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La medida cobra relevancia en un mercado donde el uso de pagos digitales continúa expandiéndose. Según información del BCRP, las transferencias interbancarias de bajo valor mediante pagos inmediatos alcanzaron S/13.989 millones en julio de 2026, frente a S/10.710 millones en el mismo mes de 2025. El avance se produce en paralelo con la expansión de la interoperabilidad entre billeteras, aplicaciones bancarias y códigos QR.

¿Qué cambia para los comercios?

El nuevo Reglamento del Servicio de Aceptación de Pagos alcanza a las empresas que contratan con los comercios para habilitar el cobro y gestionar posteriormente la liquidación de los fondos. El servicio comprende operaciones realizadas con tarjetas, códigos QR, pagos inmediatos y otros instrumentos, tanto a través de POS como de otros canales tecnológicos.

Uno de los principales cambios está relacionado con el dinero que pertenece a los negocios. Los Aceptadores de Pagos deberán mantener esos recursos en cuentas destinadas exclusivamente a recibir y transferir los fondos de los comercios, separadas de sus recursos propios. Estas cuentas deberán estar en empresas del sistema financiero con una calificación mínima de B+ o en empresas emisoras de dinero electrónico que participen en el Sistema LBTR, según corresponda. Además, deberán realizar una conciliación diaria entre los recursos disponibles y las obligaciones pendientes de liquidación.

La medida busca reducir los riesgos asociados a la administración temporal de dinero de terceros, al establecer una separación entre los fondos que corresponden a los comercios y el patrimonio de las empresas que procesan sus pagos. El reglamento también fija obligaciones de conservación y seguridad de la información relacionada con las operaciones.

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Comisiones y contratos tendrán nuevas exigencias

La norma también introduce criterios para las tarifas y comisiones cobradas por estos servicios. Los cobros que realicen los Aceptadores de Pagos a los comercios deberán guardar correspondencia con los costos asociados a la prestación del servicio y sustentarse en criterios objetivos, verificables, proporcionales y no discriminatorios.

El BCRP, además, podrá solicitar información que sustente los niveles de las tarifas y comisiones y requerir modificaciones cuando determine que no se cumplen las disposiciones establecidas en la normativa.

Los contratos con los comercios deberán informar de manera clara las condiciones del servicio, las comisiones, los plazos de liquidación, las responsabilidades de cada parte y los mecanismos para atender reclamos y controversias. De esta manera, el cambio no se limita al funcionamiento técnico de los pagos, sino que también busca hacer más previsible la relación comercial entre proveedores y negocios.

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QR y pagos inmediatos deberán mantener interoperabilidad

Otro componente de la regulación está relacionado con la interoperabilidad. Las operaciones de aceptación de pagos que involucren pagos inmediatos con alias o códigos QR deberán cumplir las reglas de interoperabilidad establecidas previamente por el BCRP.

El objetivo es evitar que mecanismos que cumplen una función similar queden sujetos a estándares distintos dependiendo de la infraestructura utilizada. Esto resulta especialmente relevante después del avance de la interoperabilidad de los pagos minoristas: el BCRP reportó que, a abril de 2025, ya se habían registrado más de 176 millones de transacciones interoperables por aproximadamente S/11.000 millones.

Un estudio publicado por el propio Banco Central en 2026 encontró, además, que la estrategia de interoperabilidad redujo el uso de efectivo y elevó el uso de canales digitales, aunque sus efectos fueron mayores en zonas con mejores condiciones de conectividad, capital humano y formalidad.

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¿Cuándo entrarán en vigencia las nuevas reglas?

El Reglamento del Servicio de Aceptación de Pagos entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. Las entidades comprendidas podrán solicitar al BCRP un plazo de adecuación de hasta 90 días calendario, siempre que presenten el sustento correspondiente y un plan de trabajo con hitos medibles.

La nueva regulación también reemplaza la denominación de los antiguos adquirentes y facilitadores de pagos de la Circular N.° 0027-2022-BCRP por la de Aceptadores de Pagos para efectos de este reglamento, aunque las disposiciones anteriores continuarán aplicándose en aquello que no haya sido regulado por la nueva norma.

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En el periodo analizado, el crédito otorgado fue 13,2% superior a los S/15.848 millones registrados entre agosto de 2024 y julio de 2025 y representó un incremento de 18,7% frente al inicio del quinquenio analizado, según el reporte.

