La medida amplía el universo de potenciales beneficiarios de programas como Techo Propio, que otorga el Bono Familiar Habitacional (BFH) para la adquisición de vivienda nueva. Aunque la norma no crea un subsidio adicional ni modifica los montos vigentes, sí abre la posibilidad de que más personas que viven solas accedan a mecanismos de apoyo estatal para la compra de una vivienda.

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Además de las familias unipersonales, el reglamento reconoce otras formas de organización familiar, como las nucleares, extendidas, compuestas, ensambladas e integradas. Asimismo, establece que los beneficiarios de subsidios habitacionales directos e indirectos podrán acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS) siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa correspondiente.

Techo Propio y subsidios de hasta S/52.250: qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios

La incorporación de las familias unipersonales no elimina las condiciones exigidas para acceder a los programas de vivienda social. Entre los principales requisitos figura no ser propietario de una vivienda, terreno o aires independizados destinados a uso habitacional, así como no haber recibido anteriormente apoyo habitacional por parte del Estado.

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La norma también dispone que las viviendas adquiridas mediante estos programas deberán encontrarse registradas en el Registro Nacional de Vivienda (Renavi). Además, los beneficiarios no podrán vender, alquilar ni transferir el inmueble durante los primeros cinco años posteriores a su adquisición, periodo en el que deberá mantenerse como residencia principal.

En cuanto a los montos del Bono Familiar Habitacional, estos varían según la modalidad de acceso. Para la compra de una vivienda unifamiliar, el subsidio puede alcanzar los S/52.250, siempre que el valor del inmueble no supere los S/109.100. En el caso de departamentos, el bono asciende a S/47.850 para viviendas valorizadas hasta en S/136.100.

Asimismo, quienes opten por construir en un terreno propio podrán acceder a un bono de S/33.000, monto que puede incrementarse en determinadas regiones del país. Para el mejoramiento de una vivienda, el subsidio vigente es de S/12.650.

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Por otro lado, el reglamento incorpora ajustes para adecuarse a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de la política de vivienda social y adecuar el marco normativo vigente.

No obstante, la implementación de los cambios no será inmediata. El Ministerio de Vivienda contará con un plazo de hasta 180 días para adecuar los reglamentos operativos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones. Ese proceso definirá la forma en que las familias unipersonales podrán incorporarse a programas como Techo Propio y acceder a los beneficios previstos por el Estado.

La medida, publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), reemplaza el arancel temporal de 10% que venció este 24 de julio. El nuevo esquema establece dos niveles de gravamen según la legislación de cada país sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

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En América Latina, México, Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador quedaron sujetos a una tasa de 10%. En tanto, Perú, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela deberán asumir un arancel de 12,5%.

¿Por qué Estados Unidos incluyó al Perú en el arancel de 12,5%?

La decisión responde a una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite al Gobierno estadounidense adoptar medidas comerciales cuando considera que las políticas de otros países afectan sus intereses.

El análisis se enfocó en las normas que cada país aplica para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, entendido como aquel realizado bajo amenazas, coerción o sin el consentimiento libre de los trabajadores.

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La investigación comenzó el 12 de marzo de 2026 e incluyó a economías que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses. Tras evaluar la legislación de cada país, la USTR determinó que algunas economías cuentan con prohibiciones expresas o compromisos asumidos en acuerdos comerciales para restringir el ingreso de este tipo de mercancías. Esos países recibirán un arancel de 10%.

En cambio, los países que no cuentan con una regulación equivalente, entre ellos el Perú, afrontarán un gravamen de 12,5%.

La resolución también establece excepciones para determinadas materias primas consideradas esenciales para el abastecimiento de Estados Unidos, así como para productos que ya tienen aranceles bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional, además del equipaje acompañado, las donaciones y los materiales informativos.

Mincetur: más de 2.000 productos peruanos quedaron fuera del nuevo arancel

Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) precisó que la medida no fue aplicada únicamente al Perú, sino a un grupo de 60 economías equivalentes a 86 países y territorios aduaneros, que concentraron el 99,4% de las importaciones estadounidenses durante 2025.

La entidad también aclaró que el arancel no alcanzará a todas las exportaciones peruanas. La resolución establece exclusiones para más de 2.000 productos, que representaron alrededor del 45% del valor de las importaciones estadounidenses provenientes del Perú.

