La canasta del INEI comprende alimentos y otros bienes y servicios necesarios para el hogar. Además, los S/1.230 corresponden al sueldo bruto, por lo que el trabajador recibe un monto menor luego de los descuentos previsionales.

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Para Fernando Cuadros, economista y exviceministro de Promoción del Empleo, el incremento aplicado por el Gobierno ha sido insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida. En entrevista con La República, sostuvo que los trabajadores de menores ingresos están perdiendo capacidad adquisitiva y cuestionó que el Ejecutivo postergue el segundo tramo del aumento salarial.

"Hay una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo los que menos ganan, los que ganan el mínimo, y el incremento de S/100 ha sido insuficiente", señaló.

Caquetá: algunos alimentos cuestan menos que el promedio de Lima, pero otros lo superan

En un recorrido realizado por La República en el mercado de Caquetá se encontraron diferencias importantes entre los precios de los alimentos. El precio del pollo se registró a S/8 el kilo, por debajo del promedio de S/9,89 que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) reportó para los mercados minoristas de Lima entre el 5 y el 11 de noviembre. Una situación similar se observó en el huevo, que costaba S/6,50 frente al promedio de S/6,86; el limón, a S/3,50 frente a S/4,83; y la papa amarilla, a S/6 frente a S/7,59.

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En otros productos, el precio encontrado superó el promedio semanal de Lima. El arroz se ofrecía a S/4,50 el kilo, mientras que el registro del MIDAGRI para el arroz superior fue de S/3,69. La cebolla se encontró a S/4,80, frente a los S/4,60 de la cebolla roja en el reporte oficial.

El comportamiento de los precios también muestra que algunos alimentos de la lista tuvieron fuertes variaciones durante octubre. Según el INEI, la zanahoria aumentó 24,56% en Lima Metropolitana respecto a setiembre y la arveja verde, 24,31%. La papa amarilla subió 13,54%. En contraste, el tomate bajó 6,80% y los huevos de gallina, 5,34%. Así, los productos encontrados forman parte de una canasta en la que no todos los precios evolucionaron en la misma dirección.

El recorrido también permitió identificar el costo de otros alimentos que completan las compras del hogar. Entre las proteínas, la carne de res para guiso llegó a S/35 el kilo y el filete de perico a S/40. En los productos de despensa, el kilo de lentejas costaba S/6,30, el trigo S/5,90 y el azúcar S/4, mientras que el litro de aceite se encontraba a S/6. En frutas, la manzana alcanzó los S/13 el kilo y la naranja para jugo, S/2,80; cinco plátanos de isla costaban S/3,50.

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El sueldo mínimo debería superar los S/1.450

El reajuste de la remuneración mínima fue anunciado en dos tramos. El segundo aumento, de S/70, todavía está pendiente y llevaría el sueldo mínimo a S/1.300. El Gobierno ha señalado que evaluará su aplicación después de conocer el impacto del Fenómeno El Niño.

Cuadros considera que esperar hasta 2027 para completar el reajuste es un error, debido a que los trabajadores ya enfrentan una pérdida de poder adquisitivo. Según su estimación, si se hubieran aplicado los criterios de inflación y productividad discutidos en el Consejo Nacional de Trabajo desde que terminó 2007, la remuneración mínima debería superar los S/1.450 hacia enero de 2027.

"Hay un atraso del salario mínimo, y lo que debería hacer el Gobierno es adelantar el incremento pendiente de S/70, que igual llevaría el mínimo a apenas S/1.300, por debajo del nivel al que debería estar, y bastante por debajo de la canasta básica familiar", manifestó.

Por ello, el exviceministro plantea adelantar el segundo tramo y evaluar un reajuste mayor. A su juicio, el incremento debe considerar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el encarecimiento de los alimentos y el transporte.

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Fenómeno El Niño amenaza con encarecer el limón, la cebolla y el mango

A la presión sobre los ingresos se suma el riesgo de una menor producción agropecuaria por los efectos del Fenómeno El Niño. Cuadros advirtió que las inundaciones en la costa norte podrían perjudicar los campos de cultivo y reducir la oferta de alimentos, además de afectar los ingresos de quienes trabajan en el sector.

