Recordemos que el precio del billete verde abrió la mañana de este lunes en S/3,423, según el portal Bloomberg. Además, en el mercado paralelo (cambistas), la cotización del dólar se ubica en S/3,415 la compra y S/3,440 la venta, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

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Esta variación de la divisa se da en medio de la crisis del conflicto en Medio Oriente y por el alza en los precios del petróleo y el gas, tras los ataques a las infraestructuras energéticas.

¿Cómo convertir de dólares a soles?

Para poder convertir de dólares a soles, te mostramos una tabla con cifras de 1 dólar a 5000 dólares.

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¿Cómo saber si un dólar es falso?

Impresión en relieve

Esta técnica consiste en mover el dedo de arriba hacia abajo del hombro de Benjamin Franklin, el lado izquierdo del billete se deberá sentir áspero al tocarlos.

Cinta de Seguridad 3D

Otra forma de ver si un billete de dólar es falso es por la franja azul vertical ubicada en el lado derecho de la imagen de Benjamin Franklin, deberá estar tejida y no impresa, podrás darte cuenta cuando mueves el billete, además las campanas impresas en la franja se convierten en números 100 y viceversa.

Campana y tintero

También podrás ver si es verdadero o falso por la campana impresa sobre el tintero, que representa a los pozos utilizados para firmar la declaración de independencia norteamericana, este deberá de cambiar de color cobre a verde cuando muevas o inclinas el billete.

Jorge Guillén: “No creo que el tipo de cambio se dispare este año”

El docente de la Universidad ESAN, Jorge Guillén, consideró poco probable que el dólar registre un alza significativa este año, a pesar del contexto electoral interno y del conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a Andina, explicó que no visualiza un escenario lo suficientemente adverso que provoque un fuerte salto del tipo de cambio.

“No creo que lleguemos a tener un escenario tan complejo que haga que el tipo de cambio se dispare”, declaró. El especialista agregó que, desde el punto de vista macroeconómico, el país mantiene fundamentos sólidos, aunque insistió en que aún se requieren reformas estructurales para fortalecer la economía.

También remarcó que Perú destaca en la región por su baja volatilidad cambiaria y advirtió que un escenario de alta variación del dólar tendría impactos negativos debido al nivel de dolarización, afectando exportadores, deudores en dólares y elevando el riesgo cambiario.

Tipo de cambio en Sunat

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el tipo de cambio utilizado para las operaciones en la entidad se ubica actualmente en S/3,455 para la compra y S/3,467 para la venta.

Este valor se actualiza de manera diaria en función de las variaciones del mercado y tomando como referencia el tipo de cambio reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en Perú?

Además de la Sunat, existen varias instituciones en el país que publican información sobre la cotización del dólar. Entre ellas destacan el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Banco de la Nación.

Estas entidades son fuentes confiables para revisar el precio actualizado del dólar. Su seguimiento resulta relevante para entender el comportamiento económico del país y tomar decisiones financieras con mayor información.

— En el último informe del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) se habla de una institucionalidad débil. ¿Cuál es hoy el principal cuello de botella?

El problema del Perú no es que le falte plata. Es que no sabe gastar la que tiene. El cuello de botella está en la capacidad de gestión, en lo que en el IDIS llamamos la inercia administrativa.

Le hemos transferido miles de millones por canon y regalías a los gobiernos regionales, pero no hemos transferido las capacidades técnicas. Y el 80% de los planes de estas elecciones no mencionan ninguna reforma concreta para fortalecer SERVIR.

Sin burocracia profesional y meritocrática, cualquier modernización va a ser cosmética. Y cuando la institución es débil, ya sabemos quién entra por la puerta: las economías ilegales no necesitan vencer al Estado. Solo necesitan capturarlo.

El Perú no necesita más leyes. Necesita un Estado que deje de ser el principal obstáculo para la formalidad y se convierta en el socio estratégico que el inversor y el ciudadano están esperando hace demasiado tiempo.

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— ¿De qué manera esta debilidad del Estado afecta la lucha contra las economías ilegales?

La improvisación política no solo no combate estas economías, sino que las alimenta. El crimen organizado no necesita que el Estado lo ayude. Solo necesita que el Estado no esté.

Mientras no se fortalezca la inteligencia financiera ni se controle el flujo de dinero ilegal y de insumos, cualquier despliegue de fuerzas será un paliativo caro y temporal.

Además, donde no llega el desarrollo, estas economías ingresan como empleadores. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser únicamente de seguridad: es un problema de legitimidad del Estado frente a su propia población.

Si no se ofrece una alternativa económica real, esos territorios no se recuperan.

— ¿Cómo afecta la inestabilidad política directamente a la inversión y al empleo formal?

Esto no es teoría económica. Es algo que los empresarios vivimos en carne propia. La inversión privada no se mueve con buenas intenciones. Se mueve con predictibilidad. Cuando la política es volátil, cuando cada semana hay un nuevo ministro o una nueva amenaza regulatoria, lo que sube es el riesgo. Y cuando sube el riesgo, el proyecto que ayer era rentable hoy ya no lo es. No porque haya cambiado la ingeniería ni el mercado. Sino porque cambió el entorno político. Y ese proyecto se posterga, o peor, se va a otro país.

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— ¿Y qué pasa con el empleo cuando la inversión se paraliza?

Las empresas congelan contrataciones y el trabajador que no entra al empleo formal se va a la informalidad. Sin seguro, sin pensión, sin capacitación. Y eso mete al país en un ciclo de bajo crecimiento del que es muy difícil salir.

La estabilidad política no es un lujo político. Es un requisito económico. Sin ella no hay inversión seria, y sin inversión seria no hay empleo de calidad. Así de directa es la cadena.

— ¿Qué papel puede jugar un megaproyecto como el puerto de Chancay en el desarrollo productivo del país? 

Chancay es una oportunidad histórica, pero también puede convertirse en una gran frustración. 

Un puerto, por más moderno que sea, no industrializa un país por sí solo. Si no se conecta con el interior, si los recursos siguen saliendo por vías precarias, se convierte en un enclave moderno en un país desconectado. 

El reto no es solo importar, sino exportar productos con mayor valor agregado. Sin corredores logísticos reales y sin industria asociada, Chancay será solo una plataforma de tránsito. 

El país tiene que decidir si quiere ser únicamente un centro logístico o un verdadero centro productivo. 

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— ¿Qué sector podría liderar una transformación productiva real en el Perú? 

La industria manufacturera de alto valor agregado, anclada a nuestra riqueza natural. El cobre y el litio son insumos clave en la transición energética, pero seguimos exportándolos sin procesar. Otros países ya entendieron cómo capturar más valor a partir de sus recursos. 

También existen oportunidades en el hidrógeno verde, el sector forestal y la pesca con mayor valor agregado. 

Pero eso no ocurre de manera espontánea. Requiere zonas económicas especiales, infraestructura adecuada y un Estado que dé predictibilidad y facilite la inversión. 

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— Si el Perú no corrige estos problemas, ¿qué escenario económico enfrenta? 

No estamos frente a una crisis puntual, sino ante el riesgo de quedar atrapados en la trampa de los ingresos medios. 

Un país que crece al 2% o 3%, pero que no despega. Que exporta materias primas e importa bienes con mayor valor agregado elaborados a partir de sus propios recursos. Eso significa menos oportunidades para los jóvenes, más informalidad y una mayor vulnerabilidad frente a las economías ilegales. 

Y si, además, se debilita la disciplina fiscal o la autonomía del Banco Central, el país podría perder en pocos años una estabilidad que tomó décadas construir. 

— A pocos días de las elecciones ¿qué tipo de propuesta política considera responsable en este contexto? 

Aquella que se atreve a decir la verdad, aunque no sea popular. La que no solo plantea el “qué”, sino también el “cómo” y el “con qué”. Gobernar un país no es listar deseos. Es tener una hoja de ruta clara. Sin eso, lo que se elige no es un proyecto de gobierno, sino cinco años más de improvisación. 

La sentencia declara fundada en parte una acción popular contra esta norma y deja sin efecto el decreto que, desde 2022, prohibía tercerizar funciones consideradas como el “núcleo del negocio”.

