La herramienta busca responder al aumento del uso de pagos digitales entre menores de edad y brindar a las familias una alternativa más segura para gestionar el dinero de sus hijos. La empresa señaló que el perfil estará conectado al del adulto responsable, quien podrá supervisar movimientos, consultar saldos y administrar la cuenta desde su celular.

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¿Qué podrán hacer los menores con Yape Hijos?

Con esta nueva modalidad, los usuarios menores de edad podrán enviar y recibir dinero, pagar y cobrar con código QR, realizar recargas de celular y cargar saldo para el Metropolitano y corredores complementarios.

Sin embargo, el sistema contará con límites predefinidos: los menores podrán enviar hasta S/500 diarios y recibir un máximo de S/1.000 mensuales. Estos montos no podrán modificarse.

Además, tendrán acceso a Aprende con Yape, un espacio orientado a fomentar la educación financiera y el uso responsable del dinero desde edades tempranas.

“Con Yape Hijos buscamos que los menores vayan ganando autonomía financiera de forma gradual”, señaló Micaela Elías, gerente de Propuesta de Valor de Pagos de Yape.

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Padres podrán supervisar movimientos y administrar hasta cinco cuentas

La aplicación permitirá que madres y padres administren hasta cinco perfiles “Hijos” desde una misma cuenta principal. También podrán revisar movimientos recientes y eliminar la cuenta cuando lo consideren necesario.

Como medida de seguridad, los yapeos realizados desde la cuenta del menor mostrarán únicamente el nombre del adulto responsable y no el del hijo.

¿Cómo activar Yape Hijos?

Para habilitar esta función, el adulto debe contar con una cuenta Yape adicional, aparte de su cuenta principal, y descargar la aplicación en el celular del menor.

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En caso de no tener una cuenta extra, deberá crearla utilizando otro número de celular y un correo electrónico distinto. Luego, desde la sección 'Hijos', podrá seleccionar la cuenta, asignarle un apodo interno e ingresar la fecha de nacimiento del menor para completar la migración.

La empresa precisó que los usuarios de Yape con cuenta BCP podrán crear las cuentas adicionales directamente desde la aplicación. En cambio, quienes usan Yape solo con DNI deberán acercarse a una agencia del Banco de Crédito del Perú para abrir la cuenta que será vinculada al perfil del menor.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, aseguró a este diario que Machu Picchu “está teniendo una pérdida de más de 300 millones de dólares”, monto que —según indicó— termina concentrándose en manos privadas sin traducirse en mejoras para el territorio ni para las comunidades locales.

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“Esos 300 millones de dólares jamás se van a resumir en lo que significa el territorio y los habitantes, solo se resumirá en el bolsillo de los privados”, declaró durante una entrevista concedida tras el pronunciamiento de New7Wonders.

El gobernador sostuvo que las observaciones de la organización internacional no están relacionadas con el estado arqueológico del santuario histórico ni con su conservación ambiental, competencias que recaen en el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y la Unesco, sino con la experiencia turística y el modelo comercial instalado alrededor del destino.

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Según explicó, la principal preocupación de New7Wonders estaría vinculada a la calidad del servicio ferroviario, el trato al visitante, la sobrecarga comercial en Aguas Calientes y las deficiencias en transporte, hotelería y organización turística.

“El problema es comercial, es de privados”, afirmó Salcedo. “Desde el momento en que ingresan al Valle Sagrado y suben al tren, ellos ya no ven el buen servicio ni el buen trato que espera el visitante”, agregó.

El gobernador también cuestionó que el destino se haya convertido en una “ciudadela excesivamente comercial”, donde —según dijo— se prioriza la rentabilidad económica antes que la calidad de la experiencia del turista.

Gobernador cuestiona distribución económica del turismo en Machu Picchu

Durante sus declaraciones, Salcedo criticó que los ingresos generados por Machu Picchu no se reflejen en mejores condiciones de vida para la población local ni en infraestructura básica para el distrito.

Indicó que, pese a la elevada recaudación por boletaje, las comunidades cercanas continúan enfrentando problemas de pobreza y falta de servicios esenciales. “En Machu Picchu no hay un centro de salud. No se han generado oportunidades de desarrollo para los habitantes de las comunidades que se encuentran dentro de la jurisdicción de Machu Picchu”, manifestó.

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El gobernador aseguró además que la Dirección Desconcentrada de Cultura recauda aproximadamente S/250 millones al año por la venta de entradas al santuario histórico. Sin embargo, cuestionó que solo una parte mínima de esos recursos se destine directamente a la preservación del sitio. “Solo 7 millones se invierten en la preservación de Machu Picchu”, sostuvo.

Cusco propone autoridad autónoma para Machu Picchu

Frente a este escenario, Salcedo volvió a plantear la creación de una autoridad autónoma para Machu Picchu, integrada por distintos sectores del Ejecutivo y autoridades locales.

El gobernador explicó que la propuesta no busca que la administración quede únicamente en manos del Gobierno Regional del Cusco o de los municipios locales, sino construir un organismo con participación multisectorial.

“Lo que he dicho es que participe el premier, que participen ya no tres ministerios sino cinco ministerios”, señaló.

La propuesta contempla incluir a los ministerios de Cultura, Ambiente y Turismo, además de Vivienda y Transportes, con el objetivo de tomar decisiones integrales sobre infraestructura, conservación, desarrollo territorial y gestión turística.

Según Salcedo, la administración fragmentada actual ha impedido resolver problemas vinculados al transporte, la seguridad, los servicios turísticos y la planificación urbana en Machu Picchu Pueblo.

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Finalmente, reconoció que las observaciones de New7Wonders sí podrían afectar la reputación internacional de Machu Picchu y del Perú como destino turístico. “Claro que sí afecta”, afirmó, aunque precisó que Cusco ya logró recuperar y superar las cifras turísticas registradas antes de la pandemia.

El gobernador añadió que las críticas internacionales reflejan problemas históricos que, según dijo, han sido ignorados por el Gobierno central y por actores empresariales vinculados al turismo.

“Quienes administran el servicio de transporte y hotelería son eminentemente privados y ven a Machu Picchu más como un aspecto monetario desde el lado empresarial”, concluyó.

"Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha", afirmó durante su discurso.

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El reconocimiento fue entregado por el rector Emilio Ramírez Roca, quien expresó: "Para mí es una profunda satisfacción, en mi condición de rector, entregarle el diploma que lo acredita como Doctor Honoris Causa". La UNSCH, considerada la segunda universidad más antigua del Perú, destacó que, bajo el liderazgo de Velarde, el país ha registrado uno de los periodos de inflación más baja y estable de América Latina.

La ceremonia se realizó desde las 11.00 a. m. en el Centro Cultural de la universidad y contó con la presencia de autoridades, estudiantes y ciudadanos.

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Velarde también se dirigió a los jóvenes y repasó la historia monetaria reciente del país. Destacó que el sol es este martes más sólido que hace dos décadas: "El tipo de cambio hoy en sol está 4% más fuerte de lo que estaba en 2000". Como contrapunto, recordó el colapso de la moneda en el último cuarto del siglo XX: "Entre el setenta y cinco y el 2000, el tipo de cambio se devaluó 10.000 millones por ciento; estoy hablando de diez ceros".

Al retirarse, fue ovacionado y recibió muestras de afecto de residentes de Ayacucho, incluidas imágenes de Jesús Nazareno, patrono de la ciudad.

En el encuentro participaron delegados de 12 sindicatos, tanto de manera presencial como virtual. Los trabajadores esperaban respuestas sobre dos temas que han generado inquietud en las últimas semanas: la mayor participación de ProInversión en decisiones de la empresa y la situación de beneficios laborales, como las utilidades y el seguro médico. Sin embargo, aseguran que la reunión terminó profundizando la incertidumbre dentro de la compañía.

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Trabajadores de Petroperú cuestionan mayor control de ProInversión

Fuentes vinculadas a Petroperú indicaron que esta fue la segunda reunión convocada por Lizarzaburu desde que asumió la presidencia del directorio hace aproximadamente tres semanas.

La primera reunión ocurrió antes de la publicación del Decreto de Urgencia 003-2026, norma vinculada al financiamiento de la empresa estatal y que fortaleció la participación de ProInversión dentro de Petroperú. En ese momento, los trabajadores buscaban conocer la posición de la nueva administración respecto al futuro de la petrolera y el alcance de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

En medio de ese escenario, durante los últimos días se produjo un evidente crispamiento entre áreas administrativas de Petroperú y ProInversión respecto a los límites de intervención de la entidad en las operaciones de la empresa.

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"Petroperú es una empresa que todos los días compra y vende combustibles. Los trabajadores consideran que no puede estar sujeta permanentemente a una entidad externa no especializada para tomar decisiones operativas", señalaron.

Según indicaron, durante la reunión Lizarzaburu reafirmó que ProInversión será "un aliado" y "el brazo derecho" de Petroperú, mensaje que fue interpretado por distintos trabajadores como una señal de pérdida de autonomía dentro de la empresa estatal.

Sostienen que el malestar aumentó luego de que Petroperú y ProInversión emitieran recientemente un pronunciamiento conjunto, interpretado internamente como una cesión de funciones estratégicas hacia la entidad estatal.

Trabajadores denuncian vulneración de beneficios laborales en Petroperú

Otro de los temas que generó mayor rechazo fue la situación de los beneficios laborales.

Según lo expuesto durante la reunión, existía un fondo destinado al pago de utilidades para los trabajadores; sin embargo, la empresa habría decidido utilizar esos recursos para la compra de combustibles y crudo debido a la urgencia financiera que enfrenta la petrolera.

"Hemos esperado 30 días para el pago de las utilidades y ahora nos dicen que se pagará cuando ingrese plata a la empresa", indicaron.

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Los trabajadores consideran que esta decisión vulnera derechos laborales y cuestionan que no exista una fecha concreta para el desembolso de este beneficio.

Otro punto sensible fue la situación del Programa de Asistencia Médica Familiar (PAMF), seguro privado financiado parcialmente mediante descuentos salariales. Según denunciaron, algunas clínicas habrían suspendido la atención a trabajadores y sus familias debido a retrasos en los pagos por parte de Petroperú. "La explicación que se dio es que este seguro le genera gastos a la empresa", indicaron.

La situación ha generado preocupación debido a que gran parte del personal desarrolla labores consideradas de alto riesgo en refinerías, oleoductos y operaciones petroleras en distintas regiones del país.

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la situación de la asignación familiar. De acuerdo con los trabajadores, este beneficio laboral no se habría pagado durante décadas dentro de la empresa, situación que incluso motivó denuncias ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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Durante la reunión, Lizarzaburu manifestó que esto se pagará a partir de junio. Sin embargo, como es sabido, este beneficio laboral es el 10% de la Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir S/113, "un caramelito que el presidente Lizarzaburu pretende entregar a los trabajadores en compensación por el recorte de derechos laborales".

Crece preocupación por posibles medidas de fuerza en Petroperú

Otro aspecto que generó alarma entre los trabajadores fue el anuncio de que lo discutido durante la reunión sería formalizado mediante un acta que posteriormente sería elevada al directorio para su aprobación.

Según las fuentes, existe inquietud de que ese documento pueda interpretarse como una validación de las medidas anunciadas por la administración, pese a que los trabajadores expresaron su desacuerdo durante el encuentro.

"Lo que probablemente suceda en los próximos días es que se adopten medidas de fuerza", advirtieron.

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Señalaron que, si bien reconocen la compleja situación de Petroperú, consideran que las decisiones vinculadas a beneficios laborales deben ser discutidas y negociadas, y no aplicadas de manera unilateral.

"La situación financiera puede conversarse o negociarse, pero no se puede simplemente decir que no se va a pagar y que recién se hará cuando mejore la empresa. Eso termina rompiendo el clima laboral", indicaron.

En medio de este escenario, también pidieron investigar cómo se están priorizando los pagos a proveedores y advirtieron que existe preocupación sobre eventuales ceses colectivos, especialmente entre trabajadores sindicalizados.

Este medio solicitó los descargos de Petroperú sobre los cuestionamientos expuestos en esta nota y está a la espera de una respuesta.

Aunque el Estado informó públicamente que entregaría 20.000 becas, finalmente solo se habilitaron 5.184 plazas mediante la Resolución Jefatural N.° 033-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC. La demanda, presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita la nulidad de dicha resolución y el financiamiento de todas las becas originalmente prometidas.

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Más de 97.000 jóvenes rindieron el Examen Nacional de Preselección bajo la expectativa generada por el propio Estado. Sin embargo, según denuncian los demandantes, el proceso estuvo marcado por cambios constantes en el cronograma, retrasos e irregularidades administrativas que terminaron afectando a miles de postulantes.

La defensa legal está a cargo de José Saldaña Cuba, quien explicó a La República que la demanda fue presentada contra el Gobierno peruano, el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 'Es una demanda de amparo solicitando la restitución del programa Beca 18 y las 20.000 becas ofrecidas', señaló en conversación con este medio.

Beca 18: estudiantes acusan vulneración al derecho a la educación

Según explicó Saldaña, la demanda agrupa a tres sectores afectados directamente por el recorte. El primero está conformado por estudiantes preseleccionados que esperaban acceder a las becas para iniciar estudios superiores este año. El segundo incluye a jóvenes que rindieron el examen, pero quedaron fuera tras la reducción de vacantes. Finalmente, también participan actuales beneficiarios del programa, quienes buscan defender Beca 18 como política pública. 'Estamos especialmente defendiendo a 90.000 jóvenes que tenían esa expectativa en el Perú', afirmó el abogado.

Los demandantes sostienen que el recorte vulnera principios constitucionales vinculados al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, especialmente para jóvenes en situación de pobreza o de zonas históricamente excluidas.

'El derecho a la educación es un derecho social y la obligación del Estado es garantizarlo progresivamente. Nunca puede retroceder en lo que ya se ha avanzado', sostuvo Saldaña.

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En esa misma línea, Silvana Rojas, una de las demandantes del proceso, aseguró a este diario que la reducción de plazas afecta principalmente a estudiantes que dependen completamente del programa para acceder a educación superior.

'Consideramos que hay una grave vulneración al derecho a la igualdad y la no discriminación. Quienes acceden a este programa son personas de comunidades campesinas, nativas y rurales', manifestó.

Rojas recordó que muchos beneficiarios de Beca 18 provienen de contextos de pobreza o vulnerabilidad extrema, por lo que la beca representa una oportunidad única para cambiar sus condiciones de vida. 'El derecho a la educación no es un gasto, es una inversión a largo plazo', afirmó.

