Salmón se refirió al tema durante el WAGA 2026, la Asamblea General Anual de ACI-LAC y ACI World , que se desarrolla en Lima. El ejecutivo explicó que el mercado de conexiones internacionales en el Jorge Chávez está concentrado principalmente en tres aerolíneas y sostuvo que el rechazo a la tarifa no representa una posición conjunta de toda la industria.

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“Entonces no es un reclamo de la industria, es una disposición particular de una línea aérea respecto de una condición que considera, ellos la consideran no adecuada”.

LAP propone bajar la tarifa de US$10,05 a US$6,40

La propuesta de LAP consiste en reducir la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional de US$10,05 a US$6,40 más IGV por pasajero, una rebaja de alrededor de 36%. La iniciativa fue planteada con la condición de que las aerolíneas incorporen el cobro directamente en el precio del boleto, en lugar de trasladar al pasajero la necesidad de realizar un pago adicional durante su conexión.

Para Salmón, el cobro está asociado a los servicios e infraestructura que utiliza el pasajero durante su conexión y no constituye una tarifa creada unilateralmente por LAP. Recordó que su aplicación pasó por un procedimiento regulatorio y que las condiciones para su implementación estaban contempladas desde años atrás en el contrato de concesión.

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"A pesar de ese proceso público, las aerolíneas no han aceptado la tarifa". La TUUA de transferencia internacional fue fijada por Ositrán en US$10,05 más IGV. El cobro comenzó a aplicarse en diciembre de 2025 para los pasajeros que realizan conexiones internacionales en Lima.

TUUA: Aerolíneas y Gobierno mantienen conversaciones por el cobro

El director ejecutivo de LAP indicó que la propuesta fue presentada hacia el final del Gobierno anterior y que las reuniones no se han detenido con la nueva administración. Según explicó, el Ministerio de Transportes también ha trasladado la oferta a las aerolíneas.

Sin embargo, el punto de desacuerdo permanece. LAP plantea que la reducción de la tarifa vaya acompañada de su incorporación en el boleto aéreo, mientras que las aerolíneas mantienen su posición frente al cobro de la TUUA de transferencia.

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"Y en este momento no hay una respuesta positiva porque la posición de ellos es cero".

El conflicto también está relacionado con la forma en que actualmente se realiza el pago. Los pasajeros que llegan a Lima para continuar su viaje hacia otro destino internacional pueden efectuar la transacción mediante los mecanismos habilitados por el aeropuerto, pero LAP sostiene que lo adecuado sería que el importe forme parte del precio del pasaje.

La propia concesionaria ya había señalado que esta modalidad genera una carga adicional para quienes realizan conexiones, al obligarlos a gestionar el pago durante su paso por el aeropuerto.

Por ahora, las conversaciones entre LAP, el Gobierno y las aerolíneas continúan, aunque Salmón señaló que la propuesta de reducción todavía no ha recibido una respuesta positiva del sector aéreo.

"En ningún momento en el mensaje presidencial dijo 1.230. No se habló de dos tramos, de dos etapas", sostuvo Villanueva.

El dirigente señaló que dejar una parte del aumento para una segunda etapa, sujeta a las condiciones que genere el fenómeno El Niño, introduce incertidumbre sobre cuándo se completará el incremento. Frente a ello, planteó la necesidad de contar con un mecanismo que permita establecer de manera periódica cuándo y cuánto debe subir el salario mínimo.

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Villanueva considera que la RMV debería acercarse a S/1.700

Al referirse al nivel que debería alcanzar la remuneración mínima, Villanueva consideró que un monto de S/1.700 sería más cercano a la realidad, tomando como referencia la inflación, el costo de la canasta básica familiar y otros indicadores económicos.

“Lo idóneo, por lo menos más próximo, acercándose a la realidad, sería de 1.700 soles”, afirmó.

El presidente de la CGTP recordó que en 2007 se discutió en el Consejo Nacional de Trabajo el desfase entre la remuneración mínima y el costo de vida. Según explicó, la revisión del salario debería considerar estos factores para evitar que los aumentos se definan sin una periodicidad clara.

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CGTP cuestiona cambios laborales vía facultades legislativas

Durante la entrevista, Villanueva también se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y manifestó su rechazo a eventuales modificaciones que impliquen una mayor flexibilización de las normas laborales.

El dirigente sostuvo que cualquier cambio en esta materia debería discutirse en el Consejo Nacional de Trabajo, con participación de trabajadores y empleadores. “En materia laboral hemos dicho que no”, afirmó.

La posición de la CGTP, según explicó, es que estas reformas sean debatidas en ese espacio institucional antes de modificar las reglas que rigen las relaciones laborales.

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Villanueva informó además que la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú convocó a una movilización para el jueves 1 de octubre. La protesta está vinculada con la presentación de su proyecto de convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo.

La medida forma parte de la negociación colectiva por rama de actividad, mediante la cual los trabajadores del sector buscan discutir sus condiciones laborales y remunerativas con los empleadores.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 29 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

El ingreso amplía la presencia en Perú de uno de los principales grupos financieros de Brasil, que ya opera en el mercado local mediante negocios de banca de inversión, intermediación bursátil y administración de fondos.

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BTG Pactual podrá captar depósitos y otorgar créditos

Con la licencia, la entidad podrá realizar las operaciones correspondientes a una empresa bancaria, entre ellas captar depósitos y otorgar créditos, además de las demás actividades permitidas por la normativa del sistema financiero y sujetas a supervisión.

La entidad tendrá como público objetivo a empresas y corporaciones, personas de alto patrimonio e inversionistas institucionales. Su oferta estará orientada a negocios de banca mayorista, tesorería y banca de inversión, por lo que su estrategia no estará centrada principalmente en clientes de consumo masivo.

