El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que ambas medidas serán presentadas al Congreso mediante proyectos de ley durante el verano de 2027, aunque reconoció que la primera podría no conseguir respaldo parlamentario.

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En una entrevista con Cuarto Poder, el titular del MEF explicó que la reforma tendrá dos frentes. Mientras se buscará reducir los costos que dificultan la contratación formal en las microempresas, también se pretende modificar las restricciones que, a juicio del Gobierno, dificultan la salida de trabajadores con mejores salarios.

Elmer Cuba plantea flexibilizar el despido de trabajadores con mejores sueldos

Cuba sostuvo que la rigidez para despedir no afecta principalmente a quienes se encuentran en la base de la pirámide laboral, sino a los trabajadores formales con mejores remuneraciones. Según explicó, el problema alcanza tanto a quienes están contratados en planilla como a quienes tienen contratos a plazo determinado.

"Esa no afecta a la informalidad. Afecta a los formales arriba, en la pirámide de trabajadores, los más sofisticados, los que ganan mejor del Perú", señaló el ministro al explicar por qué el Ejecutivo también pretende intervenir en las condiciones de salida del empleo.

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El titular del MEF reconoció que esta iniciativa podría encontrar resistencia en el Congreso, pero aseguró que será presentada de todas formas. "Esa posiblemente no pase en el Congreso, pero no vamos a dudar en presentarla", afirmó.

MEF busca reducir aportes a EsSalud y pensiones para formalizar microempresas

El segundo componente de la reforma apunta a las microempresas, donde Cuba estima que la informalidad laboral bordea el 90%. Para este segmento, el Gobierno plantea perfeccionar el régimen laboral vigente sin eliminar beneficios como las vacaciones y los aguinaldos, pero sí modificar los aportes obligatorios a salud y pensiones.

El ministro argumentó que las contribuciones actuales representan una carga elevada para quienes perciben menores salarios y pueden desincentivar su contratación formal.

Como ejemplo, comparó el caso de un trabajador que gana S/10.000 con otro que recibe S/1.200, pese a que ambos están sujetos a porcentajes similares de aportación.

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Incluso mencionó como referencia reducir de 10% a 5% el aporte previsional en los tramos salariales más bajos. La intención, explicó, es que una mayor parte del ingreso quede disponible para el trabajador y que el costo de ingresar a la formalidad sea menor.

El MEF prevé presentar ambas propuestas al Congreso durante el verano de 2027. Hasta entonces, quedan por definir los alcances de los cambios, especialmente en la flexibilización del despido y en el efecto que tendría la reducción de aportes sobre la cobertura de salud y las futuras pensiones de los trabajadores.

El proyecto plantea modificar la disposición complementaria transitoria única de la Ley 32322, que actualmente establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. La ampliación alcanzaría a los trabajadores del régimen laboral privado que tienen derecho a CTS y no requeriría demostrar que fueron afectados por lluvias, inundaciones o deslizamientos para disponer de sus ahorros.

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Proyecto busca dar liquidez ante daños como en 2017

Entre los fundamentos de la iniciativa figura la experiencia del Fenómeno El Niño Costero de 2017. El documento recoge cifras de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, según las cuales aquel evento dejó 447.018 viviendas afectadas, inhabitables o colapsadas en el país.

El desglose registra 381.076 viviendas afectadas, 28.533 inhabitables y 37.409 colapsadas. La congresista utiliza estos antecedentes para advertir que los daños ocasionados por los fenómenos climáticos pueden generar gastos que se prolongan más allá del periodo de lluvias.

El proyecto también recoge información sobre las emergencias de 2023. Según datos del Ministerio de Vivienda citados en el expediente, se realizaron 71 convocatorias del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, dirigidas a más de 14.200 familias damnificadas de doce regiones. El subsidio contemplaba un pago mensual de S/500 durante un periodo de hasta dos años.

Asimismo, la iniciativa cita un estudio referido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su Reporte de Inflación de marzo de 2026. Según esta referencia, los hogares de provincias afectadas por El Niño de 2017 tuvieron una probabilidad de caer en pobreza 1,4 puntos porcentuales mayor, considerando sus características socioeconómicas.

