El problema, advirtió, es que la cautela también se ha trasladado al empleo. “En diciembre, el 53% decía que iba a contratar personal; ahora solo el 35% mantiene esa intención. Es decir, casi un 65% de empresas no realizará nuevas contrataciones”, indicó. 

PUEDES VER: Elecciones 2026: solo 4 de los 34 planes de gobierno proponen una estrategia para industrializar el Perú

El director institucional del gremio, Antonio Castillo, explicó a La República que hay un cambio de ánimo empresarial si se compara con los resultados de finales del año pasado. “En diciembre, el 61% de los empresarios nos decía que iba a invertir y solo un 39% que no lo haría. Hoy esa situación se ha revertido”, señaló. 

Castillo precisó que este desentusiasmo inversor responde a una combinación de factores internos y externos que se han intensificado en el primer trimestre del año. “El año pasado no teníamos la incertidumbre que hoy genera el fenómeno de El Niño, ni el impacto tan fuerte de los conflictos internacionales, especialmente en Medio Oriente, que han elevado considerablemente los costos de producción”, explicó. 

Entre los principales shocks externos, el directivo detalló el fuerte incremento de precios de insumos estratégicos para la industria. “El precio del petróleo se ha incrementado 47% entre el 27 de febrero y el 9 de abril. La urea ha subido 50,6% y los insumos para el sector plástico se han encarecido en 32,4%”, afirmó. A ello se suma el aumento de los costos logísticos: “Los fletes también se han elevado en torno al 28%”. 

A este escenario se agrega el componente político. “Si a los mayores costos le sumas el tema electoral y la forma como se ha presentado en el último mes, indudablemente se ve afectada la inversión privada”, sostuvo Castillo. 

PUEDES VER: Arancel del 50% a manufacturados de cobre en Perú tendría "impacto limitado" en exportaciones: las razones detrás del ajuste

Pese al freno en las decisiones de inversión de corto plazo, la SNI resaltó que las expectativas económicas no son del todo negativas. De acuerdo con el estudio, cerca del 70% de los empresarios considera que su sector crecerá o se mantendrá estable en los próximos meses. “Todavía hay empresarios que creen que su sector va a crecer, otros que estará igual. Solo un 22% nos ha dicho que podría haber una caída, lo que indica que el mercado sigue mostrando señales de dinamismo”, explicó el representante del gremio. 

Sectores vinculados al comercio exterior más expuestos a esta desaceleración

Según la SNI, los rubros más expuestos a esta desaceleración en las inversiones son aquellos vinculados al comercio exterior. “Nos preocupa especialmente el frente externo, porque las empresas exportadoras enfrentan una desaceleración de la demanda internacional, cambios en aranceles e incrementos de costos”, manifestó Castillo. 

En particular, mencionó a los sectores exportadores de bienes de consumo, altamente sensibles a la inflación en mercados como Estados Unidos. “Si se reduce el poder de compra en esos países, el impacto es directo sobre nuestras exportaciones”, explicó. También advirtió riesgos para sectores con alto componente de transporte y para la agroindustria, debido al aumento de insumos agrícolas. 

No obstante, aclaró que no todo se explica por el escenario electoral. “No es solo un factor político; son factores externos e internos de costos que están afectando la operatividad de las empresas”, remarcó. 

PUEDES VER: Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

A corto plazo, la paralización parcial de inversiones podría impactar las proyecciones macroeconómicas. El Banco Central de Reserva había estimado un crecimiento de 9% de la inversión privada, cifra que podría ajustarse a la baja. Sin embargo, Castillo recordó que algunos sectores mantienen un buen desempeño. “En febrero, la inversión minera creció 47% y las importaciones de bienes de capital aumentaron cerca de 38%. La economía venía con un ritmo importante”, dijo.

Asimismo, destacó que continúan invirtiendo sectores ligados a infraestructura, bienes de capital, defensa, y algunas líneas de exportación regional. “Incluso el sector metalmecánico tiene potencial en los mercados internacionales y esperamos que siga creciendo”, agregó. 

De cara al próximo gobierno, la SNI planteó una agenda urgente para recuperar la confianza empresarial. “La principal medida debe ser una desregulación de la economía. Hemos identificado cerca de 280 trabas a nivel nacional, regional y municipal que dificultan la inversión, especialmente de las micro y pequeñas empresas”, señaló Castillo. 

Además, pidió medidas sectoriales específicas para reactivar líneas de producción en rubros como textil-confecciones, pesca para consumo humano directo e industria de defensa, así como un fuerte impulso al desarrollo de infraestructura. 

“Con un plan de reactivación claro, el Perú tiene la oportunidad de convertirse en un hub logístico sudamericano. Las expectativas pueden ser buenas si se logra estabilidad y predictibilidad”, concluyó. 

La sentencia declara fundada en parte una acción popular contra esta norma y deja sin efecto el decreto que, desde 2022, prohibía tercerizar funciones consideradas como el “núcleo del negocio”.

