En este contexto, Oscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que la reciente proclama estadounidense no introduce un nuevo arancel, sino que modifica la base sobre la cual se calcula el impuesto. “Debemos tomarlo con cautela. El arancel ya existía; lo que cambia es que ahora se cobra sobre el valor total del producto”, explicó el representante gremial.

“Por ejemplo, si estás exportando unos perfiles que puedan contener una parte de cobre y otra parte de otros metales. Ahora te van a cobrar sobre el valor total del perfil y ya no sobre el contenido del cobre. Entonces, tu base imponible ahora va a ser el valor del producto, ya no el porcentaje de participación del cobre”, ejemplificó Quiñones.

Pese a la preocupación inicial del sector exportador, la medida no tendría un impacto económico significativo para el Perú. Así lo afirmó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, quien indicó que, si bien el valor de las exportaciones peruanas de manufacturas de cobre potencialmente afectadas asciende a US$418,5 millones en 2025, la tasa arancelaria se mantiene en 50% desde julio, por lo que no existe un incremento en el porcentaje aplicado, sino únicamente un cambio en su cálculo.

Arrieta precisó que los principales productos en riesgo, según el valor exportado en 2025, son el cobre refinado en placas, láminas y tiras, con US$186 millones (44%), y las barras de cobre, con US$125 millones (30%). En conjunto, estos dos productos representan aproximadamente el 74% de las manufacturas de cobre potencialmente afectadas por la medida.

Finalmente, el especialista destacó que “la manufactura de cobre representa alrededor del 3,9% del total de exportaciones peruanas hacia Estados Unidos”, y que no se prevé un efecto significativo del cambio en la base imponible, dado que “los principales productos exportados por el Perú presentan un alto contenido de cobre, lo que reduce el impacto relativo del ajuste arancelario”.

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Asimismo, desde ADEX se enfatizó que productos como barras y placas de cobre (que concentran gran parte de los envíos al mercado estadounidense) poseen un contenido del metal que oscila entre el 99% y el 99,5%. Por ello, incluso antes del cambio normativo, el arancel ya se aplicaba prácticamente sobre la totalidad de su valor. Esta característica estructural de las exportaciones peruanas explica por qué el ajuste en la base imponible no genera un encarecimiento adicional relevante. 

En consecuencia, el mayor impacto de esta medida solo se produciría en bienes con bajo contenido de cobre, escenario que no corresponde a la actual composición de las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos. Por ello, se concluye que el efecto del arancel del 50% sobre las manufacturas de cobre es acotado y no representa un riesgo significativo para el desempeño exportador del país en el corto plazo. 

ADEX: “No genera ventajas competitivas para otros países” 

Por otra parte, Arrieta sostuvo que este arancel no genera ventajas competitivas para otros países, ya que su aplicación es prácticamente global. “Este 50% de aranceles está aplicado para casi todo el mundo. Existen algunas pequeñas excepciones, como el caso del Reino Unido, con el cual no competimos, y Rusia, que enfrenta aranceles de hasta 200% para varios de sus productos”, explicó. 

En este escenario, el especialista remarcó que la posición relativa del Perú frente a sus competidores internacionales se mantiene prácticamente igual. Asimismo, indicó que el impacto final dependerá del volumen exportado y de la estructura productiva de cada empresa, por lo que no se observa un cambio sustancial respecto a la evolución que ha tenido esta situación hasta el momento. 

Respecto al trasfondo de la medida, el jefe del CIEN-ADEX señaló que responde a una tendencia proteccionista del gobierno estadounidense, amparada en la Sección 232, que permite al presidente de Estados Unidos imponer aranceles mediante decreto ejecutivo, sin la aprobación del Congreso, en determinadas circunstancias. 

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“Desde su perspectiva, el elevado nivel de importaciones provenientes de todo el mundo estaría afectando la seguridad nacional de Estados Unidos”, explicó. 