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Para Luis Vinatea, socio de Vinatea & Toyama, se trata de una decisión de alto impacto en el ámbito laboral y empresarial. Según indicó, el decreto anulaba de forma indebida el alcance de la Ley N° 29245, que regula la tercerización en el país.

En esa línea, la Corte Suprema concluyó que el decreto vulneró el principio de jerarquía normativa, al incorporar el concepto de "núcleo del negocio", inexistente en la ley. Además, determinó que dicha definición era imprecisa, ya que no establecía criterios claros para identificar qué actividades podían ser tercerizadas.

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Esta falta de precisión, según el fallo, afectó los principios de seguridad jurídica y tipicidad, al generar incertidumbre en las empresas. Con la decisión, el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR queda sin efecto en sus aspectos centrales y sus implicancias se aplican a todas las empresas del país. En adelante, la tercerización podrá seguir utilizándose bajo la Ley N.° 29245 y su reglamento previo.

Tercerización en actividades principales será válida, pero se sancionará el fraude

Sin embargo, la Corte Suprema precisó que esto no impide sancionar casos de tercerización indiscriminada, fraudulenta o abusiva, los cuales seguirán siendo fiscalizados bajo la normativa vigente.

Así, la ilegalidad no radica en tercerizar actividades centrales en sí mismas, sino en utilizar esta figura para encubrir una relación laboral directa o vulnerar derechos laborales.

Por ejemplo, según lo que establece la Corte, una empresa sí puede tercerizar incluso actividades principales, siempre que los trabajadores no dependan directamente de ella. Si están bajo sus órdenes, entonces se considera un uso fraudulento.

La tercerización ocurre cuando una empresa contrata a otra para que se encargue de parte de su trabajo y está regulada en el Perú por la Ley N.° 29245. El decreto establecía que no se pueden tercerizar las labores principales o esenciales del negocio, ya que ello podía usarse para evadir responsabilidades laborales o reducir beneficios a los trabajadores.

El decreto ahora anulado había introducido el concepto de “núcleo del negocio” para referirse a la actividad principal de una empresa, prohibiendo que esta pudiera ser ejecutada por terceros.

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En diálogo con La República, el abogado laboralista Renzo Castillo consideró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú de anular el decreto impulsado durante el gobierno de Pedro Castillo "representa un retroceso en materia de protección laboral".

Según explicó, la norma que restringía la tercerización en actividades nucleares del negocio había permitido avanzar en la identificación de casos de desnaturalización de la tercerización. "Antes de ese cambio, los trabajadores tenían mayores dificultades para lograr reposiciones o reconocimiento de derechos cuando se comprobaba que la tercerización encubría una relación laboral directa", apuntó.

Castillo señaló que la normativa había dado mayor claridad a los jueces, quienes empezaron a contar con herramientas más explícitas para determinar cuándo una empresa tercerizaba actividades que en realidad formaban parte de su giro principal.

A su juicio, el problema de fondo es que la tercerización suele utilizarse para trasladar costos laborales a empresas contratistas, muchas de ellas micro o pequeñas empresas, mientras la compañía principal mantiene las mayores utilidades. “La finalidad muchas veces es reducir derechos laborales y abaratar costos, dejando esas obligaciones en empresas más pequeñas”, indicó.

Con la decisión judicial, advirtió, "el escenario vuelve a una situación similar a la previa a la reforma, cuando era más complejo cuestionar estos esquemas en los tribunales".

Sindicatos alertan abusos, mientras empresas celebran mayor claridad

Gustavo Minaya, secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuestionó el fallo de la Corte Suprema al considerar que, con la anulación del decreto, “se avalan prácticas como la explotación laboral, la contratación irregular y los abusos por parte de las empresas”.

Para el gremio, permitir la tercerización de actividades principales “desnaturaliza la relación laboral y convierte al trabajador en un mero instrumento de rentabilidad”.

A contraparte, gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX) saludaron la decisión y señalaron que la norma anulada había generado incertidumbre, afectado el dinamismo de las inversiones y puesto en riesgo miles de empleos formales en sectores estratégicos.

En esa línea, sostuvieron que el fallo contribuye a restablecer reglas más claras y a reforzar la confianza de los inversionistas en el país.

Recordemos que en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad del Decreto Supremo N.º 001-2022-TR, al desestimar la demanda interpuesta por Lima Airport Partners (LAP), que alegaba una vulneración a la libertad de empresa.

El colegiado señaló que la norma tiene como finalidad resguardar los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, al restringir la tercerización a actividades especializadas.

Los hechos investigados ocurrieron entre febrero de 2020 y marzo de 2021. La medida abarca los departamentos de Áncash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Piura. En este proceso se investigará si las empresas habrían acordado subir y mantener el precio del pollo vivo por kilogramo en diversas provincias de esos departamentos durante el periodo revisado.

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Los detalles de la investigación: concertación entre empresas

Las coordinaciones del presunto acuerdo –de acuerdo a la investigación del Indecopi-, se habrían llevado a cabo mediante mensajes por WhatsApp. Este dato es importante, pues concordaría con la información de ventas reportada por las empresas durante los periodos analizados.

Cabe señalar que, la supervisión del cumplimiento del presunto acuerdo también se habría realizado mediante llamadas por teléfono, chats de WhatsApp y a través de los propios vendedores. Esta práctica sería de gravedad, toda vez que la producción conjunta de estas empresas investigadas representó más del 80% de la producción total de pollo vivo en los departamentos del norte mencionados durante 2020 y 2021, periodo de la pandemia.

¿Cuáles son las empresas investigadas?

• Avícola Yugoslavia S.A.C.
• El Rocío S.A.
• Chimú Agropecuaria S.A.
• Molino La Perla S.A.C.
• Técnica Avícola S.A.

Por otro lado, Max Schneider Saavedra, José Miguel Salcedo Zúñiga y María Delgado Pineda son las personas naturales imputadas, de acuerdo al Indecopi.

¿Cuál es el fundamento para iniciar un procedimiento administrativo?

Según el Indecopi, se puede iniciar un procedimiento sancionador cuando hay señales o pruebas que hacen pensar que alguien podría haber cometido una conducta que afecta la competencia. Esto no significa que ya se haya decidido quién tiene la culpa ni cuál será el resultado del procedimiento.

De acuerdo con la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, cuando el Indecopi inicia un procedimiento sancionador, las personas naturales o jurídicas señaladas tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar sus descargos. Durante este tiempo, pueden explicar su versión de los hechos y aportar pruebas que consideren relevantes. Este derecho busca garantizar un proceso justo y transparente. El Indecopi evaluará los descargos antes de tomar cualquier decisión sobre la posible sanción.

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Precio del pollo ronda los S/13

De acuerdo al Indecopi, el pollo, un producto de consumo masivo, es una de las principales -y más accesibles- fuentes de proteína animal para la población. Ello refleja que, entre 2019 y 2023, la carne del pollo representó en promedio el 59,2% del total que abasteció el mercado en Perú. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a inicios de abril de 2026 el kilo de pollo se encontraba en S/12,86, superando su valor en enero, cuando se vendía en S/10,92.

El informe advierte que estos factores no solo erosionan la seguridad y la confianza ciudadana, sino que también comprometen el bienestar de la población y la capacidad del Estado para sostener un mayor crecimiento.

En total, se identifican 23 riesgos prioritarios (de un universo de 47 analizados) cuya magnitud ya se refleja en alarmantes indicadores: entre 2018 y 2024, la extorsión se incrementó en 592%, generando pérdidas estimadas en S/35.000 millones solo en 2023. A ello se suma el acelerado crecimiento de los ciberdelitos, con más de 20.000 denuncias registradas en 2025, una tendencia que evidencia cómo el crimen se expande cuando el Estado permanece ausente.

