¿Quiénes acceden al beneficio? 

Podrán acceder a este bono los licenciados veteranos de la pacificación nacional contemplados en la Ley N.° 30826, siempre que se encuentren debidamente reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asimismo, los solicitantes deberán haber prestado servicio de manera consecutiva por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 24, haber culminado su servicio en los grados establecidos para cada instituto armado y no registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, ni figurar como deudores alimentarios. Toda la información será previamente validada por la institución militar correspondiente. 

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Bono excepcional de S/1.130 para veteranos militares: plazo y procedimiento de solicitud 

Los interesados deberán presentar su solicitud ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, siempre que cuenten previamente con el reconocimiento oficial como licenciados veteranos de la pacificación nacional. 

El plazo para presentar solicitudes se inicia al día siguiente de la entrada en vigencia de la ley y vence el 31 de julio de 2027. Vencido dicho plazo, no se admitirán nuevas solicitudes. 

En cuanto al reconocimiento pendiente, la norma establece que el proceso concluyó definitivamente el 31 de diciembre de 2024; sin embargo, los expedientes ingresados antes de esa fecha y aún en trámite deberán resolverse en un plazo máximo de 120 días hábiles. Quienes obtengan su reconocimiento dentro de este periodo podrán solicitar el bono en condición de rezagados. 

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Monto del bono y forma de pago 

La bonificación económica excepcional asciende a S/1.130 y se otorgará de manera mensual y progresiva, de acuerdo con un cuadro de priorización por edad y condición de salud. El pago se iniciará con los veteranos mayores de 60 años y personas con discapacidad permanente, seguido de los grupos etarios de 55 a 59, 50 a 54, 45 a 49 y 40 a 44 años, respectivamente. 

El Ministerio de Defensa, en su calidad de titular del pliego, será el encargado de autorizar el beneficio y efectuar el registro de los beneficiarios en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), en un plazo no mayor de 90 días calendario desde la recepción de la calificación aprobatoria emitida por el Comando Conjunto. Todas las solicitudes aprobadas deberán culminar su registro en dicho sistema hasta el 31 de julio de 2028, de manera indefectible. 

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La ley precisa que la bonificación no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no está sujeta a cargas sociales y será vitalicia e intransferible. Asimismo, señala que su financiamiento no demandará recursos adicionales al Tesoro Público y que el beneficio podrá ser retirado si se detecta el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos. 

La medida responde a las modificaciones establecidas por la Ley N.º 32445 —que también autorizó el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de AFP— y obliga a actualizar el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional (Ley N.º 32123) para adecuarlo al nuevo marco legal.

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En esa línea, el decreto Nº 061-2026-EF precisa que la afiliación obligatoria se mantiene únicamente para quienes trabajan en relación de dependencia. Estos trabajadores deberán afiliarse al sistema previsional y elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o el Sistema Privado de Pensiones (SPP) dentro de los 10 días calendario desde el inicio de su vínculo laboral.

Asimismo, la norma redefine conceptos clave. Por ejemplo, establece que el “ingreso asegurable” será la base para calcular los aportes y que, en el caso de los independientes, solo se considerará cuando estos realicen aportes voluntarios. También aclara que los trabajadores bajo régimen CAS serán considerados como dependientes para efectos previsionales.

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Esta medida también refuerza el rol de los empleadores, ya que deberán verificar la afiliación de sus trabajadores y solicitar la constancia correspondiente; de no hacerlo, incurren en infracciones sancionables bajo la normativa de inspección laboral.

En materia de aportes, se consolida la diferenciación:

• Aportes obligatorios: aplicables a trabajadores dependientes.

• Aportes facultativos: para independientes o personas sin vínculo laboral.

Otro punto relevante es la actualización de la Unidad de Aporte (UdA), que servirá para medir los aportes en ambos sistemas (SNP y SPP), tomando como referencia la remuneración mensual y la remuneración mínima vital (RMV). Además, se establece que los ingresos percibidos en un mes se consideran de manera conjunta para generar dicha unidad.

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El Ejecutivo también derogó varios artículos del reglamento anterior para alinearlo con las nuevas disposiciones legales, con el objetivo de simplificar su aplicación y garantizar coherencia normativa en el proceso de modernización del sistema previsional peruano.

