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El documento plantea dos escenarios para el próximo año. En el primero, con un Niño extraordinario hasta el segundo trimestre de 2027 y una ejecución del 50% de las medidas fiscales vinculadas a mantenimiento e infraestructura, el PBI crecería 3%. En el segundo, que contempla la prolongación del fenómeno hasta el tercer o cuarto trimestre, un menor crecimiento mundial y una ejecución de apenas 30% de dichas medidas, la expansión económica se limitaría al 2%.

Julio del Castillo, economista y docente de la Facultad de Economía, explicó a La República que los principales canales de transmisión del fenómeno serán el incremento de los precios y la interrupción de las rutas de transporte. Ambos efectos impactarían tanto el abastecimiento de los mercados como el desenvolvimiento de las actividades económicas.

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El norte del país concentraría el mayor impacto económico

Las regiones del norte serían las más perjudicadas por el volumen de precipitaciones, las inundaciones y los desbordes. Según Del Castillo, estos eventos pueden ocasionar el cierre de establecimientos comerciales y la paralización de las vías de comunicación, lo que dificultaría el traslado de productos hacia los centros de comercialización y otras zonas del país.

El informe también identifica riesgos diferenciados según la región. En Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, las principales amenazas son las lluvias intensas y las inundaciones, con consecuencias para la agricultura de exportación, la pesca y el transporte. En Lima, Callao, Áncash e Ica, los huaicos podrían interrumpir las cadenas logísticas y generar problemas de abastecimiento e inflación de alimentos.

A ello se suma el impacto sobre los precios. Del Castillo advirtió que el encarecimiento de los productos ya comenzó a observarse y que esta presión podría acentuarse durante el primer trimestre de 2027. La interrupción de las rutas de transporte dificultaría la distribución de alimentos y otros bienes, mientras que las pérdidas en las actividades productivas reducirían el dinamismo de las economías regionales.

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Inversión privada crecería 6,5% en 2027 ante postergación de proyectos

El impacto del fenómeno también alcanzaría las decisiones empresariales. Aunque las expectativas económicas todavía se mantienen en terreno optimista, el economista señaló que las condiciones de incertidumbre pueden llevar a las empresas a postergar sus inversiones hasta que concluya la emergencia climática.

Del Castillo estimó que la inversión privada cerraría 2026 con un crecimiento superior al 14%, mientras que para 2027 avanzaría alrededor del 6,5%. Si bien continuaría expandiéndose, lo haría a un ritmo considerablemente menor.

El informe de la Universidad de Lima muestra que las expectativas empresariales todavía se encuentran en terreno optimista. En septiembre, las expectativas sobre la economía a tres meses alcanzaron los 57 puntos y las de 12 meses llegaron a 68 puntos, por encima del umbral de 50 que separa el optimismo del pesimismo.

Para Del Castillo, la postergación de proyectos podría dar paso a una recuperación de las decisiones de inversión en 2028, siempre que durante el próximo año se logre contener la crisis y reducir sus efectos sobre la actividad económica.

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Obras paralizadas dejan a las regiones menos preparadas ante El Niño

La ejecución de infraestructura también será determinante para reducir las pérdidas económicas. El economista advirtió que las obras que no lleguen a concluirse dejarán a distintas localidades sin la preparación necesaria para enfrentar las lluvias, inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno climático.

Por ello, consideró necesario avanzar con la identificación y el destrabe de los proyectos paralizados, además de establecer mecanismos de coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades para reactivar las intervenciones pendientes.

El informe también plantea acelerar la cartera de inversiones para el periodo 2026-2029, que incluye proyectos de infraestructura vial, saneamiento, hospitales y transporte. Entre las iniciativas figuran Chinecas, con una inversión estimada de US$5.046 millones, y 17 proyectos de conservación de la Red Vial Nacional, por US$3.130 millones.

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Changpeng Zhao, cofundador de Binance, confirmó las sospechas sobre un posible ataque informático a través de su cuenta de X. Aunque actualmente ya no dirige la compañía, CZ señaló que los movimientos registrados apuntaban a un hackeo y destacó la rápida intervención de ambas empresas para bloquear parte de los fondos.

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«Todo apunta a que Binance ha sufrido un ataque informático. Es de agradecer la rápida intervención de Tether y Circle al congelar dichos fondos», escribió.