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Cuestionan manejo del presupuesto e irregularidades en el proceso

La demanda también cuestiona la forma en que el Ejecutivo manejó el presupuesto destinado a Pronabec y denuncia presuntas irregularidades durante el desarrollo de la convocatoria. 'Hemos identificado una tremenda irresponsabilidad e incompetencia al momento de asignar el presupuesto', señaló Saldaña.

Según explicó, el anteproyecto presupuestal enviado por el Minedu no contemplaba adecuadamente los recursos necesarios para garantizar las 20.000 becas anunciadas. 'Incluso cuando hubo reclamos, el Ministerio de Economía respondió que ya no había posibilidad de subsanarlo', indicó.

Por su parte, Rojas sostuvo que los postulantes no recibieron información clara durante el proceso y que las respuestas brindadas por las autoridades fueron insuficientes frente a la magnitud del problema.

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'Nunca se dio una explicación clara, justificada y detallada sobre las responsabilidades de los funcionarios ni sobre por qué ocurrió el recorte', afirmó.

La representante estudiantil también cuestionó que el ajuste presupuestal afectara a la educación mientras otros sectores recibían mayores recursos por parte del Estado. 'Vemos que se recorta presupuesto a un sector tan clave como educación, pero al mismo tiempo se incrementan partidas para otros sectores', sostuvo.

Buscan sentar un precedente para futuras convocatorias

Además de exigir la restitución de las becas correspondientes a esta convocatoria, los demandantes buscan que el Poder Judicial establezca medidas que eviten futuros recortes al programa.

'Estamos planteando una reforma estructural para que no se vuelva a desfinanciar de esa manera y se garanticen como mínimo las 20.000 becas comprometidas', explicó Saldaña.

La acción legal ocurre en un contexto de creciente dificultad para acceder a estudios superiores en el país. Mientras las universidades públicas enfrentan problemas institucionales y presupuestales, las privadas continúan elevando sus costos, situación que golpea especialmente a estudiantes de bajos recursos.

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En ese escenario, Beca 18 se ha convertido en una de las principales políticas de inclusión educativa en el Perú, especialmente para jóvenes del VRAEM, Huallaga, comunidades campesinas y pueblos indígenas.

Rojas aseguró que la demanda también busca sentar un precedente frente a decisiones estatales que, según indicó, afectan derechos fundamentales de miles de jóvenes. 'Queremos que estas decisiones discrecionales en sectores claves como educación no vuelvan a darse afectando derechos', concluyó.

Según el estudio '¿Qué pasa con el salario?' de Bumeran, el 72% de trabajadores en Perú asegura que su sueldo dura menos de dos semanas. Dentro de este grupo, el 30% afirma que apenas recibe su salario lo destina completamente al pago de cuentas, mientras que el 19% señala que el dinero solo le alcanza para dos semanas.

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Además, el 15% asegura que su sueldo dura menos de una semana y el 8% menciona que apenas logra cubrir gastos durante siete días. En contraste, solo el 14% afirma que el salario le alcanza tres semanas y otro 14% asegura llegar a fin de mes.

La percepción sobre los ingresos también refleja el complicado escenario económico que enfrentan muchos hogares. El 83% de trabajadores considera que su salario no es suficiente para cubrir necesidades básicas, aunque el estudio muestra una ligera mejora respecto a 2025.

Actualmente, el 23% de las personas encuestadas considera que su poder adquisitivo mejoró en los últimos meses, siete puntos porcentuales más que el año pasado, cuando solo el 16% tenía esa percepción.

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“El estudio evidencia que una gran parte de los trabajadores peruanos aún enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas con su salario. Aunque el panorama sigue siendo desafiante, se observa una ligera mejora en la percepción económica”, señaló Diego Tala.

Perú: el sueldo se agota antes de la quincena para la mayoría de trabajadores

El informe también revela cuáles son los gastos que más golpean el bolsillo de los peruanos. El 38% de trabajadores identifica al alquiler como su principal gasto mensual, seguido de la alimentación con 26% y el pago de deudas con 15%.

Otros gastos importantes son educación con 8%, transporte con 6% y salud con 3%. Además, el 72% de trabajadores asegura que brinda apoyo económico a familiares o personas cercanas, ya sea de manera ocasional o regular.

La situación económica también ha incrementado el nivel de endeudamiento. Actualmente, el 83% de trabajadores peruanos afirma tener algún tipo de deuda, tres puntos porcentuales más que en 2025.

Alquiler, deudas y falta de ahorro presionan la economía de los peruanos

Ahorrar sigue siendo una meta difícil de alcanzar para la mayoría. El 84% de trabajadores asegura que no puede guardar parte de sus ingresos, porcentaje que se mantiene igual al registrado el año pasado.

Entre quienes no logran ahorrar, la mitad afirma que el salario no es suficiente. Otros mencionan las deudas y la cantidad de gastos mensuales como las principales razones.

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En el grupo que sí consigue ahorrar, la mayoría apenas logra separar pequeños porcentajes de su sueldo. El 28% guarda menos del 5% de sus ingresos y el 25% entre el 5% y el 10%. Pese al panorama económico, el 100% de trabajadores encuestados aseguró que le gustaría recibir un aumento salarial. De obtenerlo, el 41% destinaría el aumento al pago de deudas, el 30% al ahorro y el 23% a inversiones.

El segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República reunió este lunes a tres especialistas que conocen PetroPerú desde dentro: Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, la agencia del Estado encargada de promover la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos; Alejandro Narváez, expresidente de PetroPerú; y Humberto Campodónico, economista y uno de los analistas energéticos más influyentes del país. Los tres llegaron con datos. Y los datos no cuadran —aún— con ninguno de los dos extremos del debate político.

"El Estado no ha puesto un sol": la refinería que no costó lo que dicen

El argumento más usado para justificar la privatización de PetroPerú es que la refinería de Talara le ha costado una fortuna al Estado peruano. Narváez lo desmontó con cifras: "La financiación de la refinería de Talara no ha sido con dinero del Estado. 4,300 millones de dólares fueron financiados con recursos de terceros: bonos corporativos y préstamos sindicados. El Estado no le da un sol a PetroPerú. Cada sol que gasta lo genera la propia empresa."

¿Y los rescates financieros de los últimos años? "Son préstamos. El Estado presta dinero a PetroPerú y PetroPerú lo registra como pasivo, como obligación que en algún momento tiene que devolver. Es una práctica común en el mundo empresarial."

Campodónico añadió el dato que más debería incomodar a los arquitectos de la narrativa del fracaso: "Fitch, Standard & Poor's y Moody's han dicho consistentemente desde 2017 que una vez terminada la refinería el EBITDA va a ser entre 400 y 500 millones de dólares anuales." Una empresa que puede generar 500 millones de dólares anuales no es una empresa quebrada. Es una empresa con deuda grande, mala historia reciente de gestión y una gobernanza que el propio Congreso destruyó.

Campodónico fue también el más honesto sobre los errores propios: "No hay un solo sujeto responsable de lo que está pasando. Ha habido problemas tanto desde el punto de vista del Estado y la injerencia política, como también problemas propios de la empresa." Esa admisión, inusual en el debate público, es precisamente la base sobre la cual sostiene su posición: sin un diagnóstico honesto y completo de lo que ocurrió, cualquier plan de rescate o reestructuración parte de una narrativa incompleta.

Y detrás de esa narrativa incompleta hay una anomalía legal que nadie discute en campaña: una ley obliga a PetroPerú a vender combustibles en la Amazonía sin cobrar IGV, pero sí pagándolo al comprar. El crédito fiscal acumulado que la empresa no puede recuperar asciende a 4,172 millones de soles. En dólares: 1,405 millones. "¿Cómo me obligan a ganar dinero y al mismo tiempo me dicen vende sin IGV? Ningún privado va a aceptar eso", dijo Narváez.

El plan que nadie votó: partir PetroPerú en pedazos antes del 28 de julio

El momento más revelador del foro fue la descripción del plan de Proinversión para fragmentar PetroPerú en unidades de negocio separadas: Talara por un lado, Conchán por otro, el oleoducto por otro, Iquitos por otro, la comercialización por otro. Cada unidad con su propio capital privado, su propia lógica de maximización de ganancias y sin una dirección común.

Campodónico fue categórico: "Eso no tiene precedente en América Latina ni creo que en el mundo con respecto a una organización petrolera. Rompe el esquema integrado. Si haces eso, el objetivo desde el principio es privatizarla sin decir que eso es lo que quieren hacer."

El problema adicional es el tiempo. "El plan de Proinversión prevé que los paquetes van a estar listos recién en diciembre." Es decir: el gobierno actual no alcanzará a ejecutarlo. Lo dejará listo para que el próximo gobierno lo herede como un hecho consumado, una decisión tomada sin debate parlamentario real, sin consenso político y sin que ningún candidato haya explicado si está de acuerdo o no.

Narváez lo resumió apelando a la experiencia comparada: "El 90% de los países del mundo tienen empresas petroleras integradas verticalmente. En el Perú se partió el negocio en tres partes para privatizar dos de ellas. Aún así, siendo una empresa dedicada exclusivamente a refinación y comercialización, PetroPerú sigue siendo rentable." Y puso sobre la mesa el dato que mejor explica por qué fragmentarla afectaría directamente al ciudadano: los grifos de PetroPerú cobran 14 soles el galón frente a los 22 de los privados. "PetroPerú juega un rol regulador del mercado. Si desaparece ese actor, ¿quién modera los precios?"

Ochoa cerró el argumento con la referencia que más debería pesar en el debate: "Ni el gobierno de Pinochet pensó en privatizar Codelco o ENAP. En Chile no se discute eso. Se discute cómo fortalecerlas." Y, desde su experiencia al frente de Perupetro, fue el más enfático sobre la crisis de exploración que subyace a todo el debate: en los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el Perú, mientras Colombia perfora 80 por año. Sin exploración no hay reservas. Sin reservas no hay producción. Y sin producción, el país seguirá importando el 80% del combustible que consume cada día.

El paciente en UCI y el auxilio que no llega

Más allá del debate de largo plazo —privatizar, reestructurar o refundar—, el foro expuso una urgencia que ningún titular ha recogido con suficiente claridad: PetroPerú necesita atención inmediata. No en julio. No cuando asuma el nuevo gobierno. Ahora.

El Estado anunció un auxilio financiero de 2,000 millones de dólares. Ese dinero, a la fecha del foro, no ha llegado. Y cada semana que pasa sin que llegue es una semana en que PetroPerú no puede comprar el crudo suficiente para cargar su refinería a plena capacidad, pierde participación de mercado —hoy en apenas 19 o 20% frente al 50% que tuvo en su mejor momento— y se aleja de la recuperación financiera que las calificadoras internacionales proyectan en entre 400 y 500 millones de dólares anuales.

Narváez describió la paradoja con precisión: "Ahora que los márgenes de refino son favorables —que es cuando AP de Chile y la refinería Cartagena de Colombia vuelan de utilidades— PetroPerú no tiene dinero para comprar el crudo y aprovechar ese margen. Aún así tiene ganancias. Pero podría tener muchas más."

La empresa está perdiendo su mejor ventana de recuperación financiera precisamente porque el auxilio prometido no se materializa. El diagnóstico de los tres panelistas fue unánime: el debate sobre el modelo de largo plazo es legítimo y necesario, pero no puede ser una excusa para paralizar las medidas de estabilización inmediata. "Tiene que haber un consenso de largo plazo", dijo Campodónico. "Como en Chile. El Plan Energía 2050 tiene bien definido el rol de ENAP, Ecopetrol, Petrobras, YPF. Acá no. Acá desde 1993 estamos en que dos años estoy a favor, dos años estoy en contra."

33 años de vaivenes. Un auxilio prometido que no llega. Una refinería de 60 años de vida útil operando por debajo de su capacidad. Y dos candidatos que tienen hasta el 7 de junio para explicar qué harán con la empresa petrolera más estratégica —y más mal entendida— del país.

El tercer y último foro del ciclo Perú: Futuro Energético abordará la inversión y regulación de las energías renovables la próxima semana.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 26 de mayo?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

No se fue ninguna porque el negocio era malo. Se fueron porque el Estado peruano no supo —o no quiso— darles las condiciones para quedarse.

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y expresidente del Colegio de Ingenieros del Perú, estaba en primera fila. Lo contó en el primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República con la precisión de quien conoce cada detalle de lo que falló: "Vinieron seis empresas que buscaron invertir. Cada una tenía por lo menos 1,000 millones de dólares para inversión en proyectos. Yo tuve dos de ellas como clientes, entonces conozco la historia más o menos de cerca. Al final no le dieron gas a ninguna."

La promesa que el Estado no cumplió

La historia comenzó bien. García hizo el anuncio y las empresas respondieron con interés. Pero cuando llegó el momento de concretar, el aparato estatal mostró su peor cara. No hubo una ventanilla única, ni un precio promocional claro, ni una asignación directa de reservas para los proyectos. Lo que hubo fue burocracia, desconfianza y una lógica que Herrera Descalzi describió con toda su crudeza: "Lo primero que les dijeron es: no hay gas para todos, tiene que haber un concurso. De ese concurso quedó para uno y medio. El medio al final quedó afuera, quedó solamente para uno."

Y con ese uno la historia se repitió. Los años pasaron. Las negociaciones se alargaron. Los funcionarios cambiaron. Y mientras el Estado peruano dilataba una decisión que debía haberse tomado en meses, ocurrió algo que nadie había previsto con suficiente claridad: en Estados Unidos se descubrió el gas de esquisto.

El shale gas, como se denomina al gas natural atrapado en formaciones de roca sedimentaria muy compacta, cambió el mercado global de un golpe. El precio del gas en Norteamérica se desplomó. Y las empresas que habían venido a invertir en el Perú hicieron el cálculo que cualquier empresa hace: "Si tú no cambias el precio de tu gas, mejor lo hago en mi casa central, que es Estados Unidos", les dijeron a sus contrapartes peruanas, según relató Herrera Descalzi.

Se fueron. Todas. "Cinco proyectos de petroquímica. Por lo menos dos eran viables. De los cinco hubiéramos tenido petroquímica del metano hace buen tiempo."

Lo que el Perú perdió y no recuperó

Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos, completó el cuadro desde la perspectiva de la demanda. Para él, lo ocurrido en 2009 no fue solo una oportunidad perdida de industrialización. Fue la confirmación de un patrón que se repite desde que se tomó la decisión de exportar el gas en el gobierno de Toledo: el Estado peruano sistemáticamente priorizó la monetización rápida del recurso sobre su aprovechamiento estratégico de largo plazo.