Entre los productos expuestos mencionó el limón y el mango, cuya producción se concentra en el norte del país. Una menor disponibilidad también podría elevar los costos de los negocios que utilizan estos alimentos como insumos, como restaurantes y establecimientos de comida.

En el sur, el riesgo estaría asociado a la falta de lluvias y las sequías que pueden afectar la producción agrícola y ganadera. El especialista mencionó la cebolla y el ajo entre los productos que podrían verse afectados si disminuye la producción.

"Por ejemplo, el limón es producido en el norte, puede subir de precio. En el sur, si hay sequía, se puede afectar el precio de la cebolla, del ajo, ante la escasez del mismo", explicó.

Los efectos también podrían alcanzar al empleo. Cuadros señaló que los daños en carreteras y las interrupciones del transporte perjudicarían actividades como la agricultura, el turismo, la pesca y los servicios vinculados a estas industrias, con consecuencias para los pequeños productores y trabajadores informales.

La decisión del Directorio, anunciada este jueves 12 de noviembre, responde a un escenario en el que coinciden los choques de oferta, el aumento de las expectativas inflacionarias y el dinamismo de la demanda interna. Para el organismo monetario, el encarecimiento de determinados productos ya no puede analizarse únicamente como un episodio transitorio, debido a los riesgos de que algunos factores sigan trasladándose a los precios durante los próximos meses.

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BCRP eleva la tasa de interés tras inflación de 5,25% en Lima

En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57% respecto al mes anterior y acumuló una variación anual de 5,25%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado representa el nivel más elevado desde agosto de 2023, cuando la inflación llegó a 5,58%, y refleja una aceleración que ha vuelto a alejar los precios del objetivo del Banco Central.

El mayor impulso provino de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron 1,62% durante el mes. Entre los incrementos más pronunciados estuvieron el bonito, con 26,90%, y el choclo, con 45,29%, además de productos como la zanahoria, la arveja verde y distintas variedades de papa. El transporte también presionó el indicador, con un avance mensual de 0,77%, asociado al encarecimiento de los combustibles y los pasajes.

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El Niño y los conflictos en Medio Oriente mantienen la presión sobre los precios

El BCRP advierte que los riesgos inflacionarios no se limitan a lo ocurrido en octubre. Entre los factores que podrían prolongar el encarecimiento figuran el Fenómeno El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que ya han tenido efectos sobre los precios internacionales del petróleo y otros productos.

A estas condiciones se suma el aumento de las expectativas de inflación a doce meses, que se mantuvieron en 3,1% en octubre, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. Aunque las expectativas no representan una inflación ya materializada, su evolución importa para la política monetaria porque puede influir en las decisiones de precios de las empresas y en las negociaciones salariales.

Pese a estas presiones, el Banco Central mantiene su proyección de que la inflación general y la que excluye alimentos y energía regresen al rango meta y se sitúen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se disipen los choques de oferta. Sin embargo, reconoce que los efectos de El Niño y del escenario internacional podrían ser más persistentes de lo previsto.

¿Qué significa que el BCRP suba su tasa de interés a 4,50%?

El incremento de la tasa de referencia busca moderar las presiones inflacionarias mediante el encarecimiento progresivo del financiamiento en soles. Cuando el Banco Central eleva este indicador, los bancos pueden trasladar el ajuste a sus tasas de préstamos y depósitos, lo que influye en las decisiones de consumo, ahorro e inversión de hogares y empresas.

Sin embargo, el Directorio precisó que esta decisión no implica necesariamente el inicio de un ciclo de nuevas alzas. La autoridad monetaria seguirá evaluando la inflación subyacente, las expectativas de precios, el desempeño de la economía y la duración de los choques de oferta antes de determinar si necesita modificar nuevamente su posición.

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De hecho, el BCRP señaló que la mayoría de los indicadores adelantados de actividad económica a octubre mantiene un buen desempeño, aunque las expectativas empresariales retrocedieron frente al mes anterior y permanecieron en terreno optimista.

