Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 15 de noviembre

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Ambas actividades restaron en conjunto 1,06 puntos porcentuales al crecimiento del mes. La minería e hidrocarburos tuvo el mayor impacto, al descontar 0,76 puntos, mientras que el sector agropecuario restó otros 0,30. El resultado se sostuvo gracias al comercio, la construcción y otros servicios, que compensaron parte de la caída de las actividades extractivas.

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Pese a esta desaceleración, la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,18% entre enero y septiembre, lo que refleja que la economía aún conserva un desempeño positivo, pese al menor dinamismo registrado en los últimos meses frente a los resultados de mitad de año.

Economía peruana se desaceleró por segundo mes por caída de minería y agro

La minería e hidrocarburos registró una contracción de 6,32% en septiembre, arrastrada principalmente por la menor producción de minerales metálicos. La extracción de cobre cayó 9,04% y la de zinc retrocedió 21,10%, dos resultados que tuvieron un peso importante en el desempeño del sector. También disminuyó la producción de plata, plomo y oro, mientras que el subsector de hidrocarburos prácticamente se mantuvo estable.

El INEI atribuyó el retroceso minero a los menores volúmenes extraídos y a la reducción de la ley de los minerales procesados en las plantas concentradoras de las principales compañías.

Por otra parte, el sector agropecuario cayó 5,44% en septiembre, afectado por el retroceso de la actividad agrícola, que no logró compensar el avance pecuario. La aceituna registró la mayor caída, seguida de la palta y la cebolla.

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Según el organismo estadístico, el resultado respondió a una menor superficie cosechada y a las anomalías climáticas asociadas al Fenómeno El Niño Costero, que elevó las temperaturas. El sector fue así el segundo que más restó a la producción nacional, después de la minería.

Comercio y construcción sostuvieron el crecimiento de la economía en septiembre

El principal impulso llegó del comercio, que creció 6,29% y fue la actividad que más aportó al resultado nacional, con 0,75 puntos porcentuales. Su avance estuvo respaldado por las ventas mayoristas y minoristas, pero destacó especialmente el comercio automotor, que aumentó 23,63% ante una mayor comercialización de vehículos livianos y pesados, así como de motocicletas.

La construcción también registró un avance de 8,84%, impulsado por el aumento de 12,22% en el consumo interno de cemento, principalmente por proyectos privados de infraestructura y edificación, entre ellos obras de los sectores minero, eléctrico y de transporte, así como la remodelación de oficinas y la construcción de locales comerciales y viviendas.

Sin embargo, el crecimiento de la obra pública fue más moderado debido a que la inversión del Gobierno Nacional cayó 18,49%, pese al mayor gasto de los gobiernos regionales y locales. Los trabajos se concentraron principalmente en prevención de riesgos, infraestructura de salud y servicios básicos, con obras de protección contra inundaciones en Ica y La Libertad.

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A este resultado se sumó el crecimiento de otros servicios (3,88%), que aportaron 0,57 puntos porcentuales a la producción nacional. También avanzaron los sectores financiero, transporte y alojamiento y restaurantes, aunque en menor medida.

Pese al resultado positivo de los primeros nueve meses, el desempeño de septiembre mostró un panorama menos favorable. La caída de la minería y el retroceso del sector agropecuario, afectado por las condiciones climáticas, limitaron el avance de la economía durante ese mes.

De cara a los próximos meses, la evolución de la producción dependerá en buena medida de la recuperación de las actividades extractivas y de que sectores como el comercio y la construcción mantengan el dinamismo que han mostrado durante el año.

Desde enero de 2024, las personas naturales que obtienen ganancias por la venta de acciones sujetas al régimen general pagan una tasa efectiva del 5%, luego de que venciera la exoneración que liberaba de este impuesto a determinadas operaciones bursátiles.

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Colombia mantiene una exención para ciertas ganancias provenientes de la venta de acciones inscritas en bolsa y Chile eliminará desde enero de 2027 el impuesto del 10% que aplica a determinadas operaciones.

Para Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, abogado tributarista y director de la Maestría en Tributación de la UPC, el Perú debería recuperar la exoneración, pues mantener gravadas estas operaciones puede llevar a que los capitales busquen mercados con mejores condiciones fiscales. "Los capitales son muy volátiles y se van a colocar obviamente donde haya ventajas tributarias", advirtió a La República.

David Bravo, especialista en derecho tributario y socio principal de EBS Abogados, también considera que el régimen peruano coloca a la BVL en desventaja frente a Chile y Colombia. Sin embargo, advierte que el impuesto no es el único elemento que determina la decisión de los grandes inversionistas, quienes también evalúan la liquidez de la bolsa, la cantidad de empresas disponibles para invertir y la estabilidad política del país.

Bolsa de Valores de Lima cobra 5% por ganancias tras vencer la exoneración

Hasta el 31 de diciembre de 2023, determinadas ganancias obtenidas por personas naturales mediante la venta de acciones y otros valores negociados en la BVL podían acceder a una exoneración del Impuesto a la Renta, contemplada en la Ley N.º 30341. Para acogerse al beneficio, las operaciones debían realizarse a través de un mecanismo centralizado supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y cumplir requisitos como el de presencia bursátil. La norma también contemplaba un límite de 100 UIT de ganancias por ejercicio.

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Con el vencimiento de la disposición, desde enero de 2024 las operaciones que no califican para otro supuesto de exoneración quedaron sujetas al pago del impuesto, con una tasa efectiva del 5% para las personas naturales. En términos prácticos, si un inversionista compra acciones y luego las vende con una utilidad de S/1.000, deberá destinar S/50 al pago del tributo, siempre que la operación esté comprendida en este régimen.

Para Bravo, la pérdida del beneficio afecta especialmente a quienes recién comienzan a invertir, pues el impuesto reduce el rendimiento de sus operaciones y puede restar atractivo a la compra directa de acciones.

“Hoy no hay nada que ampliar: para la venta de acciones en la BVL por personas naturales no hay exoneración vigente”, precisa.