El objetivo de la medida, según Arrieta, es incentivar la producción local, atraer inversiones y generar empleo. No obstante, advirtió que también podría tener efectos adversos en industrias estadounidenses que dependen del cobre como insumo, como los sectores automotriz y electrónico. 

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Frente a este escenario, se recomendó a las empresas peruanas revisar cuidadosamente si sus productos están incluidos en los listados oficiales, utilizar el acompañamiento técnico de entidades públicas y privadas, y evaluar posibles excepciones arancelarias. “Lo primero es entender muy bien la medida. Antes de levantar alarmas, siempre es importante comprender la norma”, remarcó Arrieta. 

Gobierno busca mantener el diálogo diplomático con las autoridades de Estados Unidos 

La situación ha motivado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a entablar un diálogo con Estados Unidos con la finalidad de mantener canales diplomáticos abiertos con las autoridades estadounidenses para identificar espacios de cooperación que permitan mitigar el impacto de estas medidas comerciales. 

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“El Gobierno se encuentra evaluando estas disposiciones en el marco de nuestros compromisos internacionales, a fin de analizar sus posibles implicancias sobre el comercio bilateral y la competitividad de nuestra oferta exportable”, informó el Mincetur mediante un comunicado. 

Finalmente, Arrieta subrayó que esta coyuntura refuerza la necesidad de que el Perú avance hacia una mayor diversificación productiva y manufacturera, apoyada en inversiones y proyectos estratégicos como el puerto de Chancay. “No solo debemos centrarnos en la producción de concentrados, sino también impulsar encadenamientos productivos y atraer inversiones que fortalezcan la industria manufacturera”, concluyó. 

El avance estuvo liderado por las exportaciones tradicionales, que sumaron US$14.050 millones, con una expansión de 44,2%, concentrando el 79,1% del total exportado. En tanto, los envíos no tradicionales alcanzaron los US$3.718 millones, con un crecimiento más moderado de 4,2%, equivalente al 21% del total.

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Exportaciones en Perú: siete sectores continúan en rojo

Aunque el desempeño agregado fue favorable, el reporte evidencia que siete de los 15 sectores exportadores analizados registraron caídas en el primer bimestre del año. Los rubros que cerraron en terreno negativo fueron:

• Joyería: -78,5%
• Metalmecánica: -37,4%
• Confecciones: -11,9%
• Textil: -8,3%
• Hidrocarburos: -7,3%
• Minería no metálica: -7,1%
• Varios: -0,9%

Adex: Minería lidera, pero algunos rubros retroceden

En los despachos primarios, la minería encabezó el ranking con US$12.639 millones, registrando un crecimiento de 51,3%. En contraste, los hidrocarburos retrocedieron -7,3%, al sumar US$682 millones. La pesca tradicional y el agro tradicional crecieron 3,7% y 61%, respectivamente.

La canasta estuvo compuesta por cobre, oro en bruto, cátodos de cobre refinado, concentrados de minerales, harina de pescado, plomo, plata, zinc, hierro y otros, que aterrizaron en 70 destinos.

China se consolidó como el principal destino de las exportaciones primarias, concentrando el 48%, seguida por India, Canadá y Estados Unidos.Completaron el top ten Estados Unidos, Japón, Suiza, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Brasil. 

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No tradicionales: cinco sectores no tradicionales cerraron en rojo

En el segmento no tradicional, la agroindustria lideró con US$1.995 millones, aunque con una tasa de crecimiento moderada de 3,8%. Le siguieron los sectores químico (US$411 millones), pesca para consumo humano directo (US$376 millones) y siderometalurgia (US$363 millones). No obstante, rubros como confecciones, textil, metalmecánica y ía continuaron mostrando resultados negativos.

Su portafolio de uvas, arándanos, mangos, pota, alambre de cobre refinado, paltas, fosfatos de calcio natural, zinc sin alear y otros llegó a 140 mercados. El líder fue Estados Unidos (US$1.302 millones) al experimentar un alza de 1%. Le siguieron Países Bajos, China, Chile, México, Colombia, Ecuador, España, Corea del Sur y Bolivia. 

