.

Según el exministro, el problema no se explica solo por la conducta de los mineros: los trámites ordinarios también sostuvieron el registro. Los describió como "larguísimos" e "insufribles", con exigencias innecesarias o duplicadas y gestiones repartidas entre varias autoridades. De acuerdo con las cifras que maneja, unas 80.000 personas se inscribieron, cerca de 30.000 habrían ejercido la actividad y poco más de 2.000 completaron el proceso.

La propuesta busca que el mecanismo no vuelva a ser una excepción permanente, y promete simplificar el procedimiento ordinario para que quien quiera formalizarse no dependa de un sistema lento y disperso.

El cambio también busca atacar algo más grave, y es que sirva de cobertura para actividades ilegales. Herrera Descalzi separa a los pequeños mineros informales que quieren regularizarse de quienes operan en zonas prohibidas o usan el registro para mover minerales e insumos. Cerrar el mecanismo sin ofrecer una salida viable dejaría atrapados a quienes sí quieren formalizarse; mantenerlo sin controles terminaría beneficiando a quienes encubren actividades ilícitas.

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FORMAPE y trazabilidad: qué cambiaría para la pequeña minería

El proyecto propone crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Tendría una ventanilla única para centralizar gestiones que hoy pasan por distintas instituciones y facilitar el seguimiento de cada expediente.

La trazabilidad, es decir, seguir el recorrido del mineral desde su origen hasta su destino e identificar a quienes participan en la extracción, el transporte y la comercialización, ocupa un lugar central. Para Herrera Descalzi, el control debe abarcar no solo el punto de extracción, sino también las rutas y las plantas de procesamiento.

Aun así, advierte que la propuesta está en una etapa general, pues marca una orientación, pero falta desarrollar los mecanismos concretos. Y una sola entidad no puede con todo: la fiscalización en carreteras involucra a la Policía y al Ministerio del Interior, y las investigaciones y sanciones requieren a otras autoridades.

Por eso el reto no termina con crear una institución o aprobar una ley. "La capacidad del Estado de poder ejecutar lo que está planteando es lo más difícil de todo", afirmó. La coordinación entre sectores, los recursos y la continuidad de los controles decidirán si la propuesta repite los problemas del Reinfo.

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Ley MAPE deja fuera el problema de las concesiones

Para José de Echave, economista e investigador de CooperAcción, la discusión no puede limitarse a mejorar los trámites. La minería artesanal y de pequeña escala cambió de dimensión, impulsada por la rentabilidad del oro, y la producción se dispersó entre más actores mientras ganaba terreno la actividad informal e ilegal.

Los cuatro principales productores de oro pasaron de concentrar cerca del 80% de la producción en 2005 al 31,1% en 2024, según sus cifras, y buena parte de ese espacio lo ocupan hoy pequeños mineros, informales y operadores abiertamente ilegales.

A su juicio, el proyecto no responde a esa transformación porque se centra en la pequeña minería y la minería artesanal sin abordar la informalidad que las rodea. Además, objeta que se plantee separado de la Ley General de Minería: "Muchos de los cuellos de botella están en la ley general de minería y no van a ser solucionados en una ley MAPE".

Uno de esos cuellos de botella es el acceso a las concesiones, ya que quienes buscan formalizarse suelen depender de la autorización de los titulares para trabajar legalmente en sus territorios. Según el análisis, de los 22 millones de hectáreas concesionadas, unos 3 millones estarían en uso. El investigador propone discutir mecanismos para que parte de las áreas no utilizadas pueda aprovecharse, bajo condiciones, por mineros que quieran formalizarse.

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Presupuesto y fiscalización ponen a prueba la propuesta

Para De Echave, no basta con cambiar las reglas si el Estado no tiene recursos para hacerlas cumplir. Cuestiona que se destinen alrededor de S/14 millones a la formalización de una actividad que, según las estimaciones que cita, mueve unos US$15.000 millones. También advierte que los operativos contra la minería ilegal pierden fuerza cuando disminuyen los efectivos y los recursos: se retira el personal y, al poco tiempo, las operaciones vuelven a instalarse. Por eso, considera necesario diferenciar a quienes buscan formalizarse de quienes trabajan en zonas prohibidas o recurren a la violencia, y mantener el control sobre toda la ruta del mineral, desde su extracción hasta su procesamiento y transporte.