La próxima decisión sobre la tasa de referencia se conocerá el 10 de diciembre, cuando el Directorio del BCRP vuelva a evaluar el comportamiento de la inflación y las condiciones de la economía peruana.

La propuesta fue expuesta por Tangherlini ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados. El ministro sostuvo que la rebaja busca hacer más competitivo al Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región.

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TUUA internacional bajaría de US$10,05 a US$4 con nueva propuesta del MTC

La propuesta presentada por LAP establece una reducción de 37% en la tarifa de transferencia internacional, con lo que el cobro pasaría de US$10,05 a aproximadamente US$6,40, sin incluir el IGV. No obstante, el MTC busca que la rebaja sea mayor y que el pasajero termine pagando alrededor de US$4.

Con la propuesta de LAP, la TUUA pasaría de US$10,05 a US$6,40. El MTC busca llevarla un paso más abajo, hasta los US$4, aunque todavía no ha detallado cómo se aplicaría este descuento ni cuándo entraría en vigencia. El cobro rige desde el 7 de diciembre de 2025 para quienes llegan a Lima desde el extranjero y continúan su viaje hacia otro destino internacional.

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Las aerolíneas han cuestionado esta tarifa porque encarece el tránsito por Lima frente a otros aeropuertos de la región. El costo adicional puede restarle atractivo al Jorge Chávez como punto de conexión, ya que los pasajeros también consideran cuánto les cuesta hacer escala antes de elegir una ruta.

Aerolíneas incluirán la TUUA internacional en el precio del boleto aéreo

La reducción del monto no es el único cambio que negocia el Gobierno. Tangherlini también informó que las aerolíneas se comprometieron a incorporar la TUUA de transferencia internacional directamente en el precio de los pasajes. De concretarse el acuerdo, los pasajeros conocerían este costo al momento de comprar su boleto y ya no tendrían que realizar un pago por separado durante su escala en Lima.

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El compromiso de las compañías aéreas forma parte de las conversaciones que mantienen con el MTC, el MEF y LAP para alcanzar un acuerdo. La concesionaria deberá concretar los cambios mediante la adenda correspondiente, por lo que tanto el nuevo monto como las condiciones de aplicación todavía están sujetos a las negociaciones entre las partes.

Para el Ejecutivo, el objetivo es que una menor tarifa y un mecanismo de cobro integrado al boleto contribuyan a atraer más pasajeros en conexión internacional y fortalezcan el papel de Lima como centro de distribución de vuelos en la región.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que ambas medidas serán presentadas al Congreso mediante proyectos de ley durante el verano de 2027, aunque reconoció que la primera podría no conseguir respaldo parlamentario.

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En una entrevista con Cuarto Poder, el titular del MEF explicó que la reforma tendrá dos frentes. Mientras se buscará reducir los costos que dificultan la contratación formal en las microempresas, también se pretende modificar las restricciones que, a juicio del Gobierno, dificultan la salida de trabajadores con mejores salarios.

Elmer Cuba plantea flexibilizar el despido de trabajadores con mejores sueldos

Cuba sostuvo que la rigidez para despedir no afecta principalmente a quienes se encuentran en la base de la pirámide laboral, sino a los trabajadores formales con mejores remuneraciones. Según explicó, el problema alcanza tanto a quienes están contratados en planilla como a quienes tienen contratos a plazo determinado.

"Esa no afecta a la informalidad. Afecta a los formales arriba, en la pirámide de trabajadores, los más sofisticados, los que ganan mejor del Perú", señaló el ministro al explicar por qué el Ejecutivo también pretende intervenir en las condiciones de salida del empleo.

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El titular del MEF reconoció que esta iniciativa podría encontrar resistencia en el Congreso, pero aseguró que será presentada de todas formas. "Esa posiblemente no pase en el Congreso, pero no vamos a dudar en presentarla", afirmó.

