El resultado muestra un cambio en la percepción de las empresas sobre la evolución de la actividad económica durante el cierre de 2026 y el inicio de 2027. En agosto, el indicador se encontraba en 57,3 puntos y en setiembre todavía permanecía en terreno optimista. En octubre, en cambio, cruzó el límite hacia el tramo pesimista.

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La confianza también perdió fuerza en el horizonte de mediano plazo. Las expectativas sobre la economía peruana a 12 meses bajaron de 67,6 puntos en setiembre a 63,1 en octubre. Aunque continúan por encima de los 50 puntos, el retroceso evidencia que las empresas también moderaron sus proyecciones para el próximo año.

La encuesta registró una caída en todos sus indicadores de expectativas. Sin embargo, esto no significa que todos hayan pasado a terreno pesimista: 16 de los 18 indicadores de situación actual y expectativas permanecieron por encima de los 50 puntos. Los dos que quedaron por debajo de ese nivel fueron las expectativas sobre la economía a tres meses y la demanda respecto de lo esperado.

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Demanda respecto de lo esperado cae a 47,3 puntos

El segundo indicador que ingresó a terreno pesimista fue el nivel de demanda de productos y servicios respecto de lo que las empresas habían previsto. Este resultado descendió de 53,3 puntos en setiembre a 47,3 en octubre.

Se trata de una medición de la situación actual de los negocios: recoge cómo evalúan las compañías la demanda que reciben frente a sus propias previsiones. No debe confundirse con las expectativas de demanda para los próximos meses, que todavía se mantienen en zona optimista.

En octubre, la situación actual de las ventas alcanzó 57,9 puntos y la producción llegó a 60,3 puntos. Las órdenes de compra respecto del mes anterior también permanecieron por encima de 50 puntos, aunque bajaron de 55,7 a 54,2.

Las perspectivas sobre la demanda futura siguieron una tendencia descendente. Para los siguientes tres meses, el indicador pasó de 63,1 puntos en setiembre a 59,3 en octubre. A 12 meses, disminuyó de 71,7 a 67,5 puntos. Ambos resultados continúan en terreno optimista.

La percepción sobre el sector económico al que pertenecen las empresas también se debilitó. Las expectativas a tres meses cayeron de 56,1 a 51,9 puntos, con lo que se acercaron al umbral pesimista. En el horizonte de un año, bajaron de 66,7 a 62,4 puntos.

La evaluación sobre la situación de los propios negocios mostró un comportamiento similar. Las expectativas empresariales para los siguientes tres meses retrocedieron de 59 a 53,8 puntos, mientras que las proyecciones a 12 meses pasaron de 68,1 a 65,7 puntos.

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BBVA estima que El Niño restará 1,3 puntos al crecimiento de 2027

El retroceso de la confianza empresarial se produce en un escenario de riesgos para la actividad productiva. Entre ellos figura el fenómeno El Niño costero, cuyo impacto podría intensificarse durante la temporada de lluvias de los próximos meses.

BBVA Research estima que las anomalías climáticas restarán 0,9 puntos porcentuales al crecimiento del producto bruto interno (PBI) peruano en 2026 y otros 1,3 puntos en 2027. En su informe Situación Perú, publicado en octubre, la entidad redujo su proyección de crecimiento económico a 2,9% para ambos años. En junio esperaba una expansión de 3,1% para 2026 y de 3,5% para 2027.

La entidad identifica un desempeño desigual entre las actividades productivas. La construcción, el comercio y los servicios muestran mayor dinamismo, respaldados por la demanda interna y la inversión privada. En contraste, el desempeño de los sectores primarios es más débil, especialmente en la pesca y el agro, debido a las condiciones climáticas.

La menor disponibilidad de anchoveta ya afecta la producción de harina y aceite de pescado. BBVA Research también advierte sobre riesgos para distintos cultivos agrícolas. Durante la temporada de lluvias, los efectos podrían extenderse al transporte, el comercio y algunos servicios por las inundaciones, los desbordes de ríos y las interrupciones de carreteras.

La entidad prevé que el impacto sobre la actividad se concentre principalmente en la primera mitad de 2027. En ese periodo, la economía crecería entre 1% y 2% interanual. Para el segundo semestre, proyecta una expansión cercana al 4%, favorecida por la normalización de las condiciones climáticas y la reconstrucción de la infraestructura afectada.

