La diferencia no es menor, ya que mientras una empresa del régimen general tributa con una tasa de 29,5% sobre sus rentas, las agroexportadoras comprendidas en el régimen especial pagan 15%. Para el organismo, este tratamiento dejó de tener una justificación clara para las compañías de mayor tamaño, luego del fuerte crecimiento que ha registrado la actividad durante los últimos años.

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Entre 2011 y 2024, las exportaciones agrícolas aumentaron 363%. Sin embargo, ese crecimiento no se ha reflejado en una mayor recaudación tributaria. En las grandes empresas dedicadas a cultivos de exportación, los impuestos pagados representan apenas el 3% del valor que generan sus actividades, una proporción que el informe considera reducida.

Agroexportadoras pagan 15% de IR y su aporte tributario sigue siendo reducido

Para la organización, mantener una tasa preferencial para empresas que ya tienen capacidad para contribuir termina trasladando una mayor parte de la carga tributaria hacia otras actividades económicas. Por ello, plantea que las grandes agroexportadoras regresen al régimen general, mientras que los incentivos podrían concentrarse en pequeños productores con menor capacidad contributiva.

La tasa reducida, creada en 2001, seguirá vigente hasta 2035. El régimen contempla además otros incentivos, entre ellos la depreciación acelerada para algunas inversiones y beneficios relacionados con el IGV.

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El cuestionamiento ocurre, además, cuando la recaudación peruana continúa siendo baja frente a otros países. El informe calcula que los ingresos tributarios equivalen al 16,3% del PBI, por debajo del promedio de la OCDE, cercano al 35%.

Beneficios tributarios le cuestan al Estado S/1.888 millones al año

El costo de mantener estos tratamientos también aparece en las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con los cálculos citados en el informe, los beneficios tributarios asociados al sector representan una menor recaudación de S/1.888 millones anuales.

La organización sostiene que los incentivos tributarios deberían mantenerse solo cuando resuelvan obstáculos concretos que limiten una actividad, como problemas de infraestructura o capacitación. En el caso de las grandes agroexportadoras, considera que el crecimiento alcanzado durante las últimas décadas hace menos evidente esa necesidad.

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Por esa misma razón, plantea cautela frente a cualquier intento de extender estos beneficios hacia industrias manufactureras vinculadas al agro. Su argumento es que no necesariamente enfrentan las mismas restricciones que la producción agrícola y que ampliar el tratamiento preferencial podría reducir todavía más la base tributaria.

OCDE cuestiona el drawback y pide que la devolución refleje los aranceles reales

La revisión también alcanza al drawback, mecanismo mediante el cual los exportadores reciben una devolución vinculada a los aranceles pagados por insumos importados. El problema está en que el sistema peruano aplica una tasa sobre el valor exportado, en lugar de calcular la devolución exclusivamente sobre los derechos efectivamente pagados.

El organismo encontró que, bajo este esquema, las devoluciones pueden superar ampliamente los aranceles que dieron origen al beneficio. En 2013, por ejemplo, el beneficiario promedio recibió una devolución equivalente a más de tres veces los aranceles pagados; para el 10% de beneficiarios con mayores devoluciones, la relación superó 61 veces.

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Por ello, recomienda reducir la tasa de devolución y avanzar hacia un sistema en el que el beneficio guarde una relación directa con los aranceles realmente pagados. La propuesta, en conjunto con el retiro del IR reducido para las grandes agroexportadoras, apunta a limitar beneficios que, a juicio de la organización, ya no guardan la misma relación con las necesidades que originalmente buscaban atender.

La decisión fue adoptada el miércoles 26 de agosto. De acuerdo con el hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Directorio aprobó que Carlos Adrián Linares Peñaloza represente a Petroperú en la Junta General de Accionistas de Petroperú Invest para suscribir el denominado 'Bridge Credit Agreement' y otorgó facultades para formalizar e implementar la operación.

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Los US$475 millones todavía no han sido desembolsados. El acuerdo permite avanzar con la contratación del crédito para atender las necesidades de corto plazo de Petroperú. El financiamiento forma parte del esquema de apoyo de hasta US$2.000 millones aprobado por el Ejecutivo en mayo.

Petroperú: ¿cuánto del financiamiento de US$2.000 millones podrá utilizar?

El crédito puente está contemplado en el mecanismo establecido mediante el Decreto de Urgencia N.° 003-2026, publicado el 11 de mayo. La norma autorizó operaciones de financiamiento por hasta US$2.000 millones para asegurar la continuidad de Petroperú.

