En declaraciones a RPP, durante las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, Cuba sostuvo que el Ejecutivo tendrá que buscar respaldo legislativo para las medidas que requieren modificar el marco legal. “El plan B es simplemente ir al Congreso”, afirmó.

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El ministro precisó que el Gobierno presentaría proyectos de ley para promover la formalización, aunque reconoció que su aprobación dependerá de convencer a los legisladores con argumentos. “Tendremos que ir al Congreso a presentar normas para bajar la informalidad. Ahí tenemos que ir a convencer con argumentos y va a demorar más tiempo que las facultades, pero no hay otro camino”, señaló.

MEF busca reformar el sistema tributario y laboral de las microempresas

Cuba explicó que el pedido de facultades legislativas apunta a tres reformas. La primera contempla modificar el sistema tributario de las microempresas, cuyo diseño actual, según el ministro, no funciona adecuadamente para la tributación, el desarrollo de los negocios ni la formalización laboral.

La segunda iniciativa plantea revisar los regímenes laborales que se aplican a este segmento empresarial. El titular del MEF consideró que las reglas vigentes no han conseguido impulsar la formalización de las microempresas, por lo que el Ejecutivo busca introducir cambios.

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Ambas reformas forman parte de la estrategia del Gobierno para reducir la informalidad, uno de los objetivos que requeriría modificaciones legales y, por tanto, respaldo del Congreso si no se aprueba la delegación de facultades.

Elmer Cuba plantea acelerar la ejecución de proyectos bajo APP

La tercera reforma busca agilizar los procesos de las asociaciones público-privadas (APP), especialmente el tiempo que transcurre entre la adjudicación de un proyecto y el inicio de las obras.

Cuba cuestionó que, incluso después de que se define al ganador de una concesión, todavía deban cumplirse diversos procedimientos a cargo del Estado que retrasan la ejecución.

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“La idea es acortar los tiempos, que el postor que ganó pueda ejecutar las obras y todos los gastos previos, y después se las reconoce”, explicó el ministro.

La propuesta apunta a modificar esa secuencia para que el adjudicatario pueda avanzar con los gastos y trabajos previos, que posteriormente serían reconocidos, en lugar de esperar a que el Estado complete todos los procesos posteriores a la adjudicación.

¿Qué medidas puede aplicar el Gobierno sin facultades?

El titular de la cartera aclaró que no todas las acciones previstas por el Ejecutivo dependen de una nueva ley. Entre ellas mencionó mejoras en la gestión de la inversión pública y medidas para reducir la evasión tributaria y el incumplimiento en el pago del IGV y del impuesto a la renta.

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Estas acciones pueden avanzar sin una delegación legislativa, a diferencia de las reformas tributarias, laborales y de APP que el Gobierno pretende impulsar mediante cambios normativos.

De no obtener las facultades, el Ejecutivo tendría que presentar estas iniciativas directamente ante el Parlamento y conseguir su aprobación por separado, un proceso que, según reconoció Cuba, tomaría más tiempo.

La disposición fue aprobada mediante la Resolución SBS N.° 02326-2026, que modifica el Título V del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Con ello, los aportes podrán ser canalizados mediante distintos mecanismos digitales ofrecidos por entidades autorizadas.

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Aportes a las AFP podrán pagarse con billeteras digitales

La nueva regulación permite que las Empresas Administradoras de Fondos (EAF) suscriban convenios con instituciones que ofrezcan servicios de pago. En este grupo se encuentran las empresas del sistema financiero, las entidades de servicios de pago y las empresas de servicios complementarios y conexos.

A través de estos acuerdos se podrán implementar mecanismos como billeteras digitales y aplicativos para realizar los aportes. Los convenios deberán establecer las condiciones y los plazos bajo los cuales se prestará el servicio de recaudación.

El cambio amplía los canales disponibles para cumplir con una obligación previsional que tradicionalmente se ha realizado mediante mecanismos definidos por las propias administradoras. La incorporación de opciones digitales busca hacer más sencillo el proceso de pago, especialmente para quienes ya utilizan este tipo de herramientas para sus operaciones financieras cotidianas.

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¿Qué controles tendrán los nuevos canales de pago?

La posibilidad de utilizar nuevos medios digitales también estará sujeta a reglas de supervisión. La SBS establece que los servicios deberán cumplir con las disposiciones vigentes sobre gestión del riesgo operacional y gobierno corporativo.

El riesgo operacional comprende, entre otros aspectos, las posibles fallas en sistemas, procesos o procedimientos que puedan afectar una operación. En este caso, las entidades que intervengan en la recaudación deberán contar con mecanismos para gestionar estos riesgos y asegurar el funcionamiento del servicio.

La modificación fue elaborada en coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el marco de la adecuación de las reglas del sistema previsional a la Ley N.° 32123.

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SBS establece protección para los datos de los afiliados

La resolución también fija disposiciones sobre el uso de los datos personales de los afiliados. La información no podrá ser utilizada sin autorización expresa del titular, salvo en los casos permitidos por la normativa vigente.

La precisión toma relevancia ante la participación de nuevas entidades en el proceso de pago. Para concretar una operación mediante una billetera digital o aplicativo, pueden intervenir distintos proveedores, por lo que la regulación establece límites sobre el tratamiento de la información de los afiliados.

