La medida amplía el universo de potenciales beneficiarios de programas como Techo Propio, que otorga el Bono Familiar Habitacional (BFH) para la adquisición de vivienda nueva. Aunque la norma no crea un subsidio adicional ni modifica los montos vigentes, sí abre la posibilidad de que más personas que viven solas accedan a mecanismos de apoyo estatal para la compra de una vivienda.

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Además de las familias unipersonales, el reglamento reconoce otras formas de organización familiar, como las nucleares, extendidas, compuestas, ensambladas e integradas. Asimismo, establece que los beneficiarios de subsidios habitacionales directos e indirectos podrán acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS) siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa correspondiente.

Techo Propio y subsidios de hasta S/52.250: qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios

La incorporación de las familias unipersonales no elimina las condiciones exigidas para acceder a los programas de vivienda social. Entre los principales requisitos figura no ser propietario de una vivienda, terreno o aires independizados destinados a uso habitacional, así como no haber recibido anteriormente apoyo habitacional por parte del Estado.

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La norma también dispone que las viviendas adquiridas mediante estos programas deberán encontrarse registradas en el Registro Nacional de Vivienda (Renavi). Además, los beneficiarios no podrán vender, alquilar ni transferir el inmueble durante los primeros cinco años posteriores a su adquisición, periodo en el que deberá mantenerse como residencia principal.

En cuanto a los montos del Bono Familiar Habitacional, estos varían según la modalidad de acceso. Para la compra de una vivienda unifamiliar, el subsidio puede alcanzar los S/52.250, siempre que el valor del inmueble no supere los S/109.100. En el caso de departamentos, el bono asciende a S/47.850 para viviendas valorizadas hasta en S/136.100.

Asimismo, quienes opten por construir en un terreno propio podrán acceder a un bono de S/33.000, monto que puede incrementarse en determinadas regiones del país. Para el mejoramiento de una vivienda, el subsidio vigente es de S/12.650.

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Por otro lado, el reglamento incorpora ajustes para adecuarse a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de la política de vivienda social y adecuar el marco normativo vigente.

No obstante, la implementación de los cambios no será inmediata. El Ministerio de Vivienda contará con un plazo de hasta 180 días para adecuar los reglamentos operativos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones. Ese proceso definirá la forma en que las familias unipersonales podrán incorporarse a programas como Techo Propio y acceder a los beneficios previstos por el Estado.

La medida desarrolla las disposiciones de la Ley N.° 32412 y establece cómo deberán registrar sus operaciones las empresas y usuarios autorizados para comercializar, transportar, almacenar o utilizar sustancias como mercurio, cianuro e hidrocarburos.

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Uno de los principales cambios es que los usuarios estarán obligados a comunicar a la Sunat, en un plazo máximo de un día calendario desde que tomen conocimiento del hecho, cualquier pérdida, derrame, excedente, desmedro o robo de estos insumos. La comunicación tendrá carácter de declaración jurada y deberá realizarse mediante la plataforma virtual de la entidad.

La Resolución de Superintendencia N.° 000135-2026 busca reducir el riesgo de que estas sustancias, pese a tener usos legítimos en diversas actividades económicas, sean utilizadas en la extracción ilegal de oro. El mercurio, por ejemplo, se emplea para separar el oro del material extraído, mientras que el cianuro se utiliza en procesos industriales para recuperar el mineral.

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Registro diario y trazabilidad: así funcionará el nuevo control sobre mercurio y combustibles

La regulación crea el Registro Diario de Operaciones, una herramienta con la que la administración tributaria busca mantener la trazabilidad de los insumos químicos desde su ingreso al mercado hasta su uso final.

Con la entrada en vigencia de la norma, los usuarios deberán registrar diariamente los movimientos de estos productos en cada uno de sus establecimientos. Luego, esa información deberá presentarse de forma consolidada cada mes mediante SUNAT Operaciones en Línea.

La obligación alcanza a prácticamente toda la cadena de comercialización. Deberán registrar sus operaciones quienes compren, importen, vendan, exporten, produzcan, consuman, almacenen o transporten insumos químicos fiscalizados.

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El registro incluirá ingresos, salidas, producción, uso, transporte y almacenamiento de estas sustancias, lo que permitirá a la administración tributaria conocer el recorrido de cada lote y detectar posibles desvíos hacia actividades ilícitas.

Incluso cuando un usuario no haya realizado operaciones durante un determinado mes, deberá comunicar esa situación a la entidad.

Para facilitar la implementación del sistema, la Sunat estableció un período de adecuación hasta el 31 de agosto. Durante ese tiempo realizará campañas de difusión y capacitación para que las empresas adapten sus procesos antes de que las nuevas obligaciones entren en vigor el 1 de septiembre.

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Sunat amplía facultades para fiscalizar insumos químicos

La norma también fortalece las facultades de fiscalización de la administración tributaria. La entidad podrá realizar inspecciones en campo, inmovilizar e incautar insumos químicos, internar vehículos, aplicar sanciones administrativas, suspender o dar de baja a usuarios del registro e implementar medidas especiales de control, como sistemas de videovigilancia.

Además, las acciones de supervisión ya se vienen reforzando en Madre de Dios, una de las regiones con mayor actividad minera ilegal del país. En coordinación con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Sunat verifica que las cisternas que ingresan principalmente al distrito de Tambopata descarguen combustibles únicamente en establecimientos autorizados, con el fin de evitar su desvío hacia actividades ilegales.

En diálogo con La República, aborda la crisis de liquidez, el retraso del financiamiento anunciado, el papel de ProInversión, el futuro de la refinería de Talara y las responsabilidades de las anteriores administraciones en las decisiones que llevaron a la compañía a su situación actual.

— ¿Cuál es el balance de su gestión como presidente del directorio?

En estos 75 días liderando un directorio técnico, lo que hemos logrado es identificar potenciales causas raíz que han originado la situación actual de la compañía, enmarcada con claridad en un problema serio de liquidez. No hay líneas de crédito, se tiene que pagar al contado, y frente a eso este directorio ha empezado a buscar alternativas de mejora: clientes y, sobre todo, fuentes de financiamiento, tanto con proveedores como con potenciales entidades financieras.