Herrera Descalzi también advierte que la aprobación no garantiza que la ley funcione. Su principal preocupación es que las medidas se cumplan. "La ley MAPE es el dicho, y el hecho es que consiga sus objetivos", sostuvo.

El problema estará en hacer cumplir las nuevas reglas. No basta con vigilar dónde se extrae el mineral; también hay que controlar los camiones que lo transportan y las plantas donde se procesa, algunas de las cuales declaran volúmenes de oro que, según el exministro, merecen especial atención. Esa tarea tampoco depende solo del Ministerio de Energía y Minas. En las carreteras intervienen la Policía y el Ministerio del Interior, mientras que el Poder Judicial también tiene un papel cuando se debe determinar si una operación actúa dentro de la ley.

Para Herrera Descalzi, contar con un marco legal que ordene la actividad sería un primer paso. La prueba vendrá después, cuando se vea si los mineros logran formalizarse y si el Estado consigue impedir que quienes operan al margen de la ley sigan aprovechando las brechas del sistema.

El límite de déficit subirá de 1,4% a 2,4% del producto bruto interno (PBI), mientras que la meta de reducirlo al 1%, prevista inicialmente para 2028, se posterga hasta 2031.

Para acompañar el cambio, la presidenta anunció un paquete de S/18.000 millones adicionales para el próximo año. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo que la intervención busca evitar que la actividad económica pierda ritmo frente a los choques climáticos y externos.

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MEF posterga hasta 2031 la reducción del déficit fiscal

La nueva trayectoria fiscal plantea cerrar 2027 con un déficit de 2,4% del PBI, reducirlo a 2,2% en 2028, a 1,8% en 2029 y a 1,4% en 2030, hasta llegar al 1% en 2031. Con el esquema anterior, ese último objetivo debía alcanzarse en 2028. El cambio concede tres años adicionales para cumplir la meta.

El Ejecutivo sostiene que el país cuenta con espacio para responder a los riesgos porque su deuda es menor que la de otras economías de la región. La presentación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la deuda peruana se ubicaría entre 26,2% y 30,3% del PBI hasta 2031, frente a niveles regionales cercanos al 70%.

Ese margen permite al Gobierno plantear una respuesta fiscal sin partir de los niveles de endeudamiento de otros países latinoamericanos. Sin embargo, el resultado dependerá de que el gasto adicional cumpla su propósito y de que la reducción del déficit se concrete según el calendario anunciado.

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Bonos, mantenimiento e infraestructura: ¿cómo se distribuirán los S/18.000 millones?

Keiko Fujimori detalló que S/2.500 millones se destinarán a bonos para familias vulnerables, que recibirán el apoyo durante un periodo de tres a cinco meses, según sus necesidades. Otros S/2.000 millones financiarán el mantenimiento de obras públicas y S/500 millones se asignarán a subsidios para combustibles.

La mayor partida será la de infraestructura, con S/13.000 millones. De ese total, S/6.000 millones irán a infraestructura educativa y S/7.000 millones a culminar obras paralizadas que ya registren un avance importante. La apuesta del Ejecutivo es priorizar proyectos que puedan retomarse o terminarse en un plazo relativamente corto, con la expectativa de generar empleo y mantener la actividad económica.

El peso de la infraestructura dentro del paquete responde a dos objetivos: sostener la inversión pública y acelerar trabajos que ya cuentan con avances. No obstante, el efecto sobre el empleo y la economía dependerá de la capacidad de las entidades públicas para ejecutar los recursos y de cuánto demoren las obras en ponerse en marcha o concluirse.