Con esta modificación, la SBS incorpora los canales digitales al esquema de recaudación de aportes del SPP, como parte de la implementación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y de las disposiciones que buscan ampliar el acceso al sistema de pensiones.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 23 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
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BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558
  

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Las categorías vinculadas al hogar registraron los mayores avances. Entre enero y junio, las ventas de artículos y equipos domésticos crecieron 17,2%, mientras que el equipamiento del hogar aumentó 17,7%, de acuerdo con las cifras difundidas por Accep. En moda y calzado, el incremento acumulado fue de 6%.

El comportamiento de estos segmentos también encuentra respaldo en los resultados del comercio minorista. El Ministerio de la Producción (Produce) informó que las ventas del comercio interno alcanzaron S/52.487 millones en 2025, un crecimiento de 5,2% frente al año anterior. Dentro de ese resultado, el equipamiento del hogar, las tiendas por departamento y las farmacias estuvieron entre las actividades con mayores avances.

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Para la campaña de este fin de semana, el cambio de temporada podría añadir presión para reducir inventarios de otoño-invierno en algunas tiendas de moda y calzado. Esto puede traducirse en promociones más agresivas, aunque el descuento anunciado no necesariamente determina por sí mismo el beneficio para el consumidor.

Una campaña que llega con mayor movimiento

La edición de este año reunirá a más de 90 centros comerciales y cerca de 9.000 tiendas a nivel nacional. El organismo estima que el evento recibirá más de 7 millones de visitas.

La campaña se desarrolla además en un contexto favorable para el sector. La asociación proyecta que las ventas de los centros comerciales superarán los S/40.000 millones durante 2026, mientras que la ocupación de sus espacios comerciales llegaría a aproximadamente 97%.

Además de hogar, tecnología, moda y calzado, la oferta incluirá productos de belleza y cuidado personal, así como actividades vinculadas con gastronomía y entretenimiento. En este último grupo, las ventas de bebidas registraron un incremento de 16,4% durante el primer semestre, según las cifras proporcionadas por el gremio.

Para los consumidores, el incremento de promociones también plantea la necesidad de comparar precios antes de comprar. Más allá del porcentaje anunciado, conviene revisar el precio previo, las condiciones de la oferta, su vigencia, disponibilidad y las políticas de cambio o devolución.

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Provincias aumentan su peso en el retail

El otro elemento que diferencia esta edición es el mayor dinamismo esperado fuera de Lima. Accep proyecta que las visitas aumenten 24,6% en Cusco, 21,2% en Arequipa y 19,9% en Chiclayo frente al año anterior. Para Lima, la expectativa de crecimiento es de 15,7%.

Arequipa concentraría alrededor de 400.000 visitas y ventas cercanas a S/17 millones, mientras que Chiclayo proyecta aproximadamente S/10 millones durante la campaña.

La evolución de estas ciudades forma parte de un cambio más amplio en el mercado. Según la asociación, las regiones ya representan 51% de las ventas de los centros comerciales, mientras que Lima concentra el 49%. Hace poco más de una década, la distribución era de aproximadamente 30% para las provincias y 70% para la capital.

El desplazamiento del consumo también está acompañado por nuevos proyectos. Las empresas asociadas al organismo tienen comprometidos S/816 millones en inversiones para 2026-2027, destinados a ampliaciones, remodelaciones y nuevos centros comerciales.

El margen para expandir este formato todavía es amplio. La densidad de superficie de centros comerciales en Perú llega a 9,4 metros cuadrados por cada 100 habitantes, frente a 26,5 metros cuadrados en Chile, según las cifras difundidas por la asociación.

Así, el resultado del Día del Shopping permitirá observar no solo si se cumple la expectativa de S/320 millones, sino también qué categorías terminan captando el gasto y qué ciudades explican una mayor parte del movimiento comercial.

Esta advertencia preocupa mucho más a economías expuestas a fenómenos como El Niño, cuyos efectos pueden interrumpir el transporte, alterar la logística y dificultar el normal funcionamiento de las operaciones. Para las compañías, estas contingencias no solo implican posibles pérdidas de ingresos, sino también mayores necesidades de capital de trabajo, es decir, recursos para cubrir sus gastos cotidianos mientras mantienen en marcha el negocio.

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El impacto puede extenderse al financiamiento. Cuando los eventos climáticos vuelven más inciertos los ingresos y elevan los costos, las empresas pueden enfrentar condiciones más exigentes para acceder al crédito. Moody’s advierte que este escenario podría hacer que los prestamistas sean más selectivos, aunque el análisis citado no precisa qué sectores o países de la región enfrentarían las mayores restricciones.

Riesgo climático presiona los costos y las finanzas empresariales

La exposición al riesgo climático no se limita a los daños físicos que un evento pueda causar en una instalación o infraestructura. Las interrupciones en el transporte y la logística también pueden afectar la llegada de insumos, retrasar entregas y alterar los flujos de ingresos. En esas circunstancias, las empresas deben afrontar gastos adicionales justo cuando su capacidad para generar caja puede verse comprometida.

Frente a este panorama, la gestión del riesgo requiere evaluar tanto la continuidad de las operaciones como las consecuencias que una contingencia puede tener sobre clientes, trabajadores, proveedores y comunidades. Una interrupción en la cadena de pagos o en el suministro, por ejemplo, puede trasladar las dificultades de una compañía a otras organizaciones vinculadas con su actividad.

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Directivos deben anticipar impactos en sus grupos de interés

Para Juan Quesada, consejero delegado de Mosaiq y experto internacional que participará el 29 de octubre en Reputation Day 2026, las empresas deben incorporar esta dimensión en sus decisiones. La diplomacia corporativa, sostiene, permite interpretar los cambios del entorno y anticipar riesgos considerando tanto las necesidades del negocio como las de sus grupos de interés.