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Débil inversión en orden público: un factor clave del crecimiento de la criminalidad

El documento señala que las altas tasas de criminalidad en el país se explican, en parte, por la insuficiencia de recursos destinados al orden público y la seguridad ciudadana, así como por el impacto de actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Esta situación es especialmente crítica en regiones como Madre de Dios, que registra las mayores tasas de extorsión, robos y amenazas. En paralelo, la insatisfacción con la democracia alcanza al 88% de la población, lo que evidencia un escenario de profunda fragilidad institucional y desconfianza ciudadana. 

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Asimismo, el estudio alerta sobre múltiples riesgos ambientales y económicos que agravan este escenario, entre ellos la contaminación del aire en zonas urbanas, la intensificación de eventos climáticos extremos, el avance de economías ilegales, la crisis del sector agrícola y los conflictos sociales que frenan la producción minera.

El informe también advierte que el Perú aún enfrenta grandes brechas para capitalizar estas oportunidades, como lo refleja su ubicación en el puesto 83 del Network Readiness Index 2024, indicador de rezagos en conectividad, capacidades digitales y gobierno electrónico.

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Pese a ello, el Ceplan identifica 17 oportunidades estratégicas que podrían impulsar el desarrollo del país en la próxima década, destacando las nuevas rutas del comercio internacional, la expansión de la economía digital, el uso de la inteligencia artificial para optimizar inversiones y la creciente demanda de minerales alternativos. Estas tendencias, sumadas al impulso de la infraestructura estratégica y al uso de datos abiertos, abren posibilidades para fortalecer la competitividad, la innovación y el desarrollo territorial. 

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dio inicio a la primera convocatoria 2026 del programa Techo Propio en la modalidad Construcción en Sitio Propio, con el propósito de que las familias que ya poseen un terreno inscrito puedan construir una vivienda digna con el respaldo del Estado.

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Bonos Familiares Habitacionales (BFH) 2026

La convocatoria contempla la entrega de 14.880 Bonos Familiares Habitacionales en las 24 regiones del país. La distribución prioriza zonas con mayor demanda habitacional, destacando Lima y Callao con 1.749 bonos, seguidos por Piura (1.329), San Martín (1.300), Ica (1.274), Áncash (1.238) y La Libertad (1.148).

Este subsidio busca facilitar la construcción de viviendas para familias que ya cuentan con terreno propio, permitiendo ampliar la cobertura del programa a nivel nacional.

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Valor del BFH y montos diferenciados por región

El Bono Familiar Habitacional tiene un valor base de S/33.000, equivalente a seis UIT, y se entrega sin devolución. Sin embargo, existen incrementos especiales en regiones donde los costos de construcción son mayores.

En Madre de Dios el subsidio alcanza S/38.610 (+17%); en Amazonas y Cajamarca llega a S/37.620 (+14%); y en Huánuco y Pasco asciende a S/37.290 (+13%). Asimismo, el bono aumenta si en el grupo familiar hay una persona con discapacidad severa que utiliza silla de ruedas, con el fin de adecuar la vivienda a sus necesidades.

Requisitos para postular al programa Techo Propio

Las familias que deseen acceder al beneficio deben conformar un grupo familiar, contar con un terreno inscrito en Registros Públicos, no poseer otra vivienda o terreno y no haber recibido apoyo habitacional del Estado.

Además, el ingreso familiar mensual no debe superar los S/2.706 y se exige acreditar un ahorro mínimo de S/2.475 como parte del proceso de postulación.

Centros autorizados y orientación gratuita

La inscripción se realiza en centros autorizados del programa Techo Propio. También se puede recibir orientación en la Vitrina Inmobiliaria, ubicada en jirón Camaná 199, Cercado de Lima.

El sector recordó que todos los trámites e información del programa son completamente gratuitos y habilitó la línea 0800-12-200 para consultas de la ciudadanía.

Según el director general de Eficiencia Energética del Minem, José Meza, "este potencial se concentra principalmente en la costa norte y sur de nuestro país", por lo que representan una oportunidad estratégica para ampliar la capacidad energética nacional.

¿Qué regiones concentran el mayor potencial eólico del Perú?

Según Meza, Piura (7.098 MW) y Lambayeque (7.017 MW) lideran la capacidad eólica identificada en el país, acumulando juntas más de dos tercios del total nacional y consolidándose como territorios clave para impulsar proyectos de gran escala.

A este panorama se suman Ica (2.280 MW) y Arequipa (1.020 MW), cuyas condiciones naturales permitirían expandir de forma significativa la potencia instalada y promover una generación eléctrica más descentralizada en el sur.

Asimismo, La Libertad (921 MW), Cajamarca (891 MW) y Áncash (708 MW) aparecen como espacios con oportunidades de inversión para diversificar la matriz energética. El mapa eólico se completa con Lima (429 MW) y Amazonas (129 MW), que también aportan al potencial nacional.

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Solo el 5% del potencial está en uso

Asimismo, Meza explicó que, pese a la magnitud del recurso disponible, la capacidad instalada actual de energía eólica en el país alcanza solo 1,01 gigavatios (GW), lo que equivale al 5% del potencial aprovechable.

Esta situación evidencia una amplia brecha entre el potencial identificado y el desarrollo real de proyectos eólicos en el Perú. Asimismo, señaló que el bajo nivel de aprovechamiento refleja la necesidad de acelerar inversiones sostenibles y fortalecer la infraestructura energética.

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Proyectos con aprobación técnica podrían sumar 8,2 GW

El Minem informó que existen diversos proyectos con Estudio de Pre-Operabilidad aprobado por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), que podrían incorporar hasta 8,2 GW adicionales al sistema eléctrico nacional.

De concretarse, estos proyectos representarían un avance significativo en el aprovechamiento del potencial eólico, permitiendo ampliar la capacidad de generación y contribuir a la diversificación de la matriz energética. El ministerio reafirmó su compromiso de seguir promoviendo inversiones que impulsen el crecimiento sostenible del país.

Como se recuerda, esta propuesta digital surgió bajo la premisa "sacar el efectivo del circuito", política impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU con el objetivo de hacer frente a la inseguridad ciudadana y la informalidad

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Datos a tener en cuenta al recargar con Yape

• El monto mínimo de recarga es S/10.
• Si realizas otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.
• Existe la opción de recargar la tarjeta del Metropolitano de otras personas.
• Si tras 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, verás el saldo acumulado.

AQUÍ el paso a paso para realizar la recarga

1. Desde la app de Yape, ingresar en la opción “Yapear Servicios”.
2. Digitar “Metropolitano y Corredores” en el buscador.
3. Ingresar el número de la tarjeta a recargar (puede ser la personal o de un tercero)
4. Recarga desde S/ 10, y yapear.
5. Pasados los 15 minutos, activar el saldo de tu tarjeta. ¡Y listo!

Es importante tener en cuenta que la forma de validar el saldo cambia según el servicio. En el Metropolitano, el usuario debe acercar su tarjeta a los equipos que están en la entrada de las estaciones. Allí se activará el saldo y se podrá ver el monto actualizado en la pantalla.

En los Corredores Complementarios, el proceso es más simple. El saldo se actualiza automáticamente cuando pasas la tarjeta por el lector dentro del bus. No es necesario hacer ningún paso adicional antes.

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El horario especial del Metropolitano por Semana Santa

El Metropolitano modifica su rutina habitual de circulación por esta Semana Santa 2026. Las unidades regulares vienen operando de la siguiente manera:

• Rutas A, B y C: desde las 5.30 a. m. hasta las 10.30 p. m.
• Expreso 1: desde las 6.00 a. m. hasta las 9.00 p. m.
• Expreso 5: desde las 6.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
• Alimentadores: desde las 5.30 a. m. hasta las 11.00 p. m.

En tanto Kori Financiera, de capital peruano, enfocará sus servicios en ofrecer financiamiento a micro y pequeñas empresas, mediante créditos individuales y grupales. Aunque ambas compañías ya cuentan con autorización para organizarse, todavía deberán conseguir la licencia de funcionamiento antes de empezar a brindar servicios al público.

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SBS: "Promoverá una mayor competencia"

Al ver que el sistema financiero está cambiando muy rápido, la SBS trabaja para facilitar el ingreso de nuevas empresas. Para lograrlo, está haciendo más simple y rápido el proceso de autorización. Así, se busca que más entidades puedan operar sin tantas demoras, pero siempre cumpliendo con las reglas necesarias para brindar seguridad a los usuarios.