Este cambio tiene efectos inmediatos en la economía de millones de peruanos. Por un lado, les permitirá disponer de mayores ingresos en el corto plazo, al no tener que destinar obligatoriamente parte de sus ganancias a un fondo previsional. Esto puede representar un alivio financiero, especialmente para quienes tienen ingresos variables o informales.

De un lado, el izquierdista plantea un cambio al modelo económico vigente; del otro, la lideresa naranja, que postula por cuarta vez, propone mantener el esquema de economía social de mercado con ajustes orientados a la mejora de la competitividad y reducción de trabas burocráticas a las empresas.

La propuesta de Sanchez apunta directamente al corazón del régimen económico (los artículos 58, 60, 62, 63 y 66), que, según su diagnóstico encorsetan la capacidad del Estado para intervenir en la economía, gestionar recursos naturales y desarrollar empresas públicas. Descarta que planteee “expropiación ni atentado contra la propiedad privada”.

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Cambios en artículos del capítulo económico

En particular, el “heredero de Pedro Castillo” cuestiona el artículo 58 de la carta magna por relegar al Estado a un rol meramente orientador, sin capacidad de acción directa en sectores estratégicos; el artículo 60, que subordina la actividad empresarial estatal a una ley expresa; y el artículo 62, al que atribuye blindar los contratos ley incluso cuando resulten lesivos para el interés nacional.

A ello suma la crítica al artículo 63, que equipara la inversión nacional y extranjera, lo que —sostiene— termina colocando a los productores locales en desventaja frente a grandes corporaciones.

Bajo este escenario, Sánchez propone una economía mixta con fuerte presencia estatal, donde los recursos naturales —gas, petróleo, agua, energía y puertos— sean gestionados directamente o bajo alianzas público-privadas, pero con control estatal. Incluso plantea prohibir concesiones que otorguen ventajas a inversionistas extranjeros y renegociar tratados de libre comercio si afectan la soberanía nacional.

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Impuestos a las sobreganancias

Su plan también plantea cambiar bases del modelo actual, como el respaldo a los contratos-ley y los regímenes tributarios especiales, e incorporar impuestos a las sobreganancias. También apunta a romper con la lógica primario-exportadora mediante industrialización,sustitución de importaciones y la creación de complejos industriales descentralizados.

En el sector agrario, propone un giro hacia la seguridad alimentaria, priorizando el mercado interno con planes nacionales de cultivos, compras estatales a pequeños productores y el fortalecimiento de cooperativas. La meta es que el 50% de agricultores se integre en esquemas asociativos y que sus ingresos se dupliquen mediante acceso a tecnología, riego y financiamiento.

En minería, su propuesta apunta a reordenar la base del sector: transformar la pequeña minería informal a través de cooperativas, recortar los plazos de concesión de 30 a 5 años, recuperar concesiones extinguidas para el Estado y desarrollar “parques mineros” bajo esquemas de copropiedad inicial.

A ello se suma un mayor rol estatal en la comercialización del oro, con el objetivo de asegurar trazabilidad y control de la producción. Como metas, plantea elevar las regalías mineras, aumentar la presión tributaria hasta el 25% del PBI y expandir la participación de la industria en la economía, en línea con su apuesta por un cambio del modelo de desarrollo.

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Alivio regulatorio, inversiones y beneficios tributarios a empresas

A contraparte, Keiko Fujimori plantea una estrategia centrada en la formalización masiva, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y la reducción de trabas burocráticas a las empresas. Una de sus propuestas es la implementación de la “Licencia 0”, que eliminaría costos y trámites para abrir un negocio mediante una ventanilla única digital interoperable con entidades como Sunat, Sunarp e Indecopi.

Su plan también incluye la apertura inmediata de negocios con RUC y declaración jurada, la estandarización de inspecciones para reducir discrecionalidad y la prohibición de sanciones duplicadas (como cierre y multa).

Además, plantea formalizar progresivamente el comercio ambulatorio mediante una ley específica que reconozca esta actividad, establezca derechos y defina rutas de transición hacia la formalidad.

En ese marco, propone crear una Comisión de Alto Nivel para el Autoempleo y la Formalización Inclusiva, así como limitar decomisos y desalojos arbitrarios por parte de municipios, priorizando el ordenamiento urbano sin afectar los ingresos de los trabajadores.

En financiamiento, plantea un Fondo para el Crecimiento MYPE, sistemas de crédito para mujeres emprendedoras, capital semilla para jóvenes y fondos de garantía para mercados y talleres. También propone exonerar del Impuesto a la Renta por tres años a jóvenes emprendedores y otorgar créditos tributarios a empresas que contraten practicantes.

