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Changpeng Zhao, cofundador de Binance, confirmó las sospechas sobre un posible ataque informático a través de su cuenta de X. Aunque actualmente ya no dirige la compañía, CZ señaló que los movimientos registrados apuntaban a un hackeo y destacó la rápida intervención de ambas empresas para bloquear parte de los fondos.

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«Todo apunta a que Binance ha sufrido un ataque informático. Es de agradecer la rápida intervención de Tether y Circle al congelar dichos fondos», escribió.

En un primer momento, estimó que Tether había inmovilizado alrededor de US$971 millones y Circle otros US$823 millones. Posteriormente, ambas compañías comunicaron cifras mayores.

Zhao también sostuvo que los fondos de los usuarios estaban a salvo y expresó su confianza en que todos los activos estuvieran cubiertos. «Ya no gestiono Binance (.com), pero, como accionista, confío en que todos los fondos de los usuarios estarán totalmente cubiertos», agregó.

Binance informó que sus equipos especializados investigaban los reportes sobre un posible ataque informático. La compañía aseguró que los fondos de sus clientes estaban completamente seguros y pidió a los usuarios mantenerse alerta ante posibles estafas, especialmente frente a enlaces y solicitudes de información provenientes de cuentas no oficiales.

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Congelan más de US$2.300 millones en criptomonedas vinculadas a Binance

Tether y Circle emiten monedas estables, conocidas como stablecoins, cuyo valor está vinculado al dólar. Entre las más utilizadas están USDT y USDC, respectivamente. A diferencia del Bitcoin, estas monedas mantienen una cotización relativamente estable, por lo que se utilizan para realizar pagos, transferencias e intercambios sin exponerse a las fuertes variaciones de otras criptomonedas.

Quienes adquieren estos activos pueden transferirlos entre billeteras digitales o cambiarlos por otras monedas. Sin embargo, hay una particularidad: Tether y Circle conservan la capacidad de bloquear determinadas direcciones cuando detectan operaciones sospechosas o reciben requerimientos de las autoridades, lo que impide que los fondos almacenados en ellas puedan trasladarse o utilizarse mientras se mantenga la restricción.

Tras la alerta, Tether informó que había congelado más de US$1.567 millones y Circle otros US$800 millones vinculados al incidente.

Esta facultad distingue a las stablecoins de criptomonedas como el Bitcoin, que no tienen una empresa emisora capaz de bloquear directamente las unidades de un usuario. En el caso de USDT y USDC, las compañías que las emiten mantienen ese control, una característica que permite intervenir ante operaciones sospechosas, pero que también condiciona el uso de estos activos a las decisiones de sus emisores.

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Posible hackeo a Binance reaviva las dudas sobre la seguridad de las criptomonedas

James Seyffart, analista de Bloomberg Intelligence, advirtió que un eventual vaciamiento de billeteras digitales en Binance representaría un ataque de consideración por el tamaño de la plataforma. También señaló que el sector acumula incidentes recientes que han deteriorado la confianza de sus participantes.

Entre los casos mencionados figuran las pérdidas de cientos de millones de dólares reportadas por Bitget y los perjuicios asociados a la manipulación de dispositivos Ledger, utilizados para almacenar criptomonedas y mantener las claves de acceso fuera de plataformas conectadas permanentemente a internet.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, permite operar con más de 360 activos digitales y asegura tener más de 150 millones de clientes. Sin embargo, su trayectoria también registra cuestionamientos por fallas en sus controles contra el lavado de dinero.

En 2024, su cofundador Changpeng Zhao fue condenado en Estados Unidos a cuatro meses de prisión por incumplir estas normas, aunque recibió un indulto del presidente Donald Trump en octubre de 2025.

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La alerta por el posible ataque vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de las plataformas de criptomonedas, un sector que ya ha registrado otros incidentes. Entre ellos figuran pérdidas de cientos de millones de dólares en Bitget y problemas vinculados a dispositivos de Ledger.

El mercado también atraviesa una semana marcada por factores financieros y políticos. Según Bloomberg, vencen contratos de opciones sobre criptomonedas por unos US$11.000 millones, una operación que puede llevar a los inversionistas a ajustar sus posiciones y generar movimientos en las cotizaciones.