Es lo que hemos hecho en este periodo de tiempo, con la finalidad de darle al siguiente gobierno los lineamientos claros de hacia dónde puede ir la compañía en el marco de la transparencia y la gobernabilidad. Algo fundamental es que la información ya es pública: lo de marzo se publicó en abril, lo de abril en mayo, lo de mayo en junio. Algo que no pasaba antes.

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— Hablemos de la refinería. ¿En cuánto se sitúa la capacidad operativa de la nueva refinería de Talara?

La refinería de Talara produce hasta 95 mil barriles por día. Hoy está entre 50 y 55 mil, pero no porque haya un problema técnico, sino porque el problema es de liquidez. No hay abastecimiento porque hay que pagar al contado. El ciclo de negocio se ha reducido casi a una semana de pago, lo cual obliga a ser muy eficiente en el manejo del poco dinero que la propia compañía va generando.

— Ya que menciona la liquidez, se anunciaba esta línea de financiamiento de US$500 millones. ¿En concreto qué ha ocurrido y cuándo se espera que estos recursos estén disponibles?

En el marco del DU de mayo, este directorio identificó que una operación de fondos por 2.000 millones no sale en 15 días como se anunció en mayo —anuncio que no fue hecho por la empresa—. Lo que hicimos fue identificar un tramo de tiempo hasta julio-agosto, con la finalidad de coordinar con proveedores y otros actores para garantizar la continuidad operativa de la compañía, que es lo que está garantizado ahora, siempre considerando el serio riesgo.

El crédito puente debería estar saliendo, según hemos revisado, a finales de julio o quincena de agosto.

— Ya han pasado seis meses desde el inicio del proceso con ProInversión. Si pudiéramos hablar de un avance concreto que ha generado, ¿cuál sería?

Lo que ha generado es un equipo que puede comunicarse en seis meses. Ha generado un protocolo que ha recibido recomendaciones en el marco de riesgos, dentro de los marcos vigentes del modelo de prevención. Ha sido puesto en conocimiento de la SBS (SIP), con la finalidad de que puedan dar una opinión sobre que el protocolo englobe no solamente lo que se necesita, sino los esquemas que aseguren continuidad y sostenibilidad.

— No todos ven ese avance igual. Los sindicatos sostienen que ProInversión no ha mostrado resultados. Hace poco Fenpetrol se pronunció. ¿Cuál es su evaluación sobre este proceso?

Los sindicatos tienen una lectura que para ellos puede ser válida. He conversado con ellos; no quiero desmentirlos ni reafirmarlos, pero cada actor tiene su opinión y todas son respetables.

Lo que sí puedo informar es que ha habido coordinación, y el resultado podría haber sido mejor —siempre las cosas pueden ser mejores—.

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— Cambiando de tema, ante la crisis de Camisea, la empresa garantizó el abastecimiento. Ahora estamos próximos a un Fenómeno del Niño fuerte en los próximos meses. ¿Qué riesgo existe si continúa esta situación financiera complicada?

Es una de las primeras compañías que ha tomado acciones internas y coordinaciones externas de cara al Fenómeno de El Niño. Desde hace unas tres semanas venimos coordinando con todos los actores e identificando los riesgos en cada uno de los activos de la compañía, que son estratégicos no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo establece una norma.

Ayudamos a garantizar el abastecimiento cuando las situaciones se complican y, además, no recibimos algunas facilidades que sí tiene el sector privado, como determinadas suspensiones normativas.

— ¿Qué impacto tendría entonces el problema de liquidez si se presenta un Fenómeno de El Niño?

Este problema de liquidez podría generar que el abastecimiento no sea de la manera óptima. Frente a ello, este directorio ha buscado tomar acciones preventivas y no solo correctivas. Lo correctivo responde a lo que ya ocurrió; lo preventivo apunta a lo que viene.

Hemos conversado con diversas entidades financieras para obtener financiamiento que le dé más tiempo a ProInversión para terminar de estructurar la operación. En teoría, el crédito puente y los US$2.000 millones deberían estar disponibles entre agosto y septiembre. Eso permitiría asegurar el abastecimiento y potenciar dos proyectos importantes.

— Usted menciona dos proyectos. ¿Cuáles son?

Uno es la línea submarina. Ya se inauguró el tramo offshore, de tres kilómetros. Frente a un Fenómeno de El Niño fuerte, lo que falta es acelerar el tramo onshore, que podría estar listo en 45 o 60 días.

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— Sobre la refinería, la unidad FlexiCoking va a estar paralizada entre 60 y 90 días por mantenimiento.

La FCK (FlexiCoking) es un componente de la refinería que cada dos años requiere una gran parada, no por decisión arbitraria, sino porque el proveedor, ExxonMobil, establece que debe detenerse para realizar el mantenimiento correspondiente.

— ¿Y esa paralización significa que la refinería dejará de operar a plena capacidad?

No. Ese equipo no es lo que determina que la refinería llegue a 95 mil barriles diarios; lo que hace es permitir procesar distintos tipos de crudo. Hoy, por el problema de liquidez, estamos operando entre 50 y 55 mil barriles por día. Si hubiéramos tenido la liquidez completa, como se anunció en mayo que llegaría en 15 días, probablemente estaríamos operando a una capacidad cercana a los 95 mil barriles.

— Con los márgenes internacionales como están ahora, ¿no sería prioritario asegurar este financiamiento para comprar más petróleo y aprovechar esta oportunidad?

No solamente eso. Si esos recursos hubieran llegado cuando se ofreció, los márgenes de mayo habrían sido mucho más altos. En junio, además, recibimos el impacto del IRO (Impuesto al Rodaje)  y de la multa de la OEFA. Eso nos habría permitido vender más, contar con un mayor inventario y seguir aprovechando el margen crack spread, que hoy ya no está en niveles de 45 o 50 dólares, sino entre 25 y 35.

Entonces, ¿qué se está haciendo para acelerar la llegada de esos recursos?

El objetivo es viabilizar la operación y apoyar a ProInversión. Venimos entregando la documentación necesaria, solicitando información y articulando el proceso para acceder a esos fondos, no a un financiamiento, sino a fondos.

— Volviendo a esos factores que mencionó, el IRO y la multa de la OEFA. ¿Cuánto han pesado en los resultados de la empresa?

