La declaración se produce después de que el Ejecutivo presentara ante el Congreso un proyecto de ley mediante el cual solicita facultades legislativas. Entre las materias incluidas en el pedido figura la revisión del régimen de feriados, lo que abrió la posibilidad de que el calendario sea modificado.

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Sheput sostuvo que esa posibilidad no significa que exista una decisión tomada. En declaraciones a RPP, señaló que el Ejecutivo recopilará información sobre los efectos de los feriados antes de definir su posición.

"No se van a aumentar ni disminuir los feriados; primero evaluaremos el impacto", afirmó.

Para el abogado laboralista César Puntriano, la diferencia entre lo planteado en el proyecto y la posterior aclaración del ministro debe explicarse con mayor precisión. En diálogo con este medio, cuestionó la claridad de los mensajes que está dando el Ejecutivo.

"Hay un primer tema a considerar (...) que tiene que ver con la claridad de los mensajes que se dan a la población", señaló.

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Puntriano consideró que la revisión incluida en el proyecto deja abierta la posibilidad de reducir los días de descanso. "Si es revisión, la revisión debería apuntar a reducirlos. Porque si los vas a mantener igual, o los vas a incrementar, no los revisas", sostuvo.

CGTP exige sustento técnico para revisar los feriados y cuestiona las facultades

Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuestionó que el Ejecutivo plantee revisar los feriados sin explicar las razones que justificarían una modificación.

"Todo cambio tiene que ser bajo sustento técnico", afirmó Minaya a La República.

El dirigente sindical recordó que varias de las fechas incorporadas al calendario fueron aprobadas durante el periodo legislativo anterior bajo el argumento de promover el turismo. Por ello, considera que si ahora el Ejecutivo sostiene que los feriados afectan la economía, debe presentar evidencia que explique ese cambio de criterio.

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Minaya cuestionó que las mismas fuerzas políticas que participaron en la aprobación de nuevos feriados sostengan ahora que estas fechas ponen en riesgo el desarrollo económico. A su juicio, corresponde que el Gobierno exponga cuáles son las razones técnicas para plantear una revisión.

El cuestionamiento de la CGTP también alcanza al pedido de facultades legislativas. La central sindical rechaza que los asuntos laborales sean incluidos en la delegación solicitada por el Ejecutivo y sostiene que estas materias deberían discutirse en los espacios institucionales de diálogo entre trabajadores y empleadores.

"Las propuestas de facultades legislativas no deben incluir los temas laborales", afirmó Minaya.

Según explicó, existe un espacio oficial para que las organizaciones sindicales y los representantes empresariales participen en la discusión de las reformas laborales. Para la CGTP, trasladar estas decisiones directamente al Ejecutivo reduciría la participación de los trabajadores en modificaciones que pueden afectar sus derechos.

Minaya también cuestionó los efectos que podría tener una eventual reorganización del sector público incluida en el pedido de facultades. Señaló que una reducción de ministerios u organismos podría traducirse en una disminución de puestos de trabajo.

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Feriados en Perú: especialista pide medir el impacto económico antes de reducirlos

La eventual modificación del calendario también plantea una discusión sobre el impacto económico de los días de descanso. Para Puntriano, el Ejecutivo debe contrastar los efectos sobre la actividad productiva con los ingresos que generan sectores vinculados al turismo.

El abogado recordó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó en 2023 un impacto de 0,14 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) asociado a los nuevos feriados. Sin embargo, señaló que esa cifra debe contrastarse con el movimiento económico generado por los viajes y el consumo durante los días de descanso.

"Por un lado se dice que efectivamente hay un impacto en el Producto Bruto Interno, pero por otro lado está el ingreso por el turismo. Entonces hay que ver si realmente, aplicando por un lado ese beneficio y por otro lado el impacto negativo, verificar en el resultado si son medidas favorables o no", explicó a este medio.

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Los feriados nacionales están establecidos por ley. Por ello, una eventual reducción requeriría una modificación legal aprobada por el Congreso o un decreto legislativo, si el Parlamento concede al Ejecutivo facultades para legislar sobre esta materia.

Por ahora, Sheput sostiene que no existe una decisión para reducir los 16 feriados y que primero se evaluará su impacto. Sin embargo, el proyecto presentado al Congreso incorpora la revisión del régimen entre las materias que el Ejecutivo busca abordar.

La CGTP exige que cualquier modificación tenga sustento técnico y cuestiona que los asuntos laborales sean incluidos en las facultades. Puntriano, por su parte, pide que el Gobierno determine con datos el efecto económico de los feriados antes de plantear cambios.

