La necesidad de ampliar los servicios de cuidado podría aumentar con el envejecimiento de la población. Las personas de 60 años o más representaban el 14,8% de la población peruana en 2025 y llegarían al 24,1% en 2050, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) citados en el estudio de la OIT.

El informe Los cuidados en el Perú: mapa de la oferta pública y perfil de las personas que cuidan identificó 12 programas vinculados a esta actividad, gestionados por distintas entidades y niveles de gobierno. Sin embargo, solo siete brindan cuidados directos y cuatro de ellos se dirigen exclusivamente a la primera infancia. La OIT advierte que la oferta está fragmentada y carece de una instancia que articule los servicios.

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El estudio también identificó a 29.826 personas cuidadoras en los servicios públicos analizados, de las cuales 29.105 participan en programas dirigidos a la primera infancia. Nueve de cada diez realizan estas labores bajo modalidades de voluntariado, sin vínculo laboral ni pensión, y el 88% son mujeres. La OIT plantea reconocer y profesionalizar estas actividades, además de mejorar las condiciones de quienes sostienen los servicios.

Rocío Valencia, coordinadora del Proyecto Abriendo Puertas de la organización, señaló a La República que la información recopilada mediante solicitudes de acceso a la información pública presenta limitaciones para conocer la distribución territorial de los servicios y las condiciones de quienes trabajan en ellos.

La representante planteó avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados que coordine los programas existentes, permita identificar las necesidades de cada región y promueva la formación y protección social de las personas cuidadoras. Según la OIT, las iniciativas para crear este sistema fueron archivadas en julio de 2026 y el país todavía no cuenta con uno.

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El cuidado no remunerado y la brecha entre mujeres y hombres

Entre 2010 y 2024, la diferencia diaria entre el tiempo que mujeres y hombres destinan al cuidado no remunerado pasó de una hora y cuatro minutos a una hora y 45 minutos. La brecha aumentó pese a que las mujeres también incrementaron sus horas de trabajo remunerado.

En los hogares con niñas y niños menores de tres años, las mujeres dedican seis horas y seis minutos diarios al cuidado no remunerado, casi el triple que los hombres, quienes destinan dos horas y 12 minutos. Además, ellas registran una jornada remunerada de seis horas y 37 minutos, frente a las nueve horas y 12 minutos de los hombres.

La distribución desigual también se observa entre las personas que necesitan apoyo para sus propias actividades cotidianas. Según el estudio de la OIT, el 72,8% de las personas de 70 años o más realiza labores domésticas o de cuidado no remuneradas. Entre las personas con discapacidad, las mujeres destinan cinco horas y 37 minutos diarios a estas tareas, frente a dos horas y 37 minutos de los hombres.

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Para Valencia, esta distribución evidencia que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha estado acompañada de una reducción equivalente de sus responsabilidades domésticas. La OIT propone repartir las tareas entre mujeres y hombres, los hogares, el Estado, las empresas y las comunidades.

Personas con discapacidad también asumen tareas de cuidado

La presidenta de la Asociación Luchando Contra Viento y Marea, Bárbara Ventura, advirtió que las personas con discapacidad también cuidan a sus familiares, pero necesitan apoyos para desarrollar estas actividades sin comprometer su autonomía.

Ventura señaló en una entrevista con este medio que, en su caso, requiere asistencia personal para actividades cotidianas como levantarse, cambiarse y bañarse. Por ello, pidió impulsar un Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos con presupuesto público, mejores condiciones para quienes cuidan y servicios como centros de día y de respiro para las familias.

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La dirigente también destacó la importancia de formar asistentes personales y capacitar a los familiares que realizan cuidados sin remuneración. Sostuvo que las propias personas con discapacidad deben participar en el diseño de las políticas que las involucran.

La formación de personas cuidadoras presenta, además, una brecha específica. Valencia explicó que la OIT desarrolla instrumentos para certificar competencias laborales y formar a trabajadoras del hogar y personas dedicadas al cuidado de niñas, niños y adultos mayores. Sin embargo, señaló que el proyecto todavía no ha desarrollado esos instrumentos para quienes atienden a personas con discapacidad.

La campaña «Todo funciona porque alguien cuida», presentada por la OIT en la antesala del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, busca visibilizar el aporte económico y social de estas labores y promover una distribución más equitativa de las responsabilidades.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sustentó la iniciativa ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Según explicó, el Ejecutivo busca dejar atrás los mecanismos temporales y establecer reglas permanentes para el sector, con el objetivo de que sus operadores puedan integrarse a las cadenas formales de producción y comercialización.

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Ley MAPE plantea mecanismos para acceder a concesiones mineras extinguidas

Entre los problemas que arrastra la formalización minera hay uno que la simple inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no resuelve, contar con un área donde trabajar. La iniciativa intenta atender una parte de esa dificultad con una salida para los casos en que las zonas declaradas por los mineros en proceso de formalización coinciden con derechos mineros extinguidos. En esos supuestos, el proyecto plantea reservar temporalmente ciertas áreas y establecer un derecho de preferencia, siempre bajo las condiciones que fije la norma.

Cabe recordar lo que exige la formalización, ya que no basta con estar en el registro. El operador debe acreditar que puede desarrollar su actividad en el área que declaró y cumplir con las exigencias administrativas y ambientales. Y si trabaja sobre la concesión de un tercero, muchas veces necesita además un contrato de explotación con el titular, un acuerdo que no depende solo de él.

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Por eso, acceder a derechos mineros extinguidos podría abrir una alternativa en ciertos casos. Esto no significa que cualquier área quede libre ni que un inscrito pueda quedarse con una concesión de manera automática. El alcance final va a depender de los requisitos que se establezcan, de la situación particular de cada derecho minero y de cómo se resuelvan las solicitudes cuando varias coincidan sobre una misma zona.

Contratos de explotación: incentivos para los dueños de concesiones

El proyecto también busca facilitar los acuerdos entre pequeños mineros y titulares de concesiones vigentes. Para ello, plantea beneficios a quienes suscriban contratos de explotación por un periodo mínimo de tres años.

Según explicó Shinno, los titulares que celebren estos convenios podrían pagar el derecho de vigencia con la tarifa correspondiente a los pequeños productores mineros y quedar exentos de determinadas penalidades en el área comprendida en el acuerdo.

