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El ahorro estimado por ProInversión responde a la reducción del precio por barril y de los costos de transporte. No obstante, Talara aún opera al 64% de su capacidad de destilación, según informó Petroperú a La República, por lo que la refinería también debe avanzar en su recuperación operativa para alcanzar el nivel de procesamiento previsto.

La petrolera estatal espera superar los 80.000 barriles diarios de procesamiento hacia fines de este año. Para alcanzar esa meta, todavía debe completar la puesta en operación de Flexicoking, unidad cuyos trabajos de inspección y mantenimiento culminaron recientemente.

Esta recuperación también se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la gestión de la petrolera. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) sostuvo que las restricciones de liquidez limitaron la compra de crudo y cuestionó los resultados de la intervención de ProInversión. El gremio también pidió aclarar el destino del crédito puente de US$475 millones otorgado a la empresa. Sus críticas se refieren al financiamiento y a la estrategia de recuperación de Petroperú, no específicamente a los contratos con Ecuador.

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Compra directa busca reducir los costos del crudo

Los contratos fueron adjudicados en concursos internacionales convocados por Petroecuador. El primero comprende 4,32 millones de barriles durante seis meses y el segundo, 11,88 millones durante once meses. Las entregas están programadas entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027.

Según ProInversión, la adquisición directa permitirá reducir entre US$8 y US$10 el costo por barril frente a compras anteriores. La entidad calcula un ahorro de aproximadamente US$3 millones por cargamento y proyecta que el beneficio podría alcanzar hasta US$180 millones anuales.

El transporte también tendría un impacto en los costos. ProInversión señala que el recorrido del crudo pasaría de aproximadamente 17 días a unos tres días, mientras que el flete se reduciría de entre US$7 millones y US$8 millones a alrededor de US$1,8 millones por buque.

La petrolera estatal estima que el traslado hasta Talara o Bayóvar tomará entre tres y cuatro días. La cercanía del proveedor ecuatoriano evitará el tránsito por el Canal de Panamá y facilitará la programación de las entregas y la reposición de inventarios. Según la empresa, esta ventaja adquiere importancia ante posibles contingencias logísticas asociadas al fenómeno de El Niño.

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Talara busca elevar su procesamiento

La Nueva Refinería Talara tiene una capacidad de destilación de 95.000 barriles diarios. Al operar al 64%, su nivel actual equivale a unos 60.800 barriles por día. Petroperú prevé superar los 80.000 barriles diarios al cierre de 2026, aunque esta meta todavía depende de la evolución de sus operaciones.

La empresa indicó que los trabajos programados de inspección y mantenimiento de Flexicoking culminaron con éxito y que la unidad continúa en maniobras de arranque. Su puesta en funcionamiento será progresiva, conforme a los protocolos técnicos y de seguridad.

La recuperación de esta unidad es relevante para aumentar el procesamiento y mejorar el aprovechamiento de la materia prima. No obstante, contar con un mayor volumen de crudo no garantiza por sí solo que la refinería alcance la meta prevista: también debe consolidar su capacidad operativa.

La operación también marca la reanudación de las relaciones comerciales entre Petroperú y Petroecuador después de cuatro años. El acuerdo busca diversificar el abastecimiento de la refinería y reducir su exposición a los costos logísticos de proveedores más distantes.

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Petroperú recupera el 100% del contrato del Lote 192

La compra de petróleo ecuatoriano se produce mientras Petroperú mantiene pendiente la reactivación del Lote 192, ubicado en Loreto. El yacimiento, cuya producción está paralizada desde febrero de 2020, debía desarrollarse bajo un esquema que incorporaba a Altamesa Energy Perú como socio privado. Sin embargo, la empresa comunicó en enero de 2025 su intención de transferir el 61% de su participación contractual por su situación económica y financiera, según información recogida en los estados financieros auditados de Perupetro.

El programa de trabajo del lote contemplaba la perforación de 41 pozos de desarrollo y uno exploratorio. No obstante, la salida de Altamesa modificó las condiciones previstas para ejecutar esas actividades y obligó a revisar la estructura contractual. En octubre de 2026, el Gobierno aprobó la transferencia de la participación de la empresa a Petroperú, que volvió a concentrar el 100% del contrato.

