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Ante semejante desafío, los productores de la selva peruana han encontrado en Amazon Link, un proyecto que trabaja con las organizaciones de café, cacao y palma, el respaldo necesario y eficiente para fortalecer sus prácticas y avanzar en el cumplimiento de la EUDR, con la finalidad de mantener sus oportunidades comerciales en Europa.

La iniciativa de Amazon Link cuenta con el respaldo de la Organización Solidaridad, junto con su socio local IDSA (Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía), en el marco del componente de apoyo al sector privado del programa AL-INVEST Verde.

El proyecto utiliza información geográfica para verificar si las zonas productivas registran deforestación, información clave que exige el EUDR.

IMPACTO PROFUNDO

Mediante la herramienta GeoCultivate se analizaron alrededor de 60 mil kilómetros cuadrados de territorio, una superficie equivalente a 8,4 millones de canchas de fútbol, aproximadamente.

Gracias a este trabajo, un total de 737 productores cuentan con terrenos georreferenciados, es decir, con la ubicación y los límites de sus parcelas. De esta manera, han obtenido más de 1.700 reportes de cero deforestación en sus campos.

Esta información permite verificar con mayor precisión que sus cultivos se encuentran en áreas libres de deforestación y así ingresar al mercado europeo, en cumplimiento del EUDR.

En 2025, el café, el cacao y la palma representaron cerca del 25% de las agroexportaciones nacionales e involucraron a más de 380 mil familias, la mayoría pequeños productores.

En el caso del café y el cacao, cerca del 40% de la producción se destina a mercados europeos, según estimaciones elaboradas por Solidaridad a partir de información oficial.

TECNOLOGÍA EN LA CHACRA

El trabajo también se complementa con Cultivate, una plataforma digital que ofrece micro cursos mediante WhatsApp.

Esta herramienta se articula con talleres presenciales denominados “Formando formadores”, por intermedio de los cuales técnicos y productores fortalecen sus conocimientos, que luego comparten con sus organizaciones y familias.

"Los talleres involucran a toda la familia productora. Participan esposas, hijos e hijas, incluso los más pequeños, quienes también aprenden y empiezan a incorporar estas herramientas", explicó la gestora de Cultivate en Ucayali, Keila Capcha Cisneros.

"De esta manera, el conocimiento no queda solo en el productor, sino que se comparte dentro de la familia", explicó Keila Capcha.

CAMBIOS A LA VISTA

En Junín, 200 productores de café de las cooperativas Valle Ubiriki y ACPC Pichanaki reciben asistencia técnica en producción libre de deforestación, compostaje y manejo de sombra.

Lo mismo ocurre en Ucayali con 258 productores de cacao de la Cooperativa Colpa de Loros. De ellos, 250 están implementando composteras para mejorar el aprovechamiento de la materia orgánica y fortalecer prácticas productivas más sostenibles.

En cuanto a la palma aceitera, la iniciativa trabaja con más de 200 productores de organizaciones como APROMAN, ASPASH, así como con la cadena de suministro de Innovapalma y el Programa Palma Orgánica.

Este proyecto promueve el uso de biofertilizantes líquidos y pilotos de sistemas agroforestales (SAF).

"Demostrar dónde y cómo se produce será cada vez más importante para participar en cadenas de suministro internacionales y cumplir con normas de sostenibilidad y cero deforestación como la EUDR", señaló el analista técnico de cacao para Solidaridad, Bryan Vela.

"La tecnología puede ayudar a que los pequeños productores accedan a esta información, mejoren sus prácticas y estén preparados para responder a estas nuevas exigencias", concluyó Vela.

AL-INVEST es un programa de la Unión Europea cuyo propósito es promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular.

Su uso también apunta a hacer más eficiente la búsqueda. Un estudio de Good Business Lab encontró que los participantes que utilizaron herramientas con recomendaciones algorítmicas consiguieron empleo 30% más rápido. El sistema tomaba en cuenta las habilidades de cada candidato y su afinidad con determinadas vacantes para orientar la búsqueda hacia puestos con mayor coincidencia.

