La decisión del Directorio, anunciada este jueves 12 de noviembre, responde a un escenario en el que coinciden los choques de oferta, el aumento de las expectativas inflacionarias y el dinamismo de la demanda interna. Para el organismo monetario, el encarecimiento de determinados productos ya no puede analizarse únicamente como un episodio transitorio, debido a los riesgos de que algunos factores sigan trasladándose a los precios durante los próximos meses.

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BCRP eleva la tasa de interés tras inflación de 5,25% en Lima

En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57% respecto al mes anterior y acumuló una variación anual de 5,25%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado representa el nivel más elevado desde agosto de 2023, cuando la inflación llegó a 5,58%, y refleja una aceleración que ha vuelto a alejar los precios del objetivo del Banco Central.

El mayor impulso provino de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron 1,62% durante el mes. Entre los incrementos más pronunciados estuvieron el bonito, con 26,90%, y el choclo, con 45,29%, además de productos como la zanahoria, la arveja verde y distintas variedades de papa. El transporte también presionó el indicador, con un avance mensual de 0,77%, asociado al encarecimiento de los combustibles y los pasajes.

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El Niño y los conflictos en Medio Oriente mantienen la presión sobre los precios

El BCRP advierte que los riesgos inflacionarios no se limitan a lo ocurrido en octubre. Entre los factores que podrían prolongar el encarecimiento figuran el Fenómeno El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que ya han tenido efectos sobre los precios internacionales del petróleo y otros productos.

A estas condiciones se suma el aumento de las expectativas de inflación a doce meses, que se mantuvieron en 3,1% en octubre, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. Aunque las expectativas no representan una inflación ya materializada, su evolución importa para la política monetaria porque puede influir en las decisiones de precios de las empresas y en las negociaciones salariales.

Pese a estas presiones, el Banco Central mantiene su proyección de que la inflación general y la que excluye alimentos y energía regresen al rango meta y se sitúen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se disipen los choques de oferta. Sin embargo, reconoce que los efectos de El Niño y del escenario internacional podrían ser más persistentes de lo previsto.

¿Qué significa que el BCRP suba su tasa de interés a 4,50%?

El incremento de la tasa de referencia busca moderar las presiones inflacionarias mediante el encarecimiento progresivo del financiamiento en soles. Cuando el Banco Central eleva este indicador, los bancos pueden trasladar el ajuste a sus tasas de préstamos y depósitos, lo que influye en las decisiones de consumo, ahorro e inversión de hogares y empresas.

Sin embargo, el Directorio precisó que esta decisión no implica necesariamente el inicio de un ciclo de nuevas alzas. La autoridad monetaria seguirá evaluando la inflación subyacente, las expectativas de precios, el desempeño de la economía y la duración de los choques de oferta antes de determinar si necesita modificar nuevamente su posición.

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De hecho, el BCRP señaló que la mayoría de los indicadores adelantados de actividad económica a octubre mantiene un buen desempeño, aunque las expectativas empresariales retrocedieron frente al mes anterior y permanecieron en terreno optimista.

La próxima decisión sobre la tasa de referencia se conocerá el 10 de diciembre, cuando el Directorio del BCRP vuelva a evaluar el comportamiento de la inflación y las condiciones de la economía peruana.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 12 de noviembre

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La iniciativa, presentada por la congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, propone liberar parte de los ahorros previsionales ante los posibles efectos económicos del fenómeno El Niño. Sin embargo, todavía no cuenta con una evaluación técnica ni un dictamen que permita avanzar hacia su discusión legislativa.

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La propuesta, identificada como Proyecto de Ley N.° 00469-2026-2031-CD, ingresó al Parlamento el 1 de octubre y fue derivada a la Comisión de Economía al día siguiente.

Noveno retiro de AFP: proyecto propone entregar hasta S/22.000 en cuatro armadas

El texto legislativo plantea un retiro voluntario de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/22.000. El dinero se entregaría en cuatro desembolsos de hasta S/5.500 cada uno, con intervalos de 30 días calendario entre pagos.

Los afiliados tendrían un plazo de 90 días para presentar sus solicitudes, ya sea de manera presencial o virtual, ante sus respectivas administradoras de fondos de pensiones.

