¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 11 de mayo?

BCP

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Interbank

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Scotiabank

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Banco de la Nación

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En tal amargo escenario, plantea “blindar” la conducción de la petrolera estatal y recuperar una ley que garantizaba estabilidad mínima de tres años a sus directores.

—El Gobierno ha aprobado un decreto de urgencia para respaldar hasta por US$2.000 millones un financiamiento privado para Petroperú. ¿Cómo recibe esta medida?

No deja de ser una buena noticia. Ya era esperada y quizás estaba tardando. Pero hay que entender que este endeudamiento tiene como contraparte no a Petroperú, sino a ProInversión, y eso ya implica costos de intermediación. Además, estamos hablando de un alivio insuficiente porque los pasivos corrientes superan los US$3.600 millones y solo los pasivos financieros bordean los US$1.900 millones. Entonces es una cantidad insuficiente. Es un respiro que apunta a la privatización.

—¿Entonces el monto aprobado no alcanza para estabilizar a la empresa?

Tengo entendido que la anterior presidencia de Petroperú solicitaba US$2.500 millones. Estos US$2.000 millones sirven básicamente para pagar proveedores y parte de la deuda financiera de corto plazo. Pero debería aprovecharse para reperfilar la deuda que vence en 2030, 2032 y 2045.

—El Gobierno insiste en que no habrá recursos directos del Tesoro Público. ¿Eso genera más confianza?

Sí. Hay una señal positiva hacia afuera porque es el Estado peruano el que está garantizando este endeudamiento. Eso es un reconocimiento de la solidez de la economía peruana hacia afuera. Hay confianza del inversionista, pero el problema es interno con la inestabilidad política que existe estando próximos a un proceso de segunda vuelta, lo recomendable es que todo lo referido al decreto 010-2025 quede en espere y que sea el nuevo gobierno que tome cartas en el asunto.

Petroperú es una empresa rentable siempre y cuando sus accionistas como el Ministerio de Economía y de Energía y Minas reconozcan las distintas deudas inusuales que le cargan a Petroperú.

—¿Qué le preocupa entonces de este esquema?

Mi principal crítica es la intervención de ProInversión. No tiene los cuadros ni la experiencia en el manejo de empresas petroleras. Tanto es así que tiene que recurrir a empresas transnacionales como Deloitte para supervisar este proceso. Mientras no se derogue o archive el Decreto de Urgencia 010-2025, Petroperú sigue con una espada de Damocles.

"ProInversión busca asfixiar a Petroperú para reprivatizarla"

—¿Por qué considera delicado el rol de ProInversión?

Porque ProInversión está en una lógica privatizadora. El enemigo está dentro del Estado. La idea es asfixiar a Petroperú para luego privatizarla por partes, por bloques patrimoniales. Ellos dicen que no se privatizará, sino que se concesionará, pero es lo mismo.

—¿Petroperú sigue teniendo un rol estratégico?

El 85% de las ventas de Petroperú se hacen en la Amazonía y a los privados no les interesa abastecer esa zona por la recuperación tardía del impuesto general a las ventas (IGV). Petroperú termina asumiendo ese costo porque tiene un rol estratégico y de abastecimiento que el privado no quiere cubrir.

"Abastecimiento en la Amazonía mientras los privados evitan operar en la zona"

—¿Este financiamiento podría ayudar a recuperar operativamente a Petroperú?

Dependerá de la visión que exista. Si hubiera una apuesta de fortalecimiento, estos US$2.000 millones podrían servir para reprogramar deuda y darle sostenibilidad. Pero ProInversión apuesta más por reprivatizar activos.

—Petroperú reportó utilidades positivas en el primer trimestre del año. ¿Eso muestra una recuperación real?

Después de casi cuatro años, Petroperú arrojó utilidades positivas por US$133 millones y esto es un signo de confianza. Pero eso no significa que la empresa ya esté saneada. Las ventas siguen cayendo y hoy Petroperú vende menos del 19% del mercado.

—¿A qué responde las cifras en azul de utilidades?

Porque funcionó la planta de Flexicoking y se utilizaron inventarios comprados cuando el petróleo estaba barato. Hoy los márgenes de refino (ganancias para procesar crudo) están muy altos, sobre los 50%. Es básicamente eso. Pero no es sustentable por la enorme carga de pasivos que tiene la empresa.

La Refinería de Talara podría producir alrededor de 95.000 barriles diarios de diésel limpio, pero hoy el diésel no llega ni a 15.000 barriles al día. Parte del problema es que en 2024 se manejó políticamente el Flexicoking y esa unidad estuvo paralizada gran parte del año.

—¿La situación financiera sigue siendo crítica pese a estas ganancias?

Claro. El capital de trabajo sigue siendo negativo. Petroperú tiene alrededor de US$1.500 millones negativos en capital de trabajo y de ese financiamiento probablemente solo le suelten US$500 millones inicialmente. Eso sirve para pagar las cuentas más urgentes.

"Petroperú mantiene una situación financiera crítica pese a sus utilidades"

—Usted ha mencionado que Petroperú carga con obligaciones que afectan su situación financiera. ¿A qué se refiere?

Por ejemplo, Petroperú asume más de US$100 millones anuales en mantenimiento y supervisión del Oleoducto Norperuano, y aun así el ducto es perforado. También tiene pérdidas por las ventas en la Amazonía debido a la devolución tardía del IGV. Además, el Estado le debe casi US$2.000 millones vinculados al IGV de maquinaria importada para la Refinería de Talara.

—¿Qué tan determinante es la inestabilidad política dentro de la empresa?

Es gravísimo. Este ya es el cuarto directorio en pocos meses. ¿Qué empresa puede funcionar eficientemente cambiando presidente y directorio cada rato? Lo que debe hacer el próximo gobierno es blindar el directorio de Petroperú y devolverle estabilidad. Antes existía una legislación que garantizaba una estabilidad mínima de tres años para los directores y eso se perdió.

La inestabilidad política impide que Petroperú recupere gobernanza y capacidad de gestión

—¿Ve posible una privatización en el próximo gobierno?

Eso va a depender del próximo gobierno. Yo estoy seguro de que si gana la señora Keiko, Petroperú se va a privatizar sí o sí. Hoy la lógica de ProInversión apunta a concesionar o reprivatizar bloques patrimoniales. La joya de la corona es Talara; luego vienen Conchán y los terminales del sur, donde están las mineras, son bocatos apetitosos para el sector privado.

¿Por qué considera peligrosa esa lógica de concesión o privatización?

Porque ya vimos lo que pasó con La Pampilla. Se privatizó por US$272 millones y desde entonces ha generado más de US$72.000 millones en ingresos por ventas. El Estado se deshizo de un activo estratégico a precio muy bajo.

"El Estado malvendió activos estratégicos tras privatizar La Pampilla"

—¿Hay interés internacional en Talara pese a su deuda?

Con la deuda actual, difícilmente una transnacional occidental querrá asumir Talara. Quizás los chinos sí, porque tienen otra visión estratégica. Estamos hablando de una de las nueve refinerías más modernas en el mundo. O sea, por la parte de Flexicoking , son 16 unidades complejas.

—¿Cuál debería ser el enfoque del próximo gobierno con Petroperú?

Debería reconocer todos los costos y cargas que hoy asume la empresa. Petroperú puede ser rentable, pero necesita estabilidad, una visión de largo plazo y que el Estado reconozca las obligaciones extraordinarias que le impone.

"El reperfilamiento de deuda podría darle cinco años de alivio a Petroperú"

—Entonces, si hubiera una estrategia clara de visión empresarial, ¿la salida vía reperfilamiento sería la ideal para Petroperú?

Sí. Si existiera una visión de largo plazo, el reperfilamiento podría darle tranquilidad financiera a la empresa por al menos cinco años. Pero si la lógica sigue siendo la del Decreto de Urgencia 010, difícilmente se avanzará por ese camino.

—Actualmente se discute justamente una eventual modificación o derogación del DU 010. ¿Lo han convocado al Congreso?

Sí, debió aprobarse la semana pasada, pero ahora están “buscando cuatro pies al gato”.

—¿Cree que prospere finalmente la derogatoria?

Depende mucho del Pleno. El presidente de la comisión, Victor Cutipa, puede tener buenas intenciones, pero sinceramente no creo que el Pleno apruebe la derogatoria del DU 010.

—Entonces, ¿qué necesita Petroperú?