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Inteligencia artificial ayuda a encontrar vacantes más afines

El resultado muestra una de las aplicaciones que empieza a cobrar importancia en la búsqueda de empleo: utilizar información del propio candidato para filtrar oportunidades. En lugar de depender únicamente de una revisión manual de cientos de anuncios, estas herramientas pueden identificar qué puestos tienen mayor relación con la experiencia y las capacidades de una persona.

Esto importa aún más en mercados con una alta cantidad de postulantes, donde enviar más CV no necesariamente significa tener mayores posibilidades de avanzar. La tecnología puede ayudar a ordenar esa búsqueda y dirigir la atención hacia oportunidades concretas.

Pero la selección de una vacante es apenas una parte del proceso. También resulta necesario presentar adecuadamente la experiencia y responder de forma clara cuando llega el contacto con el reclutador.

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Del CV a LinkedIn: cómo se aplica la IA a la búsqueda laboral

Las herramientas de inteligencia artificial también pueden intervenir en la preparación del candidato. Algunas permiten revisar un currículum, trabajar la propuesta de valor profesional o practicar preguntas habituales de una entrevista.

En esa línea, GoTalentia.ai reúne en una misma plataforma distintas etapas de la búsqueda laboral, como la elaboración del CV, LinkedIn, networking y entrenamiento para entrevistas. La propuesta combina una metodología desarrollada por especialistas en empleabilidad con IA que interactúa con el usuario y analiza la información que genera durante el proceso.

La plataforma cuenta con SAM, un agente de inteligencia artificial que, de acuerdo con la empresa, ha entrenado a más de 3.000 participantes durante los últimos dos años. La herramienta simula entrevistas según el perfil de cada postulante y analiza sus respuestas mediante la metodología STAR, que permite estructurar una respuesta a partir de la situación, la tarea, la acción y el resultado.

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Entrenar antes de una entrevista se vuelve parte de la búsqueda

Rafael Espinoza, CEO y fundador de GoTalentia.ai, señala que la tecnología permite practicar antes de enfrentarse a un proceso real. “Buscar empleo no debería depender de improvisar ni de enfrentar una entrevista sin preparación. Hoy la tecnología permite entrenar, practicar y recibir retroalimentación antes de llegar a un proceso de selección real”, sostiene.

La utilidad de estas herramientas está, por tanto, en ofrecer un espacio de práctica antes del contacto con una empresa. El postulante puede detectar respuestas poco claras, ordenar mejor sus experiencias y trabajar la forma en que comunica sus capacidades.

Con casi 300.000 personas buscando activamente empleo en Lima, la incorporación de estas herramientas marca un cambio en una etapa que tradicionalmente dependía de revisar anuncios, enviar CV y esperar una respuesta.

El contraste se vuelve más claro al mirar la última década. Mientras la educación y la conectividad avanzaron en casi todas las regiones, indicadores vinculados con la salud, la nutrición, la libertad de expresión y la participación ciudadana retrocedieron. Es decir, el país ha ampliado algunas oportunidades, pero todavía tiene dificultades para convertirlas en mejores condiciones de vida.

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En entrevista con La República, Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP y uno de los autores del informe, resumió el resultado de estos diez años de una manera directa: “Se ha avanzado, pero muy lento, muy lento”.

El índice, elaborado a partir de 49 indicadores sociales y ambientales, mide tres dimensiones: necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En 2026, el promedio nacional se ubicó en 59,3 puntos, mientras que la dimensión de fundamentos del bienestar —que comprende educación, información y comunicaciones, salud y calidad ambiental— alcanzó apenas 49,4 puntos, el nivel más bajo de las tres.

Educación y conectividad crecen, pero el bienestar no avanza al mismo ritmo

Los resultados de la última década muestran que el país sí ha ampliado el acceso a educación y conectividad. La asistencia a educación secundaria pasó de 82,4% en 2016 a 93,1% en 2026, mientras que la asistencia a educación superior subió de 66,7% a 84,1%. El acceso de los hogares a internet también creció con fuerza: pasó de 26,4% a 58,9% en el mismo periodo. La conectividad rural fue uno de los avances más marcados, con un incremento de 62 puntos, seguida por la conectividad urbana, que aumentó 46,4 puntos.