Además, podrían desistir del retiro por única vez, siempre que comuniquen su decisión a la AFP con al menos 10 días calendario de anticipación a la fecha del siguiente desembolso.

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La propuesta justifica esta medida en la necesidad de brindar liquidez a los hogares frente a los posibles daños que ocasionaría El Niño. Entre los gastos considerados figuran la protección de viviendas, la reparación de techos y el reforzamiento de estructuras ante lluvias intensas o periodos de sequía.

MEF cuestiona nuevo retiro por impacto en las pensiones

La propuesta también enfrenta reparos desde el ámbito económico. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expresó su rechazo al considerar que estos desembolsos

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reducen los recursos disponibles para financiar las jubilaciones. "Es quitarle pensiones a la poca gente que va a tener pensiones", sostuvo en una entrevista.

El titular del MEF también advirtió sobre las posibles consecuencias en la liquidez del sistema y en el financiamiento de créditos de largo plazo. Su preocupación apunta a que las AFP podrían necesitar vender parte de sus inversiones para atender los retiros solicitados por los afiliados.

¿Qué falta para que el noveno retiro de AFP se debata en el Congreso?

El proyecto todavía debe recibir las opiniones de las entidades consultadas y pasar por la evaluación de la Comisión de Economía. El 13 de octubre, este grupo de trabajo solicitó informes técnicos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCRP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Ministerio de Justicia y Cenepred.

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El plazo inicial de 15 días otorgado para remitir estas respuestas ya había transcurrido al 9 de noviembre, sin que la iniciativa registrara avances hacia su debate. Tampoco se había anunciado una fecha para su sustentación o votación.

Si obtiene un dictamen favorable, la propuesta deberá continuar el trámite legislativo correspondiente en las cámaras de Diputados y Senadores. Solo después de superar esas instancias podrá llegar al Poder Ejecutivo, que tendrá la facultad de promulgarla u observarla.

Tratamiento de la psoriasis puede superar los S/60.000 al año

El gasto que representa la enfermedad depende de su nivel de gravedad y de las alternativas terapéuticas que requiere cada paciente. En los casos leves atendidos en establecimientos públicos, los costos asociados pueden bordear los S/960 anuales; sin embargo, cuando la psoriasis alcanza niveles moderados o graves, el manejo médico puede incluir procedimientos especializados y medicamentos de mayor precio.

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La diferencia se hace más evidente entre quienes necesitan terapias biológicas, cuyos costos pueden superar los S/60.000 al año en el sector privado. A este desembolso se agregan los controles médicos y otros procedimientos, como la fototerapia, por lo que el tratamiento puede convertirse en una carga sostenida para los hogares que deben financiarlo con sus propios recursos.

Psoriasis puede reducir hasta 29,4% la productividad laboral

El gasto médico es solo una parte del impacto económico, ya que la enfermedad también puede afectar la capacidad de los pacientes para desenvolverse en sus centros de trabajo. Un estudio publicado en British Journal of Dermatology encontró que la pérdida promedio de productividad laboral alcanza el 10,1% en personas con psoriasis leve, sube al 18,9% en los casos moderados y llega al 29,4% cuando la enfermedad es grave.

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Estas limitaciones pueden reflejarse en ausencias, dificultades para cumplir las jornadas y menores oportunidades de crecimiento profesional. De hecho, según Acción Psoriasis, asociación de pacientes y familiares de personas con psoriasis y artritis psoriásica, uno de cada diez pacientes afirma haber tenido que abandonar su empleo o haber sido despedido debido a la enfermedad, una situación que añade la pérdida de ingresos a los gastos que ya supone su atención.

El deterioro también puede alcanzar la salud emocional. Una investigación de Kimball y otros autores, publicada en 2010 en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, señala que el 10% de las personas con psoriasis presenta pensamientos suicidas, lo que evidencia que sus consecuencias pueden extenderse mucho más allá de las manifestaciones visibles y comprometer distintos ámbitos de la vida cotidiana.

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Nuevos tratamientos para la psoriasis amplían las alternativas, pero persiste el desafío del acceso

Frente a estos efectos, la industria farmacéutica ha incorporado nuevas alternativas para pacientes con cuadros moderados y graves, entre ellas las terapias biológicas, que actúan sobre componentes específicos del sistema inmunológico relacionados con la inflamación. Su objetivo es controlar la enfermedad en pacientes que necesitan tratamientos sistémicos, es decir, medicamentos que actúan en todo el organismo y no únicamente sobre las lesiones de la piel.