Solo en febrero, cinco sectores no tradicionales cerraron en rojo, con una nueva caída de las confecciones, que profundizaron su contracción tras retroceder también en enero: joyería (-76,1%), prendas de vestir (-15%), textil (-7%), metalmecánica (-7%) y agroindustria (-0,1%).

Aun con uno de los mayores crecimientos interanuales del último año registrado en febrero de 2026, el informe de CIEN-ADEX señala que el desafío pendiente es avanzar hacia un crecimiento más equilibrado y sostenible, con mayor participación sectorial.

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Ante este escenario, el presidente de ADEX, César Tello Ramírez, advirtió que el crecimiento exportador no debe depender únicamente de factores coyunturales como los altos precios de los minerales. En ese sentido, instó a acelerar la agenda pendiente del país, priorizando la mejora de la infraestructura, la reducción de los sobrecostos logísticos, el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad jurídica, condiciones clave para atraer inversión y sostener el desempeño del sector externo.

Asimismo, destacó la necesidad de impulsar a las pequeñas empresas exportadoras, que concentran una importante participación en el empleo, pero siguen siendo altamente vulnerables debido a su dependencia de un solo producto o mercado.

¿Quiénes acceden al beneficio? 

Podrán acceder a este bono los licenciados veteranos de la pacificación nacional contemplados en la Ley N.° 30826, siempre que se encuentren debidamente reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asimismo, los solicitantes deberán haber prestado servicio de manera consecutiva por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 24, haber culminado su servicio en los grados establecidos para cada instituto armado y no registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, ni figurar como deudores alimentarios. Toda la información será previamente validada por la institución militar correspondiente. 

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Bono excepcional de S/1.130 para veteranos militares: plazo y procedimiento de solicitud 

Los interesados deberán presentar su solicitud ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, siempre que cuenten previamente con el reconocimiento oficial como licenciados veteranos de la pacificación nacional. 

El plazo para presentar solicitudes se inicia al día siguiente de la entrada en vigencia de la ley y vence el 31 de julio de 2027. Vencido dicho plazo, no se admitirán nuevas solicitudes. 

En cuanto al reconocimiento pendiente, la norma establece que el proceso concluyó definitivamente el 31 de diciembre de 2024; sin embargo, los expedientes ingresados antes de esa fecha y aún en trámite deberán resolverse en un plazo máximo de 120 días hábiles. Quienes obtengan su reconocimiento dentro de este periodo podrán solicitar el bono en condición de rezagados. 

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Monto del bono y forma de pago 

La bonificación económica excepcional asciende a S/1.130 y se otorgará de manera mensual y progresiva, de acuerdo con un cuadro de priorización por edad y condición de salud. El pago se iniciará con los veteranos mayores de 60 años y personas con discapacidad permanente, seguido de los grupos etarios de 55 a 59, 50 a 54, 45 a 49 y 40 a 44 años, respectivamente. 

El Ministerio de Defensa, en su calidad de titular del pliego, será el encargado de autorizar el beneficio y efectuar el registro de los beneficiarios en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), en un plazo no mayor de 90 días calendario desde la recepción de la calificación aprobatoria emitida por el Comando Conjunto. Todas las solicitudes aprobadas deberán culminar su registro en dicho sistema hasta el 31 de julio de 2028, de manera indefectible. 

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La ley precisa que la bonificación no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no está sujeta a cargas sociales y será vitalicia e intransferible. Asimismo, señala que su financiamiento no demandará recursos adicionales al Tesoro Público y que el beneficio podrá ser retirado si se detecta el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos. 

El problema, advirtió, es que la cautela también se ha trasladado al empleo. “En diciembre, el 53% decía que iba a contratar personal; ahora solo el 35% mantiene esa intención. Es decir, casi un 65% de empresas no realizará nuevas contrataciones”, indicó. 

