En la misma intervención, el legislador expuso las demandas de trabajadores del sector Educación. Entre ellas figuran el pago de un bono de excelencia para el personal CAS del Ministerio de Educación (Minedu), una bonificación por única vez para los trabajadores de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) y la actualización de las remuneraciones de este último grupo.

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Zunini plantea una excepción al cronograma progresivo de la CTS

La Ley 32563 reconoció el derecho de los trabajadores CAS a recibir una compensación por tiempo de servicios (CTS), cuya aplicación se realiza de manera gradual. El Decreto Supremo 142-2026-EF estableció que la base de cálculo será equivalente al 10% de la remuneración mensual por cada año de servicio durante 2026; el porcentaje subirá al 20% en 2027, al 30% en 2028 y al 50% en 2029. Recién desde 2030 se aplicará el 100%.

En ese contexto, Zunini solicitó que los trabajadores CAS que cesen por límite de edad durante 2026 y 2027 reciban el beneficio completo, sin sujetarse al porcentaje previsto para esos años.

El planteamiento está relacionado con la disposición que establece los 70 años como causal de extinción del contrato CAS. Sin embargo, Servir precisó que alcanzar esa edad no implica necesariamente un cese inmediato. Quienes tenían 70 años o más antes del 20 de julio de 2026 pueden continuar hasta el 31 de diciembre de este año. En tanto, quienes cumplan esa edad desde dicha fecha pueden solicitar permanecer en el mismo puesto hasta el cierre del año en que alcancen los 70, siempre que presenten la solicitud antes de cumplirlos. Para los contratos temporales, la continuidad está sujeta a su vigencia.

A este debate se suma una propuesta para ampliar ese periodo de permanencia, presentada por el senador Iber Antenor Maraví ante el presidente de la comisión, José Arista. Esta busca evaluar la inclusión de una disposición en el dictamen presupuestal que permita a los trabajadores CAS con contratos a plazo indeterminado continuar laborando, de manera excepcional y voluntaria, hasta el 31 de diciembre de 2030, pese a haber cumplido o cumplir 70 años.

La solicitud fue presentada a partir de los pedidos del Sindicato Nacional de Servidores del OEFA (SINSE-OEFA) y del SITRAM Wanka Willka-MPH. Ambos plantean que esta continuidad laboral se incorpore como una disposición complementaria final del Presupuesto 2027.

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Sindicato del Minedu pide bono de excelencia para trabajadores CAS

Zunini también expuso los reclamos del Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación (SITCASMED), que solicitó que se respete el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS) y se otorgue un bono de excelencia al personal contratado bajo ese régimen. La organización planteó ambos pedidos como parte de sus demandas laborales ante el sector.

El pedido se presenta mientras el sindicato mantiene un proceso de negociación colectiva con el Minedu. En abril de 2026, el ministerio conformó la representación empleadora encargada de negociar el proyecto de convenio colectivo presentado por el SITCASMED. Sin embargo, durante el debate presupuestal no se precisó si el bono de excelencia está incluido en ese pliego ni cuál sería el monto solicitado.

El pliego de reclamos de SITCASMED presiona directamente sobre el presupuesto sectorial, considerando que el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) es actualmente el más numeroso del aparato estatal peruano, con un estimado de 348.750 trabajadores a nivel nacional. El sindicato argumenta que el otorgamiento de la CTS integral es una deuda pendiente para frenar la precarización laboral del personal administrativo, el cual sostiene la operatividad del Ministerio de Educación y sus sedes descentralizadas.

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Trabajadores de los COAR piden reajuste salarial y bonificación extraordinaria

Los trabajadores de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) plantearon dos demandas económicas: actualizar sus remuneraciones, que —según lo expuesto por Zunini— no han recibido una actualización en un periodo prolongado, y habilitar el pago de una bonificación extraordinaria por única vez. El congresista llevó ambos pedidos ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y sostuvo que el personal que acompaña la labor docente también contribuye a los resultados educativos.