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, explicó: “Las medidas para agilizar las licencias tienen como efecto una mayor competencia en el sistema financiero y nuestro enfoque es tener una mayor eficiencia en las decisiones que toma la SBS”. En ese sentido, la Superintendencia también creó la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO) para agilizar el ingreso de nuevas entidades a los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones.

La CEO se constituirá en la "puerta de entrada" a los sistemas supervisados, y se encargará exclusivamente de atender las solicitudes en la etapa de organización. Su equipo estará integrado por profesionales de alto nivel que garantizarán una evaluación técnica integral, así como el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos por el supervisor.

Es importante precisar que la evaluación de las solicitudes en la etapa de funcionamiento seguirá siendo competencia de las áreas de línea (Adjuntas), las que coordinarán con la CEO.

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Primera etapa: la autorización de organización

Como se recuerda, desde octubre de 2024, la SBS otorgó la autorización de organización a Prex Perú Empresa de Crédito S.A., Banco BTG Pactual Perú S.A., BK Empresa de Crédito S.A., Bipay Empresa Emisora de Dinero Electrónico, Nacional de Seguros S.A. y Fe Seguros S.A.

Cabe destacar que el proceso de licenciamiento comprende, en una primera etapa, la autorización de organización. Tras obtenerse la autorización, las entidades deberán cumplir con los requerimientos y exigencias establecidos en el marco legal y regulatorio aplicable para que la SBS evalúe y, de corresponder, otorgue la autorización de funcionamiento.

En Perú son 20 los bancos autorizados para captar depósitos. Entre ellos se encuentran Banco Falabella, el BCP, Interbank, Scotiabank Perú, entre otros.

La entidad precisó que en enero pasado, la producción agrícola para el mercado interno subió en 7,7%, mientras que la producción agroindustrial en 18% y la de exportación en 1,6%.

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Así creció la producción agrícola en enero

En enero, la producción agrícola destinada al mercado interno creció 7,7%. Este aumento se explicó principalmente por una mayor producción de papa, impulsada por el incremento en las siembras. Asimismo, el crecimiento del arroz y la cebolla se debió a un efecto base.

En el caso del arroz, influyó la falta de lluvias en la costa y selva norte durante el segundo semestre de 2024. Para la cebolla, el alza responde a menores siembras previas por bajos precios en chacra. Además, el tomate creció por más áreas sembradas para industrialización y el limón por mejores condiciones de agua.

¿Cómo le fue a la producción agroindustrial?

En enero, la producción agroindustrial creció 18%, impulsada por un mayor volumen de palma aceitera proveniente de Ucayali y Huánuco. También contribuyó el incremento en la producción de maíz amarillo duro y caña de azúcar. Este desempeño estuvo relacionado con mejores condiciones hídricas. Estas condiciones fueron más favorables en la costa y la selva norte en comparación con la campaña anterior.

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La producción orientada a la exportación

En enero, la producción destinada a la exportación aumentó 1.6%. Este resultado se explicó por una mayor producción de arándanos, en una campaña ya normalizada. A diferencia del año previo, ya no se observó el impacto de medidas adoptadas frente a El Niño 2023, como el retraso de podas.

Por otro lado, la palta y el café también crecieron en el mes, aunque su producción representa solo 3.3% y 0.4% del total anual, respectivamente. Finalmente, la producción de carne de ave subió 1.8%. Este incremento se debió a una mayor colocación de pollos BB.

El cronograma depende del tipo de régimen: quienes pertenecen al Decreto Ley 19990 recibirán sus depósitos de manera escalonada, mientras que los regímenes especiales tendrán una sola fecha de pago. Para facilitar el acceso, el dinero puede retirarse en bancos, cajeros automáticos o agentes autorizados cercanos, garantizando un proceso seguro y práctico.

ONP distribuye pagos de pensiones por orden alfabético

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar un proceso ordenado, seguro y sin inconvenientes, la ONP estableció un cronograma de pagos para los 711.276 pensionistas del régimen 19990.

De acuerdo con este calendario, quienes tengan apellidos paternos que comiencen con las letras de la A a la C cobrarán el jueves 9 de abril, de la D a la L el viernes 10, de la M a la Q el lunes 13 y de la R a la Z el martes 14.

Pago de pensiones ONP para otros regímenes especiales

Los 65.926 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, el Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo recibirán su pensión el miércoles 15 de abril. De esta manera, todos los pensionistas, sin importar su régimen, acceden a sus beneficios de manera organizada y sin contratiempos.

Constancia de pago digital y clave virtual ONP

Los pensionistas pueden ver y descargar su constancia de pago en https://onpvirtual.pe. Solo deben seleccionar “Cobro pensión”, elegir “Quiero ver mis constancias de pago” e ingresar su tipo y número de documento y clave virtual.

Quienes no tengan clave virtual pueden solicitarla en la sección “Tu zona segura”, recibir un código de seguridad en su correo electrónico y generar su clave personal e intransferible. Para dudas o consultas, la ONP pone a disposición ONP Te escucha al 01 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 5.30 p. m.

¿Qué debes saber sobre la ONP?

La ONP es un sistema público de pensiones basado en la solidaridad, donde los aportes de los trabajadores activos financian a los jubilados actuales. Para acceder a una pensión se requiere cumplir años mínimos de aporte, y el monto es fijo, sin relación directa con lo aportado individualmente.

En cambio, las AFP son un sistema privado de capitalización individual: cada persona ahorra en su propia cuenta y su pensión depende del dinero acumulado y la rentabilidad obtenida. Esto puede generar mayores beneficios, pero también implica riesgos por las variaciones del mercado.

Las organizaciones exigieron que la norma sea retirada de inmediato y que el Estado cumpla con las obligaciones financieras pendientes con Petroperú. En ese marco, cuestionaron el cambio de postura del Ejecutivo y denunciaron el incumplimiento de los compromisos asumidos en reuniones previas con el presidente de la República y representantes de los sectores transporte y energético. Advirtieron que este giro afecta la confianza en el diálogo y debilita la credibilidad del Gobierno.

“Resulta inaceptable que, pese a las reuniones entre el Presidente de la República, el gremio de transporte pesado, la CEUL y las federaciones petroleras —donde se asumió el compromiso de revisar y derogar la norma—, hoy se evidencie un cambio de postura que debilita la confianza en el diálogo y la palabra del Ejecutivo, reflejando una preocupante falta de coherencia en la conducción política”, señaló el gremio.

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Premier descartó derogación del decreto

La controversia se intensificó tras las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, quien descartó la derogación del decreto, pese a que el presidente José María Balcázar había señalado previamente que la norma sería evaluada. Para los gremios, esta contradicción evidencia una grave desarticulación en la toma de decisiones del Ejecutivo y refuerza las alertas sobre un proceso orientado al debilitamiento de Petroperú. 

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En esa línea, las organizaciones advierten que este decreto permite la incorporación de capital privado en activos estratégicos de la petrolera estatal, lo que podría derivar en su fragmentación y eventual privatización.

Señalaron que estas preocupaciones se ven reforzadas por la presencia de ProInversión y de la consultora Deloitte en la Refinería de Talara, así como por la difusión de un plan con plazos definidos que apuntaría a transferir la empresa al sector privado. 

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Según los trabajadores y gremios firmantes, este proceso no solo pondría en riesgo la soberanía energética del país, sino que también tendría un impacto directo en el costo de vida de la población, reflejado en el alza de los combustibles y de la canasta básica. 

El gremio rechazó los argumentos sobre la supuesta inviabilidad financiera de Petroperú y recordó que el Estado mantiene importantes deudas con la empresa. Señalaron que entre los montos más relevantes figura una deuda de S/3.112 millones por el crédito fiscal de la Amazonía, seguida de S/1.863 millones correspondientes a la recuperación anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

Añadieron que existen S/450 millones pendientes por la transferencia al fondo de pensiones de la ONP bajo la Ley 20530 y S/ 408 millones por remediaciones asociadas a cortes en el Oleoducto Norperuano. A ello se suman S/200 millones por remediaciones en unidades privatizadas y S/15 millones por abandono técnico de pozos.