La iniciativa plantea que la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional pase de US$10.05 más IGV a US$6.40 más IGV por viajero.

Además de la reducción tarifaria, LAP propone que este pago sea incluido directamente dentro del boleto aéreo, una modalidad utilizada en otros aeropuertos internacionales, con el objetivo de evitar que los pasajeros tengan que realizar un pago adicional durante su escala en el terminal.

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La propuesta llega en medio del debate sobre la competitividad del aeropuerto limeño como punto de conexión regional. Para LAP, reducir costos y simplificar el tránsito de pasajeros puede contribuir a atraer nuevas rutas, incrementar frecuencias y fortalecer la posición del Perú dentro del mercado aéreo sudamericano.

LAP busca reducir costos para pasajeros en conexión, pero aerolíneas aún no aceptan propuesta

La concesionaria señaló que la reducción de la TUUA representaría un esfuerzo económico propio y que la iniciativa forma parte de un esquema que busca compromisos compartidos con las aerolíneas.

Entre esos compromisos, LAP plantea que las compañías aéreas impulsen nuevas rutas, aumenten frecuencias y tengan una mayor presencia operativa en Lima. Sin embargo, hasta el momento, la propuesta no ha sido aceptada por las aerolíneas.

Este punto marca el principal desafío para que la medida pueda aplicarse. Mientras no exista un acuerdo entre los actores del sector y la tarifa no sea incorporada en el boleto aéreo, los pasajeros que realicen conexiones internacionales continuarán efectuando el pago presencial durante su tránsito por el aeropuerto.

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La discusión no es menor porque los pasajeros en conexión representan una parte estratégica para el crecimiento de un aeropuerto que busca consolidarse como un centro de distribución de vuelos internacionales. Aunque actualmente este grupo representa cerca del 7% de los usuarios del Jorge Chávez, son justamente estos viajeros los que permiten ampliar la red de destinos mediante escalas.

Según cifras de LAP, durante el primer semestre del año los pasajeros internacionales con vuelos directos desde Lima crecieron 5,2%. Actualmente, el aeropuerto conecta al país con 62 destinos: 43 internacionales y 19 nacionales, mediante la operación de 23 aerolíneas.

Para el cierre de 2026, la concesionaria proyecta alcanzar los 26,5 millones de pasajeros transportados, una cifra que refleja la presión por mejorar la capacidad y competitividad del terminal.

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Jorge Chávez apunta a ganar más conexiones internacionales mientras LAP suma US$2.574 millones en inversiones

La propuesta de reducción de la TUUA se presenta mientras LAP destaca el peso económico que tiene la operación del aeropuerto dentro del sistema de transporte peruano.

Desde el inicio de la concesión hasta abril de 2026, la empresa informó que entregó al Estado peruano US$3.853 millones en el marco del contrato de concesión. Asimismo, señaló que por cada S/100 que recibe, aproximadamente S/52 se destinan al Estado peruano.

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Para este año, LAP proyecta un aporte de US$277 millones al Estado. En paralelo, la compañía reportó inversiones acumuladas por US$2.574 millones destinadas a la modernización y ampliación de la infraestructura aeroportuaria.

La iniciativa apunta a mejorar la posición del Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región que compiten por captar conexiones internacionales. Para LAP, reducir la TUUA y eliminar el pago presencial facilitaría el tránsito de pasajeros, aunque su implementación todavía depende de un acuerdo con las aerolíneas.

La aclaración llega después de que circulara un documento atribuido al Ministerio de Trabajo (MTPE) que sugería una eventual revisión del número de feriados en el país. Según explicó el titular de la cartera en una entrevista con RPP, ese texto no corresponde a una propuesta oficial aprobada por el Gobierno, sino a un borrador preliminar utilizado para una discusión inicial.

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Sheput contradice la lectura de una reducción ya encaminada en el proyecto de delegación

El proyecto de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo incluía la posibilidad de revisar el régimen de feriados como parte de un paquete orientado a elevar la competitividad económica.

Sin embargo, Sheput sostuvo que no puede afirmarse que el Gobierno ya haya optado por reducir los feriados. Según explicó, cualquier modificación requerirá primero una evaluación técnica y política.

“No se van a aumentar ni disminuir los feriados; primero evaluaremos el impacto”, afirmó el ministro, quien añadió que todavía falta recopilar información y conversar con los sectores involucrados antes de adoptar una posición definitiva.

