Según Luis Carbajal Calderón, director de Gestión del Gas Natural de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem, esta medida alcanza a cerca de 70.000 taxistas formales, de los cuales alrededor de 65.000 están en Lima y Callao, mientras que 5-000 en Ica.

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¿Dónde hay mayores inscripciones para el bono de S/ 120?

En Lima Metropolitana y Callao, los distritos en los que se registra un mayor número de inscripciones para el descuento de S/ 120 son San Juan de Lurigancho, Chorrillos, San Martín de Porres, Comas, Callao, La Victoria, Los Olivos, Cercado de Lima, entre otros.

Cabe precisar que el descuento no se entrega en efectivo, sino que se aplica al consumo de GNV. Asimismo, es acumulable y puede usarse en varias cargas hasta llegar al monto total. La fecha límite para registrarse es el 31 de diciembre de 2026.

El paso a paso para registrarse y acceder al bono GNV

El proceso que deberán seguir los taxistas es el siguiente:

1. Deberán ingresar al LINK: https://infogas.cloudservicebc3.com/
2. Registrar la placa del vehículo y el número de la TUC para que el sistema valide la información
3. Deberá elegir una estación de servicio donde usará el pedido
4. En un plazo de hasta tres días hábiles, podrá empezar a utilizar el descuento, el cual es acumulativo hasta alcanzar los S/120.

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Suspensión de pagos del FISE por 60 días

Como se recuerad, el Minem anunció que los beneficiarios afectados por la emergencia no tendrán que pagar sus créditos del FISE durante 60 días. Esta medida busca aliviar la carga económica de las personas más vulnerables. El fondo seguirá garantizando el acceso al gas y otros servicios esenciales.

La suspensión aplica automáticamente a todos los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos. Durante este período, no se acumularán intereses ni penalidades. La medida forma parte del paquete de apoyo frente a la emergencia.

Según la consultora, existe una gran probabilidad de que se mantengan condiciones cálidas en los próximos meses, aunque todavía predomina una alta incertidumbre respecto a la intensidad, duración e impactos tanto del Niño Costero como de un eventual Niño Global. En ese contexto, mayo se perfila como un punto de inflexión clave para contar con mayor claridad sobre la evolución del fenómeno. “Mientras tanto, la prioridad para las empresas debe ser anticipar escenarios, revisar su nivel de exposición y fortalecer sus planes de prevención y continuidad”, señaló Frank Chávez, gerente de Ingeniería y Prevención de Riesgos Patrimoniales de Gallagher Perú. 

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La información técnica analizada apunta de manera consistente a un otoño con temperaturas marinas y costeras por encima de lo normal, con la posibilidad de que estas condiciones se extiendan hacia el invierno. No obstante, Gallagher precisa que, por el momento, la evolución prevista sería de menor magnitud en comparación con el evento registrado en 2023, aunque ello no elimina los riesgos asociados. 

Pesca, agroexportación y logística fluvial bajo presión 

En el sector pesquero, el calentamiento del mar podría alterar significativamente la disponibilidad de anchoveta, ya que el recurso tiende a profundizarse y a desplazarse hacia el litoral. La mayoría de los modelos proyecta un calentamiento relevante del mar al menos hasta la zona de Pisco durante mayo, lo que podría cerrar la ventana de pesca de anchoveta en la costa centro‑norte a mediados de abril. 

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Como antecedente, un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que, en años recientes con presencia del Fenómeno de El Niño Costero, la mediana de captura de anchoveta en la zona norte‑centro se redujo en 48% durante la primera temporada y en 67% en la segunda, reflejando el alto impacto del fenómeno en la actividad extractiva. 

En la agroexportación, los riesgos varían de acuerdo con el cultivo y su calendario productivo. En el espárrago, el calor en la costa puede afectar directamente la calidad del producto. En el arándano, un invierno más cálido podría generar impactos más marcados entre julio y setiembre, mientras que en la uva de mesa, la mayor sensibilidad se concentra entre octubre y enero. 

Esta vulnerabilidad se refleja en el desempeño histórico del sector. De acuerdo con el IPE, durante los últimos 15 años la producción de cultivos orientados a la exportación creció en promedio 10% en años sin Fenómeno El Niño Costero, pero solo 4% en los años en los que sí se presentó, evidenciando una desaceleración significativa asociada al riesgo climático. 

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A ello se suma el impacto potencial en la logística fluvial. Existe el riesgo de sequías en la sierra y la selva, lo que podría afectar la navegación en los ríos amazónicos durante la segunda mitad de 2026. De consolidarse un componente global del fenómeno, podrían registrarse niveles bajos de agua en primavera, comprometiendo el transporte fluvial y la continuidad de las cadenas logísticas. “En este contexto, el riesgo climático no debe evaluarse únicamente por la posibilidad de lluvias, sino también por sus efectos sobre la temperatura, la calidad productiva, las ventanas operativas y la continuidad logística”, subrayó Frank Chávez. 

Coincidencia de fenómenos: un escenario de mayor severidad 

El Niño Costero, asociado al calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana, es monitoreado por la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). Para 2026, los reportes indican la posible ocurrencia de un evento débil, con un periodo potencialmente más intenso entre mayo y julio. 

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Por su parte, el Niño Global, vinculado al calentamiento del Pacífico ecuatorial y seguido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), podría comenzar a desarrollarse desde junio, favoreciendo escenarios más secos durante la segunda mitad del año. De coincidir ambos fenómenos, los impactos tienden a ser más diversos, prolongados y severos, incrementando de manera significativa los niveles de riesgo para los sectores productivos. 

Al cierre de marzo, el país mantiene condiciones cálidas débiles vigentes desde inicios de febrero. Si bien el enfriamiento registrado durante marzo, asociado a vientos del sur, contribuyó a reducir parcialmente el calor y las lluvias, ello no implica la eliminación del riesgo climático. Ya no se esperan lluvias extremas generalizadas con daños estructurales severos; sin embargo, podrían presentarse episodios intensos de corta duración, principalmente en la costa y la sierra norte, especialmente entre abril y mayo. 

Es importante señalar que las decisiones de la Sala Plena del TAP son de cumplimiento obligatorio. Esto significa que sus resoluciones sirven como guía y deben aplicarse cada vez que haya casos similares en temas de pensiones. El TAP depende administrativamente de la Jefatura de la ONP y sus decisiones son de alcance nacional. ​​​​​​​​​​​​

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¿De qué se encarga el Tribunal Administrativo Previsional?

Este órgano autónomo se encarga de resolver en última instancia administrativa las controversias que existan sobre derechos y obligaciones previsionales de los regímenes a cargo del Estado de los Decretos Leyes N° 18846 y N° 19990, Ley N° 30003 y el Decreto Ley N° 20530; así como otros regímenes previsionales a cargo del Estado que sean administrados por la ONP. Por ejemplo, cuando la ONP rechaza solicitudes de pensionistas, el TAP revisa los reclamos para garantizar que la pensión se calcule correctamente

Además, entre otras funciones, el TAP dispone la publicación de los pronunciamientos que correspondan, conforme a la normativa vigente. Asimismo, resuelve los Recursos de Queja que presenten los administrados contra las actuaciones o procedimientos que los afecten y que se originen de las solicitudes que se encuentran en trámite en el Tribunal Administrativo Previsional.

Funciones de los vocales del TAP

Baca Merino y Córdova Salazar son los nuevos vocales del TAP. Ambos, elegidos tras un Concurso Público, deberán encargarse de las siguientes funciones:

• Acudir a las sesiones de las salas programadas por la Secretaría Técnica
• Sesionar en Sala Plena y adoptar los acuerdos tomados en ésta
• Adoptar los criterios acordados en Sala Plena que constituyen precedentes de observancia obligatoria
• Firmar las actas emitidas durante las sesiones

¿De qué se encarga la Secretaría Técnica del TAP?

Se encarga de brindar soporte técnico a las Salas y al Tribunal Administrativo Previsional. A cargo se encuentra un secretario, que depende del presidente del TAP. Estas son las funciones de la Secretaría:

• Elaborar los proyectos de dictamen y de resoluciones de las Salas y del TAP
• Brindar apoyo técnico y administrativo a las Salas y al Tribunal Administrativo Previsional, realizando las coordinaciones necesarias en los demás órganos de la ONP
• Proponer las fechas y preparar las sesiones de las Salas y del TAP
• Producir indicadores de eficiencia y eficacia de los procesos internos, administrativos y de gestión de las Salas y del TAP

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¿Qué es la ONP?

La ONP reconoce, califica, liquida y paga los derechos pensionarios en cumplimiento del marco legal. Este organismo público técnico se encarga de administrar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). A diferencia de las AFP, en el caso de la ONP el dinero aportado no va a una cuenta individual, sino a un fondo común.

Además de la jubilación regular, la ONP brinda protección en diversas situaciones de vida:

• Jubilación: Para aquellos que cumplan con la edad (65) y años de aporte (20)
• Invalidez: Dirigida a quienes cuya capacidad laboral se ha reducido en un 50% o más, ya sea por enfermedad o accidente.
• Sobrevivencia: Se incluyen las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia.

Para Melissa Vallebuona Peña, gerenta de Manufacturas del gremio, se trata de una cifra relevante para el sector, sobretodo en un contexto difícil de reactivación del mercado automotor en América Latina. 

"De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), en el 2025 se vendieron más de 6 millones 100 mil vehículos, reflejando un crecimiento de 7,1% respecto al 2024. Este desempeño demuestra una mejora en los niveles de consumo y una mayor dinamización de las economías de la región", sostuvo Vallebuona.

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Presencia en América Latina: un alto potencial crecimiento

De acuerdo con ADEX Data Trade, otros destinos fueron Chile, Bolivia, Venezuela, y Panamá, con envíos superiores a US$ 1 millón; sin embargo, aún presentan un alto potencial de crecimiento.

Asimismo, recordó que Perú también exporta otros bienes como guarniciones para frenos (EE. UU., Alemania, Colombia), ruedas dentadas (EE. UU., Colombia, Venezuela), parabrisas (EE.UU., Chile, México), discos (Surinam, EE.UU., Ecuador), entre otros.

Entre el 8 y el 11 de abril, empresas nacionales mostrarán sus productos en la feria Automechanika Buenos Aires 2026. Otras empresas visitarán el evento para estudiar si participarán en la próxima edición. La feria es uno de los encuentros más importantes del sector automotor en Latinoamérica. Reunirá a fabricantes, distribuidores, importadores y proveedores de más de 30 países.

El evento incluirá toda la cadena de valor, desde autopartes y componentes hasta equipos de diagnóstico y mantenimiento. También presentará novedades en eficiencia energética y sostenibilidad. Durante los cuatro días habrá ruedas de negocios y espacios de networking. Estas actividades buscan generar alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de inversión.