El problema aparece cuando se mira qué ha ocurrido con otros indicadores de bienestar. Estos avances no han sido suficientes para evitar retrocesos en áreas como salud y nutrición. Solo entre 2024 y 2025, la desnutrición crónica pasó de 8,6% a 12,1%, mientras que la obesidad aumentó de 25,7% a 27,2%.

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Para Guevara, el contraste tiene una explicación que va más allá de cada indicador. "Hay un tema estructural", señaló. Su lectura apunta a las deficiencias en infraestructura social y productiva y a la inestabilidad de las instituciones públicas, factores que dificultan que una mayor cobertura educativa o conectividad termine convirtiéndose en mejores condiciones de vida.

Infraestructura y capacidad del Estado mantienen las brechas regionales

El problema se hace más evidente cuando se observa el desempeño territorial. La costa registra un promedio de 61,6 puntos en el IPSRP, frente a 59 puntos de la sierra y 56,5 de la selva. Moquegua lidera el índice nacional con 66,6 puntos, mientras Puno obtiene 53,7.

La situación de la selva refleja parte de esas diferencias. Guevara señala que las brechas abarcan infraestructura, electricidad, internet, educación, salud, agua y saneamiento. A ello se suman dificultades educativas particulares en algunas zonas, donde el dominio del castellano puede convertirse en una barrera para el aprendizaje de niños cuya lengua materna es otra.

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El especialista también cuestiona que la mayor actividad económica de determinadas zonas se traduzca automáticamente en bienestar. Lima Metropolitana, por ejemplo, obtiene 41,6 puntos en fundamentos del bienestar, muy por debajo de otras regiones.

"Habría que recordar que tenemos dos Limas", explicó Guevara. La diferencia, según detalló, se encuentra en las fuertes desigualdades dentro de la propia capital: mientras algunos distritos concentran servicios e infraestructura, en las zonas periféricas todavía existen problemas de acceso al agua, vivienda adecuada, electricidad e infraestructura básica.

Su diagnóstico apunta directamente a la capacidad estatal. La rotación de funcionarios, sostuvo, afecta la continuidad de las políticas y la prestación de servicios. Por ello, plantea una mayor coordinación entre el Gobierno nacional, las regiones y los municipios, además de orientar la inversión pública hacia infraestructura social y productiva.

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Salud y derechos son las principales señales de alerta

El balance de la década también muestra retrocesos. Entre los indicadores que más cayeron figuran la salud crónica, la obesidad y la libertad de expresión. La participación ciudadana y otros indicadores vinculados con derechos personales también presentan retrocesos.

Para Guevara, el deterioro de los derechos tiene una relación directa con el progreso social. "Es bien difícil tener progreso social y restricción de derechos", afirmó. En su lectura, la libertad de expresión no es un elemento separado del desarrollo: forma parte de las condiciones que permiten que las personas ejerzan sus derechos y participen en la sociedad.

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El especialista también considera que el país necesita pasar de una lógica centrada en ampliar cobertura a otra enfocada en la calidad y continuidad de los servicios. Esto implica fortalecer instituciones, mejorar la ejecución de la inversión y coordinar las políticas entre los distintos niveles de gobierno.

"No es un asunto de invertir mucho dinero, sino de tener políticas bien focalizadas y sobre todo bien implementadas", sostuvo.

El índice muestra que el país necesita convertir esas mayores capacidades en mejores resultados de salud, infraestructura, derechos y oportunidades. De lo contrario, el progreso seguirá avanzando, pero sin cerrar a la misma velocidad las brechas que separan a las regiones.

Sebastián Maag, gerente de Petroecuador, señaló que Perú figura entre las alternativas que analiza la petrolera estatal por la capacidad de sus refinerías y su adaptación al crudo ecuatoriano. El funcionario explicó en una entrevista con Radio Pública que la empresa busca establecer acuerdos con refinadores de la región y otros mercados para procesar parte de su producción. La declaración fue reportada por el medio ecuatoriano Primicias.

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El mecanismo contempla enviar crudo a una refinería extranjera y recibir productos procesados para cubrir la demanda ecuatoriana. Entre los derivados que busca obtener Petroecuador están el diésel, las gasolinas y el gas licuado de petróleo (GLP).