El especialista plantea que las organizaciones deben escuchar las preocupaciones de clientes, colaboradores, proveedores y comunidades, así como preparar respuestas coherentes con sus capacidades y responsabilidades. Una crisis climática también puede abrir espacios para que las empresas contribuyan a atender necesidades concretas, pero las acciones deben guardar relación con su actividad y no responder únicamente a una búsqueda de visibilidad.

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La reputación también entra en la gestión del riesgo climático

Quesada sostiene que la reputación debe formar parte de la planificación empresarial y no activarse únicamente cuando estalla una crisis. La manera en que una compañía responde ante sus grupos de interés puede influir en la confianza que mantiene con ellos, especialmente cuando sus decisiones tienen consecuencias económicas y sociales.

"La reputación es un valor intangible que, en algunas circunstancias, vale tanto como los activos de cualquier compañía", señala el especialista. A su juicio, la cooperación y la comunicación con los grupos de interés se convierten en retos centrales para las empresas que deben operar en escenarios marcados por impactos climáticos y sociales.

Reputation Day 2026 se realizará el 29 de octubre en el Hotel NHOW Lima y reunirá a líderes empresariales y especialistas para analizar los desafíos de la reputación, la comunicación y la confianza.

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Con este primer tramo, el sueldo mínimo pasaría de los actuales S/1.130 a S/1.230. Los S/70 restantes se aplicarían en una segunda etapa durante el primer semestre de 2027, con una fecha que todavía estará condicionada por la evolución del fenómeno El Niño y su impacto sobre la actividad económica y el empleo.

El escenario marca un avance respecto de la primera sesión del CNTPE. En esa reunión, realizada a comienzos de septiembre, trabajadores y empleadores coincidieron en la necesidad de elevar la RMV hasta S/1.300, pero mantuvieron pendiente la definición sobre cuándo y cómo debía ejecutarse el incremento.

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Primer tramo llevaría la RMV a S/1.230

Sheput precisó que el primer aumento será de S/100 y que su anuncio quedará en manos de la presidenta una vez que retorne de Estados Unidos. El ministro sostuvo que la medida podría entrar en vigencia en octubre o noviembre.

"El aumento del primer tramo será de S/100 y anunciado por la presidenta a la brevedad posible. No hay nada improvisado en esta medida", declaró Sheput tras la sesión del CNT.

Esta modalidad había sido adelantada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Elmer Cuba explicó en agosto que el Gobierno optó por dividir el incremento en dos etapas para moderar sus posibles efectos sobre la inflación y los costos de las pequeñas empresas.

¿Cuándo se completarán los S/1.300?

El segundo tramo contempla los S/70 que faltan para alcanzar el monto anunciado por el Ejecutivo. De acuerdo con Sheput, este incremento se evaluará para el primer semestre de 2027.

La fecha no está cerrada. El ministro señaló que la decisión estará vinculada, entre otros factores, con la evolución del fenómeno El Niño y sus posibles efectos sobre la economía y el empleo.

Esto introduce una diferencia entre los dos momentos del aumento. El primer tramo ya tiene una ventana temporal planteada —octubre o noviembre— y será anunciado por la presidenta; en cambio, la segunda subida todavía depende de las condiciones que se observen durante los siguientes meses.

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En términos nominales, el incremento total será de S/170 respecto de la RMV actual. Eso representa un aumento de 15%, una vez que se complete el segundo tramo.

El MEF ya había explicado que la decisión de fraccionar el incremento respondía a la intención de evitar que una subida de S/170 en un solo momento genere presiones adicionales sobre los precios o sobre los costos de las micro y pequeñas empresas.

¿Qué acordó finalmente el Consejo Nacional del Trabajo?

El CNTPE no decidió por sí solo el monto de S/1.300 durante la reunión de septiembre. Lo que hizo fue permitir que el proceso avance con coincidencia entre los representantes de trabajadores y empleadores respecto de la necesidad de elevar la RMV hasta ese nivel.

El acuerdo alcanzado el 3 de septiembre estableció que ambos sectores respaldaban el incremento, pero continuarían las conversaciones para determinar la fecha y la forma de aplicación.

La segunda sesión permitió avanzar sobre esos aspectos y el Gobierno ahora plantea concretar el primer tramo en el corto plazo. De esta manera, el debate dejó de estar concentrado únicamente en si debía producirse un aumento y pasó a la implementación de la propuesta.

El CNTPE también viene trabajando en una metodología para futuras actualizaciones de la remuneración mínima. No obstante, este mecanismo no debe confundirse con el aumento actualmente en proceso: todavía se encuentra en elaboración y no determina el incremento de S/100 anunciado para este año.

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Una fórmula para los próximos aumentos

Durante la última reunión, Sheput informó además que el CNTPE comenzó a diseñar una fórmula para determinar futuros reajustes de la RMV. El ministro explicó que esta metodología incorporaría criterios como la productividad y el contexto económico.

La idea ya tenía un antecedente en el proceso iniciado dentro del propio CNTPE. En septiembre, el organismo había acordado encargar a una comisión especializada la elaboración de una propuesta para institucionalizar el procedimiento y la metodología de actualización de la remuneración mínima.

Por ahora, esa discusión no modifica el cronograma planteado para llegar a S/1.300. Su eventual aplicación correspondería a futuras revisiones de la RMV y todavía requiere definir los indicadores, la periodicidad y la forma en que se combinarán las variables económicas y laborales.

