Para el mercado peruano, sin embargo, el movimiento del barril no explica por sí solo lo que ocurre con el diésel. El petróleo crudo y los productos refinados tienen mercados diferentes. La disponibilidad de las refinerías, el transporte y la cantidad de combustibles disponibles también determinan cuánto termina pagando el consumidor.

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El propio presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló en la presentación del último Reporte de Inflación que el precio de los productos refinados ha aumentado incluso más que el del petróleo, debido a los problemas que también afectan a las refinerías.

Brent supera los US$100 y los refinados suben más por los problemas en refinerías

Velarde explicó que el conflicto en Medio Oriente no solo ha afectado la cotización del petróleo. Los problemas en las instalaciones de refinación han añadido presión sobre el precio de los combustibles que llegan al mercado.

"Este precio del petróleo refinado incluso ha subido más que el precio del petróleo porque las refinerías también han sido afectadas, este conflicto", señaló.

La diferencia es importante para países como Perú, donde la demanda interna de combustibles no se cubre únicamente con petróleo crudo. Una menor producción de derivados puede generar escasez y elevar sus precios, incluso si la cotización internacional del barril comienza a moderarse.

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Víctor Murillo, exviceministro de Hidrocarburos, explicó a La República que el mercado del crudo y el de los derivados tienen sus propias condiciones.

"Si hay muy poca refinación, el producto llamado diésel escasea a pesar de que el petróleo puede estar abundando en todas partes. Estos dos mercados no siempre están correlacionados en términos de precio porque tienen distintas dinámicas, con sus propias demandas y sus propias ofertas", señaló.

El mercado internacional ya muestra esa tensión. Las interrupciones en las cadenas de suministro y los daños registrados en refinerías han ajustado la disponibilidad de diésel, mientras el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz continúa afectado.

El viernes aparecieron señales que ayudaron a moderar la cotización del crudo. Arabia Saudita trabaja en la recuperación parcial de su oleoducto East-West, una vía que permite trasladar petróleo hacia la costa del mar Rojo y reducir la dependencia del paso por Ormuz.

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Diésel subió 11,5% en Lima y Perú enfrenta el mayor costo de los derivados

La presión internacional ya se reflejó en los precios locales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el precio del diésel aumentó 11,5% en Lima durante agosto, mientras que los gasoholes subieron 8,4%.

El incremento de los combustibles se produjo en un periodo en el que la inflación de Lima Metropolitana alcanzó 4,44% en los últimos 12 meses. A nivel nacional, la inflación llegó a 4,06%.

Velarde señaló que el incremento de los combustibles en Perú incluso ha sido mayor al registrado en otros países debido a factores adicionales que han incidido sobre el mercado local. Entre ellos mencionó el temor relacionado con el pago de las compras de petróleo por parte de una empresa pública.

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"Dentro de Perú incluso ha subido algo más, ya por más que se haya señalado, del temor a que no pagara nuestra empresa pública. El petróleo hizo que estuvieran pidiendo un precio más alto por temor a que no le pagaran. Entonces, ha habido varios factores que han hecho que incluso el aumento del precio sea mayor", explicó.

El presidente del BCRP también destacó que, a diferencia de otros países de la región, Perú no aplicó fondos de estabilización para contener el impacto del incremento internacional del petróleo.

"A diferencia de otros países, no se ha aplicado fondos de estabilización. No hay empresas públicas que han estado financiando el aumento del petróleo, como ha pasado en otros países de la región", sostuvo.

En septiembre, el BCRP elevó de US$80 a US$82 por barril su supuesto para el precio promedio del WTI durante 2026. Para 2027 proyectó un promedio de US$74. La institución también elevó su proyección de inflación para este año a 4,2%.

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Perú compra derivados y una nueva subida puede encarecer el transporte

El mercado peruano no depende solamente de cuánto cuesta comprar petróleo crudo. Las refinerías locales utilizan ese insumo, pero el país también adquiere combustibles que ya fueron procesados.

"Nosotros consumimos más derivados que petróleo crudo. El petróleo como insumo solamente lo compran aquí los refinadores, que son dos, en este caso Talara de Petroperú y Repsol en La Pampilla. Entonces eso es una parte, no cubren ni la mitad de la demanda del Perú, entonces lo que se compra en mayor medida es básicamente derivados, es decir ya diésel", explicó Murillo.

El diésel tiene una presencia importante en el transporte de carga, pasajeros, maquinaria y actividades productivas. Por eso, un aumento sostenido puede elevar los costos de traslado de mercancías y servicios.

El impacto no llega de la misma forma ni al mismo tiempo a todos los precios. Depende de los inventarios disponibles, el costo de las importaciones, los márgenes de comercialización y el momento en que cada empresa adquirió el combustible.

Velarde también vinculó el aumento de los combustibles con el mayor avance de la inflación en el rubro transporte frente a otros países. El problema, entonces, no se limita al precio que aparece en un grifo: un combustible más caro puede elevar los costos de operación de empresas y transportistas.

Conflicto en Medio Oriente definirá cuánto tiempo seguirá la presión

El precio del petróleo podría moderarse si se recupera el flujo internacional de crudo y derivados. De hecho, las señales sobre una recuperación parcial de la infraestructura saudí ayudaron a que los precios bajaran el viernes. Pero el mercado todavía enfrenta restricciones importantes.

Para Velarde, el principal factor de incertidumbre es cuánto tiempo durará el conflicto y si volverá a agravarse. El precio actual del petróleo no es el único elemento que debe observarse.

"No estamos comparando el precio del petróleo actual. Lo que no sabemos es si el conflicto se agravará, si el precio del petróleo podría subir de nuevo", señaló.

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Murillo coincide en que la duración del conflicto será determinante para los combustibles. Si la oferta internacional continúa reducida durante varios meses, el mayor costo de los derivados puede trasladarse progresivamente al mercado peruano.

"Si el conflicto se mantiene o empeora, la oferta, que es el problema, se reduce. Y ante esa dinámica de poca oferta y mucha demanda, el precio va a seguir subiendo. Si se prolonga por meses, obviamente ese mayor costo internacional se traslada a los derivados y, a nivel del diésel, termina afectando al consumidor".