Dentro de ese paquete se estableció un límite de hasta US$500 millones para compromisos contingentes de corto plazo. El monto que ahora busca formalizar la empresa asciende a US$475 millones, US$25 millones por debajo de ese tope.

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El hecho de importancia remitido a la SMV no detalla las condiciones financieras del crédito ni señala una fecha para el desembolso. La comunicación se concentra en las autorizaciones otorgadas para concretar la operación.

Además de Linares Peñaloza, el Directorio autorizó a Luis Alberto Suárez Carlo a suscribir, en representación de Petroperú, los documentos necesarios para formalizar el financiamiento y cualquier instrumento relacionado con la operación.

El crédito avanza mientras el Tribunal Constitucional revisa la reorganización

La autorización del financiamiento ocurre en un momento especialmente sensible para Petroperú. Un día antes, el Tribunal Constitucional dejó al voto las demandas contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado el 31 de diciembre de 2025 y vinculado con la reorganización patrimonial de la empresa.

El proceso constitucional adquiere importancia para el esquema financiero porque el DU 003-2026 está relacionado con la implementación de esa estrategia de reorganización. Por ello, una eventual decisión del TC sobre el decreto anterior podría tener implicancias sobre el marco bajo el cual se viene construyendo la nueva estructura de Petroperú.

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Esta coincidencia temporal entre ambos hechos también ha sido advertida por la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleos del Perú (Fenpetrol). La organización consideró que la decisión del Directorio debe analizarse a la luz del proceso que se encuentra pendiente ante el TC y sostuvo que un eventual pronunciamiento sobre el DU 010-2025 podría modificar las medidas adoptadas para la reestructuración de la empresa.

Trabajadores cuestionan demora y piden explicar los US$25 millones

Fenpetrol cuestionó el tiempo que ha tomado activar el crédito puente y pidió explicar por qué, varios meses después de la aprobación del esquema financiero para Petroperú, recién se autoriza la operación por hasta US$475 millones.

El gremio también puso bajo la lupa los US$25 millones de diferencia frente al límite de US$500 millones establecido para compromisos contingentes de corto plazo. Según Fenpetrol, este monto estaría relacionado con los gastos de estructuración de la operación, por lo que pidió conocer cuánto se destinará a comisiones, asesorías legales, estudios y otros servicios vinculados con la obtención del financiamiento.

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La operación todavía no supone un desembolso. Entre la publicación del DU 003-2026, el 11 de mayo, y el acuerdo de Directorio del 26 de agosto transcurrieron más de tres meses. El siguiente paso será conocer las condiciones definitivas del crédito y la fecha en que los recursos llegarán a Petroperú, así como el costo final de poner en marcha el mecanismo financiero.

La controversia tiene efectos directos sobre la industria láctea: qué producto puede comercializarse legalmente como leche evaporada y qué ingredientes pueden utilizarse para elaborarlo.

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El decreto, vigente desde octubre de 2022, establece que la leche evaporada se obtiene mediante la eliminación parcial del agua únicamente de la leche. En términos sencillos, la norma fija que el producto debe partir de leche y obtenerse retirando parte de su agua.

¿Qué cambió para la leche evaporada Gloria?

Con la entrada en vigencia de la norma, la tradicional leche evaporada Gloria de etiqueta azul dejó de comercializarse bajo esa denominación. Desde octubre de 2022, la empresa introdujo una leche reconstituida de etiqueta azul y una nueva leche evaporada de etiqueta morada.

La diferencia está en su elaboración. Mientras la leche evaporada parte de leche y elimina parte de su agua, un producto lácteo reconstituido se obtiene a partir de una forma concentrada o deshidratada a la que se añade agua para recuperar su composición. Esta distinción termina definiendo también qué nombre puede aparecer en el envase.

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AINCUS sostiene que la antigua fórmula de Gloria incorporaba leche en polvo y que su uso dejó de ser compatible con la nueva regulación. La asociación también cuestiona la composición de la actual leche evaporada de etiqueta morada. Según el documento, esta declara leche cruda, leche concentrada al 30% y grasa anhidra de leche entre sus ingredientes, por lo que AINCUS considera que no cumpliría con la definición establecida por el decreto.

Gloria, por su parte, sostiene en su demanda que el decreto vulnera sus derechos constitucionales y busca que sea dejado sin efecto. El proceso ha pasado por las instancias previas sin una decisión favorable para la empresa, de acuerdo con la documentación presentada por AINCUS.