Las declaraciones introducen un matiz importante respecto de la interpretación que surgió tras conocerse el contenido del proyecto de delegación. Mientras ese documento abría la puerta a una eventual revisión del régimen de feriados, el titular del MTPE remarcó que el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión sobre modificar los 16 días no laborables vigentes.

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Gobierno aún no decide modificar los 16 feriados mientras reúne información sobre productividad y turismo

Sheput comentó que la prioridad del Gobierno es recopilar información antes de abrir un debate formal. Indicó que todavía no se cuenta con evidencia suficiente para determinar si el número actual de feriados afecta la productividad de la economía o, por el contrario, contribuye a dinamizar actividades como el turismo, el comercio y los servicios.

El ministro añadió que el Ejecutivo se encuentra en una etapa de revisión de datos antes de impulsar reformas que puedan tener efectos sobre distintos sectores económicos.

El Perú cuenta actualmente con 16 feriados nacionales, uno de los calendarios más amplios de la región. En los últimos años, además, se han sumado días no laborables decretados por el Ejecutivo para fomentar el turismo interno, lo que ha ampliado los llamados feriados largos.

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Debate sobre feriados enfrenta competitividad empresarial y actividad turística

La discusión de fondo no es nueva, ya que parte del sector empresarial sostiene que un mayor número de feriados puede afectar la continuidad de actividades productivas y elevar costos, especialmente en industrias que operan con márgenes ajustados.

Sin embargo, otros sectores defienden su mantenimiento. El turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio suelen registrar un aumento de demanda durante los fines de semana largos. Para muchas regiones fuera de Lima, esos periodos representan una oportunidad para atraer visitantes y generar ingresos adicionales.

Sheput reconoció que ambas posiciones deberán ser consideradas en el análisis que emprenderá el Ejecutivo. Según comentó, la presidenta Keiko Fujimori ha planteado abrir la discusión sobre el tema, aunque sin adelantar una conclusión.

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El debate también tiene un componente laboral y social. Los feriados no solo implican descanso para los trabajadores formales, sino que además generan pagos adicionales cuando se laboran sin descanso sustitutorio, lo que puede elevar los ingresos de algunos trabajadores en actividades que continúan operando esos días.

Por ahora, el mensaje del Gobierno es de cautela. No existe una decisión inmediata sobre el calendario de feriados y cualquier eventual modificación dependerá de la evaluación técnica que continúe realizándose en el Consejo de Ministros y de las conversaciones con los sectores involucrados.

"Vamos a incrementar progresivamente la remuneración mínima vital hasta llegar a los S/1.300, acompañando esta medida con un bono de apoyo a las empresas para que puedan asumir este incremento", afirmó durante su discurso.

Ahora la discusión se traslada al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos sectores deberán explicar por qué este es el momento adecuado para elevar la RMV, cómo funcionará el bono y cuál será su impacto sobre las cuentas públicas.

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Del "aplauso fácil" al aumento de la RMV

La propuesta también representa un cambio frente al discurso que Keiko Fujimori sostuvo durante la campaña presidencial. Entonces descartó elevar el sueldo mínimo hasta S/1500, como planteaba Juntos por el Perú, al considerar que un incremento de esa magnitud debía responder a fundamentos económicos y no a promesas electorales.

"Un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser una medida que vamos a utilizar", declaró en ese momento. También sostuvo que cualquier ajuste debía realizarse "de manera progresiva y responsable" y depender del crecimiento económico y de la productividad.

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Ahora, desde el Gobierno, el incremento vuelve a instalar un debate que el propio fujimorismo cuestionaba meses atrás: cuándo corresponde elevar el salario mínimo y cuáles deben ser los criterios para hacerlo.

Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, el anuncio sí encuentra respaldo técnico. Explica que, si desde 2007 se hubieran aplicado de manera continua los criterios acordados en el Consejo Nacional del Trabajo, que consideran la inflación y la productividad, la remuneración mínima ya debería ubicarse por encima del monto anunciado.

"Si se hubieran aplicado los criterios técnicos de inflación y productividad del CNT, el salario mínimo hoy debería estar cercano a S/1400. Los S/1.300 están dentro del margen técnico", señaló a La República.

Cuadros considera que el anuncio termina validando, al menos parcialmente, una propuesta que el propio oficialismo rechazó durante la campaña y sostiene que la evidencia para el Perú no muestra que incrementos del salario mínimo, cuando responden a criterios técnicos y se aplican en un contexto de crecimiento económico, destruyan empleo formal.