Para Perú, la eventual operación representaría una oportunidad para captar procesamiento de crudo ecuatoriano y aprovechar la infraestructura de refinación disponible. Una de las instalaciones con mayor capacidad es la Nueva Refinería Talara, diseñada para procesar hasta 95.000 barriles de petróleo por día y producir, entre otros derivados, diésel, gasolinas y GLP.

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Ecuador busca capacidad de refinación fuera de su territorio

La búsqueda de alternativas en el exterior responde a la brecha que mantiene Ecuador entre su producción petrolera y la cantidad de combustibles que puede obtener de sus propias refinerías.

El país cuenta con tres complejos: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi. La primera es la más grande, con una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles diarios, aunque actualmente opera alrededor del 86% de ese nivel tras un mantenimiento realizado en septiembre.

Esmeraldas también concentra la producción de diésel premium para el sector automotor. Según Maag, Ecuador cubre mediante importaciones alrededor del 75% de la demanda de este combustible.

La situación podría añadir presión sobre el abastecimiento debido a los trabajos previstos en la unidad hidrodesulfuradora de Esmeraldas, utilizada para producir diésel. Durante ese periodo, la planta reducirá su producción de este combustible y aumentará la de fuel oil.

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Las otras dos refinerías ecuatorianas tienen una capacidad menor. La Libertad puede procesar 45.000 barriles diarios y produce GLP, gasolinas, diésel, combustible para aviones y fuel oil. Shushufindi, con capacidad para 20.000 barriles por día, tiene una configuración más básica.

¿Qué busca Ecuador con el esquema de intercambio?

Petroecuador plantea utilizar su producción de petróleo para acceder a combustibles que actualmente debe importar. En lugar de concentrar todo el proceso de transformación dentro de Ecuador, la estatal busca aprovechar instalaciones extranjeras que puedan procesar su crudo y entregar derivados adecuados para el consumo local.

El esquema es conocido como swap o intercambio de productos. En este tipo de operación, el crudo se entrega para ser procesado y posteriormente se reciben combustibles equivalentes o acordados entre las partes, de acuerdo con las condiciones comerciales establecidas.

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Maag sostuvo que Petroecuador busca "las alianzas correctas" para abastecer de combustibles a la población a partir del petróleo que produce el país.

Por ahora, Perú es una de las alternativas que están sobre la mesa, pero no se ha definido qué refinería participaría ni se han anunciado volúmenes o condiciones comerciales. El eventual acuerdo dependerá de factores como la capacidad disponible, las características del crudo ecuatoriano, los costos de transporte y refinación y las condiciones que finalmente negocien las empresas.

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La controversia se produce un día después de que el Gobierno informara que el CNTPE había expresado por unanimidad su respaldo a González-Olaechea, luego de una reunión en la que participaron representantes del Estado, trabajadores y empleadores.

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CUT Perú cuestiona validez de la sesión del Consejo Nacional de Trabajo

A través de un manifiesto difundido el 22 de septiembre, la CUT Perú afirmó que lo ocurrido no puede considerarse una sesión válida del CNTPE, pues, según la central sindical, no se habría cumplido con la convocatoria formal ni con el quórum requerido para una reunión del diálogo tripartito.

El CNTPE es el principal espacio institucional de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y los gremios empresariales en materia laboral. El propio Ministerio de Trabajo ha destacado durante 2026 su carácter tripartito y la importancia de preservar su institucionalidad.

La posición de la CUT coloca el foco precisamente en ese procedimiento. Para la central sindical, una reunión en la que participan representantes de los distintos sectores no equivale necesariamente a un acuerdo formal del Consejo si no se cumplen las condiciones establecidas para su funcionamiento.

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Central sindical niega haber respaldado a Javier González-Olaechea

El segundo cuestionamiento apunta directamente al supuesto respaldo unánime a la candidatura peruana para dirigir la OIT durante el periodo 2027-2032. La CUT Perú aseguró que no ha otorgado respaldo alguno a González-Olaechea y calificó como falsa cualquier afirmación que atribuya a la organización una adhesión a su postulación.

La discrepancia contrasta con la versión difundida por el Ejecutivo. Según el reporte oficial, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, presentó la candidatura ante representantes de trabajadores, empleadores y Gobierno y solicitó un pronunciamiento sobre la postulación. El Ministerio señaló que la propuesta recibió respaldo unánime de los participantes presentes.