PUEDES VER: ONPE: ¿Quién es Galaga, la empresa que retrasó material electoral y acumula más de S/36 millones en contratos con el Estado?

Para Luis Vinatea, socio de Vinatea & Toyama, se trata de una decisión de alto impacto en el ámbito laboral y empresarial. Según indicó, el decreto anulaba de forma indebida el alcance de la Ley N° 29245, que regula la tercerización en el país.

En esa línea, la Corte Suprema concluyó que el decreto vulneró el principio de jerarquía normativa, al incorporar el concepto de "núcleo del negocio", inexistente en la ley. Además, determinó que dicha definición era imprecisa, ya que no establecía criterios claros para identificar qué actividades podían ser tercerizadas.

PUEDES VER: Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

Esta falta de precisión, según el fallo, afectó los principios de seguridad jurídica y tipicidad, al generar incertidumbre en las empresas. Con la decisión, el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR queda sin efecto en sus aspectos centrales y sus implicancias se aplican a todas las empresas del país. En adelante, la tercerización podrá seguir utilizándose bajo la Ley N.° 29245 y su reglamento previo.

Tercerización en actividades principales será válida, pero se sancionará el fraude

Sin embargo, la Corte Suprema precisó que esto no impide sancionar casos de tercerización indiscriminada, fraudulenta o abusiva, los cuales seguirán siendo fiscalizados bajo la normativa vigente.

Así, la ilegalidad no radica en tercerizar actividades centrales en sí mismas, sino en utilizar esta figura para encubrir una relación laboral directa o vulnerar derechos laborales.

Por ejemplo, según lo que establece la Corte, una empresa sí puede tercerizar incluso actividades principales, siempre que los trabajadores no dependan directamente de ella. Si están bajo sus órdenes, entonces se considera un uso fraudulento.

La tercerización ocurre cuando una empresa contrata a otra para que se encargue de parte de su trabajo y está regulada en el Perú por la Ley N.° 29245. El decreto establecía que no se pueden tercerizar las labores principales o esenciales del negocio, ya que ello podía usarse para evadir responsabilidades laborales o reducir beneficios a los trabajadores.

El decreto ahora anulado había introducido el concepto de “núcleo del negocio” para referirse a la actividad principal de una empresa, prohibiendo que esta pudiera ser ejecutada por terceros.

PUEDES VER: Dólar a la baja y sube apetito por deuda peruana: Mercados sienten más presión por guerra en Irán que por las elecciones 2026

En diálogo con La República, el abogado laboralista Renzo Castillo consideró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú de anular el decreto impulsado durante el gobierno de Pedro Castillo "representa un retroceso en materia de protección laboral".

Según explicó, la norma que restringía la tercerización en actividades nucleares del negocio había permitido avanzar en la identificación de casos de desnaturalización de la tercerización. "Antes de ese cambio, los trabajadores tenían mayores dificultades para lograr reposiciones o reconocimiento de derechos cuando se comprobaba que la tercerización encubría una relación laboral directa", apuntó.

Castillo señaló que la normativa había dado mayor claridad a los jueces, quienes empezaron a contar con herramientas más explícitas para determinar cuándo una empresa tercerizaba actividades que en realidad formaban parte de su giro principal.

A su juicio, el problema de fondo es que la tercerización suele utilizarse para trasladar costos laborales a empresas contratistas, muchas de ellas micro o pequeñas empresas, mientras la compañía principal mantiene las mayores utilidades. “La finalidad muchas veces es reducir derechos laborales y abaratar costos, dejando esas obligaciones en empresas más pequeñas”, indicó.

Con la decisión judicial, advirtió, "el escenario vuelve a una situación similar a la previa a la reforma, cuando era más complejo cuestionar estos esquemas en los tribunales".

Sindicatos alertan abusos, mientras empresas celebran mayor claridad

Gustavo Minaya, secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuestionó el fallo de la Corte Suprema al considerar que, con la anulación del decreto, “se avalan prácticas como la explotación laboral, la contratación irregular y los abusos por parte de las empresas”.

Para el gremio, permitir la tercerización de actividades principales “desnaturaliza la relación laboral y convierte al trabajador en un mero instrumento de rentabilidad”.

A contraparte, gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX) saludaron la decisión y señalaron que la norma anulada había generado incertidumbre, afectado el dinamismo de las inversiones y puesto en riesgo miles de empleos formales en sectores estratégicos.

En esa línea, sostuvieron que el fallo contribuye a restablecer reglas más claras y a reforzar la confianza de los inversionistas en el país.

Recordemos que en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad del Decreto Supremo N.º 001-2022-TR, al desestimar la demanda interpuesta por Lima Airport Partners (LAP), que alegaba una vulneración a la libertad de empresa.

El colegiado señaló que la norma tiene como finalidad resguardar los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, al restringir la tercerización a actividades especializadas.