Además, indicaron que las Fuerzas Armadas mantienen una deuda de S/45.5 millones con Petroperú por el abastecimiento de combustible, lo que evidencia la magnitud de las obligaciones pendientes entre el Estado y la empresa estatal.

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Gobierno ratificó decreto y alista aval

Cabe recordar que, pese a que antes de asumir la Presidencia José María Balcázar firmó un proyecto de ley para derogar el Decreto de Urgencia 010‑2025 y reiteró esa intención ante sindicatos. Sin embargo, su gobierno confirmó recientemente que la norma continuará vigente. En paralelo, el Ejecutivo evalúa un esquema de respaldo financiero para Petroperú mediante un aval estatal que podría alcanzar hasta US$2.500 millones, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones. 

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de abril?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

Una auditoría del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), que analizó los programas de 34 organizaciones políticas, revela que solo alrededor del 12% de los planes presenta una propuesta sólida de industrialización; es decir, apenas cuatro partidos cuentan con una ruta técnica para transformar la estructura productiva del país.

El resto, advierte el informe, oscila entre planteamientos genéricos y simples declaraciones de intención, sin instrumentos, financiamiento ni estrategia de ejecución. Para el presidente del IDIS, Jesús Salazar Nishi, el resultado no sorprende: “Nuestra clase política sigue hablando de industrialización como si estuviéramos en los años setenta, mientras el mundo ya está en la cuarta revolución industrial”, señaló a La República.

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El problema, explica, es que la industrialización se ha convertido en una consigna vacía. “Primero falta el ‘cómo’. Cuando uno pregunta con qué presupuesto y qué incentivos, ahí se acaba la conversación. Sin claridad en la ejecución, la industrialización no es una política. Es un eslogan de campaña”, advierte.

A ello se suma un error de enfoque. “La industria no se construye desde escritorios de un funcionario público: tiene que ir donde están los recursos, con zonas económicas especiales de verdad y corredores logísticos que faciliten la exportación”, señala. Y añade un elemento clave: “Se necesita un Estado promotor que cierre brechas y dé predictibilidad a la inversión privada”.

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Sin estos elementos, el país seguirá atrapado en el mismo modelo: una economía primario-exportadora, basada en la venta de materias primas sin mayor valor agregado. “Mientras sigamos viendo la industria como una opción y no como la única vía para el desarrollo sostenible, vamos a seguir exportando piedras y desperdiciando el talento de nuestra gente”, sostiene.

“El 85% de lo que los candidatos le están ofreciendo al país no tiene con qué sostenerse”

Este vacío en la política industrial no es un hecho aislado, sino parte de un problema más amplio. El estudio del IDIS revela que solo el 15,15% de los planes de gobierno cuenta con una arquitectura mínima para sostener políticas públicas viables al 2031. El resto, advierte Salazar, carece de sustento técnico y financiero y responde más a listas de promesas que a verdaderas hojas de ruta.

Estas cifras no son solo una evaluación académica, sino una señal de alerta sobre la calidad de la oferta política y sobre lo que podría ocurrir a partir del 2026. Según explica, una de las principales debilidades es fiscal: “Se anuncian metas en salud, educación o seguridad sin explicar de dónde saldrá el financiamiento, pese a la restricción de una regla de déficit fiscal del 1,8%”.

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A ello se suma otra falencia: las propuestas se quedan en el enunciado. “Tienen el ‘qué’, pero no el ‘cómo’ ni el ‘con qué’. Eso implica que el primer día de gobierno no sabrán cómo operar el Estado”, advierte.

Pero el problema de fondo es más profundo. “Son planes para apagar incendios, disfrazados de visión estratégica”. El resultado ya es conocido: otro quinquenio administrando la crisis, sin cambios en la estructura productiva y desaprovechando las oportunidades del contexto global.

Un riesgo que ya se siente en la economía

La debilidad de los planes no se queda en el papel. Tiene consecuencias económicas directas. Cuando no hay una hoja de ruta clara, aumenta la incertidumbre. Y cuando aumenta la incertidumbre, la inversión se detiene. “La inversión privada no se mueve con buenas intenciones. Se mueve con predictibilidad”, subraya Salazar.

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En un entorno político volátil, los proyectos se postergan o migran a otros países, afectando el empleo formal y empujando a más personas hacia la informalidad. El impacto no es abstracto: se traduce en menos inversión, menos empleo y mayor precariedad.

A esto se suma un riesgo adicional. “Cuando no hay un plan serio, la tentación es financiar promesas con plata que no existe”, advierte.

Incluso en el eje económico —uno de los mejor evaluados— solo una minoría de planes muestra la profundidad técnica necesaria para sostener la estabilidad macroeconómica. “El escudo macroeconómico no es un tecnicismo. Es lo que sostiene el precio del pan y la confianza del inversor. Tocarlo para financiar populismo no es valentía política. Es una irresponsabilidad que paga el ciudadano de a pie”, remarca a La República.

Chancay, la promesa incompleta del desarrollo

El caso del puerto de Chancay resume bien la brecha entre discurso y estrategia. Para Salazar Nishi, se insiste en presentarlo como una gran obra logística, pero sin una política productiva detrás su impacto será limitado. “Un puerto moderno no industrializa un país por sí solo”, advierte.

El problema central es la desconexión con el territorio. Sin corredores logísticos, zonas económicas especiales ni una estrategia de valor agregado, Chancay corre el riesgo de convertirse en un punto de tránsito y no en un motor de desarrollo. “¿De qué sirve el mejor puerto del Pacífico sur si el cobre de Apurímac o el litio de Puno siguen saliendo por trochas?”, cuestiona.

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La improvisación también tiene efectos en seguridad. Aunque el orden interno es un eje central del discurso electoral, menos de un tercio de los planes presenta solidez técnica en esta materia.

“La improvisación política no combate las economías ilegales, las fortalece”, sostiene Salazar. Y añade: “El crimen organizado no necesita que el Estado lo ayude. Solo necesita que el Estado no esté”.

Perú, un país que crece pero no despega

El Perú tiene oportunidades claras en sectores como el cobre, el litio o el hidrógeno verde. Pero sin estrategia seguirá exportando materias primas sin generar valor agregado. A esto se suma una limitación estructural del Estado. “El problema del Perú no es que le falte plata. Es que no sabe gastar la que tiene”, resume Salazar.

Asimismo, sostiene que sin capacidades técnicas, cualquier intento de modernización se queda en el papel. En este contexto, la elección del 2026 adquiere otro peso, pues “no solo es un cambio de nombres. Es una decisión sobre qué país queremos ser”.

El contexto internacional abre una oportunidad poco común: la transición energética, la demanda de minerales estratégicos y la reorganización de las cadenas globales de valor. Pero no será permanente.

“El litio, el cobre, Chancay y la transición energética global no van a estar disponibles para siempre. O los aprovechamos con rigor técnico o los dejamos pasar mientras seguimos improvisando”, advierte.

En ese contexto, concluye, el éxito del próximo gobierno no dependerá del discurso, sino de su capacidad de ejecutar y de construir acuerdos políticos que prioricen el desarrollo formal sobre la improvisación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el trimestre diciembre 2025 – enero – febrero 2026, solo en la capital (Lima) 1 millón 608.000 personas trabajan sin ganar lo suficiente para cubrir su canasta básica. De ese grupo, quienes tienen una carrera universitaria bordean los 310.000.

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Antes de la irrupción de la pandemia, en ese mismo periodo entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, la cifra alcanzaba a 1 millón 125.000. Hoy son 483.000 más. Es decir, hay un salto de 43% que no se ha revertido pese a la llamada recuperación económica, cuyo promedio (3%), se ubica por debajo del 4,5% registrado en la década prepandemia.