El Gobierno peruano oficializó la candidatura de González-Olaechea a inicios de septiembre. La elección del próximo director general de la OIT está prevista para noviembre de 2026 en Ginebra.

CUT exige rectificación al ministro Juan Sheput

Ante esta diferencia entre ambas versiones, la CUT Perú exigió al ministro Juan Sheput una rectificación inmediata. El gremio sostuvo que el diálogo social no puede utilizarse para presentar como consensos institucionales posiciones que, según su versión, no fueron aprobadas bajo las reglas correspondientes.

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La central sindical señaló que no cuestiona el diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado, pero insistió en que cualquier acuerdo del CNTPE debe respetar las reglas de funcionamiento del organismo. La disputa por la candidatura de González-Olaechea deja así abierta la diferencia entre lo que el Gobierno presentó como un respaldo unánime y lo que la CUT reconoce como posición propia.

Para Víctor Murillo, exviceministro de Hidrocarburos y exintegrante del directorio de Petroperú, estos cuestionamientos deben revisarse, pero el debate también debería definir qué metas de conexión e infraestructura se exigirán para que la masificación del gas avance en el centro y sur del país.

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Murillo, quien actualmente asesora al Gobierno Regional de Huancavelica y participó en el proceso de masificación del gas en esa región, considera que no se puede evaluar una nueva red bajo los mismos criterios que una infraestructura consolidada como la de Lima. Sin embargo, esa diferencia tampoco debería servir para aceptar sin modificaciones las metas planteadas por Cálidda.

“A mí me parece de todos modos insuficiente esa cantidad que hasta ahora se habla”, señaló al referirse al número de usuarios previsto para las siete regiones. A su juicio, el Estado debería revisar los montos involucrados y exigir una expansión mayor.

Gas natural en regiones: llevar una red desde cero tiene costos distintos

Uno de los principales argumentos de Murillo es que la realidad de las regiones no es comparable con la de Lima, donde existe una red desarrollada y una base amplia de usuarios. En localidades que todavía no cuentan con infraestructura, primero hay que instalar redes, habilitar plantas, conseguir terrenos, tramitar permisos y desarrollar progresivamente la demanda.

“No es lo mismo masificar en zonas desde cero, que masificar en lugares donde ya hay, como Lima”, explicó.

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Sin embargo, eso no significa que la empresa deba quedar liberada de mayores exigencias. “Yo no estoy justificando que el costo, o la cantidad que está proponiendo Cálidda, sea solamente 300.000 o solamente 500.000. Quizás puede hacer más”, sostuvo.

Para el exviceministro, la discusión debería separar dos asuntos: cuánto cuesta realmente construir las nuevas redes y qué nivel de expansión debe exigirse dentro de un eventual acuerdo.

La extensión de la concesión y el financiamiento de las regiones

Murillo considera que los ingresos asociados a una eventual ampliación de la concesión en Lima y Callao deberían contribuir a financiar la expansión del gas natural en las regiones. Su planteamiento parte de una comparación con el proceso que permitió desarrollar la infraestructura gasífera que abastece a Lima.

“Los fondos que pueden generar los diez años de ampliación del contrato, yo creo que perfectamente deben servir para hacer la masificación en esas siete regiones”, afirmó.

Su propuesta no se limita a financiar conexiones domiciliarias. Considera que el compromiso debería abarcar las plantas necesarias, las redes y la conexión de los usuarios en las localidades contempladas.

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“Con estos ingresos, Cálidda ya como concesionario de estas siete regiones debería instalar todas las plantas que se necesitan, y una cantidad muy importante de redes, y hacer la conexión a los usuarios”, sostuvo.

En esa línea, Murillo considera que las metas actuales pueden ser revisadas para alcanzar un mayor número de usuarios. El objetivo, según explicó, debería ser que la extensión de la concesión tenga un efecto concreto sobre la infraestructura regional y no quede únicamente como una ampliación del servicio en Lima y Callao.

Incluso plantea que la política de masificación debería mirar más allá de las siete regiones incluidas actualmente. “No solo las siete, debería hacerse en todo el Perú”, señaló.

