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La discusión ocurre mientras el Ejecutivo plantea eliminar los topes establecidos para determinadas operaciones crediticias. En el esquema actual, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fija semestralmente una tasa máxima a partir de la tasa promedio del sistema financiero para los créditos de consumo y un factor multiplicador. Para el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2026, el límite es de 114,13% anual en moneda nacional y de 99,84% en moneda extranjera.

Alarco cuestionó precisamente la base de ese procedimiento. “El máximo actual no tiene ningún sustento técnico, simplemente es equivalente a la tasa promedio de créditos al consumo multiplicada por dos”, sostuvo a La República.

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Una fórmula que considere el costo del crédito

La alternativa planteada por Alarco consiste en calcular cuánto cuesta realmente colocar un préstamo y, a partir de allí, establecer cuál sería la tasa máxima compatible con una rentabilidad razonable para la entidad financiera.

El cálculo debería incorporar, según explicó, los costos totales del crédito. “Hay que determinar el costo promedio de operación, el costo de capital, los gastos administrativos, el riesgo y, a partir de ahí, establecer una rentabilidad razonable”, señaló.

El punto resulta relevante porque el nivel de riesgo no es igual entre todos los segmentos. Un crédito dirigido a un consumidor con ingresos estables tiene características distintas a uno concedido a una persona con mayor probabilidad de incumplimiento o a una microempresa con dificultades para demostrar ingresos. Una fórmula basada en costos podría reflejar esas diferencias con mayor precisión.

La metodología actual, en cambio, se actualiza dos veces al año. El BCRP informó que la próxima modificación entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026 y utilizará las observaciones de las tasas promedio de los créditos de consumo registradas entre abril y setiembre.

Para Alarco, el nuevo mecanismo no tendría que establecerse mediante un porcentaje arbitrario. La información estadística de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) permitiría calcular cuánto representan los costos y el riesgo dentro de la estructura de las entidades y, con ello, determinar un máximo técnicamente sustentado.

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El argumento sobre crédito informal

La eliminación del tope tiene una justificación distinta desde la perspectiva de la SBS. El organismo ha sostenido que los límites pueden restringir el acceso al sistema financiero de personas consideradas de mayor riesgo, especialmente aquellas de menores ingresos, y favorecer su desplazamiento hacia mecanismos informales de financiamiento.

La SBS ha señalado que, después de la Ley N.° 31143, sus análisis de impacto identificaron exclusión de algunos potenciales deudores, menor inclusión financiera y un aumento del financiamiento informal. La entidad sostiene que quienes quedan fuera del sistema formal pueden terminar enfrentando tasas superiores y menores mecanismos de protección.

Ese argumento introduce uno de los principales puntos de la discusión: un límite demasiado bajo puede dificultar que las entidades atiendan a determinados segmentos porque el precio máximo permitido no compensaría el riesgo de esas operaciones.

La alternativa planteada por Alarco busca mantener la regulación, pero modificar la manera en que se establece el máximo. Bajo ese esquema, el riesgo seguiría siendo considerado, aunque junto con los demás costos que intervienen en la colocación del crédito.

De esta manera, la discusión no se reduce a mantener o eliminar un porcentaje. También está en cuestión qué variables deberían utilizarse para establecer cuánto puede cobrarse por un préstamo de mayor riesgo sin que el límite termine restringiendo el acceso al sistema financiero.

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Perú frente a otros sistemas financieros

Alarco también llevó la discusión hacia la comparación internacional. Su argumento es que para evaluar las tasas de los préstamos no basta con observar el nivel máximo permitido, sino que también debe analizarse la diferencia entre lo que las entidades cobran por los créditos y lo que pagan por los depósitos.

Ese diferencial se conoce como margen de intermediación financiera. Cuando es elevado, una mayor parte de la diferencia entre las tasas activas y pasivas termina incorporándose a los ingresos de las entidades; cuando se reduce, el costo del financiamiento puede disminuir para los prestatarios y mejorar la remuneración del ahorro, siempre que la operación continúe siendo rentable.