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¿Cuáles fueron las principales exportadoras?

Entre las principales exportadoras se encuentran:

• Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.
• Corporación Enerjet S.A.
• Baterías Volta S.A.
• Whoosh Perú S.A.C.
• Compañía Peruana de Baterías S.A. 
• Schneider Electric Perú S.A. 
• Operaciones Globales & Servicios Atlas S.A.C.
• VGG Soluciones Industriales E.I.R.L. 
• Datacont S.A.C.
• Equipments & Supplies Mining Tech S.A.C.

La propuesta legislativa busca habilitar el retiro parcial de los ahorros previsionales mediante un procedimiento que sería administrado por las AFP, permitiendo solicitar la liberación de sus recursos. El documento detalla las condiciones, plazos y alcances que regirían la aplicación de la medida en caso de ser aprobada por el Congreso.

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Retiro AFP de hasta 4 UIT: quiénes podrían acceder y cuánto dinero se liberaría

El proyecto precisa que el retiro sería voluntario y aplicable a todos los afiliados, sin diferenciar si se encuentran trabajando, están desempleados o aportando de manera activa.

Cada miembro decidirá si desea acogerse al retiro total o parcial dentro del límite establecido. De esta manera, el acceso al dinero dependería exclusivamente de la decisión personal del aportante, sin que exista obligación de retirar los fondos.

Asimismo, el documento enfatiza que los recursos retirados conservarían su carácter de intangibles, lo que significa que no podrían ser objeto de embargos, retenciones o descuentos.

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Procedimiento de solicitud ante AFP: pasos, plazos y modalidad de pago

La propuesta detalla que los afiliados deberán presentar una solicitud formal ante su Administradora de Fondos de Pensiones para iniciar el proceso de retiro. Las AFP serían responsables de habilitar canales virtuales y presenciales para registrar las solicitudes dentro de los plazos que se establezcan.

Es necesario precisar que el desembolso de los fondos no sería inmediato ni en una sola armada. El proyecto contempla que la entrega del dinero se realice de forma progresiva, a través de pagos parciales y en periodos determinados desde la presentación de la solicitud.

Además, se dispone que las AFP deberán informar a los afiliados sobre el estado de sus solicitudes y los cronogramas de pago, garantizando la transparencia del proceso.

Obligaciones de las AFP y alcance general de la medida previsional

El proyecto establece que, de aprobarse la norma, las AFP tendrían la obligación de implementar todos los mecanismos operativos necesarios para ejecutar el retiro extraordinario. Esto incluye adecuar sistemas, plataformas digitales y procesos administrativos para atender la demanda de solicitudes.

Asimismo, se indica que la medida tendría carácter excepcional y se aplicaría exclusivamente bajo las condiciones definidas en la ley, en el marco del SPP. En esa línea, la iniciativa fija responsabilidades claras para las administradoras respecto a la atención de los afiliados y la entrega de los recursos dentro de los plazos previstos.

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AFP: se aprobaron 8 retiros extraordinarios de fondos hasta 2026

Hasta el 2026, en nuestro país se han aprobado ocho retiros extraordinarios de fondos de las AFP, medidas impulsadas desde 2020 para enfrentar los efectos económicos de la pandemia y la posterior desaceleración económica.

A lo largo de estos años, los afiliados han podido acceder a distintos montos de sus ahorros previsionales, desde liberaciones parciales de S/2.000 y porcentajes del fondo, hasta retiros de hasta 4 UIT en las etapas más recientes.

Respecto al cierre del miércoles 1 de abril (S/3,4535), la cotización mostró una variación de 0,74%. En tanto, en el mercado paralelo (cambistas), el dólar se ubicó el lunes en S/3,415 para la compra y S/3,440 para la venta, según el portal cuantoestaeldolar.pe.

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Cabe precisar que esta variación de la divisa se da en medio de la crisis del conflicto en Medio Oriente y por el alza en los precios del petróleo y el gas, después de los ataques a las infraestructuras energéticas.

Precio del dólar en Perú cerró a la baja este 7 de abril

De acuerdo a lo detallado por Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, el dólar cerró en S/3.427, retrocediendo 10 puntos básicos frente al cierre previo del lunes: S/3.428. Durante la jornada, la oferta provino de empresas no residentes. En el mercado se negoció US$ 122 millones a un precio promedio de S/3.4353.

Cabe precisar que el dólar tuvo un nivel mínimo de S/3.423 y un nivel máximo de S/3.440. El PMI no manufacturero del ISM se ubicó en 54,0 en marzo, por debajo de lo esperado y del dato previo, mostrando una moderación en el crecimiento del sector servicios, aunque aún se mantiene en zona de expansión.

Además, Asencios sostuvo que el índice de precios del ISM no manufacturero subió a 70,7, superando las previsiones y el dato anterior, lo que evidencia un aumento en los costos dentro del sector y posibles presiones inflacionarias.

¿Cuánto está el dólar en los principales bancos del Perú?

Aquí te contamos cómo está el precio del dólar en los principales bancos del país.

BCP

• Compra: S/3.525
• Venta: S/3.540

BBVA

• Compra: S/3.468
• Venta: S/3.608

Interbank

• Compra: S/3.493
• Venta: S/3.576

Banco Pichincha

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,569

Scotiabank

• Compra: S/3.519
• Venta: S/3.558

Tipo de cambio en Sunat

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el tipo de cambio utilizado para las operaciones en la entidad se ubica actualmente en S/3.426 para la compra y S/3.449 para la venta.

Este valor se actualiza de manera diaria en función de las variaciones del mercado y tomando como referencia el tipo de cambio reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Cómo convertir de dólares a soles?

Para poder convertir de dólares a soles, te enseñamos una tabla con cifras de 1 dólar a 5000 dólares.

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Jorge Guillén: “No creo que el tipo de cambio se dispare este año”

Jorge Guillén, docente de la Universidad ESAN, consideró poco probable que el dólar registre un alza significativa este año, a pesar del contexto electoral interno y del conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a Andina, explicó que no visualiza un escenario lo suficientemente adverso que provoque un fuerte salto del tipo de cambio.

“No creo que lleguemos a tener un escenario tan complejo que haga que el tipo de cambio se dispare”, declaró. El especialista agregó que, desde el punto de vista macroeconómico, el país mantiene fundamentos sólidos, aunque insistió en que aún se requieren reformas estructurales para fortalecer la economía.

También remarcó que Perú destaca en la región por su baja volatilidad cambiaria y advirtió que un escenario de alta variación del dólar tendría impactos negativos debido al nivel de dolarización, afectando exportadores, deudores en dólares y elevando el riesgo cambiario.

¿Cómo saber si un dólar es falso?

Impresión en relieve

Esta estrategia consiste en mover el dedo de arriba hacia abajo del hombro de Benjamin Franklin, el lado izquierdo del billete se deberá sentir áspero al tocarlos.

Cinta de Seguridad 3D

Otra forma de ver si un billete de dólar es falso es por la franja azul vertical ubicada en el lado derecho de la imagen de Benjamin Franklin, deberá estar tejida y no impresa, podrás darte cuenta cuando mueves el billete, además las campanas impresas en la franja se convierten en números 100 y viceversa.

Campana y tintero

Podrás identificar si un billete es verdadero o falso por la campana impresa sobre el tintero, que representa a los pozos utilizados para firmar la declaración de independencia norteamericana, este deberá de cambiar de color cobre a verde cuando muevas o inclinas el billete.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en Perú?

Además de la Sunat, existen varias instituciones en el país que publican información sobre la cotización del dólar. Entre ellas destacan el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Banco de la Nación.

Estas entidades son fuentes confiables para revisar el precio actualizado del dólar. Su seguimiento resulta relevante para entender el comportamiento económico del país y tomar decisiones financieras con mayor información.

La sentencia declara fundada en parte una acción popular contra esta norma y deja sin efecto el decreto que, desde 2022, prohibía tercerizar funciones consideradas como el “núcleo del negocio”.

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Para Luis Vinatea, socio de Vinatea & Toyama, se trata de una decisión de alto impacto en el ámbito laboral y empresarial. Según indicó, el decreto anulaba de forma indebida el alcance de la Ley N° 29245, que regula la tercerización en el país.

En esa línea, la Corte Suprema concluyó que el decreto vulneró el principio de jerarquía normativa, al incorporar el concepto de "núcleo del negocio", inexistente en la ley. Además, determinó que dicha definición era imprecisa, ya que no establecía criterios claros para identificar qué actividades podían ser tercerizadas.

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Esta falta de precisión, según el fallo, afectó los principios de seguridad jurídica y tipicidad, al generar incertidumbre en las empresas. Con la decisión, el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR queda sin efecto en sus aspectos centrales y sus implicancias se aplican a todas las empresas del país. En adelante, la tercerización podrá seguir utilizándose bajo la Ley N.° 29245 y su reglamento previo.

Tercerización en actividades principales será válida, pero se sancionará el fraude

Sin embargo, la Corte Suprema precisó que esto no impide sancionar casos de tercerización indiscriminada, fraudulenta o abusiva, los cuales seguirán siendo fiscalizados bajo la normativa vigente.

Así, la ilegalidad no radica en tercerizar actividades centrales en sí mismas, sino en utilizar esta figura para encubrir una relación laboral directa o vulnerar derechos laborales.

Por ejemplo, según lo que establece la Corte, una empresa sí puede tercerizar incluso actividades principales, siempre que los trabajadores no dependan directamente de ella. Si están bajo sus órdenes, entonces se considera un uso fraudulento.

La tercerización ocurre cuando una empresa contrata a otra para que se encargue de parte de su trabajo y está regulada en el Perú por la Ley N.° 29245. El decreto establecía que no se pueden tercerizar las labores principales o esenciales del negocio, ya que ello podía usarse para evadir responsabilidades laborales o reducir beneficios a los trabajadores.

El decreto ahora anulado había introducido el concepto de “núcleo del negocio” para referirse a la actividad principal de una empresa, prohibiendo que esta pudiera ser ejecutada por terceros.

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En diálogo con La República, el abogado laboralista Renzo Castillo consideró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú de anular el decreto impulsado durante el gobierno de Pedro Castillo "representa un retroceso en materia de protección laboral".

Según explicó, la norma que restringía la tercerización en actividades nucleares del negocio había permitido avanzar en la identificación de casos de desnaturalización de la tercerización. "Antes de ese cambio, los trabajadores tenían mayores dificultades para lograr reposiciones o reconocimiento de derechos cuando se comprobaba que la tercerización encubría una relación laboral directa", apuntó.

Castillo señaló que la normativa había dado mayor claridad a los jueces, quienes empezaron a contar con herramientas más explícitas para determinar cuándo una empresa tercerizaba actividades que en realidad formaban parte de su giro principal.