Siempre habrá impactos por multas o por eventos exógenos a esta gestión. El IRO es un tema exógeno, al igual que la multa de la OEFA, porque ambos provienen de hechos ocurridos entre 2019 y 2021. Eso nos ha llevado a revisar qué pasó, qué se hizo, quién lo hizo y por qué.

La caída en las posibilidades de compra de crudo impacta también en el costo de ventas. Pero, en conjunto, en los seis meses la compañía sí está en azul. Junio recibió un impacto duro por dos multas y la caída, pero estamos en azul en el primer semestre.

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— Los resultados mejoraron respecto al año pasado, pero está también el tema de los bonistas. ¿Qué recepción han tenido frente a estos resultados?

El mensaje se puede resumir en algo muy simple: Standard & Poor's retiró el CreditWatch. Eso significa que lo que viene haciendo la administración —que ya lleva por lo menos 30 días más que yo— ha permitido que la compañía se beneficie de la subida de los márgenes, complementado con la búsqueda de eficiencias.

Los bonistas recibieron su pago en junio y estamos en constante comunicación. Además, al mercado le ha gustado que publiquemos la información de manera clara, ágil y transparente. Antes se publicaba de manera trimestral; ahora este directorio aprobó que se publique de manera mensual.

— Entonces, ¿cuál es hoy la posición de los tenedores de bonos respecto al futuro de la empresa?

Los tenedores de bonos tienen un instrumento que se está pagando de manera puntual, con un vencimiento determinado y covenants que la compañía viene respetando. Uno de ellos, además, establece que la empresa no se puede fraccionar.

— Cambiando de tema, hace unas semanas surgieron cuestionamientos respecto a los estados financieros de 2025. Usted explicó públicamente que se trataba de diferencias contables. ¿Qué originó esas discrepancias?

Lo primero que hay que resaltar es que las empresas del Estado peruano auditan sus estados financieros sobre la base del reglamento de la Contraloría. Ese es un componente importante que muchas veces no se menciona cuando se informa sobre este tema. Cuando se difunde información incompleta, es fácil llegar a conclusiones equivocadas.

El proceso de auditoría dura entre 4 y 6 meses. En este caso comenzó entre octubre y noviembre y terminó entre abril y mayo. Sin embargo, durante ese periodo apareció una resolución en marzo. Los estados financieros ya se habían publicado en febrero, cuando esa resolución todavía no existía, por lo que era imposible proyectar ese impacto.

— ¿Ese impacto podría revertirse más adelante?

Sí. Ya tenemos información de que, mediante el proceso legal que estamos iniciando, esos recursos podrían regresar como ingresos extraordinarios. Si bien hoy impactan los resultados del año pasado y también los de este año, de prosperar ese proceso judicial deberían revertirse, de modo que una gestión posterior podría registrar ese ingreso extraordinario.

— Usted menciona que el origen fue el impuesto al rodaje. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con el IRO?

Se trató de un tema procedimental. El producto comprado no se registró en la partida contable que correspondía. A partir de la resolución emitida por el tribunal, el auditor, en coordinación con nosotros, determinó que ese efecto debía incorporarse en los estados financieros. Todo ello también fue informado oportunamente a la Contraloría.

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Entonces, ¿no se trató de una modificación discrecional de los estados financieros?

No. Es importante precisar que los procedimientos de contratación y auditoría se realizan bajo el reglamento de la Contraloría, no bajo un reglamento propio. Nosotros seguimos ese procedimiento y actuamos conforme a lo que correspondía una vez emitida la resolución.

Hay otro tema pendiente. ¿En qué situación quedó el pago de utilidades a los trabajadores correspondiente al año pasado?

Para que la ciudadanía lo tenga claro: la utilidad que se generó fue contable, y se generó porque hay deuda en dólares; el tipo de cambio bajó y generó una ganancia por tipo de cambio, no porque se decida así, sino porque así lo establecen las normas contables (NIIF).

Eso generó que contablemente haya que reportar utilidad, la cual los trabajadores deberían recibir en algún momento. Hoy han entendido que es importante enfocarnos en el core del negocio, y con la generación de la compañía, en los siguientes meses se podrá evaluar el pago de esta utilidad que corresponde por ley.

Cuando usted dice "en los siguientes meses se podrá evaluar", ¿significa que todavía no hay una fecha definida para el pago?

No se discute que haya que pagarla, pero no es el momento, porque la prioridad es asegurar la sostenibilidad de la compañía con la transparencia que este directorio técnico viene buscando. Hoy han entendido que es importante enfocarnos en el core del negocio y en la generación de la compañía para poder atender este tipo de obligaciones.

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Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los peruanos?

Hay un mensaje muy claro: se está saliendo de ese serio problema de liquidez. Se están identificando los problemas que ha habido, se está publicando la información sobre por qué se ha llegado a esta situación, y se está coordinando con actores como Contraloría, Fiscalía y Defensoría para que se tomen las acciones y potenciales acciones correspondientes.

Estamos trabajando en ese proceso. Lo importante es que se están tomando las medidas necesarias, identificando los problemas y actuando con transparencia para recuperar la sostenibilidad de la compañía.

Lo que le diría a la población es: cuando escuchen algo sobre la empresa, pregúntense si quien opina tiene información, y si esa persona —expresidente, exdirector, exfuncionario— muestra documentos, no solamente opiniones subjetivas.

— Usted menciona a expresidentes y exdirectores. ¿Considera que las anteriores administraciones también deben explicar las decisiones que llevaron a la situación actual?

Sería fundamental que todos los exdirectores y expresidentes se sienten en una mesa, abran sus actas, y que la población sepa qué decisiones tomaron y se hagan cargo de cada una de ellas, porque hay personas que hoy opinan cuyas declaraciones, cuando eran presidentes, generaron en su momento la ejecución de cartas fianza. Es decir, declaraciones de funcionarios que en algún momento perjudicaron a la compañía.

¿Qué espera entonces de esas personas que hoy cuestionan la situación de la empresa?

Esas personas, de alguna manera, tienen que salir a comunicar y a disculparse con la población, y hablar siempre con fundamentos, no con subjetividad, sino con documentos claros que tranquilamente pueden ser pedidos por el portal de Transparencia. Eso es fundamental.