El economista sostuvo que Perú presenta márgenes elevados frente a otros países de la región y planteó comparar el sistema nacional con Brasil, Chile y Colombia. “Perú es el segundo país de América Latina con los márgenes más altos”, afirmó, al referirse a la diferencia entre las tasas que cobran y pagan las entidades.

También mencionó a Chile como un caso en el que el margen de intermediación sería menor. Datos comparables del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran diferencias importantes entre los sistemas financieros de la región, aunque los indicadores deben interpretarse considerando las particularidades y metodologías de cada mercado.

Para Alarco, esta comparación permite incorporar otra variable al análisis: la eficiencia. Un sistema financiero no solo debe mantener estabilidad y solvencia, sino también intermediar recursos con costos que permitan ampliar el acceso al crédito y ofrecer mejores condiciones a los ahorristas.

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Rentabilidad bancaria entra en la discusión

La otra comparación mencionada por Alarco corresponde a la rentabilidad de las entidades. Durante la entrevista, sostuvo que las ganancias de la banca peruana habían alcanzado alrededor de US$4.200 millones en 2025, un incremento de 37% frente al año previo, y comparó un retorno sobre patrimonio (ROE) de 21,2% en Perú con 11,8% en Estados Unidos.

Estas cifras forman parte de los datos utilizados por el economista para sustentar su análisis sobre los márgenes del sistema. La SBS, por su parte, reportó que las utilidades anualizadas del sistema financiero llegaron a S/12.318 millones a marzo de 2025, por encima de los S/9.052 millones registrados un año antes y de los S/10.331 millones del periodo prepandemia. El organismo atribuyó la mejora principalmente a menores gastos en provisiones y menores costos financieros.

El dato de rentabilidad resulta relevante porque, para Alarco, una reducción del margen entre las tasas activas y pasivas no necesariamente supone eliminar las ganancias de las entidades. El objetivo debería ser encontrar un nivel en el que los bancos continúen siendo rentables mientras disminuyen los costos para los prestatarios y mejoran las condiciones para quienes mantienen depósitos.

“Las rentabilidades de nuestro sistema bancario son casi el doble de lo que son los estándares internacionales”, sostuvo Alarco al comparar el desempeño de la banca peruana con el de otros mercados.

Su planteamiento es que la autoridad financiera debería observar esa diferencia junto con otros indicadores del sistema y no concentrar la discusión únicamente en la estabilidad de las entidades.

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¿Qué cambiaría con una nueva fórmula?

La propuesta de Alarco no plantea fijar ahora un nuevo porcentaje. Su punto es que el límite debería salir de información estadística disponible en la SBS y otras entidades, con una metodología que permita cuantificar los costos de operación, el riesgo de incumplimiento y una rentabilidad considerada razonable.

Esto también evita establecer de antemano si la nueva tasa tendría que ser necesariamente menor o mayor que la vigente. El resultado dependería de los costos que se incorporen y de la forma en que se mida el riesgo de cada segmento.

El próximo cambio oficial del BCRP permitirá observar nuevamente cómo evoluciona el promedio de las tasas de consumo y, a partir de esa información, cuál será el límite aplicable desde noviembre.

En ese escenario, mientras la propuesta del Ejecutivo plantea retirar el mecanismo de topes, la alternativa discutida por el GEPS mantiene la regulación, pero busca modificar su base técnica. Para Alarco, el objetivo final debería ser más amplio que determinar una tasa máxima: “No estamos solamente preocupados por la estabilidad; también tenemos que preocuparnos por la eficiencia y la profundidad del sistema financiero”, señaló.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 28 de septiembre

BCP

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Interbank

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La diferencia permite observar que el desempeño de la minería no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Una mayor producción en una operación de gran escala puede impulsar con fuerza las cifras de un departamento, mientras que menores niveles de extracción en otras unidades tienen el efecto contrario. El comportamiento de los principales minerales también cambia de acuerdo con la estructura productiva de cada región.

Antamina marca el resultado de Áncash

El salto registrado en Áncash está vinculado principalmente con el comportamiento de Antamina, una de las principales operaciones mineras del país. La mayor extracción de cobre permitió que el departamento registrara un incremento de 80,3% en este metal durante el periodo de referencia.