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Pero el récord de las cuentas externas no significa que ese monto ingrese directamente a los bolsillos de los peruanos. La bonanza se transmite a la economía por diferentes vías y una de ellas es el mercado cambiario. Una mayor entrada de dólares incrementa la oferta de esta moneda y puede contribuir a evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.

Fernando Cuadros, economista y exviceministro de Promoción del Empleo, sostuvo a La República que ese es uno de los primeros efectos que pueden sentirse en la economía doméstica. “El incremento de exportaciones genere un mayor ingreso de dólares en el país, una mayor disposición, oferta de dólares, y eso contribuiría a reducir o en todo caso evitar que se incremente demasiado el dólar”, explicó.

Un tipo de cambio más estable puede moderar el encarecimiento de productos importados y de bienes cuyos costos están vinculados al mercado internacional. En un escenario de presiones sobre los precios, este mecanismo puede ayudar a contener parte del impacto, aunque no significa que el aumento de las exportaciones se convierta automáticamente en menores precios para los consumidores.

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El reto es que el mayor dinamismo genere más ingresos

El otro canal está relacionado con la actividad económica. Los sectores que exportan más pueden aumentar sus ingresos, invertir y generar puestos de trabajo, pero el efecto sobre el conjunto de los hogares dependerá de cuánto de ese crecimiento llegue a los trabajadores y de las condiciones en las que se incorporen al mercado laboral.

Cuadros considera que el escenario favorable para las exportaciones debería acompañarse de medidas que permitan fortalecer los ingresos de los trabajadores. Entre ellas, planteó elevar el salario mínimo a S/1.300 en un solo tramo.

“Uno de los sectores donde se paga el salario mínimo es el de la exportación”, señaló el especialista, al considerar que el incremento de los ingresos laborales permitiría reducir el impacto que tienen las presiones inflacionarias sobre el poder adquisitivo.

No obstante, existe otro mecanismo que puede determinar cuánto de la bonanza termina beneficiando a la población: la recaudación tributaria.

La Sunat informó que la recaudación tributaria creció 20,4% interanual en julio y 17,3% en agosto de 2026. El aumento muestra una mejora de los ingresos fiscales, aunque Cuadros considera que todavía existe margen para que el Estado capture una mayor parte del dinamismo generado por determinadas actividades económicas.

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Eliminar exoneraciones podría elevar los ingresos del Estado

Uno de los planteamientos centrales del especialista es revisar las exoneraciones tributarias, particularmente las vinculadas con el sector agroexportador.

Cuadros recordó que las empresas agroexportadoras tienen una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, por debajo de la tasa general, pese al fuerte crecimiento que registra esta actividad en los últimos años.

"Se dejan de percibir 2.000 millones de soles al año" por las exoneraciones vinculadas a la agroexportación, sostuvo.

Por ello, planteó que una eliminación progresiva de estos beneficios permitiría incrementar la recaudación y generar recursos que posteriormente podrían destinarse a servicios públicos y otras necesidades de la población.

El punto es relevante porque permite explicar una de las razones por las que el buen desempeño exportador no necesariamente se refleja en una mejora equivalente de los servicios que reciben los ciudadanos. Que una actividad incremente sus ventas al exterior no significa que el Estado recaude automáticamente en la misma proporción.

La discusión, por tanto, no se limita a cuánto exporta el país, sino también a cuánto de esa expansión termina generando ingresos fiscales y cuál es el destino de esos recursos.

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Cuadros también propuso evaluar una mayor tributación sobre las rentas extraordinarias de la minería. “El sector que más está beneficiando de esta situación” debería contribuir más, sostuvo, y recordó que, según su interpretación de un informe reciente de la OCDE, existiría margen para elevar la carga tributaria minera sin afectar necesariamente su competitividad.

Esta última afirmación corresponde al planteamiento del especialista y debe distinguirse de los datos oficiales sobre la balanza comercial: el superávit refleja el resultado del intercambio con el exterior, mientras que la discusión tributaria corresponde a cómo el Estado puede captar una parte de los ingresos generados por la actividad económica.

¿Qué podría hacer el Estado para que el beneficio llegue más a los hogares?

La propuesta de Cuadros no se limita a modificar impuestos. Su planteamiento combina mayores ingresos fiscales con medidas dirigidas a reducir el impacto del aumento de precios.

Una de ellas es utilizar recursos adicionales para mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos. La otra consiste en reactivar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo que, según el especialista, permitiría amortiguar el impacto del petróleo sobre los precios internos.

"Esa mayor recaudación tributaria podría traducirse en una mejora de la calidad de los servicios públicos y de su cobertura", señaló.

El efecto sobre los hogares podría darse por dos caminos. Por un lado, mediante servicios públicos con mayor cobertura. Por otro, a través de mecanismos que reduzcan el traslado de los costos de los combustibles hacia el transporte y los alimentos.

Cuadros también planteó una reforma tributaria que incluya la eliminación de exoneraciones consideradas ineficientes, mayores tasas para sectores con mayores rentas o patrimonio y una ampliación de la base de contribuyentes.

"Debería plantear una reforma tributaria", sostuvo. A su juicio, esta debería incluir "eliminar exoneraciones tributarias ineficientes, aplicar mayores tasas impositivas a los sectores con mayores rentas o mayor patrimonio y ampliar la base de contribuyentes".

De aplicarse, estas medidas no significarían que los US$45.759 millones del superávit pasen directamente a manos del Estado. Su objetivo sería distinto: aumentar la capacidad de recaudación sobre una economía que genera mayores ingresos y utilizar esos recursos mediante el presupuesto público.

