Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 10 de septiembre

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Pese a la promesa de llevar gas natural al interior del país, recibe graves advertencias por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre el alcance real de esa expansión.

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El regulador advierte que, pese a la magnitud de la inversión y de las redes previstas, en cuatro localidades las conexiones mínimas comprometidas cubrirían apenas entre el 20% y 30% de las viviendas evaluadas. El resto podría ver postergado su acceso al servicio por más de diez años.

Este proyecto de masificación hacia nuevas ciudades del centro y sur del Perú podría dejar a la mayoría de viviendas de cuatro localidades sin una conexión garantizada durante más de una década. En Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná, las metas mínimas establecidas en la Novena Adenda al contrato de Cálidda alcanzan como máximo a tres de cada diez viviendas identificadas en las zonas evaluadas.

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La advertencia está contenida en el informe N.° 413-2026-GRT/OS de Osinergmin, que evalúa la propuesta de modificación contractual que actualmente se encuentra en manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El proyecto contempla la construcción de 3.738,9 kilómetros de redes y un universo de 300.613 consumidores potenciales en nuevas localidades. Sin embargo, el compromiso mínimo que asumiría Cálidda es de 201.411 conexiones.

En Huamanga, por ejemplo, la adenda establece como mínimo 13.555 conexiones frente a 44.660 viviendas consideradas en el área evaluada. Es decir, el compromiso contractual alcanza al 30,4%.

En Quillabamba, la brecha es todavía mayor: de 4.391 viviendas, solo 884 conexiones están comprometidas, equivalente al 20,1%.

La situación se repite en Huancavelica, donde las 3.840 conexiones previstas representan el 29,9% de las 12.839 viviendas evaluadas, y en Curimaná, donde las 230 conexiones mínimas cubren apenas el 20,9% de 1.100 viviendas.

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El problema no es solo quién se conecta, sino quién tendrá una red frente a su vivienda

La cifra de cobertura no significa que el 70% u 80% restante quede definitivamente excluido del gas natural. El problema advertido por Osinergmin es otro: la propuesta no establece una obligación equivalente para garantizar que esos hogares tengan una red disponible frente a sus viviendas.

En otras palabras, una cosa es que una vivienda no esté conectada y otra muy distinta es que ni siquiera tenga una red cercana a la cual pueda solicitar posteriormente una conexión.

El regulador explica que no basta con fijar un número mínimo de kilómetros de redes y conexiones para garantizar la masificación. Cálidda podría cumplir formalmente con ambas metas concentrando la infraestructura y las conexiones en determinadas zonas, particularmente aquellas con mayor densidad o demanda.

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De esta manera, el concesionario podría alcanzar el número mínimo de usuarios exigido por el contrato sin que ello implique que la red se extienda de manera equilibrada por toda el área considerada como potencial.

El riesgo, según Osinergmin, es que otros barrios o sectores permanezcan sin infraestructura disponible y que sus habitantes tengan que esperar nuevas inversiones o modificaciones contractuales para acceder al servicio.

Por ello, el regulador advierte que una cobertura inferior al 31% en estas cuatro localidades postergaría el acceso al gas natural para aproximadamente el 70% de su población por un periodo superior a diez años.

La observación pone el foco en una diferencia que puede pasar desapercibida: los 300.613 consumidores potenciales que aparecen en la propuesta no equivalen a 300.613 viviendas que tendrán una conexión garantizada.

Se trata de un universo estimado de usuarios que podrían ser atendidos por las redes proyectadas. La obligación contractual de Cálidda, en cambio, está determinada por el número de conexiones mínimas.

Además, Osinergmin cuestiona que la propuesta considere un factor de penetración de 67%, cuando el regulador señala que debería alcanzarse como mínimo 70% en cada localidad.

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Una expansión de 3.738 kilómetros no garantiza una expansión equivalente de la cobertura

La Novena Adenda busca ampliar el ámbito de la concesión hacia ciudades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.

El proyecto incluye Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Puno y Juliaca, en Puno; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Abancay y Andahuaylas, en Apurímac; y Huancavelica.

La propuesta contempla construir miles de kilómetros de redes para llevar el servicio a estas localidades. Sin embargo, para Osinergmin, el cumplimiento de kilómetros y conexiones no debería ser el único parámetro para medir la masificación.

El punto es especialmente sensible porque la propia documentación que sustenta la propuesta identifica una cantidad de viviendas potenciales muy superior a las conexiones mínimas que se exigirían al concesionario.

Incluso existe un mecanismo que permite compensar hasta 20% de las conexiones entre localidades. Para el regulador, esta posibilidad puede reducir todavía más la garantía de cobertura en determinadas ciudades, debido a que conexiones pendientes de una localidad podrían terminar siendo ejecutadas en otra.

Así, el contrato podría cumplirse en términos numéricos sin necesariamente alcanzar el objetivo de llevar el servicio a la mayor cantidad posible de hogares.

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El regulador también cuestiona que Lima y Callao sigan pagando por redes después de 2033

Osinergmin señala que la adenda para extender la concesión de Cálidda hasta 2043 haría que más de 1,8 millones de usuarios en Lima y Callao sigan pagando en sus recibos por las redes de gas existentes, a pesar de que su costo total ya habrá sido recuperado tras los primeros 33 años del contrato (en 2033), cuando la infraestructura debe pasar a ser propiedad del Estado.

El problema radica en que la propuesta mantiene un valor cobrable (VNR) para estas tuberías, en lugar de fijarlo en cero al haber terminado de pagarse por completo.

De mantenerse este cobro adicional entre 2033 y 2043, el organismo regulador proyecta que la concesionaria obtendría ingresos por US$2.252,7 millones con costos operativos de US$420,7 millones, lo que generaría una utilidad de US$1.832 millones.

En cambio, si el valor de las redes viejas pasa a cero en 2033, la utilidad caería a US$329,7 millones. Para Osinergmin, esta diferencia de más de US$1.500 millones no debería ser una ganancia extraordinaria para la empresa, sino convertirse en tarifas más bajas para los consumidores o en nuevas inversiones sin costo para el usuario.

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Expertos advierten un posible precedente para otros contratos de concesión

Las observaciones a la Novena Adenda no solo ponen sobre la mesa el impacto que tendría el acuerdo en Cálidda. Uno de los principales puntos de debate es cuánto margen conservaría el regulador para revisar la eficiencia de las inversiones y costos de operación una vez que estos criterios queden fijados en el contrato.

El informe técnico advierte que establecer condiciones rígidas podría dificultar que, en futuras fijaciones tarifarias, se trasladen a los usuarios las eficiencias, economías de escala u optimizaciones que surjan con la maduración de la red.

Expertos del sector consultados por este diario señalan que el alcance de esta discusión podría ir más allá del mercado del gas natural. Si estas condiciones quedan incorporadas en un contrato de concesión, otros operadores podrían invocar posteriormente un criterio de “trato no discriminatorio” para solicitar condiciones similares.

Aunque el informe del regulador no es vinculante para el Minem, los especialistas consideran que la decisión sobre la adenda podría marcar un precedente sobre cuánto espacio conserva la regulación tarifaria frente a las condiciones pactadas en contratos de largo plazo.

La discusión queda así planteada en dos frentes: cuánto de la expansión regional estará realmente garantizado para los hogares y bajo qué condiciones tarifarias continuará la concesión en Lima y Callao después de 2033.

Respuesta de Cálidda

Por su parte, Cálidda señaló a La República que su meta es "llevar el gas natural a 7 regiones del centro y sur del país, en el menor plazo posible, garantizando las mismas tarifas que pagan los usuarios en Lima".

La empresa precisó que su propuesta duplica el compromiso inicial planteado por el Estado al proyectar el tendido de redes para llegar a 300.000 viviendas, con una meta mínima de 201.000 conexiones reales, lo que representa "el compromiso más alto asumido por cualquier concesión de gas natural existente en el Perú".

Asimismo, aclaró que estas metas iniciales no limitan la expansión futura, pues existen mecanismos normativos para seguir ampliando la cobertura progresivamente.

Sobre las complejidades técnicas y de costos en el interior del país, explicaron que las métricas en la nueva Adenda fueron fijadas por un consultor experto contratado por el Ministerio de Energía y Minas, quien consideró desafíos climáticos como lluvias, nieve y altura, además de factores de suelo y temas arqueológicos.

"Es evidente que, dados estos factores, los rendimientos asociados a la construcción de redes son menores, por lo que el costo debe ser mayor", argumentaron, añadiendo que al construir en 15 ciudades a la vez requieren flexibilidad para compensar las conexiones que no puedan concretarse en una localidad con los avances de otra.

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Frente a las críticas por el impacto en las tarifas, la concesionaria descartó la existencia de utilidades indebidas. “En un contrato regulado, no puede existir una 'sobreganancia', ya que toda modificación contractual requiere mantener el equilibrio económico-financiero, es decir, que el concesionario no gane más con la adenda que sin ella”, sostuvieron.

Cálidda indicó que el modelo de negocio contempla un plazo de 30 años para que la tarifa permita recuperar el costo de las obras. Por ello, señalaron que las infraestructuras que se construyan cerca al fin del contrato no alcanzan a pagarse del todo mediante el recibo de los usuarios.

En ese sentido, manifestaron que ampliar el plazo de la concesión por 10 años no busca generar un cobro extra, sino dar el tiempo necesario para terminar de financiar las tuberías que se instalarán en los próximos años.

“Por la vía tarifaria, sólo podrán ser remuneradas durante 8 años, considerando que la concesión termina en 2033; si esta se amplía 10 años, dichas inversiones se remunerarán durante 18 años”, indicaron, precisando que el contrato original define cómo saldar el monto restante.

Sobre el ritmo de instalación, Cálidda indicó que también depende de cómo la población vaya conociendo los beneficios del servicio, tal como ocurrió durante el desarrollo de la concesión en la capital.

“Ejemplo de ello es Lima: el compromiso inicial era menos de 100 mil conexiones y a la fecha ya hemos realizado más de 2,1 millones bajo los mecanismos del reglamento”, indicaron para este diario.

Respecto a la situación en Quillabamba, Cálidda indicó que, de aprobarse la propuesta, culminaría las obras del proyecto estatal en la ciudad y extendería el servicio a las zonas que no habían sido consideradas originalmente.

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La observación se produjo durante la presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución, donde expuso los cambios que el Ejecutivo busca impulsar en materia económica. Entre sus propuestas figuran modificaciones al régimen tributario de las mypes, una mayor participación privada en proyectos públicos mediante ProInversión y mecanismos como Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos, además de una nueva forma de planificar el presupuesto público. El pedido de facultades también contempla medidas orientadas a facilitar el financiamiento de las mypes, entre ellas el fortalecimiento del factoring, aspecto que fue cuestionado durante el debate parlamentario.