Pantigoso cuestiona, además, que se grave la compraventa de acciones cuando las empresas emisoras ya pagan Impuesto a la Renta por sus utilidades y los accionistas también tributan cuando reciben dividendos. Desde su perspectiva, mantener impuestos en distintas etapas vinculadas a una misma actividad económica puede elevar el costo de invertir y desincentivar que los ahorros se canalicen hacia el mercado bursátil.

“Las acciones que tienen los accionistas de las empresas, en la compra y venta de acciones, no deberían ya gravarse, porque finalmente la empresa ya pagó primero. Nosotros gravamos los dividendos también”, sostuvo.

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El tributarista considera que el efecto de una exoneración tampoco debe medirse únicamente por el impuesto que deja de pagar una persona. La participación de inversionistas minoristas puede movilizar recursos que, en conjunto, contribuyan al financiamiento empresarial. “A través de las pequeñas inversiones se suma una gran inversión final”, señaló.

Chile eliminará el impuesto del 10% a determinadas ganancias bursátiles desde 2027

La diferencia con el mercado peruano se ampliará desde enero de 2027, cuando entre en vigor la Ley chilena N.º 21.850, que elimina el impuesto único del 10% aplicado a determinadas ganancias de capital por la venta de acciones con presencia bursátil y otros instrumentos comprendidos en el artículo 107 de su Ley sobre Impuesto a la Renta.

Colombia también contempla un tratamiento favorable para determinadas operaciones. Las ganancias provenientes de la venta de acciones inscritas en una bolsa de valores local no constituyen renta ni ganancia ocasional cuando la enajenación no supera el 3% de las acciones en circulación de una misma sociedad durante el año gravable por parte de un mismo beneficiario real.

Para Bravo, la diferencia entre estos países y el Perú no está únicamente en cuánto se paga, sino también en la permanencia de las reglas. En Chile y Colombia, los beneficios forman parte de sus respectivas legislaciones, mientras que en el mercado peruano la exoneración dependió durante años de una norma temporal que necesitaba ser prorrogada y que finalmente venció.

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“La señal que da la norma pesa tanto como la tasa. Una exoneración que se renueva a último momento resta predictibilidad, aumenta la incertidumbre”, advierte.

Liquidez de la BVL también pesa en la decisión de los inversionistas

Pese a las diferencias tributarias, Bravo advierte que una tasa impositiva menor no garantiza por sí sola la llegada de capitales. Los fondos institucionales evalúan también la liquidez, la profundidad del mercado, el número de empresas que cotizan, la estabilidad política y la clasificación de riesgo del país.

Recuerda que, durante las últimas sesiones de 2023, cuando ya se conocía que la exoneración no sería prorrogada, la negociación diaria de acciones en la BVL llegó a un promedio de S/60 millones, casi el triple de lo habitual.

Exoneración de impuestos en la BVL: especialistas proponen una norma permanente

Pantigoso plantea que el Gobierno restituya la exoneración desde el 1 de enero de 2027. Su propuesta parte de que el Estado podría obtener mayores ingresos si incentiva la inversión empresarial y la generación de utilidades, en lugar de concentrar la recaudación en las operaciones de compra y venta de acciones.

“La inversión trae empresas, y ya a través de esa inversión vamos a tener ganancias empresariales con la tasa del 29,5%”, sostuvo. Para el tributarista, una mayor actividad empresarial puede ampliar la base de contribuyentes y generar ingresos fiscales mediante los impuestos que pagan las compañías por sus resultados.

También cuestiona que el retiro de beneficios se utilice como una vía inmediata para aumentar la recaudación, sin calcular cuánto podría aportar un mercado de valores con más participantes. “Siempre se gravan a los mismos, y por eso es lo más fácil eliminar exoneraciones para gravar ciertas operaciones”, afirmó.

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Bravo respalda la recuperación del beneficio, aunque considera necesario establecer filtros para evitar que termine favoreciendo operaciones que no buscan incentivar la inversión bursátil. Entre sus propuestas figuran mantener requisitos de presencia bursátil, establecer límites de participación similares a los aplicados en Colombia y excluir las operaciones entre partes vinculadas o aquellas que impliquen transferencias de control de una empresa.

Bravo plantea que una exoneración no debería beneficiar indiscriminadamente cualquier transferencia de acciones. Los requisitos de presencia bursátil y los límites sobre la participación que cambia de manos permitirían concentrar el incentivo en operaciones de inversión, en vez de extenderlo a movimientos societarios que no aportan liquidez al mercado. Pide revisar el tratamiento de los fondos mutuos y de inversión, porque el vehículo utilizado para invertir no debería colocar al ahorrista en una situación menos favorable.

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Pantigoso pone el acento en el destino de los recursos. Si las empresas encuentran alternativas para captar capital, pueden financiar proyectos y ampliar sus actividades sin depender del crédito. Para el abogado, el Estado debe considerar esa cadena de efectos al decidir si mantiene el impuesto o recupera el incentivo.

El planteamiento de ambos especialistas coincide en recuperar un incentivo tributario, pero incorpora una exigencia adicional para el Estado: definir reglas que no dependan de renovaciones temporales y acompañarlas de medidas que permitan ampliar la negociación bursátil. La BVL necesita atraer nuevos participantes y ofrecerles condiciones competitivas, sin que la exoneración termine siendo el único instrumento para conseguirlo.

El monto de la operación equivale a 5,34 veces el EBITDA acumulado en los últimos doce meses a junio de 2026.

La operación también dejaría a Entel una utilidad neta extraordinaria aproximada de 98.000 millones de pesos chilenos. Sin embargo, el acuerdo todavía debe recibir la aprobación de los accionistas de la compañía, cuya Junta Extraordinaria fue convocada para el próximo 30 de noviembre.