En Perú, Sun Pharma incorporó hace dos años una terapia biológica basada en un inhibidor de IL-23, indicada para adultos con psoriasis en placas moderada a grave que son candidatos a tratamientos sistémicos. Según la pauta aprobada, contempla dos dosis iniciales y luego una aplicación cada tres meses, siempre bajo seguimiento médico.

Claudia Aco, gerente de Marketing de Sun Pharma, sostiene que el objetivo del tratamiento va más allá de controlar las lesiones en la piel. "Controlar la psoriasis no se trata únicamente de mejorar la piel. También significa ayudar a que las personas puedan recuperar actividades, tiempo y oportunidades que la enfermedad puede haber limitado", señala.

Sin embargo, la incorporación de nuevas alternativas no elimina las barreras económicas que afrontan los pacientes. El tratamiento de la psoriasis puede exigir gastos continuos y, al mismo tiempo, las limitaciones que provoca la enfermedad pueden reducir la capacidad de trabajar y generar ingresos. Para quienes no cuentan con cobertura de salud suficiente, ambos factores pueden dificultar aún más el acceso y la continuidad de la atención médica.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que ambas medidas serán presentadas al Congreso mediante proyectos de ley durante el verano de 2027, aunque reconoció que la primera podría no conseguir respaldo parlamentario.

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En una entrevista con Cuarto Poder, el titular del MEF explicó que la reforma tendrá dos frentes. Mientras se buscará reducir los costos que dificultan la contratación formal en las microempresas, también se pretende modificar las restricciones que, a juicio del Gobierno, dificultan la salida de trabajadores con mejores salarios.

Elmer Cuba plantea flexibilizar el despido de trabajadores con mejores sueldos

Cuba sostuvo que la rigidez para despedir no afecta principalmente a quienes se encuentran en la base de la pirámide laboral, sino a los trabajadores formales con mejores remuneraciones. Según explicó, el problema alcanza tanto a quienes están contratados en planilla como a quienes tienen contratos a plazo determinado.

"Esa no afecta a la informalidad. Afecta a los formales arriba, en la pirámide de trabajadores, los más sofisticados, los que ganan mejor del Perú", señaló el ministro al explicar por qué el Ejecutivo también pretende intervenir en las condiciones de salida del empleo.

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El titular del MEF reconoció que esta iniciativa podría encontrar resistencia en el Congreso, pero aseguró que será presentada de todas formas. "Esa posiblemente no pase en el Congreso, pero no vamos a dudar en presentarla", afirmó.

MEF busca reducir aportes a EsSalud y pensiones para formalizar microempresas

El segundo componente de la reforma apunta a las microempresas, donde Cuba estima que la informalidad laboral bordea el 90%. Para este segmento, el Gobierno plantea perfeccionar el régimen laboral vigente sin eliminar beneficios como las vacaciones y los aguinaldos, pero sí modificar los aportes obligatorios a salud y pensiones.

El ministro argumentó que las contribuciones actuales representan una carga elevada para quienes perciben menores salarios y pueden desincentivar su contratación formal.

Como ejemplo, comparó el caso de un trabajador que gana S/10.000 con otro que recibe S/1.200, pese a que ambos están sujetos a porcentajes similares de aportación.

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Incluso mencionó como referencia reducir de 10% a 5% el aporte previsional en los tramos salariales más bajos. La intención, explicó, es que una mayor parte del ingreso quede disponible para el trabajador y que el costo de ingresar a la formalidad sea menor.

El MEF prevé presentar ambas propuestas al Congreso durante el verano de 2027. Hasta entonces, quedan por definir los alcances de los cambios, especialmente en la flexibilización del despido y en el efecto que tendría la reducción de aportes sobre la cobertura de salud y las futuras pensiones de los trabajadores.

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La iniciativa modifica el artículo 35 del Reglamento de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo. En la actualidad, la normativa ya excluye de esta modalidad a quienes cumplen funciones directivas y al personal de confianza. El cambio incorporaría nuevas categorías y ampliaría el alcance de las restricciones.