A su juicio, el problema de fondo es que la tercerización suele utilizarse para trasladar costos laborales a empresas contratistas, muchas de ellas micro o pequeñas empresas, mientras la compañía principal mantiene las mayores utilidades. “La finalidad muchas veces es reducir derechos laborales y abaratar costos, dejando esas obligaciones en empresas más pequeñas”, indicó.

Con la decisión judicial, advirtió, "el escenario vuelve a una situación similar a la previa a la reforma, cuando era más complejo cuestionar estos esquemas en los tribunales".

Sindicatos alertan abusos, mientras empresas celebran mayor claridad

Gustavo Minaya, secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuestionó el fallo de la Corte Suprema al considerar que, con la anulación del decreto, “se avalan prácticas como la explotación laboral, la contratación irregular y los abusos por parte de las empresas”.

Para el gremio, permitir la tercerización de actividades principales “desnaturaliza la relación laboral y convierte al trabajador en un mero instrumento de rentabilidad”.

A contraparte, gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX) saludaron la decisión y señalaron que la norma anulada había generado incertidumbre, afectado el dinamismo de las inversiones y puesto en riesgo miles de empleos formales en sectores estratégicos.

En esa línea, sostuvieron que el fallo contribuye a restablecer reglas más claras y a reforzar la confianza de los inversionistas en el país.

Recordemos que en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad del Decreto Supremo N.º 001-2022-TR, al desestimar la demanda interpuesta por Lima Airport Partners (LAP), que alegaba una vulneración a la libertad de empresa.

El colegiado señaló que la norma tiene como finalidad resguardar los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, al restringir la tercerización a actividades especializadas.

Sin embargo, con el decreto de urgencia 010-2025 promovido por el vacado presidente José Jerí en las postrimerías del 2025, "los resultados financieros de la petrolera al cierre del primer trimestre del 2026 serán negativos", advierte el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), no por fallas operativas, sino por la inacción o presunta intencionalidad del Gobierno.

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El principal problema que vive hoy Petroperú es la ausencia de liquidez (dinero inmediato). Sin recursos para adquirir crudo a precios internacionales, Petroperú se ha visto obligada a reducir su nivel de refinación, operando apenas con unos 60.000 barriles diarios frente a una capacidad cercana a los 100.000 barriles en la nueva Refinería de Talara.

"Esta subutilización no solo limita los ingresos, sino que impacta directamente en la estructura financiera de la empresa, elevando su nivel de endeudamiento y deteriorando su imagen pública", señala el gremio.

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En diálogo con La República, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, señaló que la impasibilidad del Gobierno está agravando la operatividad de la empresa estatal, y criticó que en medio de la recuperación, el Gobierno no haya destinado recursos para sostener las operaciones de Petroperú y aumentar la producción de combustibles.

"La Refinería de Talara está parada hoy debido a la falta de recursos que se deriva en el mantenimiento. Hay una indiferencia clarísima de parte del Poder Ejecutivo; se va agudizar el problema. Petroperú a pesar de sus limitaciones todavía tiene para producir, pero ahora será más grave. Tendrá que importar más caro lo que demanda el mercado nacional", indicó.

Desde el gremio de trabajadores de la petrolera advierten que esta inacción haría ver a Petroperú ineficiente, lo cual no refleja su situación real.

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Ganancias por procesar crudo se elevan a niveles históricos y el Gobierno no lo aprovecha

En la industria petrolera, las empresas integradas verticalmente, es decir, aquellas que operan en exploración, refinación y comercialización, cuentan con tres principales fuentes de ingresos como la explotación de lotes petroleros, la refinación de crudo y la venta minorista de combustibles.

De estas, la refinación suele ser la de menor rentabilidad, con márgenes que en condiciones normales rondan los US$15 por barril. Sin embargo, este escenario ha cambiado. Durante la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, los márgenes de refino, que resultan ser la ganancia obtenida por procesar crudo, se dispararon hasta llegar a los US$50 por barril.

Una situación similar se observa actualmente con la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que a todas luces abre una ventana de alta rentabilidad para las refinerías en operación.

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A diferencia de 2022, cuando la Nueva Refinería de Talara aún no estaba operativa y Petroperú se vio obligada a importar combustibles caros que luego vendía con descuentos por disposición del Gobierno, generando pérdidas; hoy el país sí cuenta con una infraestructura moderna capaz de capturar estos altos márgenes que a la fecha se han incrementado un 233% .

Sin embargo, ante la falta de apoyo del Gobierno, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, indicó a La República que "se está perdiendo una oportunidad valiosa de capitalizar esos ingresos al tener limitada la refinería por falta de capacidad de comprar crudo para procesarlo". "Talara es una de las 13 refinerías más avanzadas del mundo y tiene un margen de refinación mayor porque trata crudo pesado. Es una paradoja", observó.

Enfatizó que Petroperú "está en cuidados intensivos", debido que el "apoyo no se ha dado como debe ser y se ha manejado a la petrolera de una manera poco responsable".

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Según pudo conocer este diario, al promediar las 10:00 a.m. de ayer domingo 5 de abril, la Refinería de Talara se paralizó debido a la falta de mantenimiento en sistemas críticos, como la planta desalinizadora de agua de mar, indispensable para el proceso de refinación.

"Estamos trabajando en recuperar la operación de la planta desalinizadora y ver que otras actividades críticas se puede realizar con los recursos disponibles", apuntó una fuente de la empresa.

Hoy con la guerra en Medio Oriente, los márgenes de refino con niveles cercanos a los US$50 por barril, están muy por encima del promedio histórico de US$15, siendo una oportunidad excepcional para empresas refinadoras, que ya está siendo aprovechada por competidores regionales, refrendó el STAPP.

"Se invirtieron más de US$6.000 millones en una Refinería de primer nivel, pero hoy no se cuenta con los fondos necesarios para operarla a plena capacidad", agregó.

Además, la estrategia del Gobierno de ofrecer garantías para que Petroperú acceda a financiamiento en el mercado resulta insuficiente y tardía, señalan desde el gremio, ya que estos procesos pueden demorar semanas o meses, periodo en el que la empresa podría verse obligada a paralizar operaciones por falta de recursos. Remarcan que el contexto político, marcado por la cercanía de elecciones, incrementa la incertidumbre entre potenciales prestamistas.

Petroperú: inyección de recursos o mayor deterioro

Frente a este panorama, plantean que la solución más viable es una inyección directa de liquidez para reactivar la compra de crudo y aprovechar el contexto internacional favorable, junto con medidas para mejorar la gobernanza de la empresa.

Esta semana, el Gobierno anunciaría las medidas que ayudarían a Petroperú, sin embargo la principal expectativa es el anuncio de un aporte de capital a la empresa y la derogatoria del decreto de urgencia 010-2025, lo cual aún no se ha concretado pese a anuncios previos. El propio presidente Balcázar adelantó a los gremios sindicales con quienes se reunió que el decreto se iba a derogar y que se la estaba "jugando por Petroperú", pese a las presiones empresariales.

Sin embargo, días después el presidente del Consejo de Ministros José Luis Arroyo descartó que el Ejecutivo derogue el decreto. Recordemos que antes de asumir el mandato, siendo congresista, Balcázar firmó un proyecto de ley como coautor para eliminar esta disposición que impulsó el régimen de José Jerí, abriendo así el camino de la privatización de la petrolera.

"Importar combustibles refinados implica pagar el valor agregado por terceros, mientras que adquirir crudo permitiría generar ese margen dentro del país, contribuyendo a la mejora de la balanza comercial y a la recaudación fiscal", advirtió el secretario general del STAPP, José Luis Saavedra.

Otro riesgo inmediato es que el alza internacional de los combustibles, impulsada por el contexto de guerra en Irán, tendrá efectos directos sobre la balanza comercial del país. En lugar de depender de combustibles más caros, el Perú podría estar comprando crudo y capturando el margen de refino que actualmente favorece a otras empresas privadas del mercado.

De debilitarse a la empresa se podría agravar problemas económicos como pobreza, crisis e inflación, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

"Esto es un atentado a la economía. La consecuencia es que se disparará la inflación y se afectará el crecimiento de la economía. Mantener el decreto 010-2025 deja sin rumbo a Petroperú", señaló Narvaez.

Gamio remarca que ello "afectará la canasta de productos básicos de las familias peruanas", peor aún debido a que, a la fecha, "no existe un plan claro de contingencia".

Durante una rueda de prensa, Hernández explicó que el PNI solo incorpora proyectos que ya cuentan con un modelo definido de viabilidad financiera y capacidad de endeudamiento. "El Plan Nacional de Infraestructura integra únicamente los proyectos que ya tienen un modelo previsto de viabilidad de endeudamiento y que cuentan con las condiciones para su implementación. Las Líneas 3 y 4 son proyectos mucho más complejos que necesitan un modelo de estructuración financiera", señaló el titular de la ATU. 

Por otro lado, indicó que las líneas 3 y 4 tomarán hasta una década en concretarse. "El estimado del proyecto es de nueve a 10 años. Es un plazo que se puede lograr la totalidad del proyecto", adelantó.

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Líneas 3 y 4 serán desarrollados bajo esquema APP 

Hernandez señaló que estas líneas han sido incorporadas a un programa de priorización para su desarrollo mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), lo cual permitirá incluir nuevas fuentes de financiamiento y hacer los proyectos más sostenibles para el Estado.

“Lo que vamos a tener es un programa de priorización de proyectos que van en APP. Estos proyectos tienen un valor no solo técnico, sino social, porque reducen tiempos de viaje, eliminan externalidades negativas y disminuyen los sobrecostos de la movilidad actual”, afirmó. 

Asimismo, explicó que uno de los principales ejes del nuevo modelo financiero será la generación de ingresos no tarifarios, vinculados al desarrollo urbano alrededor de las estaciones.

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Para ello, se requerirán modificaciones normativas tanto en la ley de creación de la ATU como en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS). “Recuerden que tenemos algunos ingresos no tarifarios en proyectos por ejemplo, como Línea 1, pero son muy pequeños Están pensados dentro de la misma eje de los vehículos y sus propias estaciones”.

El funcionario adelantó que se espera que dichas modificaciones estén listas hacia fines de año y que formen parte de un planteamiento al próximo gobierno y Congreso. “La ciudad necesita consolidar un modelo que no dependa exclusivamente del gasto público, sino que utilice las potencialidades propias de los proyectos”, sostuvo. 

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Líneas 3 y 4: “Ya se tiene el decreto supremo de priorización de los proyectos en APP” 

En esa misma línea, Hernández anunció que en las próximas semanas se publicará un decreto supremo que formaliza la priorización de estos proyectos bajo el esquema de APP. "Ya se tiene el decreto supremo de priorización de los proyectos en APP y esperamos que sea publicado en un plazo máximo de dos semanas”, dijo. 