El reclamo coincide con un proceso de negociación colectiva en el sector. En marzo de 2026, el Minedu conformó la representación empleadora encargada de negociar el proyecto de convenio colectivo presentado por el Sindicato de Trabajadores de los Colegios de Alto Rendimiento. Este antecedente da cuenta de una agenda de demandas laborales para ese personal, aunque la resolución no permite afirmar que los pedidos expuestos por Zunini estén incluidos en dicho convenio.

Las demandas del personal de soporte de los COAR coinciden con la reciente reestructuración del Modelo de Servicio Educativo realizada por el Minedu para la Red COAR nacional. Adicionalmente, el debate presupuestal sectorial cuenta con el antecedente de propuestas de créditos suplementarios en el sector Educación que evalúan bonos extraordinarios específicos (como el de S/300 para el personal administrativo bajo el régimen 276), lo que intensifica la presión de los gremios CAS para obtener un trato equivalente en las bonificaciones por única vez.

Al revisar el comportamiento de los precios durante los episodios de El Niño de 2017 y 2023, Rodríguez señaló que las mayores presiones inflacionarias suelen concentrarse alrededor de marzo. Además del limón, mencionó a la cebolla, el pollo y los huevos entre los productos que podrían registrar incrementos.

En el caso del pollo, explicó que sus variaciones de precio suelen ser menores que las de otros alimentos. Sin embargo, su importante participación en la canasta de consumo hace que incluso un aumento moderado tenga repercusiones en el gasto de los hogares.

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Petróleo subió más de 70% en el año y presiona los costos

El impacto de El Niño coincidiría con el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes, dos factores que elevan los costos de producción y transporte de los alimentos. Rodríguez advirtió que el conflicto en Medio Oriente ha impulsado el precio del petróleo en más de 70% en lo que va del año y que no observa señales de una reversión cercana.

A ello se suman las dificultades en el suministro de fertilizantes por el cierre del estrecho de Ormuz. Este escenario puede encarecer los insumos utilizados por los productores agrícolas y trasladar mayores costos a los precios finales.

El especialista advirtió que las alteraciones climáticas podrían afectar la disponibilidad de algunos alimentos y, al mismo tiempo, elevar los precios de otros productos por las dificultades de transporte, comercialización y abastecimiento.

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Primer semestre de 2027 concentraría el mayor impacto en las familias

El encarecimiento de los alimentos podría coincidir con dificultades para generar ingresos si El Niño interrumpe actividades productivas y comerciales. Rodríguez advirtió que el fenómeno también podría elevar el desempleo, por lo que algunas familias tendrían que afrontar simultáneamente precios más altos y menores ingresos.

El impacto sería más severo entre los hogares vulnerables, que cuentan con menos margen para absorber el aumento del costo de los alimentos. El especialista señaló que las consecuencias dependerán de la actividad económica y de la zona del país.

En la costa norte, desde Tumbes hasta Lambayeque, los sectores pesquero, agrícola y agroindustrial estarían entre los más expuestos, con posibles efectos temporales sobre la producción y el empleo. En el sur, el riesgo estaría asociado a una eventual falta de lluvias, que afectaría la agricultura y el autoconsumo.

Rodríguez estimó que los efectos más fuertes del fenómeno se concentrarían durante el primer semestre de 2027. Una recuperación podría darse en la segunda mitad del año, aunque dependerá de la intensidad y duración de El Niño.