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El bono cambia la discusión: ya no solo es un tema laboral, sino también fiscal

Si el aumento de la RMV recae sobre las empresas privadas, el bono anunciado por la presidenta introduce un elemento distinto: el uso de recursos públicos para compensar parte de ese mayor costo laboral.

Ese componente convierte la medida en una decisión que también deberá justificarse desde la política fiscal. Hasta ahora el Ejecutivo no ha informado cuánto costará el subsidio, qué empresas podrán acceder a él ni durante cuánto tiempo estará vigente.

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla advierte que esas precisiones serán determinantes para evaluar la sostenibilidad del anuncio.

"El Gobierno ha tenido que decidir aumentar el salario mínimo, pero a la par dar un subsidio a las mypes para hacer frente a este incremento. Creo que es una medida que apela más a la política que a la técnica", afirmó.

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Castilla advierte que el anuncio no puede evaluarse de manera aislada. Además del aumento de la remuneración mínima, el Gobierno también ha planteado duplicar Pensión 65 y ejecutar una amplia cartera de proyectos de infraestructura, compromisos que incrementarán la presión sobre las finanzas públicas.

En ese contexto, considera que aprovechar el actual buen desempeño de la recaudación tributaria, impulsado por los altos precios del cobre y del oro, para asumir nuevos gastos permanentes implica un riesgo.

"Depender de recursos extraordinarios porque el precio del cobre y del oro está alto no debe permitir financiar gastos de este tipo", sostuvo.

La discusión, por tanto, ya no gira únicamente alrededor del monto del nuevo salario mínimo. También alcanza la forma en que será financiado y si el Gobierno podrá sostener simultáneamente este aumento, el bono para empresas y el incremento de Pensión 65 sin comprometer el objetivo que la propia presidenta planteó al iniciar su gestión: ordenar las cuentas públicas.

Será en la presentación de la política general del Gobierno y, sobre todo, en el proyecto de Presupuesto 2027 donde el Ejecutivo deberá mostrar si estos anuncios responden a una estrategia económica consistente o si fueron decisiones adoptadas antes de definir cómo serán financiadas.

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En declaraciones para La República, Adrianzén mencionó que el principal reto no será impulsar nuevos programas de gasto, sino estabilizar la economía desde sus bases. En ese sentido, afirmó que la presidenta recibe "una situación que ella llamó catastrófica y yo llamo terrible, sobre todo una situación fiscal e institucional que no se corrige ni en cien días ni en tres años".

En su opinión, el margen para ampliar el gasto será reducido mientras no exista un equilibrio entre los ingresos y los compromisos asumidos por el Estado.

"Lo más importante y lo primero debería ser parar la hemorragia, es decir, que se gaste solo lo que ingrese por impuestos importantes", sostuvo, al considerar que la disciplina fiscal debe convertirse en la prioridad inmediata del Ejecutivo.

Además del aspecto presupuestal, Adrianzén advirtió que el deterioro institucional representa un obstáculo para mejorar la calidad de los servicios públicos. Según indicó, la capacidad operativa del Estado se ha reducido significativamente, lo que dificulta que los recursos públicos se traduzcan en mejores resultados para la ciudadanía.

"La capacidad que tiene la burocracia peruana hoy de hacer la mitad de lo que se está ofreciendo o siquiera dar los servicios que actualmente se están ofreciendo es virtualmente nula", señaló durante la entrevista.

Cerrar la brecha fiscal y ordenar el Estado, entre las prioridades económicas

Para el economista, uno de los primeros pasos del Gobierno debería ser impulsar una reorganización del aparato público con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa sin afectar necesariamente el empleo estatal.

En esa línea, propuso evaluar la integración de entidades con funciones similares para eliminar duplicidades administrativas. "Hay que tratar de fusionar ministerios sin despedir a un solo trabajador, simplemente evitando duplicidad en áreas como recursos humanos u oficinas de administración, y con ello usted podría dar mucho más servicios", afirmó.

Adrianzén también cuestionó la idea de que un mayor gasto público, por sí solo, permita dinamizar la economía. A su juicio, un incremento del déficit termina afectando las condiciones de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, reduciendo el potencial de crecimiento.

"Cada vez que hay un déficit mayor, se le resta aire a la pequeña, micro y mediana empresa y la economía crece mucho menos", manifestó.

Otro de los desafíos identificados por el economista es el fortalecimiento de la institucionalidad mediante una política frontal contra la corrupción. En su análisis, el funcionamiento del Estado dependerá de recuperar la confianza en la administración pública y garantizar el cumplimiento de la ley.