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A esto se suman las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para la próxima semana. En estos comicios se renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado, por lo que el resultado definirá qué partido tendrá mayor influencia en el Congreso y qué iniciativas podrán avanzar.

Entre los temas pendientes está la regulación de las criptomonedas, que incluye nuevas reglas para las plataformas de intercambio y la distribución de funciones entre los organismos supervisores. Una de las propuestas, el proyecto de ley CLARITY, quedó estancada en el Senado en septiembre.

En medio de estos factores, el Bitcoin perdió hasta un 3,7% de su valor y cayó por debajo de los US$79.000, su nivel más bajo desde septiembre, mientras otras criptomonedas también registraron pérdidas.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 29 de octubre

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La dimensión del problema contrasta con los recursos presupuestales asignados durante el año pasado: solo 911 de esas obras, equivalentes al 37,7% del total, contaban con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para 2025. La asignación conjunta fue de S/3.596 millones. Las otras 1.505 no registraban presupuesto modificado para ese año, según el reporte del órgano de control.

En este contexto, el Congreso aprobó el dictamen de la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2025, que plantea crear un Inventario Nacional de Obras Paralizadas. El texto también contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presente un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría y que esta entidad acceda a información tributaria anonimizada de la Sunat, respetando la reserva tributaria.

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Gobierno Nacional concentra S/37.432 millones en obras paralizadas

Aunque los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos, el Gobierno Nacional reúne el mayor monto de inversión comprometida. Según el informe de la Contraloría, las municipalidades y otras entidades locales acumulan 1.693 obras paralizadas, con un costo actualizado de S/10.525 millones. En el nivel nacional hay 386 proyectos, valorizados en S/37.432 millones, mientras que los gobiernos regionales registran 337 obras por S/19.180 millones.

La distribución muestra que el número de obras no necesariamente coincide con el volumen de recursos comprometidos. Los gobiernos locales reúnen el 70,1% de los proyectos paralizados, pero concentran el 15,7% de su costo actualizado. En cambio, el Gobierno Nacional representa el 16% de las obras y el 55,8% de la inversión asociada.

Entre las causas reportadas por las entidades ejecutoras figuran los incumplimientos contractuales, que explican el 26,2% de los casos; la falta de recursos financieros o liquidez, con el 22,9%; las deficiencias de los expedientes técnicos, con el 9,1%; y las controversias, disputas o arbitrajes, con el 8,7%.

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Contraloría identificó 762 obras detenidas en el Banco de Inversiones

La creación del inventario nacional forma parte de las medidas incluidas en el dictamen de la Cuenta General de 2025, que no recibía aprobación parlamentaria desde 2013. La propuesta busca reunir información sobre los proyectos detenidos, mientras que el plan a cargo del MEF apunta a dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Contraloría.

La existencia de registros previos es relevante para evaluar el alcance de la medida. El informe de la Contraloría elaborado con información de Infobras, el Sistema de Seguimiento de Inversiones, el Sistema Integrado de Administración Financiera y el inventario del Banco de Inversiones ya identificaba las 2.416 obras paralizadas. Además, al cierre de 2025, el inventario del Banco de Inversiones registraba 762 obras que continuaban detenidas; de ellas, 466 no contaban con un informe de estado situacional actualizado en el sistema.

El dictamen también plantea que la Contraloría acceda a información tributaria anonimizada de la Sunat, con respeto de la reserva tributaria. Asimismo, el MEF deberá presentar un plan para implementar las recomendaciones del órgano de control, algunas de las cuales, según lo expuesto durante el debate parlamentario, permanecen pendientes desde 2013.

La aprobación de la Cuenta General no equivale a una validación de la gestión de las entidades públicas ni de sus actos administrativos. Tampoco exime a los funcionarios de eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales. El efecto de las medidas dependerá de su implementación y del seguimiento que se realice a las observaciones pendientes.