"Toledo cambió un proyecto que era de consumo interno por un proyecto de exportación. Y es así como tenemos que la mitad del gas se consume en el Perú y la mitad se exporta, cuando tenemos gas para 10 o 12 años", dijo Gamio. La petroquímica que pudo haberse construido con ese gas habría dado al país, según sus cálculos, entre seis y 10 veces más ingresos que la simple venta del recurso como materia prima. "La petroquímica del metano —urea y nitrato de amonio— sí podríamos haberla desarrollado. Por lo menos seis veces más ingresos al país que la venta del gas como materia prima."

Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, añadió la dimensión agrícola de esa pérdida, que hoy se siente en el precio de los alimentos: "Si hubiésemos tenido el gasoducto del sur en su momento en vez de exportar el gas, hoy tendríamos un sector agrícola más competitivo. Produciríamos nuestros propios fertilizantes." En cambio, el Perú importa urea a precios que han subido dramáticamente desde la guerra de Ucrania y ahora con el conflicto en el Golfo Pérsico. Cada kilo de abono que paga el agricultor peruano lleva incorporado el costo de una decisión que se tomó —o no se tomó— hace 15 años.

La falla que se repite: el Estado sin sistema nervioso

Herrera Descalzi usó una expresión que resume décadas de política energética fallida: "Esa falta de sistema nervioso del Estado peruano para ajustar el precio para que la industrialización no se detenga, no se frustre, más la falta de voluntad política de todos los actores, porque lamentablemente es cierto, no hubo una definición clara del precio de usar la petroquímica con un precio promocional."

No fue un gobierno. Fueron todos. El patrón se repite con variaciones desde 1993: se toma una decisión energética importante, llega un gobierno nuevo que la cuestiona, llega otro que la revierte parcialmente, llega otro que negocia algo distinto. Y en ese péndulo permanente, las empresas que necesitan certeza de largo plazo para invertir miles de millones de dólares simplemente se van a otro país.

Gamio lo sintetizó con una imagen que quedó flotando en el foro: "Eso fue la historia de la zorra y el cuervo. Así es como el cuervo perdió el pedazo de queso." El Perú tenía el queso —el gas más barato de la región, un recurso descubierto y desarrollado, una posición geográfica privilegiada— y lo perdió por abrirle el pico a quien le prometió más.

Lo que viene si no se aprende la lección

El inventario actual es el resultado directo de esas decisiones. El lote 88, el único comprometido con el mercado interno, tiene reservas para 10 años. Los lotes de exportación están casi agotados. El lote 58, en manos de una empresa china, no tiene destino definido. Y Candamo —el yacimiento que podría cambiar la ecuación con reservas estimadas de entre 30 y 40 TCF— está bloqueado por un parque nacional que Fujimori creó semanas después de que la exploración arrojara resultados positivos.

Herrera Descalzi calculó lo que el Perú necesita para garantizar abastecimiento interno hasta el 2060: "17 TCFs adicionales. Más que Camisea. Necesitamos dos Camiseas." Y puso el plazo con la frialdad de quien conoce los tiempos reales de la industria: "En el escenario optimista, 10 años para confirmar Candamo y construir la infraestructura que lo conecte con el sistema actual. Son 10 años fáciles ya."

Diez años que empiezan a correr este miércoles, desde el gobierno que asuma el 28 de julio, desde las decisiones que se tomen —o no se tomen— en los primeros 100 días del próximo mandato. El mismo Estado que en 2009 ahuyentó a seis empresas con mil millones de dólares cada una tendrá que ser capaz, esta vez, de atraer la inversión que permita encontrar dos Camiseas nuevas antes de que la única que tiene el país se agote.

Murillo cerró el foro con la frase que mejor resume lo que está en juego: "Ya estamos con los años prácticamente en descuento. Cuanto antes empecemos, mejor."

El queso se perdió una vez. La pregunta es si el próximo gobierno está dispuesto a no perderlo de nuevo.

Eso no lo dijo un activista ni un político de oposición. Lo señalaron Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos, y Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, en el primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético, organizado por La República. Sus cifras son concretas y su conclusión es la misma: si el Perú no encuentra nuevas reservas antes de que se agoten las actuales, tendrá que importar gas. Y el gas importado cuesta, según Víctor Murillo, presidente del directorio de Egesur, hasta 15 veces más que el precio interno actual.

¿Qué significa eso en la práctica? Que la tarifa eléctrica —artificialmente baja gracias al gas barato de Camisea— subiría de forma sostenida. Que el transportista que este miércoles llena su tanque con gas natural vehicular a precio accesible volvería a depender de combustibles más caros. Que la industria que usa gas como insumo vería dispararse sus costos de producción. La crisis de marzo, cuando la rotura del ducto en Megantoni generó pérdidas de entre US$3.000 y US$5.000 millones en apenas 13 días, fue un anticipo a pequeña escala de lo que puede ocurrir de forma permanente.

Lo que se agota y lo que no se está haciendo

El inventario real del gas peruano es más preocupante de lo que el debate público reconoce. El lote 88 —el único formalmente comprometido con el mercado interno— tiene aproximadamente 7 TCF de reservas y un consumo anual de 0,5 TCF. Diez o 12 años en el escenario más optimista. Los lotes de exportación —56 y 57— tienen reservas para menos tiempo aún: 0,9 y 1,1 TCF, respectivamente, con un consumo exportador de un cuarto de TCF por año.

El lote 58, que el discurso político presenta como la reserva del futuro, tiene 3,5 TCF y está en manos de una empresa china con derecho contractual a exportarlo libremente. No hay compromiso formal que lo destine al mercado interno.

Sumando los lotes 58 y 88, el escenario más conservador da apenas 15 años de consumo interno. Y eso asumiendo que el sector eléctrico deja de consumir gas como lo hace hoy. Herrera Descalzi fue directo sobre ese punto: "El 60% del gas se consume en el sector eléctrico y no es tan necesario. Se podría reducir drásticamente sustituyéndolo por hidroeléctricas y energías renovables, liberando reservas para hogares, transporte e industria donde el gas es realmente insustituible."

El problema es el tiempo. Construir una hidroeléctrica toma 10 años. Explorar y desarrollar un nuevo yacimiento de gas también. Y el Perú, que pasó de tener más de 80 contratos de exploración activos a no llegar este miércoles a dos dígitos de lotes en exploración, lleva años perdiendo ese tiempo.

El transporte y la industria: los más expuestos

El gas natural no es solo el balón de cocina —cuyo GLP proviene en parte de los líquidos de Camisea, aunque en cantidad limitada, y en parte de importación y refinerías—, sino el combustible que mueve la economía en sus sectores más sensibles.

En Lima hay aproximadamente 500.000 a 600.000 vehículos que funcionan con gas natural vehicular. Son taxis, camiones y buses. Si el gas se encarece por escasez o por necesidad de importarlo, esos vehículos vuelven a la gasolina o el diésel, y el costo del transporte —y, con él, el precio de todo lo que se transporta— sube para toda la cadena. Murillo lo cuantificó con el ejemplo más reciente: "13 o 14 días de interrupción del gas generaron pérdidas de entre 3,000 y 5,000 millones de dólares." Eso con solo Lima afectada. Eso con solo dos semanas.

La industria es igualmente vulnerable. El gas natural es insumo directo de la producción manufacturera, la generación de vapor, los procesos químicos y la petroquímica que el Perú nunca desarrolló, pero todavía podría desarrollar. Sin gas barato y asegurado, ningún proyecto industrial de mediana o gran escala puede planificarse con horizonte de largo plazo. Y sin esa planificación, el país seguirá exportando materias primas en lugar de productos con valor agregado.

Herrera Descalzi lo ilustró con una lámina de cuando era ministro y se firmó el contrato de Camisea: "Dice que lo que teníamos en Camisea era 5.8 veces lo que había en el Mantaro. En el año 2040 lo que teníamos en Camisea va a ser cero. El Mantaro va a seguir vivo y va a poder operar 100 años más. ¿Cuál es el resultado? Hay que crecer en Mantaros." Es decir, la solución para el sector eléctrico existe y tiene nombre. Lo que falta es la decisión política de ejecutarla.

Lo que el próximo gobierno no puede postergar

Los especialistas del foro coincidieron en que el siguiente gobierno tendrá una sola oportunidad y deberá actuar en varios frentes al mismo tiempo desde el primer día.

Primero, decidir sobre el contrato de exportación de Perú LNG que vence en 2028. Herrera Descalzi fue claro: "Lo dejaría librado a que ellos encuentren nuevas reservas en los lotes 56 y 57. No van a tocar el lote 88 porque se requiere por seguridad energética." Renovar ese contrato con las reservas actuales sería hipotecar el mercado interno.

Segundo, reactivar la exploración de forma urgente. "Tenemos reservas probadas de 10 años. Todo eso en el escenario optimista en 10 años para confirmar y desarrollar Candamo", advirtió Herrera Descalzi. Y Gamio fue más directo: "Ya estamos tarde. No hay tiempo que esperar."

Tercero, construir la planta de regasificación que la crisis de marzo demostró que es indispensable. "Si no podemos sacar el gas, tenemos que asegurar el suministro. La planta de regasificación se necesita de todas maneras, ya no hay que esperar a mañana", dijo Herrera Descalzi.

Cuarto, liberar la masificación regional del gas con tarifas promocionales reales. El 80% o 90% de los usuarios de gas natural están en Lima. El error del Congreso al aprobar tarifas solo para pequeños consumidores condenó ese proceso a 20 años en lugar de cinco.

Murillo cerró el foro con la frase que mejor resume la urgencia: "El gas ya se instaló en el Perú y no hay forma de quitarlo. Estamos condenados a buscar o a comprar en el extranjero. Y nos iría muy mal de verdad."

El gas que mueve la economía peruana se acaba en 10 años. El próximo gobierno lo sabe o debería saberlo. Lo que falta saber es si tiene un plan.

El dato lo puso sobre la mesa Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro —la agencia del Estado encargada de promover la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos—, durante el segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República. "En los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el Perú. Colombia tiene en promedio 80 pozos anuales exploratorios. Es un país superexplorado. El caso nuestro es un país superexplorado desde el punto de vista petrolero en el pasado, pero que ya no lo es."

Las consecuencias de esa parálisis son aritméticas e inevitables: sin exploración no hay descubrimientos, sin descubrimientos no hay reservas nuevas, sin reservas la producción cae y sin producción el país compra afuera lo que podría producir adentro. El Perú consume actualmente 265.000 barriles diarios de petróleo y produce apenas 30.000. Importa el 80% restante a precio de mercado internacional, con toda la volatilidad que eso implica en un contexto de conflicto en el Golfo Pérsico.

Las reservas que se agotan y nadie repone

El cuadro de reservas petroleras del Perú que Ochoa presentó en el foro es de lectura incómoda. Las reservas probadas alcanzan para apenas siete u ocho años al ritmo de consumo actual. Y, a diferencia de lo que ocurre con el gas —donde al menos existe Candamo como horizonte de exploración posible—, en el caso del petróleo no hay un yacimiento conocido que pueda cambiar esa ecuación en el corto plazo.

"Lógicamente, teniendo un territorio con posibilidades de poder encontrar petróleo, no se ha perforado y no se ha encontrado nada. No estamos produciendo y cada vez nuestras reservas se van consumiendo", explicó Ochoa. La causa no es geológica. Es política y regulatoria: los mismos problemas de permisología que frenaron la exploración de gas —aplicar normas de explotación a la exploración, primacía de los ministerios de Ambiente y Cultura sobre Energía y Minas— se replican en el sector petrolero con el mismo resultado devastador.

Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, añadió la dimensión institucional del problema: los vaivenes políticos sobre si Petroperú debe o no participar en la explotación de lotes petroleros han ahuyentado también a los operadores privados. "Son decisiones de tipo político, idas y vueltas. Los mismos gobiernos recientes en su momento estuvieron de acuerdo y luego retrocedieron. Esos vaivenes al final perjudicaron y los que estaban en contra lograron que retrocediese el gobierno de turno."

El resultado concreto: Petroperú opera apenas el lote Z-69 en el zócalo continental, con una producción de 3.600 barriles diarios. Una minúscula fracción de los 265.000 que el país consume cada día.

El petróleo no desaparece en 2050: el argumento que hay que desmontar

Uno de los argumentos más usados para justificar la inacción en exploración petrolera es que el mundo va hacia las renovables y el petróleo desaparecerá pronto. Los tres panelistas coincidieron en que ese argumento, aunque políticamente conveniente, no resiste el contraste con los datos.

Narváez citó las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía: "Al 2050 todavía los fósiles van a estar. El crecimiento del consumo de petróleo es de 0.6% anual incluso en el mejor escenario renovable. De los 260,000 barriles que consumimos hoy, en 20 años estaremos consumiendo 300,000. Las proyecciones indican que hasta el año 2060 tendremos aproximadamente el mismo consumo de petróleo y gas."

Humberto Campodónico, economista y expresidente de Petroperú, completó el argumento con la lista de países que mejor refuta la narrativa de la obsolescencia petrolera: "Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, Chile. Ninguno tiene petróleo propio en cantidad significativa. Todos tienen refinería. ¿Por qué? Por seguridad energética y por el margen que genera la refinación." El Perú, que sí tiene petróleo en su subsuelo, lleva cuatro años sin buscarlo.

La matriz energética actual del país lo confirma: el 86% de la energía que consume el Perú es de origen fósil. Las renovables representan apenas el 4%. Hablar de que el petróleo es prescindible en ese contexto no es una política energética. Es una ilusión.

Lo que el próximo gobierno debe hacer desde el primer día

Los tres panelistas coincidieron en que reactivar la exploración petrolera no es una opción de largo plazo. Es una urgencia inmediata que el siguiente gobierno debe abordar desde el primer día, antes de que la brecha entre producción y consumo se vuelva estructuralmente irreversible.

Ochoa fue el más directo sobre lo que está en juego: "Si no encontramos hidrocarburos, no producimos. Si no producimos, seguimos dependiendo de la importación. Y cada barril que importamos es un dólar que sale del país en lugar de quedarse en él."

Campodónico cerró con el diagnóstico más amplio: "Necesitamos un consenso de Estado, una política energética de largo plazo. Chile tiene el Plan Energía 2050, construido con sociedad civil, partidos políticos y empresariado. Acá lo único que tenemos son resultados operativos. Miramos el pasado. ¿Y cómo miramos el futuro? Cuatro años. Terrible."

Cuatro años sin perforar un solo pozo. Cuatro años sin política energética de largo plazo. Cuatro años de campaña permanente mientras el reloj de las reservas no para. El próximo gobierno tiene hasta el 28 de julio para empezar a cambiar eso. Y hasta ahora ningún candidato ha explicado cómo.

El tercer y último foro del ciclo Perú: Futuro Energético abordará la inversión y regulación de las energías renovables la próxima semana.

El primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético de La República reunió este lunes a tres exfuncionarios del sector energético que trazaron un escenario que los equipos técnicos de ambos candidatos deberían leer con urgencia. Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos; Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas; y Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, coincidieron en un diagnóstico sin matices: el Perú tiene gas para diez años y no está haciendo nada para encontrar más.

Estas son las preguntas concretas que el debate de segunda vuelta debería responder.

Primero, ¿qué harán con el contrato de exportación de Perú LNG que vence en 2028? El siguiente gobierno asumirá en julio. En menos de dos años deberá decidir si renueva ese contrato —que destina parte del gas peruano al mercado asiático— o lo usa para garantizar el abastecimiento interno. Es la decisión energética más importante de la próxima década y ningún candidato la ha mencionado.

Segundo, ¿cómo van a reactivar la exploración? El Perú pasó de tener más de 80 contratos de exploración activos a no llegar este lunes a dos dígitos. Sin nuevas reservas, el mercado interno quedará desabastecido antes de que termine el próximo quinquenio. Explorar toma al menos 10 años desde la decisión hasta la producción. El tiempo para actuar es ahora.

Tercero, ¿qué harán con la masificación? El 80% o 90% de los usuarios de gas natural está en Lima. El sur, el norte y el centro del país siguen esperando. Un error del Congreso condenó ese proceso a 20 años en lugar de cinco. ¿Lo van a corregir?

Cuarto, ¿tienen un plan energético de largo plazo? No de cuatro años. De 30. Porque cualquier inversión en el sector exige garantías de suministro por ese plazo, y este miércoles TGP solo tiene concesión hasta 2033.

El 7 de junio los peruanos eligen presidente. Sería útil saber si alguno de los dos sabe cuánto gas le queda al país.

Mientras el impacto global ya golpea el costo de vida, el transporte y la producción, el país llega a este escenario con una dependencia crítica de combustibles importados, una transición energética lenta y sin un Plan Energético de Largo Plazo capaz de ordenar las decisiones que marcarán las próximas décadas.

En ese contexto, el Grupo La República presentará Perú: Futuro Energético, un ciclo de foros que reunirá a exministros, expresidentes de empresas estratégicas, especialistas y representantes del sector energético para discutir el rumbo que deberá tomar el país hacia 2050.

La crisis global del petróleo reabre el debate energético

La discusión llega en un momento particularmente delicado. El Perú importa cerca del 80% de los combustibles que consume y mantiene una fuerte dependencia externa frente a cualquier shock internacional.

Al mismo tiempo, el país enfrenta una paradoja energética: posee importantes recursos gasíferos y un enorme potencial para desarrollar energías renovables, pero millones de ciudadanos todavía no acceden a energía competitiva y sostenible.

La crisis internacional ha vuelto visibles problemas que el país arrastra desde hace años: falta de planificación, retrasos regulatorios, escasa infraestructura y decisiones estratégicas postergadas.

Camisea y el debate sobre la masificación del gas

El primer foro del ciclo llevará por título Gas para el Perú: masificación, seguridad energética y acceso ciudadano. La discusión girará en torno al futuro de Camisea, el vencimiento del contrato de exportación en 2028 y las decisiones que deberá asumir el próximo gobierno frente al abastecimiento interno de gas natural.

El foro contará con la participación de Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos y exdirector de Petroperú; Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y expresidente del Colegio de Ingenieros del Perú; y Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, además de representantes del sector privado vinculados a la industria gasífera.

El debate abordará una de las preguntas más sensibles de los próximos años: si el Perú debe priorizar el mercado interno antes que la exportación de gas y qué papel cumplirá el recurso dentro de la seguridad energética nacional.

El futuro de Petroperú y la dependencia del petróleo importado

El segundo foro estará dedicado a una discusión que divide posiciones políticas y económicas desde hace años: el rol que debe cumplir Petroperú en el futuro energético del país.

Bajo el título Petroperú: privatización, rol estratégico y seguridad de abastecimiento, el encuentro analizará la dependencia peruana de combustibles importados, la situación de la Refinería de Talara y el impacto de la caída de la exploración petrolera nacional.

Participarán Aurelio Ochoa, presidente del directorio de Osinergmin; Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú; y Humberto Campodónico, especialista en energía y expresidente de la petrolera estatal.

El foro buscará responder si el país necesita fortalecer, reformar o redefinir el papel de Petroperú en un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo y la presión global hacia la descarbonización.

Energías renovables y la transición energética hacia 2050

El ciclo cerrará con el foro Energías renovables: inversión, regulación y transición al 2050, centrado en el retraso peruano frente al desarrollo de energías limpias en comparación con otros países de la región.

El encuentro reunirá a Brendan Oviedo, expresidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables y socio de DLA Piper Perú; Erick García, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas; y Jaime Luyo, exministro de Energía y Minas.

La discusión buscará responder por qué el Perú avanza lentamente pese a su enorme potencial solar y eólico, cuáles son las barreras regulatorias que frenan inversiones y qué metas debería asumir el país para acelerar la transición energética.

Un ciclo pensado para discutir decisiones concretas

Cada uno de los tres foros estará dividido en tres etapas. La primera estará dedicada al diagnóstico del sector y sus principales problemas estructurales. Luego vendrá una discusión sobre las prioridades regulatorias, de inversión e infraestructura para los próximos cinco años. Finalmente, el cierre buscará construir consensos mínimos que permitan plantear una visión energética nacional hacia 2050.

El ciclo será moderado por David Rivera Del Águila, economista y periodista económico, y buscará conectar el debate técnico con sus efectos sobre la economía, la competitividad, el costo de vida y el desarrollo regional.

El desafío de construir una visión energética para el Perú

Mientras países como Chile, Brasil, Argentina, China y Estados Unidos avanzan con políticas energéticas de largo plazo, el Perú continúa enfrentando decisiones pendientes sobre gas natural, petróleo, seguridad de abastecimiento y energías renovables.

En medio de la incertidumbre nacional y global, Perú: Futuro Energético buscará abrir una conversación que el país ha evitado durante años: qué modelo energético necesita el Perú y qué decisiones deben tomarse ahora para evitar que la próxima crisis vuelva a encontrarlo sin rumbo.

El segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República reunió este lunes a tres expresidentes de Petroperú para poner los datos sobre la mesa: Aurelio Ochoa, actual presidente del directorio de Osinergmin; Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú; y Humberto Campodónico, economista y uno de los analistas energéticos más influyentes del país. Lo que dijeron no encaja en ninguno de los dos extremos del debate político. Es más complejo, más incómodo y más urgente que eso.

El Estado no le da un sol a Petroperú: desmontando la narrativa del fracaso

La primera demolición del foro fue contra el relato dominante. Narváez fue directo y sin rodeos: "PetroPerú no está quebrada. Tiene un patrimonio neto positivo de 2,000 millones de dólares. Tiene un problema de estrés de caja. Eso es entendible. Las empresas pasan por situaciones difíciles."

Y fue igual de contundente sobre el origen real de la crisis financiera: "La financiación de la refinería de Talara no ha sido con dinero del Estado. Ha sido con recursos ajenos. 4,300 millones de dólares fueron financiados con recursos de terceros. El Estado no le da un sol a PetroPerú. Cada sol que gasta lo genera la propia empresa."

Sobre los rescates financieros de los últimos años, Narváez fue igualmente preciso: "Son préstamos. El Estado presta dinero a PetroPerú y PetroPerú lo registra como pasivo, como obligación que en algún momento tiene que devolver. Es una práctica común en el mundo empresarial."

Campodónico añadió el dato que más debería incomodar a quienes construyeron la narrativa del fracaso: "Cuando uno ve los informes de las calificadoras de riesgo desde el año 2017, todo el tiempo Fitch, Standard & Poor's y Moody's han dicho que una vez terminada la refinería el EBITDA va a ser entre 400 y 500 millones de dólares anuales." Una empresa que puede generar 500 millones de dólares anuales no es una empresa quebrada. Es una empresa con una deuda grande, una mala historia reciente de gestión y una gobernanza destruida desde adentro.

Campodónico fue también el más honesto sobre los errores propios de la empresa. Reconoció que Petroperú ha tenido problemas que no pueden atribuirse únicamente a la injerencia política ni a las condiciones externas. "No es que hay una sola persona o un solo sujeto jurídico que es el responsable de lo que está pasando. La narrativa, cuando uno lo desmenuza, es que ha habido problemas tanto desde el punto de vista del Estado y la injerencia política, como también problemas propios de la empresa." Esa admisión, inusual en el debate público sobre Petroperú, es también la base sobre la cual Campodónico sustenta su posición favorable a una auditoría que permita reconstruir con rigor qué pasó y quién es responsable de qué. Sin ese diagnóstico honesto, advirtió, cualquier plan de rescate o reestructuración parte de una narrativa incompleta.

El Congreso que en 2013 rompió Petroperú sin que nadie lo notara

El momento más revelador del foro fue cuando Campodónico explicó con precisión quirúrgica cuándo y cómo se rompió la gobernanza de la empresa. No fue con Castillo. Fue antes. Y fue el Congreso.

"En diciembre del 2013, con la ley de presupuesto, se cambió de un plumazo la forma de elección de los directores de PetroPerú. Sin discusión, sin Comisión de Energía y Minas, se introdujo en la ley ómnibus del presupuesto. Antes los directores se elegían por tres años y solo podían ser removidos por falta grave. Desde entonces cualquier ministro puede sacarlos cuando quiera."

Las consecuencias son visibles y cuantificables: "Vamos a tener 10 presidentes de directorio de PetroPerú en un periodo corto. Al igual, casi, que lo que ocurre en la presidencia de la República. Eso no puede repetirse."

Ochoa fue igual de preciso sobre la segunda gran deformación institucional: la ley que obliga a Petroperú a vender combustibles en la Amazonía sin cobrar IGV, pero sí pagándolo al comprar. El resultado, cuantificado en el foro con datos oficiales: 4.172 millones de soles en crédito fiscal acumulado que Petroperú no puede recuperar. En dólares: 1.405 millones. "¿Cómo me obligan a ganar dinero y al mismo tiempo me dicen vende sin IGV? ¿Dónde se ha visto eso? Ningún privado va a aceptar eso", dijo Narváez.

El paciente está en UCI y el auxilio prometido aún no llega

El foro dejó expuesta una omisión que ningún titular ha recogido con suficiente claridad: mientras se debate si privatizar, reestructurar o refundar Petroperú, la empresa necesita atención inmediata. No en julio. No cuando asuma el nuevo gobierno. Ahora.

El Estado anunció un auxilio financiero de 2.000 millones de dólares. Ese dinero, a la fecha del foro, no ha llegado. Y cada semana que pasa sin que llegue es una semana en que Petroperú no puede comprar el crudo suficiente para cargar su refinería a plena capacidad, pierde participación de mercado, deteriora su posición negociadora con proveedores y profundiza el hoyo financiero que luego se usará como argumento para justificar su liquidación.

Narváez lo describió con una imagen que resume la paradoja: "Ahora que los márgenes de refino son favorables —que es cuando AP de Chile y la refinería Cartagena de Colombia vuelan de utilidades— PetroPerú no tiene dinero para comprar el crudo y aprovechar ese margen. Aún así tiene ganancias. Pero podría tener muchas más." Es decir: la empresa está perdiendo su mejor ventana de recuperación financiera precisamente porque el auxilio prometido no se materializa.

El diagnóstico de los tres panelistas sobre este punto fue unánime: el debate sobre el modelo de largo plazo —privatizar, reestructurar, refundar— es legítimo y necesario. Pero no puede ser una excusa para paralizar las medidas de estabilización inmediata que la empresa necesita para no entrar en una espiral de deterioro irreversible. El paciente está en UCI. Y los médicos debaten qué especialidad debería atenderlo.

Privatizar, reestructurar o refundar: lo que cada candidato debería responder

Ante la propuesta de privatización que una de las candidatas de segunda vuelta ha mencionado, los tres panelistas coincidieron en que el diagnóstico que la sustenta es errado, aunque por razones distintas.

Campodónico apeló a la experiencia internacional: "La OCDE, el FMI y el Banco Mundial te dicen que el problema entre empresa pública y privada no es la propiedad sino la gobernanza. Ni el gobierno de Pinochet pensó en privatizar Codelco o ENAP. En Chile no se discute eso. Se discute cómo fortalecerlas."

Narváez lo redujo a una pregunta de mercado: "El 86% de la matriz energética nacional es de origen fósil. Aún siendo un negocio exclusivamente de refinación y comercialización, PetroPerú es rentable. Lo he demostrado en la práctica." Y puso sobre la mesa el dato que mejor explica por qué privatizarla afectaría directamente al ciudadano: "Los grifos de PetroPerú cobran entre 20 y 40% menos que los privados. Si desaparece ese actor, ¿quién modera los precios?"

Sobre el plan de Proinversión de dividir Petroperú en unidades de negocio separadas, Campodónico fue el más crítico: "Eso no tiene precedente en América Latina ni creo que en el mundo con respecto a una organización petrolera. Rompe el esquema integrado. Si haces eso, el objetivo desde el principio es privatizarla sin decir que eso es lo que quieren hacer." Y añadió el dato que hace urgente la decisión: "El plan de Proinversión prevé que los paquetes van a estar listos recién en diciembre. Esto lo va a ver el próximo gobierno."

El petróleo no desaparece en 2050 y el Perú no está explorando

El foro también desmontó el argumento de que construir la refinería de Talara fue un error porque el mundo va hacia las renovables. Ochoa aportó el dato más alarmante: "En los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el Perú. Colombia perfora 80 pozos exploratorios anuales. El Perú consume 265,000 barriles diarios y solo produce 30,000."

Narváez cerró el argumento con proyecciones de la Agencia Internacional de Energía: "Al 2050 todavía los fósiles van a estar. De los 260,000 barriles actuales, en 20 años estaremos consumiendo 300,000. Las proyecciones indican que hasta el año 2060 tendremos aproximadamente el mismo consumo de petróleo y gas." Países sin petróleo propio —Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, Chile— tienen refinerías por seguridad energética y por el margen que genera la refinación. El Perú, que sí tiene petróleo, no puede darse el lujo de desmantelar la suya.

El mensaje al próximo gobierno: consenso o más de lo mismo

Los tres cerraron con un diagnóstico compartido: lo que ha faltado no es dinero ni tecnología. Ha faltado voluntad política de largo plazo.

Campodónico pidió lo que el Perú nunca ha tenido: "Busquemos un consenso de Estado, una política de Estado para la empresa. Chile publicó un Plan de Desarrollo Minero hasta el 2050, construido con sociedad civil, partidos políticos y empresariado. Desde 1993 estamos en que dos años estoy a favor, dos años estoy en contra. ¿Por qué no vamos a un consenso?"