El mismo reporte muestra que Lima Moderna continúa siendo el sector con el mayor volumen de ventas, con 6.294 viviendas comercializadas entre enero y junio. Le siguen Lima Top, con 4.005 unidades; Lima Centro, con 2.638; Callao, con 888; Lima Norte, con 759; Lima Sur, con 538; y Lima Este, con 355 viviendas vendidas.

Aunque Lima Moderna concentra la mayor cantidad de operaciones, el crecimiento más acelerado se observó en otros sectores de la capital. Lima Norte lideró el avance con un incremento de 69% respecto al primer semestre del año anterior, seguida por Callao (53%), Lima Sur (50%) y Lima Este (50%), lo que evidencia una expansión del mercado hacia zonas donde todavía existe espacio para nuevos desarrollos urbanos.

"Los resultados del primer semestre muestran que la demanda de vivienda nueva mantiene una trayectoria de crecimiento y se está extendiendo hacia nuevas zonas de Lima y Callao. Este dinamismo responde a una oferta más diversa y a compradores que buscan alternativas acordes con su capacidad de pago, conectividad y necesidades familiares", señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

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Más suelo urbano para ampliar la oferta de viviendas

Pese al crecimiento de las ventas, el sector identifica un reto estructural que podría condicionar la expansión del mercado en los próximos años: la disponibilidad de suelo urbano con infraestructura suficiente para ejecutar nuevos proyectos.

Durante la presentación del informe de CODIP, Gálvez explicó que la demanda por adquirir viviendas existe en distintas zonas de la capital, pero que la oferta depende de que los terrenos cuenten con las condiciones necesarias para urbanizarse.

"Para generar o dinamizar esos mercados, lo que tenemos que asegurar es que exista mayor oferta. Y para que exista mayor oferta, necesitamos que exista más suelo donde construir esa oferta", indicó.

La especialista precisó que el desarrollo inmobiliario no depende únicamente de la existencia de terrenos disponibles, sino también de que estos cuenten con agua potable, alcantarillado, electricidad, gas natural y vías de acceso. Según explicó, cuando estos servicios llegan a nuevas áreas de la ciudad, aumenta la posibilidad de desarrollar proyectos y atender una demanda que ya existe.

"Siempre y cuando el Estado cumpla con llevar esos servicios, se va a generar el suelo suficiente para incrementar la oferta y, con ello, dinamizar el mercado", sostuvo.

El informe elaborado por CODIP también muestra que el mercado mantiene un equilibrio entre la oferta y la demanda. La absorción promedio mensual aumentó de 3,9% a 4,4%, mientras que el tiempo estimado para agotar el stock de viviendas se redujo a 24 meses, por debajo del promedio registrado durante los últimos cinco años. Además, el 86% de las viviendas vendidas corresponde a proyectos en planos o en construcción, lo que refleja que el mercado continúa incorporando nuevas unidades sin generar una sobreoferta.

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El próximo gobierno tendrá un papel clave

Además de ampliar la infraestructura urbana, el sector considera que el gobierno que asumirá funciones el próximo 28 de julio tendrá un papel importante para dar continuidad al crecimiento del mercado inmobiliario.

En ese sentido, Ana Cecilia Gálvez señaló que una de las principales tareas será establecer una política habitacional de largo plazo que otorgue previsibilidad tanto a las familias como a las empresas que desarrollan proyectos de vivienda.

"Lo que tiene que definir el nuevo gobierno es una política habitacional de largo plazo que establezca un presupuesto de subsidios habitacionales y un esquema de financiamiento que garantice su continuidad", afirmó.

Añadió que esa estabilidad resulta determinante para las inversiones del sector, ya que muchos proyectos inmobiliarios requieren varios años para ejecutarse.

"Esa política de subsidios por los próximos diez años es la predictibilidad que el desarrollador inmobiliario necesita para hacer esa inversión", explicó.

Con un mercado que mantiene una demanda sostenida y una oferta que continúa creciendo, el desempeño del sector en los próximos años dependerá, en gran medida, de la capacidad para habilitar nuevos suelos urbanos y de las políticas que permitan garantizar el desarrollo de proyectos de vivienda en el mediano y largo plazo.

La medida incorpora como requisito obligatorio el registro y validación de un correo electrónico y un número de teléfono celular, que pasarán a ser los canales oficiales de comunicación entre la Sunat y los contribuyentes. Además, ambos datos serán utilizados para los procesos de verificación de identidad en los servicios digitales de la administración tributaria, por lo que mantenerlos actualizados será un requisito para realizar diversos trámites por internet.

¿Qué otros cambios estarán disponibles para los contribuyentes?

Otro de los cambios relevantes es el fortalecimiento de los mecanismos de autenticación para acceder a la Clave SOL. Antes de generar o recuperar las credenciales será necesario validar el correo electrónico y el número de celular mediante códigos de verificación, con el objetivo de reducir los riesgos de fraude y suplantación de identidad.

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Asimismo, la resolución incorpora nuevos formularios virtuales en Sunat Virtual que permitirán a las personas naturales cambiar su condición de sin negocio a con negocio, o viceversa, eliminando la necesidad de acudir presencialmente a un centro de servicios.

Este mismo procedimiento integrado estará disponible para quienes inicien actividades económicas o comerciales como independientes. En una sola gestión digital, los usuarios podrán modificar su condición tributaria, actualizar su información general y, cuando corresponda, tramitar la baja de los comprobantes de pago físicos que no hayan sido utilizados.

No actualizar el RUC puede generar multas y afectar otros trámites

Las modificaciones introducidas por la resolución se suman a las obligaciones previstas en el Código Tributario respecto al Registro Único de Contribuyentes. Además de inscribirse en el RUC, los contribuyentes deben comunicar oportunamente cualquier cambio relacionado con el domicilio fiscal, la actividad económica, los establecimientos anexos y demás información registrada ante la administración tributaria, dentro de los plazos establecidos por la Sunat.

El incumplimiento de estas obligaciones puede configurar una infracción tributaria sancionable con multas cuyo monto varía según el régimen tributario y el tipo de contribuyente, pudiendo superar una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La legislación también establece un régimen de gradualidad para quienes regularicen la infracción en las condiciones previstas por la administración tributaria.

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Mantener la información del RUC actualizada también facilita la realización de diversos procedimientos administrativos. Este registro es utilizado para identificar a personas naturales y empresas en trámites como la modificación del régimen tributario, solicitudes de devolución, fraccionamientos, inscripción de establecimientos anexos, actualización de actividades económicas y otros servicios disponibles mediante Sunat Operaciones en Línea (SOL).