La modificación, sin embargo, no equivale a la reanudación de la producción. La norma no establece una nueva fecha de inicio de operaciones ni precisa cuánto crudo podría aportar el yacimiento una vez reactivado. Por ahora, el desarrollo del Lote 192 y su eventual contribución al abastecimiento de Talara dependen de la ejecución de las actividades pendientes y de las condiciones para retomar la explotación.

El impacto de los contratos se conocerá conforme se ejecuten las entregas y se concreten los ahorros previstos. A la par, Petroperú deberá demostrar que puede recuperar su capacidad de procesamiento en medio de los cuestionamientos de Fenpetrol sobre la gestión financiera de la empresa y el papel de ProInversión.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 23 de octubre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
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Banco de la Nación

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BBVA

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Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

El anuncio se produce en el marco de las medidas económicas que prepara el Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno El Niño y las presiones sobre el costo de vida. Sin embargo, aún falta conocer cómo se concretará la entrega del dinero a los pensionistas.

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¿Qué falta conocer sobre el pago del bono de la ONP?

Hasta el momento, no se ha informado la fecha exacta del depósito ni la modalidad que se utilizará para entregar el beneficio. Tampoco se han publicado instrucciones específicas sobre la necesidad de realizar algún trámite o presentar documentación adicional.

Estos detalles son relevantes para los pensionistas que buscan saber cuándo podrán disponer del dinero y si deben efectuar alguna gestión previa. Mientras no se publiquen las condiciones operativas, no corresponde asumir que será necesario inscribirse ni dar por confirmado un procedimiento de pago determinado.

La información difundida hasta ahora permite identificar el monto aproximado, la población beneficiaria y el mes previsto para la entrega, pero no establece un cronograma por grupos de pensionistas ni precisa cómo se resolverán eventuales incidencias en el cobro. La ONP y el Ministerio de Economía y Finanzas deberán comunicar esas condiciones para que los beneficiarios conozcan el procedimiento aplicable.

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¿Qué cambios ha recibido la ONP?

Durante 2026 se aplicaron cambios al Sistema Nacional de Pensiones. Entre ellos, el incremento del tope máximo de las pensiones hasta S/1.000 y un reajuste de hasta S/100 para determinados beneficiarios. Esta última medida alcanzó a más de 237.000 pensionistas.

La diferencia entre ambos tipos de apoyo es importante: los reajustes previsionales cambian el monto que reciben los beneficiarios comprendidos en la medida, mientras que el bono anunciado para diciembre constituye un ingreso excepcional. Por tanto, su entrega no implica por sí misma una nueva modificación de la pensión mensual.

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¿Qué otros bonos anunció el Gobierno?

El Ejecutivo también anunció una asignación de S/2.500 millones para bonos destinados a familias vulnerables. Entre los grupos considerados figuran hogares del sur andino expuestos a pérdidas de ganado y cultivos, familias afectadas por las lluvias en el norte y personas perjudicadas por huaicos y desbordes de ríos.

El ministro Elmer Cuba explicó que la distribución de estas ayudas dependerá de la magnitud de los daños y de la identificación de la población afectada. Para estos grupos, todavía deben precisarse los montos individuales y los criterios de asignación.

El bono para los jubilados de la ONP tiene, por ahora, dos datos definidos en el anuncio: un monto cercano a S/200 y una entrega prevista para diciembre. La fecha exacta, la modalidad de pago y los pasos que deberán seguir los beneficiarios continúan pendientes de información oficial.

La convocatoria abre la posibilidad de que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) explique cómo se implementará la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), así como las acciones que desarrolla su sector para enfrentar las operaciones ilegales. Sin embargo, el oficio no menciona expresamente la ley como punto de agenda ni confirma la asistencia del ministro.

La reunión fue acordada por unanimidad por ambas instancias parlamentarias y está programada para las 9.00 a. m. en la Sala José Gálvez del Congreso, en el Cercado de Lima.

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Ley MAPE: el reto de formalizar y fiscalizar a los pequeños mineros

La discusión sobre la Ley MAPE pone sobre la mesa una cuestión de fondo, que es cómo lograr que las reglas para la pequeña minería y la minería artesanal se cumplan en la práctica. Aprobar una norma no garantiza por sí solo que las operaciones se formalicen ni que el Estado pueda detectar y frenar las actividades que siguen al margen de la ley.