GLP en regiones: el alto costo que se busca reducir con la masificación del gas

El exviceministro cuestionó que la falta de rentabilidad inmediata en algunas regiones termine justificando una política basada únicamente en subsidiar el balón de GLP. Las zonas alejadas y con menor densidad de usuarios tienen mayores costos de infraestructura, pero, a su juicio, eso no debería cerrar la discusión sobre su acceso al gas natural.

Su alternativa es recurrir a mecanismos de subsidio cruzado, es decir, utilizar recursos generados en mercados con mayor escala para financiar servicios en zonas donde la inversión no resulta rentable por sí sola.

Murillo recordó que la infraestructura que permitió la llegada del gas a Lima contó con un mecanismo de financiamiento que involucró a usuarios de todo el país. “Todo el Perú pagó el tubo para que llegue a Lima”, afirmó, en referencia a la Garantía de Red Principal utilizada para financiar el gasoducto.

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Desde su perspectiva, una lógica similar podría aplicarse ahora para ampliar la cobertura hacia las regiones. El argumento no es que los costos de la expansión deban ignorarse, sino que deben evaluarse junto con los beneficios que puede generar el acceso a un combustible más barato para los hogares, el transporte y las actividades productivas.

Por ello, su posición frente a la adenda no es aprobarla sin reparos ni descartarla de plano. Plantea revisar sus costos, discutir las condiciones técnicas de las nuevas instalaciones y, sobre todo, elevar las metas de conexión para que la expansión regional tenga un alcance mayor.

“Creo que con la adenda, con estos ajustes, deberíamos emprender y no perder más tiempo” con la masificación, concluyó.

En declaraciones a RPP, durante las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, Cuba sostuvo que el Ejecutivo tendrá que buscar respaldo legislativo para las medidas que requieren modificar el marco legal. “El plan B es simplemente ir al Congreso”, afirmó.

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El ministro precisó que el Gobierno presentaría proyectos de ley para promover la formalización, aunque reconoció que su aprobación dependerá de convencer a los legisladores con argumentos. “Tendremos que ir al Congreso a presentar normas para bajar la informalidad. Ahí tenemos que ir a convencer con argumentos y va a demorar más tiempo que las facultades, pero no hay otro camino”, señaló.

MEF busca reformar el sistema tributario y laboral de las microempresas

Cuba explicó que el pedido de facultades legislativas apunta a tres reformas. La primera contempla modificar el sistema tributario de las microempresas, cuyo diseño actual, según el ministro, no funciona adecuadamente para la tributación, el desarrollo de los negocios ni la formalización laboral.

La segunda iniciativa plantea revisar los regímenes laborales que se aplican a este segmento empresarial. El titular del MEF consideró que las reglas vigentes no han conseguido impulsar la formalización de las microempresas, por lo que el Ejecutivo busca introducir cambios.

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Ambas reformas forman parte de la estrategia del Gobierno para reducir la informalidad, uno de los objetivos que requeriría modificaciones legales y, por tanto, respaldo del Congreso si no se aprueba la delegación de facultades.

Elmer Cuba plantea acelerar la ejecución de proyectos bajo APP

La tercera reforma busca agilizar los procesos de las asociaciones público-privadas (APP), especialmente el tiempo que transcurre entre la adjudicación de un proyecto y el inicio de las obras.

Cuba cuestionó que, incluso después de que se define al ganador de una concesión, todavía deban cumplirse diversos procedimientos a cargo del Estado que retrasan la ejecución.

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“La idea es acortar los tiempos, que el postor que ganó pueda ejecutar las obras y todos los gastos previos, y después se las reconoce”, explicó el ministro.

La propuesta apunta a modificar esa secuencia para que el adjudicatario pueda avanzar con los gastos y trabajos previos, que posteriormente serían reconocidos, en lugar de esperar a que el Estado complete todos los procesos posteriores a la adjudicación.

¿Qué medidas puede aplicar el Gobierno sin facultades?

El titular de la cartera aclaró que no todas las acciones previstas por el Ejecutivo dependen de una nueva ley. Entre ellas mencionó mejoras en la gestión de la inversión pública y medidas para reducir la evasión tributaria y el incumplimiento en el pago del IGV y del impuesto a la renta.