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Combustibles y El Niño pueden reducir el efecto positivo

El contexto en el que se produce el superávit también es determinante. La economía enfrenta presiones provenientes del precio internacional del petróleo y el riesgo de que el fenómeno de El Niño afecte la producción y el transporte.

Cuadros advierte que un deterioro de la producción agropecuaria podría reducir la oferta de algunos alimentos y elevar sus precios. Al mismo tiempo, los daños sobre carreteras e infraestructura pueden incrementar los costos de traslado.

"Todo eso llevaría a un mayor impacto en la inflación", afirmó.

Por eso, desde su perspectiva, una mayor recaudación debería servir también para financiar medidas preventivas frente al fenómeno climático. El especialista considera insuficientes los recursos y acciones destinados actualmente a reducir sus efectos y plantea acelerar las labores de prevención, especialmente en las zonas que podrían resultar más afectadas.

La presión sobre los precios podría complicar aún más la percepción de los hogares. Incluso si las exportaciones continúan creciendo y el país mantiene un elevado superávit comercial, una familia puede no percibir una mejora en su economía si sus ingresos crecen menos que sus gastos o si el costo de alimentos, transporte y combustibles aumenta.

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La bonanza externa no garantiza por sí sola mayor bienestar

El superávit comercial constituye una señal favorable para la posición externa del Perú, pero su magnitud no permite concluir por sí sola que los hogares estén recibiendo el mismo beneficio.

El principal efecto inmediato pasa por el ingreso de divisas y su incidencia sobre el tipo de cambio. Para que el resultado exportador tenga una transmisión más amplia, entran en juego el empleo, las remuneraciones, la recaudación y el gasto público.

En ese punto se encuentra uno de los principales desafíos: que una mayor generación de riqueza en los sectores vinculados a las exportaciones también incremente la capacidad del Estado para financiar servicios y políticas que reduzcan las presiones sobre los hogares.

Para Cuadros, además de revisar las exoneraciones y la tributación de los sectores con mayores rentas, el Gobierno debería adoptar medidas para proteger el poder adquisitivo, entre ellas el aumento del salario mínimo y la reactivación del fondo de combustibles.

El debate, entonces, no pasa únicamente por celebrar que el Perú acumule US$45.759 millones de superávit comercial. También por determinar qué mecanismos permiten que una economía que obtiene mayores ingresos del exterior convierta parte de esa expansión en más recaudación, mejores servicios, ingresos laborales y menor presión sobre los gastos cotidianos de las familias.

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La entidad evaluadora considera que el entorno político posterior a las elecciones de junio podría reducir el riesgo de nuevas interrupciones en la gestión gubernamental y favorecer una formulación de políticas más predecible. Esto, a su vez, tendría efectos sobre la confianza empresarial y la inversión privada. No obstante, Moody’s precisa que todavía no observa una mejora estructural en la calidad institucional del país.

Uno de los principales puntos de atención está precisamente en la capacidad del Estado para convertir los proyectos anunciados en inversiones efectivamente ejecutadas. La agencia identifica una cartera importante de iniciativas mineras y de infraestructura que podría ampliar la capacidad productiva, generar mayores exportaciones y elevar los ingresos públicos.

Inversión minera e infraestructura sostendrían el crecimiento

Moody’s proyecta que la inversión será uno de los principales motores de la economía peruana durante los próximos años. En particular, los proyectos vinculados con minería, infraestructura, energía y transporte podrían generar efectos sobre la construcción y el potencial productivo.

El organismo de calificación, sin embargo, mantiene su previsión por debajo de las expectativas de las autoridades debido a los riesgos para concretar estas iniciativas. Entre ellos menciona los retrasos en la obtención de permisos, la oposición social, la minería ilegal y las debilidades en la implementación de políticas.

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Para 2028-2031, Moody’s estima un crecimiento promedio cercano al 3,5%. Pero advierte que alcanzar ese ritmo dependerá de que la cartera anunciada pase de la etapa de planificación a la construcción y, posteriormente, se traduzca en una mayor capacidad productiva.

El punto resulta relevante porque el organismo evaluador no considera que el crecimiento por sí mismo sea suficiente para mejorar la fortaleza económica del país. Para ello también será necesario observar avances sostenidos en productividad, instituciones y gestión estatal.

El Niño será un riesgo, aunque no cambiaría el panorama de mediano plazo

El fenómeno de El Niño constituye otro factor que podría afectar el desempeño económico durante 2026 y 2027. Moody’s contempla impactos temporales sobre la agricultura, pesca, transporte y otras infraestructuras.

La magnitud del efecto dependerá, según la calificadora, de los daños que se produzcan en la infraestructura, la velocidad de la reconstrucción y la capacidad de preservar la actividad productiva.

Pese a este riesgo, Moody’s considera que los colchones fiscales de Perú reducen la posibilidad de una contracción prolongada y no espera que El Niño tenga un impacto significativo sobre el potencial de crecimiento a mediano plazo.

Esto se explica, en parte, por la posición fiscal del país. La deuda pública peruana se mantiene entre las más bajas dentro del grupo de soberanos con calificación Baa y la agencia estima que permanecerá alrededor del 30% del PBI hacia los próximos años.

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La presión sobre el gasto público es uno de los principales riesgos

El nivel relativamente bajo de deuda constituye una fortaleza, pero Moody’s advierte que la situación podría cambiar si continúan aumentando los compromisos permanentes de gasto.