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El director institucional del gremio, Antonio Castillo, explicó a La República que hay un cambio de ánimo empresarial si se compara con los resultados de finales del año pasado. “En diciembre, el 61% de los empresarios nos decía que iba a invertir y solo un 39% que no lo haría. Hoy esa situación se ha revertido”, señaló. 

Castillo precisó que este desentusiasmo inversor responde a una combinación de factores internos y externos que se han intensificado en el primer trimestre del año. “El año pasado no teníamos la incertidumbre que hoy genera el fenómeno de El Niño, ni el impacto tan fuerte de los conflictos internacionales, especialmente en Medio Oriente, que han elevado considerablemente los costos de producción”, explicó. 

Entre los principales shocks externos, el directivo detalló el fuerte incremento de precios de insumos estratégicos para la industria. “El precio del petróleo se ha incrementado 47% entre el 27 de febrero y el 9 de abril. La urea ha subido 50,6% y los insumos para el sector plástico se han encarecido en 32,4%”, afirmó. A ello se suma el aumento de los costos logísticos: “Los fletes también se han elevado en torno al 28%”. 

A este escenario se agrega el componente político. “Si a los mayores costos le sumas el tema electoral y la forma como se ha presentado en el último mes, indudablemente se ve afectada la inversión privada”, sostuvo Castillo. 

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Pese al freno en las decisiones de inversión de corto plazo, la SNI resaltó que las expectativas económicas no son del todo negativas. De acuerdo con el estudio, cerca del 70% de los empresarios considera que su sector crecerá o se mantendrá estable en los próximos meses. “Todavía hay empresarios que creen que su sector va a crecer, otros que estará igual. Solo un 22% nos ha dicho que podría haber una caída, lo que indica que el mercado sigue mostrando señales de dinamismo”, explicó el representante del gremio. 

Sectores vinculados al comercio exterior más expuestos a esta desaceleración

Según la SNI, los rubros más expuestos a esta desaceleración en las inversiones son aquellos vinculados al comercio exterior. “Nos preocupa especialmente el frente externo, porque las empresas exportadoras enfrentan una desaceleración de la demanda internacional, cambios en aranceles e incrementos de costos”, manifestó Castillo. 

En particular, mencionó a los sectores exportadores de bienes de consumo, altamente sensibles a la inflación en mercados como Estados Unidos. “Si se reduce el poder de compra en esos países, el impacto es directo sobre nuestras exportaciones”, explicó. También advirtió riesgos para sectores con alto componente de transporte y para la agroindustria, debido al aumento de insumos agrícolas. 

No obstante, aclaró que no todo se explica por el escenario electoral. “No es solo un factor político; son factores externos e internos de costos que están afectando la operatividad de las empresas”, remarcó. 

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A corto plazo, la paralización parcial de inversiones podría impactar las proyecciones macroeconómicas. El Banco Central de Reserva había estimado un crecimiento de 9% de la inversión privada, cifra que podría ajustarse a la baja. Sin embargo, Castillo recordó que algunos sectores mantienen un buen desempeño. “En febrero, la inversión minera creció 47% y las importaciones de bienes de capital aumentaron cerca de 38%. La economía venía con un ritmo importante”, dijo.

Asimismo, destacó que continúan invirtiendo sectores ligados a infraestructura, bienes de capital, defensa, y algunas líneas de exportación regional. “Incluso el sector metalmecánico tiene potencial en los mercados internacionales y esperamos que siga creciendo”, agregó. 

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De cara al próximo gobierno, la SNI planteó una agenda urgente para recuperar la confianza empresarial. “La principal medida debe ser una desregulación de la economía. Hemos identificado cerca de 280 trabas a nivel nacional, regional y municipal que dificultan la inversión, especialmente de las micro y pequeñas empresas”, señaló Castillo. 

Además, pidió medidas sectoriales específicas para reactivar líneas de producción en rubros como textil-confecciones, pesca para consumo humano directo e industria de defensa, así como un fuerte impulso al desarrollo de infraestructura. 