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La Cuenta General y las cifras del gasto público

La Cuenta General de la República consolida información presupuestaria, financiera y patrimonial de las entidades estatales. De acuerdo con el MEF, durante 2025 el sector público ejecutó S/328.363 millones de presupuesto, equivalente al 93,6% del Presupuesto Institucional Modificado. La inversión pública alcanzó S/61.941 millones, con una ejecución del 83,8% del presupuesto actualizado para ese rubro.

Sin embargo, la auditoría de la Cuenta General encontró resultados distintos según los estados revisados. La Contraloría emitió una opinión sin salvedades sobre el Estado de Tesorería y el Estado de la Deuda Pública; formuló una opinión con salvedades sobre los estados presupuestarios y se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros consolidados.

El MEF informó que se recibió información de 2.536 de las 2.547 entidades consideradas en la Cuenta General, lo que representa una cobertura del 99,6%. Esa proporción da cuenta del alcance de la información reportada, pero no elimina las observaciones de auditoría ni reemplaza el seguimiento que corresponde a las recomendaciones pendientes.

El consumo de cemento habría registrado su mayor crecimiento de los últimos tres meses, mientras que las obras públicas habrían alcanzado su peor resultado en cuatro meses, según el Informe Económico de la Construcción N.° 106, publicado por el gremio. Esta diferencia marcaría un cambio respecto de agosto, cuando ambos indicadores registraron variaciones positivas.

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Construcción habría crecido 10,3% entre enero y septiembre

El desempeño previsto para septiembre se produciría en un marco de varios meses de expansión que habrían llevado al sector a acumular un crecimiento de 10,3% entre enero y septiembre, frente al mismo periodo de 2025. Durante esos nueve meses, el consumo interno de cemento habría aumentado 11,7%, mientras que el avance físico de las obras públicas habría crecido 6,7%, según el informe.

De confirmarse esta proyección, la construcción registraría su mayor crecimiento acumulado para el periodo enero-setiembre desde 2013, si se excluye el rebote económico posterior a la pandemia. La estimación mensual apunta a una pérdida de impulso en las obras públicas hacia el final del periodo, pese a que el balance acumulado del sector se mantendría en terreno positivo.

Los últimos resultados oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) permiten comparar las proyecciones con el desempeño de agosto. Ese mes, la construcción creció 10,34% interanual, el consumo interno de cemento aumentó 7,63% y el avance físico de las obras públicas se expandió 19,33%. Para septiembre, el gremio estima un menor crecimiento general, una aceleración del consumo de cemento y una contracción de las obras públicas.

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S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública quedarían sin ejecutar en 2026

La evolución de las obras públicas también se relaciona con el avance de la inversión pública. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recogidas en el informe, la inversión pública ejecutada creció 8,1% entre enero y septiembre de 2026. Por nivel de gobierno, el gasto aumentó 13,8% en los municipios y 12,2% en los gobiernos regionales. En el Gobierno Nacional, en cambio, avanzó apenas 0,2%.

El estudio estima que al cierre de 2026 quedarían alrededor de S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública sin ejecutar. El monto pendiente pone el foco en la capacidad de las entidades públicas para convertir los recursos presupuestados en gasto efectivo durante los últimos meses del año, mientras el sector enfrenta una posible desaceleración de las obras estatales.

En cuanto a Obras por Impuestos (OxI), al 22 de septiembre se habían adjudicado proyectos por S/9.159 millones, un aumento de 208% frente a 2025, según información de ProInversión incluida en el informe. Capeco proyecta que el monto podría acercarse a S/12.600 millones al cierre del año, lo que representaría un crecimiento de 146% respecto al año anterior.

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Empresas constructoras moderan sus expectativas para 2026

Las expectativas de las empresas constructoras también muestran una revisión a la baja. En su encuesta de octubre, la cámara encontró que la previsión de crecimiento de las operaciones empresariales para todo 2026 pasó de 9,2% en agosto a 8,2%. La variación refleja una perspectiva menos optimista de las compañías consultadas respecto de la que tenían dos meses antes.