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El paquete también contempla medidas para dar liquidez a las empresas, entre ellas el aplazamiento de obligaciones tributarias en sectores afectados y mecanismos para facilitar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Durante la conferencia, Cuba reconoció que todavía faltaba precisar qué compañías accederán a esos mecanismos y cuáles serán los montos y procedimientos.

El ministro aclaró que los S/18.000 millones corresponden a una medida distinta del crédito suplementario de más de S/8.200 millones que avanza en el Congreso para financiar gastos de este año, como la continuidad de obras públicas, las pensiones de policías y militares, la ampliación de colegios y el mantenimiento.

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El ahorro estimado por ProInversión responde a la reducción del precio por barril y de los costos de transporte. No obstante, Talara aún opera al 64% de su capacidad de destilación, según informó Petroperú a La República, por lo que la refinería también debe avanzar en su recuperación operativa para alcanzar el nivel de procesamiento previsto.

La petrolera estatal espera superar los 80.000 barriles diarios de procesamiento hacia fines de este año. Para alcanzar esa meta, todavía debe completar la puesta en operación de Flexicoking, unidad cuyos trabajos de inspección y mantenimiento culminaron recientemente.

Esta recuperación también se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la gestión de la petrolera. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) sostuvo que las restricciones de liquidez limitaron la compra de crudo y cuestionó los resultados de la intervención de ProInversión. El gremio también pidió aclarar el destino del crédito puente de US$475 millones otorgado a la empresa. Sus críticas se refieren al financiamiento y a la estrategia de recuperación de Petroperú, no específicamente a los contratos con Ecuador.

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Compra directa busca reducir los costos del crudo

Los contratos fueron adjudicados en concursos internacionales convocados por Petroecuador. El primero comprende 4,32 millones de barriles durante seis meses y el segundo, 11,88 millones durante once meses. Las entregas están programadas entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027.

Según ProInversión, la adquisición directa permitirá reducir entre US$8 y US$10 el costo por barril frente a compras anteriores. La entidad calcula un ahorro de aproximadamente US$3 millones por cargamento y proyecta que el beneficio podría alcanzar hasta US$180 millones anuales.

El transporte también tendría un impacto en los costos. ProInversión señala que el recorrido del crudo pasaría de aproximadamente 17 días a unos tres días, mientras que el flete se reduciría de entre US$7 millones y US$8 millones a alrededor de US$1,8 millones por buque.

La petrolera estatal estima que el traslado hasta Talara o Bayóvar tomará entre tres y cuatro días. La cercanía del proveedor ecuatoriano evitará el tránsito por el Canal de Panamá y facilitará la programación de las entregas y la reposición de inventarios. Según la empresa, esta ventaja adquiere importancia ante posibles contingencias logísticas asociadas al fenómeno de El Niño.

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Talara busca elevar su procesamiento

La Nueva Refinería Talara tiene una capacidad de destilación de 95.000 barriles diarios. Al operar al 64%, su nivel actual equivale a unos 60.800 barriles por día. Petroperú prevé superar los 80.000 barriles diarios al cierre de 2026, aunque esta meta todavía depende de la evolución de sus operaciones.

La empresa indicó que los trabajos programados de inspección y mantenimiento de Flexicoking culminaron con éxito y que la unidad continúa en maniobras de arranque. Su puesta en funcionamiento será progresiva, conforme a los protocolos técnicos y de seguridad.

La recuperación de esta unidad es relevante para aumentar el procesamiento y mejorar el aprovechamiento de la materia prima. No obstante, contar con un mayor volumen de crudo no garantiza por sí solo que la refinería alcance la meta prevista: también debe consolidar su capacidad operativa.

La operación también marca la reanudación de las relaciones comerciales entre Petroperú y Petroecuador después de cuatro años. El acuerdo busca diversificar el abastecimiento de la refinería y reducir su exposición a los costos logísticos de proveedores más distantes.