El resultado adquiere mayor relevancia por el peso que tiene Áncash en la producción nacional. La región se encuentra entre los principales productores de cobre y concentra también una parte importante de la extracción de zinc y plata.

No obstante, el desempeño no fue positivo para todos los minerales. La producción de zinc en Áncash cayó 54,1%, debido a una menor actividad extractiva. Esto muestra que incluso una región que registra un fuerte crecimiento en uno de sus principales metales puede presentar retrocesos importantes en otros productos mineros.

El dato también evidencia la dependencia de las estadísticas departamentales respecto de grandes operaciones. Cuando una unidad minera aumenta o reduce significativamente su producción, el efecto puede trasladarse rápidamente al resultado agregado de la región.

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Ica y Apurímac siguen una trayectoria diferente

El comportamiento de Áncash contrasta con el registrado en otros territorios productores de cobre. En Ica, la producción de este metal disminuyó 17,3% durante el mismo periodo, mientras que en Apurímac retrocedió 6,1%.

En el caso de Apurímac, la evolución está estrechamente relacionada con Las Bambas, una de las principales operaciones cupríferas del país. Una menor producción de esta unidad tiene un impacto relevante sobre el resultado departamental debido al peso que representa la minería dentro de su estructura económica.

Ica presenta una situación distinta. Aunque es una región con una importante actividad minera, su producción está asociada a una canasta de minerales diferente y el comportamiento del cobre no necesariamente coincide con el de otros metales extraídos en el departamento.

Estos resultados muestran por qué el crecimiento de la minería nacional no puede trasladarse automáticamente a cada región. El desempeño agregado depende de la suma de operaciones con características y niveles de producción diferentes.

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El mapa cambia cuando se observa cada mineral

El contraste se vuelve todavía mayor cuando se amplía el análisis a otros productos. El cobre tiene una fuerte presencia en Áncash, Arequipa, Moquegua y Apurímac, mientras que el oro presenta una concentración diferente y tiene a otras regiones como protagonistas.

La distribución territorial también cambia para minerales como zinc, plata, hierro y molibdeno. Esto significa que cada departamento está expuesto a distintos ciclos de producción y a la evolución de operaciones específicas.

En consecuencia, una caída en el cobre puede tener un efecto considerable en Apurímac, mientras que una variación del hierro puede ser mucho más relevante para Ica. Del mismo modo, cambios en la producción aurífera pueden tener una incidencia mayor en Cajamarca o La Libertad.

El panorama regional permite así identificar una característica estructural de la minería peruana: la actividad está concentrada, pero esa concentración no es igual para todos los minerales.

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Una operación puede cambiar las cifras de toda una región

La influencia de las grandes minas sobre los indicadores departamentales también explica parte de la volatilidad observada. Antamina en Áncash y Las Bambas en Apurímac tienen una escala suficiente para modificar de manera significativa la producción regional de cobre cuando sus niveles de extracción cambian.

Esto no significa que el resto de las actividades económicas desaparezcan de las estadísticas. La producción departamental incorpora agricultura, manufactura, construcción, comercio, transporte y servicios, entre otros sectores. No obstante, en las regiones con alta especialización extractiva, la minería puede tener un peso suficiente para marcar diferencias importantes en el resultado general.

El efecto trasciende además la producción física. La actividad minera genera canon, regalías y otros recursos que son transferidos a los gobiernos subnacionales. Por ello, las variaciones de producción también tienen relevancia para las finanzas públicas regionales y locales.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reportó que las transferencias vinculadas a la actividad minera superaron los S/4.168 millones entre enero y mayo de 2026. Estos recursos están destinados principalmente al financiamiento de inversiones y al cierre de brechas en los territorios donde se desarrolla la actividad.

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El crecimiento minero no tiene el mismo efecto regional

La fotografía que deja el INEI es, por tanto, menos uniforme de lo que podría sugerir una cifra nacional. Áncash registra un salto de 80,3% en cobre, mientras Ica y Apurímac presentan retrocesos. Dentro de la propia Áncash, además, el zinc cae 54,1%.