Además, incluye la creación de un Servicio Nacional de Defensa Jurídica del Emprendedor para brindar asesoría legal gratuita, así como el fortalecimiento de Compras MyPerú con un presupuesto anual mínimo de S/ 1.000 millones para asegurar demanda a las MYPE.

En el ámbito productivo, impulsa la formación de clústeres (concentración geográfica de empresas) regionales en sectores como textil, calzado, metalmecánica y agroindustria, junto con la modernización de parques industriales . Asimismo, plantea la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales a empresas, orientadas a impulsar la producción industrial de mayor valor agregado, como textiles especializados, metalmecánica, industria farmacéutica y agroindustria.

También plantea un Plan Nacional de Logística MYPE , con el objetivo de que el 70% de estas empresas accedan a comercio electrónico al 2030.

En transporte, Fujimori plantea finalizar megaobras como la nueva carretera central y Longitudinal de la Sierra Tramo 4. En ferrocarriles, busca culminar la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, así como ejecutar la Línea 3, 4, 5 y 6. Por otro lado, afirma que promoverá la construcción del Tren Bioceánico Perú–Brasil, clave para la integración sudamericana, así como corredores ferroviarios de carga minera y agrícola que conecten con Chancay, Callao, Salaverry e Ilo.

Por último, prevé constuir nuevos aeropuertos regionales en Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Puno, Huancavelica y Huancayo.

Propuestas en pensiones y remuneraciones

En materia previsional, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) plantea incrementos directos en pensiones y transferencias: la pensión mínima de la ONP subiría de S/600 a S/800 y la máxima a S/1.100, además de duplicar montos en programas como Pensión 65 y Contigo.

Su propuesta también plantea ajustar las pensiones cada año y otorgar bonos adicionales a poblaciones vulnerables.

En contraste, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) apuesta por una redistribución del creci - miento, con aumento de pensiones y salarios, aunque sin detallar montos previsionales.

En cuanto al sueldo mínimo, plantea elevarlo a no menos de S/2.000 a través de una auditoria social por contratos de concesión.

También plantea que el sueldo a docentes no sea menor a 1 UIT (S/5.500), financiado mediante una reforma tributaria que in - cluye impuestos a sobrega - nancias y grandes fortunas, así como la eliminación de exoneraciones tributarias que son regresivas en favor de las grandes empresas.

Su planteamiento se complementa con un mayor gasto social, incluyendo 50.000 viviendas financiadas por el Banco de la Nación, así como la ampliación de Beca 18 hasta alcanzar 120.000 beneficiarios y programas de inserción laboral juvenil en el sector público.

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Dentro de estos sectores, el sector Comercio creció 6,06%, destacando el auge en la venta mayorista de combustibles y maquinarias, así como en el comercio minorista de farmacias, supermercados y vehículos. Por otro lado, la construcción tuvo un desempeño sobresaliente con una expansión del 8,90%, sustentada en una mayor inversión pública en gobiernos regionales y locales y el crecimiento en el consumo de cemento.

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El sector Manufactura también evidenció un crecimiento positivo del 2,74%, principalmente por la producción en bienes de consumo como muebles y bebidas, y en bienes intermedios como cemento y plásticos. En contraste, sectores como Minería e Hidrocarburos (-1,11%), Pesca (-5,20%) y Financiero (-0,25%) mostraron retrocesos.

Construcción creció 8,9% en febrero impulsado por inversión privada y obras regionales

En el segundo mes del presente año, el sector Construcción registró un crecimiento de 8,90% en comparación con febrero de 2025, reflejando un importante dinamismo de la actividad constructora a nivel nacional. Este resultado estuvo sustentado principalmente por el aumento del consumo interno de cemento, que se expandió 11,55%, así como por el avance físico de obras públicas, que creció 1,47%.

El mayor consumo de cemento respondió, sobre todo, a la intensificación de obras privadas, vinculadas a proyectos de infraestructura en sectores como minería, agroindustria, transporte, manufactura y electricidad. Asimismo, se registró un mayor desarrollo de viviendas de autoconstrucción, que continuaron impulsando la demanda de materiales de construcción.