“Con un plan de reactivación claro, el Perú tiene la oportunidad de convertirse en un hub logístico sudamericano. Las expectativas pueden ser buenas si se logra estabilidad y predictibilidad”, concluyó. 

Esta decisión permitirá a la administración tributaria contar con mayor tiempo para poner a prueba el sistema, realizar ajustes y reducir posibles errores en la asignación de las calificaciones. Para los contribuyentes, la medida también resulta favorable, ya que durante esta fase preliminar podrán conocer cómo están siendo evaluados y entender qué aspectos deben mejorar para optimizar su calificación, sin que aún se les apliquen plenamente las restricciones previstas por la normativa.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 055-2026-EF, el cual amplía hasta abril de 2027 la etapa inicial del mecanismo. Una vez que el sistema entre en vigencia, las empresas serán clasificadas según su nivel de cumplimiento tributario, lo que permitirá aplicar beneficios o restricciones en función de los resultados obtenidos.

El objetivo de la norma es perfeccionar y ajustar la metodología del perfil antes de que la herramienta genere efectos legales y prácticos para los contribuyentes que perciben rentas de tercera categoría, es decir, las personas naturales y jurídicas que realizan actividades empresariales.

Más tiempo para afinar el perfil de cumplimiento tributario

El Perfil de Cumplimiento Tributario es un instrumento mediante el cual la Sunat clasificará inicialmente a los contribuyentes de tercera categoría en cinco niveles, que van desde la categoría A hasta la E, de acuerdo con su comportamiento frente a sus obligaciones fiscales.

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Según explicó Sofía Chirinos, abogada de Editorial Economía y Finanzas (EEF) a este diario, la ampliación del período de prueba busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. “Quienes tienen una calificación baja deben enfrentar mayores controles o restricciones, mientras que aquellos con una buena calificación pueden acceder a mayores facilidades”, precisó.

Para determinar esta clasificación, la Sunat evaluará diversos factores, entre ellos el historial de cumplimiento, la existencia de deudas en cobranza coactiva y la vinculación con otros contribuyentes de bajo nivel de cumplimiento.

Beneficios y restricciones según el nivel de cumplimiento

Si bien las calificaciones actuales tienen un carácter meramente informativo y todavía no generan efectos jurídicos, Chirinos advirtió que sí constituyen un indicador que podría ser considerado en una etapa posterior, cuando el sistema tenga efectos definitivos.

Asimismo, recordó que diversas normas ya contemplan consecuencias concretas asociadas al nivel de calificación que obtenga cada contribuyente una vez que el esquema entre en vigencia. Entre ellas se encuentran restricciones para cambiar el domicilio fiscal sin autorización previa de la Sunat, un mayor control sobre las declaraciones rectificatorias, la posibilidad de aplicar medidas cautelares anticipadas, plazos más extensos para devoluciones tributarias y un tratamiento más estricto en el régimen de detracciones.

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En contraste, las empresas que alcancen altos niveles de cumplimiento podrán acceder a determinados beneficios operativos y tributarios. De este modo, la Sunat gana tiempo adicional para afinar una herramienta que, una vez activada, tendrá un impacto directo en las obligaciones, beneficios y restricciones aplicables a las empresas.

La calificación podrá ser revisada

Otro aspecto relevante es que la calificación definitiva que asigne la Sunat no será inmutable. Esta podrá ser revisada, y el contribuyente tendrá la posibilidad de presentar sus descargos si considera que la evaluación no refleja adecuadamente su situación tributaria.

“Existirán mecanismos de defensa para cuestionar o solicitar la revisión de una calificación que se considere errónea. No obstante, la recomendación principal es adoptar una conducta preventiva, manteniendo un adecuado orden en la gestión tributaria y monitoreando de forma permanente la situación fiscal de la empresa, a fin de evitar contingencias antes de llegar a una instancia de revisión”, sostuvo la especialista.