El cuestionamiento al factoring y a las tasas de interés coloca el foco sobre uno de los componentes más sensibles del pedido de facultades: las modificaciones que podrían alterar las condiciones bajo las cuales empresas y ciudadanos acceden al financiamiento.

Cuestionan cambios en el mercado financiero

Pérez sostuvo que el fortalecimiento del factoring, planteado como una herramienta para facilitar el acceso al financiamiento de las mypes, podría terminar favoreciendo a las grandes empresas financieras. La diputada también cuestionó una eventual eliminación del tope a las tasas de interés por considerar que sus efectos no necesariamente beneficiarían a los pequeños negocios.

El factoring permite que una empresa adelante el cobro de sus facturas pendientes mediante una operación financiera. Para las mypes, este mecanismo puede convertirse en una fuente de liquidez cuando necesitan capital de trabajo y no cuentan con suficiente acceso al crédito tradicional.

Sin embargo, el cuestionamiento planteado en el Congreso apunta a quién capturaría los principales beneficios de una eventual expansión de este mercado. Desde Juntos por el Perú se advirtió que, si las nuevas reglas favorecen principalmente a intermediarios financieros de mayor tamaño, el resultado podría alejarse del objetivo de facilitar financiamiento para las pequeñas empresas.

El debate también alcanzó al límite establecido para las tasas de interés. César Holguín, de Ahora Nación, cuestionó la urgencia de eliminarlo y puso como argumento la concentración del sistema financiero. “¿Qué de urgente tiene en la economía del país eliminar el tope de la tasa de interés de un país con un oligopolio bancario?”, preguntó.

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La discusión sobre este punto todavía corresponde a una propuesta dentro del debate de las facultades y no a una medida aprobada. Por ello, sus efectos dependerían de la forma concreta en que el Ejecutivo plantee modificar las reglas y de los límites que finalmente establezca el Congreso en la delegación legislativa.

Cuba propone un nuevo régimen para las mypes

El debate sobre el financiamiento se vincula con otro de los principales cambios planteados por Cuba: la reforma del régimen tributario de las micro y pequeñas empresas.

El ministro propuso avanzar hacia un régimen único progresivo, con una carga tributaria que aumente gradualmente conforme crezca la empresa. El objetivo es modificar el esquema actual de regímenes diferenciados y reducir los incentivos que puedan llevar a los negocios a permanecer pequeños o fuera de la formalidad.

Cuba ya había planteado la necesidad de revisar el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER), creados hace décadas y que, según el Ejecutivo, requieren una actualización. La propuesta forma parte de las materias económicas para las que el Gobierno busca obtener facultades legislativas.

El cambio tendrá que precisar aspectos centrales como los niveles de ingresos que determinarán cada tramo, las obligaciones de las empresas y la forma en que la carga tributaria crecerá conforme aumente su capacidad económica. Por ello, una de las críticas formuladas durante la sesión fue precisamente la falta de detalle sobre algunas de las modificaciones que el Ejecutivo pretende realizar.

Roxana Rocha, de Renovación Popular, cuestionó la ausencia de mayor precisión sobre la modificación de las rentas. También preguntó qué política contempla el Gobierno respecto a la exoneración del impuesto a los ahorros, cuya vigencia culminaría a fin de año, y consultó qué medida se viene trabajando en materia laboral a través del Consejo Nacional de Trabajo.

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Inversión privada y Servicios por Impuestos

Otro de los ejes planteados por Cuba apunta a aumentar la participación privada en la ejecución de proyectos públicos. El ministro propuso fortalecer el papel de ProInversión y ampliar el uso de mecanismos como Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos.

La intención es aprovechar recursos y capacidad de ejecución del sector privado para atender determinadas brechas de infraestructura y servicios. Obras por Impuestos ya permite que empresas privadas financien y ejecuten proyectos públicos bajo un mecanismo de reconocimiento de la inversión realizada, mientras que Servicios por Impuestos amplía esta lógica hacia determinadas prestaciones.

La propuesta de Cuba busca que estas herramientas tengan un papel mayor dentro de la estrategia de inversión pública. El reto será determinar qué proyectos y servicios pueden ser atendidos mediante estos mecanismos y bajo qué condiciones se garantizará que las intervenciones respondan a las prioridades del Estado.

La participación privada no reemplazaría, por tanto, la responsabilidad del sector público de definir las necesidades que deben ser atendidas. La discusión estará en cómo combinar ambos mecanismos y evitar que la búsqueda de una ejecución más rápida termine desplazando criterios de prioridad pública.

Presupuesto con visión multianual

Cuba también planteó modificar la manera en que se formula el presupuesto público. Su propuesta consiste en avanzar hacia una planificación de arriba hacia abajo, con una perspectiva multianual y de largo plazo.

La idea es que primero se definan las prioridades generales del Estado y, a partir de ellas, se distribuya el espacio presupuestario entre las distintas entidades. Esto busca reducir una dinámica en la que cada institución plantea sus necesidades de gasto sin que necesariamente exista una priorización integral de los recursos disponibles.

Una planificación multianual permitiría, en principio, dar mayor continuidad a proyectos que requieren varios años para ejecutarse. Sin embargo, la modificación del proceso presupuestario no resolvería por sí sola los problemas de ejecución. La capacidad técnica de las entidades, la calidad de los proyectos y las dificultades contractuales seguirán influyendo en el resultado final de la inversión pública.

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Congreso cuestiona amplitud de las facultades

Más allá del contenido de las reformas, varios diputados cuestionaron el alcance de la delegación solicitada por el Ejecutivo.

Analí Márquez, de Juntos por el Perú, sostuvo que la amplitud del pedido de facultades resulta desmesurada y advirtió que podría vulnerar el artículo 104 de la Constitución, que establece las condiciones bajo las cuales el Congreso puede delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Graciela Chipana, también de Juntos por el Perú, coincidió con los parlamentarios que reclamaron mayor precisión sobre las medidas que el Gobierno pretende aprobar mediante decretos legislativos.

César Holguín, de Ahora Nación, consideró que el pedido, en términos generales, supone una concentración de poder y cuestionó que exista una “generalidad” que, a su juicio, no contribuiría a la gobernabilidad. También formuló observaciones sobre las materias de tributación y aduanas, además de cuestionar la ausencia de una corrección de las normas vinculadas con riesgo fiscal aprobadas durante el periodo anterior.

Frank Krklec, de Renovación Popular, recordó, por su parte, que la Cámara de Diputados puede interpelar y censurar a los ministros y que el Parlamento también tiene la posibilidad de modificar los decretos legislativos que emita el Ejecutivo dentro de las facultades delegadas.

Fernando García, de Buen Gobierno, llevó el debate hacia el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral al citar una declaración atribuida a la senadora Martha Chávez: “cuando llegue al Senado simplemente no le harán caso a lo que vamos a aprobar”.

La sucesión de cuestionamientos evidencia que el debate no se limita a determinar si las propuestas económicas pueden ser convenientes, sino también a establecer qué materias concretas podrá modificar el Ejecutivo y con qué límites.

La presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución ocurrió mientras la Comisión de Economía tenía prevista su participación para revisar el pedido de facultades. El ministro no acudió a esa sesión porque debía sustentar el pedido ante Constitución. La Comisión de Economía acordó posteriormente debatir y votar su informe técnico sobre las facultades el 14 de setiembre.

El Ejecutivo busca una delegación legislativa por 120 días para intervenir en materias que incluyen mypes, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa. Hasta que el Congreso determine el alcance de esa delegación, las modificaciones —incluidas las relacionadas con factoring, tasas de interés, tributación de las mypes, inversión privada y presupuesto— permanecen como propuestas y no constituyen cambios normativos vigentes.

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, Cuba sostuvo que las compras de armamento que se vienen realizando responden a una necesidad puntual y no representan una obligación permanente para las cuentas públicas.

“En los últimos 25 años realmente no se ha gastado en Defensa. Solamente el año pasado y este año”, señaló. Según explicó, este tipo de adquisiciones se realiza aproximadamente cada 10 o 15 años y las actuales responden, además, a compromisos internacionales que el Perú asumió durante los dos gobiernos anteriores.

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Por ello, consideró que no se trata de un gasto que vaya a repetirse anualmente. “No es un gasto recurrente. En los siguientes años, obviamente, los recursos van a ir a mejoras salariales, infraestructura y demás”, afirmó.

La defensa de estas compras se produce mientras otras áreas del Estado también reclaman mayores recursos y el propio MEF reconoce que existe un límite para ampliar el gasto.

La presión tributaria limita al Estado para atender todas las demandas

Cuba explicó que una de las principales restricciones está en el nivel de recaudación. “Entonces, con un 15% de presión tributaria, no hay manera de cumplir todas esas demandas”, sostuvo.

Según el ministro, el objetivo es que esa recaudación aumente en los próximos años y permita atender progresivamente las necesidades de los distintos sectores.

Entre ellos, destacó a educación y salud, que calificó como “la parte más importante del presupuesto público” por su carácter redistributivo. Según explicó, ambos servicios son utilizados principalmente por los cuatro quintiles de menores ingresos.

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En educación, señaló que el gasto está concentrado principalmente en remuneraciones y materiales educativos. En salud ocurre algo similar, con un peso importante de los salarios y los materiales médicos. La estructura cambia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde la inversión tiene mayor participación debido a su función vinculada con la infraestructura.

Cuba pidió, por ello, no evaluar el presupuesto únicamente por su monto total. “No hay que generalizar viendo el globo. Hay que entrar a cada función y ver dónde hay más espacio para aumentar”, indicó.

Ante un shock, el MEF plantea reducir la evasión y recurrir a deuda

El margen fiscal también sería puesto a prueba ante un eventual shock externo o climático. Cuba mencionó dos escenarios: que se produzca “un Fenómeno del Niño más fuerte” o que “caiga el precio del oro”.

Frente a una situación de este tipo, sostuvo que el primer espacio para responder sería reducir la evasión tributaria. “El primer espacio que tenemos es bajar sensiblemente la evasión tributaria”, explicó, antes de recurrir inicialmente a un ajuste fiscal.

El ministro agregó que el Perú también tiene acceso a los mercados de crédito. Si el impacto fuera considerable, el Estado podría utilizar una política fiscal contracíclica, es decir, aumentar o sostener el gasto para amortiguar los efectos de una caída económica.

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Incluso contempló la posibilidad de recurrir al endeudamiento de corto plazo. “Podríamos aumentar, si fuese necesario, el endeudamiento de corto plazo”, señaló.

Así, la discusión planteada por Cuba combina dos realidades del presupuesto: por un lado, una recaudación que, según el propio ministro, resulta insuficiente para cubrir todas las demandas; por otro, gastos que el Gobierno considera “necesarios” y que deben ejecutarse aun dentro de ese escenario de recursos limitados.

