La alerta cobra fuerza luego de que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantuviera el estado de alerta y no descartara que el evento alcance una magnitud extraordinaria durante los próximos meses. De concretarse este escenario, los efectos se sentirían en diversas regiones agrícolas del país, especialmente en aquellas donde la producción depende de las lluvias y donde la infraestructura de riego presenta mayores niveles de vulnerabilidad.

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El impacto no se limitaría a los campos de cultivo. Una reducción de la producción agrícola podría afectar la disponibilidad de alimentos y generar presiones sobre los precios de productos básicos de la canasta familiar.

Las proyecciones recogidas por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) describen un panorama complejo para los próximos meses. Mientras algunas zonas del norte y la Amazonía enfrentarían lluvias por encima de sus niveles habituales, regiones de la sierra centro y sur podrían verse afectadas por periodos de sequía que comprometerían el desarrollo de las campañas agrícolas.

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Papa, maíz y quinua: los cultivos que podrían resentir con mayor fuerza un Niño intenso

La posible alteración de los ciclos climáticos amenaza a varios de los principales cultivos destinados al consumo nacional. Entre ellos figuran la papa, el maíz, la quinua, frutas y diversas leguminosas que forman parte de la dieta diaria de millones de peruanos. Dependiendo de la intensidad del fenómeno, los rendimientos agrícolas podrían disminuir entre 30% y 60%.

La situación resulta especialmente delicada en la sierra peruana. Cerca del 64% de la superficie cultivada corresponde a agricultura de secano, una modalidad productiva que depende directamente de las precipitaciones para sostener sus cultivos. Cuando las lluvias disminuyen o se presentan fuera de temporada, las posibilidades de compensar la pérdida de agua son limitadas.

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Los riesgos también alcanzan a la infraestructura que sostiene la actividad agrícola. El desborde de ríos, los huaicos y la acumulación de sedimentos pueden afectar canales, bocatomas y sistemas de irrigación, dificultando el acceso al agua para miles de productores y retrasando la recuperación de las zonas afectadas.

Los antecedentes permiten dimensionar la magnitud de estos eventos, ya que durante el Fenómeno El Niño de 1983 se registraron más de 520.000 hectáreas agrícolas afectadas o destruidas. En 1998, la cifra superó las 205.000 hectáreas. Años más tarde, el Niño Costero de 2017 dejó alrededor de 51.000 hectáreas dañadas y pérdidas estimadas en US$380 millones para el sector agrario.

La producción agrícola en riesgo y el posible impacto en el precio de los alimentos

Las consecuencias de una menor producción agrícola podrían sentirse rápidamente en los mercados. Cuando disminuye la oferta de alimentos, los precios tienden a elevarse, afectando especialmente a los hogares que destinan una mayor parte de sus ingresos a la compra de productos básicos.

Uno de los productos más sensibles es la papa. Bajo un escenario de afectación del 50%, la oferta disponible para abastecer los mercados podría reducirse en aproximadamente 1,8 millones de toneladas. La disminución de este cultivo tendría efectos directos tanto en los ingresos de los productores como en el gasto de los consumidores.

Las proyecciones también consideran afectaciones sobre el arroz y diversos granos andinos, entre ellos la quinua, el maíz amiláceo, el trigo y la cebada.

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Ante este escenario, las organizaciones agrarias plantean acelerar las medidas de prevención y fortalecer los mecanismos de protección para los productores. Entre las propuestas figuran programas de financiamiento, ampliación de la cobertura del seguro agrario, rehabilitación de infraestructura hidráulica y acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de alimentos en las zonas que puedan resultar afectadas.

La evolución del fenómeno climático durante los próximos meses será determinante para el sector. En un país donde siete de cada diez alimentos provienen de la agricultura familiar, la capacidad de reducir los daños no solo influirá en la producción rural, sino también en la estabilidad de los precios y en la seguridad alimentaria de millones de peruanos.

La decisión abre una nueva etapa para SIMSA, una compañía con décadas de presencia en la minería peruana que busca recuperar su estabilidad financiera sin detener sus actividades. La empresa mantiene activa la Unidad Minera San Vicente, en Junín, su principal activo y una operación enfocada en la producción de zinc y plomo. Tras la aprobación de la reestructuración por parte de sus acreedores, deberá reorganizar sus finanzas y presentar un plan para atender sus obligaciones dentro del proceso concursal.

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SIMSA: la reestructuración apunta a mantener la operación minera y cumplir con trabajadores y acreedores

Uno de los principales objetivos del proceso es garantizar la continuidad de su principal activo operativo y fortalecer las condiciones para la recuperación de la compañía.

Según informó la empresa, la reestructuración permitirá fortalecer su recuperación financiera al preservar el valor de sus operaciones y generar los recursos necesarios para atender, de manera progresiva, las obligaciones con acreedores comerciales, trabajadores y otros actores vinculados al negocio.

Entre los grupos que tendrán especial atención figuran los proveedores, cuyos créditos forman parte de los más importantes dentro del procedimiento concursal. La minera añadió que el proceso también permitirá mantener la relación con las comunidades de su zona de influencia y con las empresas que continúan brindando servicios a la operación.

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SIMSA tendrá 60 días para presentar su plan de recuperación

El siguiente paso será la elaboración del Plan de Reestructuración, que deberá presentarse dentro de los 60 días establecidos por la Ley General del Sistema Concursal. En ese documento se definirán las medidas financieras y operativas que orientarán la recuperación de la empresa.

El gerente general, Mario Portocarrero, señaló que el respaldo de los acreedores refleja la confianza en la estrategia planteada por la administración.