MEF busca reducir aportes a EsSalud y pensiones para formalizar microempresas

El segundo componente de la reforma apunta a las microempresas, donde Cuba estima que la informalidad laboral bordea el 90%. Para este segmento, el Gobierno plantea perfeccionar el régimen laboral vigente sin eliminar beneficios como las vacaciones y los aguinaldos, pero sí modificar los aportes obligatorios a salud y pensiones.

El ministro argumentó que las contribuciones actuales representan una carga elevada para quienes perciben menores salarios y pueden desincentivar su contratación formal.

Como ejemplo, comparó el caso de un trabajador que gana S/10.000 con otro que recibe S/1.200, pese a que ambos están sujetos a porcentajes similares de aportación.

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Incluso mencionó como referencia reducir de 10% a 5% el aporte previsional en los tramos salariales más bajos. La intención, explicó, es que una mayor parte del ingreso quede disponible para el trabajador y que el costo de ingresar a la formalidad sea menor.

El MEF prevé presentar ambas propuestas al Congreso durante el verano de 2027. Hasta entonces, quedan por definir los alcances de los cambios, especialmente en la flexibilización del despido y en el efecto que tendría la reducción de aportes sobre la cobertura de salud y las futuras pensiones de los trabajadores.

El Frente de Trabajadores Estatales del Perú (FTEP) convocó a dos días de movilización y a un plantón frente al Congreso el 17 y 18 de noviembre, desde las 9.00 a. m. La organización pide retirar los artículos 23.6, 32.2 y 33.2, porque considera que afectan los derechos laborales y la negociación colectiva.

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Uno de los principales cuestionamientos es que el Gobierno busca sujetar los acuerdos laborales a las reglas de gasto público. De esta manera, las negociaciones sobre beneficios económicos no dependerían solo del diálogo entre trabajadores y empleadores, sino también de las condiciones presupuestarias que fije el Estado.

Presupuesto 2027: negociaciones colectivas en trámite deberán adecuarse a reglas fiscales

Uno de los puntos más sensibles está en el artículo 32.2, que dispone que los procesos de negociación colectiva y arbitraje laboral deben sujetarse a las normas de administración financiera del Estado, las reglas macrofiscales y los criterios de equilibrio y estabilidad presupuestaria.

El siguiente numeral, el 32.3, establece que los procesos que ya se encuentren en trámite también deberán adecuarse a estas disposiciones, lo que abre interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales continuarán las negociaciones iniciadas antes de la entrada en vigencia del presupuesto y si los nuevos parámetros podrían limitar los acuerdos económicos entre sindicatos y entidades públicas.

Aunque el artículo 32.1 reconoce una excepción a la prohibición general de aumentos remunerativos para los ingresos aprobados mediante convenios colectivos, actas de conciliación y laudos arbitrales, los numerales siguientes incorporan condicionamientos fiscales que podrían restringir su aplicación.

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A ello se suma el artículo 34, que obliga a los árbitros a considerar las normas de administración financiera, austeridad y disciplina del gasto público. La disposición genera preocupación porque podría reducir el margen para resolver controversias laborales cuando estas involucren compromisos económicos.

MEF tendría que dar opinión previa para financiar convenios colectivos

Las restricciones también alcanzan la ejecución de los acuerdos. El artículo 33 establece condiciones para utilizar las partidas presupuestarias destinadas a implementar la negociación colectiva descentralizada, es decir, aquella que se desarrolla entre los sindicatos y las entidades públicas.

En particular, el numeral 33.2 dispone que determinados recursos solo podrán habilitar otras partidas para financiar convenios suscritos en 2026, previa opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, el predictamen fija el 26 de febrero de 2027 como fecha límite para presentar estas solicitudes.

En la práctica, las entidades públicas no tendrían plena libertad para realizar ajustes presupuestarios que permitan cumplir los compromisos asumidos con sus trabajadores. La intervención previa del MEF podría convertirse en una condición adicional para ejecutar acuerdos colectivos.

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Trabajadores estatales rechazan artículos del Presupuesto 2027

El FTEP también incluyó entre sus cuestionamientos el artículo 23.6, referido a disposiciones sobre la consolidación de incrementos remunerativos en el régimen del Decreto Legislativo 276 para gobiernos locales.