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El Perú obtuvo 53,2 puntos, 1,7 puntos más que en la edición anterior. El avance se produjo en un año en el que la reputación internacional de la mayoría de economías evaluadas retrocedió: 43 de las 60 registraron una caída, mientras solo 14 mejoraron y tres permanecieron estables. La reputación promedio también descendió 0,86 puntos.

El dato, por tanto, tiene dos lecturas. Por un lado, Perú consiguió mejorar su posición relativa en un contexto internacional desfavorable. Por otro, el puesto 25 mide percepción externa, no variables como crecimiento económico, productividad, seguridad, calidad institucional o capacidad para atraer inversiones.

Perú supera a sus vecinos, pero sigue lejos de los líderes

El liderazgo latinoamericano se explica principalmente por la posición que ocupa frente a sus pares. Brasil aparece en el puesto 31; Chile, en el 33; Argentina, en el 36; México, en el 41; y Colombia, en el 50. Perú es así el único país de América Latina ubicado dentro de los 30 primeros lugares.

No obstante, estar primero en la región no significa acercarse necesariamente al grupo de países con mayor reputación mundial. Japón encabezó la clasificación, seguido por Canadá y Suiza, mientras Australia, Dinamarca, Noruega, Italia, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia completaron los primeros lugares.

Esta diferencia es importante porque el ranking no compara únicamente a los países latinoamericanos. La posición peruana debe leerse frente a las 60 economías incluidas en el estudio.

Además, la propia clasificación coloca al Perú en un nivel de reputación moderada, es decir, por debajo de las categorías superiores utilizadas por el índice.

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¿Qué está detrás de la percepción del Perú?

La evaluación considera la admiración, el respeto y la confianza que generan los países, además de distintos atributos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales.

En el caso peruano, los elementos mejor valorados están relacionados con su entorno natural, cultura, gastronomía y hospitalidad. Estos factores ayudan a explicar que el país genere una percepción favorable entre públicos extranjeros, especialmente en aspectos vinculados con la posibilidad de visitarlo, recomendarlo o consumir productos asociados con el Perú.

Es justamente aquí donde la reputación puede adquirir una dimensión económica. Una buena percepción del país puede facilitar que un potencial turista considere viajar a Perú o que un consumidor tenga una mejor disposición hacia productos provenientes del país.

Pero esa relación no debe confundirse con causalidad directa.

El propio Reputation Lab señala que, a partir de cuatro años de información, una mejora de un punto en reputación está asociada, en promedio, con un incremento de 7,2% en las llegadas de turistas y de 1% en la inversión extranjera directa. Se trata de una relación estadística observada por la consultora y no de una garantía de que subir un punto en el ranking produzca automáticamente esos resultados.

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Una mejor imagen no reemplaza las condiciones para invertir

Este matiz resulta particularmente importante para interpretar el resultado peruano. La reputación puede influir en las decisiones de empresas, turistas y consumidores, pero no sustituye factores concretos como la seguridad jurídica, la estabilidad política, la infraestructura, los costos logísticos o las condiciones para desarrollar un negocio.

En otras palabras, un país puede ser bien percibido y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para transformar esa percepción en inversión o actividad económica.

Por eso, el puesto 25 no debería interpretarse como un indicador equivalente a los rankings de competitividad, clima de negocios o desempeño macroeconómico. El RepCore mide un activo intangible: cómo es visto un país desde el exterior.

La metodología se construyó a partir de 124.014 evaluaciones realizadas en 36 países, tomando como referencia la opinión pública de las economías del G7 para evaluar a las 60 principales economías del mundo.

El salto de la reputación interna fue mayor

Otro resultado destacado fue el aumento de la reputación interna del Perú. El indicador alcanzó 70,4 puntos, un incremento de 7,7 puntos frente a la medición anterior. Según el estudio, fue el mayor crecimiento registrado entre los países analizados.

Este indicador recoge cómo los propios ciudadanos valoran a su país en términos de admiración, respeto y confianza. No debe confundirse, sin embargo, con una medición de satisfacción de la población con la economía o con la gestión pública.

La diferencia entre ambos indicadores resulta llamativa: mientras la reputación externa peruana llegó a 53,2 puntos y permanece en el nivel moderado, la percepción interna alcanzó 70,4 puntos.

Esto muestra que la imagen que un país proyecta hacia fuera y la manera en que es valorado dentro de sus propias fronteras pueden evolucionar a ritmos diferentes.

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El reto está después del ranking

El avance de Perú en el RepCore Nations 2026 proporciona un dato favorable sobre su percepción internacional, pero el desafío económico es más concreto: conseguir que esa imagen se traduzca en decisiones reales.

Una mejor reputación puede contribuir a que un turista considere al país como destino, a que un consumidor tenga mayor confianza en un producto peruano o a que una empresa incluya al país entre sus alternativas. Sin embargo, para que esas decisiones finalmente se produzcan intervienen otros factores que el ranking no mide.

Por eso, más que el puesto 25 por sí solo, el dato relevante para la economía peruana será si esta mejora de percepción logra acompañarse de mayores flujos de visitantes, mayor demanda por productos nacionales y mejores condiciones para atraer capital.

Perú ya tiene una posición favorable frente a sus pares latinoamericanos. La siguiente pregunta no es si logró subir en un ranking, sino qué capacidad tendrá para convertir esa ventaja de imagen en resultados económicos medibles.

Esta concentración ayuda a explicar el salto de 33% en las exportaciones peruanas, pero también muestra que el avance no fue homogéneo entre las actividades productivas. Mientras el valor de los envíos mineros aumentó con fuerza, las exportaciones agropecuarias sumaron US$6.327 millones y crecieron apenas 2,7% frente al mismo periodo de 2025.

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Cobre y oro concentran el mayor valor exportado

El cobre aportó US$21.607 millones entre enero y julio, 43,3% más que en el mismo periodo de 2025. El oro, por su parte, generó US$16.394 millones, con un crecimiento de 56,9%.

En conjunto, ambos productos representaron aproximadamente US$38.000 millones, cerca del 60% de todas las exportaciones peruanas registradas hasta julio.

El resto de la minería también mostró incrementos importantes. Los concentrados de plomo y plata alcanzaron US$3.504 millones, con un avance de 105,7%, mientras que las ventas de zinc llegaron a US$1.669 millones y crecieron 11%.

La magnitud de estas cifras permite identificar qué está detrás del crecimiento general de 33%: aunque el Perú mantiene una canasta exportadora amplia, el comportamiento de unos pocos productos mineros tiene un peso considerable sobre el resultado total.

Agroexportaciones avanzan, pero a un ritmo mucho menor

El desempeño fue diferente en las exportaciones agropecuarias. Este rubro acumuló US$6.327 millones entre enero y julio, apenas 2,7% más que un año antes.

Eso no significa que todos los productos agrícolas hayan tenido un comportamiento débil. Los envíos de arándanos alcanzaron US$649 millones y crecieron 60,8%, mientras que las uvas sumaron US$806 millones, 18,2% más.

Las paltas, uno de los principales productos de la agroexportación peruana, generaron US$1.187 millones, un incremento de 7,3% respecto al mismo periodo de 2025.

La diferencia de magnitudes frente a la minería, sin embargo, sigue siendo amplia. Los US$6.327 millones de exportaciones agropecuarias equivalen a menos de la séptima parte de los US$46.284 millones generados por la minería durante el mismo periodo.

Esto significa que el crecimiento de las exportaciones peruanas no puede atribuirse de manera uniforme a todos los sectores. El resultado general está condicionado principalmente por la evolución de los productos mineros.

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India aumenta sus compras al Perú

China se mantiene como el principal destino de las exportaciones peruanas. Entre enero y julio, las ventas hacia ese mercado llegaron a US$24.340 millones, 37,5% más que en el mismo periodo de 2025.

Estados Unidos ocupó el siguiente lugar, con US$5.971 millones, seguido por la Unión Europea, con US$5.618 millones.

Pero el mercado que presenta uno de los cambios más fuertes es India. Las exportaciones peruanas hacia ese país alcanzaron US$6.184 millones, un aumento de 151,7% frente al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento también fue importante en otros destinos. Los envíos hacia Australia aumentaron 132,9% y alcanzaron US$1.530 millones, mientras que las ventas a Suiza crecieron 62,2%, hasta US$2.323 millones.

En Canadá, las exportaciones sumaron US$3.277 millones, 29,2% más que entre enero y julio de 2025.

El mapa de destinos muestra así dos situaciones distintas. China continúa concentrando el mayor valor de las compras, pero algunos mercados secundarios están aumentando sus adquisiciones a tasas mucho más elevadas.

¿Por qué las exportaciones crecen tanto?

El aumento del valor exportado no significa necesariamente que el Perú haya enviado 33% más productos al extranjero. El monto registrado en dólares también está condicionado por los precios internacionales de los bienes exportados, especialmente cuando se trata de minerales.

Esto resulta particularmente relevante en el caso del cobre y el oro, debido al peso que ambos tienen dentro de las exportaciones nacionales.

Por ello, el dato de US$63.521 millones debe leerse junto con la composición de las ventas externas. El resultado refleja una expansión importante del comercio exterior, pero también evidencia la exposición del país al comportamiento de los principales productos mineros.

La situación es diferente en algunos productos no tradicionales, donde el crecimiento puede responder en mayor medida a mayores volúmenes exportados y a una expansión de la demanda en determinados mercados.

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Más de 8.300 empresas realizaron exportaciones

El crecimiento de las ventas externas también estuvo acompañado por un aumento en el número de empresas que participaron en el comercio exterior.

Entre enero y julio se registraron 8.305 empresas exportadoras, 3% más que en el mismo periodo de 2025. De ellas, 66% correspondieron a micro, pequeñas y medianas empresas.

El dato muestra que miles de compañías participan en las exportaciones, aunque el valor económico continúa concentrado en determinados sectores y productos. La diferencia es especialmente marcada cuando se compara el aporte de los minerales con el de otros rubros de la oferta exportable.

El resultado acumulado hasta julio deja así un crecimiento significativo de las ventas peruanas al exterior, pero con una característica que será relevante para los próximos meses: el avance está fuertemente vinculado al desempeño de la minería.

La evolución de los precios internacionales del cobre y el oro, junto con la demanda de China, India y otros mercados, será determinante para saber cuánto del crecimiento acumulado durante los primeros siete meses puede sostenerse hasta el cierre de 2026.

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Zegarra explicó a La República que el incremento no se está produciendo de manera generalizada en todos los alimentos, sino que se concentra principalmente en cinco o seis productos. La referencia que tomó corresponde al mercado mayorista, uno de los principales puntos de ingreso de hortalizas y tubérculos hacia Lima, por lo que el comportamiento de estos precios puede terminar trasladándose a los mercados minoristas de la capital.