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Entel vende su negocio en Perú tras más de diez años de inversión

La decisión llega cuando la filial peruana mantiene un desempeño favorable para el grupo. Entel Perú representa el 36% de los ingresos consolidados de la compañía chilena y supera los 10 millones de clientes, una dimensión que explica el peso de esta operación dentro de sus negocios fuera de Chile.

En el mercado peruano, la empresa se consolidó en 2023 como el segundo operador en participación de ingresos por servicios móviles. Además, en 2025, Perú se convirtió en el segundo país de Latinoamérica, después de Chile, en contar con el servicio Direct to Cell de Starlink, que permite conectar teléfonos celulares directamente con satélites.

El CEO de Entel, Antonio Büchi, sostuvo que la posición alcanzada por la filial permitió concretar la venta en un momento favorable para sus accionistas y destacó el trabajo realizado durante los años de operación en el país.

"La buena posición de la compañía hace de este un muy buen momento para capturar el valor creado en Perú durante estos más de 10 años de operación. Entregamos una compañía sólida, con un equipo de primer nivel y más de 10 millones de clientes que seguirán contando con un servicio de calidad", señaló.

¿Por qué Entel decidió concentrar sus inversiones en Chile?

La venta responde a una decisión de reorganización del grupo chileno, que busca concentrar recursos en su mercado de origen y fortalecer su posición frente a la competencia. Büchi explicó que la compañía necesita mantener un ritmo elevado de inversión en Chile, donde busca ampliar sus negocios de internet para el hogar, servicios digitales y otras actividades vinculadas a la conectividad.

"Esta operación nos permitirá ser más ágiles y concentrar nuestros esfuerzos donde tenemos mayores ventajas competitivas, para profundizar ese liderazgo y crecer tanto en el mercado de internet al hogar, servicios digitales y otros negocios adyacentes", afirmó el ejecutivo.

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La empresa sostiene que el dinero recibido contribuirá a fortalecer su posición financiera y financiar sus próximos planes de expansión. Con esta decisión, Entel busca capitalizar los resultados obtenidos en Perú y destinar una mayor parte de sus recursos a los negocios donde considera que tiene mejores oportunidades de crecimiento.

Accionistas de Entel decidirán la venta el próximo 30 de noviembre

Aunque el acuerdo con Millicom ya fue suscrito, su ejecución depende de la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para el 30 de noviembre. En esa reunión también se someterán a votación los actos y contratos necesarios para concretar la transferencia de ambas empresas.

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Además, el directorio propondrá distribuir un dividendo eventual de 2.100 pesos chilenos por acción, con cargo a las utilidades acumuladas de Entel y sujeto a que la transacción llegue a materializarse.

De aprobarse la operación y cumplirse las condiciones correspondientes, Millicom asumirá el control de las dos compañías peruanas, que reúnen una base de más de diez millones de clientes. Para Entel, la venta representa el cierre de una etapa de expansión internacional y la posibilidad de reforzar su posición en Chile con los recursos obtenidos.

La propuesta fue expuesta por Tangherlini ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados. El ministro sostuvo que la rebaja busca hacer más competitivo al Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región.

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TUUA internacional bajaría de US$10,05 a US$4 con nueva propuesta del MTC

La propuesta presentada por LAP establece una reducción de 37% en la tarifa de transferencia internacional, con lo que el cobro pasaría de US$10,05 a aproximadamente US$6,40, sin incluir el IGV. No obstante, el MTC busca que la rebaja sea mayor y que el pasajero termine pagando alrededor de US$4.

Con la propuesta de LAP, la TUUA pasaría de US$10,05 a US$6,40. El MTC busca llevarla un paso más abajo, hasta los US$4, aunque todavía no ha detallado cómo se aplicaría este descuento ni cuándo entraría en vigencia. El cobro rige desde el 7 de diciembre de 2025 para quienes llegan a Lima desde el extranjero y continúan su viaje hacia otro destino internacional.

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Las aerolíneas han cuestionado esta tarifa porque encarece el tránsito por Lima frente a otros aeropuertos de la región. El costo adicional puede restarle atractivo al Jorge Chávez como punto de conexión, ya que los pasajeros también consideran cuánto les cuesta hacer escala antes de elegir una ruta.

Aerolíneas incluirán la TUUA internacional en el precio del boleto aéreo

La reducción del monto no es el único cambio que negocia el Gobierno. Tangherlini también informó que las aerolíneas se comprometieron a incorporar la TUUA de transferencia internacional directamente en el precio de los pasajes. De concretarse el acuerdo, los pasajeros conocerían este costo al momento de comprar su boleto y ya no tendrían que realizar un pago por separado durante su escala en Lima.

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El compromiso de las compañías aéreas forma parte de las conversaciones que mantienen con el MTC, el MEF y LAP para alcanzar un acuerdo. La concesionaria deberá concretar los cambios mediante la adenda correspondiente, por lo que tanto el nuevo monto como las condiciones de aplicación todavía están sujetos a las negociaciones entre las partes.

Para el Ejecutivo, el objetivo es que una menor tarifa y un mecanismo de cobro integrado al boleto contribuyan a atraer más pasajeros en conexión internacional y fortalezcan el papel de Lima como centro de distribución de vuelos en la región.

La iniciativa, presentada por la congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, propone liberar parte de los ahorros previsionales ante los posibles efectos económicos del fenómeno El Niño. Sin embargo, todavía no cuenta con una evaluación técnica ni un dictamen que permita avanzar hacia su discusión legislativa.

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La propuesta, identificada como Proyecto de Ley N.° 00469-2026-2031-CD, ingresó al Parlamento el 1 de octubre y fue derivada a la Comisión de Economía al día siguiente.

Noveno retiro de AFP: proyecto propone entregar hasta S/22.000 en cuatro armadas

El texto legislativo plantea un retiro voluntario de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/22.000. El dinero se entregaría en cuatro desembolsos de hasta S/5.500 cada uno, con intervalos de 30 días calendario entre pagos.

Los afiliados tendrían un plazo de 90 días para presentar sus solicitudes, ya sea de manera presencial o virtual, ante sus respectivas administradoras de fondos de pensiones.