En el ámbito de la obra pública, el crecimiento fue liderado por los gobiernos regionales, cuya ejecución aumentó 24,6%, y por los gobiernos locales, con un avance de 14,6%. En contraste, la inversión del Gobierno Nacional retrocedió 23,6%, atenuando parcialmente el desempeño global del sector.

Según el tipo de obra, destacaron los proyectos de infraestructura vial y de servicios básicos, como agua potable y saneamiento. No obstante, se observó una disminución de la inversión en obras de prevención de riesgos, así como en la construcción de edificios no residenciales, lo que evidencia un comportamiento desigual dentro del sector.

Agro y exportaciones sostienen el crecimiento pese a caídas en pesca y minería 

No todos los sectores avanzaron al mismo ritmo. La actividad agropecuaria creció de manera moderada (0,71%), destacando la mayor producción de palma aceitera, arroz y maíz amarillo duro. En contraste, la pesca cayó 5,2% y la minería e hidrocarburos retrocedieron 1,11%, afectadas por una menor captura de recursos y una ligera contracción de la actividad extractiva. Mientras que la pesca de origen marítimo reportó aumento por la mayor captura de anchoveta para consumo humano indirecto.

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En el frente externo, las exportaciones totales aumentaron 2,84%, impulsadas tanto por productos tradicionales —agrícolas y mineros— como por envíos no tradicionales, especialmente pesqueros, químicos y mineros no metálicos, reforzando la presencia del país en los mercados internacionales. 

El informe del INEI también muestra estabilidad en el índice desestacionalizado de la producción nacional, con una variación mensual prácticamente nula (-0,01%), lo que sugiere un crecimiento sostenido y sin sobresaltos en la actividad económica. En conjunto, el desempeño de febrero confirma un escenario de crecimiento equilibrado, con sectores que lideran la recuperación y otros que aún siguen enfrentando desafíos.

De acuerdo con lo establecido en la norma, los maestros jubilados y cesantes recibirán una pensión mensual equivalente a la RIM de la primera escala magisterial, que en la actualidad asciende a S/3.500,70. Este monto se toma como referencia para la aplicación del beneficio, aunque su implementación ha generado debate debido a las implicancias presupuestales que conlleva.

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¿A quiénes alcanza la medida?

La Ley N.º 32581 beneficia a los docentes jubilados y cesantes de los distintos niveles del sistema educativo, incluyendo la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva. El alcance de la norma es amplio, ya que comprende tanto a maestros del sistema público como a aquellos pertenecientes a los regímenes de pensiones 19990 y 20530, a los amparados en la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944), así como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Con ello, se busca unificar criterios y garantizar un ingreso mínimo digno durante la etapa de jubilación.

Esta disposición tiene como objetivo fortalecer la protección y seguridad social de los docentes que culminaron su etapa laboral en la Carrera Pública Magisterial, asegurándoles una pensión que les permita cubrir sus necesidades básicas y mantener condiciones de vida adecuadas. Asimismo, responde, además, a un reclamo histórico del magisterio, cuyos pensionistas han percibido durante años ingresos considerados insuficientes frente al aumento del costo de vida.

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En el texto legal también se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu), será el encargado de definir los aspectos técnicos relacionados con el monto de las pensiones y su forma de pago. En ese sentido, el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la ley en un plazo máximo de 90 días calendario, contados desde su entrada en vigor.

Cabe precisar que la norma fue objeto de reconsideración por parte del Congreso de la República, que insistió en el texto aprobado durante una sesión del Pleno realizada el 4 de setiembre de 2025, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú. Con ello, se dispuso su publicación y cumplimiento obligatorio.

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Si bien la medida ha sido saludada por los gremios del magisterio como un avance en materia de justicia social, también ha generado cuestionamientos desde algunos sectores, que advierten sobre el impacto fiscal que implicaría el aumento de pensiones y la necesidad de asegurar su sostenibilidad en el tiempo. No obstante, con la ley ya aprobada, queda establecido el marco legal que garantiza el pago de esta pensión para los maestros jubilados y cesantes del país.

El acceso no fue inmediato. Detrás hay un proceso sanitario riguroso liderado por la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA), que incluyó auditorías a plantas peruanas y una revisión completa del sistema sanitario del país. El resultado: luz verde para una industria que logra así validar sus estándares a nivel internacional.

El anuncio se formalizó en Lima durante la visita de la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, quien confirmó la apertura del mercado, reforzando además la relación comercial entre ambos países.