En los últimos años, la Sunat ha incrementado el número de procedimientos que pueden realizarse por canales digitales, por lo que la información registrada en el RUC adquiere un papel cada vez más relevante para acceder a esos servicios y mantener la comunicación entre la administración tributaria y los contribuyentes.

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, la actualización del RUC deja de ser un procedimiento meramente administrativo y adquiere un mayor impacto para los contribuyentes. Además de facilitar el acceso a los servicios digitales, el cumplimiento oportuno de esta obligación permitirá reducir el riesgo de infracciones, multas y retrasos en los procedimientos que dependen de la información registrada ante la Sunat.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el beneficio comprende tres conceptos: la remuneración correspondiente al feriado —que ya forma parte del sueldo mensual—, el pago por la jornada efectivamente trabajada y una sobretasa equivalente al 100% de la remuneración diaria. Como ejemplo, un trabajador que percibe S/50 diarios recibirá S/150 por ese día si labora sin descanso sustitutorio.

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La autoridad laboral también recordó que el pago adicional no corresponde cuando el empleador reemplaza el feriado con un día de descanso compensatorio. Asimismo, precisó que tampoco se considera trabajo en feriado cuando la jornada comenzó en un día laborable y concluyó durante el feriado.

Aunque el feriado nacional implica un descanso remunerado, diversos sectores de la economía mantienen operaciones por la naturaleza de sus actividades. Es el caso del comercio, restaurantes, hoteles, transporte, clínicas, seguridad privada, telecomunicaciones, industrias de producción continua y algunos servicios vinculados al turismo. En estos rubros, los empleadores pueden programar personal para laborar durante el feriado, siempre respetando las compensaciones económicas establecidas en la legislación laboral cuando no existe un descanso sustitutorio.

La necesidad de mantener estos servicios hace que miles de trabajadores desarrollen labores durante los feriados nacionales. En fechas previas a Fiestas Patrias, además, suele incrementarse la actividad comercial y turística, lo que genera una mayor demanda de personal en establecimientos que atienden al público.

El feriado del 23 de julio fue incorporado al calendario nacional mediante la Ley N.° 31822, que reconoce el Día de la Fuerza Aérea del Perú en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales. Desde su incorporación, esta fecha se aplica tanto al sector público como al privado, bajo las reglas previstas en el Decreto Legislativo N.° 713 sobre descansos remunerados.

Empresas podrían enfrentar sanciones

La incorporación de este feriado también implica que las empresas deban revisar la programación de sus jornadas y el cumplimiento de las obligaciones laborales asociadas. En los sectores donde la actividad económica no puede detenerse, la planificación de turnos y el reconocimiento de los beneficios previstos por la legislación forman parte de las responsabilidades que pueden ser verificadas durante una eventual inspección laboral.

Para las empresas, el cumplimiento de estas disposiciones forma parte de las obligaciones laborales sujetas a fiscalización. Sunafil advirtió que la omisión del pago por trabajo en feriado constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales y puede dar lugar a multas que varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados, pudiendo alcanzar hasta S/288.915.

Durante las inspecciones, Sunafil puede solicitar información relacionada con la jornada laboral, los registros de asistencia, las planillas y las boletas de pago para verificar si el empleador cumplió con reconocer el trabajo realizado durante un feriado nacional. La autoridad también evalúa si existió un descanso sustitutorio cuando la empresa sostiene que no correspondía el pago adicional.

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Qué debe revisar el trabajador en su boleta de pago

El reconocimiento por laborar durante un feriado debe reflejarse en la boleta de pago correspondiente al período en el que se prestó el servicio. Si el empleador otorgó un descanso sustitutorio previamente acordado, no corresponde el pago de la sobretasa del 100%; en caso contrario, el trabajador tiene derecho a recibir la remuneración prevista por la legislación laboral.

Si considera que este derecho no fue respetado, el trabajador puede presentar una denuncia ante Sunafil para que la entidad evalúe el caso y, de ser necesario, inicie un procedimiento de inspección. La información consignada en la planilla electrónica, las boletas de pago y los registros de asistencia constituyen algunos de los documentos que pueden ser revisados durante la fiscalización.

Aunque suelen confundirse, un feriado nacional no tiene los mismos efectos que un día no laborable. Mientras el feriado está establecido por ley y genera el derecho al descanso remunerado o, en su defecto, al pago adicional si se trabaja sin descanso sustitutorio, el día no laborable funciona bajo un régimen distinto.

En el sector público, los días no laborables generalmente deben compensarse con horas de trabajo posteriores. En el sector privado, su aplicación depende del acuerdo entre empleador y trabajador respecto a la recuperación de las horas dejadas de laborar. Esta diferencia cobra especial relevancia en julio, mes que además de este feriado incluye las celebraciones por Fiestas Patrias y un día no laborable dispuesto para el sector público.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 21 de julio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

El beneficio consiste en un subsidio mensual de S/500 destinado a cubrir el alquiler de una vivienda segura que cuente con servicios básicos. Este apoyo económico tendrá una duración de hasta dos años y busca brindar una solución temporal a las familias cuyas viviendas quedaron con daños severos a causa de la emergencia, mientras se desarrollan las acciones para su reubicación.

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¿Quiénes accederán al Bono de Arrendamiento para Emergencias y cuáles son los requisitos?

La vigésima segunda convocatoria del Bono de Arrendamiento para Emergencias del presente año contempla la entrega de 120 subsidios para familias identificadas como potenciales beneficiarias tras la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias intensas en las cuatro regiones incluidas en la medida.

La lista de personas que podrán acceder al beneficio se encuentra disponible en las plataformas digitales del Ministerio de Vivienda y del Fondo Mivivienda, además de los locales de las municipalidades de los distritos comprendidos en esta convocatoria. Las familias deberán cumplir con las disposiciones establecidas para acceder al subsidio, conforme al procedimiento definido por el sector.

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Cómo se entregará el subsidio de S/500 y dónde consultar la lista de beneficiarios

El Bono de Arrendamiento para Emergencias será entregado a través de las oficinas del Banco de la Nación. El subsidio económico permitirá que las familias beneficiarias alquilen un inmueble seguro con acceso a servicios básicos durante un periodo máximo de dos años, como parte de la atención temporal dispuesta por el Ministerio de Vivienda.