Asimismo, señala que medidas aprobadas por el Congreso en los últimos años, relacionadas con mayores remuneraciones y prestaciones del sector público, podrían reducir los recursos disponibles para inversión y para responder ante nuevos shocks si no existen ingresos que compensen esos mayores desembolsos.

Por ello, la trayectoria fiscal dependerá de cuánto logre contenerse el crecimiento de las obligaciones permanentes y de la capacidad para elevar la recaudación tributaria.

Moody’s también advierte sobre el riesgo de utilizar ingresos temporales vinculados con los precios de los commodities para financiar gastos permanentes. En su evaluación, esta práctica podría debilitar la trayectoria fiscal en el mediano plazo.

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¿Qué tendría que pasar para que Perú mejore su calificación?

La agencia establece también las condiciones que podrían generar una presión al alza sobre la nota soberana. Entre ellas se encuentran una mayor estabilidad política acompañada de mejoras en el control de la corrupción, el sistema judicial y la eficiencia del sector público.

También sería relevante demostrar que instituciones más sólidas permiten incrementar la inversión privada, elevar el potencial de crecimiento y mejorar la recaudación tributaria.

En ese sentido, la estabilidad política es presentada por Moody’s como una oportunidad, pero no como un resultado suficiente. La entidad evaluadora sostiene que una mejora duradera en la eficacia de las políticas requerirá tiempo y evidencia concreta de reformas.

El escenario también tiene un riesgo contrario. Un nuevo deterioro de la estabilidad política que afecte la inversión, el crecimiento o la gestión fiscal podría ejercer presión negativa sobre la calificación. Lo mismo ocurriría si las presiones estructurales sobre el gasto terminan deteriorando de manera sostenida las cuentas fiscales y los indicadores de deuda.

Así, aunque Perú mantiene su Baa1 y cuenta con una posición fiscal que le permite absorber determinados shocks, Moody’s plantea que el siguiente desafío no está únicamente en preservar esas fortalezas, sino en demostrar que pueden convertirse en mayor inversión, productividad y una gestión estatal más eficiente.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, explicó tras la reunión de este martes 22 de septiembre que el Consejo trabaja en el diseño de una fórmula que incorpore criterios de productividad y el contexto económico para establecer, cada cierto periodo, cuánto debería variar la RMV. La propuesta todavía se encuentra en construcción y no significa que los próximos aumentos vayan a aplicarse automáticamente.

El planteamiento busca darle mayor previsibilidad a una decisión que históricamente ha dependido de procesos de diálogo y de decisiones gubernamentales. El propio CNTPE ya había planteado, tras su primera sesión de septiembre, la necesidad de avanzar hacia un mecanismo de actualización de la remuneración mínima.

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El aumento a S/1.300 sigue otro camino

Mientras se debate esa metodología, el incremento actualmente acordado mantiene un proceso independiente.

Los representantes de trabajadores y empleadores coincidieron en avanzar con la propuesta del Ejecutivo para elevar la RMV de S/1.130 a S/1.300. En la primera sesión del CNTPE también quedaron pendientes la fecha y la forma concreta de aplicación del incremento.

El Gobierno ha planteado que el aumento se realice en dos etapas. El primer tramo contempla elevar la remuneración mínima en S/100, hasta S/1.230, mientras que los S/70 restantes completarían los S/1.300 durante el primer semestre de 2027.

Sheput señaló este martes que la primera subida podría concretarse en octubre o noviembre, una vez que la presidenta Keiko Fujimori retorne de Estados Unidos. La aplicación todavía requiere la formalización correspondiente.

Por eso, hay dos procesos que no deben confundirse: uno corresponde a la implementación del incremento ya acordado hasta S/1.300 y otro al diseño de una eventual metodología que serviría para los reajustes posteriores.

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¿Qué cambiaría con una fórmula para la RMV?

La principal novedad de la reunión no está en el monto de S/1.300, que ya había sido respaldado en el CNT, sino en la posibilidad de establecer una metodología para futuras revisiones.

Sheput sostuvo que el objetivo es contar con una fórmula matemática que considere variables económicas y laborales antes de determinar un nuevo incremento. Entre los criterios mencionados por el ministro figuran la productividad y el contexto en el que se encuentre la economía.

Esto supone pasar de discutir únicamente cuánto debe subir el sueldo mínimo a establecer bajo qué condiciones corresponde revisarlo. Sin embargo, todavía no se conocen los parámetros definitivos, la periodicidad ni la ponderación que tendría cada variable dentro de la fórmula.

Por ello, no se puede afirmar todavía que exista un sistema automático de incremento. Lo que se ha iniciado es el proceso para diseñarlo.

El antecedente se remonta a 2007, cuando dentro del Consejo Nacional del Trabajo ya se había planteado la institucionalización de un mecanismo para actualizar la RMV. La propuesta no llegó a consolidarse como una regla permanente y ahora el Gobierno busca retomar esa discusión.

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Productividad, inflación y situación económica: qué deberá definir el CNT

El punto central de las próximas reuniones será precisar qué variables formarán parte de la fórmula.

La productividad aparece como uno de los criterios señalados expresamente por Sheput. Su inclusión busca vincular la evolución de los ingresos mínimos con la capacidad de la economía para generar mayor producción por trabajador. Pero todavía falta determinar cómo se mediría ese indicador y qué peso tendría frente a otros factores.

También está el denominado contexto económico. Este concepto deberá traducirse en variables concretas si se pretende que la metodología sea aplicable de manera objetiva. Entre los elementos que históricamente han formado parte de la discusión sobre la RMV se encuentran la inflación, la productividad y las condiciones del mercado laboral.