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Pescados y verduras subieron más de 23% en Lima durante octubre

Las presiones sobre los alimentos ya se reflejan en algunos productos. En octubre, los precios de pescados y mariscos en Lima Metropolitana acumularon un aumento interanual de 23,30%, mientras que las hortalizas, legumbres y tubérculos subieron 23,33%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Rodríguez vinculó el incremento de los productos hidrobiológicos con los oleajes anómalos y las variaciones de la temperatura del mar, que afectan la disponibilidad de recursos pesqueros. Entre los alimentos que registraron aumentos también mencionó las arvejas, el choclo y las zanahorias.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 4 de noviembre

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"El efecto de inflación se espera que esté al orden del 5% para el año que viene. Entonces, podría haber una afectación sobre salarios reales que pasen a tasa negativa, no necesariamente material, pero seguro que al orden del 2 o 3% por el efecto de inflación", explicó a La República.

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El impacto no se limitaría al encarecimiento del costo de vida. Las lluvias intensas, inundaciones y huaicos también podrían interrumpir las actividades económicas, afectar las operaciones de las empresas y generar desempleo. El economista advirtió que esta combinación tendría consecuencias más severas para los hogares vulnerables.

"Las familias pueden resentir dos efectos al mismo tiempo. Uno, la pérdida de capacidad adquisitiva por el efecto inflacionario, pero además la pérdida de parte del flujo de generación de ingresos", sostuvo.

El consumo privado representa cerca del 60% del producto bruto interno (PBI), por lo que una reducción de la capacidad de gasto de los hogares también tendría repercusiones sobre el crecimiento económico.

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El petróleo acumula un alza de 70% y añade presión sobre los precios

El impacto del fenómeno climático coincidirá con las presiones que ya generan los conflictos internacionales sobre los costos de producción. Rodríguez identificó dos choques que incidirán sobre los precios durante los próximos meses: el encarecimiento de los combustibles y las dificultades para abastecerse de fertilizantes.

"El petróleo en lo que va del año está arriba 70% y se está sosteniendo en esos niveles. Y no hay visos de reversión de este choque en el corto plazo", señaló. Sobre el segundo factor, agregó que el cierre del estrecho de Ormuz ha generado problemas en el abastecimiento de fertilizantes, lo que encarece la producción agrícola.

A estas presiones se sumaría la menor disponibilidad de determinados alimentos por las alteraciones climáticas. Según el ejecutivo, los datos de inflación de octubre ya muestran aumentos importantes en pescados y mariscos, así como en hortalizas, tubérculos y legumbres, rubros que registraron variaciones cercanas al 23% interanual.

El limón también figura entre los productos expuestos a mayores incrementos durante estos episodios, debido a la reducción de su producción. "En los fenómenos de El Niño de los últimos años, 2023 y 2017, hemos encontrado que dentro de la canasta de alimentos el limón puede duplicar o triplicar su precio por menor producción", indicó. También mencionó a la cebolla, el pollo y los huevos entre los productos que podrían registrar presiones.

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Inversión privada crecería entre 7,5% y 8% en 2027

El impacto económico también alcanzaría las decisiones de inversión de las empresas. Rodríguez estimó que la inversión privada crecería entre 7,5% y 8% durante 2027, por debajo del avance cercano al 10% registrado en 2025 y del 15% que se espera para este año.

Pese a la desaceleración, el ejecutivo sostuvo que las expectativas empresariales todavía permiten anticipar una recuperación de los proyectos durante la segunda mitad del próximo año, conforme disminuya la intensidad del fenómeno climático.

"Las expectativas, a pesar de que han decaído, todavía se sostienen en terreno optimista. Y el canal de expectativas es una variable que nos permite anticipar con cierto grado de fiabilidad el desempeño de la inversión el próximo año", explicó.

El vicepresidente de Inversiones de RIMAC señaló que las empresas deben anticiparse a las interrupciones que podrían afectar sus operaciones. Entre las principales medidas mencionó la identificación de trabajadores expuestos a zonas de riesgo y la revisión de las cadenas de proveedores y de las rutas de abastecimiento.

También consideró necesario que las compañías evalúen su disponibilidad de efectivo y las líneas de crédito a las que podrían recurrir si sus operaciones quedan paralizadas temporalmente.