Por su lado, ProInversión sostuvo que, si se logra integrar mejor las etapas de estructuración, transacción, ejecución y operación, así como anticipar problemas críticos vinculados a la ingeniería, los predios y las interferencias, y estructurar los proyectos pensando en todo su ciclo, y se formaliza la decisión sobre las líneas 3 y 4, otros proyectos más podrían ingresar de manera oficial a la cartera de asociaciones público‑privadas. “Para ello, se publicará en la próxima semana un decreto supremo que dará inicio a esas actividades, un inicio que ya no queremos llamarle APP u otra modalidad”, afirmó.

Este grupo está conformado principalmente por madres cuidadoras, guías de familia, socias de cocina y otros voluntarios que desempeñan funciones esenciales en el cuidado infantil temprano. El dictamen obtuvo 10 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, y ahora depende del Pleno para convertirse en ley. 

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Actualmente, estos actores comunales no reciben un salario competente ni beneficios sociales, pues el Estado contempla su labor como un voluntariado, donde apenas reciben incentivos de S/400 o S/500, pese a realizar trabajos fundamentales en el desarrollo de niñas y niños menores de 36 meses que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Trabajo clave, pero históricamente precarizado 

Si bien el modelo de Cuna Más se sostiene en la colaboración entre el Estado y las comunidades —lo que ha permitido llevar servicios a las zonas más remotas del país—, el rol de los actores comunales ha sido históricamente subvalorado y precarizado. “Estas personas, principalmente mujeres, realizan tareas como cocinar, limpiar, cuidar niños y efectuar visitas familiares, pero sus funciones no han recibido el reconocimiento ni la compensación que realmente merecen”, indicó la socióloga Alejandra Dinegro en declaraciones a La República.

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En el caso de las madres cuidadoras—un puesto ocupado exclusivamente por mujeres— su labor constituye la primera línea de atención en los centros de Cuna Más. Este programa, creado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en 2012 sobre la base del antiguo Wawa Wasi (vigente desde 1993), hoy brinda servicios a más de 64.000 menores a nivel nacional. 

Dinegro afirma que la desvalorización de estas labores responde a la percepción de que el cuidado infantil, el trabajo doméstico y la atención a personas dependientes son “extensiones naturales del rol femenino”.

“Es una actividad que se asocia a las mujeres y tiende a percibirse como una habilidad natural y no como un trabajo que demanda formación, tiempo y esfuerzo. Esta percepción reduce justamente el valor de la mujer en el mercado laboral y se asume que las mujeres ya saben cuidar por su rol social, entonces no se considera necesario pagar adecuadamente por ello”, señaló la especialista en políticas públicas.

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MEF y Midis consideran que el dictamen no es viable

De acuerdo con cifras oficiales, más de 53.000 actores comunales sostienen las operaciones de Cuna Más en todo el país, donde las regiones con mayor número de voluntarios son Cajamarca (5.056), Cusco (3.594), Piura (3.140), Junín (3.104) y La Libertad (3.071),  donde en conjunto, atienden a 277.087 familias, entre ellas 20.343 gestantes.

Pese al respaldo obtenido en el grupo parlamentario en cuestión, los ministerios de Economía y de Inclusión Social consideran que el dictamen no es viable, pues argumentan que la propuesta generaría gastos no contemplados en el presupuesto y que no existe un estudio técnico que sustente los montos planteados

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Según sus estimaciones, la implementación del beneficio representaría un gasto adicional de más de S/97 millones, cifra que no está proyectada en el presupuesto del programa para los próximos años. 

Asimismo, advierten que la iniciativa vulneraría principios constitucionales como el equilibrio presupuestario y la responsabilidad fiscal, al crear obligaciones económicas sin un financiamiento definido.

También señalan que la norma no precisa adecuadamente quiénes serían los beneficiarios ni establece un mecanismo de diferenciación entre ellos. Además, alertan que el incremento propuesto podría afectar la autonomía del Poder Ejecutivo en la gestión de los recursos públicos. Para estas entidades, ejecutar el proyecto durante los próximos tres años sería inviable sin transferencias extraordinarias del MEF, las cuales no han sido previstas ni autorizadas. 

Un programa estatal sin sueldo digno 

Sin embargo, para Dinegro, este tipo de objeciones revela una falta de visión respecto al rol estratégico del cuidado, pues sostiene que una mayor inversión pública en este ámbito es fundamental y que el argumento recurrente de la falta de recursos evidencia la baja prioridad que se le otorga al trabajo de cuidado dentro de la política estatal.

“El Estado siempre dice que no tenemos plata suficiente y por lo tanto es difícil mejorar condiciones, pero se requiere que el cuidado sea visto como una prioridad de política pública. Si no está en la agenda pública, nunca va a haber interés por mejorar estas condiciones”, remarca. 

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La especialista también subraya el papel que juegan los roles de género en la persistente desvalorización de estas labores. Explica que el cuidado se sigue entendiendo como una habilidad “natural” de las mujeres, lo que reduce su valor social y económico.

“Esta percepción influye incluso en profesiones como la enfermería o servicios de salud, donde la feminización del rol se refleja en menores salarios y menor reconocimiento. El Estado cumple un rol ambivalente: mientras debe garantizar políticas para poblaciones vulnerables, al mismo tiempo perpetúa brechas de género al sostener programas basados casi exclusivamente en trabajo femenino precarizado, sin estándares claros de remuneración ni fiscalización adecuada”, indica.

Para revertir estas desigualdades, Dinegro plantea la necesidad de reconocer el trabajo de cuidado como una labor formal, con derechos laborales completos y con una remuneración acorde a su impacto social y económico.

Asimismo, propone avanzar hacia la profesionalización del sector mediante procesos de capacitación, certificación de competencias y rutas claras de desarrollo laboral dentro de un eventual Sistema Nacional de Cuidados. Todo esto, acompañado de una inversión pública sostenida que permita consolidar el cuidado como una prioridad en la agenda del Estado.

A través de esta nueva app, los usuarios podrán pagar, transferir, ahorrar y otros beneficios como recibir cashback (devolución de dinero). Esta nueva billetera parte de una base de 3,9 millones de usuarios debido a que integra productos financieros de Financiera oh y Agora (ambos del grupo Intercorp).

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La billetera llega con beneficios como un cashback de hasta 1% por las compras realizadas, además de descuentos y facilidades pensadas para el consumidor peruano. Entre ellas se incluyen pagos escolares, servicios básicos como agua, taxis y otros gastos del día a día. 

¿En qué se diferencia de otras billeteras digitales? 

Uno de los principales diferenciadores de Sip frente a otras billeteras del mercado es su sistema de devolución de un porcentaje del dinero gastado en compras cotidianas, que se puede usar en tiendas como plazaVea, Inkafarma, Promart, Oechsle, Mifarma y Mass, señaló Renzo Castellano, gerente general de Infinance XP. 

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La aplicación incorpora cuentas de ahorro de libre disponibilidad en soles y dólares, tarjetas de débito y crédito, depósitos a plazo fijo, pago de servicios, tipo de cambio y préstamos.

Cabe recordar que billeteras digitales como Yape han alcanzado los 15,9 millones de usuarios activos y procesan un volumen mensual de S/48.174,4 millones. Por su parte, Plin registra más de 4 millones de usuarios.

Las billeteras digitales lideran los servicios financieros en Perú 

El lanzamiento de Sip se da en un contexto de fuerte crecimiento de los pagos digitales en el país. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), nueve de cada 10 usuarios de servicios financieros digitales en Perú utilizan una billetera digital, y alrededor de tres de cada cuatro la emplean de forma diaria. 

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Asimismo, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el número de pagos digitales por persona adulta se multiplicó casi por siete en los últimos cinco años, lo que evidencia un avance sostenido hacia una economía cada vez menos dependiente del efectivo. 

Este crecimiento confirma que las billeteras digitales han dejado de ser una alternativa secundaria para consolidarse como un medio habitual para realizar compras, pagar servicios y efectuar transferencias.

En tanto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició la primera convocatoria 2026 del programa Techo Propio en la modalidad Construcción en Sitio Propio, con el propósito de que las familias que ya poseen un terreno inscrito puedan construir una vivienda digna con el respaldo del Estado.

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Bonos Familiares Habitacionales (BFH) 2026

La convocatoria contempla la entrega de 14.880 Bonos Familiares Habitacionales en las 24 regiones del país. La distribución prioriza zonas con mayor demanda habitacional, destacando Lima y Callao con 1.749 bonos, seguidos por Piura (1.329), San Martín (1.300), Ica (1.274), Áncash (1.238) y La Libertad (1.148).

Este subsidio busca facilitar la construcción de viviendas para familias que ya cuentan con terreno propio, permitiendo ampliar la cobertura del programa a nivel nacional.

Valor del BFH y montos diferenciados por región

El Bono Familiar Habitacional tiene un valor base de S/33.000, equivalente a seis UIT, y se entrega sin devolución. Sin embargo, existen incrementos especiales en regiones donde los costos de construcción son mayores.

En Madre de Dios el subsidio alcanza S/38.610 (+17%); en Amazonas y Cajamarca llega a S/37.620 (+14%); y en Huánuco y Pasco asciende a S/37.290 (+13%). Además, el bono aumenta si en el grupo familiar hay una persona con discapacidad severa que utiliza silla de ruedas, con el fin de adecuar la vivienda a sus necesidades.

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Requisitos para postular al programa Techo Propio

Las familias que deseen acceder al beneficio deben conformar un grupo familiar, contar con un terreno inscrito en Registros Públicos, no poseer otra vivienda o terreno y no haber recibido apoyo habitacional del Estado (FONAVI, BANMAT, FMV).

Además, el ingreso familiar mensual no debe superar los S/2.706 y se exige acreditar un ahorro mínimo de S/2.475 como parte del proceso de postulación.

Centros autorizados y orientación gratuita

La inscripción se realiza en centros autorizados del programa Techo Propio. También se puede recibir orientación en la Vitrina Inmobiliaria, ubicada en jirón Camaná 199, Cercado de Lima.

El sector recordó que todos los trámites e información del programa son completamente gratuitos y habilitó la línea 0800-12-200 para consultas de la ciudadanía.

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Techo Propio: ¿Qué es y cuántas viviendas se entregaron en 2024 y 2025?

El programa Techo Propio del MVCS entrega el Bono Familiar Habitacional, un subsidio que no se devuelve y permite a familias de bajos ingresos comprar, construir o mejorar una vivienda, a fin de reducir el déficit habitacional en el Perú.

Según cifras del Fondo MIVIVIENDA, en 2024 se otorgaron 35.704 bonos a nivel nacional, mientras que en 2025 se entregaron entre 45.000 y 48.405 BFH, lo que permitió que decenas de miles de familias cumplan el sueño de la vivienda propia.