"Estos acuerdos marcan el inicio de una nueva etapa para SIMSA, que contempla la elaboración y presentación del Plan de Reestructuración dentro del plazo de 60 días previsto por la Ley General del Sistema Concursal, la consolidación del reinicio de las operaciones y la recuperación financiera de la compañía, con el objetivo de generar los recursos necesarios para atender de manera ordenada las obligaciones con sus acreedores, en el marco del sistema concursal administrado por Indecopi", afirmó.

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Por su parte, el abogado concursal Richard Almerco, encargado de conducir el proceso, sostuvo que la decisión de la Junta de Acreedores fortalece la viabilidad de la compañía al respaldar una estrategia enfocada en optimizar los procesos productivos, incorporar mejoras tecnológicas y reforzar la gestión del negocio minero.

A su juicio, el acuerdo también representa un precedente para el sistema concursal peruano, al demostrar que un proceso técnico y consensuado puede preservar empresas viables, proteger su valor económico y generar mejores condiciones para el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este jueves 23 de julio?

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Según el gremio, la gradualidad prevista en la norma retrasa el acceso pleno a estos beneficios para los servidores CAS que desempeñan funciones permanentes en distintas entidades del Estado. La organización sostiene que el reglamento modifica la forma en que se implementarán los derechos reconocidos por el Congreso mediante la Ley N.° 32563.

La vocera del Frente Nacional de Trabajadores CAS, Mirelly Ticona, señaló que la propuesta de aplicar los beneficios de manera progresiva había sido retirada durante el debate legislativo en la Comisión de Presupuesto del Congreso, pero finalmente fue incorporada en la reglamentación aprobada por el Poder Ejecutivo.

"Rechazamos que se posterguen derechos laborales que el Congreso ya había reconocido mediante la Ley N.° 32563", afirmó Ticona.

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La dirigente indicó que, desde la posición del gremio, el pago gradual de las gratificaciones y la CTS posterga el acceso efectivo a estos beneficios para los trabajadores contratados bajo el régimen CAS.

Reglamento define la aplicación de los nuevos beneficios

El régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) fue creado como una modalidad especial de contratación en el Estado y, con el paso de los años, ha sido objeto de diversas modificaciones orientadas a ampliar los derechos de sus trabajadores. Entre los cambios más recientes figura el reconocimiento de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cuya implementación requería la aprobación de un reglamento.

En ese contexto, la mencionada ley reconoció estos beneficios para los trabajadores CAS, mientras que el decreto supremo establece las disposiciones para su aplicación. Entre ellas figura un esquema de implementación progresiva que ha generado distintas interpretaciones sobre el alcance de la norma y su correspondencia con el texto aprobado por el Congreso.

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El Frente Nacional de Trabajadores CAS sostiene que la gradualidad prevista en el reglamento difiere de lo que fue aprobado durante el trámite legislativo. Por ese motivo, informó que continuará cuestionando el decreto supremo e impulsará acciones de representación sindical, además de recurrir a los mecanismos legales que considere pertinentes para sustentar su posición.

Con la entrada en vigencia del reglamento, la implementación de los nuevos beneficios para los trabajadores del régimen CAS continuará desarrollándose conforme a las disposiciones establecidas por el Poder Ejecutivo. No obstante, la publicación de la norma mantiene abierto el debate sobre el alcance de la aplicación de la ley y las eventuales acciones que podrían presentarse en las instancias administrativas y judiciales.

Según el gremio, al 30 de junio el programa presupuestal destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres registraba una ejecución de apenas 27%. Para ComexPerú, esta cifra refleja que las intervenciones preventivas no avanzaron con la rapidez necesaria pese a que las alertas sobre un posible escenario de El Niño fueron emitidas con varios meses de anticipación.

El pronunciamiento sostiene que, aunque una parte importante de los recursos es administrada por gobiernos regionales y municipales, el Gobierno central mantiene la responsabilidad de liderar la coordinación de las medidas de prevención y asegurar que las inversiones lleguen a ejecutarse oportunamente. El gremio considera que la sola transferencia de recursos no garantiza una respuesta efectiva frente a un fenómeno de gran magnitud.

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Desde una perspectiva económica, ComexPerú advierte que una preparación insuficiente puede incrementar las pérdidas en infraestructura, afectar la continuidad de actividades productivas y generar mayores presiones sobre el gasto público destinado a la reconstrucción. Sectores como la agricultura, el transporte, el comercio y la logística suelen ser los primeros en resentir los efectos de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos cuando las obras de prevención no se ejecutan a tiempo.

Brechas en gobiernos locales elevan el desafío

El comunicado también pone énfasis en las limitaciones de los gobiernos regionales y municipales para gestionar el riesgo de desastres. De acuerdo con la información citada por ComexPerú, más del 70% de las municipalidades necesita capacitación para la gestión del riesgo y tres de cada cuatro requieren asistencia técnica para fortalecer su capacidad administrativa.

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Para el gremio, estas brechas eran conocidas por el Estado y debieron atenderse antes del inicio del periodo de mayor riesgo. En ese sentido, sostiene que la prevención no puede recaer únicamente en autoridades locales que todavía presentan limitaciones técnicas y operativas para ejecutar proyectos de reducción de vulnerabilidad.

El pronunciamiento se conoce pocos días después de que el ENFEN mantuviera vigente la alerta por El Niño Costero y continuara advirtiendo sobre la probabilidad de persistencia del fenómeno durante los próximos meses, escenario que obliga a acelerar las medidas de prevención en distintas regiones del país.