“Sobre todo en las últimas dos semanas ha habido un incremento importante de los precios de algunos productos, no de todos”, señaló.

Transporte y carreteras presionan los precios

Uno de los factores que el economista identifica detrás de la situación es el encarecimiento del transporte. El incremento del precio del diésel eleva los costos de trasladar los productos desde las zonas productoras hacia Lima, pero también aumenta el riesgo que enfrentan los transportistas cuando existen interrupciones en las carreteras.

“Yo estoy pensando que sí hay un problema con el transporte, hay un encarecimiento sustancial del transporte a raíz del incremento del diésel y eso lleva a que los transportistas estén dejando de recoger productos dado el alto costo”, explicó Zegarra.

Zegarra sostiene que algunos transportistas estarían dejando de recoger productos debido a los mayores costos y al riesgo de quedar bloqueados en las vías. Este problema adquiere mayor relevancia en el caso de los alimentos perecibles, debido a que una interrupción durante el traslado puede generar pérdidas.

A ello se han sumado problemas específicos en las vías de comunicación. El economista mencionó, por ejemplo, el bloqueo registrado en la Panamericana Sur y problemas en zonas del norte del país. En su evaluación, estos factores tendrían actualmente un peso mayor sobre el incremento específico observado en Lima que los efectos del fenómeno El Niño.

La situación tampoco se limita a la capital. Zegarra señaló que en la selva se viene observando un encarecimiento relacionado con los costos del transporte fluvial y terrestre para llevar alimentos hasta ciudades como Pucallpa e Iquitos.

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El Niño todavía no sería el principal factor

El escenario climático agrega otra fuente de incertidumbre, aunque Zegarra considera que sus efectos sobre esta subida puntual de precios todavía no serían los principales.

El economista explicó que el fenómeno El Niño está comenzando a manifestarse mediante incrementos de temperatura y que estos cambios podrían afectar determinados cultivos. Sin embargo, los efectos sobre la producción agrícola suelen producirse con mayor lentitud y podrían observarse con más claridad en los próximos meses y, especialmente, durante la siguiente campaña agrícola.

En el caso del tomate, por ejemplo, Zegarra señaló que el incremento de las temperaturas podría haber afectado su producción, aunque precisó que podrían existir otros motivos. Por ello, considera que para explicar la subida registrada actualmente deben tenerse más en cuenta factores como el transporte, las carreteras y algunos problemas asociados a las lluvias.

La evolución de los próximos días será clave para determinar si las cotizaciones de estos productos vuelven a bajar o si la tendencia alcista comienza a extenderse a más alimentos.

Trigo, maíz y soya abren otro frente

A la situación interna se suma un segundo riesgo que no depende exclusivamente de la producción peruana. Zegarra advirtió sobre el comportamiento de los precios internacionales de commodities como trigo, maíz y soya, productos de los que el Perú depende en gran medida mediante importaciones.

Estos insumos tienen un peso importante en la industria alimentaria y en actividades como la producción de pollo y carne de cerdo. Por ello, un incremento sostenido de sus precios internacionales podría terminar trasladándose a distintos productos que consumen los hogares peruanos.

“El Perú es totalmente dependiente de la importación de estos productos que sustentan básicamente la producción de la industria de alimentos y también del pollo, la industria agrícola y la industria porcina”, señaló.

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El economista recordó como antecedente el periodo 2022-2023, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania provocó fuertes alteraciones en los mercados internacionales de alimentos. Según su referencia, durante ese periodo la inflación de alimentos en Perú llegó a promediar cerca de 18% anual.

Ahora, además del conflicto entre Rusia y Ucrania, Zegarra identifica presiones relacionadas con el encarecimiento de los fertilizantes y los derivados del petróleo, factores que pueden elevar tanto los costos de producción como los de transporte a escala internacional.

Uno de los puntos que más preocupa es el trigo. El economista señaló que se están presentando problemas con las exportaciones provenientes de Rusia y Ucrania y advirtió que el actual aumento de los precios internacionales estaría todavía en una etapa inicial.

Esto no significa que el trigo ya esté registrando en Lima un incremento equivalente al observado en el tomate. El riesgo está en que una subida internacional prolongada termine elevando los costos de productos que dependen de este insumo.

Una doble presión sobre los alimentos

Para Zegarra, el escenario actual combina dos problemas diferentes. Por un lado, existe una presión interna vinculada al transporte, las carreteras, el clima y el traslado de productos perecibles hacia las ciudades. Por otro, existe una presión externa relacionada con los commodities agrícolas, los combustibles y los fertilizantes.

“Se están gestando dos crisis de alimentos graves, una interna y otra externa”, advirtió.

La preocupación es que ambos factores puedan coincidir. Una mayor dificultad para trasladar alimentos dentro del país podría presionar los precios de productos frescos en Lima, mientras que un encarecimiento internacional de trigo, maíz y soya podría trasladarse posteriormente a alimentos procesados y productos de consumo masivo.

El antecedente de 2022-2023 adquiere relevancia precisamente por el impacto que tuvo sobre el poder adquisitivo de los hogares. Zegarra recordó que aquella subida de los alimentos ocurrió en un periodo en el que las remuneraciones no crecieron al mismo ritmo.

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¿Alerta temprana para evitar desabastecimiento?

Frente a este escenario, Zegarra plantea la creación de una autoridad nacional de seguridad alimentaria que permita coordinar la respuesta ante problemas de abastecimiento y precios.

“Lo primero es que tiene que montar un sistema de alerta temprana. Cuando por la ocurrencia de fenómenos como este tenemos que tener capacidad de reaccionar a tiempo para evitar desabastecimiento, incremento extremo en los precios”, sostuvo.

Su primera función, según explicó, debería ser establecer un sistema de alerta temprana que permita identificar con anticipación riesgos de desabastecimiento o aumentos extremos de precios.

También considera necesario contar con un mapa de los principales problemas que pueden afectar el traslado y almacenamiento de alimentos, de modo que las autoridades puedan reaccionar ante interrupciones en el transporte, dificultades de almacenamiento o problemas de movilización.

La propuesta parte de una constatación: las grandes ciudades dependen del ingreso constante de alimentos provenientes de otras zonas del país y del exterior. Por ello, una interrupción prolongada en las rutas de abastecimiento puede tener efectos que vayan más allá de un producto específico.

El comportamiento de los precios mayoristas durante las próximas semanas permitirá determinar si las alzas observadas en productos como el tomate, choclo, ají, arveja y zapallo son episodios puntuales o el inicio de una presión más amplia sobre la canasta alimentaria. A ese seguimiento interno se suma ahora la evolución de los mercados internacionales de trigo, maíz y soya, que podría convertirse en un nuevo factor de presión para los consumidores peruanos.

Sin embargo, el reajuste sí puede poner bajo la lupa a quienes se encuentran cerca de ese nivel. En diálogo con La República, Latife Reaño, especialista en gestión humana y compensaciones, explicó que una empresa debería revisar aquellos salarios cuya diferencia con la remuneración mínima podría reducirse considerablemente.

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La razón es sencilla: un trabajador puede haber recibido una remuneración mayor precisamente para reconocer su experiencia, desempeño, formación o nivel de responsabilidad. Si el sueldo mínimo se acerca a esa remuneración, parte de esa diferencia desaparece.

“No se tienen que revisar todos los sueldos en una empresa, porque hay sueldos que están muy por encima, niveles diferenciales. Esas posiciones en realidad no es necesario que sean revisadas porque ya tienen una distancia bastante grande”, señaló Reaño.

Sueldo mínimo sube 15%: ¿cuánto deberían aumentar los salarios que están por encima?

La pregunta que queda para quienes ya ganan más es cuánto debería ser un eventual reajuste. No existe un porcentaje único que las empresas estén obligadas a aplicar, pero el comportamiento del mercado puede servir como referencia.

Reaño explicó que, de acuerdo con las encuestas salariales que maneja de empresas consultoras, los incrementos promedio en el mercado se han ubicado alrededor del 5% anual durante los últimos años. En contraste, el salto de la RMV representa un aumento de aproximadamente 15%.

Ese rango, sin embargo, no significa que todos deban recibir el mismo porcentaje. La especialista considera que cada caso debería evaluarse según el desempeño, el cumplimiento de objetivos, la experiencia acumulada y las características del puesto.

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De esta manera, una empresa podría decidir un reajuste mayor para determinados trabajadores y mantener otros salarios sin cambios cuando la diferencia con el nuevo piso siga siendo suficientemente amplia. El objetivo no sería replicar el incremento de la RMV en toda la planilla, sino evitar que el cambio desordene la estructura salarial.

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Uno de los problemas que puede aparecer es la llamada compresión salarial. El concepto describe una situación en la que trabajadores con diferentes niveles de experiencia, conocimientos o responsabilidades terminan percibiendo remuneraciones muy similares.

“Es justamente cuando ya terminan muchas personas ganando exactamente igual cuando en realidad sí hay diferencia entre ellas”, explicó Reaño.

El efecto puede ser especialmente visible entre quienes se encuentran cerca del nuevo piso. Por ejemplo, si una persona con varios años de experiencia queda con una remuneración muy próxima a la de un trabajador que recién ingresa, la diferencia que antes reconocía esa trayectoria pierde peso.

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Por ello, Reaño considera que las empresas deberían prestar especial atención a los salarios que se encuentran alrededor del nuevo mínimo. En algunos casos, la revisión podría alcanzar a trabajadores que perciben entre S/1.300 y S/2.000 o S/2.500, aunque la decisión dependerá de la estructura y capacidad de pago de cada compañía.

Para realizar estos ajustes, la especialista recomienda que las empresas establezcan primero un presupuesto y criterios claros. Después deberán definir quiénes serán considerados para un incremento y comunicar las razones detrás de cada decisión.

La transparencia también juega un papel importante. Explicar que los reajustes responden a factores como desempeño, experiencia o responsabilidad puede evitar que quienes no reciban un aumento interpreten la decisión como arbitraria.

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"Nos sentimos burlados", afirmó Castro al cuestionar que, pese a los documentos enviados por el sindicato para solicitar la reunión, el diálogo con el Ministerio de Economía no se haya producido. Según señaló, el SUTEP todavía mantiene la disposición de conversar, pero advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo se está agotando.

El dirigente sostuvo que el gremio no pretende mantener una posición cerrada frente al Ejecutivo y que busca encontrar una salida que permita implementar la legislación sin generar una afectación presupuestaria que, según el Gobierno, sería uno de los principales problemas de la norma.

SUTEP evalúa medidas de fuerza si no hay diálogo

Castro advirtió que la falta de una respuesta del Ejecutivo podría terminar trasladando el conflicto desde la mesa de diálogo hacia las calles. "Si no encontramos diálogo, va a ser la respuesta natural", señaló. El secretario general del SUTEP agregó que se encuentra en preparación una eventual medida de lucha, que podría incluir un paro nacional.

