La sentencia declara fundada en parte una acción popular contra esta norma y deja sin efecto el decreto que, desde 2022, prohibía tercerizar funciones consideradas como el “núcleo del negocio”.

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Para Luis Vinatea, socio de Vinatea & Toyama, se trata de una decisión de alto impacto en el ámbito laboral y empresarial. Según indicó, el decreto anulaba de forma indebida el alcance de la Ley N° 29245, que regula la tercerización en el país.

En esa línea, la Corte Suprema concluyó que el decreto vulneró el principio de jerarquía normativa, al incorporar el concepto de "núcleo del negocio", inexistente en la ley. Además, determinó que dicha definición era imprecisa, ya que no establecía criterios claros para identificar qué actividades podían ser tercerizadas.

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Esta falta de precisión, según el fallo, afectó los principios de seguridad jurídica y tipicidad, al generar incertidumbre en las empresas. Con la decisión, el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR queda sin efecto en sus aspectos centrales y sus implicancias se aplican a todas las empresas del país. En adelante, la tercerización podrá seguir utilizándose bajo la Ley N.° 29245 y su reglamento previo.

Tercerización en actividades principales será válida, pero se sancionará el fraude

Sin embargo, la Corte Suprema precisó que esto no impide sancionar casos de tercerización indiscriminada, fraudulenta o abusiva, los cuales seguirán siendo fiscalizados bajo la normativa vigente.

Así, la ilegalidad no radica en tercerizar actividades centrales en sí mismas, sino en utilizar esta figura para encubrir una relación laboral directa o vulnerar derechos laborales.

Por ejemplo, según lo que establece la Corte, una empresa sí puede tercerizar incluso actividades principales, siempre que los trabajadores no dependan directamente de ella. Si están bajo sus órdenes, entonces se considera un uso fraudulento.

La tercerización ocurre cuando una empresa contrata a otra para que se encargue de parte de su trabajo y está regulada en el Perú por la Ley N.° 29245. El decreto establecía que no se pueden tercerizar las labores principales o esenciales del negocio, ya que ello podía usarse para evadir responsabilidades laborales o reducir beneficios a los trabajadores.

El decreto ahora anulado había introducido el concepto de “núcleo del negocio” para referirse a la actividad principal de una empresa, prohibiendo que esta pudiera ser ejecutada por terceros.

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En diálogo con La República, el abogado laboralista Renzo Castillo consideró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú de anular el decreto impulsado durante el gobierno de Pedro Castillo "representa un retroceso en materia de protección laboral".

Según explicó, la norma que restringía la tercerización en actividades nucleares del negocio había permitido avanzar en la identificación de casos de desnaturalización de la tercerización. "Antes de ese cambio, los trabajadores tenían mayores dificultades para lograr reposiciones o reconocimiento de derechos cuando se comprobaba que la tercerización encubría una relación laboral directa", apuntó.

Castillo señaló que la normativa había dado mayor claridad a los jueces, quienes empezaron a contar con herramientas más explícitas para determinar cuándo una empresa tercerizaba actividades que en realidad formaban parte de su giro principal.

A su juicio, el problema de fondo es que la tercerización suele utilizarse para trasladar costos laborales a empresas contratistas, muchas de ellas micro o pequeñas empresas, mientras la compañía principal mantiene las mayores utilidades. “La finalidad muchas veces es reducir derechos laborales y abaratar costos, dejando esas obligaciones en empresas más pequeñas”, indicó.

Con la decisión judicial, advirtió, "el escenario vuelve a una situación similar a la previa a la reforma, cuando era más complejo cuestionar estos esquemas en los tribunales".

Sindicatos alertan abusos, mientras empresas celebran mayor claridad

Gustavo Minaya, secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuestionó el fallo de la Corte Suprema al considerar que, con la anulación del decreto, “se avalan prácticas como la explotación laboral, la contratación irregular y los abusos por parte de las empresas”.

Para el gremio, permitir la tercerización de actividades principales “desnaturaliza la relación laboral y convierte al trabajador en un mero instrumento de rentabilidad”.

A contraparte, gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX) saludaron la decisión y señalaron que la norma anulada había generado incertidumbre, afectado el dinamismo de las inversiones y puesto en riesgo miles de empleos formales en sectores estratégicos.