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Sunat: claves para mejorar el perfil de cumplimiento tributario

Finalmente, la abogada Sofía Chirinos recomendó a las empresas adoptar una gestión tributaria ordenada y preventiva, cumpliendo oportunamente con sus declaraciones y pagos, controlando su nivel de endeudamiento y evitando contingencias como reparos recurrentes o inconsistencias ante la Sunat. Asimismo, aconsejó corregir errores de manera oportuna, monitorear permanentemente las calificaciones de prueba (que anticipan el perfil definitivo) y revisar la vinculación con proveedores y socios, considerando que estos perfiles serán públicos y servirán también para evaluar con quiénes hacer negocios.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 14 de abril?

BBVA

• Compra: S/3,307
• Venta: S/3,484

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,320
• Venta: S/3,460
  
  

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 13 de abril?

BBVA

• Compra: S/3,307
• Venta: S/3,484

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,320
• Venta: S/3,460

Los resultados del conteo rápido (estimación basada en una muestra representativa de votos) al 95% de Ipsos en alianza con Transparencia ubican a Keiko Fujimori liderando la torta electoral con 17,1%. Le siguen Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (12,4%), Rafael López Aliaga de Renovación Popular (11,3%) y Jorge Nieto del partido Buen Gobierno (10,7%), en un ajustado empate técnico en busca de acceder a la segunda vuelta.

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Este escenario mantiene la incertidumbre política, aunque sin generar presiones fuertes sobre el dólar. Durante la jornada de hoy lunes, se negociaron US$252 millones en el mercado spot interbancario (operaciones de compra y venta de dólares al contado entre bancos), un monto 19% mayor al del viernes.

El tipo de cambio abrió en S/3,36 y alcanzó un máximo de S/3,383. "La jornada estuvo bastante volátil luego de los resultados iniciales de las elecciones presidenciales llevadas acabo ayer (domingo). Cercanos al cierre de mercado se observó flujo de demanda importante (más compra de dólares) que empujó el tipo de cambio al alza", explicó Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

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Fundamentos macroeconómicos mantienen sesgo bajista del dólar

De acuerdo con Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima (CEL), los auspiciosos fundamentos macroeconómicos han generado que el dólar tenga sesgo bajista desde el 2025. “Tenemos una balanza comercial superavitaria. El año pasado fue cerca de US$34.000 millones. Eso ha hecho que la tendencia del dólar en el Perú haya sido a la baja desde el año pasado”, apuntó.

Además, no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del BCRP (instrumentos que usa el banco central para inyectar o retirar dólares del mercado y así estabilizar el tipo de cambio), lo que implica que la autoridad monetaria no intervino directamente en la jornada.

Otro conteo rápido difundido por la encuestadora Datum, también coloca a Keiko Fujimori en segunda vuelta, aunque con un segundo lugar aún indefinido entre varios candidatos.

Esta dispersión de resultados mantiene la incertidumbre electoral, pero sin generar una reacción brusca en el mercado. "El segundo lugar aún no estaría definido, pero estaría entre Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Roberto Sánchez", manifiesta Torres.

Dólar será refugio mientras siga la incertidumbre geopolítica

En el frente internacional, el escenario también incluye cierta presión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo del estrecho de Ormuz (ruta por donde pasa entre el 20% y 30% del petróleo mundial), tras el fracaso de negociaciones con Irán. Ello impulsó nuevamente que el petróleo, recurso fundamental para la economía global, se ubique por encima de los US$100 por barril.

Además, esta medida puede aumentar las tensiones entre Estados Unidos y China, principal comprador del crudo iraní. "EE.UU. afirmó que Irán se negó a limitar su programa nuclear, mientras que Irán exigió el control del estrecho, reparaciones, un alto el fuego más amplio y el acceso a los activos congelados", sostuvo la especialista.

La medida entra en vigor hoy y los buques que entren o salgan de los puertos iraníes se enfrentarán a restricciones. "El principal destino de los envíos de crudo de Irán es China, la reciente escalada amenaza con tensar aún más las relaciones entre EE.UU. y China", agregó.