El dirigente remarcó que la decisión dependerá de lo que ocurra en los próximos días y de si el Ministerio de Economía finalmente convoca al sindicato. "Si encontramos diálogo con soluciones, el asunto puede variar. Depende del ministro de Economía", sostuvo.

Castro también puso como límite político el debate del presupuesto público. Recordó que el Congreso debe aprobar la ley de Presupuesto hasta el 30 de noviembre, pero consideró que el Ejecutivo todavía tiene margen para buscar una solución antes de que concluya ese proceso.

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"No nos va a llevar hasta noviembre, no nos va a llevar hasta octubre. Tiene que ser ya la reunión", afirmó. Y agregó que, si no se fija una fecha para conversar, la conversación ya no va a tener sentido y podrían producirse acciones de fuerza.

La advertencia se produce en momentos en que el Ejecutivo ya presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, 3,5% más que el presupuesto inicial de 2026. Para Educación se han planteado S/49.068 millones, según el proyecto presentado por el Gobierno.

Castro cuestiona recursos para Educación

El secretario general del SUTEP también cuestionó la distribución de los recursos para el sector Educación. Aunque el presupuesto para 2027 contempla alrededor de S/49.000 millones, Castro considera que el incremento nominal no garantiza mayores recursos reales para atender las principales brechas del sector.

Entre sus principales cuestionamientos mencionó la falta de precisiones sobre cuánto se destinará a infraestructura educativa y capacitación docente. También reclamó que el presupuesto debería especificar los recursos destinados a alimentación escolar, mejora de las condiciones laborales y otros compromisos vinculados con los trabajadores del sector.

El proyecto contempla S/49.068 millones para Educación, mientras que el Ejecutivo ha presentado públicamente la cifra como una de las principales prioridades del Presupuesto 2027. El primer ministro Luis Galarreta señaló que el sector recibirá S/49.100 millones y lo ubicó entre los pilares de la propuesta presupuestal.

Castro, sin embargo, considera que el monto debe analizarse junto con las obligaciones y necesidades que debe cubrir el sector. "Si no tienes plata, entonces ¿cómo vas a enfrentar el tema de infraestructura, alimentación, calidad, equidad, acceso, capacitaciones, dignificación de los trabajadores?", cuestionó.

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Pensiones de maestros, el principal punto de tensión

El conflicto tiene como uno de sus principales puntos la Ley 32581, que establece una pensión de S/3.500 para maestros cesantes y jubilados. El ministro Elmer Cuba anunció previamente que el Ejecutivo recurriría al Tribunal Constitucional para cuestionar esta y otras normas debido a su impacto presupuestario. El SUTEP rechaza esa posición y sostiene que existe margen para buscar mecanismos que permitan cumplir con la ley.

Para el dirigente sindical, el problema no se limita a una discusión sobre cuánto dinero puede destinar el Estado, sino a la falta de una negociación entre el Ejecutivo y los trabajadores.

"Más de 200.000 trabajadores tengan acceso a una pensión digna", sostuvo Castro, quien reclamó que el Estado debe demostrar capacidad para encontrar una salida que permita cumplir los compromisos con los docentes cesantes y jubilados.

El SUTEP también ha solicitado una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros. Castro señaló que el gremio pretende agotar el diálogo antes de adoptar una medida de fuerza, pero dejó abierta la posibilidad de que el conflicto se intensifique si no recibe una respuesta.

Por ahora, la fecha de una eventual paralización no está definida. El mensaje del sindicato es que todavía existe espacio para negociar, pero que ese margen no será indefinido: si el Ejecutivo no convoca a una reunión en los próximos días, el escenario podría pasar de la negociación a la protesta.

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La obligación comenzará a aplicarse el 5 de octubre de 2026, de acuerdo con la Resolución de Superintendencia N.° 000129-2026/SUNAT, publicada en julio. La medida alcanza a los equipos terminales móviles, teléfonos inteligentes y demás celulares comprendidos en las subpartidas arancelarias 8517.13.00.00 y 8517.14.00.00.

¿Qué tendrán que declarar los importadores?

Hasta ahora, la información aduanera podía identificar la mercancía mediante datos como la marca y el modelo. Con la modificación, cada equipo deberá incorporar también su número de serie único y uno o más códigos IMEI, que pasarán a formar parte de las descripciones mínimas exigidas para la importación.

La misma obligación se incorpora al despacho simplificado de importación. En estos casos, tanto los despachadores de aduana como los importadores, dueños o consignatarios que realicen directamente el trámite deberán consignar la información correspondiente a cada teléfono.

SUNAT ya comenzó a adecuar sus sistemas para recibir esta información. En agosto comunicó a importadores, agentes de aduana y operadores de comercio exterior la actualización de las estructuras de transmisión electrónica para incorporar el IMEI y el número de serie en las declaraciones de importación y en sus rectificaciones.

El cambio llega en medio de una ola de bloqueos

La modificación adquiere relevancia por el volumen de equipos que vienen siendo sometidos a controles por problemas de identificación.

OSIPTEL informó en junio que, con un nuevo grupo de bloqueos, se superarían los 1.6 millones de celulares bloqueados durante 2026 por no figurar en la lista blanca o presentar historial de IMEI alterado. Desde abril de 2025, el número acumulado superaba los 4.2 millones de equipos.

El IMEI es el código que permite identificar un equipo móvil. Cuando este número ha sido alterado o está asociado a un equipo reportado como robado, el teléfono puede quedar fuera de la lista de equipos válidos y ser bloqueado para operar en las redes móviles.

Por ello, la nueva exigencia de SUNAT introduce el dato de identificación del aparato desde una etapa anterior: su ingreso al país. La intención declarada en la resolución es precisamente permitir la identificación e individualización de los equipos terminales móviles importados.

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¿Esto significa que todos deberán declarar su IMEI ante SUNAT?

La modificación no establece que cada consumidor que compre un celular en el extranjero tenga que acudir personalmente a SUNAT para registrar el equipo. La obligación está vinculada a la declaración aduanera correspondiente a la importación para el consumo y al despacho simplificado cuando corresponda.

Esto es relevante porque existe otro proceso de registro relacionado con el uso de celulares en el país. OSIPTEL señala que los usuarios que adquieren un equipo que no figura en la lista de equipos válidos pueden recibir una comunicación para regularizar su situación; en esos casos, deben comprobar que el IMEI físico coincida con el obtenido al marcar *#06# en el teléfono.

Por tanto, la nueva medida de SUNAT y el registro administrado en el marco del Renteseg son procesos distintos, aunque ambos utilizan el IMEI como elemento de identificación del equipo.

¿Qué cambia para las empresas?

Para los importadores, el principal cambio será operativo. Cada equipo tendrá que llegar al proceso de declaración con información individualizada, lo que obliga a que los datos del IMEI y número de serie estén disponibles y sean transmitidos correctamente.

SUNAT ha incorporado esta información tanto en la Declaración Aduanera de Mercancías como en el despacho simplificado, por lo que los operadores deberán adaptar sus procesos y sistemas antes de la entrada en vigencia de la medida.

El efecto sobre los precios de los celulares, por otra parte, no está determinado por la resolución. La norma establece una nueva exigencia de información y control, pero no crea un impuesto adicional ni modifica directamente los aranceles aplicables a estos productos.

El impacto económico dependerá, entre otros factores, de cuánto trabajo adicional genere la identificación individual de los equipos y de si los importadores trasladan esos costos a la cadena comercial.

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El objetivo es conocer qué celular está entrando al país

La diferencia frente al esquema anterior está en el nivel de detalle. SUNAT ya conoce qué mercancías ingresan al territorio nacional, pero desde octubre la declaración de los celulares deberá permitir identificar cada equipo de manera individual, mediante dos elementos que funcionan como su huella dentro de los sistemas: el número de serie y el IMEI.

El cambio, por tanto, no apunta directamente al consumidor que compra un teléfono, sino a la cadena que permite que ese equipo llegue al mercado peruano. Su resultado dependerá de qué tan eficaz sea el cruce posterior de esa información con los mecanismos de control de equipos móviles que ya utiliza el Estado.

En un mercado donde los bloqueos por IMEI irregular se han convertido en un mecanismo recurrente de control, la novedad será que el teléfono podrá llegar a los sistemas aduaneros con una identificación individual desde el momento en que es declarado para ingresar al país.

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De los 18 indicadores empresariales evaluados por el BCRP, 17 permanecieron en terreno optimista, pese al retroceso registrado en la mayoría de las expectativas. Es decir, el deterioro todavía no implica un escenario pesimista para las compañías, pero sí refleja una mayor prudencia al proyectar el comportamiento de sus negocios durante los siguientes meses.

Para el Mg. Mario Vergara, docente de posgrado de la Universidad ESAN, esta situación refleja una economía que mantiene un crecimiento sólido en el corto plazo, aunque con mayor cautela frente a los riesgos futuros. Según explicó, los indicadores operativos como ventas, producción y órdenes de compra han mostrado repuntes, pero las decisiones relacionadas con grandes inversiones y nuevas contrataciones avanzan con mayor lentitud debido a la evaluación de riesgos.

Empresas prevén una inflación de hasta 4% este año

Uno de los cambios más relevantes aparece en las expectativas de inflación. Para 2026, los agentes consultados por el BCRP esperan una variación de los precios de entre 3% y 4%, mientras que para 2027 el rango se ubica entre 2,5% y 2,6%. Para 2028, las previsiones se sitúan entre 2,35% y 2,50%.

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La expectativa de inflación a 12 meses también aumentó ligeramente. El promedio correspondiente a analistas económicos y entidades del sistema financiero pasó de 3,01% en julio a 3,05% en agosto. Para un horizonte de 24 meses, la previsión pasó de 2,43% a 2,46%.

El movimiento ocurre en paralelo con una mayor expectativa sobre los precios de los insumos y de venta a tres meses, dos de los pocos indicadores que avanzaron durante agosto.

Vergara señaló que una de las fuentes de presión está relacionada con el impacto climático sobre la oferta de alimentos. Las alteraciones en las condiciones del clima pueden afectar la producción agrícola y pesquera y reducir la disponibilidad de determinados productos, mientras que los problemas en las vías de transporte pueden elevar los costos logísticos.

A ello se suma, según el especialista, el incremento de los costos de transporte y de algunos insumos, factores que pueden presionar los márgenes de las empresas. En ese escenario, consideró que existe el riesgo de que el aumento de los costos termine trasladándose parcialmente a los consumidores.

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¿Cuánto crecerá la economía peruana?

Pese a esta mayor cautela, las expectativas sobre el crecimiento económico se mantienen alrededor del 3%.