El escenario todavía está abierto. El Brent y el WTI acumularon tres jornadas de caída, pero permanecen sobre los US$100. Y aunque una baja del petróleo podría aliviar parte de la presión, el comportamiento del diésel dependerá también de la disponibilidad de refinados, la situación de las refinerías y el transporte internacional.

Para Perú, esa diferencia será determinante: el precio del barril puede bajar y el diésel no necesariamente acompañarlo en la misma proporción si el mercado de combustibles refinados continúa ajustado.

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El crecimiento del mercado ocurre además en un escenario en el que cada compra tiene un valor promedio ligeramente menor. El ticket pasó de S/190 en 2025 a S/180 en los primeros seis meses de este año, una reducción de 5,3%. En otras palabras, el mayor movimiento del ecommerce no está siendo acompañado por un aumento del gasto en cada operación.

Esta dinámica está vinculada con la incorporación de compras y pagos cotidianos al entorno digital. CAPECE estima que 24,3 millones de peruanos compraron por internet durante el periodo, equivalente al 60% de la población. Del total de compradores, 55% reside en provincias, aunque estas zonas representan 35% del volumen de ventas.

Las billeteras digitales cambian la forma de comprar

El principal medio de pago utilizado en las operaciones online ya no son las tarjetas, sino las billeteras digitales. Estas concentraron 60,7% de las transacciones realizadas entre enero y junio, con más de 664 millones de operaciones.

En términos de dinero procesado, representaron 37,6% del volumen de ventas, equivalente a unos US$7.300 millones. Las tarjetas de débito concentraron 32,4%, mientras que las de crédito representaron 27,9%. El efectivo mediante boletas quedó reducido a 2%.

El comportamiento también muestra que el crecimiento de los pagos digitales no es homogéneo. Las tarjetas de crédito fueron el medio que más aumentó su volumen procesado respecto del primer semestre de 2025, con un avance de 62,8%. Les siguieron las tarjetas de débito, con 45,6%, y las billeteras digitales, con 32,9%.

En cantidad de operaciones, las tarjetas de crédito crecieron 71,8%, las de débito 64,4% y las billeteras 41,9%. En sentido contrario, los pagos mediante boleta en efectivo redujeron tanto su volumen como el número de operaciones.

El menor ticket promedio también se observa en los principales medios de pago. La compra promedio con billetera digital bajó de S/41 a S/39, mientras que con tarjeta de débito pasó de S/71 a S/63 y con tarjeta de crédito de S/300 a S/284.

Esto ayuda a explicar por qué el número de operaciones puede crecer con mayor velocidad que el monto promedio de cada compra: categorías de consumo frecuente y pagos de menor valor tienen cada vez mayor presencia dentro del comercio electrónico.

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Servicios y entretenimiento impulsan el crecimiento

Los bienes y servicios digitales fueron el principal componente del ecommerce peruano durante el primer semestre. Representaron 44,8% del mercado, con aproximadamente US$8.700 millones.

El retail concentró 30,2%, equivalente a unos US$5.800 millones, mientras que turismo representó 25%, con alrededor de US$4.800 millones. Dentro de los servicios digitales aparecen operaciones que antes se realizaban principalmente fuera de internet, como el pago de servicios básicos y determinadas transacciones vinculadas con telecomunicaciones.

Las categorías con mayores tasas de crecimiento muestran, además, que el avance no está concentrado únicamente en la compra tradicional de productos. Juegos y apuestas a distancia aumentaron 159%, mientras que games avanzó 110% y los pasajes terrestres, 105%.

También crecieron cable y streaming, con 95%; servicios básicos, con 93%; y taxis y delivery, con 87%. En productos y otros servicios, belleza y cuidado personal aumentó 70%, televisión 68%, impresoras, laptops y tablets 55%, muebles y decoración 43% y tecnología 38%.

El resultado de algunas categorías está asociado a circunstancias específicas del periodo. CAPECE relaciona el crecimiento de juegos y apuestas a distancia con el efecto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Más negocios venden por internet, pero la mayoría aún no tiene una tienda propia

El aumento de la demanda también está acompañado por una mayor cantidad de negocios que utilizan canales digitales. Durante el primer semestre se contabilizaron 937.610 comercios que venden por internet, frente a 812.603 en 2025.

Sin embargo, no todos tienen el mismo nivel de desarrollo digital. De acuerdo con las estimaciones de CAPECE, solo unos 27.700 comercios cuentan con un canal estructurado, como una tienda virtual, una aplicación o una plataforma de ecommerce.

Otros 510.000 realizan ventas remotas mediante pasarelas o enlaces de pago. El grupo más numeroso corresponde a los cerca de 701.000 comercios que venden mediante redes sociales y cobran utilizando billeteras digitales.

La cifra muestra que el crecimiento del comercio electrónico no necesariamente implica que una empresa tenga que construir una plataforma propia. Para una parte importante de los negocios, especialmente aquellos que operan en redes sociales, la combinación entre mensajería, enlaces de pago y billeteras digitales funciona como puerta de entrada al mercado online.

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Provincias concentran más compradores que ventas

Otro de los cambios relevantes ocurre fuera de Lima. Las provincias ya representan 55% de los compradores digitales, pero concentran 35% del volumen total de ventas.

La diferencia indica que existe una brecha en el valor de las operaciones: según CAPECE, tanto la frecuencia de compra como el ticket promedio de los consumidores de provincias son menores que los registrados en Lima.

El dato permite matizar el crecimiento del ecommerce a nivel nacional. Aunque la incorporación de compradores fuera de Lima avanza, todavía existe una diferencia entre tener una mayor cantidad de consumidores conectados y alcanzar una participación equivalente en el valor de las ventas.

Al mismo tiempo, el mercado muestra una tendencia hacia compras más frecuentes y de menor monto. En categorías como telecomunicaciones y comida rápida, el ticket promedio es de S/50; en servicios básicos llega a S/90 y en restaurantes, a S/95. En cambio, los pasajes aéreos registran un promedio de S/900, los electrodomésticos S/850, educación S/650 y supermercados S/400.