Narváez condicionó su optimismo a una sola variable: "Auguro futuro para PetroPerú si es que le da un poco de sabiduría a los futuros congresistas. En 30 años se puede recobrar tranquilamente la inversión hecha en la refinería."

Ochoa fue el más quirúrgico: "PetroPerú necesita una reestructuración. No puede tener 32 gerencias. El Estado debería apostar por darle los lotes petroleros frente a la refinería de Talara. En el upstream está la parte medular, las mayores ganancias. Y eso es lo que se le está escatimando."

La frase que resumió el foro la dijo Campodónico: "Si no hay un consenso de largo plazo, vamos a seguir en que yo gano, tú pierdes. Y eso lo tenemos desde 1993."

Treinta y tres años de vaivenes. Un auxilio prometido que no llega. Un próximo gobierno que heredará el problema sin resolver. Y dos candidatos que aún no han explicado qué harán con la empresa petrolera más controversial —y estratégica— del país.

El tercer y último foro del ciclo Perú: Futuro Energético abordará la inversión y regulación de las energías renovables la próxima semana.

Participarán Aurelio Ochoa, presidente del directorio de Osinergmin; Alejandro Narváez, expresidente de PetroPerú; y Humberto Campodónico, uno de los especialistas en energía más influyentes del país. Tres voces con visiones distintas sobre el rol del Estado en el sector y sobre qué debe hacer el próximo gobierno en sus primeros 100 días para reducir una dependencia importadora que le cuesta al país miles de millones de dólares al año.

Un país que produce petróleo y aun así lo compra afuera

La brecha entre lo que el Perú produce y lo que consume es uno de los datos más reveladores y menos discutidos de la economía nacional. El país extrae alrededor de 30 mil barriles diarios de petróleo. Su demanda supera los 300 mil. La diferencia —270 mil barriles que hay que comprar en el mercado internacional cada día— se paga en dólares, a precio de mercado global, con toda la volatilidad que eso implica.

El conflicto en el Golfo Pérsico ha recordado con brutalidad lo que significa esa dependencia. Cuando el barril sube, sube el precio de la gasolina, el diésel y el GLP. Sube el costo del transporte. Sube el precio de los alimentos. Sube la inflación. Y el Perú, a diferencia de países con reservas estratégicas consolidadas, no tiene un colchón que lo proteja de esos shocks. La vulnerabilidad no es coyuntural. Es estructural y lleva décadas agravándose por la caída sostenida de la exploración petrolera nacional: en los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el país, mientras Colombia perfora 80 por año.

PetroPerú: privatizar, reestructurar o refundar

El caso más político del debate será el de PetroPerú. La empresa estatal atraviesa una crisis que ya ocupa titulares, pero que la campaña electoral ha tratado de forma superficial, sin abordar la pregunta de fondo: ¿qué debe ser PetroPerú en el Perú que viene?

Los tres panelistas han presidido la empresa en distintos momentos y tienen diagnósticos que la narrativa dominante no recoge. La refinería de Talara —la inversión más grande de la historia de PetroPerú— tiene una vida útil estimada de 60 años y, según las principales calificadoras de riesgo internacionales, podría generar entre 400 y 500 millones de dólares anuales de EBITDA. Eso no es una empresa quebrada. Es una empresa con una deuda grande, una historia reciente de mala gestión y una gobernanza que el propio Congreso destruyó en 2013 con un cambio de ley introducido sin debate en la ley ómnibus del presupuesto.

El foro evaluará qué hacer con ese escenario. Si privatizarla, transfiriendo su gestión al sector privado. Si reestructurarla, manteniendo la propiedad estatal, pero cambiando radicalmente su modelo de operación. O si redefinir su papel como instrumento estratégico de abastecimiento y estabilidad de precios en un mercado donde los grifos de PetroPerú cobran entre 20 y 40% menos que los privados en muchas regiones del país.

La agenda que la segunda vuelta esquiva

El foro de este lunes llega en el momento más crítico del calendario electoral. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tienen menos de dos semanas para convencer a los peruanos de que son la mejor opción para gobernar el país. Pero el plan de Proinversión sobre el futuro de PetroPerú —que divide la empresa en unidades de negocio separadas— estará listo recién en diciembre. Es decir, el próximo gobierno lo heredará sin resolver y sin consenso político.

A eso se suma la pregunta sobre el petróleo como parte de la matriz energética. El mundo avanza hacia las renovables, pero las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía indican que el petróleo y el gas seguirán siendo la base del consumo energético global hasta al menos el año 2060. El Perú, con una capacidad de refinación conjunta de 195 mil barriles diarios entre Talara y La Pampilla, sigue sin poder cubrir su propio consumo. Seguirá importando. Y cada barril importado es un dólar que sale del país en lugar de quedarse en él.

Son las preguntas que Ochoa, Narváez y Campodónico intentarán responder este lunes. Las mismas que los candidatos deberían estar respondiendo en sus mítines y en sus planes de gobierno.

El primer foro del ciclo dejó una advertencia que este diario no está dispuesto a dejar caer: el Perú tiene gas para 10 años y petróleo que no explora. Tiene recursos energéticos que no aprovecha y una dependencia importadora que le cuesta miles de millones anuales. Y tiene una campaña electoral que habla de todo menos de eso.

El foro es este lunes 25 de mayo a las 4.00 p. m. La elección es el 7 de junio. El tiempo para exigir respuestas de Estado empieza con este diálogo.

La devolución representa una nueva etapa dentro del proceso de liquidación de la entidad financiera, luego de que miles de ahorristas recuperaran inicialmente los montos cubiertos por el FSD. Ahora, la SBS busca avanzar con la entrega de los fondos excedentes que permanecían pendientes.

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¿Qué es el Fondo de Seguro de Depósito y por qué algunos clientes no estaban cubiertos?

El Fondo de Seguro de Depósito (FSD) es un mecanismo de protección creado para resguardar los ahorros de las personas en caso de que una entidad financiera quiebre o entre en liquidación. En términos simples, funciona como una garantía que devuelve parte o la totalidad del dinero depositado por los clientes hasta un límite establecido.

En el caso de CRAC Del Centro, el monto máximo cubierto era de S/117.200. Esto significa que los clientes que tenían depósitos superiores a esa cifra no pudieron recuperar inmediatamente todo su dinero cuando comenzó el proceso de liquidación.

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Por ejemplo, si un usuario tenía S/150.000 depositados en la entidad, el FSD solo cubría hasta S/117.200. El monto restante debía esperar una etapa posterior del proceso, que es precisamente la devolución que ahora ha iniciado la SBS.

La entidad supervisora informó que en esta fase se incluyen depósitos de ahorro, cuentas a plazo fijo y cuentas CTS. Estas últimas corresponden a la Compensación por Tiempo de Servicios, un beneficio laboral que funciona como un fondo de respaldo económico para los trabajadores formales.

¿Cómo pueden los clientes recuperar su dinero?

La SBS indicó que los usuarios deberán ingresar al portal institucional para verificar si figuran en el primer listado oficial de beneficiarios habilitados para el cobro. Tras confirmar sus datos, podrán acercarse a cualquier oficina o agencia de CMAC Arequipa portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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En el caso de las cuentas CTS, los clientes tendrán la opción de mantener los fondos en CMAC Arequipa o retirar el saldo correspondiente a la libre disponibilidad permitida por ley. Si deciden trasladar el depósito CTS a otra entidad financiera, deberán coordinar el procedimiento con su empleador.

La SBS recomendó revisar únicamente los canales oficiales para conocer el estado de los depósitos y evitar posibles fraudes o información falsa relacionada con el proceso. Asimismo, recordó que las devoluciones se realizarán de manera progresiva conforme avancen las etapas de liquidación de la caja rural.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 25 de mayo?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

Con esta publicación se completa la asignación de más de 5.000 becas integrales a nivel nacional, consolidando las adjudicaciones realizadas en etapas previas.

El Ministerio de Educación (Minedu) señala que esta entrega se realiza dentro de una convocatoria organizada en distintas modalidades de postulación, según el tipo de institución educativa elegida por cada participante.

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Beca 18-2026: resultados del segundo momento de Pronabec

Los resultados del segundo momento de Beca 18-2026 ya están disponibles en la plataforma virtual del Pronabec, donde se detalla la relación de postulantes seleccionados en esta etapa. La publicación responde al cierre del proceso de evaluación de este bloque de la convocatoria.

Los postulantes que figuren como ganadores deberán completar la etapa de aceptación dentro del plazo establecido, que va del 26 de mayo al 1 de junio. Este procedimiento es obligatorio, ya que la falta de aceptación implica la pérdida de la vacante y de todos los beneficios asignados dentro del programa. La relación final de becarios se difundirá a partir del 2 de junio e incluirá a quienes hayan realizado de forma adecuada el proceso de aceptación.

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Así es el proceso de selección y beneficios estudiantiles para Beca 18

El proceso de asignación de Beca 18 se desarrolla bajo un esquema meritocrático y descentralizado, en el que se combinan los resultados del Examen Nacional de Preselección con bonificaciones adicionales. Estas bonificaciones consideran condiciones de vulnerabilidad y la elección de carreras vinculadas a alta demanda laboral.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, indicó que "Beca 18 reconoce la excelencia académica para fortalecer la inversión en capital humano según las necesidades del país". Asimismo, el programa contempla un paquete de beneficios que cubre costos educativos y de permanencia durante la formación superior, garantizando condiciones para la continuidad de estudios.

Proponen ampliar Beca 18 y modernizar educación técnica

En el debate de equipos técnicos del domingo 24 de mayo, en el bloque de Juventud y Deporte de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, Fuerza Popular presentó propuestas enfocadas en mejorar las oportunidades para los jóvenes.

Rosangella Barbarán planteó la modernización de la educación técnica, la ampliación de Beca 18 hasta 20.000 beneficiarios y la adecuación de la formación a las necesidades regionales.

También propuso cambios institucionales, como el traslado del Instituto Peruano del Deporte a la PCM, la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL) y el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de la Juventud bajo la Presidencia del Consejo de Ministros.

"No se ha producido ningún progreso ni cambio en todos los problemas que están socavando [...] la credibilidad de Machu Picchu como Maravilla oficial". Con ello, N7W enfatiza que la situación no mejoró respecto de evaluaciones anteriores y que los factores críticos siguen presentes.

También recordó que el pasado 13 de septiembre ya había advertido sobre una posible pérdida de la denominación de Machu Picchu como 'Maravilla del Mundo Moderno', vinculada a deficiencias en los servicios turísticos y dudas sobre la preservación del patrimonio arqueológico.

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N7W propone reunión con Fujimori y Sánchez para abordar problemas

La organización informó que se han puesto en contacto con los candidatos que disputan la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de abrir un espacio de conversación sobre los problemas detectados y las posibles soluciones para revertirlos.

N7W explicó que busca conversar con ambos postulantes —Keiko Fujimori y Roberto Sánchez— "para asegurarles que estamos disponibles personalmente para dialogar con ambos por igual sobre los detalles de los desafíos y, sobre todo, sobre los planes para solucionarlos con el fin de garantizar que esto forme parte de su nueva gestión".

Esto refleja su intención de sostener un encuentro oficial para abordar las situaciones identificadas. Asimismo, busca que las propuestas de solución sean consideradas e integradas en el próximo gobierno.

New7Wonders advierte falta de avances en Perú por crisis político-administrativa

New7Wonders atribuyó la falta de avances a un problema estructural en la gestión del país y señaló que el estancamiento se debe a la situación administrativa y política general que enfrenta el Perú. Según la entidad, esta condición influyó directamente en la falta de soluciones.

En su comunicado, N7W precisó que esta situación persiste "a pesar de los mejores esfuerzos de algunas personas bien intencionadas", y que la falta de progreso "se debe principalmente a la cuasi parálisis político-administrativa que enfrenta todo el Perú", lo que evidencia que, aunque existen intentos, estos no lograron cambios concretos frente a los problemas señalados.

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Machu Picchu en riesgo: piden medidas urgentes y plan PEMARA

New7Wonders advirtió que la falta de acción no será aceptada y que se requieren cambios urgentes para evitar que la situación se mantenga. Enfatizó la necesidad de superar la inacción frente a los problemas señalados.

La organización expresó: “Todos deben comprender que el status quo y la inacción no serán aceptables para nosotros ni tampoco para ningún peruano decente y orgulloso. El mundo también nos exige a todos nosotros un cambio positivo”, resaltando la urgencia de una respuesta institucional.

Finalmente, señaló que espera que la siguiente administración se comprometa con su asesoramiento y con el plan PEMARA (Plan Estratégico Maravillas), con la finalidad de revitalizar Machu Picchu y recuperar su credibilidad.

Plan Estratégico Maravillas: qué es y su importancia para Machu Picchu

El Plan Estratégico Maravillas es un conjunto de acciones y lineamientos que buscan proteger, conservar y gestionar de manera sostenible los lugares considerados como maravillas o patrimonios de gran valor cultural y natural. Buscan asegurar que estos espacios se mantengan en buen estado, evitando su deterioro por el turismo excesivo, la falta de control o la mala gestión.

En el caso de Machu Picchu, este tipo de plan suele enfocarse en mejorar la administración del turismo, fortalecer la conservación del patrimonio arqueológico y coordinar a las autoridades para tomar decisiones que garanticen su preservación a largo plazo. También busca promover el desarrollo local sin poner en riesgo la integridad del sitio.

Si eres uno de los postulantes y deseas verificar si fuiste seleccionado como beneficiario de alguna de las becas otorgadas por el Estado, puedes ingresar al portal oficial de Pronabec en el siguiente enlace: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

Con esta etapa, se culminará la asignación de más de 5.000 becas integrales destinadas a jóvenes peruanos para que accedan a estudios superiores con todos los gastos financiados.

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Beca 18-2026: lista de seleccionados se publicará en el portal de Pronabec

La relación de seleccionados se publicará en el portal de Pronabec, donde también podrán consultarse las vacantes asignadas según las 10 modalidades de postulación e instituciones de educación superior.

Este anuncio corresponde al segundo momento de la convocatoria y marca el cierre de la asignación total de becas previstas para el proceso. En esta etapa final del proceso, se suman más de 3.600 becas integrales a las 1.516 ya otorgadas en la primera fase del concurso.

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Cómo se elige a los ganadores de Beca 18: criterios y evaluación del proceso

La selección de los ganadores se realiza mediante un proceso meritocrático con enfoque descentralista. El puntaje final considera la calificación obtenida en el Examen Nacional de Preselección, además de bonificaciones por condición de vulnerabilidad y la elección de carreras con alta demanda laboral.