De esta manera, una parte importante del intercambio comercial continuará ingresando al mercado estadounidense sin este recargo.

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Otro aspecto que resaltó el ministerio es que la decisión estadounidense no concluye que el Perú exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos nacionales elaborados bajo esas condiciones.

Según explicó el Mincetur, la investigación estuvo enfocada en determinar si el país cuenta con una prohibición específica para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y si dicha normativa se aplica de manera efectiva.

El ministerio recordó que el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que prohíbe expresamente la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Según la cartera, la aprobación de esta iniciativa fortalecería el marco legal peruano y atendería la principal observación formulada por la USTR.

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Asimismo, indicó que participó en todas las etapas de la investigación, presentando información técnica sobre las acciones adoptadas por el Perú en esta materia. También refirió que viene evaluando los posibles efectos de la medida junto con otras entidades del Estado y gremios empresariales.

Mientras tanto, aseguró que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses para sustentar los avances normativos del país y promover una revisión de la decisión.

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La aplicación del nuevo esquema estará a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que supervisará el ingreso de mercancías y continuará emitiendo órdenes de retención cuando existan indicios de que un producto fue elaborado mediante trabajo forzoso.

Según la administración de Donald Trump, estos aranceles permanecerán vigentes hasta que los países incluidos adopten normas equivalentes para restringir la importación de este tipo de bienes.

Uno de los cambios de mayor impacto recae sobre el sistema financiero. A partir de ahora, los incumplimientos relacionados con la aplicación de tasas de interés o con la liquidación de intereses tendrán una tipificación específica dentro del reglamento cuando generen un perjuicio económico a los clientes.

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La modificación no implica nuevas reglas para fijar las tasas de interés ni altera las condiciones bajo las cuales las entidades otorgan créditos. Lo que cambia es el alcance del régimen sancionador: la SBS podrá castigar de manera expresa estas conductas cuando vulneren la normativa vigente.

Errores en el cobro de intereses podrán ser infracciones graves si afectan económicamente a los clientes

La calificación de la infracción dependerá del perjuicio económico ocasionado. Si este alcanza o supera las 20 UIT (S/110.000), será considerada grave; si llega a 100 UIT (S/550.000) o más, será muy grave, lo que permitirá a la SBS imponer sanciones más severas.

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La actualización también incorpora otras conductas sancionables para las empresas del sistema financiero. Entre ellas, otorgar créditos a personas o empresas vinculadas en condiciones más favorables que las ofrecidas al resto de clientes, incumplir el deber de informar oportunamente a la SBS sobre transferencias y adquisiciones de cartera crediticia, y utilizar modelos de gestión de riesgos sin la aprobación exigida por la regulación.

AFP y aseguradoras también deberán adecuarse a nuevas obligaciones para evitar sanciones

La actualización del reglamento también incorpora nuevas infracciones para las AFP, principalmente en el proceso de evaluación y calificación de invalidez, la acreditación de aportes y la gestión de cobranzas. Entre las conductas sancionables figuran no contar con procedimientos para acreditar los aportes conforme a la normativa, retrasar su registro o no iniciar oportunamente las acciones de cobranza administrativa o judicial. Asimismo, se refuerzan las obligaciones relacionadas con la atención a afiliados y el funcionamiento del Comité Médico de las AFP (COMAFP).

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En el mercado de seguros, la SBS amplía el catálogo de infracciones vinculadas con la protección de los asegurados y la solvencia de las compañías. Podrán ser sancionados, por ejemplo, los rechazos de solicitudes de cobertura sin sustento o fuera de plazo, así como incumplimientos en el registro y valorización de inversiones, retrasos en el pago de productos con componente de ahorro o inversión y obligaciones relacionadas con seguros de caución y fianzas.

La norma también actualiza las infracciones aplicables a los ajustadores de siniestros, quienes podrán ser sancionados si incumplen los plazos o las condiciones para presentar sus informes de liquidación y de ajuste.

Los cambios fueron oficializados mediante la Resolución SBS N.° 01923-2026, que modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones. Según la entidad, la actualización busca adecuar la regulación a los nuevos riesgos de los sistemas supervisados y fortalecer las herramientas con las que cuenta para sancionar incumplimientos y proteger a los usuarios.