El comportamiento del primer semestre prolonga la expansión registrada en 2025. Ese año, el comercio electrónico peruano movilizó US$27.750 millones, 78% más que en 2024. La composición del mercado también mostró un mayor peso de los bienes y servicios digitales.

Así, el crecimiento registrado en los primeros seis meses de 2026 no se explica únicamente por consumidores que destinan más dinero a comprar por internet. El mercado está incorporando nuevas operaciones, nuevos negocios y, sobre todo, más transacciones de menor monto que antes no necesariamente formaban parte del comercio electrónico.

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Pero el récord de las cuentas externas no significa que ese monto ingrese directamente a los bolsillos de los peruanos. La bonanza se transmite a la economía por diferentes vías y una de ellas es el mercado cambiario. Una mayor entrada de dólares incrementa la oferta de esta moneda y puede contribuir a evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.

Fernando Cuadros, economista y exviceministro de Promoción del Empleo, sostuvo a La República que ese es uno de los primeros efectos que pueden sentirse en la economía doméstica. “El incremento de exportaciones genere un mayor ingreso de dólares en el país, una mayor disposición, oferta de dólares, y eso contribuiría a reducir o en todo caso evitar que se incremente demasiado el dólar”, explicó.

Un tipo de cambio más estable puede moderar el encarecimiento de productos importados y de bienes cuyos costos están vinculados al mercado internacional. En un escenario de presiones sobre los precios, este mecanismo puede ayudar a contener parte del impacto, aunque no significa que el aumento de las exportaciones se convierta automáticamente en menores precios para los consumidores.

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El reto es que el mayor dinamismo genere más ingresos

El otro canal está relacionado con la actividad económica. Los sectores que exportan más pueden aumentar sus ingresos, invertir y generar puestos de trabajo, pero el efecto sobre el conjunto de los hogares dependerá de cuánto de ese crecimiento llegue a los trabajadores y de las condiciones en las que se incorporen al mercado laboral.

Cuadros considera que el escenario favorable para las exportaciones debería acompañarse de medidas que permitan fortalecer los ingresos de los trabajadores. Entre ellas, planteó elevar el salario mínimo a S/1.300 en un solo tramo.

“Uno de los sectores donde se paga el salario mínimo es el de la exportación”, señaló el especialista, al considerar que el incremento de los ingresos laborales permitiría reducir el impacto que tienen las presiones inflacionarias sobre el poder adquisitivo.

No obstante, existe otro mecanismo que puede determinar cuánto de la bonanza termina beneficiando a la población: la recaudación tributaria.

La Sunat informó que la recaudación tributaria creció 20,4% interanual en julio y 17,3% en agosto de 2026. El aumento muestra una mejora de los ingresos fiscales, aunque Cuadros considera que todavía existe margen para que el Estado capture una mayor parte del dinamismo generado por determinadas actividades económicas.

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Eliminar exoneraciones podría elevar los ingresos del Estado

Uno de los planteamientos centrales del especialista es revisar las exoneraciones tributarias, particularmente las vinculadas con el sector agroexportador.

Cuadros recordó que las empresas agroexportadoras tienen una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, por debajo de la tasa general, pese al fuerte crecimiento que registra esta actividad en los últimos años.

"Se dejan de percibir 2.000 millones de soles al año" por las exoneraciones vinculadas a la agroexportación, sostuvo.

Por ello, planteó que una eliminación progresiva de estos beneficios permitiría incrementar la recaudación y generar recursos que posteriormente podrían destinarse a servicios públicos y otras necesidades de la población.

El punto es relevante porque permite explicar una de las razones por las que el buen desempeño exportador no necesariamente se refleja en una mejora equivalente de los servicios que reciben los ciudadanos. Que una actividad incremente sus ventas al exterior no significa que el Estado recaude automáticamente en la misma proporción.

La discusión, por tanto, no se limita a cuánto exporta el país, sino también a cuánto de esa expansión termina generando ingresos fiscales y cuál es el destino de esos recursos.

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Cuadros también propuso evaluar una mayor tributación sobre las rentas extraordinarias de la minería. “El sector que más está beneficiando de esta situación” debería contribuir más, sostuvo, y recordó que, según su interpretación de un informe reciente de la OCDE, existiría margen para elevar la carga tributaria minera sin afectar necesariamente su competitividad.

Esta última afirmación corresponde al planteamiento del especialista y debe distinguirse de los datos oficiales sobre la balanza comercial: el superávit refleja el resultado del intercambio con el exterior, mientras que la discusión tributaria corresponde a cómo el Estado puede captar una parte de los ingresos generados por la actividad económica.

¿Qué podría hacer el Estado para que el beneficio llegue más a los hogares?

La propuesta de Cuadros no se limita a modificar impuestos. Su planteamiento combina mayores ingresos fiscales con medidas dirigidas a reducir el impacto del aumento de precios.

Una de ellas es utilizar recursos adicionales para mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos. La otra consiste en reactivar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo que, según el especialista, permitiría amortiguar el impacto del petróleo sobre los precios internos.

"Esa mayor recaudación tributaria podría traducirse en una mejora de la calidad de los servicios públicos y de su cobertura", señaló.

El efecto sobre los hogares podría darse por dos caminos. Por un lado, mediante servicios públicos con mayor cobertura. Por otro, a través de mecanismos que reduzcan el traslado de los costos de los combustibles hacia el transporte y los alimentos.

Cuadros también planteó una reforma tributaria que incluya la eliminación de exoneraciones consideradas ineficientes, mayores tasas para sectores con mayores rentas o patrimonio y una ampliación de la base de contribuyentes.

"Debería plantear una reforma tributaria", sostuvo. A su juicio, esta debería incluir "eliminar exoneraciones tributarias ineficientes, aplicar mayores tasas impositivas a los sectores con mayores rentas o mayor patrimonio y ampliar la base de contribuyentes".

De aplicarse, estas medidas no significarían que los US$45.759 millones del superávit pasen directamente a manos del Estado. Su objetivo sería distinto: aumentar la capacidad de recaudación sobre una economía que genera mayores ingresos y utilizar esos recursos mediante el presupuesto público.