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ENFEN prevé lluvias por encima de lo normal hasta enero de 2027

El pronóstico oficial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) también advierte sobre la duración del evento climático. En su Comunicado N.° 19-2026, publicado el 30 de octubre, el organismo señaló que El Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y luego disminuiría gradualmente hasta junio de ese año.

Para el periodo de noviembre de 2026 a enero de 2027, el ENFEN prevé lluvias por encima de lo normal en la costa norte, la costa central, la sierra occidental y la sierra central occidental. En estas zonas podrían registrarse episodios de moderada a fuerte intensidad.

El pronóstico hidrológico anticipa caudales superiores a lo normal en los ríos de la costa norte, principalmente Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Esta tendencia se acentuaría desde diciembre hacia la costa central, con posibles incrementos en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

El escenario será distinto en otras regiones. El organismo prevé precipitaciones normales o inferiores a lo habitual en sectores de la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la Amazonía. En la región del Titicaca se esperan lluvias por debajo de lo normal y caudales menores en sus ríos tributarios, situación que podría comprometer el nivel del lago y las reservas hídricas para la campaña agrícola de 2027.

En el sector pesquero, el calentamiento del mar mantendría a la anchoveta profundizada y muy cerca de la costa, lo que limitaría su disponibilidad para sus depredadores. El ENFEN advierte que esta condición continuará afectando la alimentación de las aves guaneras y los lobos marinos.

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Inversión y contratación también retroceden, pero siguen en terreno optimista

La menor confianza sobre el desempeño de la economía todavía no se refleja en un escenario pesimista para las decisiones empresariales de inversión y empleo. Sin embargo, las proyecciones para ambos indicadores también disminuyeron en octubre.

Las expectativas de inversión de las empresas para los próximos tres meses pasaron de 55,2 puntos en setiembre a 54,8 en octubre. A 12 meses, el indicador bajó de 66 a 64,2 puntos.

En cuanto a la contratación de personal, las perspectivas para los siguientes tres meses retrocedieron de 55,8 a 54,9 puntos. Para el horizonte de un año, disminuyeron de 64,6 a 62,3 puntos.

Los cuatro resultados permanecen por encima de los 50 puntos, pero muestran una moderación en los planes empresariales. La caída también se observa en las expectativas sobre la situación de los propios negocios y el sector económico al que pertenecen las compañías.

Así, los resultados de octubre muestran que el pesimismo se concentra en la percepción sobre la economía peruana a tres meses y en la demanda recibida frente a lo esperado. La inversión, la contratación y las perspectivas sobre los negocios todavía se mantienen en terreno optimista, aunque todos esos indicadores registraron retrocesos respecto del mes anterior.

“Lo que se ha decidido es el próximo año moverlos a los lunes. No va a caer el número absoluto de feriados, sino moverlos a los lunes”, señaló el titular del MEF durante una entrevista en RPP.

Cuba cuestionó que durante el último periodo presidencial y congresal se hayan incorporado tres nuevos feriados, al considerar que el aumento de días festivos tiene consecuencias sobre la productividad y los ingresos. Para el ministro, estas interrupciones no afectan únicamente a las empresas, sino también a quienes dependen de sus actividades diarias para generar recursos.

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¿Qué feriados cambiarán de fecha desde 2027?

El planteamiento establece que los feriados que coincidan con días laborables entre martes y viernes pasarán al lunes más cercano. Sin embargo, el esquema contempla excepciones para fechas tradicionales como Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

En la práctica, los feriados que caigan martes, miércoles o jueves podrían trasladarse al lunes anterior, mientras que los que coincidan con viernes pasarían al lunes siguiente. De esta manera, se busca concentrar los descansos al inicio de la semana y evitar que se interrumpan las actividades productivas durante las jornadas laborales.

La reorganización no supone una reducción de los 16 feriados nacionales que contempla actualmente el calendario peruano. Por el contrario, se mantendría la cantidad de días festivos, aunque cambiarían algunas de sus fechas de celebración.

El Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 del MEF también recoge esta propuesta y señala que la modificación apunta a dinamizar el turismo interno y mitigar el impacto de los descansos de mitad de semana sobre la continuidad de las actividades económicas.

