Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy, 14 de octubre

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El resultado refleja un estancamiento del turismo receptivo durante los primeros ocho meses del año. Aunque algunos mercados emisores mostraron avances, la evolución negativa de otros países, principalmente de Sudamérica, limitó el desempeño general del sector.

Chile y Estados Unidos concentran las visitas

Chile se mantuvo como el principal país de procedencia de los turistas internacionales, con 457.224 llegadas, equivalentes al 20,2% del total. Sin embargo, el flujo disminuyó 5,2% en comparación con enero-agosto de 2025.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 432.259 turistas y una participación de 19,1%. A diferencia del mercado chileno, las llegadas desde ese país aumentaron 2,5% durante el periodo analizado.

Entre los siguientes mercados figuraron Ecuador, con 194.266 turistas, una caída de 3,5%; Brasil, con 120.916 y un avance de 0,5%; Bolivia, con 119.994 y un retroceso de 5,3%; y Colombia, con 111.329, lo que significó una reducción de 8%.

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En conjunto, los viajeros procedentes de Chile y Estados Unidos representaron cerca de cuatro de cada diez llegadas internacionales. La evolución de ambos mercados resulta relevante para el sector debido a su peso en el flujo de visitantes que recibe el país.

Por bloques regionales, Sudamérica concentró el 49% de las llegadas, con 1.107.044 turistas. Le siguieron Norteamérica, con el 24,6%; Europa, con el 17,9%; Asia, con el 4,4%; y Centroamérica, con el 2,7%.

Castillo de Chancay destaca entre los atractivos turísticos

Pese al retroceso del turismo receptivo, varios destinos registraron incrementos en sus visitas durante los primeros ocho meses de 2026. El Centro Turístico Castillo de Chancay destacó con un crecimiento de 158,2% frente al mismo periodo del año anterior.

También aumentaron las visitas a la Reserva Nacional de Paracas, con un avance de 66,7%; el complejo arqueológico de Moray, con 32,8%; las Islas Ballestas, con 27%; y el Monasterio de Santa Catalina, con 6,3%, de acuerdo con información difundida por la Agencia Andina sobre las estadísticas del sector.

El crecimiento de estos atractivos contrasta con la variación negativa del total de turistas extranjeros. No obstante, las cifras de visitas a destinos específicos no equivalen necesariamente al número de turistas internacionales, pues también pueden incluir viajeros nacionales.

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El aeropuerto Jorge Chávez concentra los ingresos

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue la principal vía de entrada al país, con aproximadamente 1,5 millones de turistas internacionales, equivalentes al 66,1% del total.

Por los puestos de control fronterizo también ingresaron visitantes desde Chile, Ecuador y Bolivia. El puesto de Santa Rosa, en Tacna, registró 334.000 llegadas, mientras que el Centro Binacional de Atención de Frontera de Tumbes contabilizó 173.000. En Puno, los controles de Desaguadero, Carancas y Cebaf sumaron 105.000 ingresos.

La concentración de las llegadas en el aeropuerto de Lima y en los pasos fronterizos del sur y norte muestra la importancia de las conexiones aéreas y terrestres para el turismo receptivo. La evolución de estos flujos será relevante para determinar si el sector consigue revertir el ligero retroceso registrado hasta agosto.

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La pérdida de terreno también se observa en el mercado estadounidense. Según las cifras de la Oficina de Textiles y Prendas de Vestir de Estados Unidos (OTEXA), Perú ocupó el puesto 19 entre los proveedores de ese país durante los primeros ocho meses del año, con una caída de 10,4% y una participación de apenas 1,1% en las importaciones estadounidenses de prendas de vestir.

En ese periodo, las compras de Estados Unidos al exterior sumaron US$11.659 millones, un descenso de 2,5% interanual. Vietnam, China y Bangladesh concentraron conjuntamente el 44,9% del total, aunque sus resultados fueron dispares: las importaciones desde Vietnam disminuyeron 0,8%, las de China cayeron 29,4% y las de Bangladesh retrocedieron 4,4%.

Entre los diez principales proveedores, solo Camboya, Italia e Indonesia registraron avances, de 6,9%, 6,1% y 2,6%, respectivamente. En este escenario, el retroceso peruano refleja una dificultad para conservar participación en un mercado que también registra una contracción de sus compras externas.

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Estados Unidos concentra casi dos tercios de los envíos

Entre enero y agosto, Estados Unidos recibió prendas de vestir nacionales por US$490,35 millones, equivalentes al 64,2% de las exportaciones del sector, según ADEX Data Trade.