En un primer momento, estimó que Tether había inmovilizado alrededor de US$971 millones y Circle otros US$823 millones. Posteriormente, ambas compañías comunicaron cifras mayores.

Zhao también sostuvo que los fondos de los usuarios estaban a salvo y expresó su confianza en que todos los activos estuvieran cubiertos. «Ya no gestiono Binance (.com), pero, como accionista, confío en que todos los fondos de los usuarios estarán totalmente cubiertos», agregó.

Binance informó que sus equipos especializados investigaban los reportes sobre un posible ataque informático. La compañía aseguró que los fondos de sus clientes estaban completamente seguros y pidió a los usuarios mantenerse alerta ante posibles estafas, especialmente frente a enlaces y solicitudes de información provenientes de cuentas no oficiales.

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Congelan más de US$2.300 millones en criptomonedas vinculadas a Binance

Tether y Circle emiten monedas estables, conocidas como stablecoins, cuyo valor está vinculado al dólar. Entre las más utilizadas están USDT y USDC, respectivamente. A diferencia del Bitcoin, estas monedas mantienen una cotización relativamente estable, por lo que se utilizan para realizar pagos, transferencias e intercambios sin exponerse a las fuertes variaciones de otras criptomonedas.

Quienes adquieren estos activos pueden transferirlos entre billeteras digitales o cambiarlos por otras monedas. Sin embargo, hay una particularidad: Tether y Circle conservan la capacidad de bloquear determinadas direcciones cuando detectan operaciones sospechosas o reciben requerimientos de las autoridades, lo que impide que los fondos almacenados en ellas puedan trasladarse o utilizarse mientras se mantenga la restricción.

Tras la alerta, Tether informó que había congelado más de US$1.567 millones y Circle otros US$800 millones vinculados al incidente.

Esta facultad distingue a las stablecoins de criptomonedas como el Bitcoin, que no tienen una empresa emisora capaz de bloquear directamente las unidades de un usuario. En el caso de USDT y USDC, las compañías que las emiten mantienen ese control, una característica que permite intervenir ante operaciones sospechosas, pero que también condiciona el uso de estos activos a las decisiones de sus emisores.

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Posible hackeo a Binance reaviva las dudas sobre la seguridad de las criptomonedas

James Seyffart, analista de Bloomberg Intelligence, advirtió que un eventual vaciamiento de billeteras digitales en Binance representaría un ataque de consideración por el tamaño de la plataforma. También señaló que el sector acumula incidentes recientes que han deteriorado la confianza de sus participantes.

Entre los casos mencionados figuran las pérdidas de cientos de millones de dólares reportadas por Bitget y los perjuicios asociados a la manipulación de dispositivos Ledger, utilizados para almacenar criptomonedas y mantener las claves de acceso fuera de plataformas conectadas permanentemente a internet.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, permite operar con más de 360 activos digitales y asegura tener más de 150 millones de clientes. Sin embargo, su trayectoria también registra cuestionamientos por fallas en sus controles contra el lavado de dinero.

En 2024, su cofundador Changpeng Zhao fue condenado en Estados Unidos a cuatro meses de prisión por incumplir estas normas, aunque recibió un indulto del presidente Donald Trump en octubre de 2025.

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La alerta por el posible ataque vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de las plataformas de criptomonedas, un sector que ya ha registrado otros incidentes. Entre ellos figuran pérdidas de cientos de millones de dólares en Bitget y problemas vinculados a dispositivos de Ledger.

El mercado también atraviesa una semana marcada por factores financieros y políticos. Según Bloomberg, vencen contratos de opciones sobre criptomonedas por unos US$11.000 millones, una operación que puede llevar a los inversionistas a ajustar sus posiciones y generar movimientos en las cotizaciones.

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A esto se suman las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para la próxima semana. En estos comicios se renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado, por lo que el resultado definirá qué partido tendrá mayor influencia en el Congreso y qué iniciativas podrán avanzar.

Entre los temas pendientes está la regulación de las criptomonedas, que incluye nuevas reglas para las plataformas de intercambio y la distribución de funciones entre los organismos supervisores. Una de las propuestas, el proyecto de ley CLARITY, quedó estancada en el Senado en septiembre.