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Elmer Cuba cuestiona impacto de feriados en trabajadores informales

El ministro advirtió que los días festivos también tienen consecuencias para los trabajadores que se desempeñan en la informalidad, quienes no necesariamente cuentan con un descanso remunerado y pueden dejar de percibir ingresos cuando no realizan sus actividades.

“Sobre todo para la gran mayoría de peruanos que no gozan de ese beneficio porque están en el mundo informal, porque en ese día dejan de vender”, sostuvo.

A diferencia de los trabajadores formales, que cuentan con el derecho al descanso remunerado durante los feriados, quienes dependen de sus ventas diarias pueden ver reducidos sus ingresos cuando dejan de atender sus negocios o realizar sus actividades comerciales.

Cuba reconoció que la propuesta de largo plazo contemplaba reducir la cantidad de feriados nacionales. Sin embargo, el cambio previsto para 2027 apunta a modificar su distribución durante la semana, sin eliminar días festivos del calendario.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 6 de noviembre

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La utilidad operativa alcanzó los US$461,4 millones, mientras que la ganancia bruta llegó a US$630,4 millones. En contraste, durante los primeros nueve meses de 2025, Petroperú había registrado una pérdida operativa de US$151,4 millones y una pérdida bruta de US$528.000.

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La compañía atribuyó la mejora principalmente a la comercialización de inventarios de productos terminados adquiridos a menores costos, en un contexto de incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. También incidieron los mejores márgenes de refinación y las estrategias de precios y descuentos aplicadas a sus productos.

Otro factor fue la reducción de los gastos operativos, de ventas y administrativos. El costo de ventas disminuyó de US$2.593,7 millones en enero-septiembre de 2025 a US$2.080,9 millones en el mismo periodo de este año. En tanto, los ingresos por actividades ordinarias aumentaron 4,6% y alcanzaron los US$2.711,3 millones.

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Problemas de liquidez todavía afectan el abastecimiento de crudo

Pese a la recuperación de sus ganancias, Petroperú continuó enfrentando dificultades para mantener el abastecimiento regular de crudo y la disponibilidad de producción de sus refinerías. La empresa atribuyó estas limitaciones a sus problemas de liquidez y a las paradas programadas por mantenimiento.

Como parte de las medidas para atender estas necesidades, la petrolera recibió en septiembre el primer desembolso de un financiamiento puente por US$475 millones, en el marco del Decreto de Urgencia 003-2026. Al cierre de ese mes, había utilizado US$217 millones para cancelar créditos destinados a la compra de crudo, adquirir nuevos cargamentos y priorizar pagos pendientes a proveedores.

La operación fue estructurada a través de un fideicomiso administrado y supervisado por ProInversión. Según la empresa, el financiamiento está orientado a sostener las compras de petróleo, mantener las operaciones y atender las necesidades de capital de trabajo.

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Petroperú redujo en US$931,8 millones su déficit de capital de trabajo

Al cierre de septiembre de 2026, Petroperú registró un déficit de capital de trabajo de US$1.364,6 millones, por debajo de los US$2.296,4 millones reportados en diciembre de 2025. La diferencia se redujo en US$931,8 millones durante ese periodo.

En ese lapso, los activos corrientes de la petrolera aumentaron de US$1.090,7 millones a US$1.599,1 millones. El principal cambio se registró en los inventarios, cuyo valor pasó de US$559,1 millones a US$997,4 millones. También se incrementó el efectivo disponible, de US$26,4 millones a US$45,4 millones.

Según el reporte de gestión del tercer trimestre de Petroperú, la reducción del déficit también estuvo relacionada con el retorno de la deuda CESCE al largo plazo, tras una dispensa obtenida en junio por el incumplimiento de una condición financiera. Este cambio modificó la composición de las obligaciones corrientes de la empresa.

Pese a la reducción, al cierre del tercer trimestre los pasivos corrientes todavía superaban a los activos corrientes. Petroperú indicó que mantiene medidas para administrar su liquidez, priorizar los pagos necesarios para sus operaciones y ampliar sus fuentes de financiamiento.

"Los derivados del petróleo han subido bastante más, el precio del diésel está en un nivel como si el petróleo estuviera a 200 dólares (el barril). Pese a todo ello vemos que por estos días sí está descendiendo el precio. Veremos qué pasa más adelante", manifestó Velarde.