ComexPerú exhortó a que la próxima administración priorice desde el inicio de su gestión la ejecución de acciones preventivas y la articulación entre los distintos niveles de gobierno. El gremio sostuvo que la información técnica y los recursos presupuestales ya están disponibles, por lo que el principal reto será convertir esas herramientas en intervenciones concretas que reduzcan el impacto económico y social de un eventual fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el organismo de control, las 32 inversiones —gestionadas inicialmente por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y posteriormente transferidas a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)— pasaron de un monto contractual acumulado de S/843 millones a un costo ejecutado de S/2.029 millones al cierre comercial, lo que representa un incremento de 140,7%. La auditoría sostiene que las obras no alcanzaron los niveles de economía y eficacia previstos en los contratos NEC3 utilizados para este esquema de contratación.

Entre los casos incluidos en la revisión figura el proyecto de protección contra inundaciones de la quebrada El León, en La Libertad, cuyo presupuesto pasó de S/473 millones a S/818 millones. Asimismo, la Institución Educativa N.° 80374 José Sevilla Escajadillo, en Pacasmayo, elevó su inversión de S/11.7 millones a S/62 millones durante su ejecución.

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En cuanto a los plazos, la Contraloría señaló que las inversiones registraron un incremento acumulado de 332,6% respecto de lo previsto inicialmente. En conjunto, las obras debían ejecutarse en 4.414 días, pero finalmente demandaron 19.093 días, siendo los proyectos de infraestructura educativa los que concentraron los mayores retrasos

Auditoría identifica los factores que elevaron costos y plazos en las obras G2G

El informe atribuye estas variaciones principalmente a la incertidumbre en el alcance de los contratos NEC3 y a la limitada disponibilidad de especialistas en gestión de riesgos durante la ejecución de las inversiones. Según la Contraloría, estos factores reducen la capacidad de prever con precisión los costos y cronogramas de futuras obras desarrolladas bajo este modelo.

La auditoría explica que los contratos NEC3 permiten incorporar durante la ejecución los llamados "eventos compensables", mecanismos mediante los cuales la entidad contratante puede autorizar modificaciones que impactan en el presupuesto o en el cronograma de los proyectos. De las 32 inversiones evaluadas, 28 fueron ejecutadas bajo contratos de gestión NEC3 opción F, en los que la entidad asume las variaciones de costos derivadas de actividades subcontratadas. Las cuatro restantes correspondieron a contratos NEC3 opción A, que funcionan bajo la modalidad de suma alzada para cada actividad completada.

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Para medir el impacto de estos eventos, la Contraloría analizó seis proyectos de los sectores Educación, Salud y Soluciones Integrales ubicados en La Libertad, Piura y Lambayeque. En ellos se aprobaron 140 eventos compensables que generaron un sobrecosto de S/381 millones y ampliaciones acumuladas por 2.860 días, lo que retrasó la entrega de infraestructura destinada a 78.598 ciudadanos. Las causas más frecuentes fueron modificaciones en los diseños, condiciones técnicas y físicas no previstas, interferencias de terceros, restricciones externas y riesgos asociados a factores climatológicos y emergencias sanitarias.

Aunque la auditoría se concentró en 32 proyectos que ya alcanzaron el cierre comercial, la Contraloría recordó que el programa de Reconstrucción con Cambios comprende 141 inversiones bajo este esquema contractual. Los resultados, según el informe, muestran el impacto que pueden tener las modificaciones durante la ejecución sobre los presupuestos y los cronogramas originalmente previstos para las obras públicas.

En diálogo con La República, aborda la crisis de liquidez, el retraso del financiamiento anunciado, el papel de ProInversión, el futuro de la refinería de Talara y las responsabilidades de las anteriores administraciones en las decisiones que llevaron a la compañía a su situación actual.

— ¿Cuál es el balance de su gestión como presidente del directorio?

En estos 75 días liderando un directorio técnico, lo que hemos logrado es identificar potenciales causas raíz que han originado la situación actual de la compañía, enmarcada con claridad en un problema serio de liquidez. No hay líneas de crédito, se tiene que pagar al contado, y frente a eso este directorio ha empezado a buscar alternativas de mejora: clientes y, sobre todo, fuentes de financiamiento, tanto con proveedores como con potenciales entidades financieras.

Es lo que hemos hecho en este periodo de tiempo, con la finalidad de darle al siguiente gobierno los lineamientos claros de hacia dónde puede ir la compañía en el marco de la transparencia y la gobernabilidad. Algo fundamental es que la información ya es pública: lo de marzo se publicó en abril, lo de abril en mayo, lo de mayo en junio. Algo que no pasaba antes.

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— Hablemos de la refinería. ¿En cuánto se sitúa la capacidad operativa de la nueva refinería de Talara?

La refinería de Talara produce hasta 95 mil barriles por día. Hoy está entre 50 y 55 mil, pero no porque haya un problema técnico, sino porque el problema es de liquidez. No hay abastecimiento porque hay que pagar al contado. El ciclo de negocio se ha reducido casi a una semana de pago, lo cual obliga a ser muy eficiente en el manejo del poco dinero que la propia compañía va generando.

— Ya que menciona la liquidez, se anunciaba esta línea de financiamiento de US$500 millones. ¿En concreto qué ha ocurrido y cuándo se espera que estos recursos estén disponibles?

En el marco del DU de mayo, este directorio identificó que una operación de fondos por 2.000 millones no sale en 15 días como se anunció en mayo —anuncio que no fue hecho por la empresa—. Lo que hicimos fue identificar un tramo de tiempo hasta julio-agosto, con la finalidad de coordinar con proveedores y otros actores para garantizar la continuidad operativa de la compañía, que es lo que está garantizado ahora, siempre considerando el serio riesgo.