Codex Alimentarius: ¿por qué importa el nombre del producto?

La discusión también tiene como referencia al Codex Alimentarius, que establece definiciones internacionales para los productos lácteos. Entre ellas, señala que el nombre de un alimento debe reflejar su verdadera naturaleza y no inducir a error al consumidor.

Aquí aparece un concepto técnico: los "términos lecheros protegidos". En la práctica, significa que la denominación utilizada en un producto debe corresponder con sus características y composición. Por ello, la diferencia entre leche, producto lácteo y producto lácteo reconstituido tiene una consecuencia comercial concreta.

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El decreto peruano recoge esta definición para establecer qué puede comercializarse como leche evaporada. AINCUS sostiene que el estándar internacional vigente desde 1971 establece que este producto debe elaborarse únicamente a partir de leche, mediante la eliminación parcial del agua.

La asociación también menciona como antecedente el caso Pura Vida, producto de Gloria cuya comercialización generó una controversia nacional en 2017 por su composición y denominación. Este episodio forma parte de los argumentos que AINCUS presenta contra la empresa, aunque el proceso que ahora debe resolver el TC tiene un objeto específico: determinar si corresponde dejar sin efecto el decreto cuestionado.

TC definirá las reglas para la leche evaporada

Durante el proceso, Gloria solicitó una medida cautelar para continuar produciendo y comercializando su antigua leche evaporada de etiqueta azul mientras se resolvía la demanda. La solicitud fue rechazada y, desde octubre de 2022, el producto dejó de comercializarse bajo esa denominación.

AINCUS también cuestiona una ampliación administrativa que permitió utilizar la etiqueta durante un periodo adicional en 2023. Este argumento forma parte de su posición en el proceso y no constituye una conclusión del TC sobre la legalidad de dicha actuación.

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La decisión del Pleno tendrá un alcance que va más allá de una presentación de Gloria. El fallo definirá cómo se aplican las reglas sobre la denominación de la leche evaporada en el mercado peruano y qué margen tendrá la industria para utilizar leche en polvo u otros componentes en su elaboración.

El expediente involucra además a distintas entidades del Estado y a representantes de los ganaderos y consumidores. Con el caso ya elevado al Pleno, el TC tendrá la última palabra sobre una disputa que enfrenta la posición de Gloria frente a las nuevas reglas establecidas por el Estado.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 28 de agosto?

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Detrás de esa cifra aparece una marcada diferencia entre el tamaño de las empresas y el peso que tienen en el comercio exterior. Las micro y pequeñas empresas representan el 89,9% de las firmas exportadoras, pero las grandes compañías, que son una minoría, concentran el 93,4% del valor total enviado al exterior.

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Mypes dominan el número de exportadoras, pero las grandes concentran el negocio

La composición muestra que el tejido exportador peruano está formado principalmente por negocios pequeños. De las 7.288 empresas que realizaron envíos durante el semestre, 4.193 fueron microempresas y 2.356 pequeñas. Las grandes, en cambio, fueron 494.

La situación cambia por completo cuando se mira el valor de las operaciones. Las grandes empresas acumularon US$50.479 millones, mientras que las microempresas apenas representaron el 0,4% del monto exportado.

Esta diferencia está relacionada con la escala con la que cada empresa puede operar. Las compañías grandes suelen contar con una mayor capacidad productiva, financiera y logística para atender pedidos de gran volumen y mantener relaciones comerciales de largo plazo.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, advirtió durante la inauguración del ADEX Innovation Summit 2026 que la pérdida de competitividad está afectando especialmente a las actividades de mayor valor agregado. Entre las dificultades que enfrentan las empresas mencionó el acceso limitado a financiamiento y asistencia técnica, además de una baja diversificación.

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Más empresas ingresan al comercio exterior, pero otras no logran mantenerse

El aumento de exportadoras también esconde un movimiento importante. Durante el primer semestre, 2.170 empresas dejaron de realizar envíos al exterior, y casi todas fueron mipymes. Al mismo tiempo, otras 2.381 compañías comenzaron a exportar.

La situación también varía según la actividad. La agroindustria fue el sector que reunió a más empresas exportadoras, seguido por la minería tradicional, la metalmecánica y la industria química. En varios de estos rubros conviven grandes compañías con negocios de menor escala, aunque el peso económico de las primeras continúa siendo considerablemente mayor.

Para ADEX, el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas empresas al comercio exterior, sino en fortalecer las condiciones para que puedan consolidarse. En esa línea, el gremio anunció la creación de una Gerencia de Innovación que buscará identificar experiencias aplicadas en otros países y evaluar cómo podrían adaptarse al entorno peruano.