El Gobierno de José María Balcázar aceptó la renuncia de Samanez, quien se desempeñaba en ese cargo desde el 5 de febrero de 2026. Ambas resoluciones fueron rubricadas por el mandatario y el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta.

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¿Quién es Mayra Figueroa Valderrama?

La flamante viceministra de Minas es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con una maestría en Gerencia Pública por EUCIM Business School. Además, entre 2024 y 2025 fue directora General de Formalización Minera.

Figueroa se venía desempeñando como Directora de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera, de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, desde el 20 de enero del 2025.

El Viceministerio de Minas, uno de los pilares del Minem

Este órgano de línea del Minem se encarga de coordinar, ejecutar y supervisar las políticas de desarrollo sostenible en materia minera. Cabe señalar desde el Viceministerio de Minas se lideran aspectos clave como la promoción de inversiones mineras, la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, la gestión ambiental y la prevención de conflictos sociales vinculados a la actividad extractiva.

El Viceministerio de Minas crea las reglas para que la extracción de minerales sea ordenada y segura. Esta oficina busca atraer inversiones que ayuden a la economía y supervisa el cuidado de la naturaleza. También ayuda a que los pequeños mineros trabajen de forma legal y bajo las normas del Estado.

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Cabe destacar que el Despacho Viceministerial de Minas cuenta con la siguiente estructura:

• Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
• Dirección General de Formalización Minera
• Dirección General de Minería
• Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera

En tanto, Kori Financiera, de origen peruano, enfocará sus servicios en ofrecer financiamiento a micro y pequeñas empresas, a través de créditos individuales y grupales. Aunque ambas compañías ya cuentan con autorización para organizarse, todavía deberán conseguir la licencia de funcionamiento antes de empezar a brindar servicios al público.

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SBS: "Promoverá una mayor competencia"

Al ver que el sistema financiero está cambiando muy rápido, la SBS trabaja para facilitar el ingreso de nuevas empresas. Para lograrlo, está haciendo más simple y rápido el proceso de autorización. Así, se busca que más entidades puedan operar sin tantas demoras, pero siempre cumpliendo con las reglas necesarias para brindar seguridad a los usuarios.

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, explicó: “Las medidas para agilizar las licencias tienen como efecto una mayor competencia en el sistema financiero y nuestro enfoque es tener una mayor eficiencia en las decisiones que toma la SBS”. En ese sentido, la Superintendencia también creó la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO) para agilizar el ingreso de nuevas entidades a los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones.

La CEO se constituirá en la "puerta de entrada" a los sistemas supervisados, y se encargará exclusivamente de atender las solicitudes en la etapa de organización. Su equipo estará integrado por profesionales de alto nivel que garantizarán una evaluación técnica integral, así como el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos por el supervisor.

Es importante precisar que la evaluación de las solicitudes en la etapa de funcionamiento seguirá siendo competencia de las áreas de línea (Adjuntas), las que coordinarán con la CEO.

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Primera etapa: la autorización de organización

Desde octubre de 2024, la SBS otorgó la autorización de organización a Prex Perú Empresa de Crédito S.A., Banco BTG Pactual Perú S.A., BK Empresa de Crédito S.A., Bipay Empresa Emisora de Dinero Electrónico, Nacional de Seguros S.A. y Fe Seguros S.A.

Cabe precisar que el proceso de licenciamiento comprende, en una primera etapa, la autorización de organización. Después de obtener la autorización, las entidades deberán cumplir con los requerimientos y exigencias establecidos en el marco legal y regulatorio aplicable para que la SBS evalúe y, de corresponder, otorgue la autorización de funcionamiento.

En Perú son 20 los bancos autorizados para captar depósitos. Entre ellos se encuentran Banco Falabella, el BCP, Interbank, Scotiabank Perú, entre otros.

Los hechos investigados ocurrieron entre febrero de 2020 y marzo de 2021. La medida abarca los departamentos de Áncash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Piura. En este proceso se investigará si las empresas habrían acordado subir y mantener el precio del pollo vivo por kg en diversas provincias de esos departamentos durante el periodo revisado.

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Los detalles de la investigación: concertación entre empresas

Las coordinaciones del presunto acuerdo –de acuerdo a la investigación del Indecopi-, se habrían realizado mediante mensajes por WhatsApp. Este dato es importante, pues concordaría con la información de ventas reportada por las empresas durante los periodos analizados.

Cabe señalar que, la supervisión del cumplimiento del presunto acuerdo también se habría realizado mediante llamadas por teléfono, chats de WhatsApp y a través de los propios vendedores. Esta práctica sería de gravedad, toda vez que la producción conjunta de estas empresas investigadas representó más del 80% de la producción total de pollo vivo en los departamentos del norte mencionados durante 2020 y 2021, periodo de la pandemia.

¿Cuáles son las empresas investigadas?

• Avícola Yugoslavia S.A.C.
• El Rocío S.A.
• Chimú Agropecuaria S.A.
• Molino La Perla S.A.C.
• Técnica Avícola S.A.

Por otro lado, Max Schneider Saavedra, José Miguel Salcedo Zúñiga y María Delgado Pineda son las personas naturales imputadas, de acuerdo al Indecopi.

¿Cuál es el fundamento para iniciar un procedimiento administrativo?

Según el Indecopi, se puede iniciar un procedimiento sancionador cuando hay señales o pruebas que hacen pensar que alguien podría haber cometido una conducta que afecta la competencia. Esto no significa que ya se haya decidido quién tiene la culpa ni cuál será el resultado del procedimiento.

De acuerdo con la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, cuando el Indecopi inicia un procedimiento sancionador, las personas naturales o jurídicas señaladas tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar sus descargos. Durante este tiempo, pueden explicar su versión de los hechos y aportar pruebas que consideren relevantes. Este derecho busca garantizar un proceso justo y transparente. El Indecopi evaluará los descargos antes de tomar cualquier decisión sobre la posible sanción.

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Precio del pollo ronda los S/13

De acuerdo al Indecopi, el pollo, un producto de consumo masivo, es una de las principales -y más accesibles- fuentes de proteína animal para la población. Ello refleja que, entre 2019 y 2023, la carne del pollo representó en promedio el 59,2% del total que abasteció el mercado en Perú. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a inicios de abril de 2026 el kilo de pollo se encontraba en S/12,86, superando su valor en enero, cuando se vendía en S/10,92.

Cabe precisar que el cronograma depende del tipo de régimen: quienes pertenecen al Decreto Ley 19990 recibirán sus depósitos de manera escalonada, mientras que los regímenes especiales tendrán una sola fecha de pago. Para facilitar el acceso, el dinero puede retirarse en bancos, cajeros automáticos o agentes autorizados cercanos, garantizando un proceso seguro y práctico.

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ONP distribuye pagos de pensiones por orden alfabético

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar un proceso ordenado, seguro y sin inconvenientes, la ONP estableció un cronograma de pagos para los 711.276 pensionistas del régimen 19990.

De acuerdo con este calendario, quienes tengan apellidos paternos que comiencen con las letras de la A a la C cobrarán el jueves 9 de abril, de la D a la L el viernes 10, de la M a la Q el lunes 13 y de la R a la Z el martes 14.

Pago de pensiones ONP para otros regímenes especiales

Los 65.926 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, el Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo recibirán su pensión el miércoles 15 de abril. De esta manera, todos los pensionistas, sin importar su régimen, acceden a sus beneficios de manera organizada y sin contratiempos.

Constancia de pago digital y clave virtual ONP

Los pensionistas pueden ver y descargar su constancia de pago en https://onpvirtual.pe. Solo deben seleccionar “Cobro pensión”, elegir “Quiero ver mis constancias de pago” e ingresar su tipo y número de documento y clave virtual.

Quienes no tengan clave virtual pueden solicitarla en la sección “Tu zona segura”, recibir un código de seguridad en su correo electrónico y generar su clave personal e intransferible. Para dudas o consultas, la ONP pone a disposición ONP Te escucha al 01 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 5.30 p. m.

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¿Qué debes saber sobre la ONP?

La ONP es un sistema público de pensiones basado en la solidaridad, donde los aportes de los trabajadores activos financian a los jubilados actuales. Para acceder a una pensión se requiere cumplir años mínimos de aporte, y el monto es fijo, sin relación directa con lo aportado individualmente.

En contraste, las AFP son un sistema privado de capitalización individual: cada persona ahorra en su propia cuenta y su pensión depende del dinero acumulado y la rentabilidad obtenida. Esto puede generar mayores beneficios, pero también implica riesgos por las variaciones del mercado.

Además de la jubilación regular, la ONP brinda protección en diversas situaciones de vida:

• Jubilación: Para aquellos que cumplan con la edad (65) y años de aporte (20)
• Invalidez: Dirigida a quienes cuya capacidad laboral se ha reducido en un 50% o más, ya sea por enfermedad o accidente.
• Sobrevivencia: Se incluyen las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 7 de abril?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

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Factores que influyeron positivamente en la recaudación

Entre los factores que favorecieron al incremento de la recaudación en dicho mes se encuentran:

• El buen desempeño de la economía en febrero generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, se cumplieron en marzo. El Producto Bruto Interno (PBI) creció aproximadamente 2,8%, mientras que la Demanda Interna (gasto de empresas, hogares y Estado) aumentó 4,3%.
• Los resultados positivos de la campaña de Regularización Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 2025, que comenzó el 26 de marzo y se extenderá hasta el 10 de junio, han sido impulsados por el sector minería.
• El aumento en los precios de los principales metales que exporta el país, especialmente el cobre y el oro, ha generado mayores ingresos para las empresas. Esto ha elevado la base sobre la que se calculan los impuestos y, en consecuencia, sus pagos mensuales a cuenta del Impuesto a la Renta.
• Gracias a las acciones de la Sunat para reducir las brechas tributarias, junto con su trabajo diario, se logró recuperar una cantidad importante de dinero por el pago de impuestos que estaban pendientes.

¿Qué factores frenaron la recaudación?

Hay factores que influenciaron de manera negativa en la recaudación de marzo de 2026. Entre las principales se encuentran:

• La reducción del tipo de cambio en 5,8% frente al mismo mes del año anterior afectó la recaudación relacionada con las importaciones, así como los ingresos mensuales que declaran los exportadores.
• El Decreto Legislativo N.º 1634 permitió un fraccionamiento especial de las deudas tributarias administradas por la Sunat. También la Ley N.º 31903, que autoriza a las MYPE a disponer libremente de los fondos de sus cuentas de detracciones.

Desempeño por sectores

Impuesto a la Renta: En marzo se recaudaron S/ 9,618 millones, que representa un crecimiento de 17,1%.