Lo que se necesita es gobernanza. Un directorio técnico, estable y no político. Algo parecido a lo que ocurre con el directorio del Banco Central de Reserva. Eso mismo lo ha dicho Roque Benavides.

—¿Cómo funciona eso en otros países?

Chile, Colombia y otras empresas estatales de la región tienen directorios técnicos, conformados por especialistas reconocidos y con experiencia en gestión. Cambia el gobierno y los directorios de empresas como ENAP, Ecopetrol o Codelco no cambian. Hay estabilidad y gobernanza.

Blindar el directorio de Petroperú con estabilidad similar a la del BCR

—¿Qué pasa en el caso peruano?

Acá ocurre lo contrario. Desde febrero hasta hoy Petroperú ya ha tenido cuatro directorios distintos. Eso es un récord mundial para una empresa que alguna vez fue la principal compañía del Estado peruano.

—¿Se necesita volver a la ley anterior para recuperar esa estabilidad?

Claro. Existía una norma que daba tres años de estabilidad a los directores y solo podían ser removidos por falta grave o fallecimiento. Esa ley fue violentada por iniciativa del fujimorismo. Hoy los directores cambian permanentemente y así no puede existir estabilidad ni gobernanza.

—¿Eso afecta incluso las oportunidades comerciales?

Totalmente. Nosotros hemos comprado petróleo a Ecuador y Colombia, pero muchas veces no directamente a Petroecuador sino a intermediarios. Eso siempre genera sospechas.

—¿Por qué no se concretan relaciones directas entre empresas estatales?

Porque necesitas continuidad y estabilidad para negociar. Funcionarios de Petroecuador visitaron Talara y reconocieron que la refinería peruana podría procesar petróleo ecuatoriano. Hay cercanía geográfica y potencial de integración energética, pero ¿cómo negocias seriamente si acá el directorio cambia a cada rato?

—¿Ha existido antes mayor estabilidad en Petroperú?

Sí. Voy a decir una herejía. Incluso en la época de Fujimori hubo presidentes de Petroperú que permanecieron cuatro o cinco años. Hoy eso es imposible porque la mafia congresal ve a Petroperú como un botín político. ¿Dónde está ese botín? En las ventas mayoristas. Petroperú no tiene grifos; los grifos son privados y ellos fijan el precio final al consumidor. Petroperú es un mayorista más dentro de un mercado donde existen otros 12 mayoristas.

—¿Qué ejemplos internacionales podrían servirle al Perú?

Chile es un caso interesante. No tiene petróleo, produce apenas unos 5.000 barriles diarios y su consumo es más o menos 450.000 barriles, fuera del gas natural. Con eso resolvió su problema energético mediante infraestructura, cinco tubos que lo conectan con Argentina a diferencia de nosotros que tenemos uno y ya vimos las consecuencias cuando se paralizó el suministro de gas; dos unidades regasificadoras y planificación estatal de largo plazo.

—Sin embargo, Chile tiene combustibles más caros.

Sí, pero en Perú también tenemos precios altos. Después de Uruguay y Chile, somos de los países con combustibles más caros de Sudamérica. Y buena parte del problema es tributario: entre 20% y 25% del precio final corresponde a impuestos.

—Entonces, ¿qué debería hacerse con Petroperú?

Debe existir un consenso nacional. Porque dependiendo de quién gane las elecciones, unos querrán privatizarla y otros fortalecerla. Pero cualquiera sea el escenario, la empresa necesita estabilidad financiera y un directorio técnico, profesional y no político.

Datos:

• US$2.000 millones: aval aprobado por el Gobierno para que Petroperú acceda a financiamiento privado; sin embargo, la estatal arrastra más de US$3.600 millones en pasivos corrientes y casi US$1.900 millones en deudas financieras.

• US$133 millones: utilidades registradas por Petroperú en el primer trimestre de 2026 tras casi cuatro años de pérdidas, aunque hoy participa con menos del 19% del mercado de combustibles. 85% de las ventas en la Amazonía: porcentaje de operaciones que realiza Petroperú en esa zona porque, según Jorge Manco, a los privados “no les conviene” abastecerla debido a la devolución tardía del IGV.

• Más de US$2.000 millones: monto que, según Manco, el Estado adeuda a Petroperú por devoluciones pendientes de IGV y otros conceptos ligados a Talara y operaciones amazónicas; de ese total, unos US$800 millones corresponderían a maquinaria importada para la nueva refinería.

• US$1.500 millones negativos: capital de trabajo negativo que tendría Petroperú, además de asumir más de US$100 millones anuales en gastos del Oleoducto Norperuano.

• 95.000 barriles diarios: capacidad de procesamiento que podría alcanzar la Refinería de Talara operando cerca de su máximo potencial, con hasta 25 mil barriles diarios de diésel limpio, aunque actualmente produciría alrededor de 15.000 barriles de diésel por día

La medida fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano, mediante la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625, y alcanza a fonavistas que pertenecieron a los grupos de pago del 1 al 19 y que anteriormente ya habían recibido devoluciones parciales de sus aportes.

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El monto destinado para este nuevo proceso asciende a S/222 millones 234.070,69, recursos que serán transferidos progresivamente al Banco de la Nación para efectuar los pagos.

Fonavi: ¿Quiénes podrán cobrar el Reintegro 5?

De acuerdo con los lineamientos aprobados por la Comisión Ad Hoc, el padrón prioriza a los fonavistas considerados dentro de grupos vulnerables. Entre ellos figuran:

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• Exaportantes vivos que tengan 67 años o más al 31 de mayo de 2026.
• Herederos de fonavistas fallecidos que hubieran cumplido 88 años o más en esa misma fecha.
• Personas registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
• Pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
• Ciudadanos con enfermedades graves o terminales debidamente acreditadas.

La resolución también establece un monto mínimo de devolución de S/40 para los beneficiarios incluidos en este grupo de reintegro. En este último caso, "dando la oportunidad a los fonavistas que tuvieran devoluciones por debajo de dicho monto, para que puedan acreditar mayores aportes en el transcurso del tiempo".

Además, según adelantó a La República, Luis Luzuriaga, presidente de la Asociación de Fonavistas, la devolución máxima puede alcanzar los S/6.680, dependiendo de los periodos aportados y los cálculos efectuados por la Comisión Ad Hoc.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

La Secretaría Técnica del Fonavi publicará el padrón completo en los portales oficiales del proceso de devolución. Según la resolución, los ciudadanos deberán ingresar al módulo de consulta “Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026”, el cual estará disponible en las plataformas www.fonavi-st.gob.pe y www.fonavi-st.pe, utilizando el número de DNI del titular fonavista.

Por otro lado, los beneficiarios podrán acceder al Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD), documento que detalla los periodos y montos de aportes reconocidos para la devolución. Este certificado será emitido de manera virtual a través de la página web del Fonavi y también podrá recogerse en los centros de atención autorizados.

"El CERAD se entregará de manera virtual a través de la página Web de la Secretaría Técnica del Fonavi. Sin perjuicio de ello el beneficiario puede recabar el CERAD a través de las plataformas de atención al Fonavista", reza la norma legal.

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Pago será en el Banco de la Nación

La resolución dispone que los pagos comiencen desde el 14 de mayo de 2026 en las agencias del Banco de la Nación en todo el país.

En el caso de fonavistas fallecidos, el cobro podrá ser realizado por los herederos acreditados, de acuerdo apuntan las disposiciones vigentes aprobadas en la Ley Nº 31928.

La Comisión Ad Hoc recordó además que estos reintegros corresponden a pagos parciales. Por ello, si posteriormente se acreditan mayores aportes realizados al Fonavi, los beneficiarios podrán recibir montos adicionales en futuras devoluciones.

Este nuevo grupo está conformado por 66.644 beneficiarios pertenecientes a las listas 1 a la 19 del Fonavi, quienes anteriormente recibieron adelantos, pero todavía no habían sido incluidos en los procesos de reintegro aprobados en los últimos años.

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Fonavi 2026, reintegro 5: beneficiarios

Según los criterios establecidos por la Comisión Ad Hoc, en esta etapa podrán cobrar los fonavistas que tengan 67 años a más al 31 de mayo de 2026. Además, se ha incluido a los herederos de fonavistas fallecidos que cumplirían 88 años o más en la misma fecha de corte.

El presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, Luis Luzuriaga, indicó a La República que, con este nuevo padrón, el número total de beneficiarios que ya han recibido alguna devolución parcial asciende a aproximadamente 1 millón 280.000 personas desde que se inició el proceso de pagos.