7 millones de trabajadores en Perú no cubre la canasta básica familiar

A escala nacional, el problema es más grave. Al cierre del 2025, el Perú registró cerca de 7,8 millones de subempleados, de los cuales alrededor de 7 millones lo están por ingresos, es decir, trabajadores que, pese a tener una ocupación, perciben ingresos por debajo de S/903 mensuales, es decir, menos de la mitad de la canasta básica familiar, situada en S/1.816. También implica estar por debajo de la remuneración mínima vital (RMV), hoy en S/1.130.

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En suma, es trabajar y seguir siendo pobre. No en vano, según el INEI, son más de 9 millones 300.000 compatriotas sometidos a la pobreza monetaria.

“Hoy tenemos un mercado laboral más precario que en 2019. La pandemia agravó problemas que ya existían y la recuperación no ha logrado revertirlos completamente. La inactividad laboral creció 26% respecto a la prepandemia. Es gente que podría trabajar, pero ni trabaja ni busca empleo, muchas veces por desaliento”, sostuvo a este diario el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros.

Lejos de corregirse, este fenómeno se ha estancado. En Lima, por ejemplo no ha variado en los últimos cinco años y se mantiene en torno a 1,6 millones de trabajadores.

De toda la fuerza laboral peruana (18 millones 477.000), el 42% tiene empleos precarios o insuficientes (7 millones 763.000), pero esta problemática es solo una arista. La inactividad laboral, aquellos que no trabajan ni buscan empleo, también ha crecido con fuerza.

Hoy bordea los 8 millones de personas, un aumento de 26% frente a 2019, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).Es el retiro silencioso del mercado laboral, donde la frustración ha reemplazado a la búsqueda. Mientras tanto, los ingresos apenas se mueven.

Frente al 2019, el avance es de 1,8%, una magra mejora que no alcanza para cambiarle la vida al ciudadano. Así, el mercado laboral sigue arrastrando la herida de los cerca de 800.000 empleos que se perdieron durante la pandemia y que se recuperaron, pero de una forma distinta.

“El 92% de los trabajadores recontratados han accedido a un contrato temporal, sin estabilidad. Es una precarización del empleo formal”, acota el economista laboral.

Agenda laboral ausente: menos del 5% de propuestas ve reformas de fondo

En suma, más gente trabajando, pero menos gente viviendo de su trabajo y con el temor de ser despedidos. En la antesala electoral, estas cifras son el termómetro de una economía que crece sin distribuir, que emplea sin sostener y que, cinco años después de la crisis sanitaria, aún no logra recomponer su tejido básico como lo es el trabajo y el ingreso digno. Y en medio de este escenario, la política camina por otro carril.

Según un reciente estudio de Horizonte Laboral, solo el 4,6% de las propuestas de los candidatos presidenciales plantea reformas laborales de fondo, pese a que la informalidad alcanza al 70,2% de la población ocupada, un problema sin propuesta de fondo.

Lo que predomina son medidas de corto plazo como iniciativas sobre productividad, desarrollo empresarial o piezas sueltas de protección social. Sin embargo, los temas más incómodos como la estabilidad laboral, la duración de los contratos temporales, la fiscalización efectiva o la seguridad en el trabajo aparecen de forma marginal.

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La era del contrato temporal

Hoy, siete de cada 10 trabajadores formales están bajo contratos temporales, incluso cuando realizan labores permanentes. Un trabajador que no sabe si seguirá empleado en unos meses difícilmente accede a crédito o piensa en un proyecto de vida. La rotación constante también limita la acumulación de experiencia dentro de las empresas.

“Antes primaba el contrato a plazo indeterminado. Desde los años 90 (gobierno de Alberto Fujimori) se dio una flexibilización laboral a nivel constitucional y se priorizó reducir costos laborales, sin prohibición al despido arbitrario dando mayor autonomía a las empresas”, observó a este diario el abogado laboralista Renzo Castillo.

En ese contexto, explica que el aumento de los contratos temporales no siempre responde a necesidades reales de las empresas, sino también a que existen figuras legales que les permiten usarlos con mayor libertad.

“Estos contratos se han utilizado incluso para actividades permanentes, lo que genera inestabilidad y temor en los trabajadores, por ejemplo, para sindicalizarse”, advierte

La mayoría de contratos temporales, afirma, está en los sectores de las micro y pequeñas empresas, siendo aún formales.
“Hay contratos como el de servicio específico que se prestan a la interpretación y han sido utilizados por las empresas para extender vínculos temporales más allá de lo razonable”, explica, aunque agrega que pese a que se cambien las normas, si no hay mayor productividad en las empresas, sobre todo en las mype, no se van a generar condiciones para ofrecer empleos estables.

En esa línea, sostiene que cualquier reforma laboral que busque recuperar estabilidad debe ir acompañada de cambios en la economía como una mayor diversificación productiva.

“Para mejorar realmente las condiciones de los trabajadores no basta con cambiar las normas laborales. Se necesita más empleo, y para eso el país debe ser más productivo. Eso pasa por un proceso de industrialización y por diversificar la economía, que hoy sigue concentrada en el sector primario exportador”, apuntó el letrado experto en empleo.

En ese escenario, una reforma laboral integral no pasa únicamente por ajustes puntuales, sino por un rediseño del sistema de contratación. Según remarca Fernando Cuadros, el eje debe ser recuperar la estabilidad laboral como regla. "Una actividad temporal debería durar como máximo un año, dos en casos extremos, pero más que eso no tiene sentido”, explica.

La sobreutilización de contratos temporales ha terminado precarizando el empleo formal. “Hoy, en el sector privado, solo uno de cada tres trabajadores formales tiene un contrato estable. Dos de cada tres son temporales, y eso limita su acceso a crédito y su posibilidad de proyectar un plan de vida”, finalizó el experto.

Elecciones: 655 planes y casi nadie aborda la precariedad

Según revela Horizonte Laboral, aunque se identifican 655 propuestas laborales en los planes de gobierno, la mayoría carece de desarrollo: más del 97% son superficiales, lo que revela una agenda cargada de iniciativas, pero débil en diseño e implementación.

También revela que solo el 3% de las propuestas menciona mecanismos de diálogo entre Estado, empresas y trabajadores, lo que refleja una débil apuesta por la gobernanza laboral.

El debate electoral se concentra en emprendimiento y desarrollo empresarial, mientras precarización laboral o seguridad y salud en el trabajo quedan prácticamente fuera de agenda.

Este grupo está conformado principalmente por madres cuidadoras, guías de familia, socias de cocina y otros voluntarios que desempeñan funciones esenciales en el cuidado infantil temprano. El dictamen obtuvo 10 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, y ahora depende del Pleno para convertirse en ley. 

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Actualmente, estos actores comunales no reciben un salario competente ni beneficios sociales, pues el Estado contempla su labor como un voluntariado, donde apenas reciben incentivos de S/400 o S/500, pese a realizar trabajos fundamentales en el desarrollo de niñas y niños menores de 36 meses que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Trabajo clave, pero históricamente precarizado 

Si bien el modelo de Cuna Más se sostiene en la colaboración entre el Estado y las comunidades —lo que ha permitido llevar servicios a las zonas más remotas del país—, el rol de los actores comunales ha sido históricamente subvalorado y precarizado. “Estas personas, principalmente mujeres, realizan tareas como cocinar, limpiar, cuidar niños y efectuar visitas familiares, pero sus funciones no han recibido el reconocimiento ni la compensación que realmente merecen”, indicó la socióloga Alejandra Dinegro en declaraciones a La República.

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En el caso de las madres cuidadoras—un puesto ocupado exclusivamente por mujeres— su labor constituye la primera línea de atención en los centros de Cuna Más. Este programa, creado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en 2012 sobre la base del antiguo Wawa Wasi (vigente desde 1993), hoy brinda servicios a más de 64.000 menores a nivel nacional. 

Dinegro afirma que la desvalorización de estas labores responde a la percepción de que el cuidado infantil, el trabajo doméstico y la atención a personas dependientes son “extensiones naturales del rol femenino”.

“Es una actividad que se asocia a las mujeres y tiende a percibirse como una habilidad natural y no como un trabajo que demanda formación, tiempo y esfuerzo. Esta percepción reduce justamente el valor de la mujer en el mercado laboral y se asume que las mujeres ya saben cuidar por su rol social, entonces no se considera necesario pagar adecuadamente por ello”, señaló la especialista en políticas públicas.