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Una oportunidad que llega al campo

El impacto de esta apertura alcanza directamente a productores y empresas del sector pecuario. Tras años de adecuaciones sanitarias y controles cada vez más exigentes, el sector logra hoy validar su trabajo con el acceso a un mercado internacional altamente competitivo.

En un contexto donde el sector busca diversificar mercados y reducir la dependencia de destinos tradicionales, Singapur aparece como una plaza estratégica. No solo por su capacidad de consumo, sino porque depende casi totalmente de las importaciones para abastecer su demanda de alimentos.

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El factor sanitario, clave

En este caso, el respaldo técnico ha sido determinante, debido a que Perú mantiene su condición de país libre de influenza aviar y cuenta con 13 regiones certificadas como libres de peste porcina clásica, garantías que pesan al momento de negociar con mercados exigentes.

Estos estándares, además, llegan en un momento en que los sectores avícola y porcino buscan consolidar su recuperación tras los desafíos sanitarios globales de los últimos años.

Más que un punto de llegada, Singapur se perfila como una plataforma estratégica. El ingreso a este mercado puede allanar el camino para nuevas negociaciones con destinos clave como China y Japón, donde la demanda de proteína animal continúa en expansión.

El CIP sostiene que el tráfico ha dejado de ser una simple molestia cotidiana para convertirse en un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social del país. Entre sus efectos destacan el aumento de los costos logísticos, la menor eficiencia laboral y la pérdida de competitividad de ciudades como Lima y Arequipa.

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Según el TomTom Traffic Index 2025 —un índice internacional que clasifica la congestión vehicular en distintas ciudades del mundo— un conductor en Lima puede perder entre 120 y 150 horas al año debido a la congestión, lo que impacta directamente en la productividad y eleva los costos operativos en sectores clave como el comercio, los servicios y la logística.

“La congestión impacta directamente en los costos logísticos, la eficiencia laboral y la calidad de vida de millones de ciudadanos, porque representa una pérdida de tiempo de vida y de oportunidades económicas. Resolverla debe ser una prioridad estratégica para el desarrollo de nuestras ciudades”, señaló el decano nacional del CIP, Jaime Ruiz Béjar, al remarcar la necesidad de que el tema del transporte urbano forme parte central de la agenda del próximo gobierno. 

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Perú fue el segundo país más congestionado de Sudamérica

Este pronunciamiento se da en un contexto respaldado por cifras preocupantes según el mismo ranking internacional, que ubica a Perú como el segundo país más congestionado de Sudamérica, mientras que Lima y Arequipa figuran entre las ciudades con mayores niveles de congestión a nivel mundial. 

En el caso de Lima, el informe indica que la velocidad promedio en hora punta apenas alcanza los 17 kilómetros por hora y que los conductores pueden perder hasta 188 horas al año debido al tráfico. Para el Colegio de Ingenieros del Perú, estas cifras confirman la urgencia de adoptar decisiones técnicas y sostenibles que permitan revertir una problemática que hoy representa un alto costo económico y social para el país. 

Lima: crecimiento acelerado del parque automotor genera mayor colapso

A este problema se suma el crecimiento acelerado del parque automotor, que en la última década ha superado los 2 millones de vehículos solo en la capital, sin que la infraestructura vial y el sistema de transporte público hayan avanzado al mismo ritmo. Desde el Colegio de Ingenieros advierten que este desbalance ha generado un sistema de transporte desarticulado y cercano al colapso. 

“El crecimiento del parque automotor, sumado a una infraestructura vial que no ha avanzado de forma proporcional, ha provocado una saturación del sistema. A ello se añade la falta de integración entre los distintos modos de transporte y la ausencia de políticas sostenidas en el tiempo”, advirtió el gremio en su pronunciamiento. 

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El CIP subrayó que la congestión vehicular no es un fenómeno exclusivo del Perú. A nivel regional y global, grandes urbes como Ciudad de México y Bogotá registran niveles similares o incluso mayores de saturación, con conductores que pueden perder hasta 180 horas al año en el tráfico. Sin embargo, el gremio señaló que en el caso peruano la situación se ve agravada por problemas estructurales adicionales. 

Entre ellos destacan la deficiente planificación urbana, la expansión desordenada de las ciudades y un transporte público aún insuficiente para atender la demanda de la población. Esta combinación, señalaron, eleva los costos de movilización de personas y mercancías, reduce la competitividad económica y afecta de manera directa la calidad de vida de millones de ciudadanos. 