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Además, el padrón contempla atención prioritaria para personas registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y pensionistas por invalidez.

Del total de beneficiarios, 16.753 corresponden a fonavistas fallecidos, por lo que el cobro será realizado por sus herederos acreditados. Para este proceso, el Estado desembolsará más de S/222 millones.

La Secretaría Técnica del Fonavi informó que la resolución administrativa será publicada en el diario oficial Diario Oficial El Peruano y que el padrón completo podrá ser consultado en la plataforma oficial del Fonavi.

Los pagos se efectuarán en las agencias del Banco de la Nación, donde los beneficiarios deberán acercarse portando su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fonavi: Reintegro 6 y lista 23

Luzuriaga detalló que de los montos que se entregarán en este reintegro 5, la devolución mínimo bordea los S/40, mientras que la máxima puede alcanzar los S/6.680, dependiendo de los periodos aportados y los cálculos efectuados por la Comisión Ad Hoc.

Además, adelantó que la Comisión ya trabaja en el Reintegro 6, cuya aprobación estaría prevista para pagarse en agosto de este año. Según explicó, si el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere parte de los recursos solicitados, el nuevo grupo podría beneficiar a unas 60.000 personas adicionales.

“Si nos dan para S/200 millones, bajará a 66 años y serían más o menos 60.000 fonavistas”, afirmó a este diario. El dirigente explicó que actualmente se encuentra en proceso una conciliación entre el Banco de Materiales (Banmat) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para concretar una transferencia de hasta S/400 millones, recursos que permitirían financiar tanto el Reintegro 6 como la futura Lista 23, prevista tentativamente para diciembre.

Sobre esta última, precisó que incluiría a nuevos fonavistas y no tendría limitaciones de edad ni criterios prioritarios, como ocurre con los reintegros actuales. “Ahí no hay ninguna restricción. Son nuevos fonavistas”, sostuvo.

El avance se refleja con igual intensidad en el sistema penal y financiero. Las denuncias registradas en el Ministerio Público se duplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 1.266 a 2.601 a nivel nacional. El incremento fue especialmente pronunciado en las regiones con mayor presencia de esta actividad: La Libertad pasó de 146 a 419 denuncias, Cajamarca de 33 a 260 y Madre de Dios de 245 a 427.

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En paralelo, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a minería ilegal, presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, alcanzaron los US$6.036 millones en 2025, más de cuatro veces el valor registrado en 2024 (US$1.407 millones). En una perspectiva más amplia, entre 2016 y 2025 este monto se multiplicó por ocho, frente a un incremento de apenas tres veces en los ROS asociados a otros delitos.

Minería ilegal: ¿cuáles son los factores que no permiten al Estado enfrentarla?

Dos factores explican buena parte de esta expansión. El primero es el precio del oro, que superó los US$4.500 por onza en 2025, lo que hizo la actividad ilegal altamente rentable. El segundo es la debilidad del Estado para controlar territorios donde distintas economías ilegales conviven y se refuerzan mutuamente. En zonas como Pataz o Tambopata, la minería ilegal y el narcotráfico no solo coexisten, sino que se superponen.

Las consecuencias van más allá del daño ambiental y fiscal. El avance ha comprometido inversiones formales por más de US$12.000 millones, incluidos proyectos como Conga y Michiquillay en Cajamarca, y Los Chancas y Haquira en Apurímac.

La señal para los inversores es clara y negativa: el Perú ha perdido competitividad. Según el Instituto Fraser, el país pasó de superar al 83% de las jurisdicciones evaluadas en 2018 a solo el 40% en 2025, pese a contar con precios de metales históricamente altos.

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¿Qué proponen los partidos con mayor opción de pasar a segunda vuelta?

Frente a este escenario, el Instituto Peruano de Economía (IPE) analizó las propuestas de los partidos con mayor opción de pasar a segunda vuelta —Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP)— en siete ejes prioritarios: formalización, trazabilidad, fiscalización, desarrollo alternativo, coordinación interinstitucional, cooperación transfronteriza y presencia del Estado. FP presenta propuestas alineadas en seis ejes y JPP en dos.

Ninguno de los dos partidos propone eliminar el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) ni establecer plazos improrrogables, a pesar de que, en más de una década, solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse. Asimismo, las dos bancadas votaron a favor de su quinta prórroga consecutiva en diciembre de 2025.

JPP, por su parte, propone basar la formalización en cooperativas y 'parques mineros' bajo tutela estatal, replicando un modelo muy cuestionado. En Bolivia, las cooperativas habrían producido el 99% del oro registrado en 2017, pero solo explicaron el 0,6% del valor exportado, lo que, según la Fundación Milenio, evidenciaría su uso como mecanismo de blanqueo.

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En trazabilidad, JPP propone una intervención estatal directa en la comercialización del oro; incluso, plantea la exclusividad estatal en ese proceso. Sin un sistema de trazabilidad robusto previo, estas medidas no controlarían el flujo ilegal: lo legitimarían.

Otro punto de coincidencia entre los dos partidos es la reducción de plazos en concesiones mineras: JPP propone recortar el plazo de caducidad de 30 a cinco años; FP exige plazos obligatorios de exploración. A esto se añade la propuesta de JPP de aumentar regalías y revisar contratos de estabilidad, pese a que el Perú ya registra una carga fiscal minera superior a la de Chile y Australia, según el FMI.

La medida no implica un desembolso directo de recursos del erario nacional, sino garantías contingentes que se activarían solo si la petrolera estatal incumple sus pagos al cabo de siete años.

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“Por primera vez, el financiamiento no vendrá del Tesoro. No se tocará ni un sol de los impuestos de los peruanos. Los fondos serán financiados por la banca privada internacional, canalizados a través de un fideicomiso que será controlado por ProInversión, con una garantía no financiera del Ministerio de Energía y Minas”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

El decreto también le da un rol importante a ProInversión, que será la entidad encargada de supervisar la estructura financiera y definir cómo se usarán los recursos administrados mediante fideicomisos (fondos manejados con reglas para un fin determinado).

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Aval tardío a Petroperú

Además, Petroperú podrá crear un "vehículo de propósito especial", que consiste en una empresa o estructura separada para administrar recursos y operaciones, sola o junto con bancos e inversionistas.

Este mecanismo servirá para canalizar recursos que permitan mantener las operaciones de la petrolera y avanzar en el proceso de privatización, toda vez que el decreto 010-2025, promovido por José Jerí, se mantiene en pie.

En diálogo con La República, el investigador y experto en hidrocarburos, Jorge Manco Zaconetti, calificó la medida como una buena noticia, pero que se trata de “un desahogo que debió otorgarse desde el año pasado, debido a que hubo ofrecimiento privado”.

Agregó que su principal crítica es la intervención de Proinversión, “entidad que no tiene la experiencia ni manejo de empresas petroleras”. Por otro lado, sostuvo que “el nuevo financiamiento debe ser una oportunidad para que Petroperú reperfile o reprograme las deudas que se vencen en los años 2030, 2032 y 2045”.

La medida busca facilitar que Petroperú consiga liquidez (dinero inmediato) y financiamiento de bancos u otras entidades nacionales e internacionales para mantener sus operaciones y comprar combustibles e insumos.

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Crisis petrolera amenaza abastecimiento de combustibles en Perú

El Poder Ejecutivo argumentó que el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz, ruta crítica para el transporte mundial del 20% de petróleo, han elevado los precios internacionales del crudo y generado riesgos de desabastecimiento.

Según el decreto, el petróleo WTI subió 11% durante el primer bimestre de 2026 y registró un incremento adicional de 30% en marzo, lo que elevó el costo de adquisición de petróleo, derivados y fletes marítimos.

La norma advierte además que el Perú depende fuertemente de los hidrocarburos, que representan el 74% de la matriz energética nacional. En ese contexto, el Gobierno de José María Balcázar sostiene que una interrupción del suministro afectaría actividades económicas esenciales como el transporte, el comercio y la producción.

El decreto también destaca el rol de Petroperú en el mercado interno. La empresa estatal mantiene una participación de 42% en diésel y 31% en gasolinas a nivel nacional. Además, supera el 75% de presencia en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde la participación privada es mínima.

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El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, defendió la medida tras argumentar que un eventual incremento del precio de los combustibles impactaría con mayor fuerza en las regiones más vulnerables del país. “Si el precio del combustible subiera en la selva, donde es región de mayor pobreza, el impacto sería perjudicial”, afirmó.