Las diferencias responden a la composición de cada economía regional y, especialmente, al comportamiento de las grandes operaciones mineras. No todos los departamentos dependen de los mismos minerales ni tienen la misma exposición a una determinada empresa o unidad productiva.

Esta situación también ayuda a entender por qué el desempeño de la minería peruana debe analizarse más allá del resultado nacional. El dato agregado puede mostrar crecimiento o retroceso, pero no necesariamente revela qué está ocurriendo en las regiones donde se concentra la extracción.

En el caso del cobre, el fuerte avance de Áncash convive con caídas en Ica y Apurímac. Y dentro de Áncash, el salto del principal metal contrasta con el desplome del zinc. El resultado es un mapa minero en el que las cifras nacionales esconden diferencias importantes entre territorios y donde la evolución de unas pocas operaciones puede terminar definiendo el desempeño de toda una economía departamental.

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El retroceso ocurrió en un escenario heterogéneo. Mientras algunos departamentos registraron fuertes disminuciones, otros incrementaron sus cosechas respecto de julio de 2025. Entre los factores reportados por el INEI también figuran las lluvias tardías, que afectaron el desarrollo de las cosechas.

Pese a la caída de la producción nacional, el abastecimiento de papa al principal mercado mayorista de Lima mostró una variación mucho menor. Hasta el 30 de julio, el Gran Mercado Mayorista de Lima recibió 59.895 toneladas, frente a las 60.475 toneladas registradas durante el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

La diferencia fue de 580 toneladas, equivalente a una disminución de aproximadamente 1%. Ambos indicadores tienen una cobertura diferente: el INEI mide la producción obtenida en todo el país durante julio, mientras que el MIDAGRI contabiliza el volumen que ingresó al mercado mayorista limeño durante los primeros 30 días del mes.

Además, una parte de la producción nacional se comercializa fuera de Lima. Los tubérculos pueden dirigirse a mercados regionales, otras ciudades o distintos canales de distribución. Por ello, la evolución de la cosecha nacional no necesariamente se refleja en la misma proporción en el abastecimiento de la capital.

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Arequipa registró la mayor caída de producción

Las variaciones fueron marcadas entre las principales regiones productoras. Arequipa presentó la mayor reducción, con una caída de 79,2% respecto de julio de 2025.

También disminuyó la producción en Pasco, que retrocedió 26,2%; Apurímac, con una baja de 19,5%; Cusco, con 12%; La Libertad, con 3,9%; e Ica, con 3%.

Estos seis departamentos concentraron el 62,6% de la producción nacional de papa durante julio, por lo que sus resultados tuvieron una incidencia importante en el comportamiento del volumen registrado a nivel nacional.

En contraste, algunas regiones elevaron sus cosechas. Piura registró un incremento de 141,5% frente a julio del año pasado, mientras que Junín aumentó su producción en 22,1%. Huancavelica avanzó 11,8% y Huánuco lo hizo en 2,6%.

La diferencia entre regiones muestra que la caída nacional no fue generalizada. Los mayores incrementos registrados en determinados departamentos no compensaron las reducciones observadas en zonas con una participación relevante dentro del total.

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El abastecimiento de Lima depende de varias regiones

El Gran Mercado Mayorista de Lima recibe papa procedente de diferentes zonas productoras. Entre las principales figuran Ica, Huánuco, Junín, Ayacucho, Lima, Pasco y Arequipa, según información del MIDAGRI.

Durante julio, algunas de estas regiones tuvieron comportamientos distintos. Junín aumentó su producción en 22,1% y Huánuco en 2,6%, mientras que Ica retrocedió 3%. Arequipa, por su parte, registró una reducción de 79,2%.

El volumen que llega al mercado mayorista de Lima depende de los envíos procedentes de distintas zonas productoras y no únicamente del resultado agregado nacional. Por esa razón, una disminución en determinadas regiones no necesariamente se refleja en la misma proporción en el abastecimiento registrado en la capital.

De este modo, mientras la producción nacional retrocedió casi una quinta parte en términos interanuales durante julio, el ingreso acumulado al principal mercado mayorista de Lima se mantuvo prácticamente en el mismo nivel del año anterior.