El crédito puente debería estar saliendo, según hemos revisado, a finales de julio o quincena de agosto.

— Ya han pasado seis meses desde el inicio del proceso con ProInversión. Si pudiéramos hablar de un avance concreto que ha generado, ¿cuál sería?

Lo que ha generado es un equipo que puede comunicarse en seis meses. Ha generado un protocolo que ha recibido recomendaciones en el marco de riesgos, dentro de los marcos vigentes del modelo de prevención. Ha sido puesto en conocimiento de la SBS, con la finalidad de que puedan dar una opinión sobre que el protocolo englobe no solamente lo que se necesita, sino los esquemas que aseguren continuidad y sostenibilidad.

— No todos ven ese avance igual. Los sindicatos sostienen que ProInversión no ha mostrado resultados. Hace poco Fenpetrol se pronunció. ¿Cuál es su evaluación sobre este proceso?

Los sindicatos tienen una lectura que para ellos puede ser válida. He conversado con ellos; no quiero desmentirlos ni reafirmarlos, pero cada actor tiene su opinión y todas son respetables.

Lo que sí puedo informar es que ha habido coordinación, y el resultado podría haber sido mejor —siempre las cosas pueden ser mejores—.

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— Cambiando de tema, ante la crisis de Camisea, la empresa garantizó el abastecimiento. Ahora estamos próximos a un Fenómeno del Niño fuerte en los próximos meses. ¿Qué riesgo existe si continúa esta situación financiera complicada?

Es una de las primeras compañías que ha tomado acciones internas y coordinaciones externas de cara al Fenómeno de El Niño. Desde hace unas tres semanas venimos coordinando con todos los actores e identificando los riesgos en cada uno de los activos de la compañía, que son estratégicos no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo establece una norma.

Ayudamos a garantizar el abastecimiento cuando las situaciones se complican y, además, no recibimos algunas facilidades que sí tiene el sector privado, como determinadas suspensiones normativas.

— ¿Qué impacto tendría entonces el problema de liquidez si se presenta un Fenómeno de El Niño?

Este problema de liquidez podría generar que el abastecimiento no sea de la manera óptima. Frente a ello, este directorio ha buscado tomar acciones preventivas y no solo correctivas. Lo correctivo responde a lo que ya ocurrió; lo preventivo apunta a lo que viene.

Hemos conversado con diversas entidades financieras para obtener financiamiento que le dé más tiempo a ProInversión para terminar de estructurar la operación. En teoría, el crédito puente y los US$2.000 millones deberían estar disponibles entre agosto y septiembre. Eso permitiría asegurar el abastecimiento y potenciar dos proyectos importantes.

— Usted menciona dos proyectos. ¿Cuáles son?

Uno es la línea submarina. Ya se inauguró el tramo offshore, de tres kilómetros. Frente a un Fenómeno de El Niño fuerte, lo que falta es acelerar el tramo onshore, que podría estar listo en 45 o 60 días.

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— Sobre la refinería, la unidad FlexiCoking va a estar paralizada entre 60 y 90 días por mantenimiento.

La FCK (FlexiCoking) es un componente de la refinería que cada dos años requiere una gran parada, no por decisión arbitraria, sino porque el proveedor, ExxonMobil, establece que debe detenerse para realizar el mantenimiento correspondiente.

— ¿Y esa paralización significa que la refinería dejará de operar a plena capacidad?

No. Ese equipo no es lo que determina que la refinería llegue a 95 mil barriles diarios; lo que hace es permitir procesar distintos tipos de crudo. Hoy, por el problema de liquidez, estamos operando entre 50 y 55 mil barriles por día. Si hubiéramos tenido la liquidez completa, como se anunció en mayo que llegaría en 15 días, probablemente estaríamos operando a una capacidad cercana a los 95 mil barriles.

— Con los márgenes internacionales como están ahora, ¿no sería prioritario asegurar este financiamiento para comprar más petróleo y aprovechar esta oportunidad?

No solamente eso. Si esos recursos hubieran llegado cuando se ofreció, los márgenes de mayo habrían sido mucho más altos. En junio, además, recibimos el impacto del IRO (Impuesto al Rodaje)  y de la multa de la OEFA. Eso nos habría permitido vender más, contar con un mayor inventario y seguir aprovechando el margen crack spread, que hoy ya no está en niveles de 45 o 50 dólares, sino entre 25 y 35.

Entonces, ¿qué se está haciendo para acelerar la llegada de esos recursos?

El objetivo es viabilizar la operación y apoyar a ProInversión. Venimos entregando la documentación necesaria, solicitando información y articulando el proceso para acceder a esos fondos, no a un financiamiento, sino a fondos.

— Volviendo a esos factores que mencionó, el IRO y la multa de la OEFA. ¿Cuánto han pesado en los resultados de la empresa?

Siempre habrá impactos por multas o por eventos exógenos a esta gestión. El IRO es un tema exógeno, al igual que la multa de la OEFA, porque ambos provienen de hechos ocurridos entre 2019 y 2021. Eso nos ha llevado a revisar qué pasó, qué se hizo, quién lo hizo y por qué.

La caída en las posibilidades de compra de crudo impacta también en el costo de ventas. Pero, en conjunto, en los seis meses la compañía sí está en azul. Junio recibió un impacto duro por dos multas y la caída, pero estamos en azul en el primer semestre.

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— Los resultados mejoraron respecto al año pasado, pero está también el tema de los bonistas. ¿Qué recepción han tenido frente a estos resultados?

El mensaje se puede resumir en algo muy simple: Standard & Poor's retiró el CreditWatch. Eso significa que lo que viene haciendo la administración —que ya lleva por lo menos 30 días más que yo— ha permitido que la compañía se beneficie de la subida de los márgenes, complementado con la búsqueda de eficiencias.