Por eso interesa saber qué mecanismos de supervisión aplicará el sector, cómo se coordinarán las entidades responsables y con qué capacidad contará el Gobierno para controlar las operaciones mineras. Será la implementación de la ley la que determine si las nuevas disposiciones se traducen en un mayor control de la actividad.

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Minería ilegal: Congreso pide información sobre las acciones del Minem

El documento oficial sí establece expresamente que el ministro deberá informar sobre las acciones de su despacho frente a la minería ilegal y los perjuicios que esta actividad ocasiona al medio ambiente.

La convocatoria permitirá a los legisladores solicitar detalles sobre las medidas que ejecuta el sector y su alcance. El desafío no se limita a establecer requisitos para operar, sino que también exige capacidad de fiscalización y coordinación entre las instituciones encargadas de intervenir frente a las actividades ilícitas.

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Relaveras y fenómeno El Niño: alertan sobre posibles daños ambientales

Otro asunto incluido expresamente en la invitación es el estado de las relaveras ubicadas en quebradas que desembocan en ríos que alimentan la costa peruana, pues advierten que estas instalaciones podrían generar impactos ambientales ante el fenómeno El Niño.

Los relaves son los residuos que quedan después del procesamiento de minerales. Si su almacenamiento presenta fallas o los residuos llegan a fuentes de agua, pueden ocasionar contaminación y daños ambientales. Por ello, conocer las condiciones de estas instalaciones y las medidas preventivas previstas cobra relevancia ante posibles eventos climáticos extremos.

La iniciativa prioriza las intervenciones de prevención y mitigación frente al fenómeno El Niño 2026-2027, aunque también contempla recursos para distintos sectores y obligaciones pendientes del Estado. Según el presidente de la comisión, José Arista Arbildo, el monto representa un incremento equivalente al 3,19% del presupuesto disponible para este año.

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Crédito suplementario: ¿de dónde saldrán los S/8.228 millones?

El financiamiento propuesto se divide en dos fuentes. La primera corresponde a S/3.799,7 millones de Recursos Ordinarios, sustentados en la mayor recaudación fiscal estimada. La segunda comprende S/4.428,7 millones que se obtendrían mediante la emisión de bonos soberanos en los mercados interno o externo.

De esta manera, el endeudamiento cubriría el 53,8% del crédito suplementario, mientras que el 46,2% restante provendría de Recursos Ordinarios.

Este mecanismo generó cuestionamientos durante el debate. La diputada Katherine Ampuero, de Renovación Popular, pidió al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisar cuánto pagará el Estado en intereses por la emisión de bonos. También criticó la asignación de S/15 millones para una bonificación extraordinaria al personal administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cuba defendió el financiamiento y señaló que los bonos del Tesoro peruano registran una tasa promedio anual de 6,3%, que consideró baja frente a las tasas de otros países de la región.

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En el plano fiscal, el informe técnico del MEF estima que la incorporación del gasto adicional elevaría el déficit fiscal proyectado para el cierre de 2026 de 1,2% a 1,8% del producto bruto interno (PBI), el límite establecido por la regla fiscal para este año. El ministerio sostiene que el escenario es compatible con las reglas vigentes y calcula que la deuda pública alcanzaría el 29,3% del PBI.

Defensa, Interior y Transportes concentran las mayores asignaciones

Entre los sectores con mayores montos figuran Defensa, con S/1.832,3 millones; Interior, con S/1.097,4 millones; y Transportes y Comunicaciones, con S/1.037,8 millones. Educación recibiría S/762 millones y Salud contaría con S/691,5 millones.

En infraestructura, el dictamen contempla S/401 millones para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, S/378 millones para 26 inversiones de agua potable y alcantarillado, y S/260 millones para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao.

Para seguridad ciudadana se consideran S/245,1 millones destinados a vehículos y equipos de la Policía Nacional del Perú. Además, se incluyen S/347,3 millones para inversiones en hospitales y establecimientos de salud, así como S/237 millones para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

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La propuesta también contempla S/250 millones para atender obligaciones del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles y S/200,9 millones para el programa de empleo temporal Llamkasun Perú.