El propio proceso del CNTPE contempla la participación de los tres sectores: Estado, trabajadores y empleadores. Por ello, la definición de la fórmula no depende únicamente del MTPE.

Esto también explica por qué el mecanismo todavía no puede considerarse cerrado. La discusión tendrá que establecer qué indicadores serán utilizados, con qué frecuencia se revisarán y qué ocurrirá cuando la economía atraviese un periodo de menor crecimiento o un deterioro del empleo.

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El debate también involucra a las empresas

Una fórmula permanente para actualizar la RMV tendría consecuencias tanto para los trabajadores como para los empleadores.

Para quienes reciben el ingreso mínimo, contar con una metodología conocida podría permitir anticipar bajo qué condiciones se revisará su remuneración. Para las empresas, especialmente las de menor tamaño, conocer con anticipación los criterios de actualización podría facilitar la planificación de sus costos laborales.

Precisamente, durante la primera sesión del CNTPE los representantes empresariales expresaron preocupación por los posibles efectos que un fenómeno de El Niño de gran intensidad podría generar sobre la actividad productiva y el empleo. Ese factor fue incorporado al diálogo sobre la oportunidad del aumento.

La discusión muestra por qué una fórmula no puede reducirse a aplicar automáticamente un porcentaje determinado. El mecanismo deberá contemplar qué ocurre cuando variables como productividad, inflación, empleo y actividad económica evolucionan en sentidos diferentes.

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Una propuesta que todavía debe convertirse en regla

Por ahora, el CNTPE se encuentra en la fase de diseño. Sheput ha planteado que el país necesita una fórmula técnica para reducir la discrecionalidad en futuras decisiones sobre la RMV, pero todavía no existe una metodología aprobada que permita calcular el próximo incremento.

El primer desafío será definir los indicadores. El segundo, establecer cómo se combinarán y con qué frecuencia se revisarán. Y un tercer punto será determinar si la fórmula funcionará como una referencia técnica para el diálogo social o si tendrá efectos vinculantes sobre las futuras decisiones.

La diferencia es importante. El acuerdo para elevar la RMV hasta S/1.300 ya tiene un camino definido por el Ejecutivo y el CNT. En cambio, el mecanismo que podría determinar los siguientes reajustes todavía necesita pasar por una discusión técnica y tripartita.

Así, la reunión de este martes no solo dejó novedades sobre cuándo podría concretarse el primer aumento de S/100. También abrió una discusión de mayor alcance: si el sueldo mínimo seguirá siendo revisado principalmente mediante decisiones adoptadas en cada coyuntura o si el país finalmente contará con una metodología previamente establecida para orientar sus próximos reajustes.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 22 de septiembre

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La discusión se produce a poco más de tres meses de que culmine el plazo establecido en la legislación actual. El artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta mantiene estas rentas exoneradas hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que cualquier ampliación requiere una nueva disposición legal.

La iniciativa fue presentada por José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía, y contempla también determinadas operaciones realizadas por las cooperativas de ahorro y crédito con sus socios. El objetivo expuesto por sus impulsores es evitar que una eventual modificación tributaria reduzca el rendimiento que reciben los depositantes.

¿A quiénes alcanzaría la medida?

El proyecto no plantea crear una nueva exoneración, sino prolongar el régimen que ya se encuentra vigente. En concreto, busca mantener el tratamiento aplicable a los intereses provenientes de depósitos en empresas del sistema financiero y a determinadas operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito.

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Uno de los argumentos utilizados para sustentar la iniciativa es la composición de los depósitos. De acuerdo con información de la SBS citada por el Congreso, al cierre de 2025, el 95,9% de los titulares de cuentas de ahorro tenía saldos de hasta S/11.670.

Ese dato es relevante para el debate porque permite observar que la medida no está dirigida únicamente a quienes mantienen grandes cantidades de dinero en las entidades financieras. Los promotores sostienen que una eventual carga sobre los intereses también tendría incidencia sobre los pequeños depositantes.

El proyecto incorpora además al sistema cooperativo. A julio de 2025, las cooperativas de ahorro y crédito registraban 1 millón 511.925 socios depositantes y administraban más de S/8.000 millones en depósitos, según la información difundida por el Congreso.

¿Cuánto representa para el Estado?

La discusión también tiene una dimensión fiscal. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030 identificó esta exoneración entre los beneficios tributarios cuya vigencia llega a su fin durante 2026.

Para los intereses de los depósitos bancarios de personas naturales, el MEF estimó un costo fiscal de S/268 millones para 2027, equivalente a alrededor de 0,02% del PBI. En el caso de los intereses vinculados con depósitos en cooperativas de ahorro y crédito, el costo estimado asciende a otros S/25 millones.

En conjunto, ambos conceptos representan cerca de S/293 millones que el Estado dejaría de recaudar en 2027 si se mantiene el tratamiento tributario.

Este elemento introduce otro aspecto en la evaluación parlamentaria: además del efecto que tendría sobre los rendimientos de los depositantes, una prórroga implica mantener un gasto tributario que el MEF ya ha cuantificado dentro de sus proyecciones fiscales.

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MEF descarta impuesto a los intereses desde 2027

La iniciativa legislativa llega luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas aclarara que no tiene previsto aplicar el Impuesto a la Renta sobre los intereses de las cuentas de ahorro desde el próximo año.

A inicios de septiembre, el MEF señaló que no ha planteado gravar estos rendimientos y que las versiones que apuntaban a esa posibilidad no correspondían a una medida impulsada por la cartera. La precisión fue realizada luego de que el MMM 2027-2030 incluyera la exoneración entre los beneficios tributarios con vencimiento en 2026.