Además, remarcó que el objetivo del decreto es garantizar la continuidad operativa de la petrolera estatal. “Petroperú tiene que seguir operando. Hay que darle continuidad”, indicó.

El titular del MEF rechazó además que la medida constituya un "salvataje" financiero a la petrolera estatal y sostuvo que los recursos estarán sujetos a supervisión.

"No es un salvataje, le hemos establecido condiciones. Estamos creando este espacio distinto donde Proinversión entra a garantizar los recursos. No es de libre disponibilidad de la empresa. Va a estar el MEF y Minem", declaró.

Añadió que entidades financieras han mostrado interés en encontrar una salida financiera para la empresa estatal. "Los bancos nos han ido a visitar en el último tiempo encontrando una salida para Petroperú, porque ellos tienen inversionistas también", afirmó. "Para tranquilidad de todos, no se está usando recursos públicos", acotó.

Entre estas últimas, el decreto menciona problemas en la Refinería Talara, particularmente en las plantas encargadas de producir agua desmineralizada necesaria para las operaciones industriales. Debido a esta situación, el 2 de abril de 2026 se realizó una "parada segura" para evitar daños mayores o una paralización total de la refinería.

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Proinversión habilitará primer tramo de US$500 millones en dos semanas

Proinversión será la encargada de liderar y supervisar la estructura financiera, así como de emitir instrucciones sobre el uso de los recursos administrados mediante fideicomisos. El primer tramo de financiamiento se activará en las próximas dos semanas y el saldo restante, entre 8 y 10 semanas después.

“La línea se autoriza hasta US$2.000 millones. El primero es hasta US$500 millones. Eso responde a una necesidad inmediata para contar con esos recursos pronto. En las siguientes semanas se habilita completamente la línea restante”, indicó Del Carpio.

Añadió que el objetivo es que sea Petroperú quien honre finalmente esas obligaciones financieras. "Nadie está pronosticando que el Estado va a pagar esto. Quien va a pagar esta línea va a ser Petroperú", afirmó.

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Las cifras vuelven a evidenciar una de las principales fracturas del crecimiento económico peruano. Aunque la economía nacional avanzó 3,4% durante el último año, el crecimiento impulsado por sectores como minería, comercio y servicios todavía no logra traducirse al mismo ritmo en mayores ingresos, empleo formal o mejores condiciones de vida para miles de familias.

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Cajamarca se mantiene como la región con mayor pobreza monetaria del Perú y acumula una década encabezando este indicador. Pese a que su economía creció 7,5% en el último año, el agro, actividad de la que dependen gran parte de los hogares pobres, apenas avanzó 1,9%. En Loreto, el aislamiento continúa elevando costos, desde transportar alimentos hasta sacar productos para venderlos fuera de la región. Mientras tanto, en Puno, donde gran parte de la población trabaja en condiciones precarias, más de un tercio de la población sigue viviendo en situación de pobreza.

La situación se vuelve todavía más crítica cuando se analiza la pobreza extrema. Actualmente, el 4,7% de la población peruana —más de 1 millón 600.000 personas— no logra cubrir siquiera el costo de una canasta básica de alimentos valorizada en S/260 mensuales por persona. Aunque la cifra representa una reducción respecto al 2024, todavía supera ampliamente los niveles previos a la pandemia.

Para los especialistas consultados por La República, el problema va mucho más allá de un periodo de “crecimiento económico”. Lo que muestran estas regiones son brechas tan instauradas que la expansión del PBI todavía no logra resolver.

"Se trata de departamentos con una persistencia en el estado de pobreza respecto a los demás. La mayor parte de ellos ya estaba antes de la pandemia en la categoría de máxima pobreza", explicó Javier Herrera, director de Investigación en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD).

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Pese a algunos periodos de crecimiento económico, no han logrado romper esa situación estructural, acotó.

Para el economista, detrás de esta persistencia aparecen factores que se repiten en casi todas las regiones más golpeadas: alta ruralidad, baja productividad, rezago educativo e informalidad laboral. "Regiones con mayor población rural significan poblaciones con menor concentración, menor tamaño de mercado y una actividad agrícola de muy baja productividad", explicó. A ello se suma que "la reducción también ha sido muy débil" en indicadores clave como acceso a educación y formalidad laboral.

Incluso cuando las economías regionales crecen, advirtió, ese avance no necesariamente mejora los ingresos de la mayoría de hogares. "No es porque el PBI departamental crezca, crecen necesariamente los ingresos de los hogares", señaló. Según Herrera, gran parte del crecimiento reciente estuvo impulsado por sectores como minería y exportaciones, actividades que "absorben muy poco empleo" y cuyos beneficios no terminan llegando de forma amplia a las familias más pobres.

Uno de los casos más representativos es Cajamarca. Según detalló, en 2004 el 75% de la población vivía en zonas rurales y, aunque la cifra disminuyó, en 2025 todavía alcanza el 57%, muy por encima del promedio nacional de 18,7%.

Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), coincidió en que la pobreza en Cajamarca continúa profundamente ligada a las dinámicas rurales y a la falta de impacto del crecimiento sobre las familias más vulnerables.

"Es el departamento que tiene más población rural de todos. Ahí está marcada la pobreza alta", afirmó.

Aunque la región registró un crecimiento económico de 7,5% el último año, Trivelli advirtió que el avance estuvo impulsado principalmente por minería, comercio y servicios, mientras el agro apenas creció marginalmente.

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"No es un problema de falta de crecimiento. Cajamarca incluso ha crecido más que el promedio del Perú, pero ese crecimiento no está llegando al sector rural. Si el sector donde las personas en situación de pobreza trabajan y generan sus ingresos casi no crece, es muy difícil reducir la pobreza. Las condiciones de vida de la mayor parte de la población en Cajamarca dependen del desarrollo rural y agropecuario", explicó.

Para Herrera, esa es justamente una de las mayores debilidades del modelo de crecimiento peruano en regiones pobres: el crecimiento económico no necesariamente mejora los ingresos de quienes más lo necesitan.

En Loreto, en cambio, el principal problema gira alrededor de la conectividad. El aislamiento geográfico continúa encareciendo los costos y limitando cualquier posibilidad de desarrollo económico sostenido. "Solo el costo de sacar o llevar productos te marca una diferencia muy grande respecto a otras regiones", señaló Trivelli.

Una lectura similar tiene Miguel Alzamora, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), quien explicó que este departamento amazónico enfrenta un problema estructural debido a la falta de articulación logística con el resto del país.

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"El caso de Loreto tiene la particularidad de que, por sus condiciones geográficas, no cuenta con los mismos niveles de conectividad que otras regiones. En buena parte, las posibilidades de impulsar su economía dependen de lo que ocurra dentro de la propia región", afirmó.

Alzamora advirtió que esta limitada integración termina afectando directamente la capacidad de crecimiento y reducción de pobreza en el departamento. "En los últimos 15 años, Loreto ha tenido varios años de contracción económica, y eso también se puede ver reflejado en cómo no hay un avance en la reducción de pobreza", explicó.

Además, señaló que el aislamiento dificulta la integración productiva y comercial de la región con el resto del país. "La gran mayoría de regiones suelen estar interconectadas mediante infraestructura de transporte, carreteras o redes que permiten movilizar producción agrícola y manufacturera. Loreto no cuenta con esos niveles de conectividad", afirmó.

Las brechas también aparecen en educación y empleo. Javier Herrera alertó que en regiones como Cajamarca, Huánuco y Puno todavía persisten fuertes rezagos educativos. "En Cajamarca, más de la mitad de la población no había llegado más allá de primaria y eso no progresó mucho entre 2004 y 2025", explicó.

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Además, recordó que estas regiones presentan altos índices de anemia y desnutrición infantil, factores que terminan afectando el aprendizaje y perpetuando los ciclos de pobreza.

"No todo se resuelve con colegios. También tiene que haber profesores de calidad y niños que no sufran desnutrición", sostuvo. La precariedad laboral también sigue siendo un problema central. Mientras la informalidad a nivel nacional alcanza el 73,2%, en regiones como Cajamarca bordea el 90%.

"No ha habido una real mejora en la calidad del empleo", afirmó Herrera. "La mayor parte son trabajadores independientes con baja productividad y, por consiguiente, generan bajos ingresos".

Alzamora agregó que los jóvenes enfrentan cada vez mayores dificultades para insertarse en el mercado formal. "El empleo juvenil se ha venido reduciendo y cada vez cuesta más ingresar al mercado laboral", alertó.

