El subsidio de S/3.700 está dirigido a personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años y desplazados por el terrorismo, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda propia.

Desde la puesta en marcha del beneficio hasta la fecha, se han desembolsado S/12.138.000. Además, el Bono Integrador se suma al Bono del Buen Pagador (BBP) del Crédito Mivivienda (CMV), lo que permite que los subsidios alcancen entre S/11.600 y S/31.500 para viviendas tradicionales, y entre S/18.000 y S/37.900 para viviendas sostenibles.

Bono Integrador: requisitos para acceder al beneficio

Para acceder al Bono Integrador, la ciudadanía debe cumplir con los requisitos establecidos para el Crédito Mivivienda y acreditar ingresos de hasta S/4.746 mediante una declaración jurada.

Asimismo, el beneficio está dirigido a adultos mayores o personas con discapacidad que cuenten con carné del Conadis, peruanos migrantes retornados con tarjeta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y personas desplazadas por el terrorismo con certificación otorgada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Subsidios del MVCS se complementan con el Bono del Buen Pagador

El Bono Integrador puede complementarse con el Bono del Buen Pagador del Crédito Mivivienda, con lo que se incrementa el apoyo económico para la adquisición de una vivienda.

En ese sentido, los subsidios oscilan entre S/11.600 y S/31.500 cuando se trata de una vivienda tradicional. En el caso de una vivienda sostenible, los montos pueden alcanzar entre S/18.000 y S/37.900, según informó el Ministerio de Vivienda.

Bono Integrador registra crecimiento sostenido desde 2024

El MVCS destacó que los desembolsos del Bono Integrador mantienen una tendencia de crecimiento desde su implementación. Entre abril y diciembre de 2024 se entregaron 692 bonos por S/2.353.000, equivalente al 7,4% de las colocaciones Mivivienda de ese año, cuando se otorgaron 9.347 créditos.

Durante 2025, las colocaciones ascendieron a 1.862 bonos por un total de S/6.642.000, lo que representó el 20% de las colocaciones Mivivienda, que sumaron 9.157 créditos. En tanto, entre enero y mayo de 2026 se otorgaron 873 Bonos Integradores por S/3.143.000, cifra equivalente al 23% de las colocaciones Mivivienda registradas en ese periodo, cuando se alcanzaron 3.837 créditos.

Además, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento señaló: “Seguimos trabajando para que cada familia peruana pueda acceder a una vivienda digna y adecuada, contribuyendo al desarrollo integral de las personas que más lo necesitan”, según indicó la propia entidad.

Durante la actividad, el sector reconoció a 12 agricultoras por su destacada contribución a la seguridad alimentaria del país y reunió a ocho productoras de distintas regiones para compartir experiencias exitosas de emprendimiento, asociatividad y acceso a mercados, en un espacio que también contó con la participación de organismos de cooperación internacional.

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Mujeres rurales impulsan la producción agraria

Durante la inauguración del encuentro, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, destacó la importancia de fortalecer las capacidades de las mujeres del campo para generar impactos positivos en sus comunidades.

Aseguró que cuando las agricultoras acceden a capacitación, tecnología, financiamiento y mercados, se convierten en protagonistas de la transformación económica y social de su entorno.

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Midagri fortalece el emprendimiento de la mujer rural

Como parte de las acciones dirigidas a este sector, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ejecuta la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI), una política pública que desde 2022 busca impulsar la autonomía económica femenina.

El encuentro también permitió visibilizar el liderazgo, la innovación y el impacto de los proyectos desarrollados por agricultoras en coordinación con la cooperación internacional, con lo que puso en valor experiencias vinculadas al desarrollo productivo y al acceso a nuevas oportunidades de mercado.

Expo Agraria 2026 reunió experiencias y cooperación internacional

La jornada congregó a ocho agricultoras de diferentes regiones del país, quienes presentaron casos de éxito relacionados con emprendimiento, asociatividad y acceso a mercados y compartieron los resultados alcanzados en sus actividades productivas.