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MEF y Midis consideran que el dictamen no es viable

De acuerdo con cifras oficiales, más de 53.000 actores comunales sostienen las operaciones de Cuna Más en todo el país, donde las regiones con mayor número de voluntarios son Cajamarca (5.056), Cusco (3.594), Piura (3.140), Junín (3.104) y La Libertad (3.071),  donde en conjunto, atienden a 277.087 familias, entre ellas 20.343 gestantes.

Pese al respaldo obtenido en el grupo parlamentario en cuestión, los ministerios de Economía y de Inclusión Social consideran que el dictamen no es viable, pues argumentan que la propuesta generaría gastos no contemplados en el presupuesto y que no existe un estudio técnico que sustente los montos planteados

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Según sus estimaciones, la implementación del beneficio representaría un gasto adicional de más de S/97 millones, cifra que no está proyectada en el presupuesto del programa para los próximos años. 

Asimismo, advierten que la iniciativa vulneraría principios constitucionales como el equilibrio presupuestario y la responsabilidad fiscal, al crear obligaciones económicas sin un financiamiento definido.

También señalan que la norma no precisa adecuadamente quiénes serían los beneficiarios ni establece un mecanismo de diferenciación entre ellos. Además, alertan que el incremento propuesto podría afectar la autonomía del Poder Ejecutivo en la gestión de los recursos públicos. Para estas entidades, ejecutar el proyecto durante los próximos tres años sería inviable sin transferencias extraordinarias del MEF, las cuales no han sido previstas ni autorizadas. 

Un programa estatal sin sueldo digno 

Sin embargo, para Dinegro, este tipo de objeciones revela una falta de visión respecto al rol estratégico del cuidado, pues sostiene que una mayor inversión pública en este ámbito es fundamental y que el argumento recurrente de la falta de recursos evidencia la baja prioridad que se le otorga al trabajo de cuidado dentro de la política estatal.

“El Estado siempre dice que no tenemos plata suficiente y por lo tanto es difícil mejorar condiciones, pero se requiere que el cuidado sea visto como una prioridad de política pública. Si no está en la agenda pública, nunca va a haber interés por mejorar estas condiciones”, remarca. 

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La especialista también subraya el papel que juegan los roles de género en la persistente desvalorización de estas labores. Explica que el cuidado se sigue entendiendo como una habilidad “natural” de las mujeres, lo que reduce su valor social y económico.

“Esta percepción influye incluso en profesiones como la enfermería o servicios de salud, donde la feminización del rol se refleja en menores salarios y menor reconocimiento. El Estado cumple un rol ambivalente: mientras debe garantizar políticas para poblaciones vulnerables, al mismo tiempo perpetúa brechas de género al sostener programas basados casi exclusivamente en trabajo femenino precarizado, sin estándares claros de remuneración ni fiscalización adecuada”, indica.

Para revertir estas desigualdades, Dinegro plantea la necesidad de reconocer el trabajo de cuidado como una labor formal, con derechos laborales completos y con una remuneración acorde a su impacto social y económico.

Asimismo, propone avanzar hacia la profesionalización del sector mediante procesos de capacitación, certificación de competencias y rutas claras de desarrollo laboral dentro de un eventual Sistema Nacional de Cuidados. Todo esto, acompañado de una inversión pública sostenida que permita consolidar el cuidado como una prioridad en la agenda del Estado. 

Según explicó el sector, para que el servicio funcione, es necesario instalar paraderos, estaciones, sistemas de recaudo, señalización automática, barreras automatizadas y una vía segregada que permita proteger tanto a los usuarios como a terceros que circulan cerca de la línea férrea. 

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En esa línea, el MTC recordó que la vía Lima–Chosica está bajo concesión de Ferrovías Central Andina S. A., por lo que cualquier adecuación o intervención requiere modificar el contrato de concesión.

Esta aclaración del MTC se produce luego de que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunciara que el tren Lima–Chosica se encuentra técnicamente operativo y en condiciones de iniciar funciones de inmediato. Según dijo el burgomaestre, quien reemplaza a Rafael López Aliaga en la comuna, “todo está listo”, pero aún depende de una autorización formal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), documento que hasta el momento no ha sido emitido. 

Reggiardo señaló que ha venido coordinando directamente con el ministro Aldo Prieto, dando luces de que el tren podría comenzar a operar esta misma semana.  

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Tren Lima - Chosica a la espera de levantar observaciones

El MTC advirtió que aún existen observaciones técnicas y contractuales, entre ellas la modificación del contrato de concesión, trámite que ahora deberá ser gestionado por PROINVERSIÓN tras el reciente Convenio de Delegación de Competencias. Mientras no se concrete ese proceso con Ferrovías Central Andina S.A., el proyecto seguirá detenido pese a su aparente operatividad. 

La cartera del MTC precisó que la solicitud de la Municipalidad de Lima para habilitar el traslado de una locomotora y cinco coches forma parte de un plan de mantenimiento preventivo, y no implica el inicio formal del servicio ferroviario.

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Reggiardo reiteró públicamente su pedido al MTC

Tras este pronunciamiento, Reggiardo reiteró su pedido al MTC para que autorice la marcha blanca y aclaró que la Municipalidad solo pidió la autorización para el traslado de cinco coches y una locomotora, más no se refirió al inicio de viajes con pasajeros. Además, insistió en que no existen impedimentos técnicos para la operación, ya que ya se realizaron pruebas en vacío.

El golpe al bosillo es fruto de tres choques simultáneos que formaron “una tormenta perfecta” en detrimento del ciudadano de a pie: el siniestro del ducto de gas natural, la guerra en Medio Oriente, que elevó el precio de los combustibles, y la presencia de un Niño Costero, que terminó por presionar aún más los costos.

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Así, la inflación anual (abril 2025 – marzo 2026) alcanzó una tasa de 3,8%, la más alta en tres años, escapándose del rango meta del Banco Central de Reserva (1%-3%). Hace una semana, Julio Velarde afirmaba que el índice de precios llegaría apenas al 3%, sin embargo el dato fue mayor a lo previsto.

Transporte y alimentos lideran el golpe inflacionario  

El golpe inflacionario se concentró en lo más sensible de la billetera como es movilizarse y comer. Este resultado se sustenta, principalmente, en los mayores precios del rubro transporte (9%), impulsados por el encarecimiento de combustibles como el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular y gasohol, lo que derivó en un aumento en los pasajes de buses y taxis.

“Esto debido al impacto inicial luego de que se rompa el ducto, la guerra en Irán y un semiparalizado Petroperú”, apuntó el economista Armando Mendoza a este diario.

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Por otro lado, el rubro de alimentos (3%) volvió a golpear el bolsillo de miles de peruanos, afectado por heladas y lluvias que perjudicaron la producción agrícola en la sierra central. “Eso explica cómo tubérculos (+10%), frutas (5%) y carne (3%) han tenido un incremento considerable”, añadió.

Si bien el tubo de Camisea ya fue reparado y existe un Niño débil en este momento, desde el BBVA Research advierten que las aguas no están calmadas debido a que “todavía persiste la incertidumbre sobre la duración de la Guerra en Medio Oriente, por lo que los efectos sobre el transporte urbano y los costos logísticos tardarán en revertirse”.

Según apunta el INEI, de los 586 productos que componen la canasta básica familiar, 353 subieron de precio en marzo. Los que registraron la mayor incidencia en el bolsillo de la gente fueron el GLP vehicular (75%), arándanos (52%), petróleo diésel (33%), gasohol (33%), fresa (32%), vainita americana (29%), papa blanca (25%) y arveja verde (22%).

Además, el gas doméstico envasado, balón que usan más de 8 millones de hogares para cocinar, aumentó de precio en 12,5% debido al desabastecimiento durante 14 días que duró la emergencia de gas natural.

A nivel de ciudades, la que sufrió el mayor aumento de precios (entre abril de 2025 y marzo de 2026) fue Puerto Maldonado, con 4,1%, le sigue Lima Metropolitana (3,8%), Ica, Huancayo, Huánuco, Piura, Pucallpa y Moquegua, todas con inflaciones entre 3% y 4%.