En esa línea, sostuvieron que el fallo contribuye a restablecer reglas más claras y a reforzar la confianza de los inversionistas en el país.

Recordemos que en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad del Decreto Supremo N.º 001-2022-TR, al desestimar la demanda interpuesta por Lima Airport Partners (LAP), que alegaba una vulneración a la libertad de empresa.

El colegiado señaló que la norma tiene como finalidad resguardar los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, al restringir la tercerización a actividades especializadas.

La decisión del tribunal, que actúa como última instancia administrativa en asuntos mineros y ambientales, se produce luego de un recurso de revisión que presentó la Municipalidad Provincial de Islay (Arequipa) y apunta a que la autorización original no estuvo debidamente sustentada.

El Consejo concluyó que el acto administrativo no cumplía con los estándares de motivación exigidos por el marco normativo. La resolución no se ajustaba al numeral 102.1 del Reglamento de Procedimientos Mineros ni al Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, que obliga a que toda decisión administrativa esté debidamente fundamentada.

Tía María: Gobierno ordena nueva revisión por vacíos

Según la resolución emitida en marzo último, el anterior análisis técnico no desarrolló de manera suficiente diversos aspectos del proyecto minero Tía María. Entre ellos, el diseño detallado de botaderos (los planos donde se especifica dónde se depositarán los residuos de la mina a fin de evitar riesgos ambientales), así como el cronograma de ejecución de actividades. Estos elementos son necesarios para autorizar la fase de explotación.

En ese sentido, el Consejo dispuso que la Dirección General de Minería evalúe nuevamente si la empresa Southern Perú “ha cumplido totalmente con absolver dichas observaciones.

La resolución también ordena retrotraer el procedimiento al estado previo a la emisión de la autorización, de modo que la autoridad sectorial revise integralmente el expediente y determine si se han cumplido las condiciones técnicas exigidas para el inicio de operaciones.

Por otro lado, el Consejo precisa que, al haberse declarado la nulidad de oficio de la resolución, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el recurso de revisión interpuesto.

En la evaluación previa, la DGM había concluido que la empresa cumplía con requisitos formales como la acreditación de propiedad de los terrenos superficiales, la titularidad de las concesiones mineras y la inexistencia de restos arqueológicos en el área del proyecto.

Sin embargo, el Consejo consideró que dichos aspectos no subsanaban las observaciones técnicas pendientes.

Como parte del análisis del expediente, la resolución menciona que el área de influencia del proyecto se superpone parcialmente con infraestructura y zonas relevantes, como la Red Vial Vecinal y Nacional, el área de Defensa Nacional La Joya B, ecosistemas frágiles como Loma Cachendo, zonas arqueológicas (Posco 1A, Posco 1B, Tambo 1A, entre otras) y áreas naturales como las lagunas de Mejía.

Con esta decisión, Southern no podrá iniciar la extracción de mineral hasta obtener una nueva autorización de explotación.

Cabe recordar que el 13 de octubre de 2025, tres días después de que Dina Boluarte sea vacada, el Minem había autorizado el inicio de la explotación del proyecto cuprífero mediante la Resolución Directoral N.º 0692-2025-MINEM/DGM, tras concluir que la empresa cumplía con los requisitos técnicos y legales.

Tras conocerse esa decisión, dirigentes del Valle de Tambo expresaron su rechazo y advirtieron posibles medidas de protesta. Miguel Meza, vocero de los agricultores de la zona, calificó la autorización como “ilegal” e “improcedente”, y cuestionó la disponibilidad de agua y la vigencia del estudio de impacto ambiental del proyecto.

Comunidades del valle de Tambo mantienen oposición al proyecto Tía María

El proyecto Tía María, orientado a la extracción de cobre, contempla una inversión aproximada de US$1.400 millones. Aunque fue anunciado en 2003, su desarrollo ha estado marcado por paralizaciones debido a conflictos sociales, especialmente tras las protestas registradas entre marzo y abril de 2011, que dejaron un saldo de tres fallecidos.

La principal oposición proviene de pobladores del valle de Tambo, quienes advierten que la minería a cielo abierto podría afectar la calidad del aire y contaminar las aguas del río Tambo, recurso clave para la actividad agrícola en distritos como Islay, Deán Valdivia y Cocachacra.

En 2009, la empresa presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA); sin embargo, en 2011 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) formuló 138 observaciones, principalmente relacionadas con el uso del agua y la emisión de polvo.