Brasil alcanzó el segundo lugar, con US$57,6 millones y un crecimiento de 15,2%. Chile, Canadá, Alemania, Colombia, Venezuela, China, México y Argentina completaron los diez principales destinos de un total de 85 mercados.

Los productos más exportados fueron los polos de algodón para hombres y mujeres, las camisetas de algodón de un solo color y las camisas de punto elaboradas con fibras sintéticas o algodón. La concentración comercial y la dependencia de determinadas líneas de producto limitan la capacidad de compensar una menor demanda o cambios en las condiciones de acceso a los mercados.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, atribuyó parte de la pérdida de competitividad a los aranceles adicionales aplicados por Estados Unidos. Según el dirigente, estas medidas encarecen la oferta peruana frente a la de otros proveedores y dificultan el desempeño de las empresas nacionales.

El impacto se produce pese a que el acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos contempla el acceso preferencial para las mercancías que cumplen sus reglas de origen. La aplicación de medidas arancelarias adicionales modifica esas condiciones de acceso y plantea nuevos desafíos para los exportadores.

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Emergencia del sector textil

El Gobierno declaró en emergencia la cadena textil-confecciones por 120 días calendario mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-PRODUCE. La norma encarga al Ministerio de la Producción aprobar un plan de reactivación en un plazo máximo de 15 días hábiles, con énfasis en las pequeñas empresas.

ADEX plantea reducir los costos logísticos, ampliar la disponibilidad de trabajadores calificados, acelerar la digitalización y automatizar procesos productivos. Estas necesidades coinciden con un escenario en el que los compradores internacionales exigen entregas oportunas, calidad y capacidad de adaptación.

Las dificultades no se limitan a las ventas externas. Hasta julio de 2026, el número de empresas exportadoras de confecciones había disminuido 5,6%, equivalente a 49 compañías menos, mientras que el empleo directo, indirecto e inducido del sector se redujo 14,6%, con 33.487 puestos de trabajo perdidos, según cifras difundidas por el gremio.

La evolución de estos indicadores será clave para evaluar si la declaratoria de emergencia logra frenar el deterioro de una actividad que necesita recuperar competitividad, diversificar sus destinos y sostener su capacidad de generar empleo.

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La iniciativa fue remitida por el presidente del BCRP, Julio Velarde, al titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero. El proyecto volvió a presentarse después de que se solicitaran ajustes para cumplir los requisitos reglamentarios, entre ellos la fundamentación de la medida, la identificación de las normas afectadas y el análisis costo-beneficio.

El incremento asciende a 667,3 millones de DEG. Al 10 de setiembre de 2026, cada unidad equivalía a US$1,37347, según el FMI, por lo que el incremento representaba cerca de US$916 millones.

¿Qué implica el aumento de la cuota peruana?

Las cuotas constituyen la principal fuente de recursos financieros del FMI. Según el organismo, determinan los aportes de sus miembros, influyen en su poder de voto y sirven como referencia para establecer los límites de acceso a determinados mecanismos de financiamiento.

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En la exposición de motivos del proyecto, el BCRP señala que elevar la cuota permitiría aumentar los montos absolutos de financiamiento que podrían estar disponibles para el Perú. Sin embargo, el cambio no supone la aprobación de un préstamo ni garantiza que el país reciba recursos adicionales: el acceso dependerá de las condiciones y políticas aplicables a cada mecanismo.

El aumento forma parte de la decimosexta revisión general de cuotas, aprobada por la Junta de Gobernadores del FMI el 15 de diciembre de 2023. El acuerdo contempla un incremento proporcional de 50% para los países miembros, sin modificar sus participaciones relativas mediante esta medida.

¿Cómo se financiaría el aumento?

La propuesta establece que las operaciones financieras estarán a cargo del BCRP y no requerirán una asignación del Presupuesto General de la República. El documento sostiene que la operación no representa un gasto fiscal directo, aunque sí tendrá efectos en el balance del ente emisor.

De acuerdo con el proyecto, el 25% del incremento —unos 166,8 millones de DEG— deberá pagarse en derechos especiales de giro, monedas de otros países miembros especificadas por el FMI o una combinación de ambas modalidades. El 75% restante, equivalente a aproximadamente 500,5 millones de DEG, se pagaría en moneda nacional.

Este mecanismo modificaría la composición de los activos externos del Banco Central. Una parte de los recursos mantenidos en depósitos u otros activos externos pasaría a reflejarse en su posición financiera frente al FMI. Según la exposición de motivos, ello no reduciría el nivel total de las reservas internacionales, aunque sí cambiaría su composición.

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Congreso debe autorizar la nueva cuota

La cuota peruana fue autorizada anteriormente mediante la Ley N.° 29823, que elevó el monto a 1.334,5 millones de DEG. La nueva propuesta busca actualizar esa autorización para que el país pueda formalizar su consentimiento al aumento acordado internacionalmente.