Este punto concentró parte de las observaciones formuladas durante el debate de la iniciativa. La discusión giró en torno a qué garantías existen para que los contratos se concreten y si el Estado debería contar con mecanismos adicionales para facilitar el acceso a concesiones sin actividad.

La propuesta también delimita las responsabilidades ambientales según exista o no un contrato vigente. Cuando hay un acuerdo, el operador respondería por las infracciones derivadas de su propia actividad. Si no existe contrato, el titular de la concesión podría asumir responsabilidad solidaria si la autoridad acredita su participación en los hechos. Este requisito fue cuestionado durante la sesión por las dificultades que podría generar para establecer responsabilidades ante un daño ambiental.

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Formape asumiría permisos ambientales y trazabilidad del mineral

La Ley MAPE plantea crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), una entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas que concentraría buena parte de la operación del sistema: evaluaría los instrumentos de gestión ambiental, autorizaría el inicio o reinicio de operaciones y administraría los sistemas de información y trazabilidad.

Esa trazabilidad, que es el seguimiento del mineral a lo largo de su recorrido, no se limitaría al productor. La idea es registrar el camino completo, desde el origen y el traslado hasta la recepción, el procesamiento y la venta, de modo que también queden dentro del radar los acopiadores, transportistas y comercializadores.

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Además, el proyecto suma una ventanilla única que centralizaría los trámites y una casilla electrónica para comunicarse con los operadores. A eso se agrega la autorización expresa para que el Banco de la Nación ofrezca servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales, una medida con la que se busca incluirlos en el sistema financiero y, al mismo tiempo, seguir el rastro de sus transacciones.

Mientras el Formape no esté en funcionamiento, el Minem se encargará del régimen de consolidación y el Ejecutivo tendrá 120 días para presentar la propuesta que defina cómo se organizará el nuevo organismo y qué funciones tendrá.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 27 de octubre

BCP

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Interbank

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La advertencia figura en el Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 105. El documento recoge proyecciones de lluvias fuertes o muy fuertes en la costa norte, con una probabilidad del 90%. Para Lima, estima en 19% la posibilidad de precipitaciones de una intensidad comparable con las registradas en enero de 1970.

Ante este escenario, CAPECO plantea que la preparación no se limite a las obras de prevención y que también contemple la atención de las familias que pierdan sus viviendas. Su vicepresidente ejecutivo, Guido Valdivia, propuso articular recursos del sector privado para atender emergencias y organizar la reconstrucción.

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CAPECO propone movilizar recursos privados ante las emergencias

El gremio sostiene que las empresas constructoras cuentan con maquinaria pesada, materiales y suministros que podrían utilizarse en las zonas afectadas por inundaciones y huaicos. También propone incorporar a distribuidoras de productos de consumo masivo para facilitar el abastecimiento de alimentos, agua y medicamentos.

La propuesta busca complementar la capacidad de respuesta del Estado con recursos privados. Sin embargo, el informe advierte que varias obras preventivas siguen pendientes, por lo que la coordinación logística no sustituye la necesidad de avanzar en las intervenciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones.

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Viviendas en zonas de riesgo: proponen identificar cuáles deben reubicarse

En materia habitacional, CAPECO propone elaborar un catastro de viviendas vulnerables para distinguir cuáles pueden reconstruirse en el mismo terreno y cuáles requieren trasladar a sus ocupantes. La identificación permitiría determinar las necesidades de las familias antes de que se produzcan los daños.

El gremio también propone identificar viviendas disponibles en proyectos inmobiliarios de las ciudades afectadas. Esa oferta podría servir como alternativa para las familias que no puedan regresar a sus terrenos, aunque su utilización dependerá de la disponibilidad efectiva de inmuebles y de las condiciones para acceder a ellos.

La experiencia del Fenómeno El Niño costero de 2017 es uno de los antecedentes mencionados en el informe. Según CAPECO, después de ese evento se reconstruyeron más de 20.000 unidades habitacionales y siete de cada diez fueron atendidas mediante la modalidad de construcción en sitio propio.

Este antecedente cobra relevancia para definir las alternativas de reconstrucción: recuperar una vivienda en su ubicación original no sería una opción viable en todos los casos, especialmente cuando las condiciones de riesgo obliguen a evaluar una reubicación.

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Obras por Impuestos y bonos para financiar la reconstrucción

Para financiar las intervenciones, el gremio propone recurrir a mecanismos como Obras por Impuestos y desarrollar programas regionales y municipales de vivienda. También plantea canalizar recursos, incluidos los provenientes del canon, hacia bonos de reconstrucción destinados a las familias afectadas.

El informe no presenta estas propuestas como medidas ya ejecutadas, sino como alternativas para organizar la respuesta ante un eventual desastre. Su aplicación requeriría definir los proyectos prioritarios, los recursos disponibles y las condiciones para atender a los hogares que pierdan sus viviendas.

El riesgo también alcanza a la infraestructura y las actividades productivas. Para el verano de 2027, el Cenepred identificó 112 distritos con riesgo muy alto de inundación, donde viven 3,57 millones de personas y se ubican más de un millón de viviendas. En esas zonas también hay 4.631 locales educativos, 638 establecimientos de salud y cerca de 798.000 hectáreas de superficie agrícola expuestas.

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El resultado mensual fue de US$1.493 millones, frente a los US$1.480 millones registrados en agosto de 2025. La diferencia evidencia que el valor exportado aumentó a un ritmo limitado durante ese mes, pese al resultado positivo acumulado hasta el cierre del octavo mes.

La evolución de los próximos meses será determinante para el resultado anual. El Midagri proyecta que las agroexportaciones bordearán los US$15.000 millones en 2026, un monto similar a los US$15.013 millones registrados durante 2025.

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Tres frutas concentran más de US$3.200 millones

Las paltas encabezaron las exportaciones agrarias no tradicionales, con US$1.343 millones entre enero y agosto. Les siguieron los arándanos frescos, con US$1.050 millones, y las uvas frescas, con US$816 millones.

Los tres productos representaron aproximadamente el 42,5% de los US$7.559 millones exportados en la categoría no tradicional. La participación refleja el peso que tiene este grupo de frutas en las ventas agrarias peruanas al exterior.