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Retirar la CTS también reduce el respaldo ante un eventual despido

El expediente reconoce que ampliar la libre disponibilidad tiene una contrapartida para los trabajadores: retirar los depósitos disminuye el fondo que tendrían para afrontar un eventual cese laboral y los intereses que podrían acumular mientras el dinero permanece en la entidad financiera.

La CTS fue concebida como un respaldo económico frente a la pérdida del empleo. Por ello, aunque la iniciativa busca facilitar el acceso a los ahorros ante posibles emergencias climáticas, su utilización también podría dejar a los trabajadores con menores recursos cuando necesiten cubrir sus gastos después de perder su fuente de ingresos.

En su análisis de costo-beneficio, la congresista de Renovación Popular sostiene que la propuesta no generaría gasto público adicional ni nuevas obligaciones económicas para los empleadores, debido a que únicamente permitiría disponer de fondos que ya pertenecen a los trabajadores. Sin embargo, el documento no cuantifica el posible impacto sobre los depósitos de CTS en el sistema financiero.

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¿Hasta cuándo se puede retirar el 100% de la CTS?

La Ley 32322, publicada en mayo de 2025, autorizó excepcionalmente la libre disposición del 100% de los depósitos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida permite retirar los fondos sin necesidad de acreditar el cese laboral.

Fuera de esta autorización excepcional, la legislación contempla retiros parciales de libre disposición de hasta el 50% de los depósitos e intereses acumulados, además del retiro total para trabajadores diagnosticados con cáncer o enfermedad terminal, bajo las condiciones establecidas en la norma.

La propuesta de Yarrow todavía debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Por tanto, mientras no sea aprobada y entre en vigencia, se mantiene el plazo establecido en la Ley 32322.

Talara concentró el 65% de las ventas de combustibles atendidas por Petroperú entre enero y septiembre de este año, según información proporcionada por la empresa a este diario. Su peso en el negocio de la petrolera pone en discusión el alcance de los cambios que se plantean para su administración y las consecuencias que tendrían sobre sus operaciones.

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La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestiona la falta de información sobre este proceso y pide al Congreso y a la Contraloría fiscalizar el financiamiento de US$475 millones recibido por la estatal. Entre sus principales preocupaciones están el destino de ese dinero, las obligaciones financieras que mantiene la compañía y los efectos que tendría la incorporación de operadores privados en la refinería.

Los cuestionamientos surgen después de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, calificara como prometedores los primeros resultados de la estabilización de Petroperú. El 6 de noviembre proyectó que la empresa cerraría el año con ganancias y señaló que uno de los objetivos del Gobierno es reducir su dependencia de recursos estatales. Al día siguiente, volvió a destacar que la petrolera había logrado estabilizarse.

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Sin embargo, la recuperación de sus resultados no ha resuelto los problemas de liquidez ni las interrogantes sobre el futuro de Talara. Para los trabajadores, antes de avanzar con cambios en la gestión de la refinería, el Estado debe explicar bajo qué condiciones se tomarían esas decisiones y qué beneficios obtendría Petroperú.

Petroperú recupera ganancias, pero mantiene un déficit de capital de trabajo de US$1.364 millones

Al cierre de septiembre de 2026, Petroperú reportó una utilidad neta de US$144,9 millones, mientras que en el mismo periodo de 2025 había registrado pérdidas por US$355 millones. Además, alcanzó un EBITDA de US$654 millones.

Sin embargo, la situación financiera todavía presenta limitaciones. La compañía mantiene un capital de trabajo negativo de US$1.364,6 millones. La propia gerencia ha reconocido que las restricciones de liquidez afectaron la compra de crudo, la producción y las ventas.

La organización considera que la petrolera habría podido alcanzar mejores resultados si hubiera contado con financiamiento oportuno. En esa línea, cuestiona si las decisiones y los plazos establecidos por ProInversión durante la reorganización limitaron la compra de materia prima y afectaron la capacidad operativa de Talara.

La refinería también cumple un papel estratégico por su tecnología Flexicoking, que permite transformar residuos pesados del petróleo en combustibles de mayor valor. Su producción abastece a plantas del norte y la Amazonía, además de terminales de la costa.