"Requiere desesperadamente poner orden tanto en las cuentas como en las personas, porque hay una corrupción generalizada", sostuvo.

En ese contexto, añadió que combatir la corrupción permitirá que las políticas públicas destinadas a enfrentar emergencias sean más efectivas. Según indicó, un aparato estatal más eficiente será indispensable para responder a los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Adrianzén consideró que la preparación frente a ese evento climático debe ser una de las prioridades del Gobierno, principalmente mediante inversiones en infraestructura y medidas preventivas que reduzcan el impacto sobre la población y las actividades económicas. Asimismo, planteó fortalecer las campañas de prevención para que las familias y el sector privado puedan adoptar medidas de protección oportunamente.

El economista también vinculó la recuperación económica con la necesidad de restablecer el crecimiento sostenido. Afirmó que solo una expansión de la actividad productiva permitirá incrementar los ingresos fiscales sin elevar la presión tributaria.

"La única forma de que haya más recursos es recuperando el crecimiento en dos o tres años", indicó, tras señalar que el actual nivel de informalidad y pobreza limita la posibilidad de aumentar la recaudación mediante nuevos impuestos.

Hacia el cierre de la entrevista, Adrianzén sintetizó que los desafíos centrales del Gobierno no pasan únicamente por atender las emergencias coyunturales, sino por corregir problemas estructurales del Estado. "Los retos son cerrar la brecha fiscal y ordenar el sector público para que pueda atender mejor al pueblo", afirmó. A ello sumó la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad institucional para responder a las demandas de la población, aspectos que, según su análisis, serán determinantes para el desempeño económico del nuevo Gobierno.

El planteamiento ocurre mientras el Ejecutivo busca avanzar con una agenda de cambios económicos y administrativos. Dentro de ese conjunto de medidas se encuentra la revisión del número de feriados nacionales, aunque hasta el momento no se ha informado qué fechas serían modificadas ni cuál sería el mecanismo que se aplicaría.

Actualmente, los feriados nacionales en Perú están establecidos mediante leyes aprobadas por el Congreso y representan días de descanso obligatorio para los trabajadores. Durante estas fechas, los empleados tienen derecho al descanso remunerado y, en caso de laborar, existen reglas específicas sobre la compensación correspondiente.

El calendario de feriados incluye fechas vinculadas con celebraciones nacionales, religiosas y conmemoraciones históricas. Entre ellas se encuentran días como Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias, el Día del Trabajo, la Batalla de Ayacucho y Navidad, entre otras jornadas reconocidas oficialmente.

Además de los feriados nacionales, el Estado también establece días no laborables en determinados periodos, principalmente para el sector público. Estas fechas no tienen la misma condición que un feriado nacional, debido a que responden a disposiciones específicas emitidas por el Ejecutivo y pueden estar sujetas a reglas de recuperación de horas.

La diferencia entre ambas figuras es relevante porque una modificación del calendario oficial requeriría cambiar las normas que reconocen esos días como descanso obligatorio, mientras que los días no laborables dependen de decisiones administrativas del Gobierno.

Reducción de feriados: qué pasaría con los trabajadores y empresas

Para los trabajadores, una eventual reducción de feriados significaría cambios en el número de días de descanso reconocidos durante el año. Sin embargo, el efecto concreto dependerá de la propuesta final que presente el Ejecutivo y de las normas que sean aprobadas posteriormente.

Los feriados forman parte de la organización laboral porque determinan jornadas de descanso y establecen condiciones para quienes deben prestar servicios durante esas fechas. Cualquier modificación tendría que precisar qué días mantendrían esa condición y cuáles dejarían de formar parte del calendario oficial.

En el sector privado, las empresas organizan sus actividades considerando los feriados establecidos durante el año. Cambios en esas fechas podrían modificar la programación de turnos, la distribución del personal y la planificación de operaciones en actividades que requieren continuidad.

Sectores como manufactura, comercio, transporte, servicios y turismo toman en cuenta el calendario de feriados para organizar sus actividades. Las empresas que trabajan con procesos continuos pueden ajustar sus cronogramas ante cambios en los días disponibles de operación, mientras que otros negocios adaptan su atención según los periodos de mayor movimiento.

El impacto económico de una reducción de feriados dependerá del contenido de la reforma y de la forma en que sea aplicada. La medida podría modificar la distribución de jornadas laborales durante el año, pero sus efectos concretos solo podrán determinarse cuando exista una norma aprobada.