Elmer Cuba plantea ampliar la recaudación sin poner en riesgo la estabilidad

El próximo titular del MEF afirmó que, en el gobierno de Keiko Fujimori, el Ministerio de Economía y Finanzas mantendrá como prioridad la disciplina fiscal y revisará las normas que puedan comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas. “Vamos a evaluar cada una de ellas, y seguramente un par podríamos cambiarlas para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal”, sostuvo. Agregó que preservar ese equilibrio es clave porque influye en el riesgo país y en el costo del financiamiento para las empresas y las familias. Asimismo, señaló que la estrategia económica buscará elevar la recaudación mediante el combate a la evasión tributaria para financiar más inversión pública, generar empleo y mejorar los servicios del Estado, “respetando escrupulosamente la solvencia fiscal”.

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Otro de los objetivos planteados por Cuba es que el crecimiento económico se refleje en una mejora del bienestar de la población. “Hemos logrado estabilidad macroeconómica, inflación baja y solvencia fiscal, pero la población todavía no ha sentido en sus salarios ese crecimiento”, señaló. En ese sentido, indicó que la meta será traducir la expansión de la economía en mejores empleos, remuneraciones y servicios públicos, además de un uso más riguroso de los recursos del Estado y un mayor control frente a la corrupción.

¿Quién es Elmer Cuba? La trayectoria del nuevo ministro de Economía

Elmer Cuba es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de su carrera ha desarrollado actividades tanto en el sector público como en el privado, especializándose en macroeconomía, política fiscal, inversión y crecimiento económico.

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En el ámbito público, integró el Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) entre 2016 y 2021 y fue miembro y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi. También integró el Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial y desarrolló trabajos de consultoría para entidades públicas y organismos internacionales, además de desempeñarse como profesional especializado en la Gerencia de Estudios Económicos del BCR.

En el sector privado, Elmer Cuba ha sido socio de la consultora Macroconsult, donde ha participado en el análisis de la coyuntura económica, la inversión, la productividad y las finanzas públicas. Además, ha ejercido la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y ha intervenido como expositor y analista en foros especializados sobre economía y políticas públicas.

La presentación de Elmer Cuba permite conocer las principales líneas económicas planteadas por el próximo gobierno, en un escenario donde las propuestas de crecimiento, inversión y manejo de las finanzas públicas tendrán un lugar central.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 27 de julio?

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El abastecimiento de gas natural es uno de los pilares del sistema energético peruano, debido a su participación en la generación de electricidad, el suministro a la industria, el transporte y el consumo residencial. La contingencia registrada en el sistema de transporte obligó a adoptar medidas para preservar el abastecimiento mientras se restablecía la operación, lo que volvió a poner en discusión la necesidad de mantener inversiones tanto en infraestructura como en exploración para garantizar la disponibilidad futura del recurso. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó en ese momento sobre acciones de coordinación con los operadores del sector para asegurar la continuidad del suministro durante la contingencia.

El sector llega a este escenario con un bajo nivel de actividad exploratoria. Entre 2021 y 2025 se realizaron apenas tres perforaciones exploratorias, frente a las 47 registradas entre 2011 y 2015, según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) basado en información de Perupetro. La diferencia refleja la menor actividad de búsqueda de nuevos recursos registrada durante los últimos años. Aunque la producción de los lotes actualmente en operación continúa abasteciendo parte de la demanda nacional, la exploración constituye una etapa clave para incorporar nuevas reservas y sostener la actividad del sector en el mediano y largo plazo.

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Durante 2026 se han producido movimientos orientados a impulsar la actividad hidrocarburífera. En abril, el Gobierno aprobó el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del Lote VI, ubicado en Talara, Piura. El proyecto contempla inversiones estimadas en aproximadamente US$298 millones durante los primeros 10 años, destinadas a actividades de desarrollo y exploración, además del reacondicionamiento y perforación de pozos.

La aprobación del contrato fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 004-2026-EM, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma autoriza la suscripción del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI. De acuerdo con la información difundida durante su aprobación, las inversiones previstas se destinarán a actividades de desarrollo y exploración, además del reacondicionamiento y la perforación de pozos.