Un factor que despierta preocupación es el comportamiento de los alimentos, “que volverá a superar a la de toda la canasta”, según afirma el economista Juan José Marthans, rompiendo así una tendencia de casi dos años por debajo del índice general de precios. Para Armando Mendoza, “este fenómeno golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, elevando el costo de vida sobre todo a los sectores socioeconómicos C y D".

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Piden medidas de contingencia ante escalada de precios

Ante ello, indicó que urge medidas de contingencia antes de que la Guerra en Irán comience a escalar. Una de ellas, es evaluar mecanismos de compensación tributaria como ajustes al Impuesto Selectivo al Consumo o al impuesto general a las ventas (IGV) aplicado a combustibles principales que tienen impacto directo en el transporte que usa la población como el diésel o gasohol.

Otra medida, señala, es asegurar el abastecimiento energético, fortalecer la continuidad operativa de Petroperú y garantizar redundancia (rutas alternativas de respaldo) en la infraestructura del ducto.

El exministro de Economía, Waldo Mendoza, considera que el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva deberían trazar una coordinación para enfrentar este problema, debido a que existe una amenaza de estanflacion (inflación con enfriamiento económico), calificado como el problema macroecononico más grave de los últimos años.

"Uno de los grandes problemas que tiene el Perú es el alza del petróleo por la guerra con Irán. El gobierno hace nada (...) Cuando la inflación sube, el poder de compra de las personas cae y la economía se enfría. El ministro de Economía ha abandonado su cargo", afirmó el extitular del MEF.

Una de las medidas que ha planteado es activar el fondo de estabilización del precio de Combustibles, que implica que el Estado interviene para evitar que los precios internacionales altos del petróleo se trasladen directamente a los consumidores en los grifos. A su juicio, esta medida no debe elevar el gasto público.

"Cuándo los precios externos suben, el gobierno subsidia a los importadores para que no suban los precios locales. Cuándo los precios externos bajan, los importadores no bajan los precios locales y devuelven el subsidio", explicó.

Aún hay margen para prevenir mayores alzas de alimentos

Por otro lado, el economista Armando Mendoza advierte que el Gobierno aún está a tiempo de adoptar medidas preventivas, pero remarca la urgencia de actuar de manera coordinada entre los ministerios de Economía y de Desarrollo Agrario.

“Estamos a tiempo de aplicar medidas como asegurar insumos para el sector agrícola y garantizar las cosechas de la campaña de este año. En el caso de Brasil, por ejemplo, se calcula que el 85% de los fertilizantes provienen del Medio Oriente; si esa provisión se interrumpe, la campaña agrícola se vería seriamente afectada”, señaló.

Si bien la consecuencia no sería inmediata, lo que podría generar una falsa sensación de tranquilidad, sí podría impactar en un corto plazo. Es decir, si los fertilizantes no llegan a tiempo para la siembra, el impacto no se percibe hoy en los mercados, sino varios meses después, cuando la cosecha no se concreta.

“Si no pudiste sembrar ahora, no lo vas a sentir hoy en los precios, sino dentro de cinco o seis meses, cuando esa producción simplemente no exista. Y ahí ya no hay margen de reacción, porque la temporada agrícola ya pasó”, advirtió.

Para el economista Juan Carlos Odar, en abril también se registraría una inflación alta. Si los precios se estabilizan en los próximos meses, la inflación anual de 2026 se ubicaría alrededor de 3,19%, es decir, fuera de lo que proyecta el BCR.

Desde Thorne & Asociates, indican que aunque la crisis de Camisea se ha resuelto, y los choques del precio del petróleo y el El Niño Costero serían transitorios, el retorno de la inflación anual al rango meta ahora sería más lento a lo esperado.

"Se daría en el cuarto trimestre del 2026 y ya no en el tercero. No hay señales claras de que las tensiones geopolíticas disminuyan, por lo que el precio del petróleo continuaría en niveles elevados y seguiría añadiendo presiones adicionales", analizaron.

Claves

Contención. En un plazo de dos semanas deberían verse medidas más concretas frente a la crisis de combustibles debido a la guerra en Irán.

Quedó corto. Julio Velarde estimó que la inflación anual rondaría el 3%, pero el dato final fue mayor a lo previsto.

Por su parte, el titular del Ministerio de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, expresó: “El Bono de Arrendamiento para Emergencias es una respuesta inmediata del Estado para proteger a las familias que lo han perdido todo. Nuestro compromiso es estar presentes en el territorio, escuchar a la gente y brindar soluciones reales que les permitan recuperar su tranquilidad y reconstruir sus vidas”.

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¿Qué es el Bono de Arrendamiento para Emergencias?

El BAE es un apoyo mensual de S/500 que ayuda a las familias a alquilar una vivienda mientras enfrentan la emergencia. Esta ayuda brinda una solución rápida para proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables tras los daños causados por las lluvias intensas.

Las regiones con más bonos son Lambayeque (63), Huancavelica (62), Ayacucho (61) y Loreto (47), lo que muestra el impacto desigual de las precipitaciones. Cabe precisar que, para lograr cubrir estos 448 bonos, la cartera realizó un despliegue en 21 regiones del Perú, en donde especialistas verificaron 1,504 viviendas, a fin de poder identificar a las familias que verdaderamente necesitan el BAE.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder al BAE?

Son cinco las condiciones que los ciudadanos que busquen obtener este bono de emergencia deben cumplir:

• El distrito afectado debe haber sido declarado en Estado de Emergencia.
• La vivienda debe haber sido calificada como "colapsada" o "inhabitable" por el hecho ocurrido.
• La familia debe estar registrada en el formulario Campo 2A del Empadronamiento de Familias y Medios de Vida de su municipio.
• No contar con otra vivienda en la misma región donde se declaró la emergencia.
• No ser inquilino del inmueble, pues el bono se concede exclusivamente al propietario.

Esta iniciativa, parte de las acciones tras la emergencia energética de marzo, busca mitigar el impacto del aumento de combustibles en el sector transporte, uno de los más afectados por el alza del petróleo y el incremento generalizado del costo de vida.

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Link oficial para registrarte paso a paso

El acceso al subsidio se realiza únicamente mediante la plataforma web habilitada por el Gobierno: https://infogas.cloudservicebc3.com/. El conductor debe ingresar al portal, registrar la placa del vehículo y el número de la TUC para que el sistema valide la información. Tras la verificación, se debe seleccionar una única estación de servicio donde utilizará el beneficio.

El subsidio funciona de manera automática y se activa desde el tercer día hábil. Cada vez que el conductor cargue combustible, el monto se descontará del saldo asignado hasta alcanzar los S/120. Por ejemplo, si la carga es de S/20, el sistema reducirá el saldo disponible a S/100 sin que sea necesario realizar pagos adicionales. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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¿Quiénes pueden acceder al bono de S/120 para taxistas GNV?

Está dirigido a conductores que cuenten con autorización vigente para prestar el servicio de taxi al 9 de marzo de 2026 y que dispongan de la Tarjeta Única de Circulación (TUC). Asimismo, deben estar registrados en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao o en municipalidades provinciales de Ica.

El beneficio alcanza tanto a quienes ya terminaron de pagar la conversión a GNV como a aquellos que financiaron el proceso mediante mecanismos distintos al Fondo de Inclusión Social Energético, ampliando así el número de conductores que pueden recibir el apoyo.

¿A qué se debe el subsidio para el transporte?

La implementación de esta medida se debe al incremento de precios registrado en marzo, cuando el sector transporte presentó una subida de 7,86% impulsada por el encarecimiento del gas natural y los combustibles líquidos. Entre los principales aumentos destacan el gasohol, que subió 32,53%, los pasajes en taxi con un alza de 25% y el transporte en ómnibus y microbús con un incremento de 12%.

Además, el aumento del precio del petróleo, que pasó de US$60 por barril en febrero a más de US$100 a finales de marzo, impactando directamente en el costo de vida y motivando la creación de este apoyo económico.