Asimismo, se prioriza el acceso a instituciones de alto prestigio con el objetivo de impulsar el desarrollo regional. Sobre ello, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló: “Beca 18 premia la excelencia académica para fortalecer la inversión en capital humano en función de las necesidades del país”.

Beneficios de la Beca 18 y cronograma para seleccionados

Los beneficiarios de la Beca 18 acceden a la cobertura integral de sus estudios, que incluye matrícula, pensiones académicas, alimentación, alojamiento y movilidad local. Además, el programa financia materiales de estudio, una laptop y, en la mayoría de modalidades, el traslado interprovincial.

Tras la publicación de resultados, los postulantes seleccionados deberán realizar la aceptación de la beca entre el 26 de mayo y el 1 de junio. Este trámite es obligatorio para confirmar la condición de becario y acceder a los beneficios otorgados.

Si no se completa la aceptación dentro del plazo establecido, el postulante perderá su condición de seleccionado. A partir del 2 de junio se publicará la lista final de becarios, integrada por quienes habrán cumplido correctamente el proceso de aceptación.

La conversión representa un nuevo paso para una institución con más de 25 años de experiencia y más de 2.5 millones de clientes atendidos. La entidad explicó que esta nueva etapa busca consolidar una propuesta enfocada en finanzas personales simples, ágiles y seguras, alineadas con las nuevas necesidades de los usuarios y con una mayor apuesta por la digitalización.

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SBS autoriza conversión de Financiera Efectiva en banco digital

La autorización otorgada por la SBS forma parte de un proceso de transformación que Financiera Efectiva inició en 2021, periodo en el que realizó inversiones para fortalecer sus capacidades tecnológicas, optimizar procesos y ampliar su portafolio de productos financieros. Con ello, la entidad busca consolidar un modelo de banca digital centrado en la experiencia del usuario.

Juan Carlos Del Alcázar, gerente general de Efectibank, señaló que “esta conversión nos permite consolidar nuestro proceso de transformación digital, evolucionando nuestra propuesta de valor, siendo aliados del crecimiento de nuestros clientes en todo su ciclo financiero, desde el crédito de consumo hasta el ahorro y diversos medios de pago”.

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Efectibank tendrá presencia física y digital en todo el Perú

La nueva etapa de Efectibank estará respaldada por una red de atención con presencia nacional. Actualmente, cuenta con agencias especiales dentro de las 220 tiendas del Grupo EFE, entre ellas Tiendas Efe, La Curacao y Motocorp, además de más de 800 puntos de contacto en establecimientos aliados vinculados a tecnología, motos y mejoramiento del hogar.

Esta infraestructura complementará la estrategia digital del banco y permitirá ampliar el acceso a servicios financieros que históricamente enfrentaron mayores barreras de inclusión. La entidad indicó que combinará sus capacidades digitales con su presencia física para acercar productos financieros a más usuarios en distintas zonas del país.

Banca digital para peruanos y migrantes en el país

Efectibank señaló que la digitalización será el eje transversal de su propuesta integral, al facilitar el acceso a servicios financieros mediante canales remotos y plataformas tecnológicas. Lo que busca es responder a las tendencias de la banca moderna con servicios más ágiles, simples y accesibles para los usuarios.

Con más de 25 años de experiencia en crédito de consumo y microfinanzas, además del respaldo del Grupo EFE, la banca digital apunta a consolidarse como una alternativa financiera orientada tanto a peruanos como a migrantes. Su nueva etapa como banco también estará enfocada en fortalecer la inclusión financiera y ampliar el alcance de sus servicios a nivel nacional.

Efectibank: así competirá el nuevo banco digital frente a BCP e Interbank

Banco de Crédito del Perú (BCP) e Interbank son bancos mucho más grandes y consolidados que Banco Efectiva, ahora conocido comercialmente como Efectibank. Ambos tienen millones de clientes, una amplia red de agencias y cajeros, además de ecosistemas digitales ya posicionados como Yape en el caso del BCP y Plin junto al ecosistema Intercorp en Interbank.

El nuevo banco digital plantea una estrategia distinta, centrada en la agilidad, la digitalización y los créditos de consumo con procesos simplificados. Su objetivo es captar usuarios que prefieren operar desde el celular y realizar gestiones rápidas, sin trámites complejos. Aunque aún no cuenta con la escala ni la infraestructura del BCP o Interbank, su conversión le permitirá ampliar su oferta y consolidarse como una opción digital muy útil.

Según la norma publicada el 14 de abril en el diario oficial El Peruano, el bono tendrá carácter mensual y vitalicio, pero no es remunerativo ni pensionable ni forma parte de beneficios laborales. Su entrega será progresiva y dependerá de la edad o condición de cada beneficiario, tras cumplir el proceso de validación establecido por las instituciones correspondientes.

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Requisitos del bono de S/1.130 para veteranos de las FF. AA.

Para acceder al bono, los licenciados deben haber realizado el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 y estar reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024, conforme a lo establecido en la Ley 30826.

Además, la norma precisa condiciones específicas según cada institución militar. En el Ejército del Perú, deben haber culminado el servicio como recluta, soldado, cabo, sargento segundo o sargento primero. En la Marina de Guerra del Perú, como grumete, marinero o cabo en sus diferentes rangos. En la Fuerza Aérea del Perú, como aviador, cabo, sargento primero o sargento segundo.

También se exige haber servido en zonas de emergencia y haber participado en acciones de pacificación validadas por la institución armada correspondiente. Asimismo, el tiempo de servicio debe haber sido de 12 a 24 meses consecutivos, cumpliendo así el periodo mínimo requerido por la norma.

Finalmente, los solicitantes no deben contar con antecedentes policiales, penales o judiciales ni figurar como deudores alimentarios. Estas condiciones son obligatorias para acceder al beneficio económico.

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¿Cómo acceder al bono de las FF. AA.? Conoce el trámite, los plazos y el registro

El proceso para acceder a la bonificación inicia con la solicitud ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entidad donde los licenciados deben presentar su pedido una vez que la ley entre en vigor. Este procedimiento estará habilitado hasta el 31 de julio de 2027.

Tras la evaluación y aprobación, el expediente pasa al Ministerio de Defensa (Mindef), que es el encargado de registrar al beneficiario en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Este registro debe realizarse en un plazo no mayor de 90 días calendario, lo que permite que el beneficiario quede incorporado oficialmente al sistema estatal que gestiona los pagos del bono.

Bono de S/1.130: cronograma de pago según edad

El pago del bono de S/1.130 se realizará de forma mensual y vitalicia una vez aprobada la solicitud y completado el registro en el sistema estatal. Sin embargo, su implementación será progresiva y estará organizada por grupos de edad.

Primer año

• Beneficiarios mayores de 60 años
• Personas con discapacidad permanente

Segundo año

• Beneficiarios de 55 a 59 años

Tercer año

• Beneficiarios de 50 a 54 años

Cuarto año

• Beneficiarios de 45 a 49 años

Quinto año

• Beneficiarios de 40 a 44 años

Cierre del proceso

• La incorporación continuará de forma gradual hasta incluir a todos los beneficiarios seleccionados dentro del sistema de pago.

Según el informe “Un encuentro de oportunidades: la movilidad humana de Venezuela y el desarrollo del Perú” indica que el 70% de esta población está en edad de trabajar y una de cada tres personas cuenta con estudios universitarios.

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Venezolanos en Perú aportan US$530 millones al año y 1,3% del PBI

El análisis del Banco Mundial y ACNUR estima que los venezolanos en el país aportan cerca de US$530 millones anuales a la economía nacional, cifra equivalente al 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI). Este dato se enmarca en el impacto económico que genera su participación activa en distintos sectores.

Asimismo, el informe detalla que por cada sol invertido por el Estado peruano en esta población, se genera un retorno fiscal de S/2,6. Laura Almirall, representante de ACNUR en el Perú, señaló que “estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”.

Con esto se puede entender mejor cómo se integran las personas refugiadas, pero que su valor no debe reducirse a lo económico. También resalta que tienen acceso a derechos básicos y al rehacer sus vidas pueden portar a la sociedad que los recibe.

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ACNUR: 7.9 millones de venezolanos migraron y 1.64 millones residen en Perú

ACNUR indica que alrededor de 7.9 millones de venezolanos salieron de su país en busca de protección y mejores condiciones de vida, de los cuales 6.7 millones permanecen en América Latina y el Caribe. Este flujo migratorio posiciona a la región como principal espacio de acogida.

En el caso peruano, residen aproximadamente 1.64 millones de venezolanos, quienes acceden al empleo formal, el emprendimiento y la estabilidad económica como mecanismos para integrarse. Según el informe, estas condiciones permiten su participación activa en las comunidades de acogida y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Impacto de la migración venezolana en el Perú, según el Banco Mundial

El informe destaca que gran parte de esta población se encuentra en edad de trabajar y con altos niveles de formación, lo que favoreció su inserción en sectores como comercio y servicios.

Sin embargo, también evidencia la necesidad de fortalecer la formalización laboral y el reconocimiento de estudios profesionales, ya que muchos migrantes con educación superior no logran ejercer plenamente sus carreras.

Asimismo, indica que la integración de esta población no depende solo del empleo, sino también del acceso a la regularización migratoria. Precisa que con ello se podría reducir situaciones de vulnerabilidad y facilita una participación más estable en la sociedad.

Sin embargo, el pago continúa vigente porque el dinero de los fonavistas incluidos en el padrón aprobado se mantiene disponible. Como se indicó, los beneficiarios no pierden el derecho de cobro tras las fechas del cronograma, ya que estas solo marcaron el inicio del proceso de atención.

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Fonavi Reintegro 5: beneficiarios aún pueden cobrar pese al fin del cronograma

El cronograma de pagos del Reintegro 5 del Fonavi, difundido por el Banco de la Nación, ya finalizó y fue implementado como una medida de organización inicial para ordenar la atención de los beneficiarios según el último dígito del DNI.

Este cronograma no definió el cierre del proceso de devolución, sino únicamente el inicio de la atención escalonada. Por ello, los beneficiarios que figuran en el padrón aprobado continúan habilitados para realizar el cobro en las agencias autorizadas.

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Más de 66 mil exfonavistas cobrarán devolución pendiente

El Reintegro 5 del Fonavi incluye a 66.644 exfonavistas, con un fondo total de S/222 millones 234 mil 70,69, según lo establecido por la Comisión Ad Hoc.

El padrón comprende a personas que ya recibieron devoluciones parciales en los grupos del primero al decimonoveno, pero mantienen montos pendientes por cobrar. También considera como beneficiarios a los fonavistas de 67 años o más, a los titulares fallecidos que alcanzaron 88 años o más al 31 de mayo de 2026, a los inscritos en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), a los pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y a los casos con enfermedad grave o terminal acreditada, siempre que tengan aportes validados por la Secretaría Técnica del Fonavi.

Banco de la Nación continúa con pagos del Reintegro 5 del Fonavi

Para acceder al cobro, el primer paso es verificar la inclusión en el padrón oficial mediante la página Consulta Padrón Fonavi, administrada por la Secretaría Técnica.

Una vez confirmada la inclusión, el pago se realiza en el Banco de la Nación presentando únicamente el DNI del titular. El cronograma aplicado estableció el orden de atención por último dígito: cero y uno desde el 14 de mayo, dos y tres desde el 15, cuatro y cinco desde el 18, seis y siete desde el 19, y ocho y nueve desde el 20 de mayo.

Herederos de fonavistas fallecidos ya pueden acreditarse para cobrar el Reintegro 5

Desde el 21 de mayo, los herederos de fonavistas fallecidos pueden iniciar el proceso de acreditación para acceder al cobro del Reintegro 5. Este es el único grupo que inicia un trámite posterior al cronograma de atención inicial.

Quienes formen parte de este grupo deben verificar primero que el titular aparezca en el padrón oficial del Fonavi. Luego, deberán acudir al BN con su DNI y la Declaración Jurada de Beneficiario de Fonavista Fallecido, documento en el que afirman tener derecho al cobro y no conocer a otros herederos con mayor prioridad.

Además, los documentos varían según el parentesco. Los viudos deben presentar acta de matrimonio; los convivientes, certificado de unión de hecho; y los hijos, partidas de nacimiento. En casos de herederos “otros”, se exige sucesión intestada, testamento o resolución judicial inscrita en SUNARP para acreditar legalmente el derecho al dinero.

Este procedimiento forma parte del esquema general de devolución de aportes del Fonavi, que contempla además nuevos desembolsos ya programados: el Reintegro 6, previsto para agosto de 2026, y la Lista 23, proyectada para diciembre del mismo año, ambos sujetos a confirmación presupuestal.

El desempeño responde al mayor avance de la inversión minera y no minera, lo que permitió fortalecer la demanda interna, impulsar la generación de empleo y dinamizar el consumo de los hogares. En ese marco, el MEF destacó que el sector privado mantiene su apuesta por el país incluso en un contexto electoral de incertidumbre.

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MEF: inversión privada crece 13,2% impulsada por minería e infraestructura

El resultado de la inversión privada estuvo sustentado en el comportamiento positivo tanto del componente minero como del no minero, de acuerdo con el MEF. Esta dinámica conjunta permitió sostener la expansión de 13,2% en el primer trimestre del 2026 sin depender de un solo sector económico.

En el caso de la inversión no minera, el avance estuvo asociado principalmente a la ejecución y continuidad de grandes proyectos de infraestructura. Entre ellos destacan la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Red Vial N.° 6 y las inversiones finales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que reflejan una fase intensiva de ejecución de obras estratégicas para la conectividad del país.

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“Aún en un contexto electoral, el sector privado continúa apostando por el Perú”

La demanda interna creció 6,6% en el primer trimestre del año, registrando su mayor nivel de expansión en casi cinco años. Este comportamiento refleja la interacción entre mayor inversión privada y el incremento del gasto del sector privado, lo que refuerza la actividad económica general.

El titular del sector, Rodolfo Acuña, resaltó que este desempeño permite proyectar continuidad en el crecimiento durante el segundo trimestre del 2026. “Este resultado es importante porque la inversión privada mantiene una trayectoria favorable y sigue acompañando el dinamismo de la demanda interna. Ello refleja que, aún en un contexto electoral, el sector privado continúa apostando por el Perú y por las oportunidades de crecimiento que ofrece nuestra economía”, precisó.

Gasto privado crece 5,7% y consumo mantiene 10 trimestres de expansión

El gasto privado mostró un incremento de 5,7% en el primer trimestre, lo que lo convierte en uno de los componentes más dinámicos del comportamiento de la demanda interna. Este avance se vincula directamente con la mayor actividad del sector privado en la economía.