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Papa blanca registró una caída de 16,1% en su precio

El comportamiento de los precios también fue diferente al de la producción. La papa blanca registró en julio de 2026 un precio mayorista promedio de S/0,98 por kilogramo, frente a los S/1,17 registrados en el mismo mes de 2025.

La diferencia de S/0,19 por kilogramo representó una reducción interanual de 16,1%. El dato corresponde específicamente a la papa blanca y no representa el comportamiento de todas las variedades comercializadas en el mercado mayorista.

Las cotizaciones muestran diferencias importantes entre tipos de papa. En el boletín de precios de MIDAGRI correspondiente al 22 de julio, la variedad Canchan registró S/1,08 por kilogramo y la Única alcanzó S/1,43. La Yungay se ubicó en S/0,93, mientras que la Perricholi registró S/0,30.

La diferencia de precios entre variedades demuestra que no existe una sola cotización representativa para todo el mercado de papa. En ese registro, por ejemplo, hubo una brecha de S/1,13 por kilogramo entre la Única y la Perricholi, mientras que la papa blanca se ubicó en S/0,98.

En conjunto, los datos de julio muestran que la menor producción nacional no se trasladó en la misma magnitud al volumen recibido por el principal mercado mayorista de Lima. A su vez, la papa blanca registró una cotización menor que la de un año antes, en un mercado donde los precios presentan diferencias importantes según la variedad comercializada.

Pero hay un factor que podría complicar más lo descrito y este respondería a la decisión sobre la tasa de interés de política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva (BCRP), con la inflación anualizada a agosto en 4,44%, bastante mayor al tope de 3% establecido, y la perspectiva es que los precios suban más, dada la reducción de oferta de producto por ocurrir y la tendencia al alza del precio del petróleo. Veamos más de cerca esto.

El índice de precios internos al alza continuada podría ser una razón por la cual el BCRP pueda próximamente subir la tasa de interés de política monetaria y, con ello, un encarecimiento del crédito originar una contracción del gasto en la economía, lo cual eventualmente podría quitarle viada a la inflación, a pesar de responder esta a factores de oferta. Pero un resultado indeseado es la afectación adversa sobre la ya golpeada dinámica de la producción. El punto es que la presión para la subida de la tasa de interés no respondería solo a la incrementada inflación local, sino a lo que viene ocurriendo con la tasa de interés determinada por el banco central gringo, o sea, la Reserva Federal (Fed).

El tema local es que, si no se incrementase la tasa de interés de política monetaria por el BCRP, una tasa de rendimiento más alta de activos financieros externos podría originar una desordenada salida de capitales; una menor oferta de dólares resultante presionaría al alza del tipo de cambio, en el peor de los momentos, con precios internos al alza. Este nuevo factor externo no es poca cosa, con lo cual las próximas decisiones del BCRP serán seguidas con mucha atención.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 27 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

• Compra: S/3,493
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Banco de la Nación

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BBVA

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Scotiabank

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Según el análisis, algunas disposiciones no precisan qué normas o regímenes serían modificados, lo que dejaría un margen amplio para definir posteriormente el contenido de los cambios.

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En materia tributaria, el informe pone el foco en que el proyecto plantea modificar y simplificar el régimen tributario y adecuar el Código Tributario, pero la exposición de motivos no precisa qué regímenes serían revisados ni cómo se aplicarían los cambios. Para el colectivo, esto deja demasiado abierto el contenido de las facultades que recibiría el Ejecutivo.

Catherine Eyzaguirre, economista e integrante del colectivo, señaló a La República que el problema está en que el texto legal deja abierta la posibilidad de realizar cambios que no necesariamente aparecen desarrollados con claridad en la exposición de motivos. El grupo también revisó el pedido desde los ámbitos económico, laboral, financiero y ambiental y encontró observaciones similares.

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Cambios tributarios: el proyecto no precisa qué regímenes serán modificados

Uno de los puntos que más preocupa a GEPS es el capítulo tributario, pues el proyecto plantea racionalizar los regímenes tributarios y contempla cambios relacionados con las micro y pequeñas empresas (MYPE), pero no identifica con precisión qué régimen será modificado ni cuál sería el alcance de los ajustes.