Aunque el INEI reportó una reducción de pobreza de 1,9 puntos porcentuales durante el 2025, los especialistas coinciden en que el país todavía no logra recuperarse completamente del golpe económico dejado por la pandemia. "El gran mensaje es que todavía estamos muy lejos del año 2019", sostuvo Alzamora.

Según explicó, actualmente existen más de 2 millones de pobres adicionales respecto al periodo prepandemia. Herrera añadió que el problema se agrava por la desaceleración económica que arrastra el país desde hace más de una década.

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Entre 2001 y 2013, el Perú crecía en promedio 6,1% anual. Entre 2013 y 2019, el avance cayó a 3,1%. Y entre 2019 y 2025, el crecimiento promedio descendió a apenas 1,7%. "En cada uno de estos periodos la tasa de crecimiento de la economía se ha ido reduciendo a la mitad", advirtió.

Para los especialistas, revertir esta situación requerirá mucho más que crecimiento económico. Trivelli insistió en fortalecer la agricultura familiar, mejorar la infraestructura y acercar oportunidades a las zonas rurales. "No basta con crecer. Las oportunidades tienen que estar cerca y ser accesibles para las personas en situación de pobreza", afirmó.

En tanto, Herrera puso el foco en la educación y la nutrición infantil como herramientas fundamentales para romper el círculo de pobreza, mientras Alzamora consideró prioritario mantener la inversión privada, ampliar servicios básicos y mejorar la focalización de programas sociales.

Porque mientras las cifras nacionales muestran señales de recuperación, en varias regiones del país la pobreza todavía no se reduce al mismo ritmo que muestran las estadísticas.

Reacciones:

Carolina Trivelli: "No basta con crecer, no basta con que hayan esas oportunidades, sino que esas oportunidades tienen que estar cerca, accesibles a las personas en situación de pobreza".

Miguel Alzamora: "Regiones como Cajamarca, Loreto y Puno han tenido un avance irregular en su crecimiento económico, no solo en los últimos años, sino en los últimos 25 años. Son las regiones a las que más les ha costado moderar sus niveles de pobreza".

Javier Herrera: "No es porque el PBI departamental crezca, crecen necesariamente los ingresos de los hogares. Aumentan las exportaciones de minerales, pero son sectores que absorben muy poco empleo y eso no se traduce en una mejora para el conjunto".

Datos:

• 567.000 personas dejaron la pobreza durante 2025, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
• Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco y Huánuco mantienen incidencias de pobreza superiores al 35%, según cifras del INEI.
• Actualmente existen más de 2 millones de pobres adicionales respecto a 2019, según Miguel Alzamora.
• Cajamarca creció 7,5% el último año, pero el agro apenas avanzó 1,9%, según Carolina Trivelli.
• En Cajamarca, el 57% de la población todavía vive en zonas rurales, frente a un promedio nacional de 18,7%, según Javier Herrera.
• La informalidad laboral en Cajamarca bordea el 90%, mientras a nivel nacional alcanza el 73,2%, según Herrera.

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), este beneficio se encuentra regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley de CTS, norma que establece con claridad los criterios para el cálculo del beneficio, los plazos en los que debe efectuarse el depósito y las condiciones bajo las cuales el trabajador puede disponer del dinero acumulado.

La normativa laboral también precisa que la CTS corresponde a los trabajadores que cumplen, en promedio, una jornada mínima de cuatro horas diarias. Asimismo, advierte que el incumplimiento del depósito dentro de los plazos establecidos constituye una infracción sujeta a sanción. El MTPE detalla en sus guías oficiales que el monto debe ser depositado directamente en la entidad financiera elegida por el trabajador.

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¿Cuándo depositan la CTS en 2026?

El cronograma es fijo y obligatorio cada año. El MTPE señala que existen dos depósitos semestrales: el primero debe realizarse hasta el 15 de mayo, correspondiente al periodo trabajado entre noviembre y abril; y el segundo hasta el 15 de noviembre, por el periodo de mayo a octubre.

Si el empleador no cumple con estas fechas, incurre en infracción laboral que puede ser fiscalizada por la autoridad respectiva.

Además, el ministerio recuerda que el empleador debe entregar al trabajador la liquidación del depósito, documento donde se detalla el cálculo del beneficio, dentro de los cinco días hábiles posteriores al abono.

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¿Cómo calcular la CTS correctamente?

De acuerdo con las orientaciones del MTPE, el cálculo parte de la remuneración computable, que incluye el sueldo básico y todos los conceptos de carácter regular que el trabajador percibe, como la asignación familiar. También se incorpora la proporción de gratificaciones: la ley establece que se debe sumar un sexto de la gratificación recibida en el semestre.

La fórmula general indicada por el ministerio es: (Remuneración computable ÷ 12 × meses trabajados) + (Remuneración computable ÷ 360 × días trabajados). Este método permite calcular montos proporcionales cuando el trabajador no completa el semestre completo.

¿Cuánto te corresponde cobrar y cuándo puedes retirar?

El MTPE explica que, en términos referenciales, cada depósito equivale aproximadamente a media remuneración mensual por semestre completo trabajado, considerando la inclusión de la fracción de gratificación. El monto final variará según el salario, el tiempo laborado y los conceptos remunerativos incluidos.

Respecto a la disponibilidad del dinero, la normativa vigente permite retirar el excedente de cuatro remuneraciones brutas acumuladas en la cuenta CTS. El saldo restante debe mantenerse como fondo de contingencia para el desempleo, finalidad principal del beneficio según la legislación laboral.

La reforma permitirá el cambio en ambos sentidos entre los regímenes previsionales, modificando el esquema previo de libre desafiliación informada. En ese contexto, el jefe de la ONP, Gastón Remy, indicó que el traslado podrá realizarse tanto del sistema público al privado como del privado al público, con inicio previsto para septiembre.

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Reforma previsional permitirá trasladarse entre ONP y AFP

La reforma del sistema previsional dispone que los afiliados podrán cambiarse tanto del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) como del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y viceversa, una vez que se publique el reglamento que preparan la Oficina de Normalización Previsional y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Con esta medida se busca ampliar las opciones disponibles para los afiliados y facilitar decisiones mejor informadas.

En ese contexto, Remy destacó que “la reforma tiene como objetivo principal ampliar la cobertura y asegurar la sostenibilidad del sistema, aunque advirtió que la informalidad laboral continuará siendo uno de los principales retos”.

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ONP: afiliados con 20 años de aportes podrán tener pensión y migrar a AFP

La norma señala que los afiliados de la ONP tendrán la posibilidad de trasladarse a una AFP en cualquier momento y solicitar un Bono de Reconocimiento por sus contribuciones, siempre que cumplan las condiciones establecidas. La definición de si se emplearán bonos previos o nuevos quedará a cargo del reglamento que aún está por publicarse.

Del mismo modo, quienes acrediten al menos 240 aportes —es decir, 20 años— podrán acceder a una pensión mínima o proporcional en la ONP. Este beneficio no será incompatible con la pensión que posteriormente generen en el sistema privado mediante nuevos aportes. Remy indicó que la finalidad es proteger los aportes realizados anteriormente dentro del nuevo esquema de traslados.

Traslado de AFP a ONP: transferencia del fondo y cálculo conjunto

Los afiliados del sistema privado también podrán migrar al sistema público en cualquier momento, siempre que transfieran el 100% del fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización, sin considerar aportes voluntarios sin fin previsional. La pensión en el sistema público se calculará sumando los aportes realizados en ambos sistemas.

Sobre la implementación de la reforma, Remy señaló que “tenemos que administrar tres pilares” y que la ONP asumirá un rol más articulado con distintas entidades del Estado, como Midis, Reniec, Migraciones, Sunat y la SBS. También advirtió que “el mercado laboral tiene una informalidad del 75%” y que será necesario diseñar estrategias diferenciadas para incorporar a más trabajadores al sistema previsional.

Según la Sunafil, el monto de la sanción dependerá de si se trata de una pequeña empresa o una gran empresa (no mype), así como del número de trabajadores afectados. Además, precisó que también constituye infracción grave realizar el depósito en una entidad financiera distinta a la elegida previamente por el trabajador.

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CTS 2026: Sunafil advierte multas de hasta S/143.660

La autoridad laboral precisó que no realizar el depósito completo y dentro del plazo constituye una infracción grave. Las multas pueden ir desde S/2.475 hasta S/143.660, y su cálculo se determina según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores perjudicados por el incumplimiento.