El plazo vigente del FMI para recibir los consentimientos de los países miembros vence el 15 de noviembre de 2026. Al 29 de abril, 149 países habían aceptado el incremento, equivalentes al 76,66% de las cuotas consideradas para este proceso.

Para que la reforma entre en vigor, los países que hayan dado su consentimiento deben representar al menos el 85% del total de cuotas correspondiente. Además, el FMI estableció una condición vinculada a la reducción de los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos, que requiere el consentimiento de participantes que representen al menos el 90% de esos compromisos crediticios. Por tanto, la autorización peruana forma parte de un procedimiento internacional más amplio y no basta por sí sola para activar el aumento.

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La diferencia sería mayor si se compara el escenario con y sin el evento climático. Según el IPE, sin el impacto de un Niño Costero de magnitud extraordinaria, el PBI crecería 4,2% en 2026 y 4,4% en 2027.

Prevención ante El Niño avanza lentamente

La preparación frente a las lluvias constituye uno de los principales riesgos para los próximos meses. Al 11 de octubre, solo el 28% de los 536 puntos críticos priorizados por el Gobierno para la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas tenía trabajos en ejecución, de acuerdo con información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

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A este retraso se suma el avance de los proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), cuya ejecución alcanza el 35%, según las cifras presentadas por el IPE. Asimismo, a inicios de octubre se había ejecutado el 47% del presupuesto de inversión destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres.

El riesgo no se limita a la infraestructura. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), cerca de cinco millones de personas viven en distritos del norte expuestos a un riesgo muy alto de inundaciones por lluvias intensas.

Inversión privada sostiene el crecimiento de 2026

La revisión de las proyecciones ocurre mientras la economía muestra resultados diferenciados entre sectores. Entre enero y julio de 2026, el PBI acumuló un crecimiento de 3,1%, impulsado por actividades no primarias como la construcción, que avanzó 10,7%, y el comercio, con 6,3%.

En contraste, la pesca cayó 32,4%, la manufactura primaria retrocedió 9,5% y el sector agropecuario disminuyó 0,7% durante el mismo periodo. Sin estos resultados adversos de las actividades primarias, el crecimiento habría alcanzado el 3,6%, estima el IPE.

Para la entidad, los efectos del calentamiento del mar y las temperaturas elevadas también podrían afectar la producción durante los próximos meses. El calor adelantó las cosechas de arándanos en julio y agosto, pero se prevé una reducción de la producción posteriormente. Asimismo, las mayores temperaturas pueden perjudicar la floración del mango y la palta. En la pesca, el calentamiento del mar podría impedir la apertura de la segunda temporada de anchoveta, mientras que las sequías en la sierra sur afectarían la campaña agrícola 2026-2027 y la disponibilidad de productos destinados al mercado interno durante la primera mitad del próximo año.

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La inversión privada constituye uno de los principales soportes de la actividad económica. El centro de estudios calcula que creció 13,7% en julio y agosto, en línea con el mayor consumo interno de cemento y las importaciones de bienes de capital. Para el cierre de 2026, proyecta un avance de 15,3%, superior al 12,8% previsto anteriormente.

Sin embargo, este impulso perdería fuerza el próximo año. El organismo estima que la inversión privada crecería 10,9% en 2027, mientras que las exportaciones aumentarían apenas 1,6%. Para 2026, en cambio, revisó su proyección de las exportaciones de un crecimiento de 1,5% a una contracción de 0,2%.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, advirtió que la vulnerabilidad de los hogares del norte sigue siendo elevada: la mitad se considera poco o nada preparada para afrontar lluvias intensas. También señaló que los productores agropecuarios del sur cuentan con herramientas financieras limitadas para enfrentar estos eventos.

El impacto regional podría ser desigual. Portocarrero estimó que la economía del norte crecería solo 1,3% en 2027, frente al 4,2% proyectado para Lima. La recuperación nacional durante la segunda mitad del año dependería, en parte, del gasto en reconstrucción.

La magnitud del riesgo tiene antecedentes. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que los episodios extraordinarios de El Niño de 1983 y 1998 restaron 4,1 y 1,7 puntos porcentuales al crecimiento económico, respectivamente.

Ampliar su presencia dependerá también de que los nuevos proyectos logren avanzar, pues hay 13 centrales solares con concesión definitiva que representan inversiones estimadas en US$1.805,9 millones y una capacidad conjunta de 2.402 megavatios (MW), pero que aún no se han concretado.