Posteriormente, en 2013, la compañía presentó una versión modificada del EIA en la que planteó el uso de agua de mar en lugar del recurso hídrico del río Tambo. Pese a ello, la oposición social persistió y en 2014 se registraron nuevas protestas que dejaron cuatro fallecidos, entre ellos tres civiles y un efectivo policial.

De acuerdo con la Red Muqui, desde 2024 diversas organizaciones del valle han continuado cuestionando la legalidad y legitimidad del EIA, señalando que el proyecto no cuenta con licencia de uso de agua ni con licencia social.

En esa línea, en marzo de 2025 la población presentó una demanda de amparo solicitando la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el EIA, así como la nulidad de la autorización para la construcción de la planta de beneficio del proyecto.

 El proyecto Tía María tiene como objetivo la extracción de cobre, con una inversión de alrededor de US$1.400 millones.

Minem se pronuncia tras anulación de la autorización de explotación

El Ministerio de Energía y Minas informa que dicha disposición tiene el objetivo fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en el desarrollo de inversiones que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de las regiones.

Precisó que lo dispuesto por el Consejo de Minería no da por concluido ningún procedimiento administrativo, sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal. "Vale subrayar que con todo lo anterior seguimos dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en nuestro país", afirmó.

En este contexto, Oscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que la reciente proclama estadounidense no introduce un nuevo arancel, sino que modifica la base sobre la cual se calcula el impuesto. “Debemos tomarlo con cautela. El arancel ya existía; lo que cambia es que ahora se cobra sobre el valor total del producto”, explicó el representante gremial.

“Por ejemplo, si estás exportando unos perfiles que puedan contener una parte de cobre y otra parte de otros metales. Ahora te van a cobrar sobre el valor total del perfil y ya no sobre el contenido del cobre. Entonces, tu base imponible ahora va a ser el valor del producto, ya no el porcentaje de participación del cobre”, ejemplificó Quiñones.

Pese a la preocupación inicial del sector exportador, la medida no tendría un impacto económico significativo para el Perú. Así lo afirmó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, quien indicó que, si bien el valor de las exportaciones peruanas de manufacturas de cobre potencialmente afectadas asciende a US$418,5 millones en 2025, la tasa arancelaria se mantiene en 50% desde julio, por lo que no existe un incremento en el porcentaje aplicado, sino únicamente un cambio en su cálculo.

Arrieta precisó que los principales productos en riesgo, según el valor exportado en 2025, son el cobre refinado en placas, láminas y tiras, con US$186 millones (44%), y las barras de cobre, con US$125 millones (30%). En conjunto, estos dos productos representan aproximadamente el 74% de las manufacturas de cobre potencialmente afectadas por la medida.

Finalmente, el especialista destacó que “la manufactura de cobre representa alrededor del 3,9% del total de exportaciones peruanas hacia Estados Unidos”, y que no se prevé un efecto significativo del cambio en la base imponible, dado que “los principales productos exportados por el Perú presentan un alto contenido de cobre, lo que reduce el impacto relativo del ajuste arancelario”.

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Asimismo, desde ADEX se enfatizó que productos como barras y placas de cobre (que concentran gran parte de los envíos al mercado estadounidense) poseen un contenido del metal que oscila entre el 99% y el 99,5%. Por ello, incluso antes del cambio normativo, el arancel ya se aplicaba prácticamente sobre la totalidad de su valor. Esta característica estructural de las exportaciones peruanas explica por qué el ajuste en la base imponible no genera un encarecimiento adicional relevante. 

En consecuencia, el mayor impacto de esta medida solo se produciría en bienes con bajo contenido de cobre, escenario que no corresponde a la actual composición de las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos. Por ello, se concluye que el efecto del arancel del 50% sobre las manufacturas de cobre es acotado y no representa un riesgo significativo para el desempeño exportador del país en el corto plazo. 

ADEX: “No genera ventajas competitivas para otros países” 

Por otra parte, Arrieta sostuvo que este arancel no genera ventajas competitivas para otros países, ya que su aplicación es prácticamente global. “Este 50% de aranceles está aplicado para casi todo el mundo. Existen algunas pequeñas excepciones, como el caso del Reino Unido, con el cual no competimos, y Rusia, que enfrenta aranceles de hasta 200% para varios de sus productos”, explicó. 