“La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral recordó que los empleadores que no depositen, de forma íntegra y oportuna, la CTS están cometiendo una infracción grave”, indicó la entidad al alertar que el plazo vence el 15 de mayo. También remarcó que depositar el dinero en una entidad financiera distinta a la elegida por el trabajador configura igualmente una infracción, ya que esa comunicación se realiza con anticipación al empleador.

En un consolidado del 2024 hasta mayo de este año, se registraron 33.780 inspecciones por incumplimientos en el pago de la CTS, de las cuales el 98% se originó en denuncias de trabajadores.

¿Quiénes reciben CTS? Conoce los requisitos y exclusiones según la ley laboral

Tienen derecho a la CTS los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan con una jornada mínima promedio diaria de cuatro horas. Este requisito define el acceso al beneficio y marca la diferencia frente a otras modalidades laborales.

Están excluidos del beneficio quienes perciben el 30% o más de las tarifas pagadas por el público por los servicios, los trabajadores a tiempo parcial que laboren menos de cuatro horas en promedio diario, aquellos que cuentan con convenios de Remuneración Integral Anual (RIA) que ya incluyen la CTS y los trabajadores de microempresas acreditadas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype). Asimismo, los trabajadores de regímenes especiales —como construcción civil, pesca y sector portuario— se rigen por normas propias.

¿Cómo saber cuánto te corresponde de CTS usando la calculadora digital?

La entidad informó que los trabajadores pueden calcular su CTS mediante la herramienta digital 'Calculadora Laboral' disponible en su portal web, al que se accede desde la sección 'Enlaces de interés'. Para iniciar el proceso, el sistema solicitará datos básicos como el número de DNI y el RUC de la empresa.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe seleccionar la opción 'Calcula tu CTS' e ingresar la información requerida. Para completar el cálculo, se recomienda tener a la mano las boletas de pago, ya que se deben registrar datos como horas extras laboradas y otros conceptos necesarios para obtener el resultado.

La iniciativa legislativa, impulsada por el congresista Raúl Huamán Coronado (Fuerza Popular), obtuvo 10 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.

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¿Qué plantea la ley sobre la ZEEP en Paracas?

De acuerdo con el predictamen, la futura ZEEP de Paracas se desarrollaría bajo el marco de la Ley N.º 32449, norma que regula el tratamiento tributario y aduanero especial para zonas económicas privadas en el país.

El texto establece que el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), debe coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno Regional de Ica y las municipalidades involucradas para priorizar la evaluación y autorización de esta zona económica especial.

Asimismo, el documento precisa que la operación estaría a cargo del sector privado, siguiendo los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa vigente.

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Proyecto apunta a fortalecer exportaciones y empleo en Ica

Los motivos del predictamen señalan que Paracas y Pisco cuentan con ventajas estratégicas para convertirse en un nuevo polo logístico y productivo del país. Entre los principales factores mencionados figuran el Puerto General San Martín, el Aeropuerto Internacional de Pisco, la carretera Panamericana Sur y el futuro tren de cercanías Lima-Ica.

Según el documento, estas condiciones permitirían dinamizar actividades vinculadas al comercio exterior, la industria, la pesca, la agroexportación y los servicios logísticos.

El predictamen también sostiene que la creación de la ZEEP contribuiría a descentralizar la actividad económica nacional y generar empleo calificado en la región Ica, en un contexto marcado por el aumento de la pobreza y la necesidad de promover nuevas inversiones privadas.

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Además, se indica que este tipo de zonas económicas especiales han sido implementadas en distintos países como mecanismos para incrementar la competitividad, captar capitales y acelerar el crecimiento económico regional.

Con la aprobación en la Comisión de Producción, la iniciativa quedó lista para ser debatida en el Pleno del Congreso, luego de que la Comisión de Economía emitiera previamente un dictamen favorable el pasado 6 de mayo.

Mincetur cuestiona legalidad y viabilidad de la propuesta

La aprobación ocurre pese a que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) remitió en abril un informe técnico-legal al Congreso en el que concluyó que el proyecto “no resulta viable” por no ajustarse al procedimiento establecido en la Ley N.º 32449, norma que regula las Zonas Económicas Especiales Privadas.

Este pronunciamiento del Mincetur fue emitido en respuesta a una solicitud de opinión realizada por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso sobre el Proyecto de Ley N.º 13077/2025-CR.

En el documento, el ministerio sostuvo que la propuesta presentada desde el Parlamento no es concordante con el marco legal vigente para la creación de ZEEP.

Según explicó el Viceministerio de Comercio Exterior, la Ley N.º 32449 establece que estas zonas económicas deben originarse a partir de una solicitud presentada por un operador privado interesado, seguida de una evaluación técnica del Mincetur y una opinión vinculante de la Sunat respecto a aspectos tributarios y aduaneros.

“El Proyecto de Ley no resulta concordante con el marco normativo que regula las Zonas Especiales Económicas Privadas”, señala el informe técnico remitido al Parlamento.

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¿Qué es una Zona Económica Especial Privada?

En la práctica, se trata de áreas delimitadas dentro del país donde empresas podrán instalarse bajo condiciones especiales, con exigencias de inversión, generación de empleo y desarrollo productivo. El objetivo es atraer capital nuevo, impulsar actividades con mayor valor agregado y diversificar la oferta exportadora.

Este esquema apunta a replicar modelos usados en otros países, donde zonas con incentivos fiscales funcionan como polos de desarrollo industrial y logístico. En el caso peruano, la apuesta es que estas zonas no solo capten inversión, sino que generen nuevas unidades productivas. Es decir, las empresas que ingresen deberán crear operaciones nuevas o líneas de negocio distintas, evitando el simple traslado de actividades ya existentes.

La propuesta surge ante los reiterados incumplimientos en el pago de sueldos, beneficios sociales y aportes laborales por parte de empresas que ejecutan obras, servicios generales, mantenimiento, seguridad, limpieza y logística para el Estado. El documento advierte que esta problemática se agrava mediante esquemas de intermediación, tercerización y subcontratación que diluyen responsabilidades, mientras estas continúan contratando con el Estado y reciben recursos públicos pese a mantener deudas laborales.

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Empresas podrán ser sancionadas por deudas laborales en el Estado

El proyecto establece que el incumplimiento de obligaciones laborales generará sanciones administrativas dentro del sistema de contratación pública. Entre las medidas contempladas figuran la aplicación de penalidades económicas contractuales, la reducción del puntaje o calificación de las empresas en los procesos de selección y su registro como proveedores con incumplimiento laboral.

La propuesta precisa que estas sanciones serán aplicadas según la gravedad y reiterancia de las infracciones detectadas. Además, incorpora un sistema progresivo de reincidentes. En esos casos, podrán recibir suspensión temporal para contratar con el Estado o incluso quedar inhabilitadas para participar en procesos de contratación pública conforme a la normativa vigente.

El documento también define como incumplimiento laboral la falta de pago oportuno de remuneraciones, beneficios sociales, aportes previsionales, aportes a la seguridad social y cualquier otro derecho reconocido por la legislación laboral dentro de los plazos establecidos. Asimismo, señala que las empresas contratistas serán solidariamente responsables del cumplimiento de estas obligaciones respecto de todos los trabajadores que participen en la ejecución del contrato, independientemente del régimen o modalidad de contratación utilizada.

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Sunafil informará al OSCE sobre sanciones laborales de empresas

La iniciativa plantea fortalecer la articulación entre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), con el objetivo de trasladar las sanciones laborales al ámbito de la contratación pública.

Para ello, se establece que Sunafil deberá comunicar al OSCE las resoluciones administrativas firmes que acrediten incumplimientos laborales por parte de las empresas contratistas. Esta coordinación permitirá que las infracciones laborales tengan consecuencias administrativas concretas en la capacidad de las empresas para seguir contratando con el Estado.

Según la exposición de motivos, actualmente existe una desconexión normativa entre la fiscalización laboral y el sistema de contrataciones públicas, lo que permite que empresas sancionadas continúen accediendo a contratos financiados con recursos públicos. El proyecto busca corregir esa situación al incorporar el historial de cumplimiento laboral como un criterio relevante en los procesos de selección y permanencia de proveedores del Estado.

Proyecto exige a proveedores del Estado acreditar cumplimiento laboral

El proyecto también dispone que las entidades públicas incorporen cláusulas obligatorias en los contratos suscritos con empresas proveedoras del Estado. Estas cláusulas exigirán acreditar periódicamente el cumplimiento de obligaciones laborales como condición para mantener la continuidad contractual y tramitar pagos correspondientes a los servicios ejecutados.