En entrevista con La República, Jorge Güímac, vicepresidente de PECIER y gerente de Desarrollo de Negocios de ISA Energía Perú, sostuvo que el país conserva condiciones para atraer capitales, aunque todavía necesita mejorar los procedimientos que permiten llevar adelante estas iniciativas.

"El Perú es competitivo (…) porque somos un país bendecido en el tema de la radiación solar y vientos", afirmó. Para el ejecutivo, el reto está en aprovechar esos recursos sin perder de vista las particularidades del sistema eléctrico peruano.

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Perú tiene una participación solar y eólica menor que Chile y Brasil

A pesar del crecimiento de la generación solar, la energía eólica tuvo un desempeño distinto y registró una caída de 7% durante el primer semestre. Según las cifras presentadas por el sector, las renovables no convencionales elevaron su participación en la producción eléctrica nacional de 9% a 10,4%, mientras que la participación conjunta de la generación solar y eólica se situó en 9,4%.

Mientras en el Perú la energía solar y eólica aún tiene una participación reducida, en Chile estas fuentes representaron cerca del 38% de la electricidad inyectada al sistema en 2025 y en Brasil alcanzaron el 26,4% de la generación eléctrica, incluida la distribuida.

Güímac considera que esta diferencia también responde a los recursos que utiliza cada país para producir electricidad. El Perú cuenta con generación hidroeléctrica y gas natural, que forman parte de su abastecimiento y condicionan la composición de la matriz energética.

El representante de PECIER también señaló que un reglamento pendiente podría impulsar nuevas inversiones si permite incorporar bloques horarios en las licitaciones eléctricas. El mecanismo busca considerar los distintos periodos del día al contratar el suministro de energía. No obstante, su efecto dependerá de cómo se establezcan finalmente las reglas.

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Güímac advierte que los trámites pueden retrasar ocho años un proyecto eléctrico

Uno de los problemas que señala Güímac es el tiempo que toma construir la infraestructura necesaria para atender la demanda eléctrica. Los proyectos de transmisión requieren estudios, permisos, licitaciones y obras que pueden extender su ejecución durante años.

Según explicó, los estudios previos y la evaluación de impacto ambiental pueden tomar alrededor de dos años, mientras que la construcción demanda entre tres y cuatro. Si se suman las etapas de ingeniería y licitación, el proceso puede prolongarse por más tiempo. "Un proyecto que lo has identificado ahora, va a estar en ocho años listo", advirtió.

En esa línea, Güímac no plantea eliminar los controles ambientales ni los requisitos para ejecutar las obras, sino evitar que cada trámite deba esperar a que concluya el anterior cuando sea posible avanzar en paralelo.

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"La idea no es obviar esa permisología, sino hacerlo en paralelo o hacerlo de alguna manera que el proyecto llegue antes al beneficio del sistema, de la sociedad", sostuvo.

Las centrales de generación necesitan redes de transmisión para llevar la electricidad hasta los puntos de consumo, por lo que ambas infraestructuras deben desarrollarse de forma coordinada.

Güímac también señaló los cambios frecuentes de autoridades en el sector como otro de los problemas que afectan el desarrollo de los proyectos.

Falta de catastro de terrenos complica las inversiones en energía

Uno de los obstáculos señalados por el vicepresidente de PECIER es la falta de un catastro de terrenos que permita identificar con claridad a sus propietarios y facilite las negociaciones para instalar infraestructura eléctrica. Las empresas necesitan llegar a acuerdos con los dueños de los predios por donde pasarán las líneas de transmisión, un proceso que puede alargarse si no hay información precisa sobre la propiedad.

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A estos problemas se suman los plazos que toman los permisos y la construcción de las obras, mientras la demanda de electricidad continúa en aumento. Según las proyecciones del Minem, el consumo pasaría de 64.840 GWh en 2026 a 66.422 GWh en 2027, un incremento de 2,4%.

El representante del sector prevé que seis proyectos de generación entren en operación hacia julio de 2027, con una capacidad conjunta de 1.096 MW. Para que esa electricidad llegue a los consumidores, también se necesita contar con redes de transmisión capaces de transportarla.

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El proceso busca que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumplan con implementar la Ley 31729, que reconoce el derecho al bono para los afiliados comprendidos en la norma. Según Luna, más de tres millones de peruanos esperan que se reconozcan sus aportes realizados al sistema público antes de cambiar al régimen privado.

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“Son más de tres millones de peruanos a los que descontó parte de su sueldo cada mes y hoy se les niega la devolución de esos aportes”, sostuvo el dirigente, quien considera que el incumplimiento de la ley perjudica a trabajadores que contribuyeron durante años al sistema previsional.

Bono de Reconocimiento ONP: ¿quiénes podrían recibirlo?