En cuanto a su evolución, los arándanos registraron un aumento interanual de 47,9%, mientras que las uvas avanzaron 17,6% y las paltas, 8,6%. Las diferencias muestran que el desempeño de los principales productos no fue uniforme durante el periodo.

Otros productos también figuraron entre los principales envíos. El cacao en grano crudo sumó US$277 millones; los mangos frescos, US$264 millones; y los espárragos frescos, US$231 millones. En total, los diez principales productos concentraron el 60,5% de las exportaciones agrarias no tradicionales.

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El café concentra las ventas tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$775 millones entre enero y agosto, un crecimiento de 3,1% respecto al mismo periodo de 2025. El café sin tostar ni descafeinar representó US$702 millones, la mayor parte de esta categoría.

Le siguieron el azúcar refinada, con US$29 millones, y otros azúcares de caña, con US$10,1 millones. De acuerdo con el Midagri, los principales productos de este segmento representaron el 96,7% de los envíos tradicionales.

En agosto, las exportaciones tradicionales alcanzaron US$241,7 millones, un avance interanual de 10,5%. El café aportó US$226,2 millones durante ese mes.

El comportamiento de ambas categorías fue distinto: las exportaciones tradicionales crecieron 3,1% en el acumulado, mientras que las no tradicionales aumentaron 2,2%. En conjunto, estas últimas representaron la mayor parte de las ventas agrarias al exterior.

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Estados Unidos lidera los destinos de exportación

Estados Unidos fue el principal mercado de destino de los productos agrarios peruanos entre enero y agosto. También destacaron Países Bajos, España, Chile, Reino Unido, México, China, Colombia, Ecuador y Canadá.

Los diez principales destinos concentraron el 78,9% del valor exportado durante el periodo. La participación de estos mercados permite dimensionar el peso que tienen en la colocación de la oferta agraria peruana.

Por otro lado, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$3.397 millones hasta agosto, según el Midagri. Este saldo corresponde a la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones incluidas en el indicador, por lo que no debe confundirse con las ganancias de las empresas del sector.

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La meta anual exige un mayor ritmo de exportación

La proyección oficial para 2026 se sitúa cerca del resultado del año pasado, cuando las agroexportaciones alcanzaron US$15.013 millones. Para llegar a los US$15.000 millones previstos, los envíos tendrían que sumar aproximadamente US$6.666 millones entre setiembre y diciembre.

Esto equivale a un promedio mensual de alrededor de US$1.667 millones durante los últimos cuatro meses del año, por encima de los US$1.493 millones exportados en agosto. La comparación permite dimensionar el ritmo requerido, aunque el resultado dependerá de la evolución efectiva de los envíos y de las variaciones propias de cada campaña agrícola.

Con los datos disponibles hasta agosto, las exportaciones agrarias mantienen un crecimiento interanual, pero todavía deben acumular el monto necesario para acercarse a la proyección anual del Midagri.

De acuerdo con el reporte de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), el área promedio de las viviendas vendidas bajó de 66,1 metros cuadrados en los primeros nueve meses de 2025 a 64,3 metros cuadrados en igual periodo de este año. El precio promedio por unidad fue de S/440.565.

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Venta de viviendas en Lima Moderna subió 32% y Lima Este lideró el crecimiento

Lima Moderna concentró el mayor volumen de operaciones, con 9.575 viviendas vendidas, 32% más que entre enero y septiembre de 2025. La zona explicó cerca del 47% del incremento total de las ventas en Lima Metropolitana y Callao.

Lima Este, aunque tiene un mercado más pequeño, registró el mayor avance porcentual: pasó de 536 a 800 unidades, un crecimiento de 49%. También aumentaron las ventas en Lima Centro (23%), Lima Norte (29%), Lima Sur (22%) y Callao (34%).

Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, señaló que el desarrollo inmobiliario no avanza al mismo ritmo en todas las zonas, ya que la disponibilidad de terrenos, los servicios básicos y la planificación urbana condicionan dónde pueden ejecutarse nuevos proyectos. En Lima Centro, por ejemplo, la salida de actividades industriales de algunos ejes ha dejado terrenos de mayor tamaño que pueden destinarse a edificios residenciales.

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Casi la mitad de las viviendas vendidas tiene entre 40 y 60 m²

Los departamentos de entre 40 y 60 m² fueron los más buscados entre enero y septiembre, con el 49,4% de las ventas. Por su parte, las viviendas de dos y tres dormitorios concentraron cerca del 78% de las operaciones.

Los números dejan ver que los compradores quieren sacarle más provecho al espacio. Casi ocho de cada diez departamentos vendidos tienen dos o tres dormitorios, aunque el área promedio de las viviendas se ha ido reduciendo. Es decir, se compra menos metraje, pero sin renunciar a la cantidad de ambientes.

En cuanto a los precios, el reporte indica que el metro cuadrado subió en promedio 2,8% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, lo que refleja el comportamiento general del mercado y no necesariamente cuánto cambió el precio de una misma vivienda.

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Oferta inmobiliaria creció 10%, pero la mayoría de proyectos aún no está lista

La oferta promedio pasó de 53.097 a 58.315 unidades, un aumento de 10%. Al mismo tiempo, la absorción mensual, es decir, la proporción de viviendas disponibles que se vende cada mes, subió de 3,9% a 4,5%. Con ese ritmo, el gremio inmobiliario calcula que el inventario podría agotarse en 20 meses, bastante menos que el promedio histórico de 27 meses de los últimos cinco años.

Aun así, la mayor parte de lo que se ofrece todavía no está terminado. En septiembre, el 54% de la oferta correspondía a proyectos en planos y el 40% a viviendas en construcción. Apenas el 6% estaba lista para entrega inmediata. Ese mismo mes, el 88% de las ventas se hizo en proyectos que seguían en planos o en obra.

Lo que evidencia que muchos compradores se animan a elegir su vivienda antes de verla terminada, confiando en que las obras avanzarán según lo previsto. Para el mercado, la rapidez con la que se vende va de la mano con una oferta cuya entrega todavía depende del ritmo de construcción.

El proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), presentado por el Ejecutivo al Congreso, plantea cerrar esa etapa. No habría nuevos inscritos en el Reinfo, los actuales tendrían 18 meses (del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028) para culminar sus trámites y el procedimiento ordinario sería más sencillo. También se crearía una entidad especializada para centralizar gestiones y reforzar la trazabilidad de los minerales.

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Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, y José De Echave, economista e investigador de CooperAcción, analizaron para La República los alcances y las limitaciones del proyecto. Herrera considera que la iniciativa es “una buena base inicial para iniciar una discusión sobre el tema”, aunque advierte que aprobarla no garantiza que el problema se resuelva. De Echave, por su parte, cuestiona que la propuesta deje de lado factores estructurales que frenan la formalización y sostiene que la política pública debe responder a la dimensión que ha alcanzado la informalidad minera.

La diferencia central entre el Reinfo y el procedimiento ordinario es que el primero permite extraer mientras se tramitan los requisitos, y el segundo exige tener las autorizaciones antes de operar. La excepción buscaba facilitar la transición, pero se prolongó diez años.

Según el exministro, el problema no se explica solo por la conducta de los mineros: los trámites ordinarios también sostuvieron el registro. Los describió como "larguísimos" e "insufribles", con exigencias innecesarias o duplicadas y gestiones repartidas entre varias autoridades. De acuerdo con las cifras que maneja, unas 80.000 personas se inscribieron, cerca de 30.000 habrían ejercido la actividad y poco más de 2.000 completaron el proceso.

La propuesta busca que el mecanismo no vuelva a ser una excepción permanente, y promete simplificar el procedimiento ordinario para que quien quiera formalizarse no dependa de un sistema lento y disperso.

El cambio también busca atacar algo más grave, y es que sirva de cobertura para actividades ilegales. Herrera Descalzi separa a los pequeños mineros informales que quieren regularizarse de quienes operan en zonas prohibidas o usan el registro para mover minerales e insumos. Cerrar el mecanismo sin ofrecer una salida viable dejaría atrapados a quienes sí quieren formalizarse; mantenerlo sin controles terminaría beneficiando a quienes encubren actividades ilícitas.

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FORMAPE y trazabilidad: qué cambiaría para la pequeña minería

El proyecto propone crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Tendría una ventanilla única para centralizar gestiones que hoy pasan por distintas instituciones y facilitar el seguimiento de cada expediente.

La trazabilidad, es decir, seguir el recorrido del mineral desde su origen hasta su destino e identificar a quienes participan en la extracción, el transporte y la comercialización, ocupa un lugar central. Para Herrera Descalzi, el control debe abarcar no solo el punto de extracción, sino también las rutas y las plantas de procesamiento.

Aun así, advierte que la propuesta está en una etapa general, pues marca una orientación, pero falta desarrollar los mecanismos concretos. Y una sola entidad no puede con todo: la fiscalización en carreteras involucra a la Policía y al Ministerio del Interior, y las investigaciones y sanciones requieren a otras autoridades.

Por eso el reto no termina con crear una institución o aprobar una ley. "La capacidad del Estado de poder ejecutar lo que está planteando es lo más difícil de todo", afirmó. La coordinación entre sectores, los recursos y la continuidad de los controles decidirán si la propuesta repite los problemas del Reinfo.

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Ley MAPE deja fuera el problema de las concesiones

Para José de Echave, economista e investigador de CooperAcción, la discusión no puede limitarse a mejorar los trámites. La minería artesanal y de pequeña escala cambió de dimensión, impulsada por la rentabilidad del oro, y la producción se dispersó entre más actores mientras ganaba terreno la actividad informal e ilegal.

Los cuatro principales productores de oro pasaron de concentrar cerca del 80% de la producción en 2005 al 31,1% en 2024, según sus cifras, y buena parte de ese espacio lo ocupan hoy pequeños mineros, informales y operadores abiertamente ilegales.

A su juicio, el proyecto no responde a esa transformación porque se centra en la pequeña minería y la minería artesanal sin abordar la informalidad que las rodea. Además, objeta que se plantee separado de la Ley General de Minería: "Muchos de los cuellos de botella están en la ley general de minería y no van a ser solucionados en una ley MAPE".

Uno de esos cuellos de botella es el acceso a las concesiones, ya que quienes buscan formalizarse suelen depender de la autorización de los titulares para trabajar legalmente en sus territorios. Según el análisis, de los 22 millones de hectáreas concesionadas, unos 3 millones estarían en uso. El investigador propone discutir mecanismos para que parte de las áreas no utilizadas pueda aprovecharse, bajo condiciones, por mineros que quieran formalizarse.

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Presupuesto y fiscalización ponen a prueba la propuesta

Para De Echave, no basta con cambiar las reglas si el Estado no tiene recursos para hacerlas cumplir. Cuestiona que se destinen alrededor de S/14 millones a la formalización de una actividad que, según las estimaciones que cita, mueve unos US$15.000 millones. También advierte que los operativos contra la minería ilegal pierden fuerza cuando disminuyen los efectivos y los recursos: se retira el personal y, al poco tiempo, las operaciones vuelven a instalarse. Por eso, considera necesario diferenciar a quienes buscan formalizarse de quienes trabajan en zonas prohibidas o recurren a la violencia, y mantener el control sobre toda la ruta del mineral, desde su extracción hasta su procesamiento y transporte.

Herrera Descalzi también advierte que la aprobación no garantiza que la ley funcione. Su principal preocupación es que las medidas se cumplan. "La ley MAPE es el dicho, y el hecho es que consiga sus objetivos", sostuvo.

El problema estará en hacer cumplir las nuevas reglas. No basta con vigilar dónde se extrae el mineral; también hay que controlar los camiones que lo transportan y las plantas donde se procesa, algunas de las cuales declaran volúmenes de oro que, según el exministro, merecen especial atención. Esa tarea tampoco depende solo del Ministerio de Energía y Minas. En las carreteras intervienen la Policía y el Ministerio del Interior, mientras que el Poder Judicial también tiene un papel cuando se debe determinar si una operación actúa dentro de la ley.

Para Herrera Descalzi, contar con un marco legal que ordene la actividad sería un primer paso. La prueba vendrá después, cuando se vea si los mineros logran formalizarse y si el Estado consigue impedir que quienes operan al margen de la ley sigan aprovechando las brechas del sistema.