No obstante, al separar los créditos otorgados según el origen de los fondos, la evolución resulta distinta. Las instituciones financieras que colocaron créditos con liquidez propia desembolsaron S/16.140,7 millones en los últimos doce meses considerados, un aumento de 22,7% respecto al inicio del periodo de comparación. En cambio, las operaciones financiadas con capitales de este programa estatal sumaron S/1.799,1 millones y permanecieron 27,2% por debajo del monto alcanzado entre agosto de 2022 y julio de 2023

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Fondo Mivivienda todavía no recupera los niveles previos

La brecha resulta más visible al comparar las colocaciones del fondo con las registradas durante el periodo agosto de 2022-julio de 2023. En esos doce meses, el financiamiento con ese esquema público alcanzó S/2.470 millones. En el periodo más reciente, el monto fue de S/1.799 millones, una diferencia de alrededor de S/671 millones.

La caída no significa que las colocaciones del fondo hayan dejado de crecer en todos los periodos. De hecho, el monto creció frente a los doce meses inmediatamente anteriores. No obstante, la comparación histórica evidencia que su recuperación continúa rezagada respecto de los niveles alcanzados al inicio del periodo de cinco años evaluado.

La diferencia también aparece en el número de operaciones. Según el informe, entre agosto de 2025 y julio de 2026 se otorgaron 47.815 créditos hipotecarios en el sistema financiero, frente a 38.164 créditos otorgados por instituciones financieras con recursos propios y 9.651 operaciones asociadas al Fondo Mivivienda. El total del sistema alcanzó así el nivel más alto del quinquenio considerado, mientras que los créditos financiados por el fondo se mantuvieron por debajo de los resultados de 2022-2023.

Este contraste importa porque el crecimiento general del crédito hipotecario no permite concluir, por sí solo, que haya mejorado en la misma proporción el acceso a las modalidades de financiamiento vinculadas al programa estatal. Para evaluar esa evolución también es necesario observar el monto y la cantidad de operaciones que canaliza el programa.

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Los desembolsos mostraron señales mixtas durante 2026

La evolución mensual añade otro matiz. CAPECO señala que en julio de 2026 el número total de desembolsos hipotecarios cayó por cuarto mes consecutivo. Frente a marzo de ese año, las operaciones respaldadas por el Estado disminuyeron 4,9%, mientras que las otorgadas por las instituciones financieras con recursos propios retrocedieron 6,4%.

Pese a esa reducción en la comparación con marzo, los montos concedidos de julio fueron superiores a los de julio de 2025: aumentaron 20,8% en el conjunto del sistema, 18,4% en el segmento asociado a Mivivienda y 21,5% en los créditos colocados con recursos propios de las entidades financieras. Es decir, el descenso mensual acumulado no anuló el crecimiento interanual.

En agosto, además, los créditos de interés social registraron un repunte de 34,3% respecto de julio. De acuerdo con el informe, el resultado estuvo relacionado con el aumento de las colocaciones de Techo Propio, que crecieron 57,7%, y del Crédito Complementario de Techo Propio (CRC), con un avance de 44,9%.

Ese repunte puede indicar una mejora en las colocaciones durante el último mes disponible en el reporte, pero no basta para afirmar que el fondo haya recuperado el volumen de créditos de 2022-2023. La comparación anual y la evolución mensual miden periodos diferentes, por lo que ambas deben leerse por separado.

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El crecimiento del crédito no elimina la brecha de acceso

El panorama que se presenta combina dos tendencias: un monto récord de desembolsos hipotecarios para el conjunto del sistema financiero y una inyección de capital público que aún no alcanza los niveles de algunos años anteriores. El contraste permite plantear una pregunta relevante para el mercado inmobiliario: cuánto del dinamismo del crédito se está traduciendo en operaciones canalizadas mediante los programas vinculados al fondo.

Las cifras del informe, por sí solas, no explican las causas de esa diferencia ni permiten atribuirla únicamente a la disponibilidad de financiamiento público, las condiciones de acceso de los hogares o la oferta de viviendas. Para establecer esos factores sería necesario contrastar las cifras con información adicional sobre presupuesto, ejecución, requisitos de los programas, tasas de interés y características de los beneficiarios.

Por ahora, los datos muestran que el récord hipotecario no ha supuesto una recuperación equivalente para el Fondo Mivivienda. Mientras las instituciones financieras entregaron S/16.140 millones con recursos propios en los doce meses hasta julio de 2026, las operaciones asociadas al fondo sumaron S/1.799 millones, todavía por debajo de su nivel de agosto de 2022 a julio de 2023.