El Niño: mantenimiento de colegios y apoyo a beneficiarios de Pensión 65

Entre las medidas de prevención ante el fenómeno El Niño 2026-2027, el proyecto asigna S/461,6 millones al mantenimiento preventivo y correctivo de 12.054 locales educativos. La finalidad es reducir los riesgos que podrían afectar la infraestructura escolar ante posibles lluvias intensas y otros eventos asociados al fenómeno climático.

También se consideran S/501,9 millones para adquirir kits escolares elaborados por micro y pequeñas empresas a través del programa Compras a MYPErú. Cuba precisó que los recursos permitirían atender la campaña escolar de marzo de 2027 y brindar capital de trabajo a los proveedores.

En protección social, el dictamen contempla S/288,5 millones para financiar una subvención adicional de S/350 a los usuarios de Pensión 65, prevista junto con el pago del bimestre noviembre-diciembre de 2026.

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Durante la sesión, el diputado Henry Albañil, del Partido Cívico Obras, planteó facilitar el financiamiento de obras de reconstrucción a cargo de gobiernos regionales y locales que necesitan fondos para concluirse o liquidarse.

Por otro lado, Cuba informó que el Ejecutivo tramitaba un posible decreto supremo para destinar S/21 millones a la compra de helibaldes, equipos que permiten transportar y descargar agua desde helicópteros para combatir incendios.

Ahora, el dictamen queda pendiente de debate en el pleno del Congreso. Su aprobación definitiva determinará si los recursos adicionales se incorporan al presupuesto de 2026 y bajo qué condiciones se ejecutarán las medidas previstas.

Señaló que el objetivo es evitar que estos factores frenen la actividad económica y lograr que el país crezca más en 2027 que en 2026. Para ello, el Ejecutivo plantea intervenciones temporales y focalizadas en los hogares, la inversión pública y los negocios con mayores dificultades.

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Bonos para familias vulnerables y jubilados de la ONP

Las transferencias monetarias estarán dirigidas a cuatro grupos. El primero comprende a familias del sur que podrían perder parte de su ganado o sus cosechas por la falta de agua; el segundo, a hogares del norte expuestos a lluvias intensas. También se considera a quienes viven cerca de quebradas y ríos, incluso en zonas próximas a Lima, donde podrían producirse huaicos o desbordes.

El cuarto grupo estará integrado por personas vulnerables, principalmente jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Cuba precisó que estos bonos no responderán exclusivamente a los efectos de El Niño, pues también buscan compensar parte del impacto de la inflación sobre los ingresos familiares.

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Las ayudas tendrán una duración de tres a cuatro meses. Según el ministro, las transferencias permitirán que los beneficiarios mantengan parte de su capacidad de gasto durante el periodo de mayor presión económica.

Gobierno impulsará 250 obras y mantenimiento de infraestructura

El paquete contempla trabajos de mantenimiento en colegios, centros de salud, comisarías y carreteras. Esta propuesta busca prevenir daños que luego exijan reconstrucciones más costosas y generar empleo en distintas regiones.

Cuba planteó que los directores de colegios, responsables de centros de salud y comisarios tengan a su cargo pequeñas intervenciones en sus instalaciones. Con ello, el Gobierno busca descentralizar las obras y facilitar su ejecución en distintas localidades.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas identificó 250 obras públicas con avances superiores al 50% que podrían recibir recursos para concluirse. El plan incluye recurrir a saldos del mecanismo de Obras por Impuestos para financiar proyectos paralizados a los que les falte poco para terminar.

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La estrategia también comprende los programas de vivienda popular Mi Vivienda y Techo Propio, que podrían reactivarse con una inyección adicional de capital. Cuba advirtió que los recursos destinados a estas iniciativas han sido volátiles durante la última década y propuso dar mayor previsibilidad al financiamiento para que los desarrolladores amplíen la oferta habitacional.

Empresas podrán aplazar impuestos y acceder a garantías de crédito

Para aliviar las necesidades de liquidez del sector privado, el Gobierno plantea permitir que las empresas de actividades afectadas posterguen los pagos adelantados del impuesto a la renta si acreditan dificultades financieras.

El ministro puso como ejemplo a las compañías pesqueras que, ante una campaña desfavorable, podrían registrar menores ingresos. En esos casos, las empresas presentarían sus estados financieros proyectados ante la Sunat para solicitar que no se les exijan los adelantos tributarios correspondientes.