Durante declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sostuvo que aún es pronto para determinar qué medidas laborales podrían aplicarse, pues el impacto de la emergencia climática está por definirse.

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Sueldo mínimo: Gobierno prevé definir un aumento en los primeros meses de 2027

Consultado sobre la posibilidad de que el fenómeno de El Niño afecte los derechos laborales o el sueldo mínimo, Sheput descartó ese escenario y aseguró que la remuneración mínima vigente será respetada.

"Es muy probable que sea durante el primer trimestre o durante los cuatro primeros meses del próximo año", señaló al referirse al momento en que podría definirse el incremento.

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Suspensión perfecta: aún no se contemplan bonos para los trabajadores

Sobre la posibilidad de otorgar un bono a quienes dejen de percibir su remuneración por una suspensión perfecta de labores, Sheput respondió que todavía no existe una medida de ese tipo. Explicó que la magnitud de los efectos del evento climático aún está por determinarse, por lo que consideró prematuro generar expectativas sobre una ayuda económica específica.

La suspensión perfecta permite que se interrumpan temporalmente las obligaciones de trabajar y pagar la remuneración, mientras se mantiene el vínculo laboral. Según explicó el ministro, las empresas pueden recurrir a este mecanismo ante situaciones extremas, bajo las condiciones previstas en la normativa y con fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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Sheput indicó que la autoridad supervisa las solicitudes para verificar si corresponde aplicar la medida. También mencionó que el procedimiento puede contemplar periodos de entre 30 y 90 días, aunque los plazos y requisitos deben contrastarse con la normativa vigente antes de publicar.

Gobierno anuncia recursos para atender los efectos de El Niño

El ministro señaló que el Ejecutivo tiene planes para las zonas que ya registran impactos asociados al evento climático. En ese marco, mencionó bonos por hasta S/2.500 millones e inversiones en infraestructura, dentro de un monto total de S/18.000 millones destinado, según sus declaraciones, a mitigar los efectos.

Por otro lado, al ser consultado sobre un nuevo programa Reactiva Perú, Sheput afirmó que no se había planteado esa posibilidad. Añadió que las decisiones sobre medidas extraordinarias de apoyo económico a las empresas corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas.

La alerta llega cuando los fondos del Bono Familiar Habitacional de Techo Propio, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, están por agotarse. Ambos gremios señalaron que, pese a las gestiones ante las autoridades, todavía no se ha concretado una asignación adicional que permita mantener la entrega de estos beneficios en los próximos días.

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Techo Propio podría quedarse sin fondos para nuevos bonos de vivienda

El Bono Familiar Habitacional permite que las familias accedan a una ayuda económica del Estado para comprar una vivienda. Para quienes no cuentan con suficientes ahorros, este aporte puede marcar la diferencia entre concretar la compra de una casa o seguir postergándola.

Sin una ampliación presupuestal, la entrega de nuevos subsidios podría interrumpirse, dejando a potenciales compradores sin el apoyo que esperaban recibir. La situación también genera incertidumbre entre los proyectos inmobiliarios que dependen de estos beneficios para atender a las familias interesadas en adquirir una vivienda.

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Ahora, la preocupación está en si habrá dinero suficiente para mantener estas asignaciones. Los gremios advierten que la incertidumbre no se limita a los próximos días, sino que también alcanza al presupuesto que el Estado destinará a estos programas en 2027.

Menos subsidios podrían empujar a más familias a zonas de riesgo

Capeco y CODIP también advirtieron que reducir los recursos para vivienda social puede agravar el déficit habitacional, es decir, la falta de viviendas adecuadas para cubrir las necesidades de la población, ya que cuando las familias de menores ingresos no encuentran opciones formales que puedan pagar, aumenta la presión por ocupar terrenos sin servicios básicos o ubicados en zonas expuestas a peligros.

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El riesgo es mayor ante la llegada del fenómeno de El Niño, que puede agravar las condiciones de las familias que viven en zonas expuestas a inundaciones y otros eventos climáticos. Sin opciones de vivienda formal a precios accesibles, muchos hogares podrían terminar ocupando terrenos vulnerables.

Por ello, ambos gremios pidieron al Ejecutivo garantizar la continuidad de los subsidios durante 2026 y al Gobierno y al Congreso revisar los recursos previstos para 2027.

Este nuevo espacio nace con una premisa: conversar sobre tecnología desde los problemas y oportunidades concretas que está generando en empresas y personas. La evolución de las billeteras digitales, la interoperabilidad, los nuevos hábitos de pago, la regulación, la infraestructura tecnológica y el futuro de los servicios financieros serán algunos de los temas que atravesarán la primera temporada. “En GMoney creemos que la evolución de los servicios financieros debe responder a lo que las personas y las empresas necesitan en su día a día. Con GTalks queremos conversar sobre lo que está cambiando en la industria, compartir distintas miradas y acercar estos temas a quienes usan estos servicios. Queremos que más personas entiendan qué está pasando, cómo les afecta y cómo pueden aprovechar las nuevas soluciones para simplificar su vida y tomar mejores decisiones sobre sus finanzas”, explica Iván Schiloff Pedreros, Chief Product Owner de GMoney. 

De la evolución empresarial al futuro de las finanzas

El primer episodio ya se encuentra disponible y tiene como protagonistas a Gustavo Mohme, CEO de GMoney, y Rogelio Llanos, Gerente de TI de la compañía. Bajo el eje “La historia de GMoney”, ambos ejecutivos recorren la evolución de la compañía y analizan cómo fueron cambiando la tecnología, los servicios financieros y las necesidades del mercado durante los últimos años.

La conversación permite también entender cómo una empresa tecnológica debe adaptar su infraestructura a un escenario en el que las operaciones son cada vez más digitales, inmediatas e interconectadas. “La evolución de los servicios financieros nos plantea el desafío de acompañar las nuevas necesidades de los usuarios y, al mismo tiempo, responder a las prioridades del negocio. Esto implica desarrollar soluciones cada vez más ágiles, seguras y escalables, con una mirada integral que permita sostener el crecimiento y adaptarnos a un ecosistema que cambia de manera permanente ”, explica Schiloff.