En cuanto al crecimiento anual del PBI de la construcción, el gremio redujo su proyección de 9,6% a 8,1%. Otras instituciones mantienen estimaciones distintas: BBVA Research prevé un crecimiento de 10,1%; el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de 9,5%; Macroconsult, de 9,2%; y el MEF, de 8,5%.

Para el quinto bimestre de 2026, las empresas encuestadas por el gremio constructor proyectan un crecimiento de 9,2% en sus operaciones. Por segmentos, la expectativa alcanza el 10% en edificaciones, el 8,7% en infraestructura y el 6,6% en proveedores. Las previsiones corresponden a las operaciones de las empresas consultadas y no a una estimación del PBI sectorial.

Entre los riesgos para el cierre del año, Capeco menciona el aumento de los precios, las tasas de interés y la posibilidad de un Fenómeno El Niño de fuerte intensidad. Estos factores forman parte del escenario que el sector deberá afrontar en los últimos meses de 2026, mientras se esperan los resultados oficiales de septiembre para contrastar las proyecciones del gremio.

En declaraciones a RPP, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, explicó que la magnitud de Talara exige un esquema que permita captar fuertes inversiones y contar con una gestión técnica especializada. Según adelantó, el plan específico para la refinería se presentará en enero de 2027.

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Sindicatos de Petroperú rechazan concesión de Talara

Frente a la propuesta de concesión, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestionó las condiciones bajo las cuales un operador privado asumiría la administración de Talara.

El gremio pide conocer cuánto invertiría la empresa, cómo recuperaría ese capital y qué garantías tendría el país sobre las tarifas, los márgenes, el abastecimiento y las decisiones operativas. También plantea quién asumiría los riesgos y quién recibiría los beneficios de la operación.

Para la organización, que la refinería siga siendo propiedad de Petroperú no garantiza que el Estado conserve el control efectivo sobre su funcionamiento. Además, sostiene que Talara no debe evaluarse únicamente por su rentabilidad o su aporte al pago de las deudas de la petrolera, sino también por su papel en el abastecimiento nacional de combustibles, la competencia y la seguridad energética.

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Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) sostuvo que entregar la administración de Talara a un operador privado sería una forma de privatización encubierta. La organización pide detener el proceso y cuestiona que ProInversión avance con la reorganización de los activos de Petroperú mientras sigue pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Decreto de Urgencia 010-2025.

Concesión de Talara: qué plantea ProInversión y qué falta definir

Del Carpio explicó que el modelo contempla la participación de un operador privado que aporte capital y asuma la gestión de la refinería, debido a la especialización técnica que requiere su funcionamiento. La meta planteada por ProInversión es que Talara opere adecuadamente y genere flujos de dinero que permitan atender primero las obligaciones financieras de Petroperú.

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El esquema también podría permitir que la empresa estatal participe en las ganancias que genere la operación, en una modalidad comparable a la de las concesiones de aeropuertos y puertos. Sin embargo, los términos concretos todavía están por definirse. Entre los puntos pendientes están las obligaciones del operador, las condiciones para recuperar la inversión y la distribución de los ingresos que produzca la refinería.

Ahí es justo donde se concentran buena parte de las dudas de los sindicatos. Fenpetrol pide que se conozcan las reglas del eventual acuerdo antes de que se tome cualquier decisión, porque, a su juicio, seguir siendo dueño de la refinería no basta si Petroperú pierde la capacidad real de intervenir en cómo se maneja.

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ProInversión alista otros activos de Petroperú para el mercado

Talara no es el único activo de Petroperú que ProInversión busca llevar al mercado. El plan también contempla la Refinería de Conchán, los terminales del sur y las operaciones en la selva, como parte de una reorganización más amplia de la petrolera estatal.

La agencia prevé presentar el modelo para Talara en enero de 2027. Después, los potenciales inversionistas deberán evaluar las condiciones técnicas, financieras, legales y operativas de la refinería antes de decidir si participan.

Los sindicatos exigen que el proceso se detenga hasta que se conozcan las condiciones del eventual contrato. Su principal preocupación es que Petroperú mantenga la propiedad de Talara, pero ceda a un privado las decisiones sobre su funcionamiento.

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