Asimismo, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCS será la encargada de verificar el cumplimiento de lo establecido en la resolución ministerial y efectuar el seguimiento correspondiente. Estas acciones se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.° 31526, que creó el Bono de Arrendamiento para Emergencias, y su respectivo reglamento.

Para José De Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, este resultado tiene una explicación clara: el incremento de la recaudación minera está estrechamente ligado al alza de las cotizaciones del cobre y, especialmente, del oro.

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"Ha aumentado significativamente, pero está vinculada principalmente al alza de las cotizaciones. Con precios tan altos del cobre y, sobre todo, del oro, la renta de las empresas mineras ha crecido de manera importante", afirmó en entrevista con La República.

Esa lectura coincide con el último boletín de Actualidad Tributaria de CooperAcción, que advierte que buena parte del avance responde a factores extraordinarios. Por ello mantener este ritmo de ingresos dependerá de reformas que fortalezcan la estructura tributaria y reduzcan la dependencia de los ciclos favorables de las materias primas.

Entre enero y junio, la recaudación acumulada alcanzó los S/ 104.432 millones, un incremento real de 13,1% respecto al mismo periodo de 2025. Solo el Impuesto a la Renta creció 35,7% en junio y acumuló un avance de 13,9% durante el primer semestre.

De Echave considera que este escenario también reabre una discusión pendiente sobre la política tributaria aplicada a la minería. A su juicio, el país debería evaluar si existe margen para ajustar instrumentos como el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen Especial Minero, una posibilidad que también ha sido planteada por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin comprometer la competitividad del sector.

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Recaudación minera se dispara 112%, aunque la producción de metales apenas avanzó 1,2%

Los números muestran hasta qué punto la minería explica el boom de la recaudación. El pago del Impuesto a la Renta empresarial, incluida la regularización del sector, aumentó 112% frente al mismo periodo de 2025. Con ello, la actividad concentró el 34,9% de toda la recaudación por este concepto, su mayor participación desde 2008, y aportó el 20,1% de los tributos internos del país, el nivel más alto desde 2007. En términos netos, generó S/19.322 millones para el fisco, más del doble que un año atrás.

El salto, sin embargo, no responde a un incremento similar de la actividad extractiva. Mientras la recaudación se duplicó, la producción metálica apenas avanzó 1,2% al primer trimestre de 2026, impulsada principalmente por el cobre y el zinc, mientras que minerales como el molibdeno, el plomo y el estaño registraron caídas. Aunque ambas cifras corresponden a periodos distintos, la diferencia es suficiente para concluir que el boom tributario no provino de extraer más minerales.

La explicación está fuera de las minas. El fuerte aumento del precio del cobre y del oro elevó las utilidades de las empresas mineras y, con ello, el Impuesto a la Renta que debían pagar. A ese efecto se sumó la regularización anual del tributo, que recoge las ganancias efectivamente obtenidas al cierre del ejercicio.

Para De Echave, este comportamiento refleja una debilidad estructural de las cuentas públicas.

"Históricamente la recaudación aumenta cuando los precios de los minerales están altos y cae cuando esas cotizaciones bajan. Como esos precios se determinan en los mercados internacionales, eso genera mucha vulnerabilidad para las finanzas públicas", señaló.

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No es la primera vez que ocurre. Durante el súper ciclo de los metales entre 2007 y 2013, la participación de la minería en la recaudación también alcanzó niveles récord, pero se redujo con fuerza cuando las cotizaciones internacionales retrocedieron. Ese antecedente explica por qué el actual repunte, aunque fortalece las cuentas fiscales, sigue dependiendo de un factor que el Perú no controla.

Reforma tributaria, la tarea pendiente para sostener los ingresos fiscales

El fortalecimiento de la recaudación también permitió mejorar temporalmente las cuentas públicas. A mayo, el déficit fiscal acumulado de los últimos doce meses descendió a 1,6% del PBI, por debajo de la meta de 1,8% prevista para este año. El propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha reconocido que este resultado estuvo favorecido por factores transitorios, entre ellos los elevados precios del cobre y las mayores transferencias de utilidades de entidades públicas.

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Frente a este escenario, De Echave sostiene que el siguiente paso debe ser una reforma tributaria de carácter estructural.

"Necesitamos una reforma tributaria estructural. Eso permitiría que los ingresos tributarios mejoren de manera sostenida y no dependan únicamente de la volatilidad de los precios de los minerales", sostuvo.

El exviceministro planteó que esa reforma debería apoyarse en una mayor formalización de la economía, combatir la evasión y el incumplimiento tributario, revisar las exoneraciones fiscales y aumentar el peso de los impuestos directos. A su juicio, solo así el crecimiento de la recaudación dejará de depender de factores que el país no controla, como la cotización internacional de los minerales, y podrá sostenerse incluso cuando el ciclo de precios deje de ser favorable.

Las modificaciones alcanzan tanto a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como al Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), los dos instrumentos que permiten evaluar los posibles impactos de los proyectos de exploración. El nuevo reglamento precisa las etapas de revisión de los expedientes, fija tiempos para la emisión de observaciones y ordena el procedimiento que deberán seguir la autoridad ambiental y las entidades técnicas que intervienen en la certificación.

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Uno de los cambios de mayor impacto para la industria se encuentra en el Anexo "Clasificación Anticipada de Proyectos de Exploración Minera", también modificado por el Decreto Supremo N.º 014-2026-EM. La actualización amplía de 40 a 60 plataformas de exploración el límite para que un proyecto pueda tramitarse mediante una Declaración de Impacto Ambiental, un instrumento cuyo procedimiento de evaluación es más breve que el requerido para un EIA-sd. De esta manera, los proyectos que superen ese umbral deberán continuar presentando un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.

Además de actualizar la clasificación de los proyectos, la norma incorpora una etapa de admisibilidad para los expedientes del EIA-sd. En un plazo máximo de cinco días hábiles, la autoridad competente deberá verificar que la documentación presentada cumpla con todos los requisitos antes de iniciar la evaluación técnica. Si detecta omisiones, el titular del proyecto tendrá un plazo para subsanarlas; de lo contrario, el expediente podrá ser declarado no presentado.