El reclamo comprende a los trabajadores que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y posteriormente se afiliaron a una AFP desde 2002. El Bono de Reconocimiento permite acreditar aportes efectuados al sistema público antes del traslado al privado, para que sean reconocidos en el marco de los derechos previsionales del trabajador.

En su demanda, Luna solicita que se ordene al Poder Ejecutivo emitir los bonos para los afiliados comprendidos en la Ley 31729 y adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación dentro de los plazos establecidos.

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El dirigente cuestiona que el Estado haya reconocido aportes de quienes se trasladaron a una AFP entre 1992 y 2001, pero haya dejado fuera a quienes hicieron el cambio desde 2002. A su juicio, esta diferencia vulnera los derechos de los trabajadores y el carácter intangible de los fondos previsionales, que cuentan con protección constitucional.

Ley 31729: ¿por qué sigue pendiente la entrega del bono ONP?

Recordemos que esta ley fue impulsada por Podemos Perú y aprobada inicialmente por el Congreso en 2022. Tras ser observada por el Poder Ejecutivo, volvió a ser aprobada por insistencia en abril de 2023. El Gobierno llevó entonces la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), mediante una demanda de inconstitucionalidad.

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Según recordó Luna, el TC declaró infundada la demanda del Ejecutivo, con lo que rechazó el cuestionamiento constitucional contra la ley. Pese a ello, el dirigente sostiene que el Estado no ha cumplido con implementar el reconocimiento de los aportes para los trabajadores comprendidos.

“Los gobiernos que pasaron desde entonces se negaron a cumplir con esta ley. (...) Se confirmó la constitucionalidad de la Ley. Sin embargo, hasta hoy se niega a cumplir”, afirmó.

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Durante una visita a Chiclayo, el titular del Ministerio de Trabajo adelantó que el planteamiento contempla un descanso de alcance macrorregional. Sin embargo, no precisó una fecha concreta ni confirmó que la propuesta haya sido aprobada formalmente.

“En lo que se refiere a los feriados, estos ya han sido discutidos durante el último Consejo de Ministros. Es un tema de amplia preocupación”, declaró Sheput, quien explicó que decidió referirse al caso de Lambayeque por encontrarse en esa región.

¿Por qué el Gobierno espera una decisión del Vaticano?

Sheput sostuvo que el Ejecutivo considera necesario esperar una comunicación de la Santa Sede antes de anunciar los descansos. La razón que expuso es la situación de salud del papa León XIV, quien anunció que se someterá a una intervención médica por un nódulo pulmonar.

“Porque obviamente, por una lógica previsión, esperamos la palabra final del Vaticano”, señaló el ministro al explicar por qué la propuesta todavía no se comunica oficialmente.

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El funcionario también cuestionó que se anuncien feriados antes de conocer la evolución médica del pontífice. “Creo que sería poco elegante de parte del gobierno de la Presidenta Fujimori anticipar feriados cuando de por medio, primero que nada, y que esto quede claro, está la salud del Papa”, afirmó.

El ministro expresó además su respaldo al papa y pidió priorizar su recuperación. “Para nosotros primero está la salud de un Papa que decidió ser peruano”, sostuvo.

¿Qué regiones comprendería el feriado macrorregional?

La propuesta mencionada por Sheput comprende cuatro departamentos: Lambayeque, Piura, La Libertad y Cajamarca. El ministro explicó que la inclusión de otras regiones responde a la cercanía geográfica y a los vínculos entre sus poblaciones, factores que podrían influir en el desplazamiento de asistentes durante las actividades papales.

“Eso involucra un feriado macrorregional que involucraría a Piura por la cercanía y la gran relación que hay, al igual que La Libertad y Cajamarca”, indicó.

El planteamiento amplía el alcance territorial de un descanso que inicialmente se vinculaba con las ciudades que recibirán al pontífice. No obstante, el ministro no detalló si todas las regiones tendrían las mismas fechas ni qué trabajadores estarían comprendidos. Tampoco precisó el instrumento legal mediante el cual se establecería la medida.

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Sheput sostuvo que el anuncio podría realizarse durante la semana correspondiente a la visita, pero no dio un día exacto. Por ello, sus declaraciones no permiten concluir que exista ya un calendario laboral definitivo.

La visita de León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. El Decreto Supremo N.º 043-2026-RE declaró de interés nacional las actividades vinculadas con el viaje en Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao. No obstante, esa disposición organiza el marco institucional de la visita y no establece por sí misma feriados en dichos territorios.

¿Qué falta para confirmar los días libres?