Para la constitución del banco se estableció un compromiso de capital de US$100 millones, monto informado durante el proceso de autorización y previsto para ser desembolsado una vez obtenida la licencia de funcionamiento.

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Un proceso que comenzó en julio de 2025

El procedimiento se inició en julio de 2025, cuando Banco BTG Pactual Chile presentó ante el organismo supervisor la solicitud para organizar una empresa bancaria en Perú.

En enero de 2026, la SBS autorizó la organización de Banco BTG Pactual Perú S.A. mediante la Resolución SBS N.° 0129-2026. Esta decisión correspondía a una etapa previa y no permitía todavía iniciar operaciones bancarias.

Posteriormente, el 13 de abril de 2026, BTG Pactual presentó ante la SBS la solicitud de autorización de funcionamiento, según un Hecho de Importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El pedido quedó sujeto a la evaluación del regulador y al cumplimiento de las exigencias correspondientes.

Con la licencia de funcionamiento, el grupo financiero completó el proceso regulatorio para constituirse como banco en el Perú, aunque todavía debe culminar los preparativos para iniciar sus operaciones.

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Los cuatro bancos más grandes concentran 69% de los activos

El ingreso de BTG Pactual se produce en un sistema financiero donde los cuatro bancos de mayor tamaño concentran una parte significativa de los activos. Según el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero de la SBS, a marzo de 2026 los activos del sistema alcanzaron S/710 mil millones, de los cuales el 69% correspondía a los cuatro bancos con mayor nivel de activos, denominados por la SBS como los 'cuatro bancos grandes'.

La cifra corresponde a los activos totales del sistema financiero, y no a una participación del 69% en la cartera de créditos. El resto de los activos se distribuye entre las demás entidades que operan en el sistema.

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La SBS cambia las reglas para nuevas entidades

En agosto de 2026, la SBS modificó el Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros. La reforma estableció tres modalidades de autorización: estándar, para empresas no captadoras y especial, según el perfil de riesgo y el modelo de negocio de cada solicitante.

El nuevo esquema también contempla plazos diferenciados para las etapas de organización y funcionamiento. Según el organismo supervisor, la modificación busca agilizar los procedimientos de autorización sin reducir los estándares prudenciales, la protección de los ahorristas ni la solidez del sistema financiero.

Durante 2026, otras entidades también avanzaron en sus respectivos procesos. En marzo, la SBS autorizó la organización de Revolut Bank Perú, un banco de operación 100% digital, y de Kori Financiera. En junio, el organismo otorgó la autorización de funcionamiento a Prex Perú Empresa de Créditos.

Actualmente, el Jorge Chávez moviliza 25,5 millones de pasajeros al año y ocupa el sexto lugar entre los aeropuertos con mayor tráfico de América Latina y el Caribe. La cifra representa una parte importante de los 43 millones de pasajeros que utilizaron el sistema aeroportuario peruano durante 2025.

Para Salmón, el problema no está únicamente dentro del aeropuerto. La mayor capacidad del Jorge Chávez necesita carreteras, transporte masivo y aeropuertos regionales capaces de absorber el crecimiento. Si esa red no avanza al mismo ritmo, el país corre el riesgo de crear un cuello de botella alrededor de su principal puerta de entrada.

"Una falencia importante que tiene en general el Estado peruano es la falta de planificación y previsión para entender cómo las distintas infraestructuras tienen que estar de la mano", afirmó.

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Jorge Chávez ya mueve 25,5 millones de pasajeros, pero el reto está fuera del terminal

El peso del Jorge Chávez dentro de la aviación peruana explica por qué las conexiones se han vuelto un tema estratégico. Según ACI-LAC, el terminal limeño concentra buena parte del tráfico nacional y ya compite con los principales aeropuertos de São Paulo, Bogotá, Ciudad de México y Santiago.

Con esa posición, LAP sostiene que el siguiente desafío no consiste en ampliar nuevamente el terminal, sino en evitar que el resto del sistema limite su funcionamiento.

Uno de los ejemplos está en los aeropuertos regionales. Salmón explicó que algunos apenas pueden recibir dos aeronaves de manera simultánea. Cuando llega un vuelo internacional, la plataforma puede quedar ocupada durante varias horas, reduciendo la capacidad disponible para otras operaciones.

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"Esa mayor capacidad que se crea no va a dar los resultados necesarios si los aeropuertos regionales en el Perú tampoco crecen de la misma manera", sostuvo.

Según el ejecutivo, existe una cartera de inversiones para esos terminales, aunque insistió en que los procesos de aprobación deben acelerarse para evitar nuevos retrasos.

Metro, puentes temporales y accesos: las obras pendientes del nuevo Jorge Chávez

Asimismo, señaló que la infraestructura vial definitiva no estuvo lista cuando empezó a operar el nuevo terminal, por lo que fue necesario habilitar puentes temporales y realizar obras adicionales para mantener el tránsito. Estas soluciones permiten atender el flujo actual, pero la conexión definitiva sigue pendiente.

Algo similar ocurre con el transporte masivo. El nuevo Jorge Chávez aún no tiene una estación de Metro integrada al terminal. LAP dejó reservado un espacio para esa futura conexión dentro de su Plan Maestro, pero la construcción depende de decisiones y proyectos que corresponden al Estado.

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El ejecutivo señaló que las obras que necesita el aeropuerto no avanzan al mismo ritmo que el propio terminal. El concesionario puede dejar prevista la infraestructura, pero hay proyectos externos que requieren sus propios procesos y plazos.

LAP cuestiona demoras del Estado en las APP y pide una coordinación permanente

La crítica también alcanzó al funcionamiento de las Asociaciones Público-Privadas (APP), mecanismo bajo el cual se desarrollan buena parte de las inversiones aeroportuarias del país.