Por ello, el gremio advierte que un cambio en su gestión podría afectar el suministro y los ingresos de Petroperú, especialmente ante los riesgos que un eventual fenómeno El Niño representa para la infraestructura y las operaciones.

Crédito de Petroperú por US$475 millones: piden explicar costos y destino de los recursos

La obtención del financiamiento también genera interrogantes. Petroperú anunció inicialmente un monto de hasta US$500 millones, pero finalmente recibió US$475 millones. Según Fenpetrol, ProInversión explicó que la diferencia de US$25 millones correspondía a costos financieros. Frente a ello, la federación exige conocer los contratos, las comisiones, los honorarios y los comprobantes que sustenten ese desembolso.

A esa operación se suma la deuda de largo plazo vinculada al Proyecto Modernización Refinería Talara. Petroperú informó a este diario que, al 30 de septiembre de 2026, esta obligación ascendía a US$3.650 millones y comprendía el financiamiento de CESCE y los bonos emitidos por la compañía.

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Sobre este punto, reclaman que se hagan públicas las comunicaciones con los bonistas en Estados Unidos, ante las versiones sobre su preocupación por los anuncios de participación privada en Talara. También pide precisar quién asumirá el pago de esa deuda, qué ingresos respaldarán las obligaciones y qué garantías se ofrecerán en el marco de la reorganización.

Reorganización de Petroperú: cuestionan resultados de ProInversión y piden aclarar deuda

El avance del proceso encargado a ProInversión también está bajo cuestionamiento. Tras cerca de un año de trabajo, uno de los resultados comunicados por la entidad fue la adjudicación de dos inmuebles en agosto, el chalet Paillardelle, en San Isidro, y el ex Petrocentro Cañete, por US$1,18 millones en conjunto. Ante estos resultados, la federación exige un balance de las ventas y transferencias realizadas, los ingresos que recibió Petroperú y los resultados financieros de la reorganización, antes de avanzar sobre activos de mayor valor estratégico.

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A estas observaciones se suma la preocupación por el abastecimiento de petróleo, pues el gremio pide esclarecer si los productores de los lotes de Talara están exportando crudo que podría venderse a Petroperú y si ello obliga a la estatal a importar materia prima a mayor costo. Para determinarlo, reclama información sobre los volúmenes de producción, los precios y las condiciones comerciales.

En el plano legal, la federación también cuestiona la demora del Tribunal Constitucional en resolver la demanda contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, cuya causa quedó al voto en agosto. Considera que la norma afecta los derechos laborales y facilita una privatización encubierta de la petrolera, por lo que exige un pronunciamiento antes de que termine su vigencia, prevista para el 31 de diciembre de este año.

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La federación pide que los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas establezcan una posición conjunta sobre el futuro de Talara. También reclama que el Congreso y la Contraloría fiscalicen, dentro de sus competencias, el financiamiento recibido, el abastecimiento de crudo y las decisiones adoptadas durante la reorganización.

Mientras el Gobierno destaca la recuperación de los resultados de Petroperú, sigue pendiente explicar bajo qué condiciones se incorporaría capital privado a sus activos, cómo se atenderán las deudas asociadas a Talara y qué beneficios concretos obtendría la empresa.

Los pedidos fueron expuestos durante el debate presupuestal por los congresistas Ernesto Zunini y Jessica Benítez. Sin embargo, no fueron incorporados en el texto sustitutorio aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República el 5 de noviembre.

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Trabajadores CAS no recibirían el 100% de CTS al cesar por límite de edad

Zunini trasladó a la comisión el pedido del Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación (Minedu) para que los servidores que terminen su vínculo laboral por límite de edad durante 2026 y 2027 reciban el 100% de su CTS. La solicitud buscaba establecer una excepción al cronograma progresivo del beneficio para quienes se retiren al cumplir 70 años.

La Ley 32563 y el Decreto Supremo 142-2026-EF establecen que la base de cálculo de la CTS aumentará gradualmente hasta alcanzar el 100% de la última remuneración mensual por cada año de servicio. El porcentaje equivale al 10% en 2026, subirá al 20% en 2027, llegará al 30% en 2028 y al 50% en 2029. Recién desde 2030 se aplicará el 100%.