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La advertencia sobre los combustibles se produce en un escenario en el que los precios internos todavía registran incrementos importantes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación nacional llegó a 4,83% en los últimos doce meses hasta octubre, mientras que en Lima Metropolitana alcanzó 5,25%.

Combustibles acumulan alza de 44,92% en los últimos doce meses

El aumento de los combustibles también se refleja en las cifras del INEI. A nivel nacional, los precios de los combustibles y lubricantes para equipos de transporte personal acumularon un aumento de 44,92% entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Solo durante octubre, este rubro avanzó 3,83%.

En Lima Metropolitana, el incremento anual de este grupo llegó a 43,67%. Entre los productos que subieron durante octubre estuvieron el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular, con 5,8%; el gasohol, con 3,8%; y el petróleo diésel, con 1,7%.

El encarecimiento también alcanzó los servicios de transporte. A nivel nacional, esta división registró un aumento mensual de 0,89% y acumuló una variación de 14,52% en los últimos doce meses. En Lima, el incremento anual llegó a 15,75%.

Estas variaciones se producen en un contexto en el que el combustible representa un componente de los costos de operación del transporte de mercancías y pasajeros. Su evolución será relevante para determinar si las presiones sobre los precios se mantienen durante los próximos meses.

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El Niño Costero mantendría magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027

Sobre el fenómeno climático, Velarde consideró que la reacción de los mercados internacionales sería importante, pero no tendría efectos prolongados sobre la economía mundial.

"El riesgo de esto [Fenómeno El Niño] no creo que sea tan duradero. Es una cosa temporal sí, pero va a afectarnos a todos", señaló durante su intervención. También sostuvo que el fenómeno no tendría la magnitud suficiente para arrastrar a la economía mundial hacia una caída prolongada.

Sin embargo, el escenario climático previsto para el Perú mantiene riesgos durante los próximos meses. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que El Niño Costero conservaría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y disminuiría gradualmente hasta junio de ese año.

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, se esperan precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sectores de la sierra occidental. Los caudales de los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque también podrían superar sus valores habituales. Desde diciembre, esta tendencia alcanzaría las cuencas del Chillón, Rímac y Lurín.

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El escenario supone riesgos para las actividades agrícolas y la infraestructura expuesta a inundaciones. El ENFEN también advirtió que los reservorios de Tinajones, en Lambayeque, y Paucarani, en Tacna, continuarían con niveles bajos. Un eventual déficit de lluvias en la sierra sur y sur-centro oriental podría comprometer las reservas de agua destinadas a la campaña agrícola de 2027.

Pesca también enfrenta cambios por el calentamiento del mar

El impacto de El Niño Costero también alcanza a los recursos marinos. Según las proyecciones del ENFEN, la anchoveta permanecería profundizada y cerca de la costa, una condición que limitaría su disponibilidad como alimento para sus depredadores.

Las condiciones cálidas del mar ya incidieron en la actividad extractiva. El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso concluir la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro desde el 21 de agosto de 2026, tras la recomendación del IMARPE ante un escenario oceanográfico y biológico desfavorable. La evaluación científica encontró que el 65% de los ejemplares disponibles eran juveniles y que la anchoveta presentaba bajos niveles de contenido graso. La decisión respondió a la necesidad de proteger la renovación del recurso.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 5 de noviembre

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Este retroceso preocupa porque estas actividades dependen directamente del clima y de los recursos naturales. Cuando las lluvias, las sequías o los cambios en el mar afectan la producción, las empresas reducen sus operaciones y necesitan menos trabajadores.

Pero el impacto no termina en quienes tienen un empleo formal, sino que alcanza también a pescadores, agricultores familiares y personas que viven de actividades independientes, cuyos ingresos pueden desaparecer cuando se interrumpe su trabajo.

Para Juan Carlos Vargas, economista e investigador del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), precisamente ahí se encuentra una de las principales debilidades de la respuesta del Gobierno. Mientras las medidas económicas apuntan a sostener la actividad productiva y financiar obras de prevención y reconstrucción, todavía no existe una estrategia suficientemente clara para identificar y proteger a quienes ya perdieron su fuente de ingresos.