Asimismo, participaron representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), HELVETAS, SUCO, la Unión Europea, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y diversas organizaciones de mujeres rurales, que acompañaron el encuentro internacional.

Una vez expresada esta decisión, las empresas deben abstenerse de volver a contactar al usuario con ese propósito.

En ese contexto, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi confirmó, en segunda y última instancia administrativa, una multa de 11,6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/63.800, contra el Banco BBVA Perú, tras comprobar que realizó una llamada publicitaria a un consumidor de Cajamarca pese a que este había solicitado previamente el cese de dichas comunicaciones y su retiro de la base de datos.

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Indecopi confirma sanción por llamada publicitaria sin autorización

Durante el procedimiento administrativo, BBVA Perú sostuvo que las llamadas realizadas no constituían una infracción, con el argumento de que el consumidor había autorizado el uso de sus datos personales con fines comerciales al inicio de la comunicación telefónica.

Sin embargo, la Sala Especializada en Protección al Consumidor determinó que ese argumento no desvirtuó la infracción, al verificarse que el usuario ya había revocado su consentimiento y solicitado expresamente dejar de recibir este tipo de llamadas.

La entidad informó que la sanción responde a que el banco realizó una llamada con fines publicitarios "sin contar con su consentimiento expreso y pese a que éste había solicitado el cese de dichas comunicaciones y que sea retirado de la base de datos".

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Revocatoria del consentimiento obliga a cesar llamadas comerciales

El Indecopi precisó que basta con que el consumidor comunique al operador telefónico su decisión de revocar el consentimiento previamente otorgado o manifieste que no acepta llamadas con fines comerciales para que la empresa deje de contactarlo con ese propósito.

En el caso analizado, la Sala concluyó que la revocatoria del consentimiento fue válida desde el momento en que el consumidor solicitó su exclusión.

Además de confirmar la multa, ordenó como medida correctiva que BBVA Perú cese toda comunicación publicitaria dirigida al denunciante y lo elimine de sus bases de datos, incluidas las administradas por terceros.

Proyecto para identificar llamadas publicitarias continúa pendiente

Paralelamente a estos casos de llamadas publicitarias no autorizadas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó hace dos meses un proyecto de Decreto Supremo que propone la creación de la numeración 500 para identificar llamadas y mensajes con fines comerciales.

La iniciativa busca que los usuarios puedan reconocer este tipo de comunicaciones antes de contestarlas y decidir si desean atenderlas.

Sin embargo, hasta la fecha la medida no ha sido implementada y continúa sin avances, pese a que el plazo previsto para su reglamentación ya venció hace varios meses, sin que se haya informado un cronograma para su entrada en vigencia.

La misma Keiko Fujimori, en la campaña por la segunda vuelta, se refirió a lo "importante" de contar con Carranza en esa cartera y lo nombró vocero y defensor del modelo macroeconómico de Fuerza Popular (FP). Otro hombre fuerte del keikismo, Luis Galarreta, lo calificó como "un lujo" para el país.

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El favorito de Keiko

Carranza se ha convertido en el favorito para ocupar el cargo de ministro de Economía y Finanzas en el virtual gobierno de Keiko Fujimori, porque, además, sus principales propuestas figuran en el Plan de Gobierno 2026-2031 de Fuerza Popular, denominado "Perú con orden".

Estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un doctorado en la Universidad de Minnesota y luego trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Llegó a ser presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y viceministro de Hacienda cuando Pedro Pablo Kuczynski fue titular de Economía en el régimen de Toledo.

En el 2006, llegó a ser ministro de Economía, en el primer gabinete del segundo gobierno de Alan García, de corte liberal, tan diferente a su primer mandato. Desde entonces, Carranza se posicionó como liberal en lo económico y en la ortodoxia en materia macroeconómica.