Los feriados también tienen una relación con actividades económicas vinculadas al consumo y al desplazamiento de personas. Durante algunos periodos festivos aumenta la demanda de determinados servicios, mientras que otras actividades deben reorganizar sus operaciones debido a la reducción temporal de jornadas laborales.

Por ello, el alcance económico de la propuesta dependerá de qué cambios se planteen finalmente. La reducción del número de feriados, la modificación de fechas específicas o cualquier otro ajuste tendría efectos distintos según el sector y las características de cada actividad.

¿Qué falta para que se reduzcan los feriados?

El primer paso será la presentación del pedido de facultades legislativas ante el Congreso. En ese documento, el Ejecutivo deberá detallar las materias sobre las que solicita autorización para legislar y el periodo durante el cual podría emitir decretos legislativos.

Luego, el Parlamento deberá debatir la solicitud y definir si concede las facultades planteadas. En caso de aprobarse, el Gobierno podrá desarrollar las normas correspondientes dentro de los límites establecidos por la ley de delegación.

Recién con la publicación de esas normas se conocerá si habrá cambios en el calendario de feriados, cuáles serían las fechas involucradas y desde cuándo entrarían en vigencia las nuevas disposiciones.

Hasta el momento, no existe una lista oficial de feriados que serán eliminados o modificados. La propuesta permanece en una etapa inicial y dependerá del proyecto que presente el Ejecutivo y del resultado del debate en el Congreso.

La eventual reducción de feriados se convierte así en una medida que tendrá implicancias laborales y económicas, debido a que modifica una parte del calendario que influye tanto en la organización de los trabajadores como en la planificación de las empresas.

El anuncio estuvo acompañado por el compromiso de presentar posteriormente políticas tributarias y laborales orientadas a reducir la informalidad, sin afectar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el discurso no precisó el presupuesto, los requisitos ni los cambios normativos que se aplicarán a cada una de estas medidas.

Las herramientas mencionadas ya forman parte de los mecanismos de financiamiento, compras públicas y liquidez disponibles para las micro y pequeñas empresas. Por ello, el anuncio abre la expectativa sobre los cambios que se implementarán y el alcance que tendrán durante los primeros meses de gobierno.

Uno de los puntos mencionados fue la reactivación de PROMYPE. Actualmente, el Banco de la Nación cuenta con una línea de crédito dirigida a entidades financieras, cajas municipales, cajas rurales y bancos especializados en el financiamiento de las mypes. El objetivo es que estas instituciones obtengan recursos para canalizarlos hacia las pequeñas empresas.

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La línea está orientada al financiamiento de capital de trabajo y activos fijos. De acuerdo con la información vigente del Banco de la Nación, las líneas tienen una duración de hasta 360 días desde su aprobación, mientras que los plazos de los pagarés pueden llegar a 720 días para capital de trabajo y a 1.800 días para activos fijos.

En ese contexto, el anuncio de reactivar PROMYPE plantea la necesidad de conocer qué componente será modificado o ampliado, debido a que actualmente existe una línea de financiamiento con ese nombre. El Gobierno todavía no ha detallado si la medida incluirá nuevos recursos, cambios en las condiciones de acceso o un nuevo mecanismo de apoyo.

Otro de los anuncios fue ampliar el acceso al crédito mediante COFIDE. La entidad es el Banco de Desarrollo del Perú y opera principalmente como banca de segundo piso, es decir, canaliza recursos a través de instituciones financieras intermediarias y no funciona como un banco comercial que atiende directamente a la mayoría de los usuarios.

COFIDE mantiene líneas especializadas para las micro y pequeñas empresas, destinadas principalmente a capital de trabajo y otros mecanismos de financiamiento. La ampliación anunciada durante el Mensaje a la Nación deberá ser precisada mediante las disposiciones que publique el Ejecutivo, ya que el discurso no indicó si se crearán nuevas líneas, se incrementarán los recursos o se modificarán los programas vigentes.

Compras MYPErú y factoring: las otras herramientas anunciadas

El Gobierno también anunció el fortalecimiento de Compras MYPErú, programa del Ministerio de la Producción que busca promover la participación de las micro y pequeñas empresas en las compras del Estado.

El programa funciona mediante procesos especiales de adquisición y Núcleos Ejecutores de Compras, que articulan la demanda de las entidades públicas con la oferta de las mypes manufactureras. Su marco normativo está vinculado al Decreto Legislativo N.° 1414 y a su reglamento.