Impuesto General a las Ventas (IGV): La recaudación del IGV alcanzó S/ 8.300 millones en marzo, importe que representó un crecimiento de 8,7% frente al mismo mes de 2025.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): Alcanzó S/ 950 millones en marzo, monto que representó un aumento de 24% respecto a marzo del año pasado.

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Otros ingresos: cifras importantes para el crecimiento de la recaudación

La recaudación de este rubro llegó a S/ 1.007 millones, lo que significó un aumento de 10,7% en comparación con marzo de 2025. Este resultado muestra un mejor desempeño en los ingresos de esta categoría. Además, refleja una mayor recaudación frente al año anterior.

En cuanto al Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a Distancia, incluido dentro de otros ingresos, se recaudaron S/ 117 millones en marzo. Este monto forma parte del total obtenido en este rubro. De esa manera, se evidencia su aporte al crecimiento registrado.

Esta iniciativa, parte de las acciones tras la emergencia energética de marzo, busca mitigar el impacto del aumento de combustibles en el sector transporte, uno de los más afectados por el alza del petróleo y el incremento generalizado del costo de vida.

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Así puedes registrarte paso a paso con el link oficial

El beneficio solo puede solicitarse a través de la plataforma digital oficial del Gobierno: https://infogas.cloudservicebc3.com/. El conductor debe ingresar al portal, registrar la placa del vehículo y el número de la TUC para que el sistema valide la información. Tras la verificación, se debe seleccionar una única estación de servicio donde utilizará el beneficio.

Se aplica automáticamente desde el tercer día hábil después del registro. Cada vez que se realice una carga de combustible, el monto se descontará del saldo asignado hasta completar los S/120. Por ejemplo, si el abastecimiento es de S/20, el sistema reducirá el saldo restante a S/100 sin necesidad de realizar pagos extra. El beneficio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

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¿Quiénes pueden acceder al bono de S/120 para taxistas GNV?

Está dirigido a conductores que cuenten con autorización vigente para prestar el servicio de taxi al 9 de marzo de 2026 y que dispongan de la Tarjeta Única de Circulación (TUC). Asimismo, deben estar registrados en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao o en municipalidades provinciales de Ica.

El beneficio alcanza tanto a quienes ya terminaron de pagar la conversión a GNV como a aquellos que financiaron el proceso mediante mecanismos distintos al Fondo de Inclusión Social Energético, ampliando así el número de conductores que pueden recibir el apoyo.

¿A qué se debe el subsidio para el transporte?

La implementación de esta medida se debe al incremento de precios registrado en marzo, cuando el sector transporte presentó una subida de 7,86% impulsada por el encarecimiento del gas natural y los combustibles líquidos. Entre los principales aumentos destacan el gasohol, que subió 32,53%, los pasajes en taxi con un alza de 25% y el transporte en ómnibus y microbús con un incremento de 12%.

Además, el aumento del precio del petróleo, que pasó de US$60 por barril en febrero a más de US$100 a finales de marzo, impactando directamente en el costo de vida y motivando la creación de este apoyo económico.

— En el último informe del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) se habla de una institucionalidad débil. ¿Cuál es hoy el principal cuello de botella?

El problema del Perú no es que le falte plata. Es que no sabe gastar la que tiene. El cuello de botella está en la capacidad de gestión, en lo que en el IDIS llamamos la inercia administrativa.

Le hemos transferido miles de millones por canon y regalías a los gobiernos regionales, pero no hemos transferido las capacidades técnicas. Y el 80% de los planes de estas elecciones no mencionan ninguna reforma concreta para fortalecer SERVIR.

Sin burocracia profesional y meritocrática, cualquier modernización va a ser cosmética. Y cuando la institución es débil, ya sabemos quién entra por la puerta: las economías ilegales no necesitan vencer al Estado. Solo necesitan capturarlo.

El Perú no necesita más leyes. Necesita un Estado que deje de ser el principal obstáculo para la formalidad y se convierta en el socio estratégico que el inversor y el ciudadano están esperando hace demasiado tiempo.

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— ¿De qué manera esta debilidad del Estado afecta la lucha contra las economías ilegales?

La improvisación política no solo no combate estas economías, sino que las alimenta. El crimen organizado no necesita que el Estado lo ayude. Solo necesita que el Estado no esté.

Mientras no se fortalezca la inteligencia financiera ni se controle el flujo de dinero ilegal y de insumos, cualquier despliegue de fuerzas será un paliativo caro y temporal.

Además, donde no llega el desarrollo, estas economías ingresan como empleadores. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser únicamente de seguridad: es un problema de legitimidad del Estado frente a su propia población.

Si no se ofrece una alternativa económica real, esos territorios no se recuperan.

— ¿Cómo afecta la inestabilidad política directamente a la inversión y al empleo formal?

Esto no es teoría económica. Es algo que los empresarios vivimos en carne propia. La inversión privada no se mueve con buenas intenciones. Se mueve con predictibilidad. Cuando la política es volátil, cuando cada semana hay un nuevo ministro o una nueva amenaza regulatoria, lo que sube es el riesgo. Y cuando sube el riesgo, el proyecto que ayer era rentable hoy ya no lo es. No porque haya cambiado la ingeniería ni el mercado. Sino porque cambió el entorno político. Y ese proyecto se posterga, o peor, se va a otro país.

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— ¿Y qué pasa con el empleo cuando la inversión se paraliza?

Las empresas congelan contrataciones y el trabajador que no entra al empleo formal se va a la informalidad. Sin seguro, sin pensión, sin capacitación. Y eso mete al país en un ciclo de bajo crecimiento del que es muy difícil salir.

La estabilidad política no es un lujo político. Es un requisito económico. Sin ella no hay inversión seria, y sin inversión seria no hay empleo de calidad. Así de directa es la cadena.

— ¿Qué papel puede jugar un megaproyecto como el puerto de Chancay en el desarrollo productivo del país? 

Chancay es una oportunidad histórica, pero también puede convertirse en una gran frustración. 

Un puerto, por más moderno que sea, no industrializa un país por sí solo. Si no se conecta con el interior, si los recursos siguen saliendo por vías precarias, se convierte en un enclave moderno en un país desconectado. 

El reto no es solo importar, sino exportar productos con mayor valor agregado. Sin corredores logísticos reales y sin industria asociada, Chancay será solo una plataforma de tránsito. 

El país tiene que decidir si quiere ser únicamente un centro logístico o un verdadero centro productivo. 

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— ¿Qué sector podría liderar una transformación productiva real en el Perú? 

La industria manufacturera de alto valor agregado, anclada a nuestra riqueza natural. El cobre y el litio son insumos clave en la transición energética, pero seguimos exportándolos sin procesar. Otros países ya entendieron cómo capturar más valor a partir de sus recursos. 

También existen oportunidades en el hidrógeno verde, el sector forestal y la pesca con mayor valor agregado. 

Pero eso no ocurre de manera espontánea. Requiere zonas económicas especiales, infraestructura adecuada y un Estado que dé predictibilidad y facilite la inversión. 

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— Si el Perú no corrige estos problemas, ¿qué escenario económico enfrenta? 

No estamos frente a una crisis puntual, sino ante el riesgo de quedar atrapados en la trampa de los ingresos medios. 

Un país que crece al 2% o 3%, pero que no despega. Que exporta materias primas e importa bienes con mayor valor agregado elaborados a partir de sus propios recursos. Eso significa menos oportunidades para los jóvenes, más informalidad y una mayor vulnerabilidad frente a las economías ilegales. 

Y si, además, se debilita la disciplina fiscal o la autonomía del Banco Central, el país podría perder en pocos años una estabilidad que tomó décadas construir. 

— A pocos días de las elecciones ¿qué tipo de propuesta política considera responsable en este contexto? 

Aquella que se atreve a decir la verdad, aunque no sea popular. La que no solo plantea el “qué”, sino también el “cómo” y el “con qué”. Gobernar un país no es listar deseos. Es tener una hoja de ruta clara. Sin eso, lo que se elige no es un proyecto de gobierno, sino cinco años más de improvisación. 

El informe advierte que estos factores no solo erosionan la seguridad y la confianza ciudadana, sino que también comprometen el bienestar de la población y la capacidad del Estado para sostener un mayor crecimiento.

En total, se identifican 23 riesgos prioritarios (de un universo de 47 analizados) cuya magnitud ya se refleja en alarmantes indicadores: entre 2018 y 2024, la extorsión se incrementó en 592%, generando pérdidas estimadas en S/35.000 millones solo en 2023. A ello se suma el acelerado crecimiento de los ciberdelitos, con más de 20.000 denuncias registradas en 2025, una tendencia que evidencia cómo el crimen se expande cuando el Estado permanece ausente.

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Débil inversión en orden público: un factor clave del crecimiento de la criminalidad

El documento señala que las altas tasas de criminalidad en el país se explican, en parte, por la insuficiencia de recursos destinados al orden público y la seguridad ciudadana, así como por el impacto de actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Esta situación es especialmente crítica en regiones como Madre de Dios, que registra las mayores tasas de extorsión, robos y amenazas. En paralelo, la insatisfacción con la democracia alcanza al 88% de la población, lo que evidencia un escenario de profunda fragilidad institucional y desconfianza ciudadana. 

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Asimismo, el estudio alerta sobre múltiples riesgos ambientales y económicos que agravan este escenario, entre ellos la contaminación del aire en zonas urbanas, la intensificación de eventos climáticos extremos, el avance de economías ilegales, la crisis del sector agrícola y los conflictos sociales que frenan la producción minera.

El informe también advierte que el Perú aún enfrenta grandes brechas para capitalizar estas oportunidades, como lo refleja su ubicación en el puesto 83 del Network Readiness Index 2024, indicador de rezagos en conectividad, capacidades digitales y gobierno electrónico.

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Pese a ello, el Ceplan identifica 17 oportunidades estratégicas que podrían impulsar el desarrollo del país en la próxima década, destacando las nuevas rutas del comercio internacional, la expansión de la economía digital, el uso de la inteligencia artificial para optimizar inversiones y la creciente demanda de minerales alternativos. Estas tendencias, sumadas al impulso de la infraestructura estratégica y al uso de datos abiertos, abren posibilidades para fortalecer la competitividad, la innovación y el desarrollo territorial. 

Según el director general de Eficiencia Energética del Minem, José Meza, "este potencial se concentra principalmente en la costa norte y sur de nuestro país", por lo que representan una oportunidad estratégica para ampliar la capacidad energética nacional.

¿Qué regiones concentran el mayor potencial eólico del Perú?

Según Meza, Piura (7.098 MW) y Lambayeque (7.017 MW) lideran la capacidad eólica identificada en el país, acumulando juntas más de dos tercios del total nacional y consolidándose como territorios clave para impulsar proyectos de gran escala.

A este panorama se suman Ica (2.280 MW) y Arequipa (1.020 MW), cuyas condiciones naturales permitirían expandir de forma significativa la potencia instalada y promover una generación eléctrica más descentralizada en el sur.