Los próximos capítulos ampliarán la conversación hacia algunos de los principales temas que atraviesan actualmente al sector, para conversar sobre la evolución de las billeteras digitales, su adopción y los cambios que están generando en la relación de las personas con sus finanzas. Uno de los próximos capítulos contará con Javier Salinas, presidente de la Asociación Fintech del Perú, con quien se abordará el desarrollo del ecosistema fintech peruano, sus oportunidades y los desafíos que enfrenta la industria.

Para los siguientes episodios, la empresa prevé incorporar especialistas y representantes de diferentes ámbitos del ecosistema financiero, tecnológico y regulatorio. La compañía se encuentra coordinando la participación de nuevos invitados, cuyos nombres serán anunciados a medida que avance la temporada.

Aunque el podcast nace desde Perú, muchos de los debates que propone atraviesan actualmente a toda América Latina. La expansión de los pagos digitales, el crecimiento de las fintech, las billeteras, la interoperabilidad y la necesidad de construir infraestructuras financieras más ágiles y seguras forman parte de una transformación regional. Por eso, el proyecto busca también convertirse progresivamente en un espacio para intercambiar experiencias y perspectivas sobre cómo está evolucionando la industria financiera latinoamericana. “Las transformaciones que atraviesa Perú forman parte de una evolución que también se está dando en distintos mercados de América Latina, aunque con particularidades y diferentes ritmos. En este contexto, creemos que compartir experiencias y perspectivas es clave para comprender mejor estos cambios, identificar oportunidades y acompañar de manera estratégica la evolución de la industria en la región ”, finalizó Schiloff.

El podcast completo está disponible en el canal oficial de GMoney en YouTube y en Spotify.

Acerca de GMoney

GMoney es una compañía peruana especializada en tecnología e infraestructura para servicios financieros. A través de sus diferentes soluciones, trabaja en el desarrollo de herramientas que facilitan la digitalización de pagos, transacciones y servicios financieros para empresas y usuarios.

Con una trayectoria de más de 15 años, la compañía participa en la evolución del ecosistema financiero peruano a través de tecnología, infraestructura e innovación, acompañando los nuevos modelos y necesidades que surgen de la transformación digital del sector.

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero de agosto, la producción nacional alcanzó los 66 millones 926.973 gramos finos en los primeros ocho meses del año, frente a los 72 millones 158.475 gramos finos registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia equivale a una reducción de más de 5,2 millones.

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El resultado acumulado se produjo pese a que, en agosto, la extracción de oro llegó a 8 millones 624.174 gramos finos, un incremento de 2,1% respecto de julio. Sin embargo, al comparar ese volumen con agosto del año pasado, se observa una caída de 12,8%, cuando la producción había alcanzado los 9 millones 894.308 gramos finos.

El retroceso de la producción aurífera peruana coincidió con un alza del precio internacional del metal. En agosto de 2026, la cotización promedio del oro alcanzó los US$4.411 por onza troy, un incremento de 31% frente al mismo mes de 2025.

En agosto, los envíos de oro al exterior también aumentaron en volumen. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reportó un crecimiento interanual de 14,1% en las cantidades exportadas, hasta alcanzar un valor de US$3.035 millones, 49,4% más que en agosto de 2025. El resultado muestra que el comportamiento de las exportaciones no siguió la misma trayectoria que la producción minera registrada en el país.

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Yanacocha y Boroo caen mientras tres regiones concentran el oro

Entre las principales compañías auríferas, Minera Boroo Misquichilca registró uno de los retrocesos más pronunciados durante agosto. Su producción llegó a 347.031 gramos finos, una disminución de 50,1% frente al mismo mes de 2025.

Minera Yanacocha, que se mantuvo como el principal productor de oro del país, también redujo sus volúmenes. La compañía alcanzó 1 millón 312.462 gramos finos en agosto, lo que representó una caída interanual de 19,6%.

En el acumulado de enero a agosto, Yanacocha concentró el 16,5% de la producción nacional. Le siguieron Compañía Minera Poderosa, con una participación de 6,8%, y Minera Aurífera Retamas, con 5,1%. En conjunto, estas tres empresas representaron el 28,3% de la extracción aurífera del país.

La extracción de oro también registra una marcada concentración territorial. Entre enero y agosto, La Libertad encabezó la producción nacional con una participación de 25,4%, seguida de Cajamarca, con 25,3%, y Arequipa, con 22,6%. Las tres regiones reunieron el 73,3% del total nacional, de acuerdo con las estadísticas del Minem.

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El retroceso del oro se suma a las caídas de otros metales

La evolución de la producción aurífera se produjo en un mes en el que también retrocedieron otros metales relevantes para la minería peruana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en agosto la producción de cobre disminuyó 5,3% interanual, mientras que la de zinc cayó 28,1% y la de plata retrocedió 10,4%.

En contraste, la producción de hierro aumentó 9,2% y la de molibdeno avanzó 12,5% durante el mismo mes. El desempeño dispar evidencia que la actividad minera no siguió una trayectoria uniforme entre sus principales productos.

El resultado sectorial también se reflejó en el indicador de minería e hidrocarburos, que disminuyó 5,53% en agosto frente al mismo mes de 2025. El subsector minero retrocedió 6,14%, según el INEI.

Para evaluar la evolución de la minería durante el resto del año, será necesario observar si la caída acumulada del oro se mantiene y cómo varían los volúmenes de producción de las principales empresas y regiones en los siguientes reportes oficiales.

En contraste, la extracción de recursos hidrobiológicos destinados a la elaboración de enlatados disminuyó 8,9% en agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior, según el INEI. La caída se produjo en un mes en el que el sector Pesca retrocedió 17,33% interanual, debido a menores desembarques de especies destinadas al consumo humano directo e indirecto.

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Mercado interno crece mientras importaciones se concentran en Tailandia

Entre los primeros nueve meses de 2026, el mercado peruano de conservas de pescado creció 4% en unidades, mientras que su volumen en kilogramos se mantuvo estable, según datos de Kantar. En ese periodo, Florida, marca comercializada por G.W. Yichang, registró un crecimiento superior al 25% en cajas vendidas y alcanzó una participación de 21,6% del mercado en valor, de acuerdo con información de la empresa y Kantar.