Quizás su idea más característica es que el crecimiento sostenible proviene fundamentalmente de la inversión privada y no del gasto estatal. Estima que la inversión privada es el único motor capaz de generar crecimiento sostenido, empleo formal y reducción de la pobreza. "El plan para levantar al Perú tiene tres pilares: orden económico, capitalismo popular y orden social.

En lo primero, respetar la autonomía del Banco Central, regresar al equilibrio fiscal. En capitalismo popular, vamos a impulsar fuertemente la inversión privada. Daremos créditos a pequeñas y medianas empresas", señaló en el Debate Técnico 2026. Para Carranza es prioridad la ejecución de miles de millones de soles en obras paralizadas.

Estima que el país tiene varios proyectos detenidos que podrían impulsar crecimiento, empleo y competitividad si se reactivan. Para él, la minería y la agroexportación son los sectores más exitosos de nuestra economía y deberían seguir siendo pilares del crecimiento.

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Propuestas económicas de Fuerza Popular y de Luis Carranza

• Crecimiento económico: Alcanzar tasas de crecimiento de 6% a 7% anual de manera sostenida para generar empleo y reducir la pobreza.
• Inversión privada como motor del desarrollo: Atraer más inversión privada nacional y extranjera. Destrabar grandes proyectos de infraestructura y garantizar la seguridad jurídica.
• Capitalismo popular y apoyo a MYPES: Más acceso al crédito a través de un Banco de Desarrollo. Facilitar la formalización y promover el emprendimiento.
• Disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica: Reducir el déficit fiscal a 1% del PIB. Controlar el gasto corriente y priorizar la inversión pública.
• Minería, agroexportación y turismo como motores: Destrabar proyectos mineros, impulsar las agroexportaciones y el turismo. Mejorar la infraestructura logística y la competitividad.
• Desregulación y simplificación administrativa: Reducir trámites y permisos. Digitalizar el 80% de los trámites empresariales y acelerar la aprobación de grandes proyectos.
• Formalización empresarial y empleo: Simplificar la formalización empresarial. Incentivos para contratar formalmente y para emprendedores jóvenes.
• Respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú: Diálogo con Julio Velarde, buscar su permanencia en la entidad.
• Agenda social y reducción de la pobreza: Reducir la pobreza a 15%. Más becas y créditos educativos, infraestructura de salud y educación, y lucha contra la anemia infantil. Eso dice su Plan de Gobierno.

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Los 100 primeros días

En el Plan de Gobierno "Perú con orden" 2026-2031, de claro tinte carranzista, se estableció además lo que FP aspira a realizar en los primeros 100 días económicos de gestión: recuperar la confianza de inversionistas, simplificar el funcionamiento del Estado y acelerar la ejecución de inversiones públicas y privadas.

Su estrategia se basa en una premisa: si se reducen las trabas burocráticas y se garantiza la estabilidad política y jurídica, la inversión volverá a crecer, se crearán cientos de miles de empleos y el país recuperará dinamismo. Sin embargo, economistas e investigadores críticos indican que no basta eliminar trámites administrativos.

Conducir un país dividido no será fácil. Sostienen que reducir la burocracia ayuda, pero no resolverá por sí sola el problema de la inversión. Hay otros obstáculos mayores para el crecimiento, como la inseguridad ciudadana, los conflictos sociales, la debilidad institucional, la inestabilidad política y el descontento de algunas regiones.

Shock desregulatorio

Para los primeros 100 días de gobierno, Fuerza Popular ha propuesto un "shock desregulatorio". Plantean revisar y eliminar procedimientos administrativos considerados innecesarios, digitalizar permisos, fijar plazos máximos para autorizaciones y reducir la carga burocrática que enfrentan empresas y emprendedores.

El objetivo es acelerar las inversiones privadas y mejorar el clima de negocios. Sostienen que estas medidas permitirían atraer entre US$5.000 millones y US$7.000 millones adicionales de inversión privada cada año, además de impulsar la creación de unos 500.000 empleos formales en el quinquenio.