Para el grupo, esa diferencia entre lo que se autoriza en el texto y lo que se explica en la exposición de motivos es relevante. Según su análisis, una cláusula amplia podría permitir que, una vez aprobada la delegación, el Ejecutivo introduzca modificaciones adicionales dentro de la materia autorizada.

El debate tributario se cruza, además, con el costo de los beneficios fiscales. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual, el gasto tributario bordea los S/27.000 millones.

GEPS considera que antes de crear nuevos beneficios debería revisarse el resultado de los que ya están vigentes. Entre los casos mencionados están los beneficios otorgados a sectores como la agroexportación y el turismo. El grupo sostiene que algunos incentivos fueron diseñados para apoyar actividades que necesitaban consolidarse y que, en determinados casos, deberían ser evaluados nuevamente para determinar si cumplieron el objetivo por el que fueron aprobados.

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Otro cuestionamiento apunta a la información disponible. Mientras el gasto público puede seguirse a través de partidas y entidades en los sistemas presupuestales, el informe señala que el gasto tributario se presenta principalmente de manera agregada por sectores. Es decir, se conoce cuánto deja de recaudar el Estado por determinado tipo de beneficio, pero no existe el mismo nivel de detalle público sobre las empresas que finalmente reciben ese tratamiento.

MYPE y empleo: GEPS cuestiona que menos costos laborales generen formalización

El segundo eje de preocupación está relacionado con el empleo. Fernando Cuadros, integrante del GEPS y exviceministro de Promoción del Empleo, cuestionó que el pedido del Ejecutivo vuelva a plantear mecanismos vinculados con regímenes laborales especiales como una vía para promover la formalización.

La crítica de Cuadros apunta a un problema más de fondo: reducir costos o beneficios laborales no habría sido suficiente para lograr un aumento importante del empleo formal. Como ejemplos, mencionó los regímenes especiales para las micro y pequeñas empresas, el régimen agrario y las normas sobre trabajo del hogar, que, según su análisis, no lograron resolver el problema de la informalidad.

Para el economista, el camino debería estar en cambiar la estructura productiva del país para impulsar actividades capaces de generar más puestos de trabajo formales. Esto supone, entre otras medidas, apostar por la industrialización y la diversificación productiva.

Desde esa perspectiva, el cuestionamiento no se queda en una disposición específica del proyecto. El grupo también pone en duda que reducir barreras laborales y regulatorias sea suficiente para elevar el empleo formal, mientras que, a su juicio, el paquete no plantea medidas de similar alcance para enfrentar las condiciones productivas que mantienen altos niveles de informalidad.

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Tasas de interés: GEPS cuestiona eliminación del tope para créditos

El sector financiero concentra otra de las observaciones del informe. Uno de los cambios analizados es la eliminación del tope a las tasas de interés, una medida que el Gobierno plantea, según lo explicado en el conversatorio, como parte de la estrategia para enfrentar el crédito informal conocido como “gota a gota”.

Germán Alarco, integrante de GEPS e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), cuestionó que eliminar el límite sea suficiente para ampliar el acceso al crédito formal. Su observación se concentra también en la metodología utilizada para establecer el actual tope, que —según explicó— equivale a multiplicar por dos la tasa promedio de los créditos de consumo. A su juicio, una fórmula de este tipo debería considerar elementos como el costo de captar recursos, los gastos operativos, los costos administrativos y el riesgo de incumplimiento.

Alarco planteó que el debate debería incluir, además, la eficiencia del sistema financiero. Para explicarlo de manera sencilla, el margen de intermediación es la diferencia entre las tasas que las entidades cobran por los créditos y las que pagan por los depósitos. Según la información citada por el economista durante el conversatorio, Perú presenta márgenes elevados en comparación con otros países de América Latina. Por ello, GEPS plantea mantener un límite, pero modificar la forma en que se calcula.

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Hidrocarburos y Estado: otras áreas que preocupan al grupo

Las observaciones del colectivo no terminan en tributación, empleo y crédito. El análisis también abarca materias ambientales y de modernización del Estado.