Asimismo, La Libertad (921 MW), Cajamarca (891 MW) y Áncash (708 MW) aparecen como espacios con oportunidades de inversión para diversificar la matriz energética. El mapa eólico se completa con Lima (429 MW) y Amazonas (129 MW), que también aportan al potencial nacional.

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Solo el 5% del potencial está en uso

Asimismo, Meza explicó que, pese a la magnitud del recurso disponible, la capacidad instalada actual de energía eólica en el país alcanza solo 1,01 gigavatios (GW), lo que equivale al 5% del potencial aprovechable.

Esta situación evidencia una amplia brecha entre el potencial identificado y el desarrollo real de proyectos eólicos en el Perú. Asimismo, señaló que el bajo nivel de aprovechamiento refleja la necesidad de acelerar inversiones sostenibles y fortalecer la infraestructura energética.

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Proyectos con aprobación técnica podrían sumar 8,2 GW

El Minem informó que existen diversos proyectos con Estudio de Pre-Operabilidad aprobado por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), que podrían incorporar hasta 8,2 GW adicionales al sistema eléctrico nacional.

De concretarse, estos proyectos representarían un avance significativo en el aprovechamiento del potencial eólico, permitiendo ampliar la capacidad de generación y contribuir a la diversificación de la matriz energética. El ministerio reafirmó su compromiso de seguir promoviendo inversiones que impulsen el crecimiento sostenible del país.

Como se recuerda, esta propuesta digital surgió bajo la premisa "sacar el efectivo del circuito", política impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU con el objetivo de hacer frente a la inseguridad ciudadana y la informalidad

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Datos a tener en cuenta al recargar con Yape

• El monto mínimo de recarga es S/10.
• Si realizas otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.
• Existe la opción de recargar la tarjeta del Metropolitano de otras personas.
• Si tras 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, verás el saldo acumulado.

AQUÍ el paso a paso para realizar la recarga

1. Desde la app de Yape, ingresar en la opción “Yapear Servicios”.
2. Digitar “Metropolitano y Corredores” en el buscador.
3. Ingresar el número de la tarjeta a recargar (puede ser la personal o de un tercero)
4. Recarga desde S/ 10, y yapear.
5. Pasados los 15 minutos, activar el saldo de tu tarjeta. ¡Y listo!

Es importante tener en cuenta que la forma de validar el saldo cambia según el servicio. En el Metropolitano, el usuario debe acercar su tarjeta a los equipos que están en la entrada de las estaciones. Allí se activará el saldo y se podrá ver el monto actualizado en la pantalla.

En los Corredores Complementarios, el proceso es más simple. El saldo se actualiza automáticamente cuando pasas la tarjeta por el lector dentro del bus. No es necesario hacer ningún paso adicional antes.

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El horario especial del Metropolitano por Semana Santa

El Metropolitano modifica su rutina habitual de circulación por esta Semana Santa 2026. Las unidades regulares vienen operando de la siguiente manera:

• Rutas A, B y C: desde las 5.30 a. m. hasta las 10.30 p. m.
• Expreso 1: desde las 6.00 a. m. hasta las 9.00 p. m.
• Expreso 5: desde las 6.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
• Alimentadores: desde las 5.30 a. m. hasta las 11.00 p. m.

La entidad precisó que en enero pasado, la producción agrícola para el mercado interno subió en 7,7%, mientras que la producción agroindustrial en 18% y la de exportación en 1,6%.

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Así creció la producción agrícola en enero

En enero, la producción agrícola destinada al mercado interno creció 7,7%. Este aumento se explicó principalmente por una mayor producción de papa, impulsada por el incremento en las siembras. Asimismo, el crecimiento del arroz y la cebolla se debió a un efecto base.

En el caso del arroz, influyó la falta de lluvias en la costa y selva norte durante el segundo semestre de 2024. Para la cebolla, el alza responde a menores siembras previas por bajos precios en chacra. Además, el tomate creció por más áreas sembradas para industrialización y el limón por mejores condiciones de agua.

¿Cómo le fue a la producción agroindustrial?

En enero, la producción agroindustrial creció 18%, impulsada por un mayor volumen de palma aceitera proveniente de Ucayali y Huánuco. También contribuyó el incremento en la producción de maíz amarillo duro y caña de azúcar. Este desempeño estuvo relacionado con mejores condiciones hídricas. Estas condiciones fueron más favorables en la costa y la selva norte en comparación con la campaña anterior.

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La producción orientada a la exportación

En enero, la producción destinada a la exportación aumentó 1.6%. Este resultado se explicó por una mayor producción de arándanos, en una campaña ya normalizada. A diferencia del año previo, ya no se observó el impacto de medidas adoptadas frente a El Niño 2023, como el retraso de podas.

Por otro lado, la palta y el café también crecieron en el mes, aunque su producción representa solo 3.3% y 0.4% del total anual, respectivamente. Finalmente, la producción de carne de ave subió 1.8%. Este incremento se debió a una mayor colocación de pollos BB.

Las organizaciones exigieron que la norma sea retirada de inmediato y que el Estado cumpla con las obligaciones financieras pendientes con Petroperú. En ese marco, cuestionaron el cambio de postura del Ejecutivo y denunciaron el incumplimiento de los compromisos asumidos en reuniones previas con el presidente de la República y representantes de los sectores transporte y energético. Advirtieron que este giro afecta la confianza en el diálogo y debilita la credibilidad del Gobierno.

“Resulta inaceptable que, pese a las reuniones entre el Presidente de la República, el gremio de transporte pesado, la CEUL y las federaciones petroleras —donde se asumió el compromiso de revisar y derogar la norma—, hoy se evidencie un cambio de postura que debilita la confianza en el diálogo y la palabra del Ejecutivo, reflejando una preocupante falta de coherencia en la conducción política”, señaló el gremio.

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Premier descartó derogación del decreto

La controversia se intensificó tras las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, quien descartó la derogación del decreto, pese a que el presidente José María Balcázar había señalado previamente que la norma sería evaluada. Para los gremios, esta contradicción evidencia una grave desarticulación en la toma de decisiones del Ejecutivo y refuerza las alertas sobre un proceso orientado al debilitamiento de Petroperú. 

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En esa línea, las organizaciones advierten que este decreto permite la incorporación de capital privado en activos estratégicos de la petrolera estatal, lo que podría derivar en su fragmentación y eventual privatización.

Señalaron que estas preocupaciones se ven reforzadas por la presencia de ProInversión y de la consultora Deloitte en la Refinería de Talara, así como por la difusión de un plan con plazos definidos que apuntaría a transferir la empresa al sector privado. 

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Según los trabajadores y gremios firmantes, este proceso no solo pondría en riesgo la soberanía energética del país, sino que también tendría un impacto directo en el costo de vida de la población, reflejado en el alza de los combustibles y de la canasta básica. 

El gremio rechazó los argumentos sobre la supuesta inviabilidad financiera de Petroperú y recordó que el Estado mantiene importantes deudas con la empresa. Señalaron que entre los montos más relevantes figura una deuda de S/3.112 millones por el crédito fiscal de la Amazonía, seguida de S/1.863 millones correspondientes a la recuperación anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

Añadieron que existen S/450 millones pendientes por la transferencia al fondo de pensiones de la ONP bajo la Ley 20530 y S/ 408 millones por remediaciones asociadas a cortes en el Oleoducto Norperuano. A ello se suman S/200 millones por remediaciones en unidades privatizadas y S/15 millones por abandono técnico de pozos.

Además, indicaron que las Fuerzas Armadas mantienen una deuda de S/45.5 millones con Petroperú por el abastecimiento de combustible, lo que evidencia la magnitud de las obligaciones pendientes entre el Estado y la empresa estatal.

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Gobierno ratificó decreto y alista aval

Cabe recordar que, pese a que antes de asumir la Presidencia José María Balcázar firmó un proyecto de ley para derogar el Decreto de Urgencia 010‑2025 y reiteró esa intención ante sindicatos. Sin embargo, su gobierno confirmó recientemente que la norma continuará vigente. En paralelo, el Ejecutivo evalúa un esquema de respaldo financiero para Petroperú mediante un aval estatal que podría alcanzar hasta US$2.500 millones, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones. 

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de abril?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

Una auditoría del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), que analizó los programas de 34 organizaciones políticas, revela que solo alrededor del 12% de los planes presenta una propuesta sólida de industrialización; es decir, apenas cuatro partidos cuentan con una ruta técnica para transformar la estructura productiva del país.

El resto, advierte el informe, oscila entre planteamientos genéricos y simples declaraciones de intención, sin instrumentos, financiamiento ni estrategia de ejecución. Para el presidente del IDIS, Jesús Salazar Nishi, el resultado no sorprende: “Nuestra clase política sigue hablando de industrialización como si estuviéramos en los años setenta, mientras el mundo ya está en la cuarta revolución industrial”, señaló a La República.

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El problema, explica, es que la industrialización se ha convertido en una consigna vacía. “Primero falta el ‘cómo’. Cuando uno pregunta con qué presupuesto y qué incentivos, ahí se acaba la conversación. Sin claridad en la ejecución, la industrialización no es una política. Es un eslogan de campaña”, advierte.

A ello se suma un error de enfoque. “La industria no se construye desde escritorios de un funcionario público: tiene que ir donde están los recursos, con zonas económicas especiales de verdad y corredores logísticos que faciliten la exportación”, señala. Y añade un elemento clave: “Se necesita un Estado promotor que cierre brechas y dé predictibilidad a la inversión privada”.

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Sin estos elementos, el país seguirá atrapado en el mismo modelo: una economía primario-exportadora, basada en la venta de materias primas sin mayor valor agregado. “Mientras sigamos viendo la industria como una opción y no como la única vía para el desarrollo sostenible, vamos a seguir exportando piedras y desperdiciando el talento de nuestra gente”, sostiene.

“El 85% de lo que los candidatos le están ofreciendo al país no tiene con qué sostenerse”

Este vacío en la política industrial no es un hecho aislado, sino parte de un problema más amplio. El estudio del IDIS revela que solo el 15,15% de los planes de gobierno cuenta con una arquitectura mínima para sostener políticas públicas viables al 2031. El resto, advierte Salazar, carece de sustento técnico y financiero y responde más a listas de promesas que a verdaderas hojas de ruta.

Estas cifras no son solo una evaluación académica, sino una señal de alerta sobre la calidad de la oferta política y sobre lo que podría ocurrir a partir del 2026. Según explica, una de las principales debilidades es fiscal: “Se anuncian metas en salud, educación o seguridad sin explicar de dónde saldrá el financiamiento, pese a la restricción de una regla de déficit fiscal del 1,8%”.