Los bonistas recibieron su pago en junio y estamos en constante comunicación. Además, al mercado le ha gustado que publiquemos la información de manera clara, ágil y transparente. Antes se publicaba de manera trimestral; ahora este directorio aprobó que se publique de manera mensual.

— Entonces, ¿cuál es hoy la posición de los tenedores de bonos respecto al futuro de la empresa?

Los tenedores de bonos tienen un instrumento que se está pagando de manera puntual, con un vencimiento determinado y covenants que la compañía viene respetando. Uno de ellos, además, establece que la empresa no se puede fraccionar.

— Cambiando de tema, hace unas semanas surgieron cuestionamientos respecto a los estados financieros de 2025. Usted explicó públicamente que se trataba de diferencias contables. ¿Qué originó esas discrepancias?

Lo primero que hay que resaltar es que las empresas del Estado peruano auditan sus estados financieros sobre la base del reglamento de la Contraloría. Ese es un componente importante que muchas veces no se menciona cuando se informa sobre este tema. Cuando se difunde información incompleta, es fácil llegar a conclusiones equivocadas.

El proceso de auditoría dura entre 4 y 6 meses. En este caso comenzó entre octubre y noviembre y terminó entre abril y mayo. Sin embargo, durante ese periodo apareció una resolución en marzo. Los estados financieros ya se habían publicado en febrero, cuando esa resolución todavía no existía, por lo que era imposible proyectar ese impacto.

— ¿Ese impacto podría revertirse más adelante?

Sí. Ya tenemos información de que, mediante el proceso legal que estamos iniciando, esos recursos podrían regresar como ingresos extraordinarios. Si bien hoy impactan los resultados del año pasado y también los de este año, de prosperar ese proceso judicial deberían revertirse, de modo que una gestión posterior podría registrar ese ingreso extraordinario.

— Usted menciona que el origen fue el impuesto al rodaje. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con el IRO?

Se trató de un tema procedimental. El producto comprado no se registró en la partida contable que correspondía. A partir de la resolución emitida por el tribunal, el auditor, en coordinación con nosotros, determinó que ese efecto debía incorporarse en los estados financieros. Todo ello también fue informado oportunamente a la Contraloría.

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Entonces, ¿no se trató de una modificación discrecional de los estados financieros?

No. Es importante precisar que los procedimientos de contratación y auditoría se realizan bajo el reglamento de la Contraloría, no bajo un reglamento propio. Nosotros seguimos ese procedimiento y actuamos conforme a lo que correspondía una vez emitida la resolución.

Hay otro tema pendiente. ¿En qué situación quedó el pago de utilidades a los trabajadores correspondiente al año pasado?

Para que la ciudadanía lo tenga claro: la utilidad que se generó fue contable, y se generó porque hay deuda en dólares; el tipo de cambio bajó y generó una ganancia por tipo de cambio, no porque se decida así, sino porque así lo establecen las normas contables (NIIF).

Eso generó que contablemente haya que reportar utilidad, la cual los trabajadores deberían recibir en algún momento. Hoy han entendido que es importante enfocarnos en el core del negocio, y con la generación de la compañía, en los siguientes meses se podrá evaluar el pago de esta utilidad que corresponde por ley.

Cuando usted dice "en los siguientes meses se podrá evaluar", ¿significa que todavía no hay una fecha definida para el pago?

No se discute que haya que pagarla, pero no es el momento, porque la prioridad es asegurar la sostenibilidad de la compañía con la transparencia que este directorio técnico viene buscando. Hoy han entendido que es importante enfocarnos en el core del negocio y en la generación de la compañía para poder atender este tipo de obligaciones.

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Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los peruanos?

Hay un mensaje muy claro: se está saliendo de ese serio problema de liquidez. Se están identificando los problemas que ha habido, se está publicando la información sobre por qué se ha llegado a esta situación, y se está coordinando con actores como Contraloría, Fiscalía y Defensoría para que se tomen las acciones y potenciales acciones correspondientes.

Estamos trabajando en ese proceso. Lo importante es que se están tomando las medidas necesarias, identificando los problemas y actuando con transparencia para recuperar la sostenibilidad de la compañía.

Lo que le diría a la población es: cuando escuchen algo sobre la empresa, pregúntense si quien opina tiene información, y si esa persona —expresidente, exdirector, exfuncionario— muestra documentos, no solamente opiniones subjetivas.

— Usted menciona a expresidentes y exdirectores. ¿Considera que las anteriores administraciones también deben explicar las decisiones que llevaron a la situación actual?

Sería fundamental que todos los exdirectores y expresidentes se sienten en una mesa, abran sus actas, y que la población sepa qué decisiones tomaron y se hagan cargo de cada una de ellas, porque hay personas que hoy opinan cuyas declaraciones, cuando eran presidentes, generaron en su momento la ejecución de cartas fianza. Es decir, declaraciones de funcionarios que en algún momento perjudicaron a la compañía.

¿Qué espera entonces de esas personas que hoy cuestionan la situación de la empresa?

Esas personas, de alguna manera, tienen que salir a comunicar y a disculparse con la población, y hablar siempre con fundamentos, no con subjetividad, sino con documentos claros que tranquilamente pueden ser pedidos por el portal de Transparencia. Eso es fundamental.

A través del Decreto Supremo N.° 142-2026-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció las reglas para aplicar estos derechos laborales en todas las entidades públicas sujetas al Decreto Legislativo 1057. La norma establece quiénes podrán acceder, cómo se calcularán los montos y bajo qué condiciones se efectuarán los pagos.