En el ámbito ambiental, advierten que las disposiciones relacionadas con una mayor explotación de hidrocarburos deberían precisar sus alcances para evitar conflictos con áreas naturales protegidas. La preocupación aparece vinculada a la intención de ampliar el acceso a recursos energéticos en un contexto de dificultades en el sector.

Sobre la modernización del Estado, el grupo cuestiona que parte del planteamiento del Ejecutivo se sustente en la idea de que existe un Estado excesivamente grande y que la reducción de regulaciones sería una vía directa para impulsar la actividad privada. Alarco sostuvo que esa premisa debería contrastarse con los datos sobre el tamaño del Estado peruano frente a otros países.

Con estos argumentos, GEPS plantea que el Congreso debería revisar el alcance de la delegación antes de otorgarla. El punto central de su informe no es únicamente qué medidas podrían aprobarse, sino cuánto margen tendría el Ejecutivo para definirlas después. Para el colectivo, una autorización más precisa permitiría establecer desde el inicio qué materias pueden modificarse, cuáles quedan fuera y bajo qué criterios deberá actuar el Gobierno de Keiko Fujimori.

Pero la modalidad que hoy predomina en algunas empresas no coincide con lo que la mayoría de trabajadores elegiría. Si pudieran decidir libremente cómo trabajar, apenas el 16% optaría por un esquema completamente presencial. El 43% escogería uno híbrido y el 41% preferiría trabajar de manera remota.

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Los resultados corresponden al estudio 100% Presencialidad, elaborado por Bumeran a partir de las respuestas de 3.181 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. La investigación analiza cómo la modalidad de trabajo influye en las decisiones de los trabajadores y en la búsqueda de talento.

Presencialidad implica más tiempo y gasto para los trabajadores

Entre quienes perciben efectos negativos de acudir a la oficina, el principal problema no está necesariamente en el trabajo realizado dentro de ella, sino en todo lo que implica llegar hasta allí. El 94% señala la pérdida de tiempo en los traslados como una de las principales desventajas, mientras que 87% menciona el mayor gasto económico. También aparecen el estrés o cansancio físico, señalado por 82%.

Los costos asociados a la presencialidad incluyen transporte, alimentación, vestimenta y otros gastos cotidianos. Entre quienes prefieren trabajar de manera híbrida o remota, 79% valora precisamente el ahorro de dinero que generan estas modalidades.

Aun así, la presencialidad conserva ventajas para un grupo de trabajadores. El 51% considera que favorece la colaboración y el trabajo en equipo, 45% destaca que facilita un aprendizaje más directo y rápido y 44% valora una comunicación más sencilla con líderes y compañeros.

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6 de cada 10 rechazarían un empleo que no coincida con su modalidad ideal

La modalidad de trabajo empieza a pesar también en la decisión de aceptar o descartar una propuesta. El 60% de los talentos afirma que rechazaría una oferta laboral si no coincide con su esquema ideal. Dentro de ese grupo, 36% no aceptaría un puesto 100% presencial, 14% descartaría uno que exigiera algún nivel de presencialidad y 10% no aceptaría un empleo completamente remoto.

El estudio también muestra una brecha en quién define esta modalidad, pues el 59% de los trabajadores afirma que fue establecida exclusivamente por la organización, mientras solo 20% señala que la decisión se tomó conjuntamente con los trabajadores.

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Trabajo híbrido marcaría el mercado laboral en los próximos diez años

El 73% de los especialistas en Recursos Humanos considera que dentro de diez años predominará el trabajo híbrido. Entre los trabajadores, las respuestas van en una línea similar: 61% prevé que el modelo híbrido será el más extendido, 33% se inclina por el trabajo remoto y 6% por la presencialidad total.

Los motivos para elegir una u otra modalidad también son distintos. Quienes prefieren trabajar desde casa o combinarlo con días en la oficina destacan principalmente el ahorro de tiempo y dinero, además de una mayor facilidad para organizar sus horarios. En cambio, quienes optan por la presencialidad valoran sobre todo el aprendizaje, la relación con sus compañeros y el trabajo en equipo.