Por ello, el vencimiento del régimen actual no significa que el Ejecutivo haya anunciado la creación de un nuevo impuesto para los intereses de las cuentas de ahorro. Se trata de dos asuntos distintos: una cosa es que termine la vigencia de una exoneración y otra que el Gobierno haya propuesto establecer una carga tributaria sobre esos rendimientos.

En este escenario, el proyecto de Ahora Nación busca fijar expresamente una nueva fecha para la continuidad del tratamiento vigente.

¿Qué tendría que ocurrir para que llegue hasta 2029?

La iniciativa todavía debe seguir el procedimiento parlamentario antes de convertirse en una norma aplicable. Su presentación no modifica por sí sola el plazo vigente, que continúa establecido hasta el 31 de diciembre de 2026.

De aprobarse una extensión, el nuevo límite pasaría al 31 de diciembre de 2029. De no prosperar ninguna modificación legal antes del vencimiento, corresponderá aplicar las reglas tributarias que se encuentren vigentes en ese momento.

El debate tendrá así dos dimensiones. Por un lado, los impulsores del proyecto sostienen que mantener el tratamiento actual evita reducir el rendimiento de los depósitos y puede contribuir a preservar el ahorro dentro del sistema financiero formal. Por otro, el MMM permite dimensionar cuánto representa para las cuentas fiscales continuar con esta excepción tributaria.

La discusión parlamentaria deberá definir finalmente si ese tratamiento se prolonga por otros tres años y bajo qué condiciones. Mientras tanto, la fecha que figura actualmente en la legislación continúa siendo el 31 de diciembre de 2026.

En los primeros ocho meses del año, el Sector Público No Financiero acumuló un superávit fiscal de S/5.546 millones. El resultado contrasta con el déficit de S/7.323 millones registrado en el mismo periodo de 2025. En otras palabras, el balance fiscal mejoró en más de S/12.800 millones frente al año pasado.

El resultado se explica principalmente por el mayor crecimiento de los ingresos frente al gasto. Entre enero y agosto, los ingresos corrientes del Gobierno General aumentaron 12,9% en términos reales, mientras que el gasto no financiero avanzó 4,3%.

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Recaudación tributaria impulsa la mejora de las cuentas fiscales

El avance de los ingresos responde a un mayor nivel de recaudación y a un contexto favorable para las materias primas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)señaló que el precio del cobre aumentó 39,9% durante el periodo, mientras que la actividad económica local mostró un mayor dinamismo.

La recaudación tributaria del Gobierno Central creció 14,2% real entre enero y agosto. El Impuesto a la Renta aumentó 14,6% y el IGV, 9,7%. También aportaron el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto Especial a la Minería (IEM).

Solo en agosto, los ingresos corrientes del Gobierno General crecieron 13,1% interanual. El resultado estuvo impulsado por una mayor recaudación del Impuesto a la Renta, IGV, ISC e IEM, además de un menor nivel de devoluciones tributarias.

No todos los ingresos tuvieron el mismo comportamiento. Los ingresos no tributarios disminuyeron debido principalmente a una menor transferencia de utilidades de una entidad financiera al Tesoro Público.

El mayor flujo de recursos permitió compensar parte de las presiones sobre el gasto y explica por qué el resultado fiscal acumulado muestra una mejora considerable frente a 2025.

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Gasto público crece 8,4% en agosto, según el BCRP

El gasto no financiero del Gobierno General aumentó 8,4% interanual en agosto y creció 4,3% real en el acumulado de enero a agosto. El incremento de agosto se produjo en los tres niveles de gobierno.

Por tipo de gasto, el componente corriente aumentó principalmente por mayores remuneraciones y transferencias. En los primeros ocho meses, este gasto acumuló un crecimiento real de 8,4%, mientras que el gasto de capital cayó 7,4%.

El resultado mensual muestra que todavía existen presiones sobre las cuentas públicas. En agosto, el Sector Público No Financiero registró un déficit de S/4.076 millones, ligeramente superior al observado en el mismo mes de 2025.

El BCRP atribuye este resultado al mayor servicio de intereses de la deuda y al incremento del gasto no financiero. El mayor nivel de ingresos tributarios permitió compensar parte de ese impacto, pero no evitó que agosto cerrara con saldo negativo.

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MEF identifica margen fiscal ante Fenómeno El Niño y alza de combustibles

Para el MEF, el nivel actual del déficit permite al Estado contar con margen de acción frente a nuevos choques que puedan afectar la economía. Entre los riesgos que identifica están el Fenómeno El Niño y los elevados precios internacionales de los combustibles, que pueden repercutir tanto sobre la actividad económica como sobre el bienestar de los hogares.

La cartera señaló que mantendrá un manejo fiscal prudente para atender estos eventos y otras prioridades. El argumento del MEF es que las fortalezas fiscales acumuladas durante las últimas décadas permiten implementar medidas frente a choques negativos.

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En esa línea, el Gobierno informó que viene aplicando medidas focalizadas para los sectores más vulnerables y que evaluará intervenciones adicionales conforme evolucionen los riesgos.

La evolución de los próximos meses será relevante para determinar cuánto de la mejora fiscal puede sostenerse. El resultado acumulado hasta agosto está respaldado por una expansión importante de los ingresos, favorecida por la recaudación tributaria y el contexto favorable para el cobre. Al mismo tiempo, persisten presiones de gasto y riesgos externos que podrían modificar el balance hacia el cierre del año.