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Pesca pierde actividad y anticipa un mayor deterioro del empleo

La contracción laboral va de la mano con la caída de la producción. Vargas explicó a La República que las empresas contratan según cuánto producen. Si una actividad reduce su oferta de bienes o servicios, necesita menos trabajadores. Por eso los sectores primarios concentran la mayor pérdida de empleos.

Uno de los casos más críticos es la pesca. De acuerdo con la información presentada por PLADES, esta actividad acumuló una contracción de 31,7% al tercer trimestre de 2026, mientras minería e hidrocarburos retrocedieron 5,5%.

La menor disponibilidad de especies marinas ha complicado las operaciones de la industria pesquera, que necesita estos recursos para elaborar harina y conservas. Los peces se desplazan hacia otras zonas o permanecen a profundidades que dificultan su captura, por lo que varias operaciones se han visto paralizadas desde mayo.

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El efecto sobre el empleo ya había sido advertido por un estudio encargado por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que estimó entre 55.000 y 70.000 los puestos de trabajo afectados en la pesca industrial. Para Vargas, esta actividad explicaría buena parte de la pérdida registrada durante el primer semestre, aunque advierte que el deterioro podría extenderse con mayor fuerza a la agricultura en los siguientes meses.

El especialista prevé que los próximos reportes laborales reflejen un impacto mayor, pues la actividad productiva ha seguido restringiéndose. La agricultura, por ejemplo, todavía mostraba una caída menor en los indicadores presentados, pero sus efectos podrían hacerse más visibles conforme avance la afectación climática.

Trabajadores independientes quedan fuera de la respuesta ante El Niño

El problema de las medidas planteadas por el Gobierno es que buena parte de ellas está pensada para empresas formales y trabajadores asalariados, cuando una emergencia climática también golpea a quienes no tienen un empleador que responda por sus ingresos. Es el caso de los trabajadores por cuenta propia y de las familias que dependen de pequeños terrenos de cultivo para producir y subsistir.

Vargas advirtió que estos grupos prácticamente no aparecen en las propuestas que se vienen discutiendo entre el Estado, los gremios empresariales y las centrales sindicales.

"Hay alguien que está fuera de la mesa, fuera de la discusión, que es esto que hemos mencionado... los que están siendo invisibilizados", señaló.

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La situación es especialmente delicada en regiones con altos niveles de informalidad. En Piura, por ejemplo, alrededor del 65% del empleo es informal. Allí, perder una cosecha o detener una actividad comercial puede dejar a miles de personas sin ingresos, y muchas no cuentan con la protección que sí tiene un trabajador formal.

El paquete económico anunciado incluye bonos para familias vulnerables, mantenimiento de colegios, centros de salud y carreteras, construcción de viviendas y obras de saneamiento, además de recursos para dar liquidez a los sectores afectados. Son medidas pensadas para sostener la economía y recuperar la infraestructura dañada, pero no resuelven qué pasará con las personas que dejarán de trabajar durante la emergencia.

Por eso, el investigador propone crear mecanismos de compensación para los trabajadores independientes y autónomos, y subsidiar las planillas para que las empresas puedan mantener a su personal. Así se evitaría que los despidos o la suspensión perfecta de labores sean la primera salida cuando la actividad económica cae.

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Piden proteger el empleo para evitar otro golpe como el de la pandemia

La preocupación tiene un antecedente concreto. Durante la pandemia de COVID-19, el país perdió alrededor de 500.000 puestos de trabajo formales y tardó cerca de cuatro años en volver a los niveles previos, recordó Vargas. A esto se sumaron los trabajadores independientes que también tuvieron que parar sus actividades, pero que no contaban con una protección equivalente.

Para evitar que una emergencia climática vuelva a dejar una secuela prolongada en el empleo, las centrales sindicales presentaron al Consejo Nacional del Trabajo una propuesta que incluye una fiscalización más estricta de la suspensión perfecta. Este mecanismo permite que la empresa deje de exigir trabajo y de pagar remuneraciones por un tiempo, pero los gremios piden que solo se aplique cuando sea realmente imposible seguir operando, y que esa situación esté acreditada y fiscalizada.

El documento también propone licencias con goce de haber que luego puedan compensarse, protección de los salarios cuando haya reubicaciones geográficas y subsidios condicionados a mantener las planillas. En el caso de los independientes, el desafío es crear un sistema que permita identificarlos y hacerles llegar ayuda cuando sus actividades se interrumpan.