Según explicó, uno de los obstáculos recurrentes aparece cuando el Estado no cumple los compromisos que le corresponden dentro de los contratos, lo que termina retrasando proyectos que ya cuentan con financiamiento privado.

"En todas las inversiones, en todas las APP que pueda caer en el Perú, siempre había una demora y usualmente una demora como consecuencia de demoras en el gobierno en cumplir sus partes", señaló.

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Como alternativa, planteó establecer un comité permanente entre el Ministerio de Transportes y el sector aeroportuario para anticipar problemas antes de que afecten las obras.

"Yo soy un ferviente creyente de que los ministros de Transporte debieran tener una suerte de comité consultivo o comité permanente con los concesionarios del sector".

Durante WAGA 2026, Salmón sostuvo que la mayor capacidad del terminal solo podrá aprovecharse plenamente si las vías de acceso, el transporte masivo y los aeropuertos regionales avanzan de manera articulada.

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La economista, integrante del equipo técnico económico de Juntos por el Perú, advirtió que el pedido de facultades del Ejecutivo podría abrir espacio para incorporar nuevos tratamientos preferenciales sin que previamente se revisen aquellos que ya generan un costo para el Estado.

El planteamiento forma parte del análisis elaborado por el Grupo de Economía Política y Social (GEPS) sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. El documento cuestiona, entre otros aspectos, el alcance de las atribuciones planteadas en materia tributaria y el nivel de precisión con el que se delimitan los cambios que podrían aprobarse.

"Lo que habría que hacer es racionalizar los beneficios tributarios y eso es lo que le recomienda la OCDE en el informe para el Perú", sostuvo Eyzaguirre.

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¿Qué cuestiona el GEPS sobre las facultades tributarias?

El informe considera que la delegación solicitada en materia tributaria tiene un alcance amplio. Eyzaguirre explicó que el proyecto plantea modificar, simplificar y optimizar el régimen tributario de manera general, además de adecuar normas del Código Tributario.

La exposición de motivos hace referencia a una racionalización de los regímenes tributarios, pero no precisa completamente cuáles serían modificados ni bajo qué condiciones. A ello se suman los cambios previstos para los regímenes de las micro y pequeñas empresas.

Para el GEPS, esta formulación podría dejar un margen de acción mayor al contenido desarrollado específicamente. "Finalmente el Ejecutivo podría introducir modificaciones que vayan más allá de lo que está especificado en la exposición de motivos", señaló Eyzaguirre.

La observación adquiere relevancia en un contexto en el que, de acuerdo con la economista, se han aprobado o extendido distintos beneficios tributarios sin una evaluación suficiente de sus resultados.

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S/27.000 millones en gasto tributario

El monto mencionado por Eyzaguirre corresponde al gasto tributario, es decir, a los ingresos que el Estado deja de recaudar como consecuencia de determinados tratamientos preferenciales. El Marco Macroeconómico Multianual recoge también una estimación del orden de S/27.000 millones.

La preocupación del GEPS está relacionada con el efecto acumulado de estos mecanismos y con la posibilidad de que se incorporen otros sin una revisión de los existentes.

"Nos preocupa que se pueda abrir la puerta a nuevos beneficios tributarios sin poder revisar los ya existentes, que muchos de ellos realmente consideramos no son pertinentes", afirmó.

La revisión planteada implica determinar si cada beneficio mantiene una justificación económica, si cumplió el objetivo para el que fue creado y si el costo fiscal continúa siendo razonable frente a sus resultados.

La observación coincide con uno de los puntos incluidos en la reciente revisión de política tributaria de la OCDE. El organismo señala que Perú ha incrementado la aprobación de gastos tributarios y advierte sobre los riesgos fiscales de nuevos mecanismos, además de recomendar evaluaciones de impacto para determinar su efectividad.

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Agroexportación y turismo, entre los casos observados

Durante el conversatorio, Eyzaguirre mencionó la agroexportación y el turismo como ejemplos de sectores cuyos tratamientos tributarios deberían ser evaluados.

En el caso de la agroexportación, el argumento se relaciona con el tiempo que lleva vigente el régimen y con el grado de consolidación alcanzado por esta actividad.

"Un beneficio tributario en primer lugar es temporal, y el régimen de la agroexportación ya tiene varias décadas", afirmó.

Desde su perspectiva, los incentivos deberían estar vinculados con objetivos concretos y responder a necesidades de actividades que todavía requieran consolidarse. El análisis, por tanto, plantea revisar si las condiciones que justificaron determinados mecanismos continúan presentes.

También se refirió a los beneficios concedidos al sector turismo durante la pandemia. Aquellas medidas fueron adoptadas en un contexto de fuerte caída de la actividad, pero Eyzaguirre considera que las circunstancias actuales son diferentes.

"Hoy ya estamos en 2026, es otro escenario", señaló.

La economista añadió que también debería determinarse qué tipo de empresas terminó aprovechando esos mecanismos, debido a que algunos beneficios podrían haber alcanzado a compañías que ya contaban con una posición consolidada.

El GEPS plantea además revisar la creación de nuevas zonas económicas especiales y otros tratamientos preferenciales bajo criterios de transparencia, sustento técnico y cumplimiento de objetivos.

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Falta de transparencia sobre los beneficiarios

Otro aspecto abordado por Eyzaguirre fue la información disponible sobre quiénes reciben los beneficios tributarios.

Mientras el gasto presupuestario cuenta con mecanismos de seguimiento sobre su asignación y ejecución, el gasto tributario aparece principalmente mediante cifras agregadas por sectores o conceptos.

"En el caso del gasto tributario, es decir, de los beneficios tributarios, eso no es transparente", sostuvo.

La economista explicó que el Marco Macroeconómico Multianual permite conocer cuánto se deja de recaudar por determinados sectores en términos agregados, pero no ofrece el mismo nivel de detalle sobre las empresas que reciben esos tratamientos.