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Estas acciones pueden avanzar sin una delegación legislativa, a diferencia de las reformas tributarias, laborales y de APP que el Gobierno pretende impulsar mediante cambios normativos.

De no obtener las facultades, el Ejecutivo tendría que presentar estas iniciativas directamente ante el Parlamento y conseguir su aprobación por separado, un proceso que, según reconoció Cuba, tomaría más tiempo.

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La Ley 32123 establece que, para determinados beneficios del Sistema Privado de Pensiones (SPP), primero se utilizan los recursos de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) y, cuando corresponda, el Bono de Reconocimiento. Si ese dinero no alcanza para financiar la prestación, el Estado cubre la diferencia bajo las condiciones establecidas por la reforma. En otras palabras, una parte del riesgo que antes recaía en el ahorro acumulado por el trabajador pasa a ser compartida con el Estado.

El cambio adquiere una dimensión económica y política porque modifica la relación entre ahorro individual y garantía estatal. Víctor Andrés García Belaunde, excongresista, cuestionó, en entrevista con La República, precisamente este punto al señalar: “Las AFP fueron creadas para que el Estado no tenga que hacerse cargo de los pensionistas”.

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El nuevo respaldo estatal cambia la lógica del sistema privado

El sistema privado no queda convertido en un esquema equivalente a la ONP. Los fondos continúan acumulándose en cuentas individuales y la administración permanece a cargo de las AFP. El sistema mantiene la capitalización individual y la administración privada de los fondos, pero incorpora una mayor participación estatal en el respaldo de determinadas pensiones.

García Belaunde resumió su cuestionamiento en una frase publicada en sus redes sociales: "Empezó el subsidio del Estado al negocio privado de las AFP para fijar una pensión mínima". Su crítica apunta a que, con la reforma, el Estado adquiere una mayor responsabilidad en el respaldo de las pensiones dentro del sistema privado.

La legislación, sin embargo, establece que esos recursos estatales están destinados a complementar la prestación previsional del afiliado y no a financiar los gastos operativos de las AFP. La administración privada de los fondos y el cobro de comisiones continúan bajo las reglas del SPP.

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El costo de administrar el ahorro vuelve a estar bajo la lupa

El cuestionamiento también alcanza a los costos que enfrentan los trabajadores dentro del sistema privado. Para setiembre de 2026, las AFP que mantienen el esquema de comisión por flujo aplican una tasa sobre la remuneración, mientras que también existe el esquema de comisión sobre saldo. A ello se suma la prima del seguro previsional.

Según la información de la SBS, las comisiones sobre remuneración vigentes en setiembre se ubican en 1,47% para Habitat, 1,55% para Integra, 1,60% para Prima y 1,69% para Profuturo. La tasa de aporte obligatorio al fondo es de 10% de la remuneración, mientras que la prima del seguro previsional es un concepto separado.

Este punto es relevante porque el problema de las pensiones no depende únicamente de cuánto aporta mensualmente un trabajador. También influyen los años de contribución, la continuidad laboral, el nivel de remuneración, la rentabilidad obtenida por el fondo y los costos asociados al sistema.

García Belaunde sostiene que las AFP deberían ser sometidas a una revisión más profunda de sus costos y del funcionamiento del modelo. Su cuestionamiento apunta a que el trabajador asume durante su vida laboral los efectos de una baja densidad de aportes o de un fondo reducido.

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La discusión también alcanza la relación entre economía y política

La crítica del excongresista se extiende a la relación entre el sistema privado de pensiones y las decisiones públicas. García Belaunde cuestionó la influencia que pueden ejercer los grandes actores económicos sobre las políticas vinculadas al sector.

En esa línea, relacionó los aportes económicos realizados por AFP, bancos y otras entidades financieras durante las campañas electorales con las decisiones que posteriormente pueden adoptar los gobiernos. "¿Por ideología? ¿O como una póliza de seguros para que una vez que ganen, les devuelvan el servicio?", cuestionó al referirse a la posibilidad de que esos aportes tengan como expectativa una retribución posterior desde el poder.