Otro de los proyectos que ha cobrado relevancia es el Lote X, también en Piura. En junio, Petroperú y el Consorcio OIG verificaron el inicio de un programa de perforación que contempla 114 nuevos pozos hasta diciembre de 2026, con una inversión estimada de US$91 millones durante este año. El plan también considera inversiones por US$920 millones para los próximos ocho años.

Gas natural y cambios regulatorios marcan la agenda del sector

La discusión sobre la oferta futura de gas natural se desarrolla mientras continúan las actividades en lotes existentes y se anuncian nuevos proyectos de inversión y perforación en el sector hidrocarburos. La incorporación de recursos prospectivos a la producción requiere actividades de exploración, evaluación técnica, obtención de las autorizaciones correspondientes y desarrollo de infraestructura antes de una eventual explotación comercial.

En paralelo, el Minem puso en consulta, el 12 de junio, un proyecto de Decreto Supremo que aprueba un nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Posteriormente, el 13 de julio, la cartera amplió el plazo para recibir comentarios, aportes y opiniones de entidades públicas, empresas, gremios, instituciones académicas y ciudadanos interesados, con el objetivo de recoger observaciones antes de continuar con el procedimiento para su eventual aprobación.

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La propuesta todavía se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que sus disposiciones podrían modificarse antes de una eventual aprobación. El proyecto plantea actualizar el marco regulatorio aplicable a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, reemplazando el reglamento vigente e incorporando disposiciones relacionadas con los procedimientos administrativos, las autorizaciones para el desarrollo de actividades, los instrumentos técnicos y ambientales, así como otros aspectos vinculados con la ejecución de proyectos del sector.

Durante 2026, además de los proyectos vinculados con los lotes VI y X, el Ejecutivo adoptó medidas relacionadas con la continuidad de operaciones en otros campos. Entre ellas figura la aprobación de disposiciones para mantener la continuidad de las actividades en determinados lotes mientras continúan los procesos contractuales correspondientes. Estas decisiones coincidieron con la discusión del nuevo reglamento para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

En el caso del gas natural, la interrupción registrada en marzo, el potencial identificado en distintas zonas y las inversiones necesarias para desarrollar nuevos recursos mantienen el abastecimiento y la infraestructura entre los temas vinculados con la evolución del sector. A ello se suma la necesidad de sostener las actividades de exploración para incorporar nuevos yacimientos que permitan atender la demanda futura de energía y respaldar el crecimiento de sectores industriales, comerciales y residenciales que utilizan gas natural como fuente de suministro.

La actividad exploratoria, las nuevas inversiones y el proceso de actualización del marco normativo continuarán formando parte de la agenda del sector durante los próximos meses, mientras avanza la ejecución de los programas de perforación anunciados para 2026 y continúa el proceso de consulta del nuevo reglamento.

De acuerdo con un análisis de ComexPerú, la cartera administrada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) estaba conformada, al cierre de mayo, por 239 proyectos distribuidos en 13 departamentos, con una inversión total de S/52.905 millones. De ese total, las denominadas soluciones integrales concentran la mayor parte de los recursos: 102 proyectos por S/28.506 millones destinados a obras de protección frente a inundaciones y movimientos de masas, como diques y muros de contención. La cartera también comprende proyectos de drenaje pluvial, infraestructura de salud e infraestructura educativa, componentes que forman parte de la estrategia de inversión impulsada tras la emergencia de 2017.

El avance de estas inversiones, sin embargo, muestra diferencias importantes. Del total de proyectos de la ANIN, 170, valorizados en S/35.988 millones, se encontraban en desarrollo o culminados, mientras que otros 69 permanecían en etapas previas, como formulación y planificación. En el caso específico de las soluciones integrales, 62 proyectos, equivalentes a S/18.930 millones, habían superado las fases iniciales y se encontraban en desarrollo. Según el análisis, este componente concentra más de la mitad de los recursos que ya avanzan dentro de la cartera de inversiones, debido a su papel en la reducción del riesgo frente a inundaciones y movimientos de masas.