En este escenario, el especialista remarcó que la posición relativa del Perú frente a sus competidores internacionales se mantiene prácticamente igual. Asimismo, indicó que el impacto final dependerá del volumen exportado y de la estructura productiva de cada empresa, por lo que no se observa un cambio sustancial respecto a la evolución que ha tenido esta situación hasta el momento. 

Respecto al trasfondo de la medida, el jefe del CIEN-ADEX señaló que responde a una tendencia proteccionista del gobierno estadounidense, amparada en la Sección 232, que permite al presidente de Estados Unidos imponer aranceles mediante decreto ejecutivo, sin la aprobación del Congreso, en determinadas circunstancias. 

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“Desde su perspectiva, el elevado nivel de importaciones provenientes de todo el mundo estaría afectando la seguridad nacional de Estados Unidos”, explicó. 

El objetivo de la medida, según Arrieta, es incentivar la producción local, atraer inversiones y generar empleo. No obstante, advirtió que también podría tener efectos adversos en industrias estadounidenses que dependen del cobre como insumo, como los sectores automotriz y electrónico. 

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Frente a este escenario, se recomendó a las empresas peruanas revisar cuidadosamente si sus productos están incluidos en los listados oficiales, utilizar el acompañamiento técnico de entidades públicas y privadas, y evaluar posibles excepciones arancelarias. “Lo primero es entender muy bien la medida. Antes de levantar alarmas, siempre es importante comprender la norma”, remarcó Arrieta. 

Gobierno busca mantener el diálogo diplomático con las autoridades de Estados Unidos 

La situación ha motivado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a entablar un diálogo con Estados Unidos con la finalidad de mantener canales diplomáticos abiertos con las autoridades estadounidenses para identificar espacios de cooperación que permitan mitigar el impacto de estas medidas comerciales. 

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“El Gobierno se encuentra evaluando estas disposiciones en el marco de nuestros compromisos internacionales, a fin de analizar sus posibles implicancias sobre el comercio bilateral y la competitividad de nuestra oferta exportable”, informó el Mincetur mediante un comunicado. 

Finalmente, Arrieta subrayó que esta coyuntura refuerza la necesidad de que el Perú avance hacia una mayor diversificación productiva y manufacturera, apoyada en inversiones y proyectos estratégicos como el puerto de Chancay. “No solo debemos centrarnos en la producción de concentrados, sino también impulsar encadenamientos productivos y atraer inversiones que fortalezcan la industria manufacturera”, concluyó. 

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 11 de abril?

BBVA

• Compra: S/3,307
• Venta: S/3,484

Scotiabank

• Compra:S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra:S/3,320
• Venta: S/3,460

Este traslado permitirá liberar terrenos estratégicos para el desarrollo portuario del Callao. La operación se fundamenta en la Ley de Endeudamiento del Sector Público. Los recursos se asignarán mediante la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La iniciativa refuerza la infraestructura naval y contribuye al crecimiento estratégico del puerto.

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¿En qué consiste la Fase II de la Nueva Base Naval?

La Fase II se ejecutará se enfocará en la construcción de una nueva dársena naval, muelles, rompeolas y edificios administrativos para mejorar los servicios de la Marina. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Defensa (Mindef) a través de la Marina de Guerra.

El proyecto se encuentra en fase de ejecución, es considerado viable y forma parte del Programa Multianual de Inversiones 2025-2027 del Mindef. Esta fase refuerza la infraestructura naval y consolida los objetivos estratégicos de la Marina.

Cabe señalar que la operación se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2025, que permite aprobar en 2026 operaciones que quedaron en trámite al cierre del año pasado. El plazo para su aprobación se extendió hasta el 30 de junio de 2026. En la publicación oficial del Diario El Peruano se precisa que los pagos se realizarán a través de CAVALI S.A. ICLV.

La Fase I de la modernización de la Base Naval comenzó oficialmente en junio de 2023. Uno de los objetivos centrales de esta fase fue liberar 42.5 hectáreas en la zona sur para el desarrollo del Antepuerto del Callao. En la etapa de cierre (donde actualmente se encuentra el proyecto), el enfoque principal fue la reubicación de la DIMATEMAR y de la Inspectoría General hacia la zona norte de la base.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor ratificó la multa de 15 UIT, equivalente a S/82.500, mediante la Resolución N.º 0563-2026/SPC-Indecopi, al concluir que la institución expuso a los estudiantes a un riesgo evitable. Con esta decisión, se confirmó la sanción previamente impuesta por la oficina regional del Indecopi en Áncash, tras la evaluación de las condiciones en las que operaba el centro educativo.