En ese sentido, el Colegio de Ingenieros del Perú consideró que el actual contexto electoral representa una oportunidad clave para colocar el problema del tráfico en el centro del debate público y exigir compromisos claros a quienes asumirán la conducción del país en los próximos años. 

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“El tráfico y la movilidad urbana no pueden seguir siendo abordados con medidas aisladas o de corto plazo. Se requiere una estrategia técnica de largo aliento, basada en planificación, integración del transporte, fortalecimiento del transporte público y ejecución de proyectos sostenibles”, sostuvo el decano Jaime Ruiz Béjar. 

Finalmente, el gremio hizo un llamado a las próximas autoridades a entender que resolver la crisis del tráfico no es solo un tema de transporte, sino una condición fundamental para impulsar el desarrollo económico, reducir brechas sociales y mejorar la calidad de vida en las ciudades. “Postergar las soluciones solo incrementa los costos para el país. Atender este problema debe ser una prioridad estratégica para el futuro”, concluyó. 

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Esta decisión permitirá a la administración tributaria contar con mayor tiempo para poner a prueba el sistema, realizar ajustes y reducir posibles errores en la asignación de las calificaciones. Para los contribuyentes, la medida también resulta favorable, ya que durante esta fase preliminar podrán conocer cómo están siendo evaluados y entender qué aspectos deben mejorar para optimizar su calificación, sin que aún se les apliquen plenamente las restricciones previstas por la normativa.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 055-2026-EF, el cual amplía hasta abril de 2027 la etapa inicial del mecanismo. Una vez que el sistema entre en vigencia, las empresas serán clasificadas según su nivel de cumplimiento tributario, lo que permitirá aplicar beneficios o restricciones en función de los resultados obtenidos.

El objetivo de la norma es perfeccionar y ajustar la metodología del perfil antes de que la herramienta genere efectos legales y prácticos para los contribuyentes que perciben rentas de tercera categoría, es decir, las personas naturales y jurídicas que realizan actividades empresariales.

Más tiempo para afinar el perfil de cumplimiento tributario

El Perfil de Cumplimiento Tributario es un instrumento mediante el cual la Sunat clasificará inicialmente a los contribuyentes de tercera categoría en cinco niveles, que van desde la categoría A hasta la E, de acuerdo con su comportamiento frente a sus obligaciones fiscales.

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Según explicó Sofía Chirinos, abogada de Editorial Economía y Finanzas (EEF) a este diario, la ampliación del período de prueba busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. “Quienes tienen una calificación baja deben enfrentar mayores controles o restricciones, mientras que aquellos con una buena calificación pueden acceder a mayores facilidades”, precisó.

Para determinar esta clasificación, la Sunat evaluará diversos factores, entre ellos el historial de cumplimiento, la existencia de deudas en cobranza coactiva y la vinculación con otros contribuyentes de bajo nivel de cumplimiento.

Beneficios y restricciones según el nivel de cumplimiento

Si bien las calificaciones actuales tienen un carácter meramente informativo y todavía no generan efectos jurídicos, Chirinos advirtió que sí constituyen un indicador que podría ser considerado en una etapa posterior, cuando el sistema tenga efectos definitivos.

Asimismo, recordó que diversas normas ya contemplan consecuencias concretas asociadas al nivel de calificación que obtenga cada contribuyente una vez que el esquema entre en vigencia. Entre ellas se encuentran restricciones para cambiar el domicilio fiscal sin autorización previa de la Sunat, un mayor control sobre las declaraciones rectificatorias, la posibilidad de aplicar medidas cautelares anticipadas, plazos más extensos para devoluciones tributarias y un tratamiento más estricto en el régimen de detracciones.

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En contraste, las empresas que alcancen altos niveles de cumplimiento podrán acceder a determinados beneficios operativos y tributarios. De este modo, la Sunat gana tiempo adicional para afinar una herramienta que, una vez activada, tendrá un impacto directo en las obligaciones, beneficios y restricciones aplicables a las empresas.

La calificación podrá ser revisada

Otro aspecto relevante es que la calificación definitiva que asigne la Sunat no será inmutable. Esta podrá ser revisada, y el contribuyente tendrá la posibilidad de presentar sus descargos si considera que la evaluación no refleja adecuadamente su situación tributaria.