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Las empresas interesadas pueden registrarse en el aplicativo de Compras MYPErú y actualizar información sobre su perfil, personal, experiencia productiva, talleres y almacenes para participar en las convocatorias que se habiliten.

El programa continúa desarrollando actividades y procesos de compra. En julio de 2026, por ejemplo, informó sobre la distribución de kits escolares en San Martín elaborados en el marco de sus intervenciones.

El cuarto mecanismo mencionado fue el factoring. Esta herramienta permite que una empresa obtenga liquidez adelantando el cobro de una factura pendiente de pago. Para ello, la factura negociable puede ser transferida a una entidad financiera o a una empresa especializada, que entrega al proveedor un monto antes del vencimiento de la deuda, descontando el costo del servicio.

El uso del factoring puede resultar relevante para negocios que venden bienes o servicios a crédito y deben esperar 30, 60, 90 o más días para recibir el pago. La evaluación de la operación se concentra principalmente en la capacidad de pago del comprador o cliente que debe cancelar la factura.

Las medidas anunciadas durante el Mensaje a la Nación colocan nuevamente el acceso al financiamiento, las compras públicas y la liquidez entre las herramientas destinadas a las mypes. No obstante, el alcance de los cambios dependerá de las normas y disposiciones que publique el Gobierno, las cuales deberán precisar cómo se fortalecerán estos mecanismos y qué condiciones se establecerán para las empresas beneficiarias.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este miércoles, 29 de julio?

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Banco de la Nación

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La jefa de Estado explicó que esta medida forma parte de la nueva Política de Estado denominada "Cuidando la experiencia", una iniciativa que busca garantizar una protección integral para los adultos mayores mediante el acceso oportuno a servicios de salud, acompañamiento, seguridad económica, espacios de integración y una vida digna.

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¿Cuál será el nuevo monto de Pensión 65?

Además del incremento de Pensión 65, la presidenta anunció que su gestión avanzará de manera progresiva hacia la implementación de una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza.

Según explicó, esta iniciativa se pondrá en marcha de forma gradual y estará acompañada por brigadas móviles de afiliación que recorrerán las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas para incorporar a más beneficiarios al programa.

“Aplicaremos progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Desplegaremos brigadas móviles de afiliación en las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas”, mencionó Keiko Fujimori.

¿Quiénes recibirán los S/700 de Pensión 65?

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), está dirigido a los adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza extrema. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener 65 años o más.
• Contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
• Estar clasificado como persona en situación de pobreza extrema en el Padrón General de Hogares, de acuerdo con la evaluación del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).
• No recibir otra pensión o beneficio económico, ya sea de la ONP, AFP, EsSalud u otra entidad pública o privada que otorgue prestaciones similares.

El nuevo titular del Mincetur es profesional en Turismo por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector turístico peruano. Además, posee una maestría en Marketing Turístico y Hotelero por la Universidad de San Martín de Porres.

Valencia Espinoza ya ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el Estado. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, ministro de Cultura y viceministro de Turismo, posiciones desde las que participó en la formulación de políticas orientadas a fortalecer la actividad turística y mejorar la competitividad del sector.

Su trayectoria también incluye participación en organizaciones empresariales y gremiales. Se desempeñó como presidente del Instituto Cusqueño de Economía (INCUSE) y de la Cámara Regional de Turismo del Cusco (CARTUC). Asimismo, integró la Cámara de Comercio de Cusco y el Consejo Consultivo de Turismo Cuida, además de ejercer como consultor internacional y miembro de la Asociación Civil Transparencia.

En el ámbito académico, Valencia ha desarrollado labores como docente en la Escuela de Postgrado de Turismo de la Universidad de San Martín de Porres, aportando a la formación de nuevos profesionales del sector.

Arnillas González cuenta con una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la bioconstrucción, la arquitectura sostenible y el desarrollo de proyectos enfocados en la construcción natural, la agricultura orgánica y la sostenibilidad, tanto en Perú como en España.

Es fundador y gerente de Ecorígenes, una organización dedicada a impulsar la bioconstrucción, desde donde ha promovido proyectos empresariales, académicos y sociales vinculados al desarrollo de viviendas saludables y sostenibles.

Desde 2013 desarrolla actividades como empresario en el sector de vivienda social en el cono norte de Arequipa. Cuenta con una Maestría en Bioconstrucción otorgada por el Instituto Español de Baubiologie y la Universidad de Lleida, además de una formación especializada en técnicas de construcción con tierra.