Como la compensación se paga al término del vínculo laboral, un trabajador CAS que cese en 2027 recibirá el beneficio calculado con el porcentaje correspondiente a ese año. La propuesta de Zunini buscaba que quienes se retiren por cumplir el límite de edad accedan al monto íntegro sin tener que esperar hasta 2030.

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Este planteamiento es distinto de la propuesta para permitir que determinados trabajadores CAS continúen laborando voluntariamente después de cumplir 70 años. Esta última iniciativa, también discutida durante el debate presupuestal, buscaba ampliar el periodo de permanencia laboral y no establecer un pago excepcional de CTS al momento del cese.

Piden elevar de S/1.500 a S/3.000 bonificación para profesionales de salud

Otro de los pedidos que no pasó al texto sustitutorio fue el incremento de la bonificación por puesto en servicios de salud pública. La congresista Jessica Benítez solicitó elevar de S/1.500 a S/3.000 mensuales el monto que reciben los profesionales comprendidos en las condiciones establecidas para esta compensación.

La propuesta suponía duplicar el beneficio económico para el personal del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales que cumpliera con los requisitos correspondientes.

El Decreto Supremo 108-2017-EF establece la bonificación de S/1.500 mensuales para los profesionales comprendidos en los puestos y condiciones previstos en la norma. El planteamiento presentado durante el debate presupuestal buscaba elevar ese monto a S/3.000, pero el incremento no aparece en las disposiciones del texto sustitutorio aprobado por la comisión.

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La congresista también solicitó asignar S/5 millones para fortalecer y ampliar las plazas de residentado odontológico a nivel nacional, con prioridad para las regiones que registran mayores brechas. El pedido estaba orientado a incrementar las oportunidades de formación de especialistas en odontología y atender la necesidad de profesionales en distintas zonas del país.

Sin embargo, esta asignación tampoco fue incorporada en el documento presupuestal. Por tanto, el texto aprobado por la Comisión Bicameral no contempla los recursos adicionales solicitados para ampliar las plazas de residentado odontológico durante 2027.

Ambas propuestas se suman a los pedidos laborales y presupuestales que fueron expuestos durante las sesiones de debate, pero que no quedaron recogidos en el dictamen final de la comisión. El dictamen todavía debe debatirse y votarse en el Pleno del Congreso.

“Lo que se ha decidido es el próximo año moverlos a los lunes. No va a caer el número absoluto de feriados, sino moverlos a los lunes”, señaló el titular del MEF durante una entrevista en RPP.

Cuba cuestionó que durante el último periodo presidencial y congresal se hayan incorporado tres nuevos feriados, al considerar que el aumento de días festivos tiene consecuencias sobre la productividad y los ingresos. Para el ministro, estas interrupciones no afectan únicamente a las empresas, sino también a quienes dependen de sus actividades diarias para generar recursos.

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¿Qué feriados cambiarán de fecha desde 2027?

El planteamiento establece que los feriados que coincidan con días laborables entre martes y viernes pasarán al lunes más cercano. Sin embargo, el esquema contempla excepciones para fechas tradicionales como Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

En la práctica, los feriados que caigan martes, miércoles o jueves podrían trasladarse al lunes anterior, mientras que los que coincidan con viernes pasarían al lunes siguiente. De esta manera, se busca concentrar los descansos al inicio de la semana y evitar que se interrumpan las actividades productivas durante las jornadas laborales.

La reorganización no supone una reducción de los 16 feriados nacionales que contempla actualmente el calendario peruano. Por el contrario, se mantendría la cantidad de días festivos, aunque cambiarían algunas de sus fechas de celebración.

El Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 del MEF también recoge esta propuesta y señala que la modificación apunta a dinamizar el turismo interno y mitigar el impacto de los descansos de mitad de semana sobre la continuidad de las actividades económicas.

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Elmer Cuba cuestiona impacto de feriados en trabajadores informales

El ministro advirtió que los días festivos también tienen consecuencias para los trabajadores que se desempeñan en la informalidad, quienes no necesariamente cuentan con un descanso remunerado y pueden dejar de percibir ingresos cuando no realizan sus actividades.