Para 2026, los agentes económicos proyectan una expansión de 3,2% del PBI. Para 2027, las previsiones se ubican entre 3,2% y 3,4%, mientras que para 2028 se espera un crecimiento de 3,5%.

Vergara coincide en que la economía mantendría un crecimiento sostenido, con una expansión que podría ubicarse entre 3% y 3,4%, impulsada principalmente por la demanda interna y el consumo de los hogares.

En cuanto al tipo de cambio, las expectativas para el cierre de 2026 permanecen entre S/3.35 y S/3.40 por dólar. Para 2027, el rango esperado se encuentra entre S/3.40 y S/3.45, mientras que para 2028 se ubica entre S/3.40 y S/3.47.

La tasa de interés de referencia, por su parte, se mantiene con una expectativa de 4,25% para 2026 y 2027. Para 2028, el rango esperado está entre 4% y 4,25%.

En el caso de la inversión privada, el docente de ESAN señaló que las empresas tenderían a mantener los proyectos que ya están en ejecución, mientras que nuevas inversiones de gran magnitud podrían ingresar en una etapa de observación. "Los nuevos serán diferidos", sostuvo Vergara, al explicar que las compañías priorizarían consolidar los resultados actuales antes de comprometer capital a largo plazo.

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El Niño amenaza con elevar costos y reducir ventas

El componente que introduce mayor riesgo en las perspectivas empresariales es el fenómeno de El Niño. Según la encuesta especial incluida por el BCRP, 83% de las empresas consultadas ya tomó o planea tomar alguna medida preventiva, mientras que 17% no contempla hacerlo.

Entre las principales medidas figuran la búsqueda de rutas logísticas alternativas, la elaboración de planes de continuidad operativa y el reforzamiento de instalaciones. Cada una de estas acciones es adoptada o prevista por cerca de 40% de las compañías consultadas.

Los empresarios también identificaron los principales canales por los que el fenómeno climático podría afectar sus operaciones. El 62% señaló los retrasos o mayores costos logísticos; 43% mencionó las dificultades para distribuir productos; 42% prevé mayores precios y 37% anticipa una menor disponibilidad de insumos.

El impacto podría trasladarse directamente a los resultados de las compañías. 67% espera un aumento de sus costos, mientras que 48% prevé una reducción de sus ventas y 46% una caída de su producción. Sin embargo, 63% no espera modificar sus precios de venta y 58% tampoco contempla realizar cambios en sus inversiones.

Para Vergara, la evolución de las condiciones climáticas será determinante para modificar estas expectativas. Una menor intensidad del fenómeno permitiría reducir las interrupciones de las actividades productivas, mientras que la normalización de las condiciones del mar favorecería a sectores como la pesca.

El especialista también consideró clave la ejecución oportuna de obras de prevención, como la descolmatación de ríos, defensas ribereñas y mantenimiento de drenajes urbanos, además de medidas que permitan evitar interrupciones prolongadas en las carreteras utilizadas para transportar insumos y productos.

El norte concentra las mayores preocupaciones

La situación es más delicada entre las empresas ubicadas en la zona norte del país. Allí, 94% ya tomó o planea tomar medidas preventivas ante El Niño y todas las compañías consultadas esperan algún tipo de afectación.

Los riesgos identificados en esta zona son particularmente elevados. El 77% teme daños en instalaciones o equipos, mientras que 76% advierte sobre retrasos o mayores costos logísticos. Además, 66% menciona posibles interrupciones de servicios básicos y 64% una menor disponibilidad de trabajadores e insumos.

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Las consecuencias sobre el desempeño empresarial también son más pronunciadas: 81% de las empresas del norte espera una reducción de sus ventas y 69% anticipa una caída de su producción. A su vez, 49% prevé un incremento de sus costos.

Esto marca una diferencia frente al panorama general. Mientras a nivel nacional las empresas mantienen una perspectiva mayoritariamente optimista, el norte concentra una mayor exposición a interrupciones operativas y problemas logísticos asociados al fenómeno climático.

Vergara identificó entre los sectores más expuestos a la agricultura, pesca, comercio, transporte y logística, procesamiento de alimentos, turismo, hotelería y gastronomía.

En el caso agrícola, explicó que el exceso de lluvias, las variaciones de temperatura y las inundaciones pueden afectar cultivos como mango, palta, arándano y uva, además de productos destinados al consumo interno. En la pesca, el calentamiento del mar puede alterar la disponibilidad de especies de aguas frías y afectar la producción pesquera.

El comercio y el transporte también enfrentarían riesgos por el deterioro de carreteras y puentes, que puede generar desabastecimiento, mayores tiempos de traslado y un incremento de los fletes. Estos efectos pueden extenderse a la industria alimentaria por la menor disponibilidad de insumos.

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Expectativas siguen siendo positivas, pero con más cautela

La encuesta de agosto deja así un escenario de contrastes. Por un lado, las empresas mejoraron su percepción sobre la situación actual, y 17 de los 18 indicadores continúan en terreno optimista. Por otro, las expectativas para los siguientes meses perdieron fuerza y los riesgos vinculados con inflación y El Niño ganaron relevancia.

El panorama también varía por regiones. Aunque las expectativas permanecen en terreno optimista en las cuatro zonas del país, las zonas norte y centro registraron 16 de 18 indicadores positivos, mientras que sur y oriente alcanzaron 17. El norte, pese a los riesgos asociados a El Niño, mantiene desde mayo de 2023 los valores promedio más altos en las expectativas sobre la economía a tres y 12 meses.

Para Vergara, la economía peruana mantiene una trayectoria de recuperación, favorecida por el menor riesgo político y por el buen desempeño de sectores como la minería, aunque el fenómeno de El Niño introduce un riesgo adicional para el crecimiento. "No se trata de un colapso en el crecimiento, sino de una recuperación amortiguada por golpes climáticos sectoriales", sostuvo.

Así, el principal desafío para las empresas durante los próximos meses no parece estar únicamente en el ritmo de crecimiento de la economía, sino en cómo los mayores costos, las alteraciones logísticas y una eventual reducción de ventas y producción podrían afectar sus resultados, particularmente en las regiones más expuestas al fenómeno climático.

La brecha es considerable, pues solo el 10,3% del empleo en las microempresas es reconocido legalmente, frente a 55,8% en las pequeñas y medianas empresas y 81,6% en las grandes. La diferencia también aparece al observar directamente el uso de la planilla: apenas 14% de las microempresas señala que la mayoría de sus trabajadores está bajo contrato o planilla. En las pymes, la proporción llega a 47% y en las grandes empresas, a 99%.

La situación revela que el acceso sigue estando muy condicionado por el tamaño y la capacidad económica de las unidades productivas. Para los trabajadores, esto supone una menor cobertura de derechos laborales y de mecanismos de protección vinculados al empleo formal.

Para el abogado laboralista Juan Valera, consultado por La República, estas cifras muestran que la informalidad dejó de ser un problema coyuntural y se convirtió en una dificultad estructural del mercado laboral peruano.

“Para una microempresa, formalizar no es solo un trámite: es asumir costos que no puede absorber en un contexto donde el 52% identifica la delincuencia como su principal problema y el 43% señala la burocracia estatal como una barrera”, explicó Valera.

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Para las microempresas, formalizar sigue siendo una tarea difícil de sostener

En las microempresas, además, los obstáculos no se reducen al costo salarial. El 37% identifica como una dificultad el costo de EsSalud y la percepción de que no se traduce en un beneficio de calidad para el trabajador. Otro 28% menciona la incertidumbre económica y política, mientras que 26% señala tanto el nivel de la remuneración mínima y sus aumentos inesperados como la complejidad de registrar a un trabajador en planilla.

La informalidad, por tanto, también está relacionada con la dificultad de sostener la contratación en negocios de menor escala. Si el objetivo es ampliar los empleos con derechos, no basta con exigir el cumplimiento: también se requiere que el sistema permita a estas unidades incorporarse y permanecer.

En ese punto, Valera considera que la salida no pasa por reducir derechos laborales, sino por disminuir el costo administrativo y la complejidad que supone cumplir con las obligaciones. El especialista plantea que el Estado debe avanzar hacia una formalización más simple y predecible, especialmente para los negocios pequeños.

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El estudio propone, en esa línea, medidas como plataformas integradas, declaraciones precalculadas y una menor duplicidad de información. El objetivo sería reducir la carga que enfrentan las microempresas sin trasladar ese alivio a una menor protección para los trabajadores.

El crecimiento empresarial también eleva la exposición a la fiscalización estatal

A medida que una empresa aumenta de tamaño, la dificultad deja de concentrarse únicamente en el ingreso a la formalidad y pasa a estar también en su relación con un aparato estatal más amplio.

El contraste es evidente en Sunafil. Solo 7% de las microempresas reporta contacto con la entidad, frente al 81% de las grandes empresas. También aumenta con el tamaño la interacción con ministerios, Indecopi y organismos reguladores.

La mayor fiscalización es necesaria para garantizar que los derechos laborales se cumplan, pero el estudio también muestra problemas en la forma en que las empresas perciben esa intervención. 82% de las grandes compañías considera problemática la fiscalización y, entre las que fueron inspeccionadas por Sunafil, 55% percibe que la actuación estuvo más orientada a sancionar que a orientar.

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Esto se suma a una falla de gestión pública: 80% de las grandes empresas evalúa negativamente la forma en que las entidades utilizan información que ya tienen disponible para evitar solicitar nuevamente los mismos documentos.

La diferencia entre tamaños también se refleja en los obstáculos que cada segmento identifica. En las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, 33% menciona los costos laborales adicionales al salario y 36% el nivel de la remuneración mínima y sus incrementos. En las grandes, en cambio, la principal dificultad señalada es la dificultad para desvincular a trabajadores por bajo desempeño, mencionada por 68%, seguida por los costos laborales adicionales, con 60%.

Para Valera, esta diferencia evidencia una de las principales contradicciones de la estrategia actual. “La fiscalización actual es poco efectiva para reducir la informalidad porque está concentrada en empresas que ya son formales”, cuestionó.

El abogado plantea que Sunafil debería avanzar hacia una supervisión basada en riesgo, con un mayor componente de orientación para las microempresas y una mejor coordinación con otras entidades del Estado. La efectividad, sostiene, no debería medirse únicamente por inspecciones o sanciones, sino también por su capacidad para lograr que más empresas ingresen y permanezcan en la formalidad.

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El estudio de Ipsos plantea, en esa línea, que no existe una única vía para reducir la informalidad: las microempresas requieren condiciones que faciliten su entrada al sistema formal; las pymes, capacidad para absorber los costos de crecer; y las grandes empresas, mayor predictibilidad en su relación con el Estado.