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Combustibles y El Niño pueden reducir el efecto positivo

El contexto en el que se produce el superávit también es determinante. La economía enfrenta presiones provenientes del precio internacional del petróleo y el riesgo de que el fenómeno de El Niño afecte la producción y el transporte.

Cuadros advierte que un deterioro de la producción agropecuaria podría reducir la oferta de algunos alimentos y elevar sus precios. Al mismo tiempo, los daños sobre carreteras e infraestructura pueden incrementar los costos de traslado.

"Todo eso llevaría a un mayor impacto en la inflación", afirmó.

Por eso, desde su perspectiva, una mayor recaudación debería servir también para financiar medidas preventivas frente al fenómeno climático. El especialista considera insuficientes los recursos y acciones destinados actualmente a reducir sus efectos y plantea acelerar las labores de prevención, especialmente en las zonas que podrían resultar más afectadas.

La presión sobre los precios podría complicar aún más la percepción de los hogares. Incluso si las exportaciones continúan creciendo y el país mantiene un elevado superávit comercial, una familia puede no percibir una mejora en su economía si sus ingresos crecen menos que sus gastos o si el costo de alimentos, transporte y combustibles aumenta.

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La bonanza externa no garantiza por sí sola mayor bienestar

El superávit comercial constituye una señal favorable para la posición externa del Perú, pero su magnitud no permite concluir por sí sola que los hogares estén recibiendo el mismo beneficio.

El principal efecto inmediato pasa por el ingreso de divisas y su incidencia sobre el tipo de cambio. Para que el resultado exportador tenga una transmisión más amplia, entran en juego el empleo, las remuneraciones, la recaudación y el gasto público.

En ese punto se encuentra uno de los principales desafíos: que una mayor generación de riqueza en los sectores vinculados a las exportaciones también incremente la capacidad del Estado para financiar servicios y políticas que reduzcan las presiones sobre los hogares.

Para Cuadros, además de revisar las exoneraciones y la tributación de los sectores con mayores rentas, el Gobierno debería adoptar medidas para proteger el poder adquisitivo, entre ellas el aumento del salario mínimo y la reactivación del fondo de combustibles.

El debate, entonces, no pasa únicamente por celebrar que el Perú acumule US$45.759 millones de superávit comercial. También por determinar qué mecanismos permiten que una economía que obtiene mayores ingresos del exterior convierta parte de esa expansión en más recaudación, mejores servicios, ingresos laborales y menor presión sobre los gastos cotidianos de las familias.

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La discusión se produce a poco más de tres meses de que culmine el plazo establecido en la legislación actual. El artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta mantiene estas rentas exoneradas hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que cualquier ampliación requiere una nueva disposición legal.

La iniciativa fue presentada por José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía, y contempla también determinadas operaciones realizadas por las cooperativas de ahorro y crédito con sus socios. El objetivo expuesto por sus impulsores es evitar que una eventual modificación tributaria reduzca el rendimiento que reciben los depositantes.

¿A quiénes alcanzaría la medida?

El proyecto no plantea crear una nueva exoneración, sino prolongar el régimen que ya se encuentra vigente. En concreto, busca mantener el tratamiento aplicable a los intereses provenientes de depósitos en empresas del sistema financiero y a determinadas operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito.

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Uno de los argumentos utilizados para sustentar la iniciativa es la composición de los depósitos. De acuerdo con información de la SBS citada por el Congreso, al cierre de 2025, el 95,9% de los titulares de cuentas de ahorro tenía saldos de hasta S/11.670.

Ese dato es relevante para el debate porque permite observar que la medida no está dirigida únicamente a quienes mantienen grandes cantidades de dinero en las entidades financieras. Los promotores sostienen que una eventual carga sobre los intereses también tendría incidencia sobre los pequeños depositantes.

El proyecto incorpora además al sistema cooperativo. A julio de 2025, las cooperativas de ahorro y crédito registraban 1 millón 511.925 socios depositantes y administraban más de S/8.000 millones en depósitos, según la información difundida por el Congreso.

¿Cuánto representa para el Estado?

La discusión también tiene una dimensión fiscal. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030 identificó esta exoneración entre los beneficios tributarios cuya vigencia llega a su fin durante 2026.

Para los intereses de los depósitos bancarios de personas naturales, el MEF estimó un costo fiscal de S/268 millones para 2027, equivalente a alrededor de 0,02% del PBI. En el caso de los intereses vinculados con depósitos en cooperativas de ahorro y crédito, el costo estimado asciende a otros S/25 millones.

En conjunto, ambos conceptos representan cerca de S/293 millones que el Estado dejaría de recaudar en 2027 si se mantiene el tratamiento tributario.

Este elemento introduce otro aspecto en la evaluación parlamentaria: además del efecto que tendría sobre los rendimientos de los depositantes, una prórroga implica mantener un gasto tributario que el MEF ya ha cuantificado dentro de sus proyecciones fiscales.

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MEF descarta impuesto a los intereses desde 2027

La iniciativa legislativa llega después de que el Ministerio de Economía y Finanzas aclarara que no tiene previsto aplicar el Impuesto a la Renta sobre los intereses de las cuentas de ahorro desde el próximo año.

A inicios de septiembre, el MEF señaló que no ha planteado gravar estos rendimientos y que las versiones que apuntaban a esa posibilidad no correspondían a una medida impulsada por la cartera. La precisión fue realizada luego de que el MMM 2027-2030 incluyera la exoneración entre los beneficios tributarios con vencimiento en 2026.

Por ello, el vencimiento del régimen actual no significa que el Ejecutivo haya anunciado la creación de un nuevo impuesto para los intereses de las cuentas de ahorro. Se trata de dos asuntos distintos: una cosa es que termine la vigencia de una exoneración y otra que el Gobierno haya propuesto establecer una carga tributaria sobre esos rendimientos.

En este escenario, el proyecto de Ahora Nación busca fijar expresamente una nueva fecha para la continuidad del tratamiento vigente.

¿Qué tendría que ocurrir para que llegue hasta 2029?

La iniciativa todavía debe seguir el procedimiento parlamentario antes de convertirse en una norma aplicable. Su presentación no modifica por sí sola el plazo vigente, que continúa establecido hasta el 31 de diciembre de 2026.