El rechazo sindical se produce en medio del debate del presupuesto para el próximo año, que todavía debe completar su trámite legislativo.

El principal cuestionamiento de fondo es hasta dónde pueden llegar las reglas de disciplina fiscal sin terminar condicionando el derecho constitucional a la negociación colectiva, reconocido también por la Ley 31188.

Para resolver ese problema, Richard Almerco Soto, abogado magíster y especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial, plantea en la cuarta entrega de Radar Concursal modificar los artículos 54.4 y 55 de la Ley N.° 27809, Ley General del Sistema Concursal.

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La propuesta sustituiría el libro físico por un Libro Digital de Actas de Junta de Acreedores, vinculado al expediente y custodiado por el Indecopi. Las actas se suscribirían con firma digital y contarían con un sello de tiempo y un registro de accesos.

Liquidación de empresas podría acelerarse con actas digitales del Indecopi

El problema tiene consecuencias económicas para los acreedores. Mientras el liquidador no pueda acreditar e inscribir sus facultades, la toma de control de la empresa puede quedar pendiente. Durante ese periodo, los bienes pueden deteriorarse o perder valor comercial, lo que reduce los recursos que se obtendrían con su venta para atender las obligaciones con trabajadores, proveedores, bancos y el Estado.

La propuesta de Almerco busca que los acuerdos de las juntas queden registrados y disponibles en una plataforma institucional. Esto permitiría reducir las demoras documentales sin cambiar las reglas que determinan cómo votan los acreedores ni las mayorías necesarias para aprobar una decisión.

Indecopi permitiría formalizar actas si el presidente no firma

Otro cambio apunta a los casos en que el presidente de la junta de acreedores no cumple con suscribir el acta. Para las sesiones en las que no participe un representante de la Comisión de Procedimientos Concursales, se establece un plazo de diez días hábiles para formalizar el documento.

Si vence ese periodo, un acreedor reconocido o el administrador o liquidador designado podrá requerir al presidente que firme el acta en un plazo adicional de tres días hábiles. Si tampoco cumple, quien presentó el requerimiento podrá elaborar y suscribir digitalmente el documento, adjuntando la grabación de la sesión u otras pruebas de los acuerdos.

La facultad estaría sujeta a la revisión del Indecopi. La Comisión deberá comprobar que se respetaron la agenda, el quórum y las mayorías exigidas antes de incorporar el acta al registro digital. Los acreedores también podrán presentar observaciones y mantener su derecho a impugnar los acuerdos.

Sunarp recibiría actas electrónicas para inscribir poderes de liquidadores

La iniciativa también busca agilizar la inscripción de los poderes de administradores y liquidadores. Para ello, el Indecopi podría expedir copias certificadas electrónicas de las actas, con un código de verificación que permita acreditar su autenticidad ante Sunarp.

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Almerco plantea, además, que ambas instituciones conecten sus sistemas para facilitar la presentación electrónica de estos documentos y evitar trámites físicos.

El cambio también alcanzaría a los procedimientos concursales en curso. Los libros existentes podrían digitalizarse y, si alguno fue retenido o extraviado, las nuevas actas se incorporarían directamente al registro digital. De esta manera, la recuperación del libro físico dejaría de ser un obstáculo para formalizar los acuerdos y continuar con la liquidación de las empresas.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 13 de noviembre

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

• Compra: S/3,493
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Entre sus principales preocupaciones figura el proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) presentado por el Poder Ejecutivo, que plantea eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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Confemin también cuestiona las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y de la viceministra Mayra Figueroa sobre la eliminación de este registro. A ello se suma que, según el pronunciamiento, los proyectos legislativos que buscan extender la formalización todavía no cuentan con dictámenes favorables en el Congreso.

Confemin exige ampliar el Reinfo por cuatro años ante vencimiento en diciembre

El primer pedido del gremio está dirigido al Congreso de la República y plantea ampliar por cuatro años el proceso de formalización minera. La exigencia se produce a pocas semanas del vencimiento del Reinfo, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para Confemin, eliminar el registro sin establecer un mecanismo que permita continuar con la formalización dejaría sin una vía de regularización a los trabajadores que todavía no culminaron el procedimiento.