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Ejecución de S/13.000 millones en infraestructura enfrentaría dificultades

Sobre los S/18.000 millones anunciados por el Gobierno para enfrentar los efectos del fenómeno, Rodríguez advirtió que la ejecución de los recursos destinados a infraestructura tendrá dificultades durante los meses de mayor intensidad de las lluvias.

De los S/18.000 millones anunciados por el Gobierno, S/13.000 millones se destinarían a infraestructura y S/2.500 millones a bonos para familias vulnerables. El paquete también contempla S/2.000 millones para el mantenimiento de obras públicas y alrededor de S/500 millones para subsidiar los combustibles. Rodríguez consideró que la efectividad de las transferencias dependerá de que el Estado identifique correctamente a los hogares que necesitan asistencia y consiga entregarles el apoyo oportunamente.

"Durante el fenómeno de El Niño es difícil desplegar gasto en infraestructura por las características del fenómeno, que puede generar inundaciones, deslizamientos, huaicos", advirtió.

A ello se suma el cambio de autoridades regionales y municipales, que obligará a definir qué niveles de gobierno estarán a cargo de las intervenciones. Rodríguez señaló que la oportunidad de inicio de las obras y la capacidad de ejecución de las nuevas administraciones serán determinantes para concretar las inversiones.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 3 de noviembre

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El contraste también se refleja en la composición de sus ingresos. Durante los primeros nueve meses de 2025, el mercado nacional representaba el 86% de las ventas, mientras que las operaciones internacionales aportaban el 12%. Para septiembre de 2026, la participación interna subió al 94% y la externa cayó al 4%. El porcentaje restante correspondió a la prestación de servicios.

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Petroperú vendió menos combustibles pese al crecimiento de sus ingresos nacionales

El aumento de la facturación en el mercado peruano no se tradujo en un mayor volumen de combustibles comercializados. En su informe de gestión, Petroperú reconoció que vendió menores cantidades de diésel, gasolinas y productos especiales debido a las restricciones en su capacidad de producción.

La petrolera atribuyó esta caída a sus problemas de liquidez, que dificultaron el abastecimiento regular de petróleo crudo para el procesamiento en sus refinerías. La menor disponibilidad de materia prima limitó la producción y la cantidad de combustibles que pudo colocar en el mercado interno.

A este escenario se sumaron las paradas programadas de algunas unidades para trabajos de mantenimiento, que afectaron la producción de diésel de bajo azufre, gasolinas y Turbo A1.

En el caso de la Nueva Refinería Talara, la empresa señaló que continuaba optimizando sus procesos y ajustando los gastos vinculados con la operación y el mantenimiento de sus instalaciones.

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Exportaciones de Petroperú cayeron a US$120 millones en nueve meses

El retroceso de las operaciones internacionales prolonga una tendencia que se observa desde 2024. Entre enero y septiembre de ese año, Petroperú registró US$367,2 millones por ventas externas. En el mismo periodo de 2025, el monto descendió a US$320,9 millones y, para 2026, llegó a US$120,1 millones. La reducción acumulada frente a 2024 fue de 67,3%.

La petrolera mantiene operaciones comerciales con distintos mercados internacionales. En mayo de 2026, informó que había concretado exportaciones de combustibles y derivados líquidos a Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, China, el Caribe y Estados Unidos, con un volumen acumulado superior al millón de barriles desde 2025 y durante los primeros meses de ese año.

Entre los productos exportados figuran gasolinas, naftas y otros derivados líquidos. También se encuentra el ácido sulfúrico producido en la Refinería Talara. En mayo de 2026, la empresa comunicó su cuarta operación de exportación de este producto a Chile, con un envío de aproximadamente 19.000 toneladas métricas. El volumen acumulado desde 2025 alcanzó entonces unas 75.000 toneladas.