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Petroperú recupera el 100% del contrato del Lote 192

La compra de petróleo ecuatoriano se produce mientras Petroperú mantiene pendiente la reactivación del Lote 192, ubicado en Loreto. El yacimiento, cuya producción está paralizada desde febrero de 2020, debía desarrollarse bajo un esquema que incorporaba a Altamesa Energy Perú como socio privado. Sin embargo, la empresa comunicó en enero de 2025 su intención de transferir el 61% de su participación contractual por su situación económica y financiera, según información recogida en los estados financieros auditados de Perupetro.

El programa de trabajo del lote contemplaba la perforación de 41 pozos de desarrollo y uno exploratorio. No obstante, la salida de Altamesa modificó las condiciones previstas para ejecutar esas actividades y obligó a revisar la estructura contractual. En octubre de 2026, el Gobierno aprobó la transferencia de la participación de la empresa a Petroperú, que volvió a concentrar el 100% del contrato.

El cambio, sin embargo, no equivale a la reanudación de la producción. La norma no establece una nueva fecha de inicio de operaciones ni precisa cuánto crudo podría aportar el yacimiento una vez reactivado. Por ahora, el desarrollo del Lote 192 y su eventual contribución al abastecimiento de Talara dependen de la ejecución de las actividades pendientes y de las condiciones para retomar la explotación.

El impacto de los contratos se conocerá conforme se ejecuten las entregas y se concreten los ahorros previstos. A la par, Petroperú deberá demostrar que puede recuperar su capacidad de procesamiento en medio de los cuestionamientos de Fenpetrol sobre la gestión financiera de la empresa y el papel de ProInversión.

El anuncio se produce en el marco de las medidas económicas que prepara el Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno El Niño y las presiones sobre el costo de vida. Sin embargo, aún falta conocer cómo se concretará la entrega del dinero a los pensionistas.

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¿Qué falta conocer sobre el pago del bono de la ONP?

Hasta el momento, no se ha informado la fecha exacta del depósito ni la modalidad que se utilizará para entregar el beneficio. Tampoco se han publicado instrucciones específicas sobre la necesidad de realizar algún trámite o presentar documentación adicional.

Estos detalles son necesarios para los pensionistas que buscan saber cuándo podrán disponer del dinero y si deben efectuar alguna gestión previa. Mientras no se publiquen las condiciones operativas, no corresponde asumir que será necesario inscribirse ni dar por confirmado un procedimiento de pago determinado.

La información difundida hasta ahora permite identificar el monto aproximado, la población beneficiaria y el mes previsto para la entrega, pero no establece un cronograma por grupos de pensionistas ni precisa cómo se resolverán eventuales incidencias en el cobro. La ONP y el Ministerio de Economía y Finanzas deberán comunicar esas condiciones para que los beneficiarios conozcan el procedimiento aplicable.

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¿Qué cambios ha recibido la ONP?

Durante 2026 se aplicaron modificaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Entre ellos, el incremento del tope máximo de las pensiones hasta S/1.000 y un reajuste de hasta S/100 para determinados beneficiarios. Esta última medida alcanzó a más de 237.000 pensionistas.

La diferencia entre ambos tipos de apoyo es importante: los reajustes previsionales cambian el monto que reciben los beneficiarios comprendidos en la medida, mientras que el bono anunciado para diciembre constituye un ingreso excepcional. Por tanto, su entrega no implica por sí misma una nueva modificación de la pensión mensual.

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¿Qué otros bonos anunció el Gobierno?

El Ejecutivo también anunció una asignación de S/2.500 millones para bonos destinados a familias vulnerables. Entre los grupos considerados figuran hogares del sur andino expuestos a pérdidas de ganado y cultivos, familias afectadas por las lluvias en el norte y personas perjudicadas por huaicos y desbordes de ríos.

El ministro Elmer Cuba explicó que la distribución de estas ayudas dependerá de la magnitud de los daños y de la identificación de la población afectada. Para estos grupos, todavía deben precisarse los montos individuales y los criterios de asignación.

El bono para los jubilados de la ONP tiene, por ahora, dos datos definidos en el anuncio: un monto cercano a S/200 y una entrega prevista para diciembre. La fecha exacta, la modalidad de pago y los pasos que deberán seguir los beneficiarios continúan pendientes de información oficial.