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Sin embargo, el reglamento también confirma que la implementación no será inmediata. Tanto las gratificaciones como la CTS se pagarán de forma escalonada durante los próximos cinco años, una decisión que responde al impacto fiscal que supondría reconocer estos beneficios de manera íntegra a cientos de miles de trabajadores CAS.

¿Cómo se pagarán las gratificaciones y la CTS a los trabajadores CAS?

La principal novedad del decreto es que establece un cronograma de implementación gradual. En el caso de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, este 2026 los trabajadores CAS recibirán el equivalente al 10% de una remuneración mensual. Ese porcentaje aumentará progresivamente: será de 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y recién llegará al 100% desde el año fiscal 2030.

La misma lógica se aplicará para la CTS. Durante este año se reconocerá el equivalente al 10% de una remuneración por cada año de servicios, porcentaje que también irá incrementándose hasta alcanzar el íntegro en 2030.

En términos prácticos, esto significa que un trabajador CAS sí empezará a recibir estos beneficios desde 2026, pero en montos reducidos durante el periodo de transición.

El reglamento precisa además que las gratificaciones se calcularán tomando como referencia la remuneración que perciba el servidor al 30 de junio (para Fiestas Patrias) y al 30 de noviembre (para Navidad). En ambos casos, el pago se realizará junto con la remuneración correspondiente a julio y diciembre.

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Respecto a la CTS, el beneficio no se depositará periódicamente, como ocurre en el régimen laboral privado. En el caso del régimen CAS, el pago se efectuará únicamente cuando concluya la relación laboral entre el trabajador y la entidad pública.

¿Quiénes recibirán estos beneficios y cuáles son las principales reglas?

El decreto alcanza al personal contratado bajo el Decreto Legislativo 1057 en todas las entidades del sector público. Para acceder a la gratificación correspondiente, el trabajador deberá encontrarse laborando efectivamente en la fecha del pago o estar de vacaciones, con licencia con goce de haber o percibiendo subsidios contemplados por ley.

La norma también regula situaciones particulares. Por ejemplo, quienes tengan menos de seis meses de servicios recibirán una gratificación proporcional, mientras que aquellos cuyo vínculo laboral termine antes del pago tendrán derecho a una gratificación trunca, es decir, un monto calculado según el tiempo efectivamente laborado durante el semestre.

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Otro aspecto importante es que un trabajador que tenga contratos CAS en más de una entidad pública solo podrá percibir la gratificación en una de ellas: aquella donde reciba la mayor remuneración. Además, este beneficio será incompatible con otros aguinaldos o pagos de naturaleza similar que otorgue la entidad.

En el caso de la CTS, el reglamento aclara que solo será aplicable cuando la extinción del vínculo laboral ocurra después de la entrada en vigencia de la Ley N.° 32563, y precisa que este beneficio no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable, por lo que tampoco estará sujeto a cargas sociales.

En ese contexto, Osiptel recordó que los titulares tienen derecho a solicitar la suspensión temporal de estos servicios sin perder el contrato. Durante el periodo autorizado, las empresas operadoras no deben efectuar cobros por la prestación del servicio, ya que este permanecerá inactivo hasta la fecha de reactivación solicitada por el usuario.

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La solicitud puede presentarse de manera gratuita en cualquier momento a través de cualquiera de los canales de atención de la empresa operadora. El titular solo debe indicar el periodo durante el cual desea suspender el servicio y no está obligado a sustentar el motivo de su pedido.

De acuerdo con la regulación vigente, la suspensión temporal puede solicitarse por un periodo mínimo de 15 días calendario y hasta un máximo de dos meses por cada año de servicio, ya sea de forma consecutiva o alternada, salvo que la empresa establezca condiciones más favorables para el usuario. Una vez presentada la solicitud, la operadora debe hacer efectiva la suspensión de manera inmediata, a menos que el usuario solicite una fecha posterior para su inicio.

Qué aspectos debes considerar antes de solicitar la suspensión temporal

La entidad reguladora recomienda que el usuario precise con exactitud las fechas de inicio y término de la suspensión. En caso contrario, la empresa podría aplicar el plazo máximo de dos meses previsto en la normativa. También aconseja conservar el código o constancia del trámite para atender cualquier inconveniente que pudiera presentarse posteriormente.

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La normativa también contempla la situación de los usuarios que pagan el servicio por adelantado. En esos casos, la empresa debe devolver el monto correspondiente a los días en que el servicio permaneció suspendido. La devolución podrá efectuarse mediante depósito en una cuenta bancaria o aplicarse como descuento en el primer recibo emitido después de la reactivación del servicio.

Una vez concluido el periodo solicitado, la empresa operadora deberá reactivar el servicio e informar previamente al abonado mediante correo electrónico. Si el usuario decide restablecer el servicio antes de la fecha prevista, también puede solicitarlo. Asimismo, si existe un cobro por concepto de reactivación por suspensión, la empresa está obligada a comunicar esa condición al momento de recibir la solicitud, para que el cliente conozca los términos del procedimiento antes de su ejecución.

El documento fue difundido el 17 de julio para recibir comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía durante un plazo de 15 días. De aprobarse el reglamento, las restricciones comenzarán a contarse desde la inscripción de la compraventa de la vivienda de interés social en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

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Proyecto de reglamento fija restricciones para las viviendas de interés social adquiridas con apoyo del Estado

La propuesta señala que, durante los primeros cinco años, los beneficiarios deberán habitar exclusivamente la vivienda adquirida y no podrán realizar actos de transferencia de dominio ni arrendar el inmueble a terceros. Como única excepción, se permitirá constituir garantías sobre la propiedad cuando estas estén destinadas a obtener financiamiento para obras de ampliación, mejoramiento o remodelación de la misma vivienda.