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El paquete también incluye la liberación de saldos en cuentas de detracciones del Banco de la Nación y garantías crediticias a través del Fondo Crecer. Estas últimas facilitarían el acceso al financiamiento de las empresas que necesiten capital para continuar operando durante una eventual desaceleración.

Durante el anuncio, la presidenta Keiko Fujimori respaldó las medidas y adelantó que el Ejecutivo prepara acciones adicionales. También recordó que el país enfrenta riesgos vinculados a las condiciones climáticas, el encarecimiento de los combustibles por la guerra en Medio Oriente y las altas tasas de interés en economías importantes.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 22 de octubre

BCP

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Interbank

• Compra: S/3,493
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Banco de la Nación

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BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori detalló la distribución de los S/18.000 millones adicionales previstos para 2027 y anunció que se modificarán las reglas fiscales para financiar estas intervenciones.

“Se van a modificar las reglas fiscales, tenemos las espaldas para poder hacerlo”, afirmó la mandataria al explicar cómo el Ejecutivo prevé financiar las medidas. Fujimori sostuvo que el Perú cuenta con condiciones macroeconómicas que le permiten responder a los riesgos externos y climáticos sin que estos frenen el crecimiento del país.

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Keiko Fujimori plantea destinar S/13.000 millones a infraestructura en 2027

De acuerdo con el desglose presentado por la presidenta, S/2.500 millones se destinarán a bonos para las familias más vulnerables, mientras que otros S/2.000 millones se asignarán al mantenimiento de obras públicas. El paquete también contempla S/500 millones para subsidiar los combustibles.

La mayor parte de los recursos, equivalente a S/13.000 millones, se dirigirá a infraestructura. De ese monto, S/6.000 millones se destinarán a infraestructura educativa y S/7.000 millones a culminar obras paralizadas que registren un alto nivel de avance.

“Como ustedes saben, la educación es uno de los pilares de este gobierno. Será uno de nuestros grandes legados”, manifestó al justificar la prioridad otorgada a este sector.

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Gobierno prevé entregar bonos por hasta cinco meses a familias vulnerables

Los S/2.500 millones previstos para bonos se destinarán directamente a los hogares vulnerables. Según Fujimori, las transferencias tendrán una duración de entre tres y cinco meses, dependiendo de las necesidades de los beneficiarios.

Por su parte, los S/2.000 millones para mantenimiento de obras públicas buscarán generar empleo en el corto plazo y evitar el deterioro de infraestructura esencial, como colegios, centros de salud, comisarías y carreteras.

“Como dice el ministro, esto va a generar muchísimo empleo, muy rápido”, señaló la presidenta al referirse al impacto esperado de estas intervenciones.

Las medidas forman parte de la estrategia fiscal anticíclica explicada por Cuba, que incluye acciones para sostener el consumo de los hogares, dinamizar la inversión y reducir el impacto de los factores que podrían desacelerar la economía.

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Fujimori asegura que El Niño y el alza de combustibles no frenarán el crecimiento

Durante su intervención, la mandataria sostuvo que el fenómeno El Niño, el encarecimiento de los combustibles y las altas tasas de interés internacionales no impedirán que el país continúe creciendo. Estos factores, según explicó, representan riesgos para la economía y podrían afectar tanto a las familias como a las actividades productivas.

“De ninguna manera va a frenar el crecimiento de nuestro país”, afirmó Fujimori. Asimismo, el Ejecutivo plantea que las medidas permitan sostener la actividad económica durante 2027 y evitar que los choques externos y climáticos provoquen una desaceleración.

El anuncio llega en un periodo de crecimiento de las exportaciones mineras peruanas. Entre enero y julio de 2026, estas alcanzaron los US$49.584 millones, un incremento de 55,4% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) citadas por la empresa.

La compañía informó que el volumen de carga que moviliza para este sector también creció respecto de 2025 y proyectó un avance de 23% al cierre de este año.

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DHL amplía su servicio de carga para la minería peruana

La empresa fortalecerá Mining Express, su servicio para el transporte de suministros destinados a las operaciones mineras. La solución contempla pallets de hasta 1.000 kilos por pieza y embarques de carga industrial de hasta 3.000 kilos.