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Indecopi descarta lluvias como causa del colapso y evidencia fallas previas en la infraestructura

Durante el procedimiento, el colegio atribuyó el derrumbe a lluvias intensas. Sin embargo, la autoridad desestimó este argumento luego de revisar informes técnicos que evidenciaron la existencia de humedad y filtraciones en la estructura antes del incidente.

Además, se constató que el propio centro educativo contaba con reportes internos sobre acumulación de agua en zonas cercanas, lo que permitía prever el deterioro de la infraestructura. A pesar de estas alertas, no se realizaron trabajos de mantenimiento ni evaluaciones técnicas oportunas, lo que fue considerado determinante en la responsabilidad atribuida.

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Disponen medidas tras confirmarse la sanción

El Tribunal confirmó la infracción al artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, tras acreditar que la institución no implementó medidas adecuadas para prevenir el colapso de la losa que afectó a los estudiantes. Asimismo, se dispuso el pago de la multa, con la advertencia de iniciar un proceso de ejecución coactiva en caso de incumplimiento.

Además, se ordenó la inscripción del colegio en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi y la remisión del fallo a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, para la adopción de acciones en el ámbito educativo.

En declaraciones a la prensa, Hernández explicó que el PNI solo incorpora proyectos que ya cuentan con un modelo definido de viabilidad financiera y capacidad de endeudamiento. "El Plan Nacional de Infraestructura integra únicamente los proyectos que ya tienen un modelo previsto de viabilidad de endeudamiento y que cuentan con las condiciones para su implementación. Las Líneas 3 y 4 son proyectos mucho más complejos que necesitan un modelo de estructuración financiera", señaló el titular de la ATU. 

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Líneas 3 y 4: “Ya se tiene el decreto supremo de priorización de los proyectos en APP” 

A su turno, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que una mejor articulación entre las etapas de estructuración, transacción, ejecución y operación, así como la identificación temprana de riesgos vinculados a ingeniería, predios e interferencias, facilitará la incorporación de más iniciativas a la cartera de asociaciones público‑privadas. 

“Estamos formalizando una decisión política ya adoptada para que las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, el Ferrocarril Lima‑Ica y otros proyectos ingresen oficialmente a la cartera de APP”, afirmó. 

Por su lado, el titular de la ATU dijo que el límite es que el D.S se oficialice en 2 semanas. Sobre los plazos de ejecución, indicó que dichas líneas tomarán hasta una década en concretarse. "El estimado de los proyectos son de nueve a 10 años. Esto no quiere decir, como se expuso, que no puedan iniciar por fases, mucho antes de la culminación”, adelantó.

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David Hernandéz también señaló que estas líneas han sido incorporadas a un programa de priorización para su desarrollo mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), lo cual permitirá más allá del financiamiento público y la recaudación, como por ejemplo los denominados “ingresos no tarifarios”, mediante los cuales se generarían fondos para costear las megaobras.

“Lo que vamos a tener es un programa de priorización de proyectos que van en APP. Estos proyectos tienen un valor no solo técnico, sino social, porque reducen tiempos de viaje, eliminan externalidades negativas y disminuyen los sobrecostos de la movilidad actual”, afirmó. Asimismo, explicó que uno de los principales ejes del nuevo modelo financiero será la generación de ingresos no tarifarios, vinculados al desarrollo urbano alrededor de las estaciones.

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El funcionario adelantó que se espera que dichas modificaciones estén listas hacia fines de año y que formen parte de un planteamiento al próximo gobierno y Congreso. “La ciudad necesita consolidar un modelo que no dependa exclusivamente del gasto público, sino que utilice las potencialidades propias de los proyectos”, declaró.

Para ello, se requerirán modificaciones normativas tanto en la ley de creación de la ATU como en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS). “Recuerden que tenemos algunos ingresos no tarifarios en proyectos por ejemplo, como Línea 1, pero son muy pequeños Están pensados dentro de la misma eje de los vehículos y sus propias estaciones”.