El Ejecutivo debe precisar las fechas, las jurisdicciones comprendidas y la modalidad del descanso. Esta última distinción es relevante para los trabajadores y las empresas, pues un feriado legal y un día no laborable compensable tienen consecuencias laborales distintas.

En el primer caso, se aplican las reglas vigentes para los feriados remunerados. En el segundo, las horas dejadas de trabajar deben recuperarse de acuerdo con las condiciones que establezca la disposición correspondiente.

La diferencia influye en la programación de turnos y actividades, especialmente para los empleadores de las regiones que podrían quedar comprendidas. También permitirá a los trabajadores organizar sus desplazamientos con mayor certeza.

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La propuesta busca ordenar la transición hacia un nuevo marco de formalización. En el régimen ordinario, los operadores deberán contar con autorización sectorial y certificación ambiental antes de iniciar o reiniciar actividades. Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el periodo transitorio también debe contemplar medidas que permitan comprobar avances antes de la fecha límite.

“Mi idea de un plazo así no es decir, bueno, tienen hasta el 31 de diciembre del 2028 y esperar que el 31 de diciembre del 2028 y nadie haya hecho nada”, sostuvo a La República. Con esa advertencia, planteó distribuir el cumplimiento de los requisitos por grupos de mineros, con fechas intermedias durante los dos años previstos. Precisó que se trata de una recomendación personal y que esa propuesta no fue discutida en la reunión de presentación del proyecto.

FORMAPE concentrará funciones de formalización

Uno de los cambios institucionales planteados es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem). La entidad tendría entre sus funciones emitir autorizaciones de inicio o reinicio de actividades, evaluar instrumentos de gestión ambiental, otorgar acreditaciones a pequeños productores mineros y mineros artesanales, y administrar sistemas de información y trazabilidad.

El proyecto también propone centralizar los procedimientos administrativos mediante una Casilla Electrónica Única y hacer seguimiento al mineral desde su origen hasta su comercialización. La regulación comprendería a titulares de derechos mineros y de actividades de beneficio, así como a acopiadores, transportistas, procesadores y comercializadores.

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Para Herrera Descalzi, la trazabilidad es uno de los aspectos centrales de la reforma. “La palabra clave es trazabilidad. De dónde sale el oro, hasta dónde llega”, señaló. Sin embargo, advirtió que identificar el origen del mineral no equivale a seguir el destino del dinero obtenido con su venta. “Cuando el oro se convierte en dólares, ya es otra cosa”, agregó.

En materia ambiental, la iniciativa plantea que las actividades se sujeten a los principios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Los requisitos específicos se establecerían mediante decreto supremo y tendrían que adecuarse a los riesgos y las condiciones territoriales de cada operación. Asimismo, el proyecto propone autorizar al Banco de la Nación a prestar servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales.

La transición dependerá de la capacidad del Estado

La aplicación del nuevo régimen requerirá que las instituciones puedan procesar trámites, evaluar requisitos y ejecutar las disposiciones dentro del plazo previsto. Herrera Descalzi sostuvo que el trabajo debe comenzar antes de que venza el Reinfo y no limitarse a la aprobación de una nueva ley. “Necesita hacer ajustes en el propio Ministerio de Energía y Minas”, afirmó.

El exministro también mencionó la corrupción como un obstáculo para formalizar el sector. No obstante, al sustentar esa apreciación aludió a comentarios que dijo haber escuchado durante la reunión de presentación, sin aportar documentación que permitiera verificar sus afirmaciones.

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Otro desafío es la dimensión económica y laboral de la pequeña minería. Herrera Descalzi explicó que los precios actuales de los minerales han contribuido a que estas operaciones sean económicamente viables. Añadió que hay zonas cuyas características pueden permitir el desarrollo de la pequeña minería, aunque no necesariamente de proyectos de mediana o gran escala.

Por ello, planteó que el Estado delimite adecuadamente las áreas de explotación y oriente a los operadores hacia la formalidad. La transición, desde esa perspectiva, debe combinar el cumplimiento de las normas con procedimientos y plazos que permitan avanzar en el proceso. El proyecto, sin embargo, no incorpora la propuesta personal del exministro de establecer fechas intermedias por grupos de mineros.

La aprobación dependerá del Congreso

La iniciativa todavía debe pasar por el trámite legislativo antes de convertirse en ley. Herrera Descalzi recordó que el Ejecutivo puede presentar el proyecto, pero su aprobación corresponde al Congreso. “La ley MAPE es una propuesta y las leyes no las aprueba el Ejecutivo, las leyes las aprueba el Legislativo”, afirmó.

El debate parlamentario deberá definir el contenido final del régimen de consolidación y las atribuciones de FORMAPE. La propuesta busca establecer un marco para la pequeña minería y la minería artesanal después del vencimiento del Reinfo, pero su aplicación dependerá de las disposiciones que finalmente se aprueben y de la capacidad institucional para ponerlas en práctica.