En medio de estos factores, el Bitcoin perdió hasta un 3,7% de su valor y cayó por debajo de los US$79.000, su nivel más bajo desde septiembre, mientras otras criptomonedas también registraron pérdidas.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 29 de octubre

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La dimensión del problema contrasta con los recursos presupuestales asignados durante el año pasado: solo 911 de esas obras, equivalentes al 37,7% del total, contaban con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para 2025. La asignación conjunta fue de S/3.596 millones. Las otras 1.505 no registraban presupuesto modificado para ese año, según el reporte del órgano de control.

En este contexto, el Congreso aprobó el dictamen de la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2025, que plantea crear un Inventario Nacional de Obras Paralizadas. El texto también contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presente un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría y que esta entidad acceda a información tributaria anonimizada de la Sunat, respetando la reserva tributaria.

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Gobierno Nacional concentra S/37.432 millones en obras paralizadas

Aunque los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos, el Gobierno Nacional reúne el mayor monto de inversión comprometida. Según el informe de la Contraloría, las municipalidades y otras entidades locales acumulan 1.693 obras paralizadas, con un costo actualizado de S/10.525 millones. En el nivel nacional hay 386 proyectos, valorizados en S/37.432 millones, mientras que los gobiernos regionales registran 337 obras por S/19.180 millones.

La distribución muestra que el número de obras no necesariamente coincide con el volumen de recursos comprometidos. Los gobiernos locales reúnen el 70,1% de los proyectos paralizados, pero concentran el 15,7% de su costo actualizado. En cambio, el Gobierno Nacional representa el 16% de las obras y el 55,8% de la inversión asociada.

Entre las causas reportadas por las entidades ejecutoras figuran los incumplimientos contractuales, que explican el 26,2% de los casos; la falta de recursos financieros o liquidez, con el 22,9%; las deficiencias de los expedientes técnicos, con el 9,1%; y las controversias, disputas o arbitrajes, con el 8,7%.

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Contraloría identificó 762 obras detenidas en el Banco de Inversiones

La creación del inventario nacional forma parte de las medidas incluidas en el dictamen de la Cuenta General de 2025, que no recibía aprobación parlamentaria desde 2013. La propuesta busca reunir información sobre los proyectos detenidos, mientras que el plan a cargo del MEF apunta a dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Contraloría.

La existencia de registros previos es relevante para evaluar el alcance de la medida. El informe de la Contraloría elaborado con información de Infobras, el Sistema de Seguimiento de Inversiones, el Sistema Integrado de Administración Financiera y el inventario del Banco de Inversiones ya identificaba las 2.416 obras paralizadas. Además, al cierre de 2025, el inventario del Banco de Inversiones registraba 762 obras que continuaban detenidas; de ellas, 466 no contaban con un informe de estado situacional actualizado en el sistema.

El dictamen también plantea que la Contraloría acceda a información tributaria anonimizada de la Sunat, con respeto de la reserva tributaria. Asimismo, el MEF deberá presentar un plan para implementar las recomendaciones del órgano de control, algunas de las cuales, según lo expuesto durante el debate parlamentario, permanecen pendientes desde 2013.

La aprobación de la Cuenta General no equivale a una validación de la gestión de las entidades públicas ni de sus actos administrativos. Tampoco exime a los funcionarios de eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales. El efecto de las medidas dependerá de su implementación y del seguimiento que se realice a las observaciones pendientes.

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La Cuenta General y las cifras del gasto público

La Cuenta General de la República consolida información presupuestaria, financiera y patrimonial de las entidades estatales. De acuerdo con el MEF, durante 2025 el sector público ejecutó S/328.363 millones de presupuesto, equivalente al 93,6% del Presupuesto Institucional Modificado. La inversión pública alcanzó S/61.941 millones, con una ejecución del 83,8% del presupuesto actualizado para ese rubro.

Sin embargo, la auditoría de la Cuenta General encontró resultados distintos según los estados revisados. La Contraloría emitió una opinión sin salvedades sobre el Estado de Tesorería y el Estado de la Deuda Pública; formuló una opinión con salvedades sobre los estados presupuestarios y se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros consolidados.