“Sobre todo para la gran mayoría de peruanos que no gozan de ese beneficio porque están en el mundo informal, porque en ese día dejan de vender”, sostuvo.

A diferencia de los trabajadores formales, que cuentan con el derecho al descanso remunerado durante los feriados, quienes dependen de sus ventas diarias pueden ver reducidos sus ingresos cuando dejan de atender sus negocios o realizar sus actividades comerciales.

Cuba reconoció que la propuesta de largo plazo contemplaba reducir la cantidad de feriados nacionales. Sin embargo, el cambio previsto para 2027 apunta a modificar su distribución durante la semana, sin eliminar días festivos del calendario.

De acuerdo con información de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE), los estudios evaluados en lo que va del año corresponden a iniciativas de generación y transmisión eléctrica. Su aprobación permite que los proyectos avancen en sus respectivos procedimientos ambientales y continúen su desarrollo bajo las condiciones establecidas por la autoridad.

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Minem aprueba estudios para 12 centrales solares y eólicas en cuatro regiones

Entre los expedientes aprobados figuran los correspondientes a tres centrales eólicas y nueve centrales solares fotovoltaicas, que estarán ubicadas en Ica, Arequipa, Moquegua y Piura. Se trata de proyectos que buscan incorporar nueva capacidad de generación a partir de fuentes renovables y ampliar la participación de estas tecnologías en la matriz eléctrica nacional.

La energía eólica aprovecha la fuerza del viento para producir electricidad, mientras que las centrales fotovoltaicas utilizan paneles solares para transformar la radiación solar en energía eléctrica. Ambas tecnologías permiten diversificar las fuentes de generación y reducir la dependencia de los combustibles utilizados en otras centrales.

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Proyectos eléctricos incluyen nuevas líneas de transmisión y refuerzo de subestaciones

La evaluación del Minem no se limita a nuevas centrales de generación. También comprende estudios ambientales de proyectos de líneas de transmisión y reforzamiento de subestaciones, dos componentes necesarios para llevar la electricidad desde los puntos donde se produce hasta las zonas de consumo.

Las líneas de transmisión llevan la electricidad desde las centrales hasta las zonas de consumo, mientras que las subestaciones permiten adecuar los niveles de tensión y conectar los distintos tramos de la red. Su ampliación busca evitar que la falta de infraestructura limite el transporte de energía y permita atender una mayor demanda.

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Por ello, la construcción de nuevas centrales debe ir acompañada de inversiones en transmisión. De lo contrario, la electricidad generada podría no llegar en las condiciones necesarias a los hogares y las empresas.

Proyectos por US$5.500 millones aún deben avanzar hacia su ejecución

La aprobación de los estudios ambientales es una etapa necesaria para desarrollar los proyectos eléctricos, pero no significa que las obras estén listas para comenzar ni que los recursos comprometidos ya se hayan invertido. Estos documentos permiten identificar los posibles efectos de cada iniciativa sobre su entorno y establecer medidas para prevenirlos, reducirlos o controlarlos.

En el caso de las centrales eólicas y solares, así como de las instalaciones de transmisión, la evaluación también determina las obligaciones ambientales que deberán cumplir sus responsables durante las distintas etapas de ejecución.

El Minem señala que estas aprobaciones contribuyen al desarrollo de nuevas inversiones eléctricas y a la transición hacia fuentes renovables. Sin embargo, los proyectos todavía deben completar los procedimientos pendientes y concretar el financiamiento y la ejecución de las obras para que la capacidad prevista se traduzca en nueva infraestructura para el país.

Salir de la pobreza tampoco significa dejar atrás la precariedad económica. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 32,8% de la población era en 2025 “no pobre vulnerable”, es decir, personas cuyo gasto supera la línea de pobreza, pero que tienen una alta probabilidad de caer en ella si enfrentan un choque, como perder el empleo, ganar menos o asumir gastos imprevistos.

Al sumar a quienes ya son pobres (25,7%), casi seis de cada diez peruanos están en situación de pobreza o vulnerabilidad. Una subida de los alimentos, los pasajes o los recibos de los servicios básicos puede obligar a estas familias a endeudarse, pedir ayuda a familiares o reducir su consumo de alimentos.