A su vez, el consumo privado creció 3,5% y completó 10 trimestres consecutivos de expansión. Este resultado estuvo respaldado por mejores ingresos de los hogares, una mejora en las condiciones del mercado laboral y la recuperación del crédito de consumo, factores que contribuyen a sostener el nivel de actividad económica.

La propuesta busca elevar la calidad de vida de miles de familias mediante la expansión de redes de distribución, a través de esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) y modificaciones a concesiones ya existentes. Además, apunta a reforzar la seguridad energética y fomentar una fuente de energía más eficiente y económica.

Durante el simposio Titikaka Energético 2026, la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, afirmó que la masificación del gas natural no solo implica inversión en infraestructura, sino también bienestar para las familias, mayor competitividad regional y una oportunidad para reducir las brechas energéticas del país.

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Gas natural: Adenda Cálidda impulsará US$643 millones en expansión de redes

El plan de inversión contempla el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo APP, además de la suscripción de adendas en concesiones existentes, lo que permitirá adelantar inversiones en infraestructura energética en distintas zonas del país.

Entre las intervenciones se encuentra la Adenda Cálidda, prevista para el segundo trimestre de 2026, con una inversión de US$643 millones, orientada a la distribución de gas natural en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

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Nuevas redes y plantas favorecerán a más de 150 mil hogares

La Adenda Cálidda contempla la construcción de 2.510 km de redes de distribución, dos city gates, nueve plantas satelitales de regasificación y la conexión de más de 150.914 hogares potenciales.

Asimismo, se incluye el proyecto de masificación del gas natural por ductos en Arequipa, Moquegua y Tacna, con una inversión proyectada de US$266 millones y adjudicación prevista para 2027, que incorpora transporte terrestre, estaciones de regasificación y redes hasta los usuarios finales.

ProInversión impulsa expansión del gas natural en el sur

ProInversión también desarrolla iniciativas vinculadas al transporte de gas natural por ductos en regiones como Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, además de proyectos de seguridad energética como almacenamiento de líquidos de gas natural y ductos de redundancia.

Puno se perfila como un nuevo polo gasífero del sur, con potencial para integrarse a la masificación mediante plantas satélite de regasificación y redes de distribución. Además, promueve la participación privada con tecnología moderna y enfoque ambiental.

Según Miralles, el trabajo articulado con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), gobiernos regionales y sector privado busca “que el gas natural llegue a más peruanos y contribuya a un desarrollo energético más seguro, descentralizado y sostenible”.

Estas son las 11 regiones que serán beneficiadas

1. Apurímac
2. Ayacucho
3. Cusco
4. Huancavelica
5. Junín
6. Puno
7. Ucayali
8. Arequipa
9. Moquegua
10. Tacna
11. Ica

La información fue confirmada por el titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas, durante declaraciones brindadas a Exitosa. El ministro aclaró que el Gobierno no tiene previsto llevar la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) y explicó que actualmente la discusión gira en torno a cómo se aplicará el pago y cuál será el monto que recibirán los trabajadores CAS en julio.

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CAS 2026: “Habrá gratificación, pero se evalúa el monto”, señala Rodolfo Acuña

El ministro Acuña explicó que sí habrá pago de gratificación para los CAS, aunque todavía se analiza cuánto dinero podrán entregar las entidades públicas. Según indicó, la aplicación de la ley tendría un mecanismo de gradualidad debido a las limitaciones presupuestales de algunas instituciones del Estado.

“Ha habido una confusión. Yo señalé que se podría evaluar, después del proceso electoral. Eso no le corresponde, sino al Consejo de Ministros, quien lleva las normas al Tribunal Constitucional, y si considera o no un escenario de una observación”, aclaró.

Además, señaló que la principal discusión actualmente no es si habrá gratificación, sino el monto que finalmente se pagará. La ley aprobada establece que el beneficio debería equivaler a la remuneración que perciben los trabajadores CAS y no a un aguinaldo fijo de S/300 como ocurre en otros regímenes del sector público.

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Pago de gratificación CAS: MEF plantea aplicación gradual del beneficio

El titular del MEF detalló que algunas entidades públicas ya cuentan con recursos para asumir el pago completo de la gratificación, pero reconoció que no todas tienen la misma capacidad presupuestal. Por ello, el Ejecutivo evalúa aplicar la norma de manera progresiva para evitar impactos en el equilibrio fiscal.

Según Acuña, el pago inicial podría ser menor al monto que establece la ley y posteriormente incrementarse de forma gradual. Esta propuesta sería presentada mediante normas que el Ejecutivo enviará al Congreso para definir el mecanismo de implementación del beneficio.

“Los mecanismos de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso, para suavizar o implementar gradualmente las normas. Porque existen algunas entidades que pueden decir que tienen el espacio para atender (el pago de gratificación), pero no son todas”.

Además, el MEF reafirmó mediante un comunicado que no presentará demandas de inconstitucionalidad contra las normas aprobadas por el Congreso vinculadas a mejoras remunerativas y beneficios laborales para los trabajadores estatales.

“En ese sentido, el MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, señaló la entidad.

Trabajadores CAS: ¿en qué fecha se pagaría la gratificación?

El pago de la gratificación para trabajadores CAS se realizaría en julio, siguiendo el cronograma habitual. De acuerdo con lo señalado en la norma y las precisiones brindadas, las entidades estatales tendrían como fecha límite la mitad del mes para efectuar el depósito correspondiente.

Esto significa que podrían recibir el beneficio hasta el 15 de julio. La implementación de esta medida representa un cambio importante para este régimen laboral, ya que anteriormente estos servidores no contaban ni con gratificaciones ni con CTS.

Con la entrada en vigencia de la norma, el Estado reconoce estos beneficios laborales para los CAS en condiciones similares a otros regímenes públicos. Sin embargo, el monto definitivo del primer pago todavía dependerá de las disposiciones que apruebe el Ejecutivo respecto a la gradualidad planteada por el MEF.

El proyecto señala que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrían disponer de parte de sus fondos para aliviar la economía familiar, pagar deudas, impulsar pequeños negocios y enfrentar el impacto de la recesión. Además, propone desembolsos más acelerado que en iniciativas anteriores.

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Retiro AFP de 4 UIT: proyecto plantea liberar hasta S/21.400 a afiliados

La propuesta fue presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, integrante de Somos Perú. El legislador ya había participado en iniciativas previas relacionadas con retiros de AFP, incluidas propuestas que formaron parte del dictamen del octavo retiro.

El proyecto de ley propone que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT, lo que equivale aproximadamente a S/21.400, según el cálculo referencial del documento. Este retiro sería totalmente voluntario, por lo que cada afiliado decidiría si accede o no a su dinero.

La iniciativa busca responder a lo que denomina una crisis económica prolongada en el país, marcada por la recesión, la inestabilidad política, la delincuencia, la inflación y los impactos de fenómenos climáticos. Según el texto, la liberación de fondos permitiría a las familias cubrir gastos urgentes, pagar obligaciones financieras y reactivar el consumo interno.

El proyecto señala: "Tiene como finalidad mitigar y aliviar los efectos de la crisis económica familiar, por causas de la recesión económica producidas por la convulsión social, inestabilidad política y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global". Además, Pazo Nunura no lo presenta como urgente, pero el texto sugiere esa condición por el contexto económico y climático.

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Así funcionaría el cronograma de pagos del proyecto del retiro AFP

Una de las principales diferencias de esta propuesta frente a retiros anteriores es el cronograma acelerado de pago. El retiro de las 4 UIT se realizaría en dos partes: primero se entregaría hasta 2 UIT a los 30 días de presentada la solicitud, y el segundo desembolso se realizaría 30 días después del primero, con lo que se completaría el monto total en aproximadamente 60 días.

El proyecto establece que los afiliados tendrían un plazo de 90 días calendario para presentar su solicitud luego de la publicación del reglamento. El pedido podría hacerse de manera virtual, remota o presencial, y el afiliado incluso podría desistir antes de que se realice el desembolso. Además, el retiro sería por única vez.

Solo deudas por alimentos permitirían retener hasta el 30% del dinero

El proyecto señala que los fondos retirados tendrían carácter intangible, lo que significa que no podrían ser embargados, retenidos ni descontados por vía judicial o administrativa. La única excepción contemplada es por deudas de alimentos, caso en el que se permitiría retener hasta el 30% del monto retirado.

En cuanto a su impacto económico, el documento afirma que los retiros anteriores ayudaron a dinamizar el consumo, pagar deudas y sostener a pequeñas empresas durante crisis pasadas. Sin embargo, también reconoce críticas que advierten que este tipo de medidas reduce el ahorro previsional futuro y afecta las pensiones, aunque se argumenta que el beneficio inmediato para las familias sería mayor en el corto plazo.

Retiro AFP 2026: estos son los 9 proyectos de ley que buscan liberar hasta S/22.000

• Primer proyecto: plantea el noveno retiro de AFP con un acceso de hasta 4 UIT (S/22.000). Además, propone la devolución total de los fondos a los herederos de afiliados fallecidos. La iniciativa fue presentada por Américo Gonza Castillo, integrante de Perú Libre, el 12 de febrero.
• Segundo proyecto: propone un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. Fue impulsado por Darwin Espinoza Vargas, miembro de Podemos Perú, el 18 de febrero.
• Tercer proyecto: busca autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) para afiliados al sistema privado de pensiones. La propuesta fue presentada por Alfredo Pariona Sinche, de Bancada Socialista, el 23 de febrero.
• Cuarto proyecto: contempla un retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/22.000). La iniciativa corresponde a Miguel Ángel Ciccia Vásquez, integrante de Renovación Popular, y fue presentada el 20 de marzo.
• Quinto proyecto: propone permitir el acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. El proyecto fue presentado por Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, el 7 de abril.
• Sexto proyecto: plantea un retiro de hasta 4 UIT (S/22.000), pero distribuido en tres partes. Fue impulsado por Guido Bellido Ugarte, de Podemos Perú, el 30 de abril.
• Séptimo proyecto: propone el acceso de hasta 4 UIT mediante tres desembolsos. La iniciativa fue presentada por Paul Silvio Gutiérrez Ticona, de Somos Perú, el 6 de mayo.
• Octavo proyecto: también busca liberar hasta 4 UIT en tres partes. La propuesta corresponde a Margot Palacios Huamán y fue presentada el 7 de mayo.
• Noveno proyecto: plantea el retiro de hasta 4 UIT en dos partes, con un cronograma más rápido de entrega. La iniciativa fue presentada por José Bernardo Pazo, integrante de Somos Perú, el 21 de mayo.

Según el reporte Empleo asociado a las exportaciones - marzo 2026, los puestos vinculados al sector no tradicional alcanzaron 810.058 plazas, mientras que el rubro tradicional sumó 694.225. Aunque el primero registró una ligera caída de -0,7%, el segundo creció 26,5%.

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La agroindustria lideró la generación de empleo con 590.483 puestos de trabajo, seguida de la minería con 438.092 y el agro tradicional con 236.126. Estos tres sectores concentraron el 84,1% del total de plazas laborales asociadas a las exportaciones.

El crecimiento estuvo impulsado por la mayor demanda internacional de productos como arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos, café y azúcar, además de minerales como cobre, oro, zinc, hierro y molibdeno.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país registró 5 millones 019.000 empleos privados formales a marzo del 2026, por lo que los puestos directamente asociados a las exportaciones representaron alrededor del 30% del total nacional.

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EE.UU. fue el principal impulsor de empleos vinculados a exportaciones

Estados Unidos se consolidó como el mayor impulsor de empleos directos relacionados con las exportaciones peruanas al generar 370.128 plazas laborales, seguido de la Unión Europea con 320.749 y China con 280.378. También destacaron Canadá con 71.566 e India con 59.139.

En cuanto a sectores, solo tres de los quince analizados cerraron con cifras positivas: pesca y acuicultura creció 63,2%, agro tradicional 48,7% y minería primaria 19,6%. En contraste, joyería cayó -75,5%, hidrocarburos -24,5%, metalmecánica -20,1% y maderas -17,3%.

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Por regiones, la costa, incluyendo Lima y Callao, concentró el 73,3% de los empleos relacionados con la actividad exportadora. Tacna lideró el crecimiento regional con un avance de 45,5%, seguida de Lambayeque (17,7%), Arequipa (16,2%), Piura (13,7%) y Áncash (6,1%).

A nivel nacional, Lima registró la mayor cantidad de puestos vinculados a exportaciones con 296.369 empleos, seguida de Ica (171.895), La Libertad (157.271), Cajamarca (144.312) y Piura (132.553).

La decisión fue emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima mediante la Resolución N.° 01, donde se dispone "ADMITIR a trámite la demanda de PROCESO DE AMPARO" interpuesta por el sindicato petrolero.

La demanda busca que se declare inaplicable e inconstitucional el Decreto de Urgencia 010-2025, norma emitida por el Ejecutivo como parte del proceso de reorganización patrimonial y financiera de Petroperú. Además, el juzgado programó una audiencia única virtual para el próximo 5 de octubre del 2026 a las 9.00 a. m., en la que las partes deberán sustentar oralmente sus posiciones.

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Sindicato advierte riesgo para estabilidad laboral

En el expediente judicial, Fempetrol sostiene que el decreto "introduce medidas que precarizan el empleo" y tiene "un carácter regresivo prohibido por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú".

Según el sindicato, la norma "abre la puerta a procesos de ‘reestructuración’ y ‘optimización’", debido a que traslada decisiones empresariales a ProInversión. En esa línea, advierte que "el desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de ‘optimización’".

Por ello, la federación solicita que el Poder Judicial ordene "el cese inmediato de toda amenaza o afectación al derecho fundamental al trabajo y a la estabilidad laboral" de los trabajadores afiliados al gremio.

Asimismo, pide que se declare la inconstitucionalidad de la transferencia de facultades de Petroperú a ProInversión y de la inclusión de la empresa estatal dentro del ámbito del Decreto Legislativo 674, norma relacionada con procesos de promoción de inversión privada.

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Cuestionan participación privada en activos estratégicos

Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apunta al denominado "plan vinculante" impulsado por ProInversión, el cual contempla mecanismos de participación privada en activos estratégicos de Petroperú, como la refinería de Talara, el Oleoducto Norperuano y la red comercial.

Fempetrol considera que modalidades como concesiones, contratos de gerencia o joint ventures representarían una "privatización encubierta" de la petrolera estatal, al permitir una mayor injerencia privada en operaciones fundamentales de la compañía.

En paralelo, ProInversión asumirá un rol más activo en la supervisión de adquisiciones de petróleo crudo, derivados, aditivos e insumos críticos destinados a las refinerías y terminales de la empresa.