Los plazos de entrega previstos van de 24 a 48 horas, dependiendo del destino. El servicio también incluye la coordinación de recojos de distintos proveedores, el seguimiento de los envíos y asistencia con los trámites aduaneros para las importaciones.

¿Qué capacidad tendrá el servicio de carga minera de DHL?

La compañía señaló que el servicio cuenta con el respaldo de su red internacional y de una aeronave con capacidad de hasta 42 toneladas por vuelo, con frecuencias de lunes a sábado hacia sus centros de conexión. DHL también ofrece cobertura de recojo y entrega en más de 220 países y territorios.

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Molina obtuvo 40 votos a favor, 16 abstenciones y uno en contra. Stok recibió 33 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones, mientras que Marthans alcanzó 36 votos a favor, 21 en contra y una abstención. Las tres candidaturas superaron el umbral requerido para la elección.

Las designaciones completan la selección de los siete integrantes del directorio del BCRP para el nuevo periodo. El organismo tiene a su cargo preservar la estabilidad monetaria, una función que incide en la evolución de los precios, las expectativas económicas y las condiciones en las que operan empresas y hogares.

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¿Qué bancadas propusieron a los nuevos directores del BCRP?

Los tres elegidos llegaron al proceso con el respaldo de dos agrupaciones políticas. Oswaldo Molina Campodónico y José Ricardo Stok Capella fueron propuestos por Fuerza Popular, mientras que Juan José Marthans León fue presentado por Renovación Popular.

La votación se produjo después de que la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado culminara la evaluación de los postulantes, que incluyó la revisión de su trayectoria académica, experiencia profesional y entrevistas personales. El informe final fue aprobado el 7 de octubre y remitido al Pleno para que los senadores resolvieran las designaciones.

La elección de Marthans se concretó pese a que ocupó el quinto lugar en el orden de mérito de la comisión, con 86,60 puntos. Por delante de él figuraban Santiago Francisco Roca Tavella, con 86,91 puntos, y José Antonio Fernández Baca Llamosas, con 90,18 puntos. Este último no consiguió un puesto en el directorio.

El resultado muestra que el puntaje obtenido en la evaluación no determinaba automáticamente la elección. El Pleno debía votar las candidaturas y definir quiénes ocuparían los tres puestos parlamentarios, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento del Senado.

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¿Cómo queda conformado el directorio del Banco Central?

La Constitución establece que el directorio del BCRP está compuesto por siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, incluido el presidente de la institución, mientras que el Congreso elige a los otros tres.

Julio Velarde fue ratificado por el Senado para continuar al frente del organismo durante el periodo 2026-2031. El Ejecutivo también designó como directores a Luis Miguel Palomino Bonilla, Inés Marylin Choy Chong y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki.

Con la elección de Molina, Stok y Marthans, quedan definidos los tres puestos correspondientes al Poder Legislativo. El nuevo directorio reúne así a los integrantes designados por el Ejecutivo y a los representantes elegidos por el Senado, dentro de la estructura prevista para la conducción del Banco Central.

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¿Quiénes son los tres nuevos directores del BCRP?

Oswaldo Molina Campodónico

Es economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Economía por la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Se desempeña como profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, con especialización en microeconomía del desarrollo, economía pública y laboral. En el sector público, fue director general de Gestión de Usuarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y asesor del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social. También trabajó como gerente senior de Economía en el Instituto Libertad y Democracia.

José Ricardo Stok Capella

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra, España. Tiene trayectoria en gestión financiera, consultoría y dirección empresarial. Fue presidente ejecutivo del Banco de la Nación entre febrero y diciembre de 2025, presidente del directorio del Banco de Comercio y del Grupo Distriluz, además de integrante del directorio de Indecopi. También desarrolló una extensa carrera académica y directiva en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Juan José Marthans León

Es economista por la Universidad de Lima y cuenta con estudios de posgrado en banca, finanzas y política financiera. Su trayectoria incluye la jefatura de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) entre 2002 y 2007, además de una anterior participación en el directorio del BCRP. También integró el directorio de Indecopi y ha desarrollado actividad académica en instituciones como la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico y la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. En el ámbito privado, presidió el directorio de Kallpa Securities SAB.