Cambios en la evaluación ambiental de la exploración minera

Otro de los cambios introducidos por el Decreto Supremo N.º 014-2026-EM apunta a reducir uno de los factores que suele prolongar la evaluación de los proyectos: la duplicidad de observaciones entre las entidades públicas que participan en la certificación ambiental. El reglamento dispone que cada institución solo podrá emitir observaciones dentro del ámbito de sus competencias, evitando requerimientos repetidos, contradictorios o superpuestos sobre un mismo aspecto del expediente.

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La norma también prevé mecanismos de coordinación entre la autoridad competente y las entidades opinantes, además de reuniones técnicas con los titulares de los proyectos para aclarar el alcance de las observaciones antes de la emisión de la resolución final. Con ello, se busca que la absolución de observaciones se concentre en una sola etapa y que los procedimientos se desarrollen dentro de los plazos establecidos por el reglamento.

Los cambios responden a una revisión realizada por el Ejecutivo sobre los estudios ambientales aprobados entre 2018 y 2023. De acuerdo con los considerandos del decreto, ese análisis concluyó que la clasificación anticipada vigente había dejado de ajustarse a las características que presentan actualmente diversos proyectos de exploración minera, generando diferencias entre la categoría ambiental asignada y los potenciales impactos de las iniciativas. El documento sostiene que esa situación terminó convirtiéndose en un factor que desincentivaba las inversiones, por lo que se decidió modificar tanto los procedimientos como el anexo de clasificación de proyectos.

En adelante, los nuevos proyectos deberán adecuarse a las reglas y criterios establecidos en el reglamento y en el anexo modificado para obtener la certificación ambiental correspondiente.

Según informó el Ministerio Público, la decisión judicial busca impedir que los fondos sean transferidos, convertidos o retirados mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con las indagaciones fiscales, el dinero estaría vinculado a operaciones realizadas mediante criptoactivos para dificultar el rastreo de su presunto origen ilícito.

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¿Por qué la Fiscalía ordenó la incautación de fondos depositados en Binance y Bybit?

La investigación está a cargo del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, dirigido por el fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez. El despacho obtuvo una resolución judicial que ordena inmovilizar los activos virtuales para evitar cualquier movimiento mientras avanza el proceso.

De acuerdo con las diligencias, los montos incautados estarían relacionados con la recepción, conversión y transferencia de criptoactivos provenientes de presuntos fraudes financieros internacionales. La medida comprende tanto los fondos en dólares como los montos en moneda nacional identificados durante la investigación.

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Así operaba el presunto esquema con billeteras digitales, stablecoins y transacciones P2P

Las pesquisas señalan que el dinero habría sido movilizado mediante billeteras digitales, stablecoins —criptomonedas cuyo valor está vinculado a activos estables— y operaciones P2P, un sistema que permite realizar transacciones directas entre usuarios sin la intermediación de entidades bancarias.

Según la Fiscalía, este tipo de operaciones habría sido utilizado para dificultar la identificación y el seguimiento del origen de los fondos. Por ello, la resolución judicial dispone retener los activos para impedir su transferencia, conversión, intercambio o retiro. El Ministerio Público indicó que esta incautación representa un avance en las investigaciones sobre nuevas modalidades de presunto lavado de activos mediante criptomonedas y en las acciones orientadas a fortalecer la trazabilidad financiera y la recuperación de bienes de posible origen ilícito.

En ese sentido, el decreto no modifica las condiciones para acceder a una pensión ni incorpora nuevos beneficios para los afiliados. Lo que hace es garantizar financieramente la emisión de títulos que reconocen los aportes efectuados por trabajadores que dejaron el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para incorporarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las AFP.

¿Qué dispone el decreto?

La norma autoriza al Gobierno a otorgar una garantía por hasta S/42 millones a favor de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios que emitirá la ONP durante el presente ejercicio fiscal. Asimismo, establece que la propia entidad atenderá la redención de estos títulos con cargo a su presupuesto institucional y faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a emitir las disposiciones complementarias necesarias para ejecutar la medida.

El decreto se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que autoriza operaciones de endeudamiento interno. De ese marco presupuestal se reserva el monto destinado a respaldar los bonos emitidos por la ONP.

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¿Qué son los Bonos de Reconocimiento?

Los Bonos de Reconocimiento son documentos emitidos por la ONP para reconocer los aportes que realizaron determinados trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones. Su valor se incorpora a la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado y forma parte del cálculo de la pensión que recibirá en una AFP.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisa que existen tres tipos de Bonos de Reconocimiento, cada uno con requisitos específicos relacionados con la fecha de afiliación y el tiempo de aportes efectuados al antiguo sistema público. La ONP es la entidad encargada de calcular y emitir estos títulos, los cuales son respaldados con recursos del Estado.

En ese sentido, la garantía aprobada por el Ejecutivo no representa un nuevo gasto destinado a ampliar la cobertura previsional, sino un mecanismo financiero para asegurar el cumplimiento de obligaciones que ya existen en la legislación peruana.

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¿Quiénes pueden acceder al Bono de Reconocimiento?

El Bono de Reconocimiento no está dirigido a todos los afiliados a una AFP. Pueden acceder quienes realizaron aportes al Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones y cumplen los requisitos establecidos para cada modalidad de bono.

Entre las condiciones generales figura haber aportado al antiguo sistema público durante el período exigido por la normativa y haberse incorporado posteriormente a una AFP. La evaluación de cada caso corresponde a la ONP, que verifica el historial de aportaciones antes de emitir el bono.

¿Cómo se solicita?

El trámite se inicia, por lo general, a través de la AFP en la que se encuentra afiliado el trabajador. La administradora recopila la documentación necesaria y la remite a la ONP para que esta verifique el cumplimiento de los requisitos, determine el monto que corresponde y emita el Bono de Reconocimiento cuando la solicitud resulta procedente.

Una vez emitido, el bono se incorpora a la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado y será considerado al momento de calcular la pensión que recibirá en el Sistema Privado de Pensiones.

La publicación del decreto no implica que más trabajadores accedan automáticamente a un Bono de Reconocimiento ni modifica los requisitos para obtenerlo. Tampoco altera el funcionamiento del Sistema Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones.