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La mayoría de exportadoras todavía depende de un solo destino

La concentración también se observa en los mercados de destino. Más de la mitad de las empresas exportadoras realizó envíos a un solo país, mientras un grupo reducido consiguió colocar sus productos en diez o más mercados.

Esta limitada diversificación puede convertirse en una vulnerabilidad para las empresas, especialmente las de menor tamaño. Depender de un único destino significa que un cambio en la demanda, una nueva exigencia comercial o una dificultad logística puede tener un impacto directo sobre sus ventas externas.

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Estados Unidos fue el mercado que recibió productos de más empresas peruanas durante el periodo, seguido por la Unión Europea, Chile, India y Ecuador.

Así, el comercio exterior peruano enfrenta una doble tarea: ampliar la cantidad de empresas que consiguen exportar y, al mismo tiempo, conseguir que una mayor parte de ellas pueda permanecer, crecer y diversificar sus mercados.

El ministro de la cartera, Juan Sheput, explicó que la propuesta no contempla convertir los seis días de la visita en jornadas no laborables. La idea es concentrar las medidas en las zonas donde se desarrollarán las principales actividades y, eventualmente, establecer un día de descanso para todo el país.

La jornada que concentra mayor atención es el 16 de noviembre, cuando León XIV llegue a Lima para participar en una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, antes de continuar su viaje hacia Argentina y Uruguay.

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Papa León XIV en Perú: ¿qué regiones podrían tener feriado?

Sheput explicó que los tres feriados regionales se definirían tomando en cuenta las zonas directamente involucradas en la visita y, eventualmente, aquellas que puedan recibir un flujo importante de personas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Lambayeque y la posibilidad de considerar también a Piura y La Libertad por el desplazamiento de personas que podría producirse entre estas regiones. Esto no significa que esas tres jurisdicciones ya hayan sido seleccionadas, sino que el Ejecutivo evalúa el impacto de la visita más allá de la ciudad donde se realice cada actividad.

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El ministro también dejó abierta la posibilidad de aplicar tolerancia laboral en determinados lugares y fechas. Esta alternativa permitiría cierta flexibilidad para los trabajadores ante las dificultades de tránsito o desplazamiento, sin que necesariamente se suspenda toda la jornada.

Gobierno evalúa feriado nacional para el 16 de noviembre

La fecha que concentra la mayor atención es el 16 de noviembre. Ese día, León XIV estará en Lima y participará en una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, por lo que el MTPE analiza que el descanso pueda alcanzar a todo el territorio nacional.

Según Sheput, la medida tendría dos objetivos. Por un lado, permitir que personas de distintas partes del país puedan trasladarse a Lima para participar en las actividades del papa. Por otro, facilitar la organización de los desplazamientos y las labores de seguridad alrededor de un evento que congregará a una gran cantidad de asistentes.

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El ministro recordó que el país ya ha recurrido a feriados extraordinarios ante acontecimientos de gran magnitud. Como antecedente mencionó la APEC, cumbre internacional realizada en Lima que estuvo acompañada por días de descanso para facilitar el desplazamiento de las delegaciones y las medidas de seguridad.

La lógica planteada para la visita papal sería similar: reducir el movimiento habitual de personas y vehículos podría facilitar el despliegue operativo durante una jornada que se prevé especialmente concurrida.

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Feriados por visita del papa León XIV todavía no están definidos

Pese al anuncio, todavía no existe una decisión definitiva sobre las fechas ni sobre las regiones que tendrían feriado. Sheput señaló que el tema se encuentra en evaluación y que el MTPE será el encargado de establecer las medidas laborales que correspondan como parte de la organización de la visita.

La decisión se tomará en coordinación con la comisión extraordinaria de alto nivel creada para preparar la llegada del pontífice y presidida por el canciller Carlos Espá. Allí deberán ponderarse no solo las actividades oficiales, sino también el impacto que puedan generar los desplazamientos masivos en cada punto del recorrido.

La demora en el financiamiento no fue menor. El cronograma aprobado inicialmente contemplaba iniciar el empadronamiento de electores el 3 de agosto de 2026 y realizar las consultas el 11 de abril de 2027. Sin embargo, ante la falta de disponibilidad presupuestal, el JNE terminó trasladando el inicio del empadronamiento al 14 de setiembre y la fecha de las consultas al 25 de julio de 2027.