Cuatro grupos de trabajadores quedarían excluidos del teletrabajo total

El proyecto establece cuatro categorías de puestos que no podrán acogerse al teletrabajo total: quienes realizan funciones directivas, incluidos los que coordinan grupos de servidores; los empleados y servidores de confianza; los puestos de Alta Dirección de las entidades públicas, programas y proyectos; y aquellos que cumplen funciones administrativas indispensables para la prestación del servicio público.

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La principal novedad es la incorporación expresa de los coordinadores de equipos, los puestos de Alta Dirección y el personal administrativo indispensable. En este último caso, el proyecto no detalla qué cargos o actividades estarán comprendidos, por lo que su identificación dependerá de la evaluación de cada entidad pública.

La exposición de motivos considera que determinadas funciones requieren coordinación, supervisión y disponibilidad presencial para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, no establece una relación de los puestos administrativos que deberán cumplir estas condiciones.

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Servir fijaría el máximo de días de teletrabajo parcial

La propuesta también encarga a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) establecer el tiempo máximo permitido para el teletrabajo parcial en las entidades públicas. Esto significa que los servidores que no puedan trabajar completamente a distancia todavía podrían acogerse a un esquema híbrido, dentro de los límites que establezca la entidad competente.

Asimismo, Servir deberá determinar qué servicios u órganos pueden funcionar bajo la modalidad de teletrabajo total, considerando la naturaleza de sus actividades. El proyecto menciona como ejemplos la telemedicina y la teleeducación, cuyos servicios pueden prestarse a distancia.

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Entidades tendrían 60 días para adecuar los contratos de teletrabajo

De aprobarse la modificación, las entidades públicas tendrían 60 días calendario, contados desde la entrada en vigencia del decreto supremo, para adecuar las relaciones y contratos de trabajo sujetos al teletrabajo.

Durante ese periodo deberán revisar qué servidores están comprendidos en las nuevas categorías y modificar las condiciones de trabajo que correspondan. Quienes queden excluidos del teletrabajo total tendrían que pasar a un esquema presencial o parcial.

Otro cambio propuesto es la prohibición de realizar teletrabajo desde fuera del territorio nacional, salvo los supuestos contemplados en normas especiales. La exposición de motivos señala que la medida responde a dificultades de supervisión y control de los trabajadores que realizan sus labores desde el extranjero.

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MTPE recibirá comentarios sobre el proyecto hasta el 26 de noviembre

La propuesta fue publicada el 11 de noviembre mediante la Resolución Ministerial N.° 352-2026-TR. El MTPE abrió un periodo de consulta pública de 15 días calendario para recibir observaciones de trabajadores, empleadores, entidades públicas y ciudadanos.

Los comentarios podrán enviarse a la Dirección de Normativa de Trabajo mediante la mesa de partes presencial o digital del ministerio, así como al correo electrónico señalado en la resolución.

El plazo de consulta permitirá recoger observaciones antes de que el MTPE defina el texto que podría aprobarse. Mientras tanto, las restricciones planteadas todavía no modifican las condiciones de teletrabajo vigentes para los servidores públicos.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 11 de noviembre

BCP

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"El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", afirmó en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, durante su viaje apostólico por Sudamérica.

El mensaje estuvo dirigido a los distintos actores del mundo laboral y abordó el papel de las empresas, la responsabilidad de los empresarios, la protección de los trabajadores y los desafíos que enfrenta el empleo ante los cambios tecnológicos.

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León XIV cuestiona que las ganancias sean el único criterio empresarial

El pontífice reconoció que los empresarios cumplen un papel en la creación de puestos de trabajo y riqueza, debido a que destinan su capital a desarrollar actividades económicas y asumen los riesgos que implica invertir. Sin embargo, advirtió que esa responsabilidad no debe quedar subordinada exclusivamente a la búsqueda de beneficios financieros.

"La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión", señaló.

En esa línea, pidió a los empresarios impulsar una inversión ética que considere tanto la sostenibilidad ambiental como la dignidad de los trabajadores. Sostuvo que los resultados financieros también deben evaluarse por su contribución al bien común, de modo que la actividad empresarial no se limite a generar ganancias, sino que favorezca el desarrollo de la sociedad.