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La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-EM. La revisión también comprenderá al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), entidades adscritas al sector. El plazo empezará a contarse desde el día siguiente de la publicación de la norma.

¿Qué revisará el Gobierno?

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Minem será la encargada de elaborar un diagnóstico integral del sector. La evaluación abarcará la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones públicas, la gestión por procesos, los recursos humanos, la integridad pública y la articulación funcional con Ingemmet e IPEN.

El decreto señala que el objetivo es detectar y corregir, cuando corresponda, duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones. El Gobierno también plantea revisar la distribución y el ejercicio de competencias, así como los mecanismos de coordinación entre las distintas entidades del sector.

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La norma vincula esta revisión con problemas detectados durante el proceso de transferencia de gestión y la evaluación de los instrumentos de planeamiento y rendición de cuentas correspondientes a 2026. Según el Ejecutivo, estas evaluaciones evidenciaron limitaciones estructurales y desarticulación operativa que afectan la capacidad institucional para responder oportunamente a las necesidades del sector.

Uno de los puntos señalados corresponde a las inversiones en electrificación rural. El decreto también menciona dificultades en la atención oportuna de expedientes administrativos que impiden la prestación de servicios a los ciudadanos, además de problemas relacionados con procedimientos ambientales y la gestión de conflictos socioambientales.

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Habrá un primer informe en 60 días

La reorganización tendrá un primer punto de evaluación antes de que concluya el plazo máximo establecido. A los 60 días calendario de publicado el decreto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto deberá presentar a la Alta Dirección del Minem un informe de avance sobre los resultados del diagnóstico.

Posteriormente, el diagnóstico deberá convertirse en un informe técnico con los resultados de la evaluación y las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas. Una vez aprobado, sus recomendaciones serán implementadas progresivamente por el Minem, Ingemmet e IPEN, dentro de sus respectivas competencias y de acuerdo con las normas vigentes.

Esto significa que el decreto no dispone, por sí mismo, una nueva estructura del ministerio ni establece cambios inmediatos en las funciones de sus entidades adscritas. Primero se realizará la evaluación y, a partir de sus resultados, se definirán las medidas de reforma que correspondan.

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El crédito suplementario también contempla S/1.097 millones para el Ministerio del Interior, S/762 millones para Educación e infraestructura vinculada a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y alrededor de S/691,5 millones para el sector Salud. La propuesta incluye, además, recursos para atender los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, mantenimiento de colegios, programas productivos y otras obligaciones del Estado.

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El proyecto plantea financiar el crédito mediante Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito y autoriza al Gobierno Nacional a emitir bonos internos o externos hasta por S/4.428 millones. Esta autorización tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Defensa concentra S/1.832 millones, incluidos S/1.197 millones para aviones caza

El requerimiento del Ministerio de Defensa asciende exactamente a S/1.832.288.016. De ese total, S/ 499,2 millones corresponden al pago de obligaciones previsionales a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial, mientras que S/ 1.197 millones se destinan al financiamiento parcial del proyecto de inversión denominado Aviones Caza - Fase II.

El expediente también contempla S/86 millones para combustible y lubricantes de unidades navales de superficie, además de S/30 millones para maquinaria, vehículos de soporte logístico y equipos para soporte técnico. Otros S/20 millones están previstos para la XXXIII Expedición Científica del Perú a la Antártida.

En el caso del Ministerio del Interior, la propuesta suma S/1.097 millones. De ese monto, S/847,4 millones corresponden al pago de obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial y S/250 millones están asociados a inversiones para fortalecer las capacidades operativas de la Policía.

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Crédito suplementario: Educación, Salud y Panamericanos concentran otros recursos

El proyecto considera S/525 millones para el Ministerio de Educación. De esa suma, S/461,6 millones se orientan al mantenimiento preventivo y correctivo de 12.054 locales educativos para reducir su vulnerabilidad ante lluvias y otros peligros asociados al Fenómeno El Niño, mientras que S/63,4 millones financiarían hasta 31 Escuelas Eficientes.

A ello se agregan S/237 millones para el Instituto Peruano del Deporte (IPD) destinados a la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. En conjunto, ambos componentes representan alrededor de S/762 millones. La propuesta también autoriza una bonificación extraordinaria de S/300 para el personal administrativo del sector Educación bajo el régimen del Decreto Legislativo 276.