En los primeros 100 días anuncian que implementarán un programa de consolidación fiscal orientado a alcanzar el equilibrio de las finanzas públicas y la reducción gradual del déficit fiscal hasta 1% del PBI en 2031.

Proponen modernizar el Estado, eliminar procedimientos 'redundantes' con digitalización masiva y unificar normativas dispersas con la creación de una Ventanilla Única Digital Nacional con IA, además de simplificar licencias para empresas y MYPE.

Al respecto, sobre los 500.000 empleos formales y millones de dólares adicionales de inversión, especialistas observan que el Plan no explica cómo se obtienen esas proyecciones ni qué supuestos económicos han utilizado.

Y en lo que se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas, indican que no se ve cómo financiarán compromisos sin deteriorar más las cuentas públicas. Sobre atraer hasta US$7.000 millones adicionales de inversión y generar 500.000 empleos formales, se estima que sería de difícil verificación en tres meses. Indican, por ejemplo, que la reactivación de proyectos paralizados dependerá de la coordinación con gobiernos regionales, municipales y organismos ambientales.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que el Ejecutivo no se opone al otorgamiento de estos beneficios laborales, pero sostuvo que su aplicación debe hacerse de manera gradual para garantizar el financiamiento.

La Comisión de Presupuesto retiró del predictamen del crédito suplementario la disposición que planteaba esta implementación escalonada y anunció que presentará una nueva propuesta.

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Trabajadores CAS: MEF insiste en implementación progresiva de gratificación y CTS

En declaraciones a RPP, el ministro Rodolfo Acuña explicó que se espera conocer la contrapropuesta que planteará la Comisión de Presupuesto luego de retirar del predictamen el artículo referido a la aplicación gradual de la Ley 32563.

Según indicó, la justificación expuesta por el grupo de trabajo fue que se trata de una ley aprobada por el Congreso y que corresponde al Ejecutivo evaluarla y aplicarla.

Reiteró que el Gobierno no está en contra de que los trabajadores CAS accedan a la gratificación y la CTS. Sin embargo, afirmó que estos beneficios deben implementarse de manera progresiva para asegurar que existan los recursos necesarios para cumplir con la norma.

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Rodolfo Acuña advierte riesgo de que trabajadores no reciban beneficios

El titular del MEF advirtió en RPP que los CAS podrían quedarse sin recibir la gratificación ni la CTS si el Congreso no aprueba una fórmula que permita implementar de manera progresiva los beneficios establecidos por ley.

Explicó que la aplicación inmediata de la norma generaría un impacto fiscal que el Estado no podría asumir en las condiciones actuales.

Sostuvo que, de no modificarse el mecanismo de implementación, los trabajadores podrían terminar sin acceder a estos beneficios debido a que la norma anterior ya fue derogada.

En ese sentido, insistió en que es necesario aprobar un esquema de progresividad para evitar que los servidores públicos resulten perjudicados y puedan recibir los derechos laborales reconocidos por el Congreso.

Comisión de Presupuesto evaluará nueva propuesta para destrabar la aplicación de la ley

El MEF estimó que otorgar de manera inmediata la gratificación y la CTS a todos los trabajadores CAS tendría un costo cercano a S/3.500 millones.

Según explicó Rodolfo Acuña, ese monto no puede ser cubierto con los recursos contemplados en el crédito suplementario, por lo que el Ejecutivo planteó un esquema de implementación escalonada.

Tras retirar la disposición sobre la gradualidad, la Comisión de Presupuesto informó que elaborará una nueva propuesta para definir la aplicación de los beneficios.

Su presidente, Alejandro Soto, señaló que el objetivo es construir una alternativa técnicamente viable, fiscalmente responsable y que atienda las demandas de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El grupo de trabajo tiene previsto retomar el debate el martes 30 de junio para evaluar una nueva fórmula que permita destrabar la implementación de la ley.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 28 de junio?