El reto es, finalmente, ampliar la formalidad sin debilitar los derechos laborales. Eso supone reducir las barreras de entrada para los negocios pequeños, simplificar la relación con el Estado y asegurar una fiscalización que no solo sancione los incumplimientos, sino que también contribuya a que más empresas y trabajadores permanezcan dentro de la formalidad.

Pero la distribución del presupuesto muestra una diferencia importante, pues cinco grandes proyectos de transporte y conectividad concentran S/3.796 millones para el próximo año, poco más del doble de los S/1.824 millones destinados específicamente a infraestructura vinculada con la prevención y atención del Fenómeno El Niño.

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La comparación permite dimensionar el peso de las grandes obras dentro del proyecto presupuestal. Pero hay otro dato que merece especial atención: de los S/2.489 millones que el proyecto identifica para intervenciones vinculadas al FEN, S/2.023 millones quedan en el Gobierno Nacional y solo S/465 millones corresponden a gobiernos regionales y locales. Es decir, apenas 19% llega directamente a los gobiernos subnacionales.

Cinco megaobras concentran S/3.796 millones

El proyecto de Presupuesto 2027 mantiene una fuerte asignación para grandes proyectos que ya se encuentran en ejecución. Es el caso de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, que concentran S/1.944 millones para ejecución, operación y mantenimiento.

A ello se suman S/522 millones para la Carretera Central, la carretera Cusco-Chincheros-Urubamba, la autopista Chincha-Ica y Pro Región 2; S/454 millones para la Vía Expresa Santa Rosa; S/440 millones para el Aeropuerto Internacional de Chinchero; y S/436 millones para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao. En conjunto, estas cinco intervenciones reúnen S/3.796 millones.

Se trata de obras que tienen compromisos en marcha y cuyos cronogramas requieren continuidad presupuestal. Por eso, la comparación con el FEN no implica que esos recursos puedan trasladarse directamente de un proyecto a otro.

Sí permite observar, en cambio, cuánto espacio ocupan dentro del proyecto de presupuesto las inversiones de gran escala frente a las destinadas a reducir los riesgos asociados a un fenómeno climático.

Para las intervenciones vinculadas al FEN, el proyecto contempla S/2.489 millones. Pero ese monto reúne acciones de prevención, atención y respuesta de distintas entidades, por lo que no todo corresponde a infraestructura.

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Si se considera únicamente la parte destinada a infraestructura a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Indeci, Vivienda y Transportes, la suma llega a S/1.824 millones: S/1.047 millones para ANIN, S/413 millones para Indeci, S/273 millones para Vivienda y S/91 millones para Transportes.

El 81% del presupuesto del FEN se queda en el Gobierno Nacional

De los S/2.489 millones previstos para las intervenciones vinculadas al FEN, S/2.023 millones corresponden al Gobierno Nacional. Los gobiernos regionales reciben S/246 millones y los gobiernos locales S/219 millones. Entre ambos niveles suman S/465 millones, equivalentes a cerca del 19% del total.

Si bien la concentración no significa que los S/2.023 millones asignados al Gobierno Nacional se vayan a gastar físicamente en Lima, sí deja claro dónde queda la mayor parte de la capacidad presupuestal para estas intervenciones.

La capacidad de respuesta también depende de dónde están asignados los recursos. Ante un evento climático, son los gobiernos regionales y municipios los que deben actuar frente a interrupciones de vías, desbordes, quebradas activadas y daños en infraestructura local, además de atender a la población afectada. Tener recursos disponibles desde el inicio del año puede acelerar la atención y reducir la dependencia de transferencias posteriores.

Gobernadores cuestionan recorte de S/2.773 millones en inversiones

La distribución de los recursos para enfrentar el FEN se conoce en medio de otro reclamo de los gobiernos regionales. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió este viernes al Ejecutivo convocar al Consejo de Estado Regional para abordar la preparación frente al Fenómeno El Niño y el presupuesto que tendrán las regiones en 2027.

En su pronunciamiento, los gobernadores cuestionaron un recorte de S/2.773 millones, equivalente al 18,7%, en sus presupuestos de inversión. Advirtieron que esta reducción podría afectar proyectos que ya están en ejecución y limitar la capacidad de los gobiernos regionales para atender sus responsabilidades.

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La ANGR sostuvo, además, que las regiones vienen ejecutando obras y acciones de preparación frente al FEN y reclamó una mayor coordinación con el Ejecutivo. El pedido se produce mientras el proyecto de Presupuesto 2027 plantea que solo S/465 millones de los S/2.489 millones previstos para intervenciones vinculadas al fenómeno queden directamente en gobiernos regionales y locales.

El Niño ya le restó un punto al crecimiento

La necesidad de reforzar la prevención también tiene un impacto económico. Durante el primer semestre de 2026, el PBI creció 3%, pero el MEF estima que, sin los efectos asociados al Fenómeno El Niño, el avance habría sido de alrededor de 4%.

El fenómeno habría restado, así, cerca de un punto porcentual al crecimiento en la primera mitad del año. Los daños sobre carreteras, puentes y otras infraestructuras terminan afectando también el transporte, el comercio y las actividades productivas.

En el proyecto de Presupuesto 2027, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene previstos S/928 millones para inversiones de protección en ríos y quebradas. El monto forma parte de los recursos destinados a prevenir y atender los efectos del FEN.

Pero los S/2.489 millones identificados para el fenómeno no corresponden únicamente a infraestructura. El monto incluye acciones de prevención, respuesta y atención a cargo de distintas entidades. Si se toma solo la infraestructura, las partidas de ANIN, Indeci, Vivienda y Transportes suman S/1.824 millones.

Frente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026, el gasto de capital se reduce en S/635 millones, mientras el gasto corriente aumenta en S/11.087 millones.

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La restricción fiscal será relevante si el país enfrenta un evento climático de mayor magnitud. Una emergencia puede obligar a realizar transferencias o modificaciones presupuestarias para atender daños y ejecutar obras con rapidez.

El proyecto todavía deberá ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, su distribución ya muestra cómo se plantea repartir los recursos antes de que llegue una nueva temporada de lluvias.

El debate no se limita, por tanto, a cuánto dinero se asigna para enfrentar El Niño, sino a cómo y dónde se concentra ese gasto. El primer semestre de 2026 dejó una referencia concreta: el MEF calcula que los efectos asociados al fenómeno restaron alrededor de un punto porcentual al crecimiento de la economía. Con una nueva temporada de lluvias por delante, la propuesta deberá definir si los recursos previstos son suficientes y, sobre todo, si están disponibles en los niveles de gobierno que tendrán que responder ante una emergencia.

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La magnitud del gasto depende principalmente de cuánto demora cada búsqueda y de la frecuencia con la que el conductor enfrenta esta situación. Por ello, la cifra no representa un costo fijo para todos los automovilistas. El cálculo sirve, más bien, para dimensionar cuánto puede acumular una tarea cotidiana que suele pasar inadvertida.

Cercado de Lima es donde más demora encontrar una cochera

Entre las zonas consideradas en el análisis, Cercado de Lima registra el mayor tiempo promedio de búsqueda, con 28 minutos por estacionamiento.

Si ese tiempo se mantiene durante el año, el conductor acumularía unas 168 horas, equivalentes a siete días completos, destinadas únicamente a encontrar un espacio donde estacionar. El consumo estimado durante esas búsquedas llega a 201,60 litros de combustible, mientras que la pérdida económica calculada asciende a aproximadamente S/4.410 al año.

La situación también es significativa en otros distritos de alta demanda.

En Miraflores y La Victoria, el tiempo promedio llega a 25 minutos por búsqueda y el costo anual estimado alcanza los S/3.938. En San Isidro, el promedio baja ligeramente a 24 minutos, pero la pérdida calculada todavía llega a S/3.780 anuales.

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¿Cuánto cuesta perder 20 o 30 minutos buscando estacionamiento?

La diferencia puede parecer pequeña cuando se mide en un solo viaje, pero cambia considerablemente cuando se acumula durante meses.

Con un promedio de 20 minutos por búsqueda, el cálculo estima unas 120 horas perdidas al año y un impacto económico de aproximadamente S/3.150.

Cuando la búsqueda se extiende a 30 minutos, la pérdida anual puede subir hasta S/4.725.

El cálculo incorpora tanto el combustible utilizado durante la búsqueda como el valor económico atribuido al tiempo empleado. Por eso, el costo final no equivale simplemente a lo que el conductor gasta adicionalmente en gasolina.

En términos prácticos, media hora puede parecer un retraso menor en un solo desplazamiento. Repetido de manera frecuente, sin embargo, termina representando varios días del año.

El costo que no aparece en el recibo de combustible

La búsqueda de estacionamiento suele quedar fuera de las mediciones habituales sobre los costos de movilizarse por Lima. El conductor sabe cuánto pagó por combustible o cuánto cuesta la cochera, pero difícilmente lleva la cuenta de los minutos que pasó recorriendo calles antes de encontrar un espacio.

Ese tiempo también tiene un valor.

"Cuando hablamos del tráfico solemos pensar en los minutos que pasamos avanzando lentamente, pero existe otro costo silencioso: dar vueltas buscando dónde estacionar", señala Katherinne Oyarce, CEO de ParkGO.

La ejecutiva agrega que ese tiempo termina repercutiendo en el consumo de combustible y en la productividad de quienes se movilizan en automóvil.

El impacto, además, no es igual en toda la ciudad. La disponibilidad de estacionamientos cambia según el distrito, la hora y la concentración de actividades comerciales, laborales o de servicios. Por eso, las zonas donde encontrar una cochera requiere más tiempo terminan acumulando también mayores costos para los conductores.

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Siete días al año buscando dónde estacionar

El dato que permite dimensionar mejor el problema es el tiempo acumulado. En el escenario de Cercado de Lima, los 28 minutos promedio por búsqueda llegan a 168 horas al año. Eso equivale a una semana completa.

No significa que un conductor pase siete días consecutivos dentro de su vehículo, sino que los minutos destinados a buscar estacionamiento, sumados a lo largo del año, pueden alcanzar ese equivalente.

En el escenario de 30 minutos por búsqueda, además, el costo económico estimado llega a S/4.725, una cifra que supera ampliamente el gasto que una persona podría percibir en cada viaje individual.

Así, estacionar deja de ser únicamente el último paso de un desplazamiento. Para quienes enfrentan diariamente la escasez de espacios, el tiempo empleado en encontrar una cochera puede terminar convirtiéndose en uno de los costos menos visibles de movilizarse por Lima.

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El pedido fue formulado por la diputada Jacqueline Tapullima, quien sostuvo que ambas autoridades deben explicar los objetivos, las medidas previstas y las implicancias que tendría la eventual delegación de facultades. La propuesta también recibió el respaldo de la diputada Svieta Fernández, mientras que otros integrantes de la comisión apoyaron la necesidad de que el titular del MEF y el jefe de Sunat expongan ante el Parlamento.