De aprobarse una extensión, el nuevo límite pasaría al 31 de diciembre de 2029. De no prosperar ninguna modificación legal antes del vencimiento, corresponderá aplicar las reglas tributarias que se encuentren vigentes en ese momento.

El debate tendrá así dos dimensiones. Por un lado, los impulsores del proyecto sostienen que mantener el tratamiento actual evita reducir el rendimiento de los depósitos y puede contribuir a preservar el ahorro dentro del sistema financiero formal. Por otro, el MMM permite dimensionar cuánto representa para las cuentas fiscales continuar con esta excepción tributaria.

La discusión parlamentaria deberá definir finalmente si ese tratamiento se prolonga por otros tres años y bajo qué condiciones. Mientras tanto, la fecha que figura actualmente en la legislación continúa siendo el 31 de diciembre de 2026.

El reciente reporte del INEI sobre pobreza monetaria muestra una reducción de la pobreza en 2025. La cifra pasó de 27,6% a 25,7%, lo que significa que alrededor de 567.000 personas dejaron esta condición. Sin embargo, los resultados todavía reflejan un problema social de enorme magnitud: más de 8,8 millones de peruanos continúan en situación de pobreza y el país aún no logra retornar a los niveles previos a la pandemia: actualmente existen 2,3 millones más de personas en pobreza que en 2019.

Las cifras, aunque muestran cierta recuperación, también evidencian un problema profundamente estructural. La pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos y persisten limitaciones en acceso a salud, educación, empleo de calidad, nutrición y servicios básicos. Por eso, centrar el debate únicamente en la variación anual del indicador resulta insuficiente para comprender la verdadera dimensión del problema.

Y justamente ir más allá de la cifra implica reconocer que la pobreza no se manifiesta igual en todo el país. Persisten profundas diferencias entre regiones y entre el ámbito urbano y rural. Los datos reflejan una fuerte concentración territorial del problema: Cajamarca y Loreto registran niveles de pobreza superiores al 40%, mientras que Puno y Pasco superan el 36%. En contraste, regiones como Ica y Moquegua presentan niveles considerablemente menores, lo que refleja condiciones de desarrollo profundamente desiguales.

Estas diferencias exigen estrategias priorizadas según la magnitud y características del problema en cada territorio. Las regiones con mayores niveles de pobreza demandan intervenciones sostenidas en infraestructura, salud, educación, conectividad y desarrollo productivo. Esta necesidad se vuelve aún más evidente en el ámbito rural, donde la pobreza pasó de 39,3% a 35,5%, pero las brechas continúan siendo profundas: más de un tercio de la población permanece en situación de pobreza, con mayor incidencia de pobreza extrema y persistentes limitaciones en acceso a servicios básicos y oportunidades productivas sostenibles.

Protección social

En este escenario, fortalecer la protección social debe convertirse en una prioridad nacional. Ello no solo resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en situación de pobreza, especialmente en ámbitos como la salud, el empleo y las pensiones, sino también para reducir el riesgo de que una parte importante de la población vulnerable termine cayendo en esta condición frente a cualquier choque adverso.

Según el INEI, el 32,8% de la población peruana se encuentra en condición de vulnerabilidad económica, apenas por encima de la línea de pobreza.  La experiencia de la pandemia dejó una lección clara: una enfermedad grave, la pérdida del empleo o el cierre de un pequeño negocio pueden hacer que una familia retroceda en pocos meses todo lo que tardó años en construir.

Este desafío se vuelve aún más complejo en un país marcado por elevados niveles de informalidad. Las cifras del INEI muestran que entre la población en situación de pobreza el 89,1% trabaja en condiciones informales.  Esto significa ausencia de estabilidad laboral, limitada protección previsional y escaso acceso a mecanismos de seguridad económica. Así, combatir la pobreza exige también una estrategia más decidida para reducir la informalidad, especialmente entre las micro y pequeñas empresas.

De allí que el reto no consista únicamente en generar más empleo, sino en mejorar su calidad y sostenibilidad. Una economía con altos niveles de trabajo sin protección social difícilmente podrá reducir de manera sostenida sus niveles de pobreza.

Micro y pequeñas empresas

En ese contexto, fortalecer a las micro y pequeñas empresas resulta fundamental para que la reducción de la informalidad pueda traducirse en mayores oportunidades de desarrollo. Por ello, las políticas públicas deberían orientarse no solo a facilitar la creación de empresas, sino también a acompañar su crecimiento mediante inclusión financiera, capacitación, asistencia técnica y reducción de barreras regulatorias.

La experiencia internacional demuestra que las micro y pequeñas empresas pueden convertirse en herramientas efectivas en la lucha contra la pobreza cuando logran integrarse a cadenas productivas, acceder a mercados y fortalecer capacidades de gestión.

Inversión en capital humano

Bajo esa misma lógica, cualquier esfuerzo orientado a reducir la pobreza será insuficiente si el país no prioriza seriamente la inversión en capital humano. Sobre ello, la educación continúa siendo una de las herramientas más importantes de movilidad social y, en un país donde las posibilidades de desarrollo siguen siendo desiguales, uno de los mecanismos más efectivos para romper los ciclos de pobreza intergeneracional. Sin embargo, el Perú mantiene problemas de calidad educativa, infraestructura deficiente y brechas de aprendizaje que afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

En este escenario, preocupa que programas dirigidos a ampliar oportunidades educativas para jóvenes de bajos recursos enfrenten restricciones presupuestales. Intervenciones como Beca 18 o Beca Bicentenario representan oportunidades concretas de movilidad social para miles de estudiantes talentosos y son herramientas valiosas para el desarrollo del capital humano; su desfinanciamiento solo indica una inadecuada priorización de políticas públicas nacionales.

A este escenario complejo se suman problemas de nutrición y salud infantil que continúan limitando el desarrollo de miles de niños desde sus primeros años de vida. La anemia sigue siendo uno de los ejemplos más preocupantes. Según la Endes 2024, el 43,7% de los niños de 6 a 35 meses presenta anemia en el país. Más allá de tratarse de un problema de salud pública, ello implica menores capacidades de aprendizaje, limitaciones cognitivas y efectos que pueden condicionar la productividad futura.