Además, podrían desistir del retiro por única vez, siempre que comuniquen su decisión a la AFP con al menos 10 días calendario de anticipación a la fecha del siguiente desembolso.

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La propuesta justifica esta medida en la necesidad de brindar liquidez a los hogares frente a los posibles daños que ocasionaría El Niño. Entre los gastos considerados figuran la protección de viviendas, la reparación de techos y el reforzamiento de estructuras ante lluvias intensas o periodos de sequía.

MEF cuestiona nuevo retiro por impacto en las pensiones

La propuesta también enfrenta reparos desde el ámbito económico. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expresó su rechazo al considerar que estos desembolsos

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reducen los recursos disponibles para financiar las jubilaciones. "Es quitarle pensiones a la poca gente que va a tener pensiones", sostuvo en una entrevista.

El titular del MEF también advirtió sobre las posibles consecuencias en la liquidez del sistema y en el financiamiento de créditos de largo plazo. Su preocupación apunta a que las AFP podrían necesitar vender parte de sus inversiones para atender los retiros solicitados por los afiliados.

¿Qué falta para que el noveno retiro de AFP se debata en el Congreso?

El proyecto todavía debe recibir las opiniones de las entidades consultadas y pasar por la evaluación de la Comisión de Economía. El 13 de octubre, este grupo de trabajo solicitó informes técnicos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCRP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Ministerio de Justicia y Cenepred.

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El plazo inicial de 15 días otorgado para remitir estas respuestas ya había transcurrido al 9 de noviembre, sin que la iniciativa registrara avances hacia su debate. Tampoco se había anunciado una fecha para su sustentación o votación.

Si obtiene un dictamen favorable, la propuesta deberá continuar el trámite legislativo correspondiente en las cámaras de Diputados y Senadores. Solo después de superar esas instancias podrá llegar al Poder Ejecutivo, que tendrá la facultad de promulgarla u observarla.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 14 de noviembre

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El dato expone los escasos resultados de un procedimiento que lleva años extendiéndose y que mantiene a miles de operadores inscritos sin haber completado los requisitos para obtener la formalidad. La demanda ante el TC cuestiona precisamente la continuidad de este mecanismo y sus efectos sobre la protección ambiental y la persecución de las actividades de minería ilegal.

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Congreso reportó más de 29 mil expedientes en formalización en 2025

Durante la audiencia, el representante del Congreso, Juan Carlos Prado Herrera, señaló que en 2025 existían 29.580 expedientes vigentes en el proceso de formalización. Entre los requisitos que todavía debían cumplir los inscritos mencionó instrumentos de gestión ambiental, documentación arqueológica y contratos de explotación.

La cifra corresponde a expedientes y no necesariamente a personas, por lo que no es directamente comparable con las 66 personas que, según el procurador del Ejecutivo, culminaron el procedimiento entre 2025 y 2026. Sin embargo, ambas intervenciones expusieron la distancia entre la cantidad de trámites que permanecen abiertos y los resultados concretos de la formalización.

El representante del Congreso también señaló que parte de las dificultades para avanzar recae en los gobiernos regionales, responsables de tramitar los expedientes. La capacidad técnica y administrativa de estas entidades influye en la velocidad con la que los inscritos pueden cumplir los requisitos exigidos para obtener la formalidad.

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¿Los mineros conservarán la exclusión penal después del Reinfo?

Otro de los puntos discutidos ante el TC fue el alcance del artículo 307-A del Código Penal, que regula el delito de minería ilegal y contempla una exclusión de responsabilidad penal para quienes se encuentran en proceso de formalización. La controversia es si esta disposición dejará de aplicarse cuando termine el Reinfo, el próximo 31 de diciembre, o si podría mantenerse para los mineros que continúen su trámite bajo el nuevo régimen de formalización de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE).

El abogado del Colegio de Abogados de Loreto, Samuel Abad Yupanqui, sostuvo que el fin del registro no eliminaría necesariamente esa exclusión. Su argumento es que el artículo 307-A no menciona expresamente al Reinfo, sino a quienes están en proceso de formalización. Por ello, si los inscritos pasan al nuevo régimen y mantienen esa condición, podrían continuar amparándose en la disposición penal.

El procurador del Ejecutivo, Luis Alberto Huerta Guerrero, defendió una interpretación distinta: sostuvo que la exclusión está vinculada al Reinfo y que, por tanto, dejará de operar cuando concluya su vigencia. Durante la audiencia, el presidente del TC, Pedro Hernández Chávez, cuestionó si esa interpretación era suficiente, dado que el texto del artículo 307-A no establece expresamente que la disposición termine junto con el registro.

La discusión también alcanzó al proyecto de ley MAPE, que plantea un nuevo marco para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. El cuestionamiento es que, si el nuevo régimen permite continuar el proceso de formalización bajo condiciones similares, la exclusión penal podría mantenerse pese al cierre del Reinfo. Hasta ahora, el TC no ha emitido un pronunciamiento que defina cómo se aplicará esa disposición después del registro.

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TC dejó al voto demanda contra la Ley 32537

El expediente 00009-2026-PI/TC corresponde a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 32537, que estableció la última ampliación del proceso de formalización minera. El gremio cuestiona que la extensión del registro sea compatible con las obligaciones constitucionales de protección ambiental y con la persecución de las actividades ilícitas.

Durante la audiencia, los representantes del Congreso y del Ejecutivo defendieron la norma cuestionada, mientras que los demandantes expusieron sus reparos sobre los efectos de mantener vigente el Reinfo. Entre los argumentos planteados estuvo que las sucesivas ampliaciones han prolongado un mecanismo transitorio sin resolver las dificultades que impiden a los inscritos completar su formalización.

Al término de la sesión, el TC dejó el expediente al voto. Los magistrados deberán emitir una sentencia sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. Mientras tanto, la cifra presentada por el Ejecutivo y la discusión sobre los efectos penales del registro muestran algunos de los principales cuestionamientos que rodean al proceso de formalización minera.