El crecimiento no solo responde a un mayor número de viajes, sino también a un incremento en el tiempo de permanencia y en el gasto de los visitantes. De acuerdo con el estudio del Mincetur, el desembolso promedio alcanzaría los S/547 por persona, destinados principalmente a transporte, hospedaje, alimentación, recreación y compras, actividades que benefician directamente a miles de pequeños negocios y empresas vinculadas al turismo.

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Turismo interno impulsará el comercio en Fiestas Patrias

Para la economía peruana, el turismo interno representa uno de los principales impulsores del comercio durante los feriados largos. Restaurantes, hoteles, operadores turísticos, mercados artesanales y servicios de transporte concentran una mayor demanda, especialmente en regiones con alta afluencia de visitantes.

Las proyecciones muestran además que Lima, Cusco y Arequipa volverán a liderar las preferencias de los viajeros, seguidas por Ica, Piura, Cajamarca y La Libertad. En conjunto, estos destinos concentran una parte importante del flujo turístico previsto para la campaña de julio.

Otro aspecto relevante es que dos de cada tres viajeros optarán por regresar a un destino que ya conocen, mientras que un tercio visitará un lugar por primera vez. La diversidad de atractivos turísticos, el patrimonio cultural, el clima y la gastronomía continúan siendo los factores más influyentes al momento de elegir un destino para vacacionar.

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En cuanto al transporte, el bus interprovincial seguirá siendo la alternativa más utilizada, al concentrar poco más de la mitad de los desplazamientos previstos. El transporte aéreo ocupará el segundo lugar, mientras que los hoteles de tres estrellas se mantendrán como la principal opción de alojamiento para los turistas nacionales, según las estimaciones del informe.

El buen desempeño esperado para esta campaña coincide con la recuperación gradual del sector turismo observada durante los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales, el turismo interno continúa siendo uno de los principales soportes de la actividad turística nacional, al compensar parcialmente la lenta recuperación del turismo receptivo y generar ingresos para las economías regionales, especialmente en temporadas de alta demanda.

Las proyecciones para Fiestas Patrias anticipan un importante impulso para el consumo interno en la segunda mitad del año. El mayor flujo de viajeros no solo incrementará la demanda de servicios turísticos, sino que también fortalecerá la actividad económica de cientos de negocios en distintas regiones, consolidando al turismo interno como uno de los sectores con mayor capacidad para dinamizar las economías locales durante los feriados nacionales.

Las cifras entre mayo de 2025 y mayo de 2026 revelan que las concesiones mineras crecieron en 2,68 millones, hasta alcanzar 22,67 millones de hectáreas, equivalentes al 17,6% del territorio nacional. La expansión fue especialmente intensa en Apurímac, donde el 76,5% de la superficie regional ya está concesionada, seguida de La Libertad (63,1%) y Áncash (55,1%). Lima y Moquegua también bordean la mitad de su territorio bajo este régimen, con 48,8% y 48%, respectivamente.

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"Estamos en un contexto muy favorable", resumió José de Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, durante la presentación del informe. No obstante, advirtió que ese escenario "se puede traducir en mucha presión y muchas tensiones en los territorios" si el crecimiento de la actividad minera no va acompañado de reglas claras y de una adecuada gestión de los impactos sociales y ambientales.

Solo una de cada diez hectáreas concesionadas registra actividad minera

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la diferencia entre la extensión del territorio concesionado y el área donde efectivamente existe actividad minera.

Según el análisis expuesto por De Echave, de los más de 22 millones de hectáreas concesionadas en el país, apenas alrededor de dos millones corresponden a zonas donde se realizan actividades como exploración, explotación, plantas de beneficio o procesos de cierre de minas. En otras palabras, cerca de 20 millones de hectáreas permanecen sin actividad minera directa.

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El economista planteó que esta situación abre un debate sobre el uso de las denominadas concesiones ociosas, es decir, títulos mineros vigentes sobre áreas donde actualmente no existe producción ni exploración efectiva.

Asimismo, cuestionó el argumento de que la inversión minera esté limitada por un exceso de regulaciones. Recordó que los mayores niveles de inversión registrados en el país se alcanzaron bajo un marco normativo similar al vigente, por lo que consideró que el debate no debería centrarse únicamente en flexibilizar permisos, sino también en cómo se gestionan los impactos sociales y ambientales de los proyectos.

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El informe muestra otro elemento que, según el investigador, merece seguimiento: el crecimiento de concesiones en departamentos amazónicos como Loreto, Ucayali y Amazonas. Aunque estas regiones mantienen porcentajes bajos de territorio concesionado, el incremento ha sido considerable en el último año. De Echave planteó como hipótesis que parte de la minería informal e ilegal que opera en cauces de ríos podría estar buscando acceder a concesiones para facilitar procesos de formalización, un fenómeno que, dijo, cobra relevancia a pocos meses del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Cajamarca resume los desafíos de la nueva expansión minera, según el Observatorio

Para el sociólogo Marco Arana, representante de Grufides, Cajamarca sintetiza buena parte de los desafíos que acompañan esta nueva etapa de expansión minera. Durante la presentación del informe advirtió que en esa región confluyen la gran minería, la minería ilegal, nuevos proyectos de inversión y procesos judiciales que permanecen abiertos desde hace más de una década.

Como ejemplo, mencionó la presencia de minería ilegal en la zona de Cerro Rojillo, una cabecera de cuenca que abastece de agua a la ciudad de Cajamarca. Según relató, la intervención estatal se produjo recién después de las denuncias de autoridades locales y organizaciones de usuarios de agua, lo que, a su juicio, evidencia debilidades en la capacidad de respuesta del Estado frente a este tipo de actividades.

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Arana también cuestionó proyectos de infraestructura hídrica vinculados a zonas donde se concentran futuras inversiones mineras y advirtió que varios procesos judiciales relacionados con conflictos socioambientales, como el caso Conga y procedimientos ambientales aún pendientes, pasarán a ser parte de la agenda del próximo gobierno.

Ninguno de los dos negó que el Perú atraviesa un momento de bonanza minera. Sin embargo, ambos remarcaron lo mismo: esta vez el boom llega sobre territorios donde el agua sigue en disputa, los conflictos no disminuyen y varios procesos judiciales continúan sin resolverse.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este lunes 20 de julio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600