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Solo nueve obras de protección han sido culminadas

Pese al volumen de recursos comprometidos, el avance en la culminación de las obras sigue siendo limitado. Según el análisis de ComexPerú, al cierre de mayo solo nueve proyectos de soluciones integrales habían sido concluidos, con una inversión de S/2.755 millones, lo que representa menos del 10% de este componente. Esto significa que la mayor parte de las intervenciones previstas para disminuir el riesgo de inundaciones continúa en ejecución o en etapas previas a su construcción.

La situación contrasta con otros sectores de la cartera de la ANIN. Las inversiones en salud y educación registran el mayor grado de avance conjunto, con más del 85% de sus recursos en desarrollo o culminados. En cambio, el 57,4% de las inversiones en drenajes pluviales y el 33,6% de las soluciones integrales aún no contaban con planos definitivos para su construcción, condición necesaria para avanzar hacia la ejecución de las obras.

Entre los proyectos de mayor inversión, el avance también es desigual. Los 12 proyectos más importantes dentro del componente de soluciones integrales representan S/12.332 millones, equivalente al 43,3% de toda la cartera de este rubro. En conjunto, estas intervenciones beneficiarían a más de 450.000 personas, por lo que concentran una parte significativa de los recursos destinados a reducir el riesgo de inundaciones en distintas zonas del país.

No obstante, aunque la mayoría obtuvo viabilidad entre 2019 y 2022, algunos presentan un progreso reducido. El proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de protección contra la erosión e inundaciones en la cuenca del río Rímac, valorizado en S/1.610 millones y el de mayor monto de toda la cartera, continúa en la etapa de elaboración del expediente técnico y no registra avance físico. Asimismo, las intervenciones en los ríos La Leche y Motupe presentan avances de 3% y 43,1%, respectivamente, con la ejecución suspendida por problemas de financiamiento.

De acuerdo con ComexPerú, el próximo Gobierno recibirá una cartera de inversiones estratégicas con niveles de ejecución muy distintos. A casi una década del Fenómeno de El Niño Costero de 2017, el país cuenta con proyectos orientados a reducir el riesgo de inundaciones, aunque una parte importante de las principales obras de protección aún permanece en desarrollo o pendiente de ejecución.

En ese contexto, Osiptel señaló que los titulares tienen derecho a solicitar la suspensión temporal de estos servicios sin perder el contrato. Durante el periodo autorizado, las empresas operadoras no deben efectuar cobros por la prestación del servicio, ya que este permanecerá inactivo hasta la fecha de reactivación solicitada por el usuario.

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La solicitud puede presentarse de manera gratuita en cualquier momento a través de cualquiera de los canales de atención de la empresa operadora. El titular solo debe indicar el periodo durante el cual desea suspender el servicio y no está obligado a sustentar el motivo de su pedido.

De acuerdo con la regulación vigente, la suspensión temporal puede solicitarse por un periodo mínimo de 15 días calendario y hasta un máximo de dos meses por cada año de servicio, ya sea de forma consecutiva o alternada, salvo que la empresa establezca condiciones más favorables para el usuario. Una vez presentada la solicitud, la operadora debe hacer efectiva la suspensión de manera inmediata, a menos que el usuario solicite una fecha posterior para su inicio.

Qué aspectos debes considerar antes de solicitar la suspensión temporal

La entidad reguladora recomienda que el usuario precise con exactitud las fechas de inicio y término de la suspensión. En caso contrario, la empresa podría aplicar el plazo máximo de dos meses previsto en la normativa. También aconseja conservar el código o constancia del trámite para atender cualquier inconveniente que pudiera presentarse posteriormente.

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La normativa también contempla la situación de los usuarios que pagan el servicio por adelantado. En esos casos, la empresa debe devolver el monto correspondiente a los días en que el servicio permaneció suspendido. La devolución podrá efectuarse mediante depósito en una cuenta bancaria o aplicarse como descuento en el primer recibo emitido después de la reactivación del servicio.

Una vez concluido el periodo solicitado, la empresa operadora deberá reactivar el servicio e informar previamente al abonado mediante correo electrónico. Si el usuario decide restablecer el servicio antes de la fecha prevista, también puede solicitarlo. Asimismo, si existe un cobro por concepto de reactivación por suspensión, la empresa está obligada a comunicar esa condición al momento de recibir la solicitud, para que el cliente conozca los términos del procedimiento antes de su ejecución.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este domingo 26 de julio?

BCP

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Interbank

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