Estas disposiciones buscan regular el uso de los inmuebles adquiridos con apoyo estatal y asegurar que los subsidios cumplan su finalidad habitacional. El plazo de las restricciones se contabilizará desde la fecha en que la compraventa quede inscrita oficialmente en la Sunarp.

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Beneficiarios que incumplan las condiciones perderán el subsidio y deberán devolver el dinero recibido

El proyecto de reglamento también contempla medidas para quienes incumplan las obligaciones establecidas. Entre ellas figura la pérdida de la condición de beneficiario para acceder a otra vivienda de interés social o a futuros programas de apoyo habitacional del Estado. Asimismo, quienes hayan recibido beneficios relacionados con tasas preferenciales podrían perder ese tratamiento conforme a las condiciones del crédito otorgado.

Además, los infractores deberán devolver el monto correspondiente al subsidio habitacional recibido, junto con los intereses legales generados desde la fecha de su desembolso hasta el momento de la devolución. El reglamento también prevé la aplicación de otras medidas que serán desarrolladas en las disposiciones operativas correspondientes.

Actualmente, el Ministerio de Vivienda administra el Bono Habitacional Familiar (BHF), del programa Techo Propio, dirigido principalmente a familias de menores ingresos para la compra, construcción o mejoramiento de una vivienda. También otorga el Bono del Buen Pagador (BBP), beneficio que contribuye a reducir el monto del crédito hipotecario para la adquisición de viviendas de interés social mediante el Nuevo Crédito Mivivienda.

La medida amplía el universo de potenciales beneficiarios de programas como Techo Propio, que otorga el Bono Familiar Habitacional (BFH) para la adquisición de vivienda nueva. Aunque la norma no crea un subsidio adicional ni modifica los montos vigentes, sí abre la posibilidad de que más personas que viven solas accedan a mecanismos de apoyo estatal para la compra de una vivienda.

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Además de las familias unipersonales, el reglamento reconoce otras formas de organización familiar, como las nucleares, extendidas, compuestas, ensambladas e integradas. Asimismo, establece que los beneficiarios de subsidios habitacionales directos e indirectos podrán acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS) siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa correspondiente.

Techo Propio y subsidios de hasta S/52.250: qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios

La incorporación de las familias unipersonales no elimina las condiciones exigidas para acceder a los programas de vivienda social. Entre los principales requisitos figura no ser propietario de una vivienda, terreno o aires independizados destinados a uso habitacional, así como no haber recibido anteriormente apoyo habitacional por parte del Estado.

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La norma también dispone que las viviendas adquiridas mediante estos programas deberán encontrarse registradas en el Registro Nacional de Vivienda (Renavi). Además, los beneficiarios no podrán vender, alquilar ni transferir el inmueble durante los primeros cinco años posteriores a su adquisición, periodo en el que deberá mantenerse como residencia principal.

En cuanto a los montos del Bono Familiar Habitacional, estos varían según la modalidad de acceso. Para la compra de una vivienda unifamiliar, el subsidio puede alcanzar los S/52.250, siempre que el valor del inmueble no supere los S/109.100. En el caso de departamentos, el bono asciende a S/47.850 para viviendas valorizadas hasta en S/136.100.

Asimismo, quienes opten por construir en un terreno propio podrán acceder a un bono de S/33.000, monto que puede incrementarse en determinadas regiones del país. Para el mejoramiento de una vivienda, el subsidio vigente es de S/12.650.

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Por otro lado, el reglamento incorpora ajustes para adecuarse a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de la política de vivienda social y adecuar el marco normativo vigente.

No obstante, la implementación de los cambios no será inmediata. El Ministerio de Vivienda contará con un plazo de hasta 180 días para adecuar los reglamentos operativos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones. Ese proceso definirá la forma en que las familias unipersonales podrán incorporarse a programas como Techo Propio y acceder a los beneficios previstos por el Estado.

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La medida desarrolla las disposiciones de la Ley N.° 32412 y establece cómo deberán registrar sus operaciones las empresas y usuarios autorizados para comercializar, transportar, almacenar o utilizar sustancias como mercurio, cianuro e hidrocarburos.

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Uno de los principales cambios es que los usuarios estarán obligados a comunicar a la Sunat, en un plazo máximo de un día calendario desde que tomen conocimiento del hecho, cualquier pérdida, derrame, excedente, desmedro o robo de estos insumos. La comunicación tendrá carácter de declaración jurada y deberá realizarse mediante la plataforma virtual de la entidad.

La Resolución de Superintendencia N.° 000135-2026 busca reducir el riesgo de que estas sustancias, pese a tener usos legítimos en diversas actividades económicas, sean utilizadas en la extracción ilegal de oro. El mercurio, por ejemplo, se emplea para separar el oro del material extraído, mientras que el cianuro se utiliza en procesos industriales para recuperar el mineral.

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Registro diario y trazabilidad: así funcionará el nuevo control sobre mercurio y combustibles

La regulación crea el Registro Diario de Operaciones, una herramienta con la que la administración tributaria busca mantener la trazabilidad de los insumos químicos desde su ingreso al mercado hasta su uso final.

Con la entrada en vigencia de la norma, los usuarios deberán registrar diariamente los movimientos de estos productos en cada uno de sus establecimientos. Luego, esa información deberá presentarse de forma consolidada cada mes mediante SUNAT Operaciones en Línea.