Petroperú recibió US$475 millones, pero mantiene déficit de capital de trabajo

Las restricciones de liquidez que afectaron el abastecimiento de crudo también se reflejan en la situación financiera de la empresa. En septiembre, Petroperú concretó un financiamiento puente de US$475 millones, en el marco del Decreto de Urgencia 003-2026. De ese monto, US$217 millones llegaron a la compañía durante ese mes, según su informe de gestión.

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Los recursos estaban destinados a atender necesidades de liquidez y priorizar la compra de petróleo crudo. Sin embargo, al cierre de septiembre, la petrolera todavía registraba un déficit de capital de trabajo de US$1.364,6 millones, debido a que sus pasivos corrientes superaban sus activos corrientes.

En paralelo, sus ingresos por actividades ordinarias alcanzaron US$2.711,3 millones entre enero y septiembre, un crecimiento de 4,6% frente a los US$2.593,1 millones del mismo periodo de 2025. La utilidad bruta pasó de una pérdida de US$528.000 a una ganancia de US$630,4 millones.

La mejora también se reflejó en el resultado neto. Petroperú obtuvo una utilidad de US$145 millones, frente a la pérdida de US$355 millones registrada entre enero y septiembre del año anterior.

La compañía atribuyó este desempeño a los mayores márgenes entre las cotizaciones internacionales del crudo y sus derivados, la realización de inventarios de productos terminados entre marzo y septiembre, una estrategia de precios y la reducción de gastos operativos, de ventas y generales.

Con el nuevo procedimiento, la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) deberá revisar desde sus oficinas si los operadores cumplen con las condiciones exigidas antes de otorgarles el permiso.

El cambio fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 025-2026-EM, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma modifica el artículo 32 del Decreto Supremo N.° 018-2017-EM, que establece las reglas para obtener estas autorizaciones dentro del proceso de Formalización Minera Integral.

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La modificación se aprueba cuando faltan menos de dos meses para que venza el plazo vigente del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el decreto no amplía ese plazo ni cambia las condiciones que deben cumplir los mineros para obtener sus permisos.

Minem dispone que la formalización minera se verifique en gabinete antes de otorgar permisos

El nuevo texto del artículo 32 establece que la DGFM debe realizar una verificación en gabinete antes de emitir la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación y beneficio de minerales, así como el título de concesión de beneficio.

En términos sencillos, la disposición encarga a la Dirección General de Formalización Minera revisar desde sus oficinas que la actividad del minero informal se desarrolle conforme a lo establecido en el artículo 31 del mismo decreto. Este último contiene las condiciones que deben cumplirse para acceder a la autorización.

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Cabe recalcar que la modificación se limita a la revisión que debe realizar el Minem antes de otorgar los permisos. Las inspecciones en campo y otras acciones de fiscalización no son eliminadas por el decreto.

Autorizaciones para explotar minerales podrán ser declaradas nulas si no cumplen la verificación

Otro punto incorporado en el artículo 32 establece qué ocurrirá si se emiten autorizaciones sin cumplir con el procedimiento previsto. En esos casos, la autoridad competente deberá declarar su nulidad, de acuerdo con la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La disposición busca que la emisión de permisos respete la revisión previa que ahora corresponde a la DGFM. No se trata de una anulación general de las autorizaciones ya entregadas, sino de una consecuencia para aquellas que hayan sido emitidas sin observar lo establecido en el artículo modificado.

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A partir de este cambio, la revisión será obligatoria antes de emitir las autorizaciones de inicio o reinicio de operaciones y los títulos de concesión de beneficio.

Minem busca reducir tiempos y costos en los trámites de formalización minera

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo señala que la modificación apunta a simplificar el procedimiento, reducir los tiempos de evaluación y los costos asociados, sin comprometer el rigor técnico de las revisiones. El Minem sostiene que la medida permitirá mejorar la eficiencia en la emisión de estas autorizaciones.