BBVA

• Compra: S/3,358
• Venta: S/3,473

Scotiabank

• Compra:S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra:S/3,350
• Venta: S/3,470

El proyecto señala que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrían disponer de parte de sus fondos para aliviar la economía familiar, pagar deudas, impulsar pequeños negocios y enfrentar el impacto de la recesión. Además, propone desembolsos más acelerado que en iniciativas anteriores.

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Retiro AFP de 4 UIT: proyecto plantea liberar hasta S/21.400 a afiliados

La propuesta fue presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, integrante de Somos Perú. El legislador ya había participado en iniciativas previas relacionadas con retiros de AFP, incluidas propuestas que formaron parte del dictamen del octavo retiro.

El proyecto de ley propone que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT, lo que equivale aproximadamente a S/21.400, según el cálculo referencial del documento. Este retiro sería totalmente voluntario, por lo que cada afiliado decidiría si accede o no a su dinero.

La iniciativa busca responder a lo que denomina una crisis económica prolongada en el país, marcada por la recesión, la inestabilidad política, la delincuencia, la inflación y los impactos de fenómenos climáticos. Según el texto, la liberación de fondos permitiría a las familias cubrir gastos urgentes, pagar obligaciones financieras y reactivar el consumo interno.

El proyecto señala: "Tiene como finalidad mitigar y aliviar los efectos de la crisis económica familiar, por causas de la recesión económica producidas por la convulsión social, inestabilidad política y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global". Además, Pazo Nunura no lo presenta como urgente, pero el texto sugiere esa condición por el contexto económico y climático.

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Así funcionaría el cronograma de pagos del proyecto del retiro AFP

Una de las principales diferencias de esta propuesta frente a retiros anteriores es el cronograma acelerado de pago. El retiro de las 4 UIT se realizaría en dos partes: primero se entregaría hasta 2 UIT a los 30 días de presentada la solicitud, y el segundo desembolso se realizaría 30 días después del primero, con lo que se completaría el monto total en aproximadamente 60 días.

El proyecto establece que los afiliados tendrían un plazo de 90 días calendario para presentar su solicitud luego de la publicación del reglamento. El pedido podría hacerse de manera virtual, remota o presencial, y el afiliado incluso podría desistir antes de que se realice el desembolso. Además, el retiro sería por única vez.

Solo deudas por alimentos permitirían retener hasta el 30% del dinero

El proyecto señala que los fondos retirados tendrían carácter intangible, lo que significa que no podrían ser embargados, retenidos ni descontados por vía judicial o administrativa. La única excepción contemplada es por deudas de alimentos, caso en el que se permitiría retener hasta el 30% del monto retirado.

En cuanto a su impacto económico, el documento afirma que los retiros anteriores ayudaron a dinamizar el consumo, pagar deudas y sostener a pequeñas empresas durante crisis pasadas. Sin embargo, también reconoce críticas que advierten que este tipo de medidas reduce el ahorro previsional futuro y afecta las pensiones, aunque se argumenta que el beneficio inmediato para las familias sería mayor en el corto plazo.

Retiro AFP 2026: estos son los 9 proyectos de ley que buscan liberar hasta S/22.000