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Vargas considera que el país cuenta con mejores condiciones económicas para financiar una respuesta de mayor alcance que antes de la pandemia. "Estamos en condiciones económicas mucho mejores que las que teníamos en el 2019. Entonces, no hay una excusa por dinero, hay dinero. (...) Los recursos están ahí y pueden brindar una base para tener programas un poquito más ambiciosos", sostuvo.

A su juicio, hay que partir de reconocer que proteger el empleo también es proteger a quienes trabajan por cuenta propia, porque sus ingresos sostienen el consumo de miles de hogares.

La respuesta ante El Niño no debería medirse solo por el dinero destinado a reconstruir carreteras, reparar infraestructura o reactivar empresas. También tendrá que demostrar si logra llegar a quienes ya perdieron su trabajo y a quienes podrían quedarse sin ingresos cuando las actividades productivas vuelvan a paralizarse.

El presidente de la comisión, el senador José Arista (Fuerza Popular), señaló que el documento deberá completar el trámite correspondiente en un plazo corto, pues la intención es que llegue al Pleno del Congreso el próximo 15 de noviembre. Presupuesto 2027 aumenta 3,5% y distribuye recursos entre los tres niveles de gobierno.

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Como se sabe, el monto aprobado asciende a S/266.506 millones, lo que representa un incremento de 3,5% frente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026. Esto supone alrededor de S/8.945 millones más para financiar el funcionamiento de las entidades públicas, los servicios estatales y las inversiones durante el próximo año.

La mayor parte de los recursos se concentrará en el Gobierno nacional, con S/166.613 millones. Los gobiernos regionales recibirán S/58.672 millones, mientras que los gobiernos locales contarán con S/41.222 millones. Esta distribución comprende el financiamiento de las entidades de los tres niveles de gobierno, desde los ministerios hasta los municipios.

Por sectores, educación encabeza las asignaciones con S/52.198 millones, seguida de salud, con S/32.208 millones, y transporte, que dispondrá de S/26.014 millones. La propuesta también reserva recursos para seguridad ciudadana, programas sociales y acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Durante la discusión, Arista puso énfasis en la necesidad de evitar que el presupuesto termine financiando obras que no puedan concluirse. Según explicó, los pedidos para incorporar nuevos proyectos de inversión superan los S/40 millones, por lo que deben pasar por una evaluación detallada que considere su grado de ejecución y el impacto que tendrían sobre el equilibrio fiscal. El objetivo, sostuvo, es priorizar inversiones sostenibles y evitar que el Estado acumule proyectos inconclusos.

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Más de 226.000 trabajadores CAS recibirían gratificaciones y CTS

Entre las disposiciones incorporadas al dictamen figura la autorización para que las entidades públicas realicen modificaciones presupuestarias hasta el 31 de marzo de 2027, con el propósito de financiar las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, la compensación por tiempo de servicios (CTS) y los aportes a EsSalud de 226.401 trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

La medida busca cubrir estos compromisos laborales con recursos del presupuesto público. Para ello, las instituciones podrán efectuar los ajustes necesarios dentro de los límites establecidos en el texto aprobado, sin que esto signifique una incorporación automática de nuevos trabajadores.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, también resaltó las disposiciones para reforzar la atención en los establecimientos de salud mediante la incorporación de aproximadamente 5.010 profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales. El ingreso de este personal se realizará mediante concurso público de méritos y en plazas presupuestales que se encuentren vacantes.

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Sobre este punto, Arista sostuvo que contar con infraestructura sanitaria no garantiza por sí sola la prestación del servicio si no existe personal suficiente para atender a los pacientes. Por ello, consideró necesario que el presupuesto también permita cubrir las necesidades de recursos humanos de los establecimientos de salud.

El dictamen, además, prohíbe nuevas incorporaciones bajo el régimen CAS y contrataciones por locación de servicios para realizar labores asistenciales permanentes, aunque mantiene la posibilidad de renovar o prorrogar los contratos CAS que ya se encuentran vigentes. Cuba agregó que otras disposiciones permitirían actualizar puestos derivados de cambios en la organización de las entidades públicas, lo que beneficiaría a 6.394 servidores de seis instituciones.