"Solo sabemos a través del anexo del Marco Macroeconómico Multianual cuánto recibe en suma cada sector de forma agregada", explicó.

Para Eyzaguirre, esa falta de información puede tener consecuencias sobre la percepción de equidad del sistema tributario. Si un contribuyente desconoce quiénes reciben un tratamiento preferencial, puede percibir diferencias que afectan su disposición a cumplir con sus obligaciones.

"Veo que los de al costado no pagan impuestos y tienen beneficios", afirmó al explicar esa situación.

La OCDE también plantea mejorar la transparencia en la medición de los gastos tributarios y señala que ampliar la información disponible permitiría evaluar mejor su costo y efectividad.

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Alarco: la brecha de recaudación llega a cinco puntos del PBI

La intervención de Germán Alarco incorporó otra dimensión al análisis del GEPS: la capacidad de recaudación del Estado peruano frente a otros países de la región.

El economista señaló que Perú registró una presión tributaria equivalente al 16,3% del PBI en 2024, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe alcanzó el 21,7%, de acuerdo con las estadísticas de la OCDE.

A partir de esa diferencia, Alarco calculó una brecha cercana a cinco puntos porcentuales del PBI. Con el tamaño de la economía que mencionó durante el conversatorio, estimó que esa diferencia equivaldría a unos US$15.000 millones anuales.

"Tenemos un problema de recursos insuficientes", afirmó Alarco.

El investigador vinculó esta situación con las limitaciones para financiar infraestructura y servicios públicos, aunque también señaló que existe un problema relacionado con la calidad del gasto.

El cálculo de los US$15.000 millones corresponde a la estimación expuesta por Alarco durante el conversatorio. No se trata de una cifra publicada por la OCDE como una brecha que Perú pueda recuperar íntegramente.

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Facultades tributarias y desarrollo productivo

Alarco también adelantó que el GEPS trabaja otros documentos relacionados con las facultades solicitadas por el Ejecutivo, entre ellos uno referido a la diversificación productiva.

Su planteamiento en este punto se centró en las condiciones que deberían acompañar las políticas de promoción económica. Según explicó, el apoyo estatal debería estar vinculado con compromisos concretos de los sectores o empresas beneficiadas.

La idea planteada por el investigador es que las facilidades otorgadas desde el sector público tengan objetivos verificables y estén vinculadas con resultados concretos.

El análisis del GEPS sobre las facultades legislativas coloca así el foco en dos aspectos de la política tributaria: el margen que tendría el Ejecutivo para modificar las reglas una vez aprobada la delegación y la necesidad de evaluar los beneficios que ya representan un costo para el fisco.

En el caso de las MYPE, el informe añade que una reorganización de los regímenes tributarios no resolvería por sí sola la informalidad si no se acompaña de medidas relacionadas con crédito, productividad, servicios estatales y educación financiera. A ello se suma la necesidad de verificar si los incentivos vigentes están cumpliendo los objetivos que justificaron su creación.

La proporción fue similar a la registrada por las juntas de instalación y superior al 25% correspondiente a procesos de reestructuración patrimonial. Esta última alternativa busca que la empresa continúe operando mientras reorganiza sus deudas y aplica medidas para recuperar su capacidad de pago.

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Empresas en crisis: estos son algunos casos registrados

Entre los casos identificados en el reporte figura Radio Miraflores S.A. en Liquidación, cuya junta de acreedores evaluó el informe de gestión de su liquidadora y una modificación de su convenio de salida. También aparece Solventes Pacífico E.I.R.L., que atraviesa un proceso orientado al cese definitivo de sus actividades.

Otro caso es el de San Simón Equipos S.A., donde los acreedores debían evaluar un cambio en el destino de la compañía: pasar de un plan de reestructuración patrimonial a la disolución y liquidación definitiva.

El movimiento también alcanza a empresas que recientemente ingresaron al sistema concursal administrado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). El Radar Concursal identifica casos en sectores como tecnología, servicios, minería y construcción. Entre ellos figuran Corporación Lavado S.A.C., vinculada al sector construcción, y SBL Antracita S.A.C., del rubro minero.

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Reestructuración patrimonial: cuándo una empresa puede evitar el cierre

Una empresa con problemas financieros no necesariamente debe cerrar. La reestructuración patrimonial busca mantener el negocio en funcionamiento mientras se reorganizan sus obligaciones y se establece una ruta para pagar las deudas.

Richard Almerco Soto, abogado especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial, explica que para optar por esta vía debe existir una posibilidad concreta de recuperar la empresa. Esto supone revisar sus problemas operativos, financieros y patrimoniales antes de sentarse a negociar con los acreedores.

"La reestructuración de una empresa que atraviesa un proceso concursal o una crisis económica y financiera nace de la voluntad de sus accionistas y de una visión de largo plazo orientada a recuperar su viabilidad", sostiene.

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El especialista añade que una empresa en funcionamiento puede tener un valor superior al que se obtendría vendiendo sus activos por separado. Por eso, la continuidad puede resultar conveniente si el negocio todavía tiene capacidad para generar ingresos y cumplir, bajo nuevas condiciones, con sus obligaciones.

¿Qué define si una empresa continúa o se liquida?

La diferencia pasa por la viabilidad del negocio. Cuando la empresa todavía puede generar ingresos para sostener sus operaciones y pagar sus deudas de manera gradual, la reestructuración le abre una opción para seguir funcionando. Si ese margen ya no existe, corresponde la liquidación.

Para Almerco, los accionistas, administradores y asesores deben presentar un plan que muestre cómo se corregirán los problemas que llevaron a la crisis y de qué manera se recuperará la capacidad de pago.

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"Los acreedores requieren conocer una propuesta seria y técnicamente consistente, pero el principal convencido de la reestructuración debe ser quien dirige la empresa", afirma.