Ese componente resulta especialmente relevante porque el Estado no solo regula las comisiones y las condiciones de afiliación, sino que también establece las reglas para el uso de los fondos y las prestaciones previsionales.

Por ello, la discusión sobre el sistema privado no se limita a determinar si las AFP deben administrar los fondos. También involucra cuánto riesgo debe permanecer en el trabajador y cómo se distribuye esa responsabilidad dentro del nuevo esquema previsional.

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¿Qué significa para el afiliado?

El cambio no implica que el Estado pase a financiar todas las pensiones del sistema privado ni que las AFP dejen de operar bajo el modelo de cuentas individuales. Para el afiliado, el efecto estará vinculado a la suficiencia de sus aportes y a las condiciones que establezca la reforma para acceder a una prestación con respaldo público. El ahorro acumulado seguirá siendo determinante para definir la pensión, pero el nuevo esquema incorpora una garantía estatal en los casos previstos por la ley.

La ONP, por su parte, continúa funcionando bajo un esquema diferente: sus pensiones se financian dentro de un sistema de reparto y fondo común, mientras que las AFP mantienen cuentas individuales de capitalización. La diferencia entre ambos modelos, por tanto, no desaparece, aunque el nuevo esquema introduce un mayor componente de garantía pública dentro del SPP.

El cambio también tendrá una dimensión fiscal. El monto que finalmente deba asumir el Estado dependerá de cuántos afiliados accedan a las prestaciones con respaldo público y de la diferencia entre el fondo acumulado por cada trabajador y el beneficio que corresponda según las reglas del nuevo sistema. La magnitud de ese compromiso será, por ello, uno de los elementos a observar cuando la reforma entre plenamente en aplicación.

La disposición fue aprobada mediante la Resolución SBS N.° 02326-2026, que modifica el Título V del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Con ello, los aportes podrán ser canalizados mediante distintos mecanismos digitales ofrecidos por entidades autorizadas.

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Aportes a las AFP podrán pagarse con billeteras digitales

La nueva regulación permite que las Empresas Administradoras de Fondos (EAF) suscriban convenios con instituciones que ofrezcan servicios de pago. En este grupo se encuentran las empresas del sistema financiero, las entidades de servicios de pago y las empresas de servicios complementarios y conexos.

A través de estos acuerdos se podrán implementar mecanismos como billeteras digitales y aplicativos para realizar los aportes. Los convenios deberán establecer las condiciones y los plazos bajo los cuales se prestará el servicio de recaudación.

El cambio amplía los canales disponibles para cumplir con una obligación previsional que tradicionalmente se ha realizado mediante mecanismos definidos por las propias administradoras. La incorporación de opciones digitales busca hacer más sencillo el proceso de pago, especialmente para quienes ya utilizan este tipo de herramientas para sus operaciones financieras cotidianas.

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¿Qué controles tendrán los nuevos canales de pago?

La posibilidad de utilizar nuevos medios digitales también estará sujeta a reglas de supervisión. La SBS establece que los servicios deberán cumplir con las disposiciones vigentes sobre gestión del riesgo operacional y gobierno corporativo.

El riesgo operacional comprende, entre otros aspectos, las posibles fallas en sistemas, procesos o procedimientos que puedan afectar una operación. En este caso, las entidades que intervengan en la recaudación deberán contar con mecanismos para gestionar estos riesgos y asegurar el funcionamiento del servicio.

La modificación fue elaborada en coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el marco de la adecuación de las reglas del sistema previsional a la Ley N.° 32123.

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SBS establece protección para los datos de los afiliados

La resolución también fija disposiciones sobre el uso de los datos personales de los afiliados. La información no podrá ser utilizada sin autorización expresa del titular, salvo en los casos permitidos por la normativa vigente.

La precisión toma relevancia ante la participación de nuevas entidades en el proceso de pago. Para concretar una operación mediante una billetera digital o aplicativo, pueden intervenir distintos proveedores, por lo que la regulación establece límites sobre el tratamiento de la información de los afiliados.

Con esta modificación, la SBS incorpora los canales digitales al esquema de recaudación de aportes del SPP, como parte de la implementación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y de las disposiciones que buscan ampliar el acceso al sistema de pensiones.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 23 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

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Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
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BBVA

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Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558