Presupuesto incluye recursos para programa Contigo y restricciones al gasto público

En materia social, el texto autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a transferir recursos a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para financiar las pensiones y los gastos operativos vinculados al programa Contigo. Esta intervención está dirigida a personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza y, según informó el titular del MEF, comprende a más de 142.000 beneficiarios.

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Otra de las disposiciones está relacionada con los núcleos ejecutores de compras del Ministerio de la Producción, mecanismos que permiten canalizar adquisiciones estatales mediante la participación de micro y pequeñas empresas. El dictamen contempla facilidades para financiar estas operaciones, con el propósito de mantener su participación como proveedoras del Estado.

Asimismo, se incorporan medidas para atender obligaciones de la Biblioteca Nacional del Perú y de la Contraloría General de la República. Estas disposiciones se suman a los recursos previstos para el funcionamiento de las instituciones públicas durante el siguiente ejercicio fiscal.

En cuanto al control del gasto, la propuesta prohíbe destinar presupuesto a celebraciones, agasajos y actividades similares durante 2027, excepto cuando estén vinculadas directamente con las competencias y funciones de cada entidad. También refuerza los controles sobre los compromisos presupuestales que puedan trasladarse a ejercicios fiscales posteriores.

Con la aprobación de la comisión, el dictamen inicia la siguiente etapa de su trámite parlamentario. La propuesta deberá ser debatida y votada por el Pleno del Congreso, donde se definirá si el presupuesto de más de S/266.500 millones queda aprobado para financiar las actividades del Estado durante 2027.

El proyecto de ley 00744/2026-CR vincula la ampliación del Reinfo con la culminación de un censo nacional de mineros y la revisión de concesiones que no registren actividad productiva. Si ambas tareas concluyen antes de diciembre de 2028, el proceso de formalización terminaría 60 días después de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficialice su culminación mediante un decreto supremo.

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Durante la ampliación, los registros del Reinfo conservarían sus efectos, aunque seguirían sujetos a las causales de suspensión y exclusión establecidas. La propuesta no contempla reincorporar automáticamente a quienes ya fueron retirados del registro ni habilitar actividades mineras en zonas prohibidas.

Para sustentar el cierre del proceso, el proyecto encarga al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al Minem y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) completar el censo y actualizar la información sobre los operadores mineros. El objetivo es contar con un padrón que permita identificar a quienes realizan actividades de pequeña minería y minería artesanal, además de ordenar la información necesaria para revisar los derechos mineros.

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Concesiones de grandes empresas pagarían hasta US$20 por hectárea

Otro de los cambios centrales está en las tarifas que pagan los titulares para mantener vigentes sus concesiones. El proyecto propone establecer montos diferenciados según la extensión total de terreno acumulada por cada titular. Quienes tengan hasta 10.000 hectáreas pagarían US$3 por hectárea al año; los que concentren más de 10.000 y hasta 50.000 hectáreas, US$5; quienes superen las 50.000 y lleguen hasta 100.000 hectáreas, US$10; y los titulares con más de 100.000 hectáreas, US$20.

La tarifa se aplicaría sobre toda la superficie acumulada y no únicamente sobre las hectáreas que excedan cada tramo. En cambio, los pequeños productores mineros mantendrían un pago de US$1 por hectárea y los productores mineros artesanales, de US$0,50.

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La iniciativa también plantea que el Ingemmet cruce la información catastral con los registros de Sunarp y Sunat para identificar a los titulares y las empresas vinculadas bajo un mismo control. Los resultados se publicarían cada seis meses, con el propósito de transparentar la concentración de derechos mineros.

Concesiones sin producción podrían perder vigencia después de 15 años

Por otro lado, el proyecto plantea que las concesiones que no alcancen la producción mínima exigida puedan perder su vigencia después del año 15. Sin embargo, contempla ampliaciones de plazo para los titulares que acrediten actividades de exploración, estudios ambientales concluidos, inversiones en prospección o contratos de explotación vigentes con operadores en proceso de formalización.

En determinados casos, el plazo podría extenderse hasta el año 20 y, para titulares que acumulen como máximo 10.000 hectáreas y cumplan requisitos adicionales, hasta el año 30. Durante estas prórrogas se aplicaría una penalidad equivalente al 10%.