El mercado interno también depende del abastecimiento externo. En 2025, los productos pesqueros enlatados representaron el 22% del valor total de las importaciones pesqueras del Perú. Tailandia concentró el 75% del volumen y del valor importado de esta categoría, seguida por Ecuador, según un análisis de Oceana basado en registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Las conservas de atún representaron la mayor parte de los productos enlatados importados.

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Esta concentración de proveedores adquiere relevancia ante la posibilidad de cambios en la disponibilidad de recursos pesqueros asociados al fenómeno El Niño 2026-2027. Alejandra Loo, gerente comercial de G.W. Yichang, señaló que la empresa distribuye su abastecimiento aproximadamente en partes iguales entre proveedores nacionales y extranjeros. También indicó que las compras anticipadas permitirían cubrir las necesidades de suministro de la compañía hasta julio de 2027.

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Panamá concentra los envíos de una partida de conservas

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones peruanas de la partida arancelaria correspondiente a demás preparaciones y conservas de pescado sumaron US$2,14 millones, según registros de la Sunat procesados por PromPerú.

Panamá concentró el 62,33% del valor exportado de esa partida. Le siguieron Uruguay, con 18,48%, y Colombia, con 8,45%. Estos tres destinos reunieron la mayor parte de los envíos registrados bajo esa clasificación durante los primeros siete meses del año.

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Las cifras corresponden a una partida arancelaria específica y no necesariamente abarcan todas las presentaciones incluidas en la estadística mensual del INEI sobre conservas de pescado. Por ello, los montos y porcentajes de ambos registros responden a coberturas estadísticas distintas.

El dinamismo exportador también alcanzó a otros productos pesqueros. En agosto, los envíos de jibias y calamares congelados aumentaron 160,6% interanual, mientras que los de mejillones y veneras congelados crecieron 82,6%, según el INEI. Ambos resultados se sumaron al incremento registrado por las conservas y contribuyeron al avance del volumen exportado de productos pesqueros no tradicionales.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 26 de octubre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

El límite de déficit subirá de 1,4% a 2,4% del producto bruto interno (PBI), mientras que la meta de reducirlo al 1%, prevista inicialmente para 2028, se posterga hasta 2031.

Para acompañar el cambio, la presidenta anunció un paquete de S/18.000 millones adicionales para el próximo año. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo que la intervención busca evitar que la actividad económica pierda ritmo frente a los choques climáticos y externos.

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MEF posterga hasta 2031 la reducción del déficit fiscal

La nueva trayectoria fiscal plantea cerrar 2027 con un déficit de 2,4% del PBI, reducirlo a 2,2% en 2028, a 1,8% en 2029 y a 1,4% en 2030, hasta llegar al 1% en 2031. Con el esquema anterior, ese último objetivo debía alcanzarse en 2028. El cambio concede tres años adicionales para cumplir la meta.

El Ejecutivo sostiene que el país cuenta con espacio para responder a los riesgos porque su deuda es menor que la de otras economías de la región. La presentación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la deuda peruana se ubicaría entre 26,2% y 30,3% del PBI hasta 2031, frente a niveles regionales cercanos al 70%.

Ese margen permite al Gobierno plantear una respuesta fiscal sin partir de los niveles de endeudamiento de otros países latinoamericanos. Sin embargo, el resultado dependerá de que el gasto adicional cumpla su propósito y de que la reducción del déficit se concrete según el calendario anunciado.

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Bonos, mantenimiento e infraestructura: ¿cómo se distribuirán los S/18.000 millones?

Keiko Fujimori detalló que S/2.500 millones se destinarán a bonos para familias vulnerables, que recibirán el apoyo durante un periodo de tres a cinco meses, según sus necesidades. Otros S/2.000 millones financiarán el mantenimiento de obras públicas y S/500 millones se asignarán a subsidios para combustibles.

La mayor partida será la de infraestructura, con S/13.000 millones. De ese total, S/6.000 millones irán a infraestructura educativa y S/7.000 millones a culminar obras paralizadas que ya registren un avance importante. La apuesta del Ejecutivo es priorizar proyectos que puedan retomarse o terminarse en un plazo relativamente corto, con la expectativa de generar empleo y mantener la actividad económica.

El peso de la infraestructura dentro del paquete responde a dos objetivos: sostener la inversión pública y acelerar trabajos que ya cuentan con avances. No obstante, el efecto sobre el empleo y la economía dependerá de la capacidad de las entidades públicas para ejecutar los recursos y de cuánto demoren las obras en ponerse en marcha o concluirse.

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El paquete también contempla medidas para dar liquidez a las empresas, entre ellas el aplazamiento de obligaciones tributarias en sectores afectados y mecanismos para facilitar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Durante la conferencia, Cuba reconoció que todavía faltaba precisar qué compañías accederán a esos mecanismos y cuáles serán los montos y procedimientos.

El ministro aclaró que los S/18.000 millones corresponden a una medida distinta del crédito suplementario de más de S/8.200 millones que avanza en el Congreso para financiar gastos de este año, como la continuidad de obras públicas, las pensiones de policías y militares, la ampliación de colegios y el mantenimiento.

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El ahorro estimado por ProInversión responde a la reducción del precio por barril y de los costos de transporte. No obstante, Talara aún opera al 64% de su capacidad de destilación, según informó Petroperú a La República, por lo que la refinería también debe avanzar en su recuperación operativa para alcanzar el nivel de procesamiento previsto.

La petrolera estatal espera superar los 80.000 barriles diarios de procesamiento hacia fines de este año. Para alcanzar esa meta, todavía debe completar la puesta en operación de Flexicoking, unidad cuyos trabajos de inspección y mantenimiento culminaron recientemente.

Esta recuperación también se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la gestión de la petrolera. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) sostuvo que las restricciones de liquidez limitaron la compra de crudo y cuestionó los resultados de la intervención de ProInversión. El gremio también pidió aclarar el destino del crédito puente de US$475 millones otorgado a la empresa. Sus críticas se refieren al financiamiento y a la estrategia de recuperación de Petroperú, no específicamente a los contratos con Ecuador.

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Compra directa busca reducir los costos del crudo

Los contratos fueron adjudicados en concursos internacionales convocados por Petroecuador. El primero comprende 4,32 millones de barriles durante seis meses y el segundo, 11,88 millones durante once meses. Las entregas están programadas entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027.