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A ello se suma otra falencia: las propuestas se quedan en el enunciado. “Tienen el ‘qué’, pero no el ‘cómo’ ni el ‘con qué’. Eso implica que el primer día de gobierno no sabrán cómo operar el Estado”, advierte.

Pero el problema de fondo es más profundo. “Son planes para apagar incendios, disfrazados de visión estratégica”. El resultado ya es conocido: otro quinquenio administrando la crisis, sin cambios en la estructura productiva y desaprovechando las oportunidades del contexto global.

Un riesgo que ya se siente en la economía

La debilidad de los planes no se queda en el papel. Tiene consecuencias económicas directas. Cuando no hay una hoja de ruta clara, aumenta la incertidumbre. Y cuando aumenta la incertidumbre, la inversión se detiene. “La inversión privada no se mueve con buenas intenciones. Se mueve con predictibilidad”, subraya Salazar.

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En un entorno político volátil, los proyectos se postergan o migran a otros países, afectando el empleo formal y empujando a más personas hacia la informalidad. El impacto no es abstracto: se traduce en menos inversión, menos empleo y mayor precariedad.

A esto se suma un riesgo adicional. “Cuando no hay un plan serio, la tentación es financiar promesas con plata que no existe”, advierte.

Incluso en el eje económico —uno de los mejor evaluados— solo una minoría de planes muestra la profundidad técnica necesaria para sostener la estabilidad macroeconómica. “El escudo macroeconómico no es un tecnicismo. Es lo que sostiene el precio del pan y la confianza del inversor. Tocarlo para financiar populismo no es valentía política. Es una irresponsabilidad que paga el ciudadano de a pie”, remarca a La República.

Chancay, la promesa incompleta del desarrollo

El caso del puerto de Chancay resume bien la brecha entre discurso y estrategia. Para Salazar Nishi, se insiste en presentarlo como una gran obra logística, pero sin una política productiva detrás su impacto será limitado. “Un puerto moderno no industrializa un país por sí solo”, advierte.

El problema central es la desconexión con el territorio. Sin corredores logísticos, zonas económicas especiales ni una estrategia de valor agregado, Chancay corre el riesgo de convertirse en un punto de tránsito y no en un motor de desarrollo. “¿De qué sirve el mejor puerto del Pacífico sur si el cobre de Apurímac o el litio de Puno siguen saliendo por trochas?”, cuestiona.

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La improvisación también tiene efectos en seguridad. Aunque el orden interno es un eje central del discurso electoral, menos de un tercio de los planes presenta solidez técnica en esta materia.

“La improvisación política no combate las economías ilegales, las fortalece”, sostiene Salazar. Y añade: “El crimen organizado no necesita que el Estado lo ayude. Solo necesita que el Estado no esté”.

Perú, un país que crece pero no despega

El Perú tiene oportunidades claras en sectores como el cobre, el litio o el hidrógeno verde. Pero sin estrategia seguirá exportando materias primas sin generar valor agregado. A esto se suma una limitación estructural del Estado. “El problema del Perú no es que le falte plata. Es que no sabe gastar la que tiene”, resume Salazar.

Asimismo, sostiene que sin capacidades técnicas, cualquier intento de modernización se queda en el papel. En este contexto, la elección del 2026 adquiere otro peso, pues “no solo es un cambio de nombres. Es una decisión sobre qué país queremos ser”.

El contexto internacional abre una oportunidad poco común: la transición energética, la demanda de minerales estratégicos y la reorganización de las cadenas globales de valor. Pero no será permanente.

“El litio, el cobre, Chancay y la transición energética global no van a estar disponibles para siempre. O los aprovechamos con rigor técnico o los dejamos pasar mientras seguimos improvisando”, advierte.

En ese contexto, concluye, el éxito del próximo gobierno no dependerá del discurso, sino de su capacidad de ejecutar y de construir acuerdos políticos que prioricen el desarrollo formal sobre la improvisación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el trimestre diciembre 2025 – enero – febrero 2026, solo en la capital (Lima) 1 millón 608.000 personas trabajan sin ganar lo suficiente para cubrir su canasta básica. De ese grupo, quienes tienen una carrera universitaria bordean los 310.000.

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Antes de la irrupción de la pandemia, en ese mismo periodo entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, la cifra alcanzaba a 1 millón 125.000. Hoy son 483.000 más. Es decir, hay un salto de 43% que no se ha revertido pese a la llamada recuperación económica, cuyo promedio (3%), se ubica por debajo del 4,5% registrado en la década prepandemia.

7 millones de trabajadores en Perú no cubre la canasta básica familiar

A escala nacional, el problema es más grave. Al cierre del 2025, el Perú registró cerca de 7,8 millones de subempleados, de los cuales alrededor de 7 millones lo están por ingresos, es decir, trabajadores que, pese a tener una ocupación, perciben ingresos por debajo de S/903 mensuales, es decir, menos de la mitad de la canasta básica familiar, situada en S/1.816. También implica estar por debajo de la remuneración mínima vital (RMV), hoy en S/1.130.

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En suma, es trabajar y seguir siendo pobre. No en vano, según el INEI, son más de 9 millones 300.000 compatriotas sometidos a la pobreza monetaria.

“Hoy tenemos un mercado laboral más precario que en 2019. La pandemia agravó problemas que ya existían y la recuperación no ha logrado revertirlos completamente. La inactividad laboral creció 26% respecto a la prepandemia. Es gente que podría trabajar, pero ni trabaja ni busca empleo, muchas veces por desaliento”, sostuvo a este diario el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros.

Lejos de corregirse, este fenómeno se ha estancado. En Lima, por ejemplo no ha variado en los últimos cinco años y se mantiene en torno a 1,6 millones de trabajadores.

De toda la fuerza laboral peruana (18 millones 477.000), el 42% tiene empleos precarios o insuficientes (7 millones 763.000), pero esta problemática es solo una arista. La inactividad laboral, aquellos que no trabajan ni buscan empleo, también ha crecido con fuerza.

Hoy bordea los 8 millones de personas, un aumento de 26% frente a 2019, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).Es el retiro silencioso del mercado laboral, donde la frustración ha reemplazado a la búsqueda. Mientras tanto, los ingresos apenas se mueven.

Frente al 2019, el avance es de 1,8%, una magra mejora que no alcanza para cambiarle la vida al ciudadano. Así, el mercado laboral sigue arrastrando la herida de los cerca de 800.000 empleos que se perdieron durante la pandemia y que se recuperaron, pero de una forma distinta.

“El 92% de los trabajadores recontratados han accedido a un contrato temporal, sin estabilidad. Es una precarización del empleo formal”, acota el economista laboral.

Agenda laboral ausente: menos del 5% de propuestas ve reformas de fondo

En suma, más gente trabajando, pero menos gente viviendo de su trabajo y con el temor de ser despedidos. En la antesala electoral, estas cifras son el termómetro de una economía que crece sin distribuir, que emplea sin sostener y que, cinco años después de la crisis sanitaria, aún no logra recomponer su tejido básico como lo es el trabajo y el ingreso digno. Y en medio de este escenario, la política camina por otro carril.

Según un reciente estudio de Horizonte Laboral, solo el 4,6% de las propuestas de los candidatos presidenciales plantea reformas laborales de fondo, pese a que la informalidad alcanza al 70,2% de la población ocupada, un problema sin propuesta de fondo.

Lo que predomina son medidas de corto plazo como iniciativas sobre productividad, desarrollo empresarial o piezas sueltas de protección social. Sin embargo, los temas más incómodos como la estabilidad laboral, la duración de los contratos temporales, la fiscalización efectiva o la seguridad en el trabajo aparecen de forma marginal.

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La era del contrato temporal

Hoy, siete de cada 10 trabajadores formales están bajo contratos temporales, incluso cuando realizan labores permanentes. Un trabajador que no sabe si seguirá empleado en unos meses difícilmente accede a crédito o piensa en un proyecto de vida. La rotación constante también limita la acumulación de experiencia dentro de las empresas.

“Antes primaba el contrato a plazo indeterminado. Desde los años 90 (gobierno de Alberto Fujimori) se dio una flexibilización laboral a nivel constitucional y se priorizó reducir costos laborales, sin prohibición al despido arbitrario dando mayor autonomía a las empresas”, observó a este diario el abogado laboralista Renzo Castillo.

En ese contexto, explica que el aumento de los contratos temporales no siempre responde a necesidades reales de las empresas, sino también a que existen figuras legales que les permiten usarlos con mayor libertad.

“Estos contratos se han utilizado incluso para actividades permanentes, lo que genera inestabilidad y temor en los trabajadores, por ejemplo, para sindicalizarse”, advierte

La mayoría de contratos temporales, afirma, está en los sectores de las micro y pequeñas empresas, siendo aún formales.
“Hay contratos como el de servicio específico que se prestan a la interpretación y han sido utilizados por las empresas para extender vínculos temporales más allá de lo razonable”, explica, aunque agrega que pese a que se cambien las normas, si no hay mayor productividad en las empresas, sobre todo en las mype, no se van a generar condiciones para ofrecer empleos estables.

En esa línea, sostiene que cualquier reforma laboral que busque recuperar estabilidad debe ir acompañada de cambios en la economía como una mayor diversificación productiva.

“Para mejorar realmente las condiciones de los trabajadores no basta con cambiar las normas laborales. Se necesita más empleo, y para eso el país debe ser más productivo. Eso pasa por un proceso de industrialización y por diversificar la economía, que hoy sigue concentrada en el sector primario exportador”, apuntó el letrado experto en empleo.

En ese escenario, una reforma laboral integral no pasa únicamente por ajustes puntuales, sino por un rediseño del sistema de contratación. Según remarca Fernando Cuadros, el eje debe ser recuperar la estabilidad laboral como regla. "Una actividad temporal debería durar como máximo un año, dos en casos extremos, pero más que eso no tiene sentido”, explica.

La sobreutilización de contratos temporales ha terminado precarizando el empleo formal. “Hoy, en el sector privado, solo uno de cada tres trabajadores formales tiene un contrato estable. Dos de cada tres son temporales, y eso limita su acceso a crédito y su posibilidad de proyectar un plan de vida”, finalizó el experto.

Elecciones: 655 planes y casi nadie aborda la precariedad

Según revela Horizonte Laboral, aunque se identifican 655 propuestas laborales en los planes de gobierno, la mayoría carece de desarrollo: más del 97% son superficiales, lo que revela una agenda cargada de iniciativas, pero débil en diseño e implementación.

También revela que solo el 3% de las propuestas menciona mecanismos de diálogo entre Estado, empresas y trabajadores, lo que refleja una débil apuesta por la gobernanza laboral.

El debate electoral se concentra en emprendimiento y desarrollo empresarial, mientras precarización laboral o seguridad y salud en el trabajo quedan prácticamente fuera de agenda.