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JNE y Reniec recibirán S/6.5 millones

Del monto autorizado por el MEF, S/4.230 millones corresponden al JNE y S/2.313 millones a Reniec. La mayor parte se concentra en bienes y servicios: S/3.790 millones para el JNE y S/2.123 millones para Reniec.

El JNE también recibirá S/439.591 para personal y obligaciones sociales, mientras que Reniec tendrá S/190.000 para adquisición de activos no financieros. En total, alrededor de S/5.9 millones, equivalentes al 90,4% de la transferencia, corresponden a bienes y servicios.

El dinero no estaba originalmente disponible en los presupuestos de ambas entidades para estas actividades. El decreto señala que la transferencia se realiza con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF y se sustenta en la solicitud presentada por el JNE para cubrir los gastos preliminares de las consultas.

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Reserva de Contingencia: qué es y qué implica usarla

La Reserva de Contingencia es un margen presupuestario que permite al Estado atender gastos que no pudieron ser previstos o que requieren financiamiento durante el año. Su función es darle al Gobierno capacidad de respuesta frente a necesidades extraordinarias sin tener que modificar constantemente la estructura general del presupuesto.

El riesgo está en que la Reserva tiene precisamente la función de servir como respaldo frente a nuevas necesidades. Por ello, cada transferencia reduce los recursos disponibles para atender otras contingencias que puedan aparecer durante el año, aunque la partida puede volver a ser reforzada mediante modificaciones presupuestarias.

El uso de la Reserva también debe diferenciarse de un aumento del déficit fiscal. Transferir recursos desde esta partida no significa automáticamente que el déficit aumente, porque se trata de una modificación dentro del presupuesto. El problema fiscal aparecería si el Estado asume nuevos gastos sin ingresos suficientes para financiarlos, lo que puede generar una mayor necesidad de financiamiento.

Falta de recursos ya había obligado a mover el cronograma

El antecedente que acompaña la transferencia es la advertencia formulada por Reniec en julio. La entidad comunicó al JNE que necesitaba contar previamente con los recursos para contratar personal, desplegar operaciones en campo, procesar información y actualizar y depurar los padrones electorales.

Según el acuerdo del JNE que modificó el cronograma, los tres organismos del sistema electoral evaluaron el problema el 24 de julio y concluyeron que la falta de disponibilidad oportuna del financiamiento integral generaba riesgos operativos, administrativos y logísticos para cumplir con las actividades previstas.

Por ello, el JNE dispuso continuar las gestiones ante el MEF y la Presidencia del Consejo de Ministros para asegurar los recursos necesarios. La transferencia aprobada este miércoles responde a ese pedido.

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Cinco consultas están pendientes

Los procesos para los que se habilitarán los recursos están relacionados con anexiones, creación distrital y delimitación territorial. No se trata de las elecciones regionales y municipales de octubre, sino de consultas específicas sobre la organización territorial.

El financiamiento permitirá que JNE y Reniec desarrollen las actividades previas necesarias para estos procesos, cuyo nuevo cronograma establece que el empadronamiento se realizará entre el 14 de setiembre y el 20 de noviembre de este año. La aprobación definitiva del padrón está prevista para el 7 de abril de 2027 y la consulta para el 25 de julio.

Transferencia ocurre mientras MEF busca ordenar el gasto

La decisión se produce en un escenario fiscal en el que el MEF viene planteando medidas para contener y ordenar las cuentas públicas. A julio, el déficit fiscal anualizado se ubicó en 1% del PBI, de acuerdo con información difundida por el propio ministerio.

En ese contexto, los S/6,5 millones no representan por sí mismos un gasto irregular ni una partida de libre disposición: la Ley de Presupuesto 2026 permite excepcionalmente al MEF realizar modificaciones presupuestarias con cargo a la Reserva de Contingencia para financiar gastos asociados a procesos electorales. El propio decreto establece, además, que los recursos deberán utilizarse exclusivamente para el objetivo autorizado.

Sin embargo, el episodio deja un problema de programación presupuestaria: una actividad ya convocada tuvo que ser reprogramada antes de que se aseguraran los recursos necesarios para su ejecución. Ahora, con la transferencia aprobada, el JNE y Reniec deberán iniciar las actividades que quedaron pendientes y cumplir el nuevo cronograma establecido para las consultas territoriales.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 26 de agosto

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El titular del MEF explicó que la propuesta apunta a que la tributación tenga como referencia la renta obtenida por los negocios y no únicamente el nivel de ventas. El planteamiento forma parte de la revisión de los regímenes tributarios que actualmente utilizan las empresas de menor tamaño.