En detalle, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inflación de alimentos pasó del 3,3% interanual en febrero a 4,4% en marzo, impulsada sobre todo por el encarecimiento de productos que se deterioran rápidamente y tienen una vida útil corta (días o semanas) como el pollo, pescado, leche lácteos, huevos, además de productos agrícolas como arveja verde, cebolla roja, tomate, camote, papa y choclo y frutas como fresa, arándanos, piña, mango y limón, tal como registra el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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“El aumento en la parte de alimentos ya viene de (un mes) atrás. Lo que acaba de ocurrir es básicamente en el tema de alimentos perecibles, que tienen que ver más con la producción del mercado local”, acotó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP.

Entre los factores identificados, destacó en primer lugar los efectos climáticos, que normalmente suelen presentarse en los primeros meses del año, en este caso coincidiendo con El Niño Costero. A ello se suma el impacto del incremento en los costos de transporte de carga, que ha elevado los fletes (precio que se paga por el transporte de mercancías).

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Ello a partir de la rotura del ducto de gas natural y la guerra en Medio Oriente, que dispararon el precio del petróleo rompiendo la barrera de los US$100 por barril, similar a cuando ocurrió el ataque de Rusia a Ucrania. Dicho índice se mantuvo alrededor hasta el 19 de julio de 2022. Desde entonces no había vuelto a tocar los tres dígitos.

"Estos dos efectos estarían dándose. Además, se mencionaron factores puntuales como el calor, que reduce el rendimiento en la producción de carne de pollo, pero resumiendo, se han combinado factores climáticos adversos más el aumento del precio de transporte de carga", explicó.

Hogares más pobres más afectados por inflación de alimentos

El economista Armando Mendoza sostiene que cuando hay inflación de alimentos o de rubros básicos como el transporte, los que son más golpeados son los sectores de menores ingresos porque la mayor parte de su presupuesto se va en alimentos. "Cuando en 2022 la inflación general era por ejemplo 5% y la inflación de alimentos era del 10%", explicó

Recordemos que en marzo de 2023, a un año del conflicto bélico de Rusia y Ucrania, la inflación anual de alimentos y bebidas no alcohólicas trepaba el 16,06%, lo que duplicaba al índice anual y general de precios que en ese entonces era de 8,67%.

Hace 10 años, en 2013, el gasto que destinaban los hogares más pobres en alimentos era de 53,6% del total de los ingresos. Al cierre del 2023, esa cifra se elevaba al 55,7%, según el BCRP. La exposición a una alta inflación reduce el consumo de los hogares pobres en torno a 8,6%, mientras que los hogares de mayores ingresos logran amortiguar dicho efecto.

Según la Convención Nacional de Agro (Conveagro), el sector agrario peruano enfrenta el riesgo de una escasez de fertilizantes similar a la crisis de 2022. Esta amenaza surge debido al alza brusca de precios de la urea debido al conflicto entre EEUU, Israel e Irán que ha causado el cierre de rutas comerciales como el Estrecho de Ormuz, por donde circula un tercio del comercio mundial de fertilizantes.

Esto se combina con ataques de Ucrania a plantas de fertilizantes en Rusia, que es el mayor proveedor de urea para el Perú. Rusia ha anunciado que una de sus mayores fábricas de fertilizantes permanecerá inactiva hasta mayo. En el Perú, los productores de arroz han advertido sobre un paro nacional indefinido si el Gobierno no declara el sector en emergencia.

Alrededor de 150.000 agricultores denuncian que, mientras los costos de insumos como la urea ha subido de S/.90 a S/.150 por saco de 50 kilos y ellos reciben precios irrisorios por sus productos.

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Choques de oferta detrás de la inflación

El BCRP enfatizó que el aumento responde a un conjunto de choques de oferta donde también han incidido el encarecimiento de combustibles producto de la guerra en Medio Oriente y la interrupción del suministro de gas en el país durante 14 días.

Según explicó, este tipo de choques genera aumentos en precios específicos debido a la escasez de ciertos bienes, lo que termina impactando el índice de precios al consumidor.

“Cuando hay un choque de oferta, es normal dentro de la economía de mercado que la escasez genere un aumento del precio de un rubro específico”, indicó.

En ese sentido, la entidad reiteró que estos episodios no son nuevos en la economía peruana y que, históricamente, la inflación ha superado el rango meta en contextos similares, como ante alzas internacionales del petróleo o eventos climáticos.