“Todos esos son temas que los criterios entre el Ministerio de Energía y Minas con Osinergmin no han coincidido, pero todavía no es algo decidido. Estamos en plena evaluación, estamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas también para ver los criterios que ellos tienen”, señaló el titular del sector.

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La discrepancia gira en torno al valor que debe reconocerse por las inversiones de la empresa en infraestructura de distribución de gas natural. Shinno explicó que los activos se recuperan mediante tarifas durante un periodo determinado, mientras la red continúa creciendo y la concesionaria incorpora nuevas inversiones.

“Son varias observaciones, desde el punto de vista de cambios de la regulación y de lo que establece el contrato, que hay que reconocerle o no un valor neto contable”, explicó el ministro a RPP.

Cálidda: ¿qué falta definir para la firma de la adenda?

El ministro no dio una fecha para la firma del acuerdo y reconoció que todavía hay puntos por resolver entre las entidades involucradas. Aunque el Gobierno esperaba concretarlo durante octubre, el Minem necesita coordinar con el MEF para responder las observaciones pendientes.

“Una fecha exacta no podría decirlo. Ya estamos en la parte final, pero tenemos que coordinar bien con el Ministerio de Economía y Finanzas para que no nos quede ninguna duda y se pueda responder cualquier observación que se haya tenido”, declaró a RPP.

El principal punto de discrepancia es el tratamiento de las inversiones de la concesionaria. Mientras el Minem y el MEF evalúan los criterios aplicables bajo el contrato, Osinergmin ha advertido que las condiciones propuestas podrían prolongar el cobro por infraestructura de Lima y Callao cuyo costo, según el regulador, ya habría sido recuperado al finalizar el plazo original de la concesión.

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Minem remitió el informe técnico al MEF en septiembre

Cabe recordar que, el 25 de septiembre, el Minem informó que había concluido el informe técnico final del proyecto Siete Regiones y lo había remitido al ministerio de Economía para solicitar su opinión. Según la cartera, el documento incorporaba el levantamiento de las observaciones identificadas durante la evaluación de la propuesta.

Shinno también indicó que su sector tenía prevista una reunión con el MEF para el jueves, centrada principalmente en asuntos relacionados con permisos. No confirmó que la adenda estuviera incluida en la agenda, aunque señaló que podrían abordarla si disponían de tiempo.

Osinergmin cuestiona cobros por las redes de gas después de 2033

Uno de los principales reparos del regulador se refiere a la ampliación de la concesión de Cálidda hasta 2043. Según el informe técnico, el contrato original establece que las redes existentes en Lima y Callao deben pasar al Estado en 2033, tras cumplirse el plazo previsto para la concesión. Sin embargo, la propuesta mantiene un valor cobrable para esa infraestructura durante los diez años adicionales.

De acuerdo con los cálculos de Osinergmin, mantener ese valor permitiría a la empresa obtener ingresos por US$2.252,7 millones entre 2033 y 2043, con costos operativos de US$420,7 millones. El resultado sería una utilidad de US$1.832 millones.

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En cambio, si el valor de esas redes se fijara en cero a partir de 2033, la utilidad proyectada sería de US$329,7 millones. La diferencia entre ambos escenarios supera los US$1.500 millones.

Para el regulador, la definición de ese valor tiene implicancias sobre las tarifas que pagan los usuarios y las condiciones económicas de la concesión. Su informe plantea que los recursos asociados a esa diferencia podrían traducirse en menores tarifas o financiar nuevas inversiones sin trasladar su costo a los consumidores.

Metas de conexión y expansión del gas en regiones

La Novena Adenda también contempla ampliar la distribución de gas natural a 15 localidades de siete regiones: Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica. La propuesta considera una inversión privada de US$550 millones y la construcción de 3.738,9 kilómetros de redes, con un universo potencial de 300.613 consumidores. No obstante, el compromiso mínimo de la empresa es instalar 201.411 conexiones.

Osinergmin advierte que esas metas no garantizan una cobertura equivalente en todas las localidades. En Huamanga, el mínimo comprometido alcanza al 30,4% de las 44.660 viviendas evaluadas; en Quillabamba, al 20,1% de los 4.391 hogares considerados. En Huancavelica y Curimaná, los porcentajes son de 29,9% y 20,9%, respectivamente.

Recordemos que Osinergmin también cuestiona que la propuesta considere un factor de penetración de 67%, cuando, según el regulador, debería alcanzar al menos el 70% en cada localidad. Además, advierte que la posibilidad de compensar hasta el 20% de las conexiones entre ciudades podría reducir la cobertura garantizada en determinadas zonas.