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Las observaciones iniciales fueron recogidas en la Resolución N.° 8853-2026/CCO-INDECOPI y corresponden a desembolsos incluidos en informes trimestrales entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Según la entidad, los documentos presentados no permitieron sustentar suficientemente diversos pagos ni identificar con claridad algunos proveedores o los servicios vinculados con esos gastos.

Los conceptos observados incluyen consultorías, combustible, pagos a comunidades, servicios básicos, comedor, insumos y asesorías legales. También se cuestionaron desembolsos que excedían los límites presupuestarios o que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado.

La liquidación de Doe Run Perú se prolonga desde hace aproximadamente 14 años, en un proceso que aún enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de los recursos y la documentación de los gastos. En ese contexto, las sanciones impuestas a la anterior liquidadora se centran en desembolsos que no pudieron ser acreditados ante la autoridad concursal.

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Gastos fuera del presupuesto superaron los US$5 millones

Entre los principales cuestionamientos figuran gastos no presupuestados por S/2,82 millones y US$5,09 millones, que, según el procedimiento, se habrían realizado sin la aprobación de la junta de acreedores. Estos representaban el 64,27% del total de gastos observados.

Dentro de ese grupo se encuentran pagos atribuidos a comunidades campesinas por S/1,8 millones y más de US$1,6 millones que no contaban con sustento formal suficiente.

También se observaron cerca de US$1,14 millones por consultorías relacionadas con el procedimiento concursal y con autorizaciones, licencias y permisos para operaciones mineras. A ello se sumaron US$141.600 por servicios informáticos y custodia de archivos digitales, así como US$148.680 por archivo físico e inventario.

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Otro desembolso cuestionado fue el de US$734.299 por asesoría contable para Representaciones Milán S.A.C. La documentación presentada no permitió sustentar suficientemente ese gasto ante la autoridad concursal.

Las observaciones también alcanzaron los pagos por alquiler de oficinas. Aunque el presupuesto establecía un máximo de US$4.000 mensuales, se reportaron desembolsos de US$12.000 al mes, el triple del límite previsto.

En asesoría legal se registraron gastos por S/30.000 y US$531.857. Según las observaciones del procedimiento, cerca del 80% del monto en dólares habría correspondido al Estudio Almerco y excedido lo presupuestado. Asimismo, se cuestionó un desembolso de US$1.506.392 registrado bajo el concepto de honorarios.

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Consultores A-1 solo acreditó el 10% y entregó documentación incompleta

La Resolución N.° 10853-2026/CCO-INDECOPI determinó que Consultores A-1 había sustentado US$921.919,84 de los gastos observados en esa moneda, alrededor del 10%. Tras la revisión, permanecieron sin acreditar US$8.133.660,16 y S/2.947.347,32.

Consultores A-1 cuestionó las observaciones de Indecopi y sostuvo que la mayoría de los gastos no reconocidos correspondían al mantenimiento de la unidad minera Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). En una carta del 22 de octubre dirigida al presidente encargado de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, la empresa afirmó que los desembolsos fueron informados a la Comisión de Procedimientos Concursales en coordinación con el supervisor concursal, quien, según su versión, no formuló objeciones, lo que a su juicio evidenciaría una aprobación tácita. También cuestionó que se exigiera un visto previo del supervisor sin que el convenio de liquidación hubiera detallado el procedimiento para obtenerlo.

La revisión también comprendió la documentación entregada a los liquidadores posteriores, Alva Legal y Marco Eusebio Chávez Magán. Parte de los documentos solicitados para sustentar los gastos observados no figuraba entre los registros transferidos, según los antecedentes del procedimiento.

La falta de esos documentos dificultó contrastar determinados desembolsos de la gestión anterior. Consultores A-1 señaló, en una carta del 22 de octubre, que aún se encontraba dentro del plazo para apelar la decisión de Indecopi. La empresa dispone de 15 días hábiles desde la notificación correspondiente para presentar ese recurso.