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La Dirección General de Formalización Minera es el órgano del ministerio encargado de realizar los trámites y las acciones administrativas vinculadas con este proceso. La Ley N.° 32213 reconoce al Minem como ente rector de la pequeña minería y minería artesanal y le asigna a esta dirección las funciones relacionadas con su formalización.

La modificación se incorpora a un proceso de formalización cuyo plazo vigente para los inscritos en el Reinfo concluye el 31 de diciembre de 2026.

El deterioro del sector también se refleja en sus resultados comerciales. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones pesqueras peruanas alcanzaron los US$2.977 millones, una caída de 13,3% frente al mismo periodo de 2025, cuando sumaron US$3.433 millones, según la asociación empresarial. El gremio prevé que los envíos cerrarán el año en terreno negativo debido a las condiciones oceanográficas y su impacto sobre la disponibilidad de especies hidrobiológicas.

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El presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de ADEX, José Ernesto Muñoz, advirtió que la evolución de las condiciones del mar será determinante para el cierre de 2026 y el desempeño de 2027. La incertidumbre se concentra en la próxima temporada de captura de anchoveta, debido a que una apertura tardía o con una cuota reducida prolongaría la paralización de parte de la flota.

Harina y aceite de pescado concentran una caída de 26,8% en sus exportaciones

La pesca tradicional registró exportaciones por US$1.397 millones entre enero y agosto de 2026, una contracción interanual de 26,8%. Su menor desempeño no pudo ser compensado por el avance de algunos productos destinados al consumo humano directo. Este segmento comprende principalmente los despachos de harina y aceite de pescado elaborados a partir de anchoveta, que, según ADEX, representan casi la mitad de las exportaciones pesqueras.

El problema también tiene un componente biológico. En junio, el Ministerio de la Producción suspendió las actividades extractivas de anchoveta destinadas al consumo humano indirecto en la zona norte-centro del litoral, tras las evaluaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que advirtieron la persistencia de condiciones ambientales cálidas y una mayor vulnerabilidad del recurso.

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Muñoz señaló que ocho de cada diez ejemplares identificados eran juveniles, por lo que respaldó la decisión de suspender la extracción en esa zona. Las condiciones cálidas modifican la distribución y el comportamiento de la anchoveta, que puede desplazarse hacia la costa, profundizarse y trasladarse hacia el sur.

La medida de conservación también representa un costo para las empresas pesqueras. De acuerdo con el representante de ADEX, una segunda temporada de pesca de anchoveta en condiciones normales puede generar entre US$900 millones y US$1.400 millones en exportaciones, dependiendo de la cuota autorizada.

Pota aumentó 56% en volumen, pero menores precios limitaron sus ingresos

El comportamiento de las exportaciones pesqueras no fue uniforme. Mientras la pesca tradicional registró una fuerte contracción, algunos productos destinados al consumo humano directo mostraron avances.

Entre enero y agosto, el volumen exportado de pota creció 56%. Sin embargo, la reducción de sus precios internacionales limitó el incremento de los ingresos obtenidos por sus ventas al exterior. También registraron un desempeño favorable el perico, el atún y la concha de abanico, mientras que la trucha presentó un retroceso.

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Gremio pide créditos con garantía estatal para empresas pesqueras

Ante el deterioro de los resultados del sector, ADEX solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establecer una línea de financiamiento con garantía estatal, administrada por Cofide, que incluya a las pequeñas empresas pesqueras formales.

El gremio también planteó postergar hasta fines de 2027 los pagos a cuenta del impuesto a la renta y del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), además de permitir el fraccionamiento de deudas tributarias y garantizar la cobertura de EsSalud para los tripulantes.

Muñoz advirtió que una apertura tardía de la siguiente temporada o una cuota reducida podría mantener a parte de la flota sin operar durante más de un año. En ese escenario, las empresas tendrían que seguir afrontando costos fijos sin ingresos suficientes para sostener sus operaciones.