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Desempleo afecta la dignidad y excluye a las personas

León XIV advirtió que la falta de trabajo no representa únicamente la pérdida de ingresos para una persona y su familia. También limita su capacidad de contribuir a la sociedad y puede conducirla a situaciones de exclusión social.

El papa vinculó esta situación con la necesidad de equilibrar los principios económicos, la visión de los empresarios y las necesidades de los trabajadores y sus familias. Para ello, recordó que el trabajo no constituye solamente un medio para obtener ingresos, sino también una dimensión fundamental del desarrollo personal y de las relaciones sociales.

Asimismo, planteó que los sindicatos deben ampliar su labor de representación hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal. Consideró que estas organizaciones cumplen una función importante en la defensa de condiciones laborales dignas y en la cooperación entre trabajadores y empresas.

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Inteligencia artificial y automatización amenazan puestos de trabajo

Otro de los puntos abordados por León XIV fue el efecto de las nuevas tecnologías sobre el mercado laboral. El pontífice advirtió que la inteligencia artificial y la automatización sin regulación pueden poner en riesgo numerosos puestos de trabajo y convertirse en una amenaza para el desarrollo humano integral.

"La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador", afirmó.

Ante estos cambios, pidió que las autoridades públicas vigilen que los avances tecnológicos no terminen profundizando la exclusión laboral. También sostuvo que el acceso al trabajo para toda la población debe mantenerse como una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos.

En ese sentido, defendió el compromiso de los Gobiernos con políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social, así como una distribución más justa de las oportunidades. El pontífice planteó que la economía, el mercado y el Estado deben contribuir a ese objetivo bajo un marco ético.

La situación es más preocupante en una de las intervenciones prioritarias antes de la temporada de lluvias: la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas. Aunque estas acciones cuentan con recursos asignados y el 87% ya se encuentra certificado, el gasto efectivo apenas alcanza el 8,9%, pese a que han transcurrido más de 50 días desde las transferencias.

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José Miguel Flórez, gerente general de Os, señaló a La República que el país vuelve a enfrentar un problema que se repite desde anteriores episodios del fenómeno climático: se anuncian planes y presupuestos millonarios, pero las intervenciones no llegan a ejecutarse oportunamente. A su juicio, el panorama es complicado porque no se han concretado las obras preventivas que debieron quedar listas después de las emergencias anteriores.

Gobierno concentra el 100% de las transferencias para el FEN realizadas por decreto

El gerente general de Os reconoció que la actual administración recibió una emergencia cuya solución requiere intervenciones que difícilmente podían ejecutarse en apenas sus primeros meses de gestión. Sin embargo, sostuvo que esa circunstancia no elimina la responsabilidad de avanzar con los recursos disponibles. "Lo poco que ha podido hacer, tampoco lo está haciendo. Está ejecutando muy poco", cuestionó.

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Otro aspecto que revela el seguimiento de Os es que el monto transferido mediante decretos se concentró íntegramente en el Gobierno nacional. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego recibió S/1.056,7 millones, el 42% del total; Defensa, S/412,7 millones; Educación, S/376,4 millones; y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), S/375 millones. Los gobiernos regionales y las municipalidades no recibieron recursos de estas transferencias.

Por otra parte, Os identificó S/583 millones en los presupuestos institucionales de las entidades de los tres niveles de gobierno para financiar actividades relacionadas con el Fenómeno El Niño. Este monto, que corresponde a una fuente presupuestal distinta de las transferencias por decreto, registraba una ejecución global de 15,5%. El Gobierno nacional concentraba el 92% de esos recursos y había gastado el 11%; los gobiernos regionales disponían del 7% y ejecutaron el 60%; mientras que las municipalidades contaban con el 1% y ya habían utilizado el 96% de sus asignaciones. Flórez destacó este último resultado frente a los cuestionamientos habituales sobre la capacidad de gasto de los municipios. 

Limpieza de ríos y quebradas registra apenas 8,9% de ejecución

La baja ejecución adquiere mayor relevancia en las intervenciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones y desbordes. Según el seguimiento de Os, la limpieza de cauces registra un avance de gasto de apenas 8,9%, pese a que el 87% de los recursos correspondientes ya se encontraba certificado.