La obligación alcanza a prácticamente toda la cadena de comercialización. Deberán registrar sus operaciones quienes compren, importen, vendan, exporten, produzcan, consuman, almacenen o transporten insumos químicos fiscalizados.

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El registro incluirá ingresos, salidas, producción, uso, transporte y almacenamiento de estas sustancias, lo que permitirá a la administración tributaria conocer el recorrido de cada lote y detectar posibles desvíos hacia actividades ilícitas.

Incluso cuando un usuario no haya realizado operaciones durante un determinado mes, deberá comunicar esa situación a la entidad.

Para facilitar la implementación del sistema, la Sunat estableció un período de adecuación hasta el 31 de agosto. Durante ese tiempo realizará campañas de difusión y capacitación para que las empresas adapten sus procesos antes de que las nuevas obligaciones entren en vigor el 1 de septiembre.

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Sunat amplía facultades para fiscalizar insumos químicos

La norma también fortalece las facultades de fiscalización de la administración tributaria. La entidad podrá realizar inspecciones en campo, inmovilizar e incautar insumos químicos, internar vehículos, aplicar sanciones administrativas, suspender o dar de baja a usuarios del registro e implementar medidas especiales de control, como sistemas de videovigilancia.

Además, las acciones de supervisión ya se vienen reforzando en Madre de Dios, una de las regiones con mayor actividad minera ilegal del país. En coordinación con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Sunat verifica que las cisternas que ingresan principalmente al distrito de Tambopata descarguen combustibles únicamente en establecimientos autorizados, con el fin de evitar su desvío hacia actividades ilegales.

El mismo reporte muestra que Lima Moderna continúa siendo el sector con el mayor volumen de ventas, con 6.294 viviendas comercializadas entre enero y junio. Le siguen Lima Top, con 4.005 unidades; Lima Centro, con 2.638; Callao, con 888; Lima Norte, con 759; Lima Sur, con 538; y Lima Este, con 355 viviendas vendidas.

Aunque Lima Moderna concentra la mayor cantidad de operaciones, el crecimiento más acelerado se observó en otros sectores de la capital. Lima Norte lideró el avance con un incremento de 69% respecto al primer semestre del año anterior, seguida por Callao (53%), Lima Sur (50%) y Lima Este (50%), lo que evidencia una expansión del mercado hacia zonas donde todavía existe espacio para nuevos desarrollos urbanos.

"Los resultados del primer semestre muestran que la demanda de vivienda nueva mantiene una trayectoria de crecimiento y se está extendiendo hacia nuevas zonas de Lima y Callao. Este dinamismo responde a una oferta más diversa y a compradores que buscan alternativas acordes con su capacidad de pago, conectividad y necesidades familiares", señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

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Más suelo urbano para ampliar la oferta de viviendas

Pese al crecimiento de las ventas, el sector identifica un reto estructural que podría condicionar la expansión del mercado en los próximos años: la disponibilidad de suelo urbano con infraestructura suficiente para ejecutar nuevos proyectos.

Durante la presentación del informe de CODIP, Gálvez explicó que la demanda por adquirir viviendas existe en distintas zonas de la capital, pero que la oferta depende de que los terrenos cuenten con las condiciones necesarias para urbanizarse.

"Para generar o dinamizar esos mercados, lo que tenemos que asegurar es que exista mayor oferta. Y para que exista mayor oferta, necesitamos que exista más suelo donde construir esa oferta", indicó.

La especialista precisó que el desarrollo inmobiliario no depende únicamente de la existencia de terrenos disponibles, sino también de que estos cuenten con agua potable, alcantarillado, electricidad, gas natural y vías de acceso. Según explicó, cuando estos servicios llegan a nuevas áreas de la ciudad, aumenta la posibilidad de desarrollar proyectos y atender una demanda que ya existe.

"Siempre y cuando el Estado cumpla con llevar esos servicios, se va a generar el suelo suficiente para incrementar la oferta y, con ello, dinamizar el mercado", sostuvo.

El informe elaborado por CODIP también muestra que el mercado mantiene un equilibrio entre la oferta y la demanda. La absorción promedio mensual aumentó de 3,9% a 4,4%, mientras que el tiempo estimado para agotar el stock de viviendas se redujo a 24 meses, por debajo del promedio registrado durante los últimos cinco años. Además, el 86% de las viviendas vendidas corresponde a proyectos en planos o en construcción, lo que refleja que el mercado continúa incorporando nuevas unidades sin generar una sobreoferta.

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El próximo gobierno tendrá un papel clave

Además de ampliar la infraestructura urbana, el sector considera que el gobierno que asumirá funciones el próximo 28 de julio tendrá un papel importante para dar continuidad al crecimiento del mercado inmobiliario.

En ese sentido, Ana Cecilia Gálvez señaló que una de las principales tareas será establecer una política habitacional de largo plazo que otorgue previsibilidad tanto a las familias como a las empresas que desarrollan proyectos de vivienda.

"Lo que tiene que definir el nuevo gobierno es una política habitacional de largo plazo que establezca un presupuesto de subsidios habitacionales y un esquema de financiamiento que garantice su continuidad", afirmó.

Añadió que esa estabilidad resulta determinante para las inversiones del sector, ya que muchos proyectos inmobiliarios requieren varios años para ejecutarse.

"Esa política de subsidios por los próximos diez años es la predictibilidad que el desarrollador inmobiliario necesita para hacer esa inversión", explicó.

Con un mercado que mantiene una demanda sostenida y una oferta que continúa creciendo, el desempeño del sector en los próximos años dependerá, en gran medida, de la capacidad para habilitar nuevos suelos urbanos y de las políticas que permitan garantizar el desarrollo de proyectos de vivienda en el mediano y largo plazo.