La propuesta sostiene que esta medida permitirá garantizar que los recursos públicos se destinen únicamente a empresas que respeten los derechos laborales de sus trabajadores. Además, busca fortalecer la calidad del gasto público y promover condiciones de trabajo dignas en actividades financiadas por el Estado.

Cabe resaltar que el proyecto se encuentra en etapa de presentación en la Comisión de Economía, pendiente de debate, dictamen en comisiones y eventual aprobación por el Pleno.

En ese contexto, especialistas explican cuáles son los principales puntos que trabajadores y empleadores deben tener en cuenta sobre el pago de la CTS, cómo se calcula y cuáles son las recomendaciones para usar este dinero de forma más estratégica.

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1. ¿Quiénes tienen derecho a recibir la CTS?

La Compensación por Tiempo de Servicios corresponde a todos los trabajadores del régimen laboral privado que laboren, en promedio, una jornada mínima de cuatro horas diarias. Para acceder al depósito de mayo de 2026, el trabajador debe haber laborado al menos un mes completo entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú, explicó que la CTS tiene como objetivo proteger económicamente al trabajador frente a contingencias derivadas del cese laboral.

"En el caso de las medianas y grandes empresas, si el trabajador ha laborado el período semestral completo le corresponde el 50% de la remuneración más un sexto de la gratificación recibida en diciembre de 2025", detalló el especialista.

En el caso de las pequeñas empresas, el escenario cambia dependiendo de si la compañía está inscrita o no en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype). Si no está registrada, los trabajadores mantienen el derecho a la CTS bajo las reglas generales. Sin embargo, si sí pertenece al Remype, los trabajadores contratados después de la inscripción acceden a un cálculo diferenciado.

Asimismo, en el régimen agrario, regulado por la Ley 31110, la CTS ya se encuentra incorporada dentro de la remuneración diaria equivalente al 9,72% de la remuneración básica.

2. ¿Cómo se calcula la CTS y qué ingresos no son considerados?

El cálculo de la CTS puede variar dependiendo del tipo de remuneración que reciba el trabajador. Cuando el sueldo es fijo, el depósito se calcula considerando el 50% de la remuneración computable más un sexto de la gratificación.

No obstante, si el trabajador percibe ingresos variables o complementarios, el cálculo cambia. Según EY Perú, cuando se trata de remuneraciones variables, la CTS se obtiene a partir del promedio de lo percibido entre noviembre y abril.

En los casos en que el trabajador recibe un sueldo fijo, pero además percibe horas extras, bonos o comisiones, estos montos solo ingresarán al cálculo si fueron recibidos al menos tres veces durante el semestre.

También existen conceptos que no forman parte de la base de cálculo de la CTS. Entre ellos figuran las gratificaciones extraordinarias, utilidades, asignaciones por cumpleaños, matrimonio o educación, además de la movilidad condicionada a la asistencia al centro de labores.

El especialista también recordó que la CTS corresponde únicamente a los días efectivamente laborados, aunque existen excepciones. Por ejemplo, sí se consideran días de descanso pre y post natal, accidentes de trabajo, enfermedad profesional hasta por 60 días y huelgas que no hayan sido declaradas ilegales.

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3. ¿Hasta cuándo se puede retirar el 100% de la CTS?

Mediante la Ley 32322, el Gobierno autorizó la libre disponibilidad del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto permite que los trabajadores puedan retirar total o parcialmente los fondos acumulados en sus cuentas.

El cronograma de depósitos continúa siendo obligatorio. El primer depósito debe efectuarse hasta el 15 de mayo y corresponde al periodo trabajado entre noviembre y abril. El segundo depósito deberá realizarse hasta el 15 de noviembre por el periodo de mayo a octubre.

Ricardo Maldonado Camino, gerente de Finanzas, Administración y Tesorería de Protecta Security, señaló que el retiro de la CTS representa una oportunidad para fortalecer las finanzas personales.

"El acceso a la CTS representa una oportunidad para tomar decisiones financieras más informadas. Cuando se utiliza con una estrategia clara, puede contribuir tanto a aliviar obligaciones como a construir un respaldo para el futuro", sostuvo.

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4. ¿En qué casos podrían embargar la CTS?

Por regla general, la CTS tiene carácter intangible, ya que se trata de un fondo de protección para el trabajador frente al desempleo. Sin embargo, existen algunas excepciones previstas por la ley.

Uno de los principales casos en los que puede aplicarse un embargo es por deudas alimentarias. En estas situaciones, el monto embargable no puede superar el 50% del total acumulado en la cuenta CTS.

Fuera de esos casos específicos, el dinero depositado mantiene protección legal frente a otras obligaciones financieras.

5. ¿En qué conviene utilizar este dinero?

Especialistas recomiendan no destinar toda la CTS al gasto inmediato. Entre las principales alternativas figura el pago de deudas con altas tasas de interés, especialmente tarjetas de crédito o préstamos personales, lo que permite liberar liquidez mensual y reducir gastos financieros.

Otra opción es destinar parte del dinero al ahorro o a instrumentos de inversión como fondos mutuos, bonos o depósitos a plazo.

Asimismo, la CTS puede utilizarse para objetivos de largo plazo como financiar estudios, iniciar un emprendimiento, adquirir una vivienda o construir un fondo de emergencia. "Tener objetivos claros ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre el uso del dinero", indicó Maldonado.

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6. ¿A cuánto ascienden las multas si no pagan la CTS?

Las empresas del sector privado tienen plazo hasta el 15 de mayo para realizar el depósito correspondiente. No efectuar el pago íntegro y oportuno de la CTS constituye una infracción grave en materia laboral.

Según EY Perú, las multas para empresas no MYPE oscilan entre S/8.635 y S/143.660, dependiendo del número de trabajadores afectados. En el caso de pequeñas empresas, las sanciones pueden variar entre S/2.475 y S/24.750.

Además del depósito, el empleador está obligado a entregar al trabajador una liquidación detallada con el cálculo del beneficio.

Durante la visita técnica, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) encabezó una reunión de trabajo con funcionarios de la empresa, donde recibió una exposición de los principales proyectos de transmisión, electrificación rural y modernización del alumbrado público, además de las metas de expansión previstas para este y los próximos años. Tras ello, reafirmó el compromiso de su gestión de respaldar e impulsar estas iniciativas estratégicas para el crecimiento regional.

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Gobierno impulsa proyectos eléctricos en La Libertad, Áncash y Cajamarca

La visita permitió revisar el avance de proyectos considerados clave para mejorar la calidad del suministro eléctrico en La Libertad, Áncash y Cajamarca. Las iniciativas están orientadas a fortalecer la infraestructura y ampliar la cobertura del servicio en la zona de concesión de Hidrandina.

Tras conocer los planes y metas de expansión, el ministro Waldir Ayasta reiteró el compromiso del Gobierno de impulsar estas inversiones estratégicas por su impacto en el desarrollo económico y social de las regiones.

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Hidrandina promueve modernización LED con inversión de S/51 millones

En el marco de la visita, la gerente regional de Hidrandina, Magaly Salazar Ruiz, resaltó la capacidad operativa de la empresa. "La empresa pública opera 11 centrales hidroeléctricas, 46 subestaciones eléctricas y más de 19.000 subestaciones de distribución", afirmó la ejecutiva.

Asimismo, indicó que como parte del proceso de modernización del alumbrado público se proyecta alcanzar al cierre de 2026 una cobertura del 54% con iluminación LED en toda su concesión, mediante una inversión de S/51 millones. Destacó que “esta infraestructura permite fortalecer la continuidad y cobertura del servicio eléctrico y reafirma el compromiso de la empresa con la modernización del sistema”.

La jornada contó además con la participación del presidente del directorio del Grupo Distriluz, Magno García Torres, y del gerente general, Nilton Olazábal Yenque.

Proyectos eléctricos potencian la cobertura y servicio en el norte

Durante la reunión técnica se detallaron los proyectos de transmisión eléctrica y electrificación rural que ejecuta la empresa, así como las metas de expansión previstas para los próximos años.

Estas iniciativas buscan garantizar la continuidad del servicio, ampliar la cobertura eléctrica y acompañar el crecimiento y desarrollo de las regiones del norte del país.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 60 tiendas y una red de distribución que abastece a unos 700 vendedores, alcanzando cerca de 100.000 puntos de venta, principalmente en Lima Norte y Lima Centro.