Las aprobaciones se dieron durante una sesión encabezada por el senador José Arista, presidente de la comisión, con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Aunque ambos dictámenes recibieron mayoría de votos, todavía queda pendiente la discusión del proyecto de Ley de presupuesto, que establece cuánto dinero tendrá cada nivel de gobierno y cuáles serán las prioridades del gasto estatal.

Estado podrá endeudarse por US$2.800 millones en 2027

La Ley de Endeudamiento recibió 23 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones. Con esta autorización, el Estado podrá contratar deuda por hasta US$2.800 millones y S/19.183 millones en 2027.

El dinero se destinará a financiar proyectos de transporte, justicia, saneamiento y salud, así como a cubrir otras obligaciones del sector público.

Uno de los principales mecanismos previstos es la emisión de bonos soberanos por hasta S/17.221 millones. Según explicó Arista, el 67,2% del endeudamiento se realizaría en moneda nacional, una decisión que busca reducir la exposición del Estado a las variaciones del tipo de cambio.

Por su parte, el ministro Elmer Cuba manifestó su conformidad con el dictamen y consideró que se ajusta a las disposiciones constitucionales y a las reglas de sostenibilidad de la deuda pública.

Presupuesto 2027 se financiará principalmente con ingresos fiscales

La segunda norma aprobada fue la Ley de Equilibrio Financiero, que obtuvo 25 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. Su objetivo es asegurar que los recursos disponibles para el Estado alcancen para cubrir el gasto previsto. Para el 2027, los ingresos y gastos considerados ascienden a S/266.506 millones.

De acuerdo con la sustentación de Arista, el 90,8% del presupuesto se financiará con ingresos fiscales, mientras que el 9,2% restante provendrá de operaciones de endeudamiento. Este último porcentaje representa una reducción de 23,4% frente al financiamiento previsto para el 2026.

La propuesta también incorpora mayores recursos para los gobiernos subnacionales. El Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), mecanismo que transfiere recursos a las municipalidades, crecerá 59,2%, mientras que las transferencias por canon y sobrecanon aumentarán 27,4%.

La discusión del dictamen también estuvo marcada por cuestionamientos al procedimiento. La diputada Lila Prado, de Buen Gobierno, advirtió que la comisión no había remitido el informe del MEF sobre tres artículos observados de la propuesta de Equilibrio Financiero. Arista respondió que el documento sí había sido compartido con los legisladores, aunque a través de WhatsApp.

En tanto, el senador Flavio Figallo cuestionó que el debate y la votación de las tres leyes presupuestarias se programaran durante la semana de representación, cuando los parlamentarios deben desarrollar actividades en sus regiones.

A estos cuestionamientos se sumó Juntos por el Perú, que votó en abstención el predictamen de Equilibrio Financiero. La bancada argumentó que la comisión no había remitido información sobre los resultados de las exoneraciones y beneficios tributarios, cuyo monto supera los S/24.000 millones.

Gobierno nacional concentrará S/166.613 millones del presupuesto

En la misma sesión se sustentó el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2027, que asciende a S/266.506 millones y representa un incremento de 3,5% frente al presupuesto inicial aprobado para el 2026.

La distribución propuesta contempla S/166.613 millones para el Gobierno nacional, S/58.672 millones para los gobiernos regionales y S/41.222 millones para los gobiernos locales. En conjunto, las administraciones regionales y municipales recibirían S/99.894 millones.

De las 138 disposiciones incluidas en el proyecto, 133 cuentan con consenso y cinco todavía están pendientes de acuerdo. Cuba expresó su conformidad con el predictamen presentado ante la comisión.

El debate continuará este martes 3 de noviembre, desde las 9.00 a. m., con la participación del titular del MEF y funcionarios de su sector. La comisión deberá seguir revisando las disposiciones pendientes del proyecto, antes de concluir la discusión de la tercera norma que integra el paquete presupuestario.