El último periodo dejó un panorama dividido entre empresas que buscan reordenar sus deudas para seguir operando y otras que ya entran en la etapa de disolución y liquidación porque mantener el negocio dejó de ser una opción.

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Durante el anuncio en Palacio de Gobierno, Sheput sostuvo que los anteriores incrementos de la RMV fueron realizados de manera improvisada y defendió que el actual proceso responde a un consenso alcanzado entre los actores involucrados.

"No es una medida populista", afirmó el titular del Ministerio de Trabajo al referirse al aumento, al tiempo que señaló que existe una preocupación entre los ciudadanos porque el crecimiento de la economía no se ha reflejado en la misma magnitud en sus remuneraciones.

Sheput también destacó el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). El organismo informó que trabajadores y empleadores coincidieron en la necesidad de elevar la RMV a S/1.300, aunque continuaban las conversaciones sobre la fecha y la forma de aplicación.

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Bono transitorio para las MYPE

El ministro de Economía, Elmer Cuba, sostuvo que el momento actual resulta adecuado para realizar el incremento y explicó que uno de los objetivos es evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios.

La decisión también incorpora un mecanismo de apoyo para las micro y pequeñas empresas. El Gobierno anunció que entregarán, a fines de octubre, un bono transitorio de S/100 por cada trabajador para las MYPE que tengan entre 2 a 10 colaboradores, destinado a compensar inicialmente el mayor costo asociado al aumento de las remuneraciones. En esa línea, Cuba indicó que el subsidio se entregará a aproximadamente 144.000 MYPE y alcanzará a 300.000 trabajadores.

El esquema anunciado previamente por el MEF contempla un primer incremento de S/100, con lo que la RMV pasaría de S/1.130 a S/1.230, mientras que los S/70 restantes permitirían alcanzar los S/1.300 en una segunda etapa. Cuba había explicado que la gradualidad busca reducir el impacto sobre la inflación y los costos de las pequeñas empresas.

Sustentos del MEF

Cuba señaló que el incremento de la Remuneración Mínima Vital se sustenta en tres factores económicos clave: la evolución positiva del mercado laboral, los niveles récord en las expectativas de contratación de las empresas y la necesidad de proteger el poder adquisitivo frente a una inflación cercana al 4%.

El titular del sector destacó la solidez del mercado laboral actual al señalar que el sector formal viene generando nuevos puestos de trabajo de manera afortunadamente positiva para el país.

A este dinamismo se suman las proyecciones del empresariado. El titular de la cartera señaló que, según la última encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las expectativas de contratación laboral en el país han alcanzado sus máximos históricos, lo que anticipa que el ritmo de empleo formal se mantendrá al alza.

Finalmente, el ministro explicó que la inflación —que ronda el 4% debido al encarecimiento internacional del petróleo— es la tercera razón detrás de la medida. Con este ajuste técnico, el Ejecutivo busca levantar un escudo para evitar que los salarios de los trabajadores se deterioren y pierdan valor real frente al costo de vida.

Por su parte, el premier Luis Galarreta señaló que la aprobación del pedido de facultades legislativas será necesaria para avanzar en medidas orientadas a fortalecer la formalización de las MYPE. En ese sentido, exhortó al Congreso a acelerar el trámite de la solicitud del Ejecutivo, al considerar que contar con estas herramientas permitirá impulsar cambios en el marco laboral y generar mejores condiciones para que los pequeños negocios puedan incorporarse y permanecer en la formalidad.

El apoyo a la prqueña y mediana empresa ya había sido contemplado cuando Fujimori anunció el incremento de la RMV en julio. En aquella oportunidad, el Ejecutivo señaló que el bono sería entregado por única vez y tendría como objetivo facilitar la adaptación de las empresas al nuevo costo laboral y favorecer la formalización.

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La discusión ocurre mientras el Ejecutivo plantea eliminar los topes establecidos para determinadas operaciones crediticias. En el esquema actual, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fija semestralmente una tasa máxima a partir de la tasa promedio del sistema financiero para los créditos de consumo y un factor multiplicador. Para el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2026, el límite es de 114,13% anual en moneda nacional y de 99,84% en moneda extranjera.

Alarco cuestionó precisamente la base de ese procedimiento. “El máximo actual no tiene ningún sustento técnico, simplemente es equivalente a la tasa promedio de créditos al consumo multiplicada por dos”, sostuvo a La República.

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Una fórmula que considere el costo del crédito

La alternativa planteada por Alarco consiste en calcular cuánto cuesta realmente colocar un préstamo y, a partir de allí, establecer cuál sería la tasa máxima compatible con una rentabilidad razonable para la entidad financiera.

El cálculo debería incorporar, según explicó, los costos totales del crédito. “Hay que determinar el costo promedio de operación, el costo de capital, los gastos administrativos, el riesgo y, a partir de ahí, establecer una rentabilidad razonable”, señaló.

El punto resulta relevante porque el nivel de riesgo no es igual entre todos los segmentos. Un crédito dirigido a un consumidor con ingresos estables tiene características distintas a uno concedido a una persona con mayor probabilidad de incumplimiento o a una microempresa con dificultades para demostrar ingresos. Una fórmula basada en costos podría reflejar esas diferencias con mayor precisión.

La metodología actual, en cambio, se actualiza dos veces al año. El BCRP informó que la próxima modificación entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026 y utilizará las observaciones de las tasas promedio de los créditos de consumo registradas entre abril y setiembre.

Para Alarco, el nuevo mecanismo no tendría que establecerse mediante un porcentaje arbitrario. La información estadística de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) permitiría calcular cuánto representan los costos y el riesgo dentro de la estructura de las entidades y, con ello, determinar un máximo técnicamente sustentado.