"Va a ser un régimen basado en rentas, no en ventas", señaló Cuba al explicar la orientación que tendrá la reforma. El ministro también indicó que su cartera trabaja en los nuevos parámetros que definirán el funcionamiento del sistema.

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¿Qué cambiaría con la propuesta del MEF?

El cambio anunciado apunta principalmente a modificar la manera en que se calcula la obligación tributaria. Actualmente, el sistema peruano tiene distintos regímenes con reglas propias, entre ellos el Nuevo RUS, el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario y el Régimen General.

El planteamiento del MEF busca establecer una estructura que tome en cuenta la renta generada por el negocio. Sin embargo, Cuba todavía no ha presentado los nuevos montos, tasas, límites de ingresos ni categorías que reemplazarían a los actuales.

Por ello, el anuncio no significa que desde este mes cambien las condiciones del Nuevo RUS. Los contribuyentes continúan sujetos a las reglas vigentes hasta que se aprueben las modificaciones correspondientes.

El Régimen Especial de Renta (RER) también está en la mira del MEF. Cuba ha cuestionado que bajo este esquema el Impuesto a la Renta se determine aplicando una tasa de 1,5% sobre los ingresos netos mensuales. Para el ministro, este mecanismo no necesariamente refleja la rentabilidad efectiva de un negocio, por lo que plantea revisar su funcionamiento.

A diferencia del Nuevo RUS, el RER permite emitir facturas y está dirigido a personas naturales y jurídicas con actividades empresariales que cumplen determinados límites. Actualmente, sus ingresos netos anuales o adquisiciones no deben superar S/525.000, además de otros requisitos establecidos por la Sunat.

Cuba también ha cuestionado la antigüedad de los regímenes. El ministro señaló que el RUS y el RER tienen más de 30 años y consideró que ha llegado el momento de modificar su diseño.

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Más herramientas para fiscalizar la evasión

Otro elemento señalado por Cuba para implementar la reforma tributaria es el cambio en la capacidad de la Sunat para fiscalizar. La expansión de la facturación electrónica permite a la administración tributaria acceder a información sobre las operaciones de los negocios y utilizarla para contrastar lo declarado por los contribuyentes.

Esta mayor disponibilidad de información es relevante para una reforma que pretende modificar la forma de calcular los impuestos. También puede facilitar la detección de diferencias entre las ventas, los gastos y la renta declarada por las empresas.

El MEF ha planteado además medidas específicas para enfrentar la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta. El Gobierno sostiene que existe un margen importante para elevar el cumplimiento tributario, aunque la eficacia de estas herramientas dependerá de la fiscalización que efectivamente realice la administración tributaria.

¿Cuánto pagan actualmente los contribuyentes del Nuevo RUS?

El régimen contempla actualmente dos categorías. Los negocios cuyos ingresos brutos o adquisiciones mensuales no superan los S/5.000 pagan una cuota mensual de S/20. Para quienes superan ese monto, pero no exceden los S/8.000, la cuota es de S/50.

El límite anual de ingresos brutos o adquisiciones es de S/96.000. La Sunat señala que el Nuevo RUS está dirigido principalmente a personas naturales con pequeños negocios que venden bienes o prestan servicios a consumidores finales.

Una de las principales diferencias frente a otros regímenes es su estructura simplificada. Los contribuyentes realizan un pago mensual fijo y cuentan con menores obligaciones formales que quienes se encuentran en otros esquemas tributarios.

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Todavía no hay una nueva cuota para el Nuevo RUS

Uno de los aspectos que el MEF aún debe precisar es cómo se aplicará el nuevo criterio a los negocios de menor tamaño. No se ha informado una nueva cuota mensual ni se han establecido nuevos límites de ingresos para permanecer en el Nuevo RUS.

Tampoco se ha definido si las actuales categorías de S/20 y S/50 se mantendrán, serán modificadas o serán reemplazadas por otro mecanismo de cálculo.

Hasta que exista una norma que disponga lo contrario, las condiciones actuales del Nuevo RUS continúan vigentes. El cambio anunciado por el MEF se encuentra todavía en la etapa de elaboración de la propuesta.

La definición de los nuevos parámetros será determinante para los más de 2 millones de contribuyentes que utilizan este régimen, especialmente porque el criterio anunciado por Cuba —tributar sobre la renta y no sobre las ventas— podría modificar la forma en que los pequeños negocios calculan sus obligaciones frente al Estado.