“Existirán mecanismos de defensa para cuestionar o solicitar la revisión de una calificación que se considere errónea. No obstante, la recomendación principal es adoptar una conducta preventiva, manteniendo un adecuado orden en la gestión tributaria y monitoreando de forma permanente la situación fiscal de la empresa, a fin de evitar contingencias antes de llegar a una instancia de revisión”, sostuvo la especialista.

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Sunat: claves para mejorar el perfil de cumplimiento tributario

Finalmente, la abogada Sofía Chirinos recomendó a las empresas adoptar una gestión tributaria ordenada y preventiva, cumpliendo oportunamente con sus declaraciones y pagos, controlando su nivel de endeudamiento y evitando contingencias como reparos recurrentes o inconsistencias ante la Sunat. Asimismo, aconsejó corregir errores de manera oportuna, monitorear permanentemente las calificaciones de prueba (que anticipan el perfil definitivo) y revisar la vinculación con proveedores y socios, considerando que estos perfiles serán públicos y servirán también para evaluar con quiénes hacer negocios.

El caso se originó tras una denuncia presentada en abril de 2024 por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, que acusó a Nexlot de inducir a error a los consumidores respecto a aspectos esenciales del servicio ofrecido. Entre ellos, la verdadera naturaleza del producto, la supuesta exclusividad territorial para participar y la novedad del pozo millonario anunciado.

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Indecopi detecta información engañosa sobre la naturaleza del servicio

Durante la evaluación del procedimiento, el Indecopi comprobó que Nexlot promocionaba “Torito Mega Millions” como si se tratara de una lotería peruana con un pozo propio. Sin embargo, la empresa no realizaba directamente el sorteo, sino que gestionaba la compra de boletos para que los usuarios participaran en la lotería internacional “Mega Millions”, cuyos sorteos y entrega de premios se realizan en Estados Unidos.

Ante esto, el Tribunal concluyó que esta información era esencial y debía ser comunicada de forma clara y destacada, ya que su omisión generó una percepción errónea entre los consumidores sobre el servicio realmente contratado.

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Otro elemento determinante fue que, pese a que Nexlot afirmaba que la lotería solo podía jugarse dentro del territorio peruano, se constató que personas ubicadas en el extranjero, por ejemplo en California (Estados Unidos), también pudieron participar e incluso resultar ganadoras.

Esta situación contradijo lo establecido en los términos y condiciones difundidos por la empresa y reforzó la conclusión del Indecopi sobre la existencia de actos de engaño al consumidor.

Publicidad sobre “pozo nunca antes visto” fue considerada falsa

El Indecopi también analizó la publicidad difundida en medios, donde Nexlot afirmaba que el pozo ofrecido era “algo nunca antes visto en Perú”. Según el Tribunal, dicha afirmación no era veraz, ya que desde al menos el año 2021 existían otros operadores, como TheLotter, que ya permitían adquirir desde el Perú boletos para la misma lotería internacional con pozos millonarios.

Esta afirmación generó una percepción equivocada sobre la supuesta novedad del producto en el mercado peruano, configurando otro acto de publicidad engañosa.

En cuanto a la diferencia entre el capital social declarado por Nexlot y el monto del pozo promocionado, el Tribunal descartó que ello constituya, por sí solo, un acto de engaño. El Indecopi precisó que el capital social representa únicamente las aportaciones de los socios y no necesariamente refleja el patrimonio total disponible para el pago de premios, los cuales pueden estar respaldados mediante otros mecanismos como seguros, fondos acumulados u otros instrumentos financieros.

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Fundamento legal: Ley de Represión de la Competencia Desleal

La resolución se sustenta en el Decreto Legislativo N.º 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, específicamente en su artículo 8, que prohíbe los actos de engaño que induzcan a error a los consumidores sobre las características, condiciones, beneficios o atributos de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado.

Nexlot presentó un recurso de apelación al no estar conforme con la multa impuesta por supuestas prácticas engañosas en su publicidad. No obstante, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia revisó el caso y decidió ratificar la sanción, además de rechazar el pedido de la empresa para realizar una audiencia oral, al considerar que el expediente contenía suficientes elementos para resolver el caso. Al tratarse de una resolución emitida en última instancia administrativa, Nexlot no puede presentar nuevos recursos ante el Indecopi. Si la empresa decide continuar con el reclamo, deberá recurrir a la vía judicial ordinaria.