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El argumento sobre crédito informal

La eliminación del tope tiene una justificación distinta desde la perspectiva de la SBS. El organismo ha sostenido que los límites pueden restringir el acceso al sistema financiero de personas consideradas de mayor riesgo, especialmente aquellas de menores ingresos, y favorecer su desplazamiento hacia mecanismos informales de financiamiento.

La SBS ha señalado que, después de la Ley N.° 31143, sus análisis de impacto identificaron exclusión de algunos potenciales deudores, menor inclusión financiera y un aumento del financiamiento informal. La entidad sostiene que quienes quedan fuera del sistema formal pueden terminar enfrentando tasas superiores y menores mecanismos de protección.

Ese argumento introduce uno de los principales puntos de la discusión: un límite demasiado bajo puede dificultar que las entidades atiendan a determinados segmentos porque el precio máximo permitido no compensaría el riesgo de esas operaciones.

La alternativa planteada por Alarco busca mantener la regulación, pero modificar la manera en que se establece el máximo. Bajo ese esquema, el riesgo seguiría siendo considerado, aunque junto con los demás costos que intervienen en la colocación del crédito.

De esta manera, la discusión no se reduce a mantener o eliminar un porcentaje. También está en cuestión qué variables deberían utilizarse para establecer cuánto puede cobrarse por un préstamo de mayor riesgo sin que el límite termine restringiendo el acceso al sistema financiero.

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Perú frente a otros sistemas financieros

Alarco también llevó la discusión hacia la comparación internacional. Su argumento es que para evaluar las tasas de los préstamos no basta con observar el nivel máximo permitido, sino que también debe analizarse la diferencia entre lo que las entidades cobran por los créditos y lo que pagan por los depósitos.

Ese diferencial se conoce como margen de intermediación financiera. Cuando es elevado, una mayor parte de la diferencia entre las tasas activas y pasivas termina incorporándose a los ingresos de las entidades; cuando se reduce, el costo del financiamiento puede disminuir para los prestatarios y mejorar la remuneración del ahorro, siempre que la operación continúe siendo rentable.

El economista sostuvo que Perú presenta márgenes elevados frente a otros países de la región y planteó comparar el sistema nacional con Brasil, Chile y Colombia. “Perú es el segundo país de América Latina con los márgenes más altos”, afirmó, al referirse a la diferencia entre las tasas que cobran y pagan las entidades.

También mencionó a Chile como un caso en el que el margen de intermediación sería menor. Datos comparables del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran diferencias importantes entre los sistemas financieros de la región, aunque los indicadores deben interpretarse considerando las particularidades y metodologías de cada mercado.

Para Alarco, esta comparación permite incorporar otra variable al análisis: la eficiencia. Un sistema financiero no solo debe mantener estabilidad y solvencia, sino también intermediar recursos con costos que permitan ampliar el acceso al crédito y ofrecer mejores condiciones a los ahorristas.

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Rentabilidad bancaria entra en la discusión

La otra comparación mencionada por Alarco corresponde a la rentabilidad de las entidades. Durante la entrevista, sostuvo que las ganancias de la banca peruana habían alcanzado alrededor de US$4.200 millones en 2025, un incremento de 37% frente al año previo, y comparó un retorno sobre patrimonio (ROE) de 21,2% en Perú con 11,8% en Estados Unidos.

Estas cifras forman parte de los datos utilizados por el economista para sustentar su análisis sobre los márgenes del sistema. La SBS, por su parte, reportó que las utilidades anualizadas del sistema financiero llegaron a S/12.318 millones a marzo de 2025, por encima de los S/9.052 millones registrados un año antes y de los S/10.331 millones del periodo prepandemia. El organismo atribuyó la mejora principalmente a menores gastos en provisiones y menores costos financieros.

El dato de rentabilidad resulta relevante porque, para Alarco, una reducción del margen entre las tasas activas y pasivas no necesariamente supone eliminar las ganancias de las entidades. El objetivo debería ser encontrar un nivel en el que los bancos continúen siendo rentables mientras disminuyen los costos para los prestatarios y mejoran las condiciones para quienes mantienen depósitos.

“Las rentabilidades de nuestro sistema bancario son casi el doble de lo que son los estándares internacionales”, sostuvo Alarco al comparar el desempeño de la banca peruana con el de otros mercados.

Su planteamiento es que la autoridad financiera debería observar esa diferencia junto con otros indicadores del sistema y no concentrar la discusión únicamente en la estabilidad de las entidades.

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¿Qué cambiaría con una nueva fórmula?

La propuesta de Alarco no plantea fijar ahora un nuevo porcentaje. Su punto es que el límite debería salir de información estadística disponible en la SBS y otras entidades, con una metodología que permita cuantificar los costos de operación, el riesgo de incumplimiento y una rentabilidad considerada razonable.

Esto también evita establecer de antemano si la nueva tasa tendría que ser necesariamente menor o mayor que la vigente. El resultado dependería de los costos que se incorporen y de la forma en que se mida el riesgo de cada segmento.

El próximo cambio oficial del BCRP permitirá observar nuevamente cómo evoluciona el promedio de las tasas de consumo y, a partir de esa información, cuál será el límite aplicable desde noviembre.

En ese escenario, mientras la propuesta del Ejecutivo plantea retirar el mecanismo de topes, la alternativa discutida por el GEPS mantiene la regulación, pero busca modificar su base técnica. Para Alarco, el objetivo final debería ser más amplio que determinar una tasa máxima: “No estamos solamente preocupados por la estabilidad; también tenemos que preocuparnos por la eficiencia y la profundidad del sistema financiero”, señaló.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 28 de septiembre

BCP

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Interbank

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Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
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BBVA

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Scotiabank

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• Venta: S/3,558

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La diferencia permite observar que el desempeño de la minería no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Una mayor producción en una operación de gran escala puede impulsar con fuerza las cifras de un departamento, mientras que menores niveles de extracción en otras unidades tienen el efecto contrario. El comportamiento de los principales minerales también cambia de acuerdo con la estructura productiva de cada región.