Inflación sería transitoria dice el BCRP

El BCRP sostuvo que estos choques son de carácter transitorio y que, una vez que se disipen, la inflación debería retornar al rango meta, es decir entre 1% y 3%.

En línea con ello, el banco central decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,25% (determina el precio de los préstamos en bancos) y evaluará eventuales ajustes en función de la evolución de la inflación y de las expectativas.

Respecto al tipo de cambio, el BCRP indicó que su comportamiento reciente ha estado más vinculado a factores internacionales que a la coyuntura local.

Aunque en marzo se registró una depreciación del sol, en abril se ha producido una corrección. El dólar, que a fines de marzo había superado los S/3,50, en medio de la escalada de la guerra en Irán, ha retomado una tendencia a la baja y se ubica ahora en torno a los S/3,37.

Según la alerta, los productos presentaban un proceso de solidificación que podría afectar su consumo, por lo que se recomendó a la población revisar el etiquetado y evitar comprar o ingerir el lote involucrado. El reporte advirtió que “esta circunstancia podría afectar su adecuada ingesta por parte de los consumidores y generarles un potencial daño a su salud”.

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Retiran lote de leche condensada Parmalat tras detectar alteraciones

La empresa Lactalis Peru S.A.C. detectó que una parte del lote N.° 892-8 de leche condensada semidescremada Parmalat presentaba una consistencia solidificada, una condición que modifica la textura habitual del producto. Esta situación fue identificada durante la revisión de productos almacenados, lo que llevó a activar la alerta y proceder con su retiro del mercado.

El problema fue considerado un incumplimiento de los estándares de calidad del proveedor, por lo que se decidió suspender su venta para evitar que los consumidores adquieran unidades que no cumplen con las características esperadas.

Control de calidad y resultados fuera de rango en leche condensada

Como parte del proceso de verificación, se solicitó un análisis de control de calidad a la empresa NSF INASSA S.A.C.. Los informes de ensayo N.° 238823-01 y 238823-02, emitidos el 16 de marzo, evaluaron técnicamente el estado del lote comprometido.

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Indecopi alerta destrucción de lote Parmalat y pide revisar etiquetado

Los resultados confirmaron que determinados productos presentaban valores fuera de los rangos aceptables, lo que reforzó la decisión de retirarlo completamente ante la posibilidad de que el defecto afecte la ingesta de los consumidores.

El Indecopi informó que el proveedor dispuso el retiro total y la destrucción del lote N.° 892-8 como medida frente al riesgo detectado. La eliminación del producto se realizó mediante destrucción notarial, garantizando que no vuelva a ingresar al mercado.

También se recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente el etiquetado y evitar la compra o el consumo del lote comprometido. Para atender consultas sobre el retiro, se habilitó la línea telefónica 913 529 537. Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden reportar productos que representen riesgos en: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente

Lactalis Perú S.A. retira lote de leche condensada de Parmalat

Ante la información reciente sobre la leche condensada semidescremada de Parmalat, Lactalis Perú S.A. señaló que importó 43,944 unidades del lote N.° 892-8, de las cuales solo cerca del 3% fue distribuido a sus comercializadores. La empresa indicó que ya recuperó y sustituyó la mayoría de los productos vendidos, aunque aún quedarían alrededor de 250 unidades, equivalentes al 0.59% del total importado, en proceso de ubicación.

Asimismo, precisó que ordenó la destrucción de gran parte del resto del lote, procedimiento que fue certificado por un notario público para asegurar que estos productos no llegaran a puntos de venta ni quedaran disponibles para los consumidores.

La iniciativa también detalla los requisitos, plazos y alcances que se aplicarían en caso de ser aprobada por el Congreso de la República y señala que las AFP serían responsables de administrar el procedimiento para que los aportantes soliciten la liberación parcial de sus ahorros previsionales.

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Nuevo retiro de AFP por 4 UIT: beneficiarios, requisitos y monto posible

La propuesta establece que el retiro sería opcional y estaría disponible para todos los afiliados, sin importar si actualmente trabajan, están desempleados o realizan aportes activos. Cada persona podría decidir libremente si accede a un retiro total o parcial dentro del monto permitido, por lo que el acceso al dinero dependería únicamente de la voluntad del aportante y no existiría ninguna obligación de retirar los fondos.