Asimismo, ha participado como conferencista, docente y expositor en distintos espacios nacionales e internacionales. Es autor del libro 'Introducción a la Construcción con Tierra', una publicación orientada a la formación de profesionales en arquitectura sostenible.

El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, adelantó que una de las primeras tareas de su gestión será evaluar las normas aprobadas en los últimos años que tienen impacto sobre las cuentas públicas, debido a que algunas podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

¿Quién es Elmer Cuba? La trayectoria del nuevo ministro de Economía

Elmer Cuba es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de su carrera ha desarrollado actividades tanto en el sector público como en el privado, especializándose en macroeconomía, política fiscal, inversión y crecimiento económico.

En el ámbito público, integró el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) entre 2016 y 2021 y fue miembro y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi. También integró el Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial y desarrolló trabajos de consultoría para entidades públicas y organismos internacionales, además de desempeñarse como profesional especializado en la Gerencia de Estudios Económicos del BCR.

En el sector privado, Elmer Cuba ha sido socio de la consultora Macroconsult, donde ha participado en el análisis de la coyuntura económica, la inversión, la productividad y las finanzas públicas. Además, ha ejercido la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y ha intervenido como expositor y analista en foros especializados sobre economía y políticas públicas.

En la gestión pública también ha ocupado diversos cargos relacionados con el impulso del agro peruano. Entre 2015 y 2016 estuvo al frente del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural). Asimismo, fue director general de Negocios Agrarios del entonces Ministerio de Agricultura y jefe del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), posiciones desde las que participó en el diseño y ejecución de iniciativas orientadas a mejorar la productividad y competitividad del campo.

"Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles", afirmó la mandataria al presentar el quinto objetivo de su gobierno, centrado en preservar la sostenibilidad fiscal y dinamizar los principales motores de la economía: el trabajo, la inversión y la empresa.

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Actualmente, la remuneración mínima asciende a S/1.130, monto vigente desde enero de 2025. Con el anuncio presidencial, el salario básico aumentaría en S/170, aunque durante el discurso no se precisó la fecha en la que entrará en vigor la medida ni el mecanismo legal mediante el cual será aprobada.

Aumento de sueldo mínimo irá acompañado de un bono para las mypes

La presidenta sostuvo que el incremento salarial no se aplicará de forma aislada. Para amortiguar el impacto del mayor costo laboral sobre las empresas de menor tamaño, el Gobierno otorgará un bono compensatorio por única vez destinado a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Según explicó, el subsidio permitirá que estos negocios puedan asumir el incremento de la remuneración mínima y, al mismo tiempo, incorporar más trabajadores a la formalidad. La formalización implica que los empleados accedan a beneficios laborales como seguro de salud, aportes previsionales, gratificaciones y vacaciones, además de contar con un vínculo laboral reconocido por la ley.

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"Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", señaló Fujimori al defender el equilibrio entre la mejora de los ingresos de los trabajadores y la capacidad de las empresas para absorber el aumento de sus costos.

Las mypes concentran una parte importante del empleo en el país, aunque muchas operan en condiciones de informalidad. Por ello, el Ejecutivo plantea que el incremento de la RMV vaya acompañado de incentivos que reduzcan la presión financiera sobre este segmento empresarial.

Fujimori promete más crédito para las mypes y reformas contra la informalidad

Durante su intervención, Fujimori anunció que en los primeros cien días de gobierno se reactivará PROMYPE, se ampliará el acceso al financiamiento mediante COFIDE, se fortalecerá el programa Compras MYPErú y se impulsará el uso del factoring, mecanismo financiero que permite a las empresas obtener liquidez adelantando el cobro de sus facturas.

Asimismo, adelantó que más adelante enviará propuestas de carácter tributario y laboral con el objetivo de reducir la informalidad en el mercado de trabajo, aunque aseguró que esas reformas no implicarán una reducción de los derechos laborales vigentes.

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En paralelo, la presidenta reiteró que su administración buscará ofrecer estabilidad fiscal, seguridad jurídica y reglas claras para atraer inversión privada, bajo la premisa de que una mayor inversión genera nuevas empresas, más puestos de trabajo y un mayor crecimiento económico.

Con este anuncio, el aumento de la remuneración mínima se convierte en una de las primeras medidas económicas de alto impacto planteadas por el nuevo gobierno. Sin embargo, aún quedan pendientes detalles como la fecha de aplicación del incremento, el monto que tendrá el bono para las mypes y los criterios que se utilizarán para acceder a este beneficio, aspectos que no fueron precisados durante el Mensaje a la Nación.