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En Salud, el expediente contempla recursos para el Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud. El pedido del MINSA asciende a S/347,2 millones y está dirigido al fortalecimiento de la vacunación contra el dengue, infraestructura tecnológica, atención de la anemia, cobertura de prestaciones e inversiones en salud. A ello se suma el presupuesto asignado al SIS en el anexo del proyecto.

El proyecto también incluye recursos para otros sectores. Producción solicita S/501,9 millones para financiar, a través de Compras a MYPErú, la adquisición de kits escolares (buzos, polos, mochilas, zapatos y cuadernos) elaborados por micro y pequeñas empresas.

El crédito también cubre pensiones, El Niño y obligaciones del Estado

En el caso de Pensión 65, autoriza una subvención extraordinaria de S/350 para sus usuarios, que se entregaría junto con el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026. El expediente estima que la medida alcanzaría a más de 824.000 beneficiarios y requiere S/288,5 millones.

También se contempla una transferencia al Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para cubrir obligaciones pendientes con productores e importadores, así como recursos para intervenciones vinculadas con el Fenómeno El Niño, conectividad, infraestructura y programas de empleo temporal.

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El Ejecutivo sustenta la solicitud en un escenario de crecimiento económico de 3,4% para 2026 y una mayor recaudación tributaria, favorecida por los precios de exportación del cobre y el oro. El documento señala que los ingresos tributarios del Gobierno central crecerían 10,4% real durante el año.

La aprobación del crédito, sin embargo, le corresponde al Congreso. El proyecto plantea incorporar estos recursos al presupuesto de 2026, aunque su ejecución quedará sujeta a la norma que apruebe el Parlamento.

La iniciativa plantea que el retiro sea extraordinario y voluntario, y que pueda realizarse en cuatro desembolsos de hasta una UIT cada uno. La propuesta también busca que este retiro no sea contabilizado para las restricciones establecidas por la Ley 32123, que actualmente limita el retiro de los fondos de aportes obligatorios.

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Retiro AFP de hasta S/22.000 se entregaría en cuatro partes

El proyecto establece que los afiliados que tengan saldo en sus cuentas individuales de capitalización podrán solicitar el retiro de hasta 4 UIT. Para 2026, la UIT está fijada en S/5.500, por lo que el tope llegaría a S/22.000.

La propuesta dispone que las AFP abonen hasta 1 UIT cada 30 días calendario. El primer pago se realizaría dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud.

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Los afiliados tendrían un plazo de 90 días calendario para presentar su solicitud, contado desde la entrada en vigencia del reglamento del procedimiento operativo. Este reglamento deberá ser elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la eventual ley.

Asimismo, el afiliado podría desistir de continuar con los desembolsos una sola vez, siempre que comunique su decisión a la AFP diez días antes del siguiente pago.

Proyecto busca que retiro no cuente para las restricciones de la Ley 32123

Uno de los puntos centrales de la propuesta está en cómo se contabilizaría este nuevo retiro frente al actual sistema previsional. La iniciativa señala expresamente que el retiro autorizado no será considerado como uno de los retiros de fondos previstos en determinados artículos de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

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La razón es que el artículo 15 de dicha norma establece como regla general la prohibición de retirar total o parcialmente los fondos acumulados por aportes obligatorios, salvo las excepciones contempladas en la legislación. El proyecto plantea, por ello, una nueva excepción temporal mediante una ley específica. Esta propuesta toma como antecedente la Ley 32445, que permitió en 2025 otro retiro extraordinario de hasta 4 UIT.

¿Por qué plantean otro retiro AFP por El Niño?

La iniciativa toma como sustento las previsiones sobre el fenómeno El Niño Costero. Según la exposición de motivos, el ENFEN advirtió en septiembre que el fenómeno podría continuar hasta mediados del otoño de 2027 y que existe riesgo de precipitaciones superiores a lo normal en distintas zonas del país.

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El proyecto sostiene que los efectos sobre carreteras, agricultura, transporte y abastecimiento podrían traducirse en mayores precios y menores ingresos para los hogares. También cita al BCRP para señalar que el fenómeno El Niño de 2023 restó 1,1 puntos porcentuales al PBI de ese año.

Además, la propuesta reconoce un efecto directo para quienes decidan retirar sus ahorros: se reducirá el fondo destinado a su jubilación futura. También precisa que el retiro no demandaría una transferencia inmediata del Tesoro Público, aunque podría generar un impacto fiscal posterior si los afiliados que retiren fondos cumplen las condiciones para acceder a prestaciones con garantía estatal.

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