Según ProInversión, la adquisición directa permitirá reducir entre US$8 y US$10 el costo por barril frente a compras anteriores. La entidad calcula un ahorro de aproximadamente US$3 millones por cargamento y proyecta que el beneficio podría alcanzar hasta US$180 millones anuales.

El transporte también tendría un impacto en los costos. ProInversión señala que el recorrido del crudo pasaría de aproximadamente 17 días a unos tres días, mientras que el flete se reduciría de entre US$7 millones y US$8 millones a alrededor de US$1,8 millones por buque.

La petrolera estatal estima que el traslado hasta Talara o Bayóvar tomará entre tres y cuatro días. La cercanía del proveedor ecuatoriano evitará el tránsito por el Canal de Panamá y facilitará la programación de las entregas y la reposición de inventarios. Según la empresa, esta ventaja adquiere importancia ante posibles contingencias logísticas asociadas al fenómeno de El Niño.

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Talara busca elevar su procesamiento

La Nueva Refinería Talara tiene una capacidad de destilación de 95.000 barriles diarios. Al operar al 64%, su nivel actual equivale a unos 60.800 barriles por día. Petroperú prevé superar los 80.000 barriles diarios al cierre de 2026, aunque esta meta todavía depende de la evolución de sus operaciones.

La empresa indicó que los trabajos programados de inspección y mantenimiento de Flexicoking culminaron con éxito y que la unidad continúa en maniobras de arranque. Su puesta en funcionamiento será progresiva, conforme a los protocolos técnicos y de seguridad.

La recuperación de esta unidad es relevante para aumentar el procesamiento y mejorar el aprovechamiento de la materia prima. No obstante, contar con un mayor volumen de crudo no garantiza por sí solo que la refinería alcance la meta prevista: también debe consolidar su capacidad operativa.

La operación también marca la reanudación de las relaciones comerciales entre Petroperú y Petroecuador después de cuatro años. El acuerdo busca diversificar el abastecimiento de la refinería y reducir su exposición a los costos logísticos de proveedores más distantes.

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Petroperú recupera el 100% del contrato del Lote 192

La compra de petróleo ecuatoriano se produce mientras Petroperú mantiene pendiente la reactivación del Lote 192, ubicado en Loreto. El yacimiento, cuya producción está paralizada desde febrero de 2020, debía desarrollarse bajo un esquema que incorporaba a Altamesa Energy Perú como socio privado. Sin embargo, la empresa comunicó en enero de 2025 su intención de transferir el 61% de su participación contractual por su situación económica y financiera, según información recogida en los estados financieros auditados de Perupetro.

El programa de trabajo del lote contemplaba la perforación de 41 pozos de desarrollo y uno exploratorio. No obstante, la salida de Altamesa modificó las condiciones previstas para ejecutar esas actividades y obligó a revisar la estructura contractual. En octubre de 2026, el Gobierno aprobó la transferencia de la participación de la empresa a Petroperú, que volvió a concentrar el 100% del contrato.

El cambio, sin embargo, no equivale a la reanudación de la producción. La norma no establece una nueva fecha de inicio de operaciones ni precisa cuánto crudo podría aportar el yacimiento una vez reactivado. Por ahora, el desarrollo del Lote 192 y su eventual contribución al abastecimiento de Talara dependen de la ejecución de las actividades pendientes y de las condiciones para retomar la explotación.

El impacto de los contratos se conocerá conforme se ejecuten las entregas y se concreten los ahorros previstos. A la par, Petroperú deberá demostrar que puede recuperar su capacidad de procesamiento en medio de los cuestionamientos de Fenpetrol sobre la gestión financiera de la empresa y el papel de ProInversión.

El anuncio se produce en el marco de las medidas económicas que prepara el Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno El Niño y las presiones sobre el costo de vida. Sin embargo, aún falta conocer cómo se concretará la entrega del dinero a los pensionistas.

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¿Qué falta conocer sobre el pago del bono de la ONP?

Hasta el momento, no se ha informado la fecha exacta del depósito ni la modalidad que se utilizará para entregar el beneficio. Tampoco se han publicado instrucciones específicas sobre la necesidad de realizar algún trámite o presentar documentación adicional.

Estos detalles son necesarios para los pensionistas que buscan saber cuándo podrán disponer del dinero y si deben efectuar alguna gestión previa. Mientras no se publiquen las condiciones operativas, no corresponde asumir que será necesario inscribirse ni dar por confirmado un procedimiento de pago determinado.

La información difundida hasta ahora permite identificar el monto aproximado, la población beneficiaria y el mes previsto para la entrega, pero no establece un cronograma por grupos de pensionistas ni precisa cómo se resolverán eventuales incidencias en el cobro. La ONP y el Ministerio de Economía y Finanzas deberán comunicar esas condiciones para que los beneficiarios conozcan el procedimiento aplicable.

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¿Qué cambios ha recibido la ONP?

Durante 2026 se aplicaron modificaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Entre ellos, el incremento del tope máximo de las pensiones hasta S/1.000 y un reajuste de hasta S/100 para determinados beneficiarios. Esta última medida alcanzó a más de 237.000 pensionistas.

La diferencia entre ambos tipos de apoyo es importante: los reajustes previsionales cambian el monto que reciben los beneficiarios comprendidos en la medida, mientras que el bono anunciado para diciembre constituye un ingreso excepcional. Por tanto, su entrega no implica por sí misma una nueva modificación de la pensión mensual.

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¿Qué otros bonos anunció el Gobierno?

El Ejecutivo también anunció una asignación de S/2.500 millones para bonos destinados a familias vulnerables. Entre los grupos considerados figuran hogares del sur andino expuestos a pérdidas de ganado y cultivos, familias afectadas por las lluvias en el norte y personas perjudicadas por huaicos y desbordes de ríos.

El ministro Elmer Cuba explicó que la distribución de estas ayudas dependerá de la magnitud de los daños y de la identificación de la población afectada. Para estos grupos, todavía deben precisarse los montos individuales y los criterios de asignación.

El bono para los jubilados de la ONP tiene, por ahora, dos datos definidos en el anuncio: un monto cercano a S/200 y una entrega prevista para diciembre. La fecha exacta, la modalidad de pago y los pasos que deberán seguir los beneficiarios continúan pendientes de información oficial.