Precisamente por ello, el país requiere una mirada más integral de la educación. Se necesitan mayores esfuerzos en infraestructura educativa, fortalecimiento de la calidad docente, nutrición infantil y mejores condiciones de aprendizaje para millones de niños y jóvenes. Apostar por el capital humano no debería ser una política secundaria, sino uno de los principales ejes de desarrollo nacional, pues el desarrollo sostenible no puede construirse sobre sistemas educativos débiles ni sobre generaciones que crecen con oportunidades profundamente desiguales.

Desafíos económicos y sociales

En este orden de ideas, y después de casi quince años de creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también corresponde evaluar con mayor profundidad el alcance y sostenibilidad de las políticas implementadas para seguir fortaleciendo las estrategias de lucha contra la pobreza y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los nuevos desafíos sociales y económicos y repensar la pobreza.

Ello implica colocar al ciudadano en el centro de las políticas públicas, a través de intervenciones capaces de ampliar capacidades, generar oportunidades y construir condiciones para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida sostenibles.

En esa línea, el Estado también debe avanzar hacia la construcción de mecanismos de mayor participación ciudadana que permitan a las personas en situación de pobreza participar en el diseño y evaluación de las políticas orientadas a atender sus necesidades.

Bajo esta perspectiva, el Perú necesita volver a discutir el desarrollo. El crecimiento económico es indispensable, pero por sí solo no garantiza bienestar ni mayores oportunidades para todos. Mientras una parte importante de la población continúe enfrentando precariedad laboral y servicios públicos deficientes, el país seguirá conviviendo con niveles de pobreza que perpetúan desigualdades y limitan las posibilidades de progreso de millones de familias. Tomar acción es imperativo.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 21 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

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Banco de la Nación

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BBVA

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Además, no se ha precisado la oportunidad en que se realizará dicho incremento ni se ha hecho referencia a la necesaria institucionalización del mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima del CNT vía una norma del Ejecutivo que lo convierta en vinculante y elimine cualquier manejo arbitrario del referido instrumento.

Adicionalmente al anuncio del incremento de la remuneración mínima, el gobierno viene elaborando un proyecto normativo de solicitud de delegación de facultades para legislar en diversas materias, cuya versión preliminar se ha hecho pública.

Lamentablemente, el proyecto de ley en mención contiene un conjunto de medidas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, como veremos a continuación.

Nuevo régimen laboral general con derechos recortados

El proyecto normativo plantea habilitar al gobierno a crear un nuevo y único régimen laboral general donde se establezca un acceso progresivo a los derechos laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada, horas extras, seguridad social, utilidades, etc.) en función del nivel remunerativo de los trabajadores; y se flexibilice la protección contra el despido.

De esta manera, los trabajadores con remuneraciones más elevadas accederían a una mayor proporción de los beneficios laborales que aquellos con niveles remunerativos bajos, lo cual resulta claramente regresivo y absurdo.

En la práctica, esto implicaría recortar los actuales derechos laborales correspondientes a los trabajadores de ingresos bajos y medios en la mediana y gran empresa, es decir, una especie de extensión de los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa a segmentos de mayores dimensiones.

Retorno de la ley Pulpín

El proyecto de ley de solicitud de facultades para legislar también propone dictar medidas en relación con los mecanismos de contratación laboral y régimen de beneficios laborales de la población juvenil, dada la supuesta existencia de sobre costos laborales, las cuales irían en la línea de recortar derechos laborales y mecanismos de protección contra el despido arbitrario, como sucedió en el 2014 con la derogada Ley 30288, conocida popularmente como la ley Pulpín.

Se insiste en recortar beneficios laborales como un supuesto incentivo a la generación de empleo formal, a pesar del fracaso de dicho enfoque en los últimos 36 años.

Enfoque orientador de la inspección laboral

El gobierno también plantea acceder a facultades legislativas que le permitan establecer que la SUNAFIL siga un enfoque preventivo y orientador, lo cual podría implicar descuidar su rol central de fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, sobre todo en un contexto de escasez presupuestal.

Flexibilización del despido

El Poder Ejecutivo busca flexibilizar los despidos por causas objetivas (económicas, tecnológicas, estructurales, etc.), reduciendo el requisito mínimo de 10% de trabajadores afectados para poder realizar ceses colectivos e incluso permitiendo ceses individuales.

Ello desequilibraría aún más el poder de negociación en favor de los empleadores y generaría mayor precariedad laboral en los empleos formales, sobre todo si no viene acompañado de medidas que limiten la contratación temporal y la tercerización laboral, que promuevan la contratación estable, así como el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva, entre otros.

Flexibilización de beneficios laborales

El gobierno pretende flexibilizar la normativa sobre beneficios laborales (vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones, CTS, etc.) permitiendo acuerdos sobre su aplicación entre trabajadores y empleadores a nivel individual o por negociación colectiva.

Evidentemente, en un país con solo un 5% de afiliación sindical en el sector privado formal, los supuestos acuerdos básicamente se darían a nivel individual, siendo bastante sencillo para los empleadores terminar imponiendo sus posiciones, dado su mayor poder de negociación.

Bonos por productividad

El gobierno fujimorista también busca promover los bonos por productividad, así como otros incentivos por desempeño, quitándoles el carácter remunerativo, lo cual implicaría que dejen de ser considerados como base de cálculo para los beneficios laborales, así como para los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, perjudicando claramente a los trabajadores.

Desprotección de trabajadores de dirección y confianza

El Poder Ejecutivo plantea eliminar el derecho a la indemnización por despido por pérdida de confianza correspondiente a los trabajadores de dirección o confianza, lo que resultaría especialmente perjudicial si tomamos en cuenta la arbitrariedad con que se vienen asignando las referidas categorías ocupacionales en el sector privado.

Reducción de feriados

El actual gobierno también pretende modificar la normativa de feriados no laborables con el fin de reducir su número bajo un supuesto criterio de racionalización.