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El aumento fue el primer ajuste al alza desde enero de 2023 y puso fin a 14 meses consecutivos sin modificaciones. El economista Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo, cuestionó la medida por el efecto que podría tener sobre el consumo y la inversión.

“Al subir la tasa de interés de referencia lo que va a hacer es encarecer el crédito de consumo, la inversión; con eso va a enfriar la demanda interna y va a enfriar también actividades económicas enfocadas en el mercado interno, que generan empleo”, sostuvo a La República.

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Alza puede enfriar la economía sin corregir los precios de oferta

El economista considera que el aumento de la tasa no atacará el origen de varias de las presiones inflacionarias actuales, que atribuye principalmente a factores de oferta. Entre ellos menciona el encarecimiento de los combustibles y el transporte, además de las dificultades que pueden afectar la producción y distribución de alimentos.

En ese escenario, cuestiona que una medida orientada a moderar el gasto termine afectando también a las actividades económicas que dependen del consumo interno. El mayor costo de los préstamos podría limitar las compras financiadas de los hogares y dificultar que las empresas accedan a recursos para invertir, ampliar sus operaciones o sostener su actividad.

La preocupación también alcanza al empleo. Cuadros advierte que un menor dinamismo de los negocios orientados al mercado interno puede repercutir en la generación de puestos de trabajo, sobre todo en actividades que dependen directamente del gasto de las familias. No obstante, el efecto de la tasa sobre los créditos no es inmediato ni uniforme: depende del tipo de préstamo, el plazo y las condiciones de cada entidad financiera.

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BCRP considera que la demanda interna mantiene un buen desempeño

La decisión del Banco Central se produjo en un contexto de mayores presiones inflacionarias. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0,57% y acumuló una variación anual de 5,25%, por encima del rango meta de entre 1% y 3%. A nivel nacional, la inflación anual llegó a 4,83%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La entidad monetaria también tomó en cuenta los choques de oferta que presionan los precios y el aumento de las expectativas inflacionarias. Estas últimas llegaron a 3,1% a 12 meses, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. En octubre, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, alcanzó una variación anual de 4,6%, por encima del rango meta. Este indicador muestra que las presiones sobre los precios no se limitan a los componentes más volátiles de la canasta.

El BCRP consideró el dinamismo de la demanda interna. En su comunicado de noviembre, señaló que la mayoría de los indicadores adelantados de actividad económica a octubre mostró un buen desempeño y que las expectativas empresariales permanecieron en terreno optimista. Ese comportamiento también forma parte de los factores que el Banco Central considera al evaluar la inflación.

La entidad prevé que los precios retornen gradualmente al rango meta conforme pierdan fuerza los choques que los presionan. Sin embargo, advirtió que los efectos del fenómeno El Niño podrían prolongarse. También precisó que el aumento de noviembre no implica necesariamente el inicio de una secuencia de nuevas alzas de la tasa de referencia.

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¿Podría darse una recesión como en 2023?

Para sustentar su preocupación por el impacto de una política monetaria restrictiva, Cuadros recordó lo ocurrido en 2023, cuando la economía peruana registró una contracción. A su juicio, la combinación de medidas fiscales y monetarias restrictivas, junto con los efectos del fenómeno El Niño, podría volver a debilitar la actividad económica.

"Fue una recesión generada por un mal manejo de la política económica, tanto fiscal como monetaria, y algo similar podría pasar ahora", señaló.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el PBI se redujo 0,55% en 2023. La manufactura cayó 6,65% y el sector agropecuario retrocedió 2,91%. Este último resultado estuvo condicionado por los fenómenos climáticos de ese año, entre ellos el ciclón Yaku y El Niño, que afectaron los cultivos mediante lluvias, desbordes de ríos y sequías.

Sin embargo, la trayectoria de la tasa de referencia permite precisar la comparación. El BCRP elevó el indicador hasta 7,75% en enero de 2023 y lo mantuvo en ese nivel hasta agosto. En setiembre comenzó a reducirlo y cerró diciembre en 6,75%. Por ello, la contracción de ese año no puede atribuirse únicamente a la política monetaria: también incidieron los choques climáticos y el retroceso de distintos sectores productivos.

Para noviembre de 2026, el panorama presenta diferencias. El BCRP señala que los indicadores adelantados de actividad mantienen un desempeño favorable, mientras que Cuadros advierte que un crédito más caro podría restar impulso al consumo y la inversión. A ello se suman los riesgos climáticos sobre la producción y el abastecimiento de alimentos, que podrían mantener presiones sobre los precios.

Entre sus principales preocupaciones figura el proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) presentado por el Poder Ejecutivo, que plantea eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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Confemin también cuestiona las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y de la viceministra Mayra Figueroa sobre la eliminación de este registro. A ello se suma que, según el pronunciamiento, los proyectos legislativos que buscan extender la formalización todavía no cuentan con dictámenes favorables en el Congreso.

Confemin exige ampliar el Reinfo por cuatro años ante vencimiento en diciembre

El primer pedido del gremio está dirigido al Congreso de la República y plantea ampliar por cuatro años el proceso de formalización minera. La exigencia se produce a pocas semanas del vencimiento del Reinfo, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para Confemin, eliminar el registro sin establecer un mecanismo que permita continuar con la formalización dejaría sin una vía de regularización a los trabajadores que todavía no culminaron el procedimiento.

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Mineros artesanales piden un censo nacional para ampliar formalización minera

La segunda exigencia está dirigida al Poder Ejecutivo. Confemin solicita realizar un censo nacional que incluya tanto a los mineros inscritos en el Reinfo como a quienes desarrollan actividades fuera del registro.

Con esta medida, el gremio busca identificar cuántos trabajadores se dedican a la pequeña minería y minería artesanal y conocer sus condiciones de operación, a fin de contar con información que permita diseñar medidas para incorporarlos a la formalidad.