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Para Flórez, este retraso resulta especialmente preocupante porque se trata de trabajos que deben realizarse antes de que se intensifiquen las lluvias. El especialista señaló que el país cuenta con antecedentes de intervenciones que fueron planificadas y presupuestadas, pero que no llegaron a concretarse en los plazos previstos.

A ello se suma la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de infraestructura. El análisis del observatorio identificó 2.450 inversiones de prevención aprobadas en distritos declarados en emergencia, cuyo monto conjunto asciende a S/25.500 millones. Esta cifra permite dimensionar la magnitud de las intervenciones pendientes frente a los recursos que se han transferido para la actual emergencia.

El problema tampoco se limita al presupuesto distribuido mediante decretos. La Ley 32744 aprobó un crédito suplementario de S/8.228 millones, que fue presentado dentro del contexto de la atención del Fenómeno El Niño. No obstante, la revisión de sus anexos realizada por Os encontró que solo S/589 millones, equivalentes al 7,2%, tienen un destino claramente vinculado al fenómeno climático.

Otros S/517 millones podrían tener relación con la emergencia, pero están mezclados con finalidades distintas y no pueden identificarse exclusivamente como recursos para El Niño. En tanto, S/6.474 millones, cerca del 79% del crédito, corresponden a otros fines, entre ellos partidas para la Fuerza Aérea, pensiones y la Línea 2 del Metro de Lima. Por ello, el monto total del crédito suplementario no puede considerarse íntegramente como presupuesto destinado a la prevención.

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Seis obras acumulan S/2.724 millones; solo el 7,5% se ejecutó desde agosto

El observatorio también revisó la ejecución financiera de seis obras de prevención vinculadas con las zonas mencionadas por el Gobierno, entre ellas intervenciones en Cañete, Chincha, Pisco y los trabajos en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, además del río Moche. En conjunto, estas obras acumularon S/2.724 millones de gasto desde 2017 hasta noviembre de 2026.

Sin embargo, solo S/204 millones se ejecutaron entre agosto y noviembre de este año, periodo correspondiente a la actual administración. Esto representa el 7,5% del gasto acumulado en las obras analizadas. La mayor parte de ese desembolso reciente corresponde a las intervenciones en San Ildefonso, San Carlos y el río Moche, que concentran S/197 millones.

El análisis no cuestiona que el Gobierno inaugure o presente obras que contribuyen a reducir la vulnerabilidad ante las lluvias, sino que advierte que los proyectos rastreados fueron financiados y ejecutados principalmente durante administraciones anteriores. Por tanto, esos trabajos no pueden atribuirse íntegramente a la inversión de los últimos tres meses.

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Reconstrucción con Cambios ejecutó solo el 37,4% de su plan en cuatro años

La falta de ejecución oportuna tampoco es nueva. Flórez recordó que, después del Fenómeno El Niño Costero de 2017, el plan de Reconstrucción con Cambios contempló S/25.655 millones para atender los daños y desarrollar infraestructura. Sin embargo, cuatro años después, en 2021, solo se había ejecutado el 37,4% de ese presupuesto, según cifras de la Contraloría.

El representante de Os sostuvo que las demoras se repiten pese a que el país ha atravesado varias emergencias climáticas y ha contado con recursos destinados a reducir sus efectos. Como ejemplo, mencionó los sistemas de drenaje pluvial previstos para Trujillo, Chiclayo y Paita, cuyos proyectos fueron anunciados después de la emergencia de 2017 y continúan pendientes, con horizontes de ejecución que se han postergado.

La misma dificultad se observó durante el episodio de El Niño de 2023. En octubre de ese año, la Contraloría reportó que se había ejecutado el 19,2% de los S/4.116 millones considerados para la emergencia. Al cierre del año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registró S/3.113 millones de gasto, aunque no existe un porcentaje oficial de ejecución final comparable debido a los cambios que tuvo el presupuesto de referencia durante ese periodo.

Para Flórez, el país vuelve a enfrentar las consecuencias de no haber aprendido de esas experiencias. "De manera reiterada se hacen planes enormes, con brechas de miles de millones, sin embargo, no se ejecutan", advirtió.

El gerente general de Os consideró que la responsabilidad por la falta de prevención no corresponde únicamente al Gobierno que enfrenta la emergencia actual, aunque reconoció que la administración tiene que responder por los recursos que recibió y por las acciones que todavía puede ejecutar.