Además, el documento señala que el dinero retirado mantendría su condición de intangible, es decir, no podría ser embargado ni estar sujeto a retenciones o descuentos.

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Procedimiento de solicitud ante AFP: pasos, plazos y modalidad de pago

La propuesta detalla que los afiliados deberán presentar una solicitud formal ante su Administradora de Fondos de Pensiones para iniciar el proceso de retiro. Las AFP serían responsables de habilitar canales virtuales y presenciales para registrar las solicitudes dentro de los plazos que se establezcan.

Es necesario precisar que el desembolso de los fondos no sería inmediato ni en una sola armada. El proyecto contempla que la entrega del dinero se realice de forma progresiva, a través de pagos parciales y en periodos determinados desde la presentación de la solicitud.

Además, se dispone que las AFP deberán informar a los afiliados sobre el estado de sus solicitudes y los cronogramas de pago, garantizando la transparencia del proceso.

Obligaciones de las AFP y alcance general de la medida previsional

El proyecto establece que, de aprobarse la norma, las AFP tendrían la obligación de implementar todos los mecanismos operativos necesarios para ejecutar el retiro extraordinario. Esto incluye adecuar sistemas, plataformas digitales y procesos administrativos para atender la demanda de solicitudes.

Asimismo, se indica que la medida tendría carácter excepcional y se aplicaría exclusivamente bajo las condiciones definidas en la ley, en el marco del SPP. En esa línea, la iniciativa fija responsabilidades claras para las administradoras respecto a la atención de los afiliados y la entrega de los recursos dentro de los plazos previstos.

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AFP: se aprobaron 8 retiros extraordinarios de fondos hasta 2026

Hasta el 2026, en nuestro país se han aprobado ocho retiros extraordinarios de fondos de las AFP, medidas impulsadas desde 2020 para enfrentar los efectos económicos de la pandemia y la posterior desaceleración económica.

A lo largo de estos años, los afiliados han podido acceder a distintos montos de sus ahorros previsionales, desde liberaciones parciales de S/2.000 y porcentajes del fondo, hasta retiros de hasta 4 UIT en las etapas más recientes.

Comparando el cierre del jueves 9 de abril respecto del miércoles 8 (S/3,4245), la cotización mostró una variación de 1,12%. En tanto, en el mercado paralelo (cambistas), el dólar se ubicó el martes en S/3,415 para la compra y S/3,440 para la venta, según el portal cuantoestaeldolar.pe.

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Es necesario precisar que esta variación del dólar se da en medio de la crisis del conflicto en Medio Oriente y por el alza en los precios del petróleo y el gas, después de los ataques a las infraestructuras energéticas.

El tipo de cambio de dólar en los bancos del Perú HOY

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

¿Cuál es el tipo de cambio en Sunat?

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el tipo de cambio utilizado para las operaciones en la entidad se ubica actualmente en S/3,374 para la compra y S/3,387 para la venta.

Este valor se actualiza de manera diaria en función de las variaciones del mercado y tomando como referencia el tipo de cambio reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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¿Cómo convertir de dólares a soles?

Para poder convertir de dólares a soles, te enseñamos una tabla con cifras de 1 dólar a 5.000 dólares.

¿Cómo saber si un dólar es falso?

Impresión en relieve

Esta estrategia consiste en mover el dedo de arriba hacia abajo del hombro de Benjamin Franklin, el lado izquierdo del billete se deberá sentir áspero al tocarlos.

Cinta de Seguridad 3D

Otra manera de ver si un billete de dólar es falso es por la franja azul vertical ubicada en el lado derecho de la imagen de Benjamin Franklin, deberá estar tejida y no impresa, podrás darte cuenta cuando mueves el billete, además las campanas impresas en la franja se convierten en números 100 y viceversa.

Campana y tintero

Podrás identificar si un billete es verdadero o falso por la campana impresa sobre el tintero, que representa a los pozos utilizados para firmar la declaración de independencia norteamericana, este deberá de cambiar de color cobre a verde cuando muevas o inclinas el billete.

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¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en Perú?

En nuestro país, varias instituciones publican información sobre la cotización del dólar, además de la Sunat. Entre las más destacadas se encuentran el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Estas entidades son fuentes confiables para revisar el precio actualizado del dólar. Su seguimiento resulta relevante para entender el comportamiento económico del país y tomar decisiones financieras con mayor información.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 10 de abril?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600