Lo que en realidad se buscaría con esta medida es evitar el triple pago remunerativo que se genera cuando un trabajador labora en día feriado y no goza de descanso compensatorio, considerando que la gran mayoría de los trabajadores formales privados forman parte de los sectores comercio y servicios, donde se suele trabajar los feriados.

Cabe agregar que es falso que Perú sea el país con mayor cantidad de feriados no laborables en Latinoamérica o con más días de vacaciones (considerando los días hábiles).

Despidos masivos en el Estado

Otro aspecto que el fujimorismo busca aprobar vía facultades legislativas delegadas es tener la habilitación para ofrecer incentivos económicos para la salida “voluntaria” de trabajadores públicos, lo cual muestra una clara intención de reducir el tamaño del Estado peruano, el cual ya resulta bastante pequeño si lo comparamos con el estándar de los países desarrollados.

Necesitamos implementar la reforma del servicio civil normada por la Ley 30057 para comenzar a mejorar las condiciones laborales en el Estado y la calidad de los servicios públicos, no despedir masivamente y arbitrariamente a los trabajadores estatales.

Epílogo

Del análisis realizado se desprende claramente que el nuevo gobierno plantea aplicar una reforma laboral para seguir recortando derechos laborales, desproteger aún más a los trabajadores, abaratar la mano de obra, empoderar más a los empleadores, precarizar el empleo formal y reducir el tamaño del Estado. Se trata de una continuación de la nefasta reforma laboral implementada en la década del noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La bancada de oposición, que cuenta con mayoría y dirige la Cámara de diputados, no puede otorgar al gobierno fujimorista facultades para legislar contra el interés y bienestar de la gran mayoría de ciudadanos, no solo en aspectos laborales, sino también tributarios, ambientales, de orden interno, etc.

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El cálculo representa una reducción frente al 27,1% registrado en 2024 y se encuentra también por debajo del 27% de 2019. No obstante, la menor diferencia porcentual no se refleja de la misma manera en el acceso al mercado laboral: el 80% de los hombres en edad de trabajar participó en este, frente al 63% de las mujeres, según el análisis del IPE.

Las diferencias también aparecen en las características de los puestos ocupados. En 2025, el 45,3% de las mujeres accedió a un empleo considerado adecuado, frente al 65,9% de los hombres. Para esta medición se considera, entre otros criterios, trabajar al menos 35 horas semanales y obtener ingresos superiores a S/1.300.

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¿Por qué persiste la diferencia de ingresos?

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran una distancia similar cuando se observan los ingresos provenientes del trabajo. En 2025, las mujeres obtuvieron en promedio S/1.593,4 mensuales, mientras que los hombres alcanzaron S/2.103,4. Así, el ingreso femenino representó el 75,8% del masculino.

La diferencia también se mantiene entre distintos grupos de edad. Entre las personas de 14 a 24 años, las mujeres recibieron en promedio S/1.056,3, frente a S/1.312,6 de los hombres. En el grupo de 25 a 44 años, los ingresos fueron de S/1.747 y S/2.249,6, respectivamente. Para quienes tenían 45 años o más, llegaron a S/1.552,7 en el caso de las mujeres y S/2.140,6 entre los hombres.

El INEI señala que los ingresos aumentaron para ambos sexos durante 2025, aunque el crecimiento fue ligeramente mayor entre los hombres: 7% frente a 6,7% en las mujeres.

La diferencia tampoco es uniforme según el lugar de residencia. El IPE calcula una brecha de 36,2% en el área rural, por encima del 25,9% registrado en el ámbito urbano. El instituto relaciona esta mayor distancia con factores como la informalidad y la menor productividad que caracterizan a una parte importante del empleo rural.

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La maternidad también marca una diferencia

La brecha se amplía cuando se considera la condición de tener hijos. Según el IPE, alcanza el 33% entre padres y madres, mientras que entre quienes no tienen hijos se ubica en 21,3%.

Esta diferencia también aparece en las primeras etapas de la vida laboral. En 2025, el 21,9% de las mujeres de entre 15 y 29 años no estudiaba ni trabajaba, frente al 12,2% de los hombres del mismo grupo etario.

Entre las mujeres jóvenes que se encontraban en esta situación, el 26,5% señaló que los quehaceres domésticos habían limitado su búsqueda de empleo. En los hombres, ese motivo fue mencionado por apenas el 2%.

Las responsabilidades familiares, por tanto, no solo pueden incidir en los ingresos una vez que una persona está empleada, sino también en las posibilidades de incorporarse y mantenerse en el mercado laboral. El INEI incluye dentro de sus estadísticas de género indicadores sobre carga de trabajo, horas destinadas a distintas actividades y participación laboral, variables que permiten analizar estas diferencias desde una perspectiva más amplia.

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La brecha permanece incluso al comparar condiciones similares

Otro indicador del análisis del IPE surge al comparar a hombres y mujeres bajo condiciones similares de edad, nivel educativo, área geográfica y experiencia laboral. En este caso, la denominada brecha salarial ajustada llegó al 19,7% en 2025.

El instituto señala que este indicador se ha mantenido entre 19% y 23% durante la última década. La cifra muestra que, aun después de considerar determinadas características observables de los trabajadores, permanece una diferencia de ingresos.

Esto no permite atribuir automáticamente toda la brecha restante a una causa específica. El propio análisis plantea que podrían existir factores no medidos relacionados con las diferencias observadas, entre ellos posibles prácticas discriminatorias.

En el ámbito laboral, Perú cuenta desde 2017 con la Ley N.° 30709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Su reglamento establece criterios para sustentar diferencias salariales en factores objetivos y contempla obligaciones para los empleadores en materia de igualdad remunerativa.

Por ello, la brecha estadística entre los ingresos promedio de hombres y mujeres no equivale por sí sola a demostrar que existe un pago menor por realizar exactamente el mismo trabajo. Las cifras agregadas también están influenciadas por variables como ocupación, jornada laboral, sector económico, experiencia y participación en el mercado de trabajo.

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Perú cae en el ranking mundial de brecha de género

Las diferencias del mercado laboral peruano coinciden con un retroceso del país en el Índice Global de Brecha de Género 2026 del Foro Económico Mundial, que evalúa 145 economías.