Asimismo, plantea que el Congreso apruebe una ley MAPE que contemple las distintas modalidades de explotación minera existentes en el país. Entre ellas menciona la minería filoniana, de socavón, aluvial, no metálica, polimetálica, ancestral y pallaquera.

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Confemin también exige modificar la ley de concesiones mineras

El cuarto punto de la plataforma de lucha plantea modificar la legislación sobre concesiones mineras para eliminar el acaparamiento de concesiones ociosas y convertirlas en espacios de actividad productiva.

Con esta propuesta, la organización busca cambios en las reglas que regulan el acceso y aprovechamiento de las concesiones, al considerar que existen áreas que permanecen sin explotación mientras otros operadores buscan desarrollar actividades mineras.

La canasta del INEI comprende alimentos y otros bienes y servicios necesarios para el hogar. Además, los S/1.230 corresponden al sueldo bruto, por lo que el trabajador recibe un monto menor luego de los descuentos previsionales.

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Para Fernando Cuadros, economista y exviceministro de Promoción del Empleo, el incremento aplicado por el Gobierno ha sido insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida. En entrevista con La República, sostuvo que los trabajadores de menores ingresos están perdiendo capacidad adquisitiva y cuestionó que el Ejecutivo postergue el segundo tramo del aumento salarial.

"Hay una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo los que menos ganan, los que ganan el mínimo, y el incremento de S/100 ha sido insuficiente", señaló.

Caquetá: algunos alimentos cuestan menos que el promedio de Lima, pero otros lo superan

En un recorrido realizado por La República en el mercado de Caquetá se encontraron diferencias importantes entre los precios de los alimentos. El precio del pollo se registró a S/8 el kilo, por debajo del promedio de S/9,89 que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) reportó para los mercados minoristas de Lima entre el 5 y el 11 de noviembre. Una situación similar se observó en el huevo, que costaba S/6,50 frente al promedio de S/6,86; el limón, a S/3,50 frente a S/4,83; y la papa amarilla, a S/6 frente a S/7,59.

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En otros productos, el precio encontrado superó el promedio semanal de Lima. El arroz se ofrecía a S/4,50 el kilo, mientras que el registro del MIDAGRI para el arroz superior fue de S/3,69. La cebolla se encontró a S/4,80, frente a los S/4,60 de la cebolla roja en el reporte oficial.

El comportamiento de los precios también muestra que algunos alimentos de la lista tuvieron fuertes variaciones durante octubre. Según el INEI, la zanahoria aumentó 24,56% en Lima Metropolitana respecto a setiembre y la arveja verde, 24,31%. La papa amarilla subió 13,54%. En contraste, el tomate bajó 6,80% y los huevos de gallina, 5,34%. Así, los productos encontrados forman parte de una canasta en la que no todos los precios evolucionaron en la misma dirección.

El recorrido también permitió identificar el costo de otros alimentos que completan las compras del hogar. Entre las proteínas, la carne de res para guiso llegó a S/35 el kilo y el filete de perico a S/40. En los productos de despensa, el kilo de lentejas costaba S/6,30, el trigo S/5,90 y el azúcar S/4, mientras que el litro de aceite se encontraba a S/6. En frutas, la manzana alcanzó los S/13 el kilo y la naranja para jugo, S/2,80; cinco plátanos de isla costaban S/3,50.

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El sueldo mínimo debería superar los S/1.450

El reajuste de la remuneración mínima fue anunciado en dos tramos. El segundo aumento, de S/70, todavía está pendiente y llevaría el sueldo mínimo a S/1.300. El Gobierno ha señalado que evaluará su aplicación después de conocer el impacto del Fenómeno El Niño.

Cuadros considera que esperar hasta 2027 para completar el reajuste es un error, debido a que los trabajadores ya enfrentan una pérdida de poder adquisitivo. Según su estimación, si se hubieran aplicado los criterios de inflación y productividad discutidos en el Consejo Nacional de Trabajo desde que terminó 2007, la remuneración mínima debería superar los S/1.450 hacia enero de 2027.

"Hay un atraso del salario mínimo, y lo que debería hacer el Gobierno es adelantar el incremento pendiente de S/70, que igual llevaría el mínimo a apenas S/1.300, por debajo del nivel al que debería estar, y bastante por debajo de la canasta básica familiar", manifestó.

Por ello, el exviceministro plantea adelantar el segundo tramo y evaluar un reajuste mayor. A su juicio, el incremento debe considerar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el encarecimiento de los alimentos y el transporte.

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Fenómeno El Niño amenaza con encarecer el limón, la cebolla y el mango

A la presión sobre los ingresos se suma el riesgo de una menor producción agropecuaria por los efectos del Fenómeno El Niño. Cuadros advirtió que las inundaciones en la costa norte podrían perjudicar los campos de cultivo y reducir la oferta de alimentos, además de afectar los ingresos de quienes trabajan en el sector.

Entre los productos expuestos mencionó el limón y el mango, cuya producción se concentra en el norte del país. Una menor disponibilidad también podría elevar los costos de los negocios que utilizan estos alimentos como insumos, como restaurantes y establecimientos de comida.

En el sur, el riesgo estaría asociado a la falta de lluvias y las sequías que pueden afectar la producción agrícola y ganadera. El especialista mencionó la cebolla y el ajo entre los productos que podrían verse afectados si disminuye la producción.

"Por ejemplo, el limón es producido en el norte, puede subir de precio. En el sur, si hay sequía, se puede afectar el precio de la cebolla, del ajo, ante la escasez del mismo", explicó.

Los efectos también podrían alcanzar al empleo. Cuadros señaló que los daños en carreteras y las interrupciones del transporte perjudicarían actividades como la agricultura, el turismo, la pesca y los servicios vinculados a estas industrias, con consecuencias para los pequeños productores y trabajadores informales.