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Tres economistas consultados por La República advierten que la situación puede complicarse si los precios siguen subiendo mientras los ingresos pierden capacidad de compra, el empleo se vuelve más inestable y los fenómenos climáticos afectan la producción de alimentos.

Inflación reduce el poder de compra de quienes apenas lograron salir de la pobreza

Carolina Trivelli, investigadora principal del IEP y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, explica que una parte importante de la población vulnerable está apenas por encima de la línea de pobreza. Sus ingresos superan el mínimo necesario para cubrir una canasta básica, pero no siempre alcanzan para imprevistos ni para alzas prolongadas de precios. "La línea de pobreza refleja el mínimo ajustadísimo que tendrías que tener para cubrir tus necesidades básicas", afirma.

Para 2025, el INEI fijó la línea de pobreza total en S/462 mensuales por persona y la de pobreza extrema, que equivale al costo de la canasta básica de alimentos, en S/260. Para un hogar de cuatro integrantes, esto representa S/1.848 y S/1.040 al mes, respectivamente.

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La diferencia se vuelve evidente cuando suben los gastos que las familias no pueden evitar. El recibo de luz, el balón de gas y los pasajes para llegar al trabajo deben pagarse aunque los ingresos sigan iguales y, como dejan poco margen para reorganizar el presupuesto, el ajuste termina recayendo en la alimentación.

"Es el único espacio donde pueden hacer ajustes que les queda", advierte Trivelli. Una familia que gasta más en transporte o servicios básicos puede terminar comprando menos alimentos, sustituyéndolos por otros más baratos o reduciendo la calidad de su dieta. También puede recurrir a préstamos o a la ayuda de familiares, alternativas que dejan de servir cuando el encarecimiento se prolonga.

La magnitud del problema se refleja en la inseguridad alimentaria. El estudio del IEP estima que más de 10 millones de peruanos tuvieron dificultades para acceder a alimentos en cantidad o calidad suficiente durante 2025: alrededor de 3,7 millones eran pobres monetarios, otros 3,7 millones eran no pobres vulnerables y cerca de tres millones no eran pobres ni vulnerables.

Es decir, aproximadamente dos de cada tres personas con inseguridad alimentaria no estaban clasificadas como pobres monetarias, lo que revela que superar el umbral de ingresos no garantiza una alimentación adecuada. Una familia puede estar por encima de la línea oficial y aun así tener dificultades para conseguir alimentos por sus precios, la distancia hasta los mercados o la limitada oferta de su localidad.

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A ello se suma que la propia línea de pobreza sube cuando se encarece la canasta básica. Así lo explica Ismael Muñoz, economista y docente del Departamento de Economía de la PUCP: si los precios siguen aumentando, también crecerá el ingreso que una familia necesita para superar esos umbrales. Por eso, incluso quienes mantienen sus ingresos podrían perder la condición de no pobres si su capacidad de compra se deteriora.

Empleo inestable y fenómeno de El Niño podrían devolver a más familias a la pobreza en 2027

La capacidad de los hogares para resistir el encarecimiento depende también de cómo generan sus ingresos. Fernando Cuadros, economista de la Universidad del Pacífico y exviceministro de Promoción del Empleo, advierte que los trabajadores con remuneraciones bajas son especialmente sensibles a las subidas de precios, porque destinan una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación y a otros gastos esenciales.

La situación se complica para quienes trabajan en la informalidad, pues sus ingresos no necesariamente aumentan cuando sube el costo de vida y no cuentan con la protección laboral de un trabajador formal.

Pero tener un empleo en planilla tampoco garantiza estabilidad. Cuadros señala que alrededor de siete de cada diez trabajadores formales del sector privado tienen contratos temporales, una condición que dificulta construir una trayectoria laboral, ahorrar o afrontar periodos sin empleo.

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Esta fragilidad podría agravarse por el origen del repunte inflacionario. Según el INEI, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 los precios subieron 5,25% en Lima y 4,83% a nivel nacional, con el transporte (15,75% en Lima) y los combustibles (43,67%) entre los rubros que más empujaron el alza.