Esta decisión permitirá a la administración tributaria contar con mayor tiempo para poner a prueba el sistema, realizar ajustes y reducir posibles errores en la asignación de las calificaciones. Para los contribuyentes, la medida también resulta favorable, ya que durante esta fase preliminar podrán conocer cómo están siendo evaluados y entender qué aspectos deben mejorar para optimizar su calificación, sin que aún se les apliquen plenamente las restricciones previstas por la normativa.

PUEDES VER: Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 055-2026-EF, el cual amplía hasta abril de 2027 la etapa inicial del mecanismo. Una vez que el sistema entre en vigencia, las empresas serán clasificadas según su nivel de cumplimiento tributario, lo que permitirá aplicar beneficios o restricciones en función de los resultados obtenidos.

El objetivo de la norma es perfeccionar y ajustar la metodología del perfil antes de que la herramienta genere efectos legales y prácticos para los contribuyentes que perciben rentas de tercera categoría, es decir, las personas naturales y jurídicas que realizan actividades empresariales.

Más tiempo para afinar el perfil de cumplimiento tributario

El Perfil de Cumplimiento Tributario es un instrumento mediante el cual la Sunat clasificará inicialmente a los contribuyentes de tercera categoría en cinco niveles, que van desde la categoría A hasta la E, de acuerdo con su comportamiento frente a sus obligaciones fiscales.

PUEDES VER: Gobierno peruano se endeuda para modernizar Base Naval: pidió un préstamo por más de S/4.000 millones

Según explicó Sofía Chirinos, abogada de Editorial Economía y Finanzas (EEF) a este diario, la ampliación del período de prueba busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. “Quienes tienen una calificación baja deben enfrentar mayores controles o restricciones, mientras que aquellos con una buena calificación pueden acceder a mayores facilidades”, precisó.

Para determinar esta clasificación, la Sunat evaluará diversos factores, entre ellos el historial de cumplimiento, la existencia de deudas en cobranza coactiva y la vinculación con otros contribuyentes de bajo nivel de cumplimiento.

Beneficios y restricciones según el nivel de cumplimiento

Si bien las calificaciones actuales tienen un carácter meramente informativo y todavía no generan efectos jurídicos, Chirinos advirtió que sí constituyen un indicador que podría ser considerado en una etapa posterior, cuando el sistema tenga efectos definitivos.

Asimismo, recordó que diversas normas ya contemplan consecuencias concretas asociadas al nivel de calificación que obtenga cada contribuyente una vez que el esquema entre en vigencia. Entre ellas se encuentran restricciones para cambiar el domicilio fiscal sin autorización previa de la Sunat, un mayor control sobre las declaraciones rectificatorias, la posibilidad de aplicar medidas cautelares anticipadas, plazos más extensos para devoluciones tributarias y un tratamiento más estricto en el régimen de detracciones.

PUEDES VER: Nace una nueva billetera digital con casi cuatro millones de usuarios: ¿Yape y Plin tiemblan tras la llegada de Sip?

En contraste, las empresas que alcancen altos niveles de cumplimiento podrán acceder a determinados beneficios operativos y tributarios. De este modo, la Sunat gana tiempo adicional para afinar una herramienta que, una vez activada, tendrá un impacto directo en las obligaciones, beneficios y restricciones aplicables a las empresas.

La calificación podrá ser revisada

Otro aspecto relevante es que la calificación definitiva que asigne la Sunat no será inmutable. Esta podrá ser revisada, y el contribuyente tendrá la posibilidad de presentar sus descargos si considera que la evaluación no refleja adecuadamente su situación tributaria.

“Existirán mecanismos de defensa para cuestionar o solicitar la revisión de una calificación que se considere errónea. No obstante, la recomendación principal es adoptar una conducta preventiva, manteniendo un adecuado orden en la gestión tributaria y monitoreando de forma permanente la situación fiscal de la empresa, a fin de evitar contingencias antes de llegar a una instancia de revisión”, sostuvo la especialista.

PUEDES VER: Banco Mundial eleva con cautela proyección económica para Perú: ¿recuperaremos tras elecciones?

Sunat: claves para mejorar el perfil de cumplimiento tributario

Finalmente, la abogada Sofía Chirinos recomendó a las empresas adoptar una gestión tributaria ordenada y preventiva, cumpliendo oportunamente con sus declaraciones y pagos, controlando su nivel de endeudamiento y evitando contingencias como reparos recurrentes o inconsistencias ante la Sunat. Asimismo, aconsejó corregir errores de manera oportuna, monitorear permanentemente las calificaciones de prueba (que anticipan el perfil definitivo) y revisar la vinculación con proveedores y socios, considerando que estos perfiles serán públicos y servirán también para evaluar con quiénes hacer negocios.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 13 de abril?

BBVA

• Compra: S/3,307
• Venta: S/3,484

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,320
• Venta: S/3,460