La decisión del Directorio, anunciada este jueves 12 de noviembre, responde a un escenario en el que coinciden los choques de oferta, el aumento de las expectativas inflacionarias y el dinamismo de la demanda interna. Para el organismo monetario, el encarecimiento de determinados productos ya no puede analizarse únicamente como un episodio transitorio, debido a los riesgos de que algunos factores sigan trasladándose a los precios durante los próximos meses.

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BCRP eleva la tasa de interés tras inflación de 5,25% en Lima

En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57% respecto al mes anterior y acumuló una variación anual de 5,25%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado representa el nivel más elevado desde agosto de 2023, cuando la inflación llegó a 5,58%, y refleja una aceleración que ha vuelto a alejar los precios del objetivo del Banco Central.

El mayor impulso provino de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron 1,62% durante el mes. Entre los incrementos más pronunciados estuvieron el bonito, con 26,90%, y el choclo, con 45,29%, además de productos como la zanahoria, la arveja verde y distintas variedades de papa. El transporte también presionó el indicador, con un avance mensual de 0,77%, asociado al encarecimiento de los combustibles y los pasajes.

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El Niño y los conflictos en Medio Oriente mantienen la presión sobre los precios

El BCRP advierte que los riesgos inflacionarios no se limitan a lo ocurrido en octubre. Entre los factores que podrían prolongar el encarecimiento figuran el Fenómeno El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que ya han tenido efectos sobre los precios internacionales del petróleo y otros productos.

A estas condiciones se suma el aumento de las expectativas de inflación a doce meses, que se mantuvieron en 3,1% en octubre, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. Aunque las expectativas no representan una inflación ya materializada, su evolución importa para la política monetaria porque puede influir en las decisiones de precios de las empresas y en las negociaciones salariales.

Pese a estas presiones, el Banco Central mantiene su proyección de que la inflación general y la que excluye alimentos y energía regresen al rango meta y se sitúen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se disipen los choques de oferta. Sin embargo, reconoce que los efectos de El Niño y del escenario internacional podrían ser más persistentes de lo previsto.

¿Qué significa que el BCRP suba su tasa de interés a 4,50%?

El incremento de la tasa de referencia busca moderar las presiones inflacionarias mediante el encarecimiento progresivo del financiamiento en soles. Cuando el Banco Central eleva este indicador, los bancos pueden trasladar el ajuste a sus tasas de préstamos y depósitos, lo que influye en las decisiones de consumo, ahorro e inversión de hogares y empresas.

Sin embargo, el Directorio precisó que esta decisión no implica necesariamente el inicio de un ciclo de nuevas alzas. La autoridad monetaria seguirá evaluando la inflación subyacente, las expectativas de precios, el desempeño de la economía y la duración de los choques de oferta antes de determinar si necesita modificar nuevamente su posición.

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De hecho, el BCRP señaló que la mayoría de los indicadores adelantados de actividad económica a octubre mantiene un buen desempeño, aunque las expectativas empresariales retrocedieron frente al mes anterior y permanecieron en terreno optimista.

La próxima decisión sobre la tasa de referencia se conocerá el 10 de diciembre, cuando el Directorio del BCRP vuelva a evaluar el comportamiento de la inflación y las condiciones de la economía peruana.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que ambas medidas serán presentadas al Congreso mediante proyectos de ley durante el verano de 2027, aunque reconoció que la primera podría no conseguir respaldo parlamentario.

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En una entrevista con Cuarto Poder, el titular del MEF explicó que la reforma tendrá dos frentes. Mientras se buscará reducir los costos que dificultan la contratación formal en las microempresas, también se pretende modificar las restricciones que, a juicio del Gobierno, dificultan la salida de trabajadores con mejores salarios.

Elmer Cuba plantea flexibilizar el despido de trabajadores con mejores sueldos

Cuba sostuvo que la rigidez para despedir no afecta principalmente a quienes se encuentran en la base de la pirámide laboral, sino a los trabajadores formales con mejores remuneraciones. Según explicó, el problema alcanza tanto a quienes están contratados en planilla como a quienes tienen contratos a plazo determinado.

"Esa no afecta a la informalidad. Afecta a los formales arriba, en la pirámide de trabajadores, los más sofisticados, los que ganan mejor del Perú", señaló el ministro al explicar por qué el Ejecutivo también pretende intervenir en las condiciones de salida del empleo.

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El titular del MEF reconoció que esta iniciativa podría encontrar resistencia en el Congreso, pero aseguró que será presentada de todas formas. "Esa posiblemente no pase en el Congreso, pero no vamos a dudar en presentarla", afirmó.

MEF busca reducir aportes a EsSalud y pensiones para formalizar microempresas

El segundo componente de la reforma apunta a las microempresas, donde Cuba estima que la informalidad laboral bordea el 90%. Para este segmento, el Gobierno plantea perfeccionar el régimen laboral vigente sin eliminar beneficios como las vacaciones y los aguinaldos, pero sí modificar los aportes obligatorios a salud y pensiones.

El ministro argumentó que las contribuciones actuales representan una carga elevada para quienes perciben menores salarios y pueden desincentivar su contratación formal.

Como ejemplo, comparó el caso de un trabajador que gana S/10.000 con otro que recibe S/1.200, pese a que ambos están sujetos a porcentajes similares de aportación.

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Incluso mencionó como referencia reducir de 10% a 5% el aporte previsional en los tramos salariales más bajos. La intención, explicó, es que una mayor parte del ingreso quede disponible para el trabajador y que el costo de ingresar a la formalidad sea menor.

El MEF prevé presentar ambas propuestas al Congreso durante el verano de 2027. Hasta entonces, quedan por definir los alcances de los cambios, especialmente en la flexibilización del despido y en el efecto que tendría la reducción de aportes sobre la cobertura de salud y las futuras pensiones de los trabajadores.

El Frente de Trabajadores Estatales del Perú (FTEP) convocó a dos días de movilización y a un plantón frente al Congreso el 17 y 18 de noviembre, desde las 9.00 a. m. La organización pide retirar los artículos 23.6, 32.2 y 33.2, porque considera que afectan los derechos laborales y la negociación colectiva.