Muñoz explica que esa tasa supera el rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP), de 1% a 3%, pero que la presión viene sobre todo de factores de oferta y no de un aumento de la demanda interna. El encarecimiento internacional del petróleo, vinculado a las tensiones en Medio Oriente, eleva el costo de los combustibles y afecta a quienes transportan productos desde las zonas agrícolas hacia los mercados de consumo.

El efecto llega directamente a los alimentos, porque cuando trasladar una cosecha cuesta más, ese gasto termina incorporándose al precio que paga el consumidor.

El Niño agrava el riesgo para los precios y los ingresos hasta 2027

El riesgo es que esa presión coincida con El Niño Costero. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta y prevé que el evento conserve una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, para luego disminuir gradualmente hasta junio.

El INEI atribuyó parte de las alzas de octubre en hortalizas y tubérculos a factores climáticos y a costos externos, lo que indica que el clima ya comenzó a influir en los precios.

Muñoz advierte que las lluvias intensas pueden destruir cultivos, carreteras, puentes e infraestructura de riego, mientras que las sequías también pueden reducir la producción en determinadas regiones. La afectación no se limitaría a una menor disponibilidad de alimentos y a precios más altos: agricultores, comerciantes y trabajadores informales también podrían perder ingresos si se interrumpe el transporte o la actividad productiva.

Según Muñoz, alrededor de 12 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad monetaria y podrían retroceder ante un choque económico. "Este es un problema social. Es un problema público y el Estado ante un problema público tiene que dotarse de todos los instrumentos que pueda", señala.

Un retroceso no sería inédito, pues en 2019 la pobreza monetaria era de 20,2% y llegó a cerca de 30% tras la pandemia; en 2025, pese a la mejora (25,7%), sigue por encima del nivel prepandemia. Para Muñoz, la combinación de fenómenos climáticos y mayores costos de los combustibles podría comprometer nuevamente los avances de los últimos años, aunque la magnitud dependerá de cómo evolucionen los ingresos y la actividad económica.

Hogares vulnerables necesitan protección antes de volver a caer en pobreza

El Gobierno anunció un paquete de S/18.000 millones adicionales para 2027, que incluye hasta S/2.500 millones en bonos para familias vulnerables afectadas por El Niño y S/500 millones en subsidios a los combustibles, destinados sobre todo al transporte urbano de pasajeros y de carga. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que las medidas buscan responder a tres choques de oferta: El Niño, el alza del petróleo y las mayores tasas de interés internacionales.

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Los especialistas consultados por este diario coinciden en que las políticas públicas no pueden concentrarse solo en quienes ya cruzaron la línea de pobreza, sino que deben incluir a las familias que la superaron y que podrían regresar a esa condición ante una pérdida de empleo, una emergencia climática o una subida prolongada del costo de vida.

Trivelli plantea fortalecer el Registro Social de Hogares para identificar a las familias vulnerables que no necesariamente reciben programas sociales, pero que podrían necesitar asistencia cuando sus ingresos se deterioren. Propone, además, incorporar indicadores de inseguridad alimentaria en los criterios de focalización, pues la clasificación monetaria no siempre refleja las dificultades reales para acceder a una alimentación adecuada.

Desde el ámbito laboral, Cuadros considera necesario proteger los ingresos y evitar un mayor deterioro del empleo, entre otras medidas, como la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, créditos con garantías estatales para las micro y pequeñas empresas afectadas por El Niño y el adelanto del incremento pendiente de la remuneración mínima vital.

Muñoz, por su parte, plantea evaluar una reducción de impuestos a los combustibles y establecer bonos alimentarios para las familias de menores recursos, además de fortalecer programas existentes como Juntos, Contigo y Pensión 65 para ampliar la capacidad de respuesta del Estado.

Por tanto, la reducción de la pobreza no depende solo de que más personas superen el ingreso mínimo establecido por el INEI, sino también de que puedan conservar esa mejora cuando cambien las condiciones económicas.

Mientras millones de peruanos sigan dependiendo de ingresos inestables, sin ahorros y con presupuestos destinados casi por completo a cubrir sus necesidades básicas, una nueva subida de precios puede devolverlos a una situación que estadísticamente habían conseguido dejar atrás.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 8 de noviembre

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