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Mineros artesanales piden un censo nacional para ampliar formalización minera

La segunda exigencia está dirigida al Poder Ejecutivo. Confemin solicita realizar un censo nacional que incluya tanto a los mineros inscritos en el Reinfo como a quienes desarrollan actividades fuera del registro.

Con esta medida, el gremio busca identificar cuántos trabajadores se dedican a la pequeña minería y minería artesanal y conocer sus condiciones de operación, a fin de contar con información que permita diseñar medidas para incorporarlos a la formalidad.

Asimismo, plantea que el Congreso apruebe una ley MAPE que contemple las distintas modalidades de explotación minera existentes en el país. Entre ellas menciona la minería filoniana, de socavón, aluvial, no metálica, polimetálica, ancestral y pallaquera.

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Confemin también exige modificar la ley de concesiones mineras

El cuarto punto de la plataforma de lucha plantea modificar la legislación sobre concesiones mineras para eliminar el acaparamiento de concesiones ociosas y convertirlas en espacios de actividad productiva.

Con esta propuesta, la organización busca cambios en las reglas que regulan el acceso y aprovechamiento de las concesiones, al considerar que existen áreas que permanecen sin explotación mientras otros operadores buscan desarrollar actividades mineras.

La iniciativa, presentada por la congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, propone liberar parte de los ahorros previsionales ante los posibles efectos económicos del fenómeno El Niño. Sin embargo, todavía no cuenta con una evaluación técnica ni un dictamen que permita avanzar hacia su discusión legislativa.

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La propuesta, identificada como Proyecto de Ley N.° 00469-2026-2031-CD, ingresó al Parlamento el 1 de octubre y fue derivada a la Comisión de Economía al día siguiente.

Noveno retiro de AFP: proyecto propone entregar hasta S/22.000 en cuatro armadas

El texto legislativo plantea un retiro voluntario de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/22.000. El dinero se entregaría en cuatro desembolsos de hasta S/5.500 cada uno, con intervalos de 30 días calendario entre pagos.

Los afiliados tendrían un plazo de 90 días para presentar sus solicitudes, ya sea de manera presencial o virtual, ante sus respectivas administradoras de fondos de pensiones.

Además, podrían desistir del retiro por única vez, siempre que comuniquen su decisión a la AFP con al menos 10 días calendario de anticipación a la fecha del siguiente desembolso.

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La propuesta justifica esta medida en la necesidad de brindar liquidez a los hogares frente a los posibles daños que ocasionaría El Niño. Entre los gastos considerados figuran la protección de viviendas, la reparación de techos y el reforzamiento de estructuras ante lluvias intensas o periodos de sequía.

MEF cuestiona nuevo retiro por impacto en las pensiones

La propuesta también enfrenta reparos desde el ámbito económico. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expresó su rechazo al considerar que estos desembolsos

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reducen los recursos disponibles para financiar las jubilaciones. "Es quitarle pensiones a la poca gente que va a tener pensiones", sostuvo en una entrevista.

El titular del MEF también advirtió sobre las posibles consecuencias en la liquidez del sistema y en el financiamiento de créditos de largo plazo. Su preocupación apunta a que las AFP podrían necesitar vender parte de sus inversiones para atender los retiros solicitados por los afiliados.

¿Qué falta para que el noveno retiro de AFP se debata en el Congreso?

El proyecto todavía debe recibir las opiniones de las entidades consultadas y pasar por la evaluación de la Comisión de Economía. El 13 de octubre, este grupo de trabajo solicitó informes técnicos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCRP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Ministerio de Justicia y Cenepred.

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El plazo inicial de 15 días otorgado para remitir estas respuestas ya había transcurrido al 9 de noviembre, sin que la iniciativa registrara avances hacia su debate. Tampoco se había anunciado una fecha para su sustentación o votación.