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Uno de los principales cuestionamientos es que el Gobierno busca sujetar los acuerdos laborales a las reglas de gasto público. De esta manera, las negociaciones sobre beneficios económicos no dependerían solo del diálogo entre trabajadores y empleadores, sino también de las condiciones presupuestarias que fije el Estado.

Presupuesto 2027: negociaciones colectivas en trámite deberán adecuarse a reglas fiscales

Uno de los puntos más sensibles está en el artículo 32.2, que dispone que los procesos de negociación colectiva y arbitraje laboral deben sujetarse a las normas de administración financiera del Estado, las reglas macrofiscales y los criterios de equilibrio y estabilidad presupuestaria.

El siguiente numeral, el 32.3, establece que los procesos que ya se encuentren en trámite también deberán adecuarse a estas disposiciones, lo que abre interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales continuarán las negociaciones iniciadas antes de la entrada en vigencia del presupuesto y si los nuevos parámetros podrían limitar los acuerdos económicos entre sindicatos y entidades públicas.

Aunque el artículo 32.1 reconoce una excepción a la prohibición general de aumentos remunerativos para los ingresos aprobados mediante convenios colectivos, actas de conciliación y laudos arbitrales, los numerales siguientes incorporan condicionamientos fiscales que podrían restringir su aplicación.

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A ello se suma el artículo 34, que obliga a los árbitros a considerar las normas de administración financiera, austeridad y disciplina del gasto público. La disposición genera preocupación porque podría reducir el margen para resolver controversias laborales cuando estas involucren compromisos económicos.

MEF tendría que dar opinión previa para financiar convenios colectivos

Las restricciones también alcanzan la ejecución de los acuerdos. El artículo 33 establece condiciones para utilizar las partidas presupuestarias destinadas a implementar la negociación colectiva descentralizada, es decir, aquella que se desarrolla entre los sindicatos y las entidades públicas.

En particular, el numeral 33.2 dispone que determinados recursos solo podrán habilitar otras partidas para financiar convenios suscritos en 2026, previa opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, el predictamen fija el 26 de febrero de 2027 como fecha límite para presentar estas solicitudes.

En la práctica, las entidades públicas no tendrían plena libertad para realizar ajustes presupuestarios que permitan cumplir los compromisos asumidos con sus trabajadores. La intervención previa del MEF podría convertirse en una condición adicional para ejecutar acuerdos colectivos.

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Trabajadores estatales rechazan artículos del Presupuesto 2027

El FTEP también incluyó entre sus cuestionamientos el artículo 23.6, referido a disposiciones sobre la consolidación de incrementos remunerativos en el régimen del Decreto Legislativo 276 para gobiernos locales.

El rechazo sindical se produce en medio del debate del presupuesto para el próximo año, que todavía debe completar su trámite legislativo.

El principal cuestionamiento de fondo es hasta dónde pueden llegar las reglas de disciplina fiscal sin terminar condicionando el derecho constitucional a la negociación colectiva, reconocido también por la Ley 31188.

Para resolver ese problema, Richard Almerco Soto, abogado magíster y especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial, plantea en la cuarta entrega de Radar Concursal modificar los artículos 54.4 y 55 de la Ley N.° 27809, Ley General del Sistema Concursal.

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La propuesta sustituiría el libro físico por un Libro Digital de Actas de Junta de Acreedores, vinculado al expediente y custodiado por el Indecopi. Las actas se suscribirían con firma digital y contarían con un sello de tiempo y un registro de accesos.

Liquidación de empresas podría acelerarse con actas digitales del Indecopi

El problema tiene consecuencias económicas para los acreedores. Mientras el liquidador no pueda acreditar e inscribir sus facultades, la toma de control de la empresa puede quedar pendiente. Durante ese periodo, los bienes pueden deteriorarse o perder valor comercial, lo que reduce los recursos que se obtendrían con su venta para atender las obligaciones con trabajadores, proveedores, bancos y el Estado.

La propuesta de Almerco busca que los acuerdos de las juntas queden registrados y disponibles en una plataforma institucional. Esto permitiría reducir las demoras documentales sin cambiar las reglas que determinan cómo votan los acreedores ni las mayorías necesarias para aprobar una decisión.

Indecopi permitiría formalizar actas si el presidente no firma

Otro cambio apunta a los casos en que el presidente de la junta de acreedores no cumple con suscribir el acta. Para las sesiones en las que no participe un representante de la Comisión de Procedimientos Concursales, se establece un plazo de diez días hábiles para formalizar el documento.

Si vence ese periodo, un acreedor reconocido o el administrador o liquidador designado podrá requerir al presidente que firme el acta en un plazo adicional de tres días hábiles. Si tampoco cumple, quien presentó el requerimiento podrá elaborar y suscribir digitalmente el documento, adjuntando la grabación de la sesión u otras pruebas de los acuerdos.

La facultad estaría sujeta a la revisión del Indecopi. La Comisión deberá comprobar que se respetaron la agenda, el quórum y las mayorías exigidas antes de incorporar el acta al registro digital. Los acreedores también podrán presentar observaciones y mantener su derecho a impugnar los acuerdos.

Sunarp recibiría actas electrónicas para inscribir poderes de liquidadores

La iniciativa también busca agilizar la inscripción de los poderes de administradores y liquidadores. Para ello, el Indecopi podría expedir copias certificadas electrónicas de las actas, con un código de verificación que permita acreditar su autenticidad ante Sunarp.

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Almerco plantea, además, que ambas instituciones conecten sus sistemas para facilitar la presentación electrónica de estos documentos y evitar trámites físicos.

El cambio también alcanzaría a los procedimientos concursales en curso. Los libros existentes podrían digitalizarse y, si alguno fue retenido o extraviado, las nuevas actas se incorporarían directamente al registro digital. De esta manera, la recuperación del libro físico dejaría de ser un obstáculo para formalizar los acuerdos y continuar con la liquidación de las empresas.