¿Qué deberá explicar el Gobierno?

Uno de los principales puntos que deberá ser aclarado es cómo se aplicaría la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. El pedido de facultades contempla modificar y simplificar los regímenes tributarios empresariales y avanzar hacia un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales crecientes. Sin embargo, el documento presentado al Congreso no establece todavía cuáles serían los porcentajes ni los niveles de renta correspondientes a cada tramo.

Esta ausencia es relevante porque impide determinar, por ahora, qué empresas terminarían pagando más o menos impuestos. El sistema actual contempla distintos tratamientos para los contribuyentes, entre ellos el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General.

Por ejemplo, bajo el RMT actualmente se aplica una tasa de 10% sobre las primeras 15 UIT de renta neta anual y de 29,5% sobre el excedente. En el Régimen General, la tasa es de 29,5% sobre la renta neta, mientras que el RER utiliza una cuota mensual equivalente al 1,5% de los ingresos netos. Un cambio hacia un esquema único modificaría esa estructura, pero su efecto dependerá de las tasas y tramos que finalmente establezca el Ejecutivo si recibe las facultades.

Por ello, una de las preguntas que deberá responder Cuba es cómo se evitará que una reforma presentada como una simplificación termine elevando la carga tributaria de determinados negocios, especialmente de aquellos que actualmente se benefician de reglas diferenciadas.

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MYPE y grandes empresas, en el centro del debate

Las micro y pequeñas empresas podrían estar entre los sectores más atentos a la explicación del Gobierno. El RMT está dirigido a empresas cuyos ingresos netos no superan las 1.700 UIT y actualmente determina el impuesto en función de la renta obtenida. La propuesta de unificar los regímenes modificaría ese tratamiento.

No obstante, todavía no corresponde afirmar que las MYPE pagarán más. El efecto dependerá de cómo se construya la nueva escala. Si los primeros tramos tienen tasas inferiores a las actuales, algunos contribuyentes podrían pagar menos; si fueran superiores, la carga podría aumentar.

También habrá que observar el tratamiento que recibirán las empresas que hoy tributan bajo el Régimen General. Estas pagan actualmente 29,5% sobre su renta neta anual y no tienen un límite de ingresos para permanecer en ese esquema. Un sistema de tasas crecientes podría cambiar la forma en que se distribuye la carga entre empresas con distintos niveles de rentabilidad.

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Exoneraciones y beneficios tributarios también entran al debate

La discusión en la Comisión de Economía no se limitará al Impuesto a la Renta. Durante la aprobación de su plan de trabajo para el período 2026-2027, los diputados plantearon incorporar expresamente el gasto tributario dentro del eje de sostenibilidad fiscal.

El diputado James Holguín Aguirre propuso, además, que se evalúe no solo el establecimiento o ampliación de exoneraciones y beneficios tributarios, sino también su eventual eliminación cuando corresponda.

Este punto adquiere relevancia porque el propio pedido de facultades contempla que el Ejecutivo pueda establecer o modificar incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y otros tratamientos tributarios especiales y temporales vinculados con objetivos como la formalización, inversión, empleo e innovación.

Así, el Congreso tendrá que analizar dos efectos simultáneos: por un lado, cuánto podría recaudar el nuevo esquema tributario y, por otro, cuánto dejaría de ingresar al fisco debido a los beneficios que eventualmente se creen, modifiquen o mantengan.

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Comisión pone el foco en la responsabilidad fiscal

La convocatoria a Cuba y al jefe de Sunat se produce mientras la Comisión de Economía define sus prioridades para el nuevo periodo parlamentario. Su plan de trabajo establece como uno de sus cinco ejes la sostenibilidad fiscal, tributación y riesgos fiscales, junto con asuntos como productividad, formalización, inversión y desarrollo territorial.

La comisión también señaló que busca que sus decisiones legislativas y de control se sustenten en evidencia y preserven la responsabilidad fiscal y la seguridad jurídica. En ese contexto, la presentación del ministro de Economía y del jefe de Sunat permitirá que el Congreso solicite mayores precisiones antes de pronunciarse sobre la delegación de facultades.

Por ahora, la propuesta tributaria no modifica por sí misma las tasas vigentes ni elimina los actuales regímenes. El Ejecutivo requiere que el Congreso le otorgue las facultades por 120 días y, de obtenerlas, los cambios concretos tendrían que plasmarse posteriormente en decretos legislativos.

La discusión que se abre en el Parlamento será, por tanto, no solo si se necesita simplificar el sistema tributario, sino con qué reglas se hará, quién asumirá eventualmente una mayor carga y cuál será el impacto sobre la recaudación y la formalización.

Así, desde el 4 de setiembre no habrá aumentos ni reducciones para los usuarios conectados al SEIN. Sin embargo, el panorama será distinto en las localidades que no están conectadas a esta red. En los Sistemas Eléctricos Aislados, las tarifas sí subirán en promedio 0,84% para los usuarios domiciliarios y 1,09% para los comerciales e industriales.

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Precio de la luz se mantiene para usuarios del SEIN

La tarifa eléctrica regulada permanecerá estable este mes para la mayoría de hogares y negocios del país. Sin embargo, esto no significa que todos pagarán exactamente lo mismo en su recibo de luz, pues el monto final también depende del consumo registrado durante el periodo de facturación.

Osinergmin realiza una revisión mensual para determinar si corresponde modificar las tarifas según la evolución de los costos considerados en el sistema eléctrico. Para setiembre, esa evaluación no generó cambios para los usuarios del SEIN. En cambio, quienes reciben electricidad mediante sistemas aislados sí tendrán un ajuste.

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¿Por qué subirán las tarifas eléctricas en algunas zonas?

Los incrementos responden a la actualización de los Precios en Barra Efectivos, valores regulados que forman parte del cálculo del costo de la electricidad. Para determinar estos ajustes, Osinergmin considera factores como el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el tipo de cambio, el precio del gas natural y los combustibles, además de las cotizaciones del cobre y el aluminio.

En la actualización de setiembre, el regulador señaló que los cambios en los sistemas aislados están relacionados, entre otros factores, con las variaciones del IPM y del precio del diésel.

También se consideran los contratos de suministro entre empresas generadoras y distribuidoras. De esta manera, las tarifas se actualizan de acuerdo con las variables de costos previstas en el marco regulatorio. Así, mientras la tarifa eléctrica permanecerá estable para los usuarios del SEIN, los hogares y negocios de sistemas aislados asumirán los incrementos definidos para este mes.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Fernando Santoyo, estimó que la visita generaría un movimiento económico cercano a los S/77 millones, asociado al gasto de unos 50.000 visitantes que llegarían para participar en las actividades religiosas previstas durante la visita.

Según explicó, estos turistas permanecerían al menos tres días en la ciudad, lo que ampliaría el efecto sobre distintos negocios locales. "Son casi 77 millones de soles que se van a inyectar adicionalmente en la economía por el tema de la demanda de servicios", señaló.

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El cálculo toma en cuenta principalmente el consumo que realizarían los visitantes durante su estadía. El hospedaje y la alimentación concentrarían parte importante de ese gasto, pero también se beneficiaría el transporte y el comercio vinculado a las artesanías, uno de los sectores estrechamente relacionados con el turismo en Cusco.

Cusco necesita más hospedaje y espacios para recibir a miles de peregrinos

El tamaño de la convocatoria, sin embargo, plantea un desafío para la capacidad de la ciudad. Santoyo señaló que Cusco dispone actualmente de unas 18.000 camas, una oferta que podría resultar insuficiente si la llegada de visitantes se concentra en pocos días.

Por ello, consideró necesario comenzar a habilitar espacios adicionales de acogida y planteó que los obispados trabajen junto con el sector privado para encontrar alternativas antes de que se produzca el arribo masivo de peregrinos.

"Necesitamos habilitar más espacios, necesitamos que los obispados convoquen también al sector privado para que podamos justamente conversar cómo hacer para suplir esta deficiencia", manifestó.

La preocupación no se limita a dónde dormirán los visitantes. También será necesario definir con anticipación los lugares donde se desarrollarán las actividades que congregarán a una mayor cantidad de personas. Entre los escenarios que podrían evaluarse, el representante empresarial mencionó la explanada de Sacsayhuamán y la Plaza Mayor.

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Para Santoyo, contar con una planificación clara permitiría distribuir mejor a los asistentes y evitar que toda la presión recaiga sobre un único punto de la ciudad. En ese esquema, el sector privado también podría participar con la instalación de pantallas en diferentes zonas, de modo que ciudadanos y visitantes puedan seguir las actividades masivas sin necesidad de concentrarse todos en el mismo lugar.

"Sí esperamos que haya una adecuada planificación", remarcó.

La visita también pondrá a prueba la infraestructura de transporte. El incremento de visitantes procedentes del extranjero y de otras ciudades del país supondrá una demanda extraordinaria de vuelos hacia Cusco, por lo que las autoridades deberán evaluar si la operación aeroportuaria tiene capacidad para absorber ese flujo.

Más vuelos y transporte terrestre: el reto logístico detrás del impacto económico

Santoyo advirtió que el movimiento económico proyectado no podrá concretarse plenamente si no existe una respuesta coordinada de toda la cadena de servicios que permite el ingreso y desplazamiento de los visitantes.

"Va a haber una alta demanda de vuelos que van a venir, va a haber de repente una necesidad de generar muchos más horarios de aterrizaje y de despegue", sostuvo.

En este punto, Corpac, entidad encargada de los servicios de navegación aérea en el país, tendrá un papel relevante junto con las autoridades vinculadas al transporte. La eventual necesidad de ampliar los horarios de aterrizaje y despegue responde a un problema práctico: no basta con que exista interés en viajar a Cusco si la oferta de vuelos no puede absorber el aumento de pasajeros en un periodo corto.

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El mismo escenario podría trasladarse al transporte terrestre. El terminal de buses también tendría que prepararse para recibir un mayor número de pasajeros, especialmente considerando que una parte de los visitantes podría llegar desde otras regiones del país o incluso ingresar por vía terrestre desde países vecinos.

Para la Cámara de Comercio de Cusco, el impacto de la visita del papa León XIV debe entenderse, por tanto, más allá del gasto directo de los peregrinos. La llegada de 50.000 personas durante varios días exige que hoteles, restaurantes, comercios, aerolíneas, empresas de transporte y autoridades trabajen sobre una misma planificación.

De lo contrario, el aumento excepcional de la demanda podría terminar generando cuellos de botella en servicios básicos para el visitante y reducir parte del beneficio económico esperado.

"Existe todo un sistema que debe ser muy bien coordinado para que todo funcione bien en la llegada del papa", concluyó Santoyo.