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Por su parte, Cálidda sostiene que las metas mínimas no impiden ampliar progresivamente el servicio y que la extensión de la concesión permitiría recuperar las inversiones en nuevas tuberías que no llegarían a remunerarse por completo antes de 2033.

Como se sabe, las observaciones de Osinergmin no son vinculantes para el Minem. Sin embargo, la adenda continúa en evaluación mientras el Gobierno define los criterios contractuales y económicos para ampliar la concesión. La decisión deberá resolver tanto las condiciones para recuperar las inversiones de la empresa como las garantías de cobertura para los futuros usuarios del servicio.

Por otra parte, la venta de alimentos y bebidas también sumó ingresos durante las presentaciones en el Estadio San Marcos, donde miles de asistentes acudieron a las tres fechas. En total, ambos rubros superaron los S/5,8 millones, según informó la administración tributaria.

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BTS en Perú: merchandising alcanzó ventas récord de S/5,6 millones

La venta de merchandising, que comprende ropa y accesorios, registró ingresos por S/5.649.961 durante los conciertos de BTS. De acuerdo con la Sunat, es el monto más alto registrado en los controles que realiza a este tipo de eventos.

En tanto, los establecimientos que comercializaron hamburguesas, cerveza, gaseosas y otros productos reportaron ventas por S/208.624. La suma de ambos rubros superó los S/5,8 millones, lo que refleja el movimiento económico generado alrededor de las presentaciones, más allá de la venta de entradas.

Para supervisar estas operaciones, la Sunat desplegó a 20 inspectores tributarios en el Estadio San Marcos. El equipo intervino los 24 establecimientos autorizados para vender productos dentro del recinto y verificó si estaban inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y emitían comprobantes de pago.

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Promotores y artistas pagaron más de S/18 millones en impuestos

El movimiento económico de BTS en Lima también comprendió las obligaciones tributarias vinculadas con la realización de los espectáculos. Según la Sunat, los promotores que trajeron a la banda al país y los propios artistas pagaron más de S/18 millones en tributos antes de los conciertos.

Este monto es distinto de los S/5,8 millones obtenidos por la venta de productos dentro del estadio. Mientras esta última cifra corresponde a las operaciones comerciales de los establecimientos autorizados, el pago de más de S/18 millones está relacionado con las obligaciones tributarias de los promotores y artistas.

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Sunat fiscalizó conciertos de BTS, Bad Bunny y The Killers en 2026

Las intervenciones en los conciertos de BTS forman parte de los controles que la Sunat realiza durante espectáculos masivos en Lima. En lo que va del año, la entidad también supervisó las presentaciones de Bad Bunny, Alejandro Sanz, The Killers y Milo J.

En conjunto, las fiscalizaciones a estos eventos permitieron identificar ventas superiores a S/10 millones por alimentos, bebidas y merchandising, informó la institución.

La entidad busca que estos controles ayuden a mejorar el cumplimiento tributario y eviten que los negocios que no cumplen con sus obligaciones tengan ventajas frente a los establecimientos formales.

La actividad fue organizada por el Centro de Formación de la SBS y la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, como parte de las actividades de la semana de representación.

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“Grandes países tienen fondos soberanos de riqueza. Lo tiene Brasil y lo tiene Chile. Y me gustaría conocer la experiencia de esos dos países”, señaló López Chau, quien también propuso realizar una conferencia de alto nivel técnico para discutir el tema.

Fondo soberano: ¿cómo se financiaría la industrialización del Perú?

El parlamentario vinculó la propuesta con la necesidad de diversificar la economía y desarrollar actividades industriales. Según explicó, durante la campaña planteó la transformación productiva y, ante las preguntas sobre cómo financiarla, propuso recurrir a un fondo soberano de riqueza, en coordinación con la SBS y la banca privada.

“Pero esa es una tarea de convencimiento”, reconoció.

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La República analizó esta propuesta en marzo, cuando especialistas señalaron que el Perú podría implementar un fondo de este tipo, aunque advirtieron sobre los riesgos de utilizar las reservas internacionales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para financiarlo.

Entre las alternativas mencionadas por los economistas figuraron los excedentes fiscales, los ingresos extraordinarios por tributos o regalías extractivas y los recursos públicos no ejecutados, sujetos a su disponibilidad efectiva y al cumplimiento de las reglas fiscales.

López Chau dejó pendiente la definición de los recursos que alimentarían el fondo y del esquema para administrarlo. Su planteamiento abre el debate sobre las alternativas de financiamiento para impulsar la transformación productiva del país.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy, 12 de octubre

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