Si obtiene un dictamen favorable, la propuesta deberá continuar el trámite legislativo correspondiente en las cámaras de Diputados y Senadores. Solo después de superar esas instancias podrá llegar al Poder Ejecutivo, que tendrá la facultad de promulgarla u observarla.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 12 de noviembre

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

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Banco de la Nación

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Tratamiento de la psoriasis puede superar los S/60.000 al año

El gasto que representa la enfermedad depende de su nivel de gravedad y de las alternativas terapéuticas que requiere cada paciente. En los casos leves atendidos en establecimientos públicos, los costos asociados pueden bordear los S/960 anuales; sin embargo, cuando la psoriasis alcanza niveles moderados o graves, el manejo médico puede incluir procedimientos especializados y medicamentos de mayor precio.

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La diferencia se hace más evidente entre quienes necesitan terapias biológicas, cuyos costos pueden superar los S/60.000 al año en el sector privado. A este desembolso se agregan los controles médicos y otros procedimientos, como la fototerapia, por lo que el tratamiento puede convertirse en una carga sostenida para los hogares que deben financiarlo con sus propios recursos.

Psoriasis puede reducir hasta 29,4% la productividad laboral

El gasto médico es solo una parte del impacto económico, ya que la enfermedad también puede afectar la capacidad de los pacientes para desenvolverse en sus centros de trabajo. Un estudio publicado en British Journal of Dermatology encontró que la pérdida promedio de productividad laboral alcanza el 10,1% en personas con psoriasis leve, sube al 18,9% en los casos moderados y llega al 29,4% cuando la enfermedad es grave.

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Estas limitaciones pueden reflejarse en ausencias, dificultades para cumplir las jornadas y menores oportunidades de crecimiento profesional. De hecho, según Acción Psoriasis, asociación de pacientes y familiares de personas con psoriasis y artritis psoriásica, uno de cada diez pacientes afirma haber tenido que abandonar su empleo o haber sido despedido debido a la enfermedad, una situación que añade la pérdida de ingresos a los gastos que ya supone su atención.

El deterioro también puede alcanzar la salud emocional. Una investigación de Kimball y otros autores, publicada en 2010 en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, señala que el 10% de las personas con psoriasis presenta pensamientos suicidas, lo que evidencia que sus consecuencias pueden extenderse mucho más allá de las manifestaciones visibles y comprometer distintos ámbitos de la vida cotidiana.

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Nuevos tratamientos para la psoriasis amplían las alternativas, pero persiste el desafío del acceso

Frente a estos efectos, la industria farmacéutica ha incorporado nuevas alternativas para pacientes con cuadros moderados y graves, entre ellas las terapias biológicas, que actúan sobre componentes específicos del sistema inmunológico relacionados con la inflamación. Su objetivo es controlar la enfermedad en pacientes que necesitan tratamientos sistémicos, es decir, medicamentos que actúan en todo el organismo y no únicamente sobre las lesiones de la piel.

En Perú, Sun Pharma incorporó hace dos años una terapia biológica basada en un inhibidor de IL-23, indicada para adultos con psoriasis en placas moderada a grave que son candidatos a tratamientos sistémicos. Según la pauta aprobada, contempla dos dosis iniciales y luego una aplicación cada tres meses, siempre bajo seguimiento médico.

Claudia Aco, gerente de Marketing de Sun Pharma, sostiene que el objetivo del tratamiento va más allá de controlar las lesiones en la piel. "Controlar la psoriasis no se trata únicamente de mejorar la piel. También significa ayudar a que las personas puedan recuperar actividades, tiempo y oportunidades que la enfermedad puede haber limitado", señala.

Sin embargo, la incorporación de nuevas alternativas no elimina las barreras económicas que afrontan los pacientes. El tratamiento de la psoriasis puede exigir gastos continuos y, al mismo tiempo, las limitaciones que provoca la enfermedad pueden reducir la capacidad de trabajar y generar ingresos. Para quienes no cuentan con cobertura de salud suficiente, ambos factores pueden dificultar aún más el acceso y la continuidad de la atención médica.