Antamina marca el resultado de Áncash

El salto registrado en Áncash está vinculado principalmente con el comportamiento de Antamina, una de las principales operaciones mineras del país. La mayor extracción de cobre permitió que el departamento registrara un incremento de 80,3% en este metal durante el periodo de referencia.

El resultado adquiere mayor relevancia por el peso que tiene Áncash en la producción nacional. La región se encuentra entre los principales productores de cobre y concentra también una parte importante de la extracción de zinc y plata.

No obstante, el desempeño no fue positivo para todos los minerales. La producción de zinc en Áncash cayó 54,1%, debido a una menor actividad extractiva. Esto muestra que incluso una región que registra un fuerte crecimiento en uno de sus principales metales puede presentar retrocesos importantes en otros productos mineros.

El dato también evidencia la dependencia de las estadísticas departamentales respecto de grandes operaciones. Cuando una unidad minera aumenta o reduce significativamente su producción, el efecto puede trasladarse rápidamente al resultado agregado de la región.

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Ica y Apurímac siguen una trayectoria diferente

El comportamiento de Áncash contrasta con el registrado en otros territorios productores de cobre. En Ica, la producción de este metal disminuyó 17,3% durante el mismo periodo, mientras que en Apurímac retrocedió 6,1%.

En el caso de Apurímac, la evolución está estrechamente relacionada con Las Bambas, una de las principales operaciones cupríferas del país. Una menor producción de esta unidad tiene un impacto relevante sobre el resultado departamental debido al peso que representa la minería dentro de su estructura económica.

Ica presenta una situación distinta. Aunque es una región con una importante actividad minera, su producción está asociada a una canasta de minerales diferente y el comportamiento del cobre no necesariamente coincide con el de otros metales extraídos en el departamento.

Estos resultados muestran por qué el crecimiento de la minería nacional no puede trasladarse automáticamente a cada región. El desempeño agregado depende de la suma de operaciones con características y niveles de producción diferentes.

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El mapa cambia cuando se observa cada mineral

El contraste se vuelve todavía mayor cuando se amplía el análisis a otros productos. El cobre tiene una fuerte presencia en Áncash, Arequipa, Moquegua y Apurímac, mientras que el oro presenta una concentración diferente y tiene a otras regiones como protagonistas.

La distribución territorial también cambia para minerales como zinc, plata, hierro y molibdeno. Esto significa que cada departamento está expuesto a distintos ciclos de producción y a la evolución de operaciones específicas.

En consecuencia, una caída en el cobre puede tener un efecto considerable en Apurímac, mientras que una variación del hierro puede ser mucho más relevante para Ica. Del mismo modo, cambios en la producción aurífera pueden tener una incidencia mayor en Cajamarca o La Libertad.

El panorama regional permite así identificar una característica estructural de la minería peruana: la actividad está concentrada, pero esa concentración no es igual para todos los minerales.

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Una operación puede cambiar las cifras de toda una región

La influencia de las grandes minas sobre los indicadores departamentales también explica parte de la volatilidad observada. Antamina en Áncash y Las Bambas en Apurímac tienen una escala suficiente para modificar de manera significativa la producción regional de cobre cuando sus niveles de extracción cambian.

Esto no significa que el resto de las actividades económicas desaparezcan de las estadísticas. La producción departamental incorpora agricultura, manufactura, construcción, comercio, transporte y servicios, entre otros sectores. No obstante, en las regiones con alta especialización extractiva, la minería puede tener un peso suficiente para marcar diferencias importantes en el resultado general.

El efecto trasciende además la producción física. La actividad minera genera canon, regalías y otros recursos que son transferidos a los gobiernos subnacionales. Por ello, las variaciones de producción también tienen relevancia para las finanzas públicas regionales y locales.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reportó que las transferencias vinculadas a la actividad minera superaron los S/4.168 millones entre enero y mayo de 2026. Estos recursos están destinados principalmente al financiamiento de inversiones y al cierre de brechas en los territorios donde se desarrolla la actividad.

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El crecimiento minero no tiene el mismo efecto regional

La fotografía que deja el INEI es, por tanto, menos uniforme de lo que podría sugerir una cifra nacional. Áncash registra un salto de 80,3% en cobre, mientras Ica y Apurímac presentan retrocesos. Dentro de la propia Áncash, además, el zinc cae 54,1%.

Las diferencias responden a la composición de cada economía regional y, especialmente, al comportamiento de las grandes operaciones mineras. No todos los departamentos dependen de los mismos minerales ni tienen la misma exposición a una determinada empresa o unidad productiva.

Esta situación también ayuda a entender por qué el desempeño de la minería peruana debe analizarse más allá del resultado nacional. El dato agregado puede mostrar crecimiento o retroceso, pero no necesariamente revela qué está ocurriendo en las regiones donde se concentra la extracción.

En el caso del cobre, el fuerte avance de Áncash convive con caídas en Ica y Apurímac. Y dentro de Áncash, el salto del principal metal contrasta con el desplome del zinc. El resultado es un mapa minero en el que las cifras nacionales esconden diferencias importantes entre territorios y donde la evolución de unas pocas operaciones puede terminar definiendo el desempeño de toda una economía departamental.

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El retroceso ocurrió en un escenario heterogéneo. Mientras algunos departamentos registraron fuertes disminuciones, otros incrementaron sus cosechas respecto de julio de 2025. Entre los factores reportados por el INEI también figuran las lluvias tardías, que afectaron el desarrollo de las cosechas.