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Como parte de su crecimiento, Vega prevé abrir nuevos locales en distritos como Lurín, Chosica, Monterrico (Surco) y San Martín de Porres, zonas identificadas por su dinamismo comercial. Además, anunció la reconversión de una tienda en el sector Año Nuevo, en Comas, en un espacio con enfoque histórico sobre la evolución de la empresa.

La firma, que inició operaciones como distribuidora, busca consolidar su presencia tanto en el canal mayorista como en el retail, en un contexto de mayor competencia y cambios en el consumo urbano.

La empresa peruana cuenta con 60 locales y estima alcanzar en tres años (2029), a las 200 tiendas a nivel nacional.

El presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Giofianni Peirano, informó que el análisis identifica a Lima, Callao, Ica y Arequipa como las regiones con mayores condiciones para el desarrollo de estas zonas tras evaluar infraestructura logística, conectividad portuaria, capacidad institucional, potencial exportador y capital humano.

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ZEEP: ventajas logísticas impulsan al Perú como hub productivo

El estudio técnico consideró factores vinculados a infraestructura logística, conectividad portuaria y capacidad institucional como elementos clave para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de las futuras zonas económicas especiales. Estas condiciones permiten identificar territorios con mejores posibilidades para atraer industrias de mayor complejidad tecnológica.

En ese contexto, Peirano señaló que el país cuenta con ventajas estratégicas vinculadas a su ubicación en el Pacífico y al desarrollo de nuevos corredores logísticos y portuarios. “El Perú cuenta con ventajas estratégicas vinculadas a su ubicación en el Pacífico y al desarrollo de nuevos corredores logísticos y portuarios, lo que abre oportunidades para consolidar al país como un hub logístico y productivo en Sudamérica”.

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Ceplan destaca ZEEP como motor de tecnología

El titular del Ceplan resaltó que el objetivo de las ZEEP no es únicamente incrementar exportaciones, sino promover procesos de transformación productiva que generen mayor valor agregado y empleo formal en las regiones.

“Las Zonas Económicas Especiales Privadas representan una oportunidad para impulsar la incorporación de tecnología, fortalecer la producción nacional y generar cadenas de valor con mayor competitividad internacional”, afirmó Peirano. Además, remarcó la necesidad de avanzar hacia una economía más diversificada y menos dependiente de la exportación de materias primas.

Articulación público-privada y desarrollo regional

El funcionario enfatizó que la articulación entre el sector público y privado será fundamental para atraer industrias de mayor complejidad tecnológica y promover la transferencia de conocimiento hacia las empresas nacionales.

Asimismo, señaló que el desarrollo de estas zonas debe ir acompañado de planificación territorial, servicios adecuados y fortalecimiento del capital humano. “Las Zonas Económicas Especiales Privadas pueden convertirse en espacios de articulación productiva y tecnológica que contribuyan a dinamizar las economías regionales”.

En cuanto a la normativa vigente, la Ley de CTS, establecida en el Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, permite de forma excepcional el retiro del 100% de los fondos acumulados. Habitualmente, estos montos permanecen intangibles mientras el trabajador está en actividad.

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Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podrás sacar el 100%?

La ley vigente autoriza, por única vez, el retiro total de la CTS acumulada hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que los trabajadores pueden disponer libremente del dinero depositado en sus cuentas CTS en las entidades financieras durante todo este periodo.

El texto legal lo establece claramente: “Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a los trabajadores (…) a disponer libremente del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”, señala la norma vigente. Esto incluye tanto los fondos ya acumulados como los que se depositen durante el 2026.

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Cambio desde 2027: Solo podrás retirar el 50% de la CTS

El retiro libre total será temporal. A partir del 2027, las cuentas CTS dejarán de tener acceso completo y volverán a contar con un 'candado parcial' , lo que limitará el dinero que se podrá retirar.

La ley ya promulgada precisa el nuevo escenario: “El trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos”. Es decir, desde ese momento solo se permitirá retirar la mitad de los fondos, manteniéndose la naturaleza de seguro de desempleo de este beneficio.

Depósito CTS mayo y noviembre: Lo que debes saber del pago

El primer depósito del 2026 debe realizarse como máximo el viernes 15 de mayo, mientras que el segundo depósito se efectuará el 15 de noviembre. Estos pagos corresponden a los trabajadores formales del sector privado que se encuentran en planilla o media planilla.

La CTS equivale, en términos generales, a medio sueldo, aunque puede ser menor dependiendo de los días no trabajados, el tamaño de la empresa y el régimen laboral. Tras el depósito, algunos trabajadores podrían esperar hasta dos días hábiles para disponer del dinero.

El pago de noviembre será el último que podrá retirarse al 100%, lo que convierte al 2026 en el penúltimo año con acceso total a este beneficio según la Ley N.º 32322.

En declaraciones a La República, Candela señaló que actualmente existen dos grandes problemas vinculados a la infraestructura pública. Por un lado, más de S/46.000 millones comprometidos en obras paralizadas por distintas causas, según el último informe de la Contraloría General de la República; y, por otro, más de 12.000 proyectos detenidos específicamente por falta de recursos económicos.

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“Son dos cifras distintas. Los 46.000 millones corresponden a obras paralizadas por diferentes razones, mientras que los 12.000 proyectos sí están detenidos por falta de financiamiento”, explicó.

El representante del gremio cuestionó que el Estado continúe impulsando nuevos proyectos sin resolver primero las obras inconclusas que permanecen detenidas en distintas regiones del país. “Nos preocupa que se sigan invirtiendo en nuevos proyectos sin cubrir el financiamiento para esos 12.000 proyectos que están parados”, afirmó.

Asimismo, reveló que la SNCI solicitó una reunión con el titular del MEF, Rodolfo Acuña, para conocer las acciones concretas que se aplicarán para acelerar la ejecución de obras públicas; sin embargo, indicó que hasta la fecha no reciben respuesta.

“Creemos que él es el responsable político de dar la cara a los gremios y explicar cuáles son las razones y cuáles son las medidas que se están adoptando. Un simple comunicado no es suficiente”, sostuvo.

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Obras paralizadas: gremio advierte problemas de gestión y falta de capacitación

Candela también señaló que uno de los factores que agrava la paralización de proyectos es la falta de implementación de normas aprobadas para agilizar pequeñas obras públicas en municipios y gobiernos regionales.

Según explicó, muchas entidades no están convocando procesos vinculados a proyectos menores a un millón de soles, pese a que este grupo representa una parte importante de las obras detenidas a nivel nacional.

“No sabemos qué está pasando con las leyes que se aprobaron en su momento porque los municipios no están continuando con la convocatoria de procesos”, indicó.

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El director ejecutivo de la SNCI advirtió, además, que la constante rotación de funcionarios públicos dificulta mejorar la capacidad de gestión de las entidades encargadas de ejecutar infraestructura. “Los funcionarios rotan continuamente. No puedes capacitar una vez y esperar resultados todo el año”, comentó.

En esa línea, insistió en la necesidad de fortalecer la capacitación permanente en gobiernos regionales y municipales para evitar retrasos en procedimientos administrativos y en la ejecución presupuestal.

Candela también alertó sobre demoras en entidades responsables de aprobar registros y procedimientos vinculados a contrataciones públicas, situación que ralentiza el avance de proyectos de infraestructura.

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Inversión privada necesita mayor confianza y estabilidad

El representante del sector construcción sostuvo que la infraestructura pública y privada será fundamental para impulsar la reactivación económica y reducir brechas sociales en el país.

Por ello, destacó la importancia de mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OXI) y Servicios por Impuestos, aunque remarcó que el avance de estos modelos dependerá de la confianza que transmita el Estado a los inversionistas.

“La inversión privada va a avanzar en la medida en que sienta confianza con la otra parte, que es el Estado”, señaló.

Finalmente, Candela pidió al Ejecutivo implementar un “shock reactivador” enfocado en asignar recursos a obras desfinanciadas, acelerar aprobaciones administrativas y reforzar el acompañamiento técnico a gobiernos subnacionales.

“La infraestructura formal genera empleo, paga impuestos y ayuda al crecimiento económico. Lo que necesitamos es que se reactive cuanto antes”, concluyó.

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Usuarios en línea reportan problemas con Yape y otras apps del BCP

A través de redes sociales, usuarios del BCP mostraron su malestar por la imposibilidad de utilizar los servicios de la billetera digital Yape. Asimismo, otros indicaron que se encontraron en plena cena por el Día de la Madre, y que, al momento de pagar, no pudieron acceder, por lo que no tuvieron otra alternativa que utilizar otro método de pago.