Por otro lado, Rodrigo Lama, director de Negocios de la fintech Global66 manifestó que "mientras persista la incertidumbre geopolítica, el dólar mantendrá su rol de refugio y la volatilidad seguirá siendo elevada" y que cualquier avance diplomático "podría revertir rápidamente este escenario”.

El dato

Recordemos que a fines de marzo, el dólar había superado la barrera de los S/3,50, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. A la fecha (abril de 2026), ha retomado una tendencia a la baja y se ubica en torno a los S/3,37.

En el comunicado detallan que los empleadores deben brindar las facilidades necesarias a los trabajadores que ejercerán su voto, en el marco de la ampliación de los horarios de instalación de Mesas de Sufragio y de votación para las Elecciones Generales.

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"Las horas dejadas de laborar están sujetas a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo, la compensación será determinada por el empleador", manifestó la entidad.

Por otro lado, comunicó que los electores que se han traslado a la ciudad de Lima desde otras provincias o regiones, tendrán el derecho de gozar de un día de descanso remunerado compensable un día después (martes 14 de abril del 2026), si así se requiriera para su traslado de retorno al ámbito geográfico de sus labores.

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Miembros de mesa sorteados descansarán mañana

Para aquellas personas que, ante la ausencia de los miembros de mesa sorteados, sean designados como tal, podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el día 14 de abril de 2026.

"Esta medida será aplicable también a los miembros de mesa que ejercerán este rol el día 13 de abril, que habiendo sido elegidos como tal, no hubiera completado el proceso de capacitación correspondiente", precisaron.

La sentencia declara fundada en parte una acción popular contra esta norma y deja sin efecto el decreto que, desde 2022, prohibía tercerizar funciones consideradas como el “núcleo del negocio”.

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Para Luis Vinatea, socio de Vinatea & Toyama, se trata de una decisión de alto impacto en el ámbito laboral y empresarial. Según indicó, el decreto anulaba de forma indebida el alcance de la Ley N° 29245, que regula la tercerización en el país.

En esa línea, la Corte Suprema concluyó que el decreto vulneró el principio de jerarquía normativa, al incorporar el concepto de "núcleo del negocio", inexistente en la ley. Además, determinó que dicha definición era imprecisa, ya que no establecía criterios claros para identificar qué actividades podían ser tercerizadas.

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Esta falta de precisión, según el fallo, afectó los principios de seguridad jurídica y tipicidad, al generar incertidumbre en las empresas. Con la decisión, el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR queda sin efecto en sus aspectos centrales y sus implicancias se aplican a todas las empresas del país. En adelante, la tercerización podrá seguir utilizándose bajo la Ley N.° 29245 y su reglamento previo.

Tercerización en actividades principales será válida, pero se sancionará el fraude

Sin embargo, la Corte Suprema precisó que esto no impide sancionar casos de tercerización indiscriminada, fraudulenta o abusiva, los cuales seguirán siendo fiscalizados bajo la normativa vigente.

Así, la ilegalidad no radica en tercerizar actividades centrales en sí mismas, sino en utilizar esta figura para encubrir una relación laboral directa o vulnerar derechos laborales.

Por ejemplo, según lo que establece la Corte, una empresa sí puede tercerizar incluso actividades principales, siempre que los trabajadores no dependan directamente de ella. Si están bajo sus órdenes, entonces se considera un uso fraudulento.

La tercerización ocurre cuando una empresa contrata a otra para que se encargue de parte de su trabajo y está regulada en el Perú por la Ley N.° 29245. El decreto establecía que no se pueden tercerizar las labores principales o esenciales del negocio, ya que ello podía usarse para evadir responsabilidades laborales o reducir beneficios a los trabajadores.

El decreto ahora anulado había introducido el concepto de “núcleo del negocio” para referirse a la actividad principal de una empresa, prohibiendo que esta pudiera ser ejecutada por terceros.