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Denuncian presuntas irregularidades

La federación sindical también cuestionó contrataciones y asesorías externas vinculadas al proceso de reestructuración, incluidas consultorías realizadas por empresas privadas como Deloitte.

Según el gremio, dichos contratos se habrían efectuado sin respetar plenamente los procedimientos administrativos ni los principios de transparencia en el uso de recursos públicos. Dentro de sus argumentos, los trabajadores señalan además que el costo de la planilla de Petroperú asciende a US$128 millones, monto que, afirman, "representa apenas el 3,77% del total de ingresos" y el "3,49% de los costos y gastos".

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PJ notificará a entidades demandadas

En la resolución, el Quinto Juzgado Constitucional remarca que la demanda cumple con los requisitos establecidos en el Nuevo Código Procesal Constitucional. Además, recuerda que en este tipo de procesos "no procede el rechazo liminar de la demanda", debido a la necesidad de garantizar la tutela de derechos fundamentales.

El juzgado también ordenó "córrase traslado a las partes procesales; para que hagan valer su derecho en el término de ley".

De esta manera, las entidades demandadas deberán presentar sus descargos y sustentar la legalidad del Decreto de Urgencia 010-2025 y del proceso de reestructuración de Petroperú, en una disputa que ahora también se traslada al ámbito constitucional.

Sin embargo, detrás de ese resultado general, el desempeño del agro mostró fuertes contrastes: mientras algunos cultivos lograron expandirse, otros de alto peso para las agroexportaciones peruanas enfrentaron retrocesos marcados por efectos climáticos, alteraciones en las lluvias y aparición de plagas.

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Ese escenario también se reflejó en marzo. De acuerdo con el informe de Producción Nacional del INEI, el subsector agrícola cayó 2,06% durante ese mes, con descensos que en algunos cultivos superaron el 60%. Entre los cultivos más afectados estuvieron el café, cacao, mango y aceituna, en un contexto marcado por temperaturas irregulares, exceso de humedad y aparición de plagas.

El café retrocedió 14,91% frente al mismo mes de 2025, mientras que el cacao disminuyó 18,13%. Aunque otros productos, como la páprika y la aceituna, registraron bajas incluso mayores, varios de estos cultivos mantienen un peso estratégico dentro del sector agroexportador peruano y sostienen la actividad económica de miles de productores en distintas regiones del país.

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Temperaturas y plagas afectaron cultivos del agro

En el caso del café, las altas temperaturas registradas durante el periodo aceleraron el ciclo biológico del cultivo y alteraron sus tiempos normales de desarrollo. A ello se sumó el incremento de humedad en algunas zonas productoras, lo que favoreció la aparición de la broca del café, una plaga que perfora el grano, reduce su calidad y afecta el rendimiento de la cosecha.

El impacto no fue uniforme en todas las regiones. Huánuco registró la caída más fuerte, con un retroceso de 60,67%. Le siguieron Pasco, con 50,69%, y San Martín, con 42,17%. Estas zonas concentran una parte importante de la producción cafetalera de la selva central y norte del país.

Junín, considerada la principal región cafetalera del Perú, logró mantener un crecimiento mínimo de 0,51%, lo que ayudó a amortiguar parcialmente la caída nacional, aunque no fue suficiente para revertir la tendencia general.

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El cacao también mostró una fuerte contracción de 18,13%, vinculada a temperaturas superiores a lo normal que afectaron su proceso de desarrollo y producción. Las regiones más afectadas fueron San Martín, con una caída de 41,9%, y Huánuco, con 21,68%. Amazonas y Pasco también registraron retrocesos, aunque de menor magnitud.

La preocupación alrededor del cacao va más allá de una mala campaña puntual. En los últimos años, el cacao peruano ha ganado espacio en mercados internacionales de cacao fino y orgánico, segmentos de alto valor dentro de las agroexportaciones. Una reducción sostenida en la producción no solo afecta los volúmenes exportados, sino que también puede dificultar el cumplimiento de compromisos comerciales en mercados donde la continuidad de la oferta y la calidad son factores clave.

Otros cultivos también retrocedieron

El impacto climático no se limitó al café y cacao. La aceituna cayó 50,35% frente a marzo de 2025, afectada por menores áreas sembradas y temperaturas superiores a lo normal. Tacna, una de las principales regiones productoras, registró una disminución de 64,52%.

El mango también cerró el mes en negativo, con una reducción de 10,8%. Las condiciones térmicas desfavorables afectaron el proceso de fertilización del cultivo, especialmente en Ica, donde la producción se desplomó 88,32%, y en Cajamarca, con un descenso de 69,2%.

Sin embargo, el comportamiento del agro no fue homogéneo. Algunos cultivos mostraron resultados positivos durante el trimestre. El arándano creció 50,07%, impulsado por mayores siembras y condiciones climáticas favorables en sus principales zonas de producción. La palta avanzó 11,76% y la caña de azúcar aumentó 42,57%, favorecidas por una mayor superficie cultivada y la recuperación de regiones productoras.

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Ese comportamiento evidencia que la variabilidad climática no afecta a todos los cultivos con la misma intensidad. Mientras algunos productos logran adaptarse o incluso beneficiarse de determinados cambios de temperatura y humedad, otros enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.

El problema es que varios de los cultivos más afectados son también los que tienen mayor peso dentro de las agroexportaciones y los que involucran a miles de pequeños productores con menor capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos adversos.

Los datos del INEI muestran una alerta para el sector: aunque el agro peruano todavía crece en términos generales, varios de los cultivos más importantes empiezan a mostrar una mayor vulnerabilidad frente a los cambios climáticos. Si estas condiciones continúan, el impacto podría ir más allá de una sola campaña y terminar afectando tanto las exportaciones como la economía de miles de familias productoras.

Además, la ONP precisó que los depósitos se efectuarán en entidades como Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, dependiendo del régimen pensionario correspondiente.

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Cronograma de pagos ONP junio 2026 para pensionistas del Decreto Ley 19990

Los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 cobrarán según la primera letra de su apellido paterno bajo el siguiente calendario:

• A – C: 5 de junio
• D – L: 8 de junio
• M – Q: 9 de junio
• R – Z: 10 de junio
• Convenios internacionales: 12 de junio

La ONP informó además que este grupo incluye a los pensionistas de la Ley N.º 27803. En el caso del pago a domicilio, este se realizará del 15 al 24 de junio.

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Fechas de pago para pensionistas de los Decretos 18846, 20530, 30003 y 26790

Para los demás regímenes pensionarios administrados por la ONP, el pago mediante abono en cuenta bancaria fue programado para el 11 de junio en las siguientes entidades financieras: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

El cronograma confirmado es el siguiente:

• Decreto Ley N.º 18846: 11 de junio
• Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo: 11 de junio
• Ley N.º 30003 (pesqueros): 11 de junio
• Ley N.º 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo): 11 de junio

En todos estos casos, el pago a domicilio se efectuará entre el 18 y el 24 de junio para los beneficiarios que acceden a esta modalidad.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada previamente en el diario oficial El Peruano. El cronograma también comprende pagos para personal bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), pensionistas del Decreto Ley N.º 20530, además de conceptos como propinas, Serums y Secigra.

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Cronograma oficial de pago de sueldos para trabajadores del sector público en junio 2026

El MEF estableció cuatro fechas para el depósito de remuneraciones de trabajadores estatales durante junio de 2026:

• Miércoles 17 de junio: Educación, universidades, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Midagri y Energía y Minas.
• Jueves 18 de junio: Interior, Defensoría del Pueblo, Midis, Vivienda y Relaciones Exteriores.
• Viernes 19 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec.
• Miércoles 22 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El cronograma incluye también al personal CAS y otros pagos periódicos vinculados al Estado, según lo dispuesto por el MEF.

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¿Cuándo se pagarán las pensiones del Decreto Ley 20530 en junio?

El cronograma oficial para pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 comenzará el jueves 11 de junio y continuará de manera escalonada según cada sector público:

• Jueves 11 de junio: Educación, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Midagri y Energía y Minas.
• Viernes 12 de junio: Interior, Defensoría del Pueblo, Midis, Vivienda y Relaciones Exteriores.
• Lunes 15 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec.
• Martes 16 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El MEF también recordó que pagos como CTS, gratificaciones o indemnizaciones continuarán realizándose según las fechas establecidas en la legislación vigente. Información basada en datos difundidos por la Agencia Andina.

La PAST será una plataforma digital única que permitirá integrar información previsional, facilitar la elección de régimen y ejecutar traslados entre sistemas. Además, funcionará bajo estándares de seguridad, interoperabilidad y protección de datos personales, con el objetivo de brindar procesos más eficientes, transparentes y trazables para los afiliados.

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Plataforma PAST de pensiones: cómo funcionará el sistema de afiliación

La Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST) será el sistema central donde se concentrará toda la información relacionada con afiliaciones, aportes y cambios de régimen previsional. Su finalidad es simplificar el acceso de la ciudadanía a los servicios del sistema de pensiones.

La herramienta permitirá que se realicen procesos de elección, afiliación y traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Además, operará bajo la gestión de la ONP, con gobernanza conjunta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), garantizando el intercambio de información en tiempo real.

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SBS y ONP impulsan la modernización del sistema previsional

La SBS explica que los acuerdos firmados con ONP buscan fortalecer la articulación del sistema previsional mediante la creación de mecanismos de coordinación y el intercambio de información entre ambas entidades. “El acuerdo marco busca establecer los mecanismos y dinámicas de gobernanza producto de una mayor interacción entre la SBS y la ONP, mientras que el convenio específico busca garantizar el intercambio seguro y en tiempo real de información entre ambas entidades”.

Además, la implementación de la PAST se sustenta en estos dos convenios, uno de coordinación institucional y otro operativo de intercambio de información, con una vigencia inicial de tres años.

Esto significa un avance en la reforma previsional, al mejorar la interoperabilidad entre entidades públicas y privadas del sistema de pensiones. La SBS precisa que “estos acuerdos constituyen uno de los principales hitos en la implementación de la reforma previsional orientada a fortalecer la interoperabilidad entre las entidades públicas y privadas vinculadas al sistema de pensiones”, destacando su impacto en la modernización del sistema.

“La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá procesos más seguros”

La PAST se enmarca dentro de la reforma previsional impulsada por la Ley N.° 32123. También incluye la implementación del Pilar Semicontributivo.

“La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá brindar a los ciudadanos procesos de afiliación y traslados más seguros, transparentes y eficientes. Con la PAST estamos construyendo una plataforma moderna que fortalece la confianza de las personas en el sistema previsional y mejora la calidad de los servicios públicos digitales”, destacó el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacsa.

Afiliaciones en PAST contarán con mayor seguridad y trazabilidad

El diseño de la PAST incorpora principios de seguridad de la información, confidencialidad y trazabilidad en cada proceso, asegurando que las decisiones de afiliación o traslado queden registradas y puedan ser verificadas.

En esa línea, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, explicó el alcance del modelo de implementación y control del sistema. “La reforma plantea un sistema previsional más integrado y transparente. Estos convenios nos permiten asegurar que los puntos operacionales de contacto, el intercambio de información y los procesos de elección, afiliación y traslado se desarrollen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los afiliados”, puntualizó.

El anuncio se da en paralelo al avance de los pagos del Reintegro 5, que ya se ejecutan a nivel nacional a través del Banco de la Nación (BN). Mientras tanto, las autoridades reiteran que el proceso de devolución continúa en evaluación debido a la antigüedad de la información y la necesidad de validar aportes.

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Lista 23 Fonavi diciembre: nuevos beneficiarios sin cobro previo

El jefe de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Eduardo Gaytán, explicó en Andina Canal Online que la nueva lista está en evaluación y podría salir en diciembre. “La Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo esfuerzos denodados por tratar de sacarla lo antes posible y esperemos que todo vaya bien y sea para el mes de diciembre”.

Además, precisó el alcance de este nu evo grupo de beneficiarios: “Estarán en el grupo N° 23 todos aquellos fonavistas que no hayan recibido ningún cobro y no hayan salido en ningún padrón”. Con ello, se busca incorporar a quienes nunca accedieron a devoluciones previas. El funcionario también remarcó la dificultad del proceso por la antigüedad de los registros del Fonavi señalando que “debemos verificar la información que nos han enviado en su formulario y estamos hablando de data de hace 40 años”.

Asimismo, destacó el avance general del proceso de devolución, indicando que “ya se ha pagado a más de un millón 200,000 personas y se ha hecho la devolución de más de 3,000 millones de soles. Eso demuestra que la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo todos los esfuerzos para que se complete la devolución”.

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“El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado”

El proceso de incorporación a la Lista 23 también depende de la validación de información histórica, lo que generó demoras en algunos casos. De acuerdo con las autoridades, muchos expedientes requieren documentación adicional para confirmar aportes.

El representante de la Comisión Ad Hoc, Jorge Milla, explicó anteriormente en RPP que el nuevo grupo de diciembre estará enfocado en quienes nunca cobraron. Precisó que “el tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada. Ese grupo se está preparando para fin de año”.

Asimismo, advirtió que la falta de documentación es una de las principales razones por las que algunos no fueron considerados en listas anteriores. “Este grupo de diciembre va a ser el grupo 23. Entonces, si en 22 grupos no me han pagado, lo más probable es que es un tema de información. Entonces, el fonavista y los herederos deben preocuparse en acercar esta información a la Secretaría Técnica: los certificados de trabajo, las boletas, información que pueda ayudar a que se pueda incorporar al proceso del grupo de fin de año”.

Reintegro 5 Fonavi, vía Banco de la Nación: pagos y beneficiarios

El proceso de devolución continúa con el Reintegro 5, que ya se viene pagando desde el 14 de mayo a nivel nacional. Este grupo incluye a exfonavistas que ya habían recibido montos parciales en listas anteriores, específicamente del 1 al 19.

Según lo establecido por la Comisión Ad Hoc, los pagos se destinan a beneficiarios con condiciones específicas. “Este quinto grupo lo conforman todas aquellas personas que hayan salido en un grupo de pago del 1 al 19 y que hayan cumplido 68 años de edad al 31 de mayo del 2026 o quienes hubieran cumplido 88 años al 31 de mayo del 2026”.

Además, se incluyen personas con discapacidad, pensionistas de invalidez o casos de enfermedades graves debidamente acreditadas, de acuerdo con los criterios oficiales del padrón aprobado.

También se recomendó a los beneficiarios verificar previamente su inclusión antes de acercarse a cobrar. Por ello, antes de ir a cobrar primero ingresen a la página web: www.fonavi-st.gob.pe. Ahí coloquen el DNI del titular fonavista y una vez que hayan verificado que está en la relación recién pueden acercarse al Banco de la Nación.