El informe considera cuatro dimensiones: participación y oportunidades económicas, educación, salud y supervivencia, y empoderamiento político. En su edición de 2026, Perú se ubicó en el puesto 94, 37 posiciones por debajo de la ubicación que registró en 2025. El retroceso estuvo asociado principalmente con los componentes de empoderamiento político y participación y oportunidades económicas.

A nivel regional, el Foro Económico Mundial estima que América Latina y el Caribe tardaría alrededor de 60 años en alcanzar la paridad de género si mantiene el ritmo actual. Para el conjunto de economías evaluadas, el organismo calcula un plazo de 120 años para cerrar completamente la brecha.

En el componente económico, el informe señala que a nivel mundial se había cerrado el 61,7% de la brecha correspondiente a participación y oportunidades económicas en 2026, mientras que en empoderamiento político el avance alcanzaba apenas el 22,1%.

Para Perú, las cifras de ingresos, participación laboral y acceso a empleos adecuados muestran que la diferencia entre hombres y mujeres se presenta en varias etapas de la trayectoria laboral. La reducción de la brecha salarial registrada en 2025 representa una mejora frente al año anterior, pero todavía persisten diferencias importantes en los ingresos y en las condiciones de acceso al empleo.

La medida tendrá una duración de tres meses y reconoce S/4 por cada galón de gasolina o gasohol que sea considerado válido. El límite es de S/100 mensuales por persona, por lo que el máximo acumulado durante todo el periodo llega a S/300. Ese monto, no obstante, depende de que el conductor genere el tope mensual con adquisiciones que puedan ser verificadas.

El primer paso está en manos del MEF

La parte que todavía debe ponerse en marcha es el mecanismo mediante el cual se determinará quién puede acceder al beneficio y cuánto recibirá. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene un plazo máximo de 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la medida para aprobar las disposiciones necesarias para su implementación.

El proceso no parte de cero. La norma dispone que distintas entidades públicas entreguen al MEF información necesaria para identificar a los potenciales beneficiarios. Para ello se utilizarán registros de organismos como Reniec, Sunarp, MTC, Sunat, SBS y Osinergmin.

Estas instituciones tienen un plazo de siete días calendario desde la entrada en vigencia para proporcionar la información requerida. Con esos datos se podrá verificar, entre otros aspectos, la identidad del conductor, la información del vehículo y la documentación necesaria para acceder al apoyo.

Una vez reunida esa información, el MEF deberá poner en funcionamiento un aplicativo para el registro de los conductores. El sistema no solo servirá para incorporarlos al mecanismo, sino también para determinar si cumplen las condiciones y calcular el monto que les corresponde.

¿Cuándo comenzarán a contar las compras?

El subsidio no funciona como un bono entregado por adelantado. El monto se determina a partir del combustible adquirido durante el periodo de vigencia y que posteriormente pueda ser validado.

Los tres meses de la medida se dividirán en seis periodos consecutivos de 15 días. Esto significa que las adquisiciones realizadas desde el inicio de la vigencia podrán formar parte del primer tramo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y sean registradas dentro del procedimiento correspondiente.

Para alcanzar los S/100 mensuales, el conductor tendría que acreditar 25 galones válidos, debido a que el reconocimiento es de S/4 por galón. Si registra un volumen menor, el monto calculado será inferior al límite mensual.

Por ello, los S/300 anunciados como máximo no deben entenderse como una suma que todos los beneficiarios recibirán automáticamente. Es el resultado de alcanzar el límite de S/100 en cada uno de los tres meses.

No cualquier compra de combustible será considerada

Uno de los elementos que determinará el pago será la posibilidad de comprobar cada adquisición. La compra debe estar respaldada por un comprobante electrónico y realizarse en un establecimiento que tenga inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

El sistema deberá contrastar la información declarada por el conductor con los registros disponibles. Entre los datos que serán utilizados se encuentran el DNI, la placa del vehículo, el establecimiento donde se realizó la operación, el volumen adquirido, el importe pagado y el número del comprobante.

Esto permite que el cálculo del subsidio esté vinculado a operaciones que puedan ser verificadas y evita que una misma adquisición sea utilizada para generar pagos duplicados. La norma establece, además, que una compra no puede ser atribuida a más de un conductor.

¿Qué deben tener en regla los conductores?

El acceso tampoco depende únicamente de demostrar compras de combustible. El beneficiario debe ser conductor de un vehículo menor de categoría L5 utilizado para el servicio público de transporte de personas en Loreto, Ucayali o Madre de Dios.

Entre las condiciones figura contar con DNI vigente, licencia de conducir Clase B, Categoría II-C, y un SOAT vigente o, cuando corresponda, un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) vigente emitido por una AFOCAT. El vehículo debe estar identificado con la Placa Única Nacional de Rodaje.

La norma permite que un mismo vehículo tenga hasta dos conductores asociados. Esto no significa que ambos puedan utilizar las mismas compras para obtener el beneficio: cada adquisición solo puede generar el reconocimiento correspondiente a un conductor.

El pago llegará después de la validación

Cuando el MEF haya identificado a los beneficiarios y calculado los montos correspondientes, la información será enviada al Banco de la Nación. La entidad podrá utilizar cuentas existentes, abrir nuevas o emplear otras modalidades de pago disponibles, sin generar un costo adicional para los beneficiarios.

El esquema, por tanto, tiene varias etapas antes del desembolso: primero se completa la información de los potenciales beneficiarios; luego se habilita el sistema; posteriormente se registran y validan las compras; y finalmente se determina el monto que será transferido.

La medida cuenta con un presupuesto de hasta S/16 millones 23 mil, financiado con recursos de la Reserva de Contingencia. Su vigencia se extiende por tres meses desde el día siguiente de la publicación, mientras que la norma permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Así, para los conductores de la selva, el dato más importante en los próximos días será la puesta en funcionamiento del mecanismo del MEF. El subsidio ya tiene un monto, un periodo y un procedimiento definidos, pero el momento en que cada mototaxista pueda cobrar dependerá de que complete la ruta de registro, acreditación y validación de sus adquisiciones.