Pese a la caída de la producción nacional, el abastecimiento de papa al principal mercado mayorista de Lima mostró una variación mucho menor. Hasta el 30 de julio, el Gran Mercado Mayorista de Lima recibió 59.895 toneladas, frente a las 60.475 toneladas registradas durante el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

La diferencia fue de 580 toneladas, equivalente a una disminución de aproximadamente 1%. Ambos indicadores tienen una cobertura diferente: el INEI mide la producción obtenida en todo el país durante julio, mientras que el MIDAGRI contabiliza el volumen que ingresó al mercado mayorista limeño durante los primeros 30 días del mes.

Además, una parte de la producción nacional se comercializa fuera de Lima. Los tubérculos pueden dirigirse a mercados regionales, otras ciudades o distintos canales de distribución. Por ello, la evolución de la cosecha nacional no necesariamente se refleja en la misma proporción en el abastecimiento de la capital.

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Arequipa registró la mayor caída de producción

Las variaciones fueron marcadas entre las principales regiones productoras. Arequipa presentó la mayor reducción, con una caída de 79,2% respecto de julio de 2025.

También disminuyó la producción en Pasco, que retrocedió 26,2%; Apurímac, con una baja de 19,5%; Cusco, con 12%; La Libertad, con 3,9%; e Ica, con 3%.

Estos seis departamentos concentraron el 62,6% de la producción nacional de papa durante julio, por lo que sus resultados tuvieron una incidencia importante en el comportamiento del volumen registrado a nivel nacional.

En contraste, algunas regiones elevaron sus cosechas. Piura registró un incremento de 141,5% frente a julio del año pasado, mientras que Junín aumentó su producción en 22,1%. Huancavelica avanzó 11,8% y Huánuco lo hizo en 2,6%.

La diferencia entre regiones muestra que la caída nacional no fue generalizada. Los mayores incrementos registrados en determinados departamentos no compensaron las reducciones observadas en zonas con una participación relevante dentro del total.

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El abastecimiento de Lima depende de varias regiones

El Gran Mercado Mayorista de Lima recibe papa procedente de diferentes zonas productoras. Entre las principales figuran Ica, Huánuco, Junín, Ayacucho, Lima, Pasco y Arequipa, según información del MIDAGRI.

Durante julio, algunas de estas regiones tuvieron comportamientos distintos. Junín aumentó su producción en 22,1% y Huánuco en 2,6%, mientras que Ica retrocedió 3%. Arequipa, por su parte, registró una reducción de 79,2%.

El volumen que llega al mercado mayorista de Lima depende de los envíos procedentes de distintas zonas productoras y no únicamente del resultado agregado nacional. Por esa razón, una disminución en determinadas regiones no necesariamente se refleja en la misma proporción en el abastecimiento registrado en la capital.

De este modo, mientras la producción nacional retrocedió casi una quinta parte en términos interanuales durante julio, el ingreso acumulado al principal mercado mayorista de Lima se mantuvo prácticamente en el mismo nivel del año anterior.

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Papa blanca registró una caída de 16,1% en su precio

El comportamiento de los precios también fue diferente al de la producción. La papa blanca registró en julio de 2026 un precio mayorista promedio de S/0,98 por kilogramo, frente a los S/1,17 registrados en el mismo mes de 2025.

La diferencia de S/0,19 por kilogramo representó una reducción interanual de 16,1%. El dato corresponde específicamente a la papa blanca y no representa el comportamiento de todas las variedades comercializadas en el mercado mayorista.

Las cotizaciones muestran diferencias importantes entre tipos de papa. En el boletín de precios de MIDAGRI correspondiente al 22 de julio, la variedad Canchan registró S/1,08 por kilogramo y la Única alcanzó S/1,43. La Yungay se ubicó en S/0,93, mientras que la Perricholi registró S/0,30.

La diferencia de precios entre variedades demuestra que no existe una sola cotización representativa para todo el mercado de papa. En ese registro, por ejemplo, hubo una brecha de S/1,13 por kilogramo entre la Única y la Perricholi, mientras que la papa blanca se ubicó en S/0,98.

En conjunto, los datos de julio muestran que la menor producción nacional no se trasladó en la misma magnitud al volumen recibido por el principal mercado mayorista de Lima. A su vez, la papa blanca registró una cotización menor que la de un año antes, en un mercado donde los precios presentan diferencias importantes según la variedad comercializada.

Pero hay un factor que podría complicar más lo descrito y este respondería a la decisión sobre la tasa de interés de política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva (BCRP), con la inflación anualizada a agosto en 4,44%, bastante mayor al tope de 3% establecido, y la perspectiva es que los precios suban más, dada la reducción de oferta de producto por ocurrir y la tendencia al alza del precio del petróleo. Veamos más de cerca esto.

El índice de precios internos al alza continuada podría ser una razón por la cual el BCRP pueda próximamente subir la tasa de interés de política monetaria y, con ello, un encarecimiento del crédito originar una contracción del gasto en la economía, lo cual eventualmente podría quitarle viada a la inflación, a pesar de responder esta a factores de oferta. Pero un resultado indeseado es la afectación adversa sobre la ya golpeada dinámica de la producción. El punto es que la presión para la subida de la tasa de interés no respondería solo a la incrementada inflación local, sino a lo que viene ocurriendo con la tasa de interés determinada por el banco central gringo, o sea, la Reserva Federal (Fed).

El tema local es que, si no se incrementase la tasa de interés de política monetaria por el BCRP, una tasa de rendimiento más alta de activos financieros externos podría originar una desordenada salida de capitales; una menor oferta de dólares resultante presionaría al alza del tipo de cambio, en el peor de los momentos, con precios internos al alza. Este nuevo factor externo no es poca cosa, con lo cual las próximas decisiones del BCRP serán seguidas con mucha atención.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 27 de septiembre

BCP

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