El MEF informó que se recibió información de 2.536 de las 2.547 entidades consideradas en la Cuenta General, lo que representa una cobertura del 99,6%. Esa proporción da cuenta del alcance de la información reportada, pero no elimina las observaciones de auditoría ni reemplaza el seguimiento que corresponde a las recomendaciones pendientes.

El consumo de cemento habría registrado su mayor crecimiento de los últimos tres meses, mientras que las obras públicas habrían alcanzado su peor resultado en cuatro meses, según el Informe Económico de la Construcción N.° 106, publicado por el gremio. Esta diferencia marcaría un cambio respecto de agosto, cuando ambos indicadores registraron variaciones positivas.

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Construcción habría crecido 10,3% entre enero y septiembre

El desempeño previsto para septiembre se produciría en un marco de varios meses de expansión que habrían llevado al sector a acumular un crecimiento de 10,3% entre enero y septiembre, frente al mismo periodo de 2025. Durante esos nueve meses, el consumo interno de cemento habría aumentado 11,7%, mientras que el avance físico de las obras públicas habría crecido 6,7%, según el informe.

De confirmarse esta proyección, la construcción registraría su mayor crecimiento acumulado para el periodo enero-setiembre desde 2013, si se excluye el rebote económico posterior a la pandemia. La estimación mensual apunta a una pérdida de impulso en las obras públicas hacia el final del periodo, pese a que el balance acumulado del sector se mantendría en terreno positivo.

Los últimos resultados oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) permiten comparar las proyecciones con el desempeño de agosto. Ese mes, la construcción creció 10,34% interanual, el consumo interno de cemento aumentó 7,63% y el avance físico de las obras públicas se expandió 19,33%. Para septiembre, el gremio estima un menor crecimiento general, una aceleración del consumo de cemento y una contracción de las obras públicas.

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S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública quedarían sin ejecutar en 2026

La evolución de las obras públicas también se relaciona con el avance de la inversión pública. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recogidas en el informe, la inversión pública ejecutada creció 8,1% entre enero y septiembre de 2026. Por nivel de gobierno, el gasto aumentó 13,8% en los municipios y 12,2% en los gobiernos regionales. En el Gobierno Nacional, en cambio, avanzó apenas 0,2%.

El estudio estima que al cierre de 2026 quedarían alrededor de S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública sin ejecutar. El monto pendiente pone el foco en la capacidad de las entidades públicas para convertir los recursos presupuestados en gasto efectivo durante los últimos meses del año, mientras el sector enfrenta una posible desaceleración de las obras estatales.

En cuanto a Obras por Impuestos (OxI), al 22 de septiembre se habían adjudicado proyectos por S/9.159 millones, un aumento de 208% frente a 2025, según información de ProInversión incluida en el informe. Capeco proyecta que el monto podría acercarse a S/12.600 millones al cierre del año, lo que representaría un crecimiento de 146% respecto al año anterior.

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Empresas constructoras moderan sus expectativas para 2026

Las expectativas de las empresas constructoras también muestran una revisión a la baja. En su encuesta de octubre, la cámara encontró que la previsión de crecimiento de las operaciones empresariales para todo 2026 pasó de 9,2% en agosto a 8,2%. La variación refleja una perspectiva menos optimista de las compañías consultadas respecto de la que tenían dos meses antes.

En cuanto al crecimiento anual del PBI de la construcción, el gremio redujo su proyección de 9,6% a 8,1%. Otras instituciones mantienen estimaciones distintas: BBVA Research prevé un crecimiento de 10,1%; el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de 9,5%; Macroconsult, de 9,2%; y el MEF, de 8,5%.

Para el quinto bimestre de 2026, las empresas encuestadas por el gremio constructor proyectan un crecimiento de 9,2% en sus operaciones. Por segmentos, la expectativa alcanza el 10% en edificaciones, el 8,7% en infraestructura y el 6,6% en proveedores. Las previsiones corresponden a las operaciones de las empresas consultadas y no a una estimación del PBI sectorial.

Entre los riesgos para el cierre del año, Capeco menciona el aumento de los precios, las tasas de interés y la posibilidad de un Fenómeno El Niño de fuerte intensidad. Estos factores forman parte del escenario que el sector deberá afrontar en los últimos meses de 2026, mientras se esperan los resultados oficiales de septiembre para contrastar las proyecciones del gremio.