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En diálogo con La República, el abogado laboralista Renzo Castillo consideró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú de anular el decreto impulsado durante el gobierno de Pedro Castillo "representa un retroceso en materia de protección laboral".

Según explicó, la norma que restringía la tercerización en actividades nucleares del negocio había permitido avanzar en la identificación de casos de desnaturalización de la tercerización. "Antes de ese cambio, los trabajadores tenían mayores dificultades para lograr reposiciones o reconocimiento de derechos cuando se comprobaba que la tercerización encubría una relación laboral directa", apuntó.

Castillo señaló que la normativa había dado mayor claridad a los jueces, quienes empezaron a contar con herramientas más explícitas para determinar cuándo una empresa tercerizaba actividades que en realidad formaban parte de su giro principal.

A su juicio, el problema de fondo es que la tercerización suele utilizarse para trasladar costos laborales a empresas contratistas, muchas de ellas micro o pequeñas empresas, mientras la compañía principal mantiene las mayores utilidades. “La finalidad muchas veces es reducir derechos laborales y abaratar costos, dejando esas obligaciones en empresas más pequeñas”, indicó.

Con la decisión judicial, advirtió, "el escenario vuelve a una situación similar a la previa a la reforma, cuando era más complejo cuestionar estos esquemas en los tribunales".

Sindicatos alertan abusos, mientras empresas celebran mayor claridad

Gustavo Minaya, secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuestionó el fallo de la Corte Suprema al considerar que, con la anulación del decreto, “se avalan prácticas como la explotación laboral, la contratación irregular y los abusos por parte de las empresas”.

Para el gremio, permitir la tercerización de actividades principales “desnaturaliza la relación laboral y convierte al trabajador en un mero instrumento de rentabilidad”.

A contraparte, gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX) saludaron la decisión y señalaron que la norma anulada había generado incertidumbre, afectado el dinamismo de las inversiones y puesto en riesgo miles de empleos formales en sectores estratégicos.

En esa línea, sostuvieron que el fallo contribuye a restablecer reglas más claras y a reforzar la confianza de los inversionistas en el país.

Recordemos que en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad del Decreto Supremo N.º 001-2022-TR, al desestimar la demanda interpuesta por Lima Airport Partners (LAP), que alegaba una vulneración a la libertad de empresa.

El colegiado señaló que la norma tiene como finalidad resguardar los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, al restringir la tercerización a actividades especializadas.

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal del mencionado gremio, precisó que este beneficio alcanza a trabajadores de los sectores público y privado, y debe fijarse de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. En caso de no existir consenso, será el empleador quien determine la fecha del descanso.

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“Este derecho corresponde a quienes fueron designados y capacitados como miembros de mesa, para quienes la licencia es no compensable, es decir, no requiere recuperación posterior. Aunque suele utilizarse al día siguiente de la elección, puede tomarse en cualquier momento dentro del plazo establecido”, sostuvo.

Miembros de mesa voluntarios también tienen un día de descanso

En el caso de los ciudadanos que asumieron el rol de manera voluntaria o espontánea, también se reconoce un día de descanso. Sin embargo, este será compensable, según la norma vigente, por lo que deberá recuperarse posteriormente, según el acuerdo con el empleador.

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“El tratamiento diferenciado responde a lo establecido en la normativa electoral, que distingue entre miembros de mesa designados y aquellos que cumplieron esta función de manera excepcional”, indicó.

Finalmente, la CCL recuerda que los que cumplieron efectivamente con esta labor recibirán una compensación económica equivalente al 3% de una unidad impositiva tributaria (UIT) de S/5.500, el cual es equivalente a S/166, monto que es otorgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En cuanto a los miembros de mesa, titulares y suplentes, que no cumplieron con su deber cívico, la multa única es de S/275. Dicha sanción se aplica incluso a los ciudadanos que estando en la fila se nieguen a integrar las mesas de sufragio.