• Primer proyecto: plantea el noveno retiro de AFP con un acceso de hasta 4 UIT (S/22.000). Además, propone la devolución total de los fondos a los herederos de afiliados fallecidos. La iniciativa fue presentada por Américo Gonza Castillo, integrante de Perú Libre, el 12 de febrero.
• Segundo proyecto: propone un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. Fue impulsado por Darwin Espinoza Vargas, miembro de Podemos Perú, el 18 de febrero.
• Tercer proyecto: busca autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) para afiliados al sistema privado de pensiones. La propuesta fue presentada por Alfredo Pariona Sinche, de Bancada Socialista, el 23 de febrero.
• Cuarto proyecto: contempla un retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/22.000). La iniciativa corresponde a Miguel Ángel Ciccia Vásquez, integrante de Renovación Popular, y fue presentada el 20 de marzo.
• Quinto proyecto: propone permitir el acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. El proyecto fue presentado por Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, el 7 de abril.
• Sexto proyecto: plantea un retiro de hasta 4 UIT (S/22.000), pero distribuido en tres partes. Fue impulsado por Guido Bellido Ugarte, de Podemos Perú, el 30 de abril.
• Séptimo proyecto: propone el acceso de hasta 4 UIT mediante tres desembolsos. La iniciativa fue presentada por Paul Silvio Gutiérrez Ticona, de Somos Perú, el 6 de mayo.
• Octavo proyecto: también busca liberar hasta 4 UIT en tres partes. La propuesta corresponde a Margot Palacios Huamán y fue presentada el 7 de mayo.
• Noveno proyecto: plantea el retiro de hasta 4 UIT en dos partes, con un cronograma más rápido de entrega. La iniciativa fue presentada por José Bernardo Pazo, integrante de Somos Perú, el 21 de mayo.

Un estudio de la consultora global Accenture muestra que el descubrimiento de nuevos yacimientos de cobre ha retrocedido en 68% en los últimos 15 años. Algunas cifras apuntan que en el período 2010 y 2016 se descubrieron 22 depósitos de cobre de clase mundial o mega yacimientos, mientras que entre 2017 y 2023 la cifra se redujo a apenas siete descubrimientos.

¿Qué es lo que explica esta situación? En primer lugar, desde la última década del siglo pasado y en las dos primeras décadas del siglo XXI, la exploración en todo el planeta avanzó a pasos acelerados, incorporando nuevos territorios, y los grandes yacimientos de cobre que fueron descubiertos se pusieron en valor y vienen operando desde hace un tiempo. En minería, la geología manda y, por ahora, todo indica que la tierra no está ofreciendo la misma cantidad de nuevos mega yacimientos.

Por ello, la tecnología, la inteligencia artificial, el análisis de big data y todas las herramientas de digitalización se han puesto a trabajar para identificar nuevas áreas con alto potencial geológico, aunque todos estos procesos significan que los costos de explorar nuevas áreas sean bastante más altos que hace 20 años. Como respuesta, varias empresas mineras vienen optando por caminos menos costosos y que representan menores riesgos, como, por ejemplo, ampliar la vida útil de sus minas que se encuentran operando. En los últimos años, la inversión para ampliar minas ya existentes (brownfield) aumentó en casi 40% en todo el planeta: la inversión en exploración en zonas nuevas, que apunta a encontrar nuevos yacimientos, ha retrocedido en la última década del 33% al 23%. Por el contrario, la inversión para ampliar y optimizar minas ya existentes creció del 24% al 40%.

El Financial Times sentencia que el mundo se está encaminando “hacia una escasez de cobre que representaría un “riesgo sistémico” para el crecimiento económico global”, en un contexto de creciente demanda debido a la transición energética, la expansión del sector de la inteligencia artificial, etc. Se estima que el déficit alcanzará los 10 millones de toneladas de cobre, equivalente a casi un tercio de la demanda mundial actual, para 2040, si no se produce una 'expansión significativa de la oferta'. Por supuesto, estos análisis siguen planteando una lógica de crecimiento ilimitado, que no toma en cuenta los evidentes límites que impone el planeta.  

El mismo Financial Times cita a Daniel Yergin, vicepresidente de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s: “El cobre es el gran facilitador de la electrificación, pero el ritmo acelerado de la electrificación es un desafío cada vez mayor para el cobre”, “Lo que está en juego es si el cobre seguirá siendo un facilitador del progreso o se convertirá en un cuello de botella para el crecimiento y la innovación”.

En este contexto, la cotización del cobre ha venido superando máximos históricos desde el año pasado y, salvo que ocurra algo inesperado en los próximos años, los precios seguirán altos frente a una demanda que no dejará de crecer, si es que se sigue concibiendo la transición energética desde una perspectiva corporativa, de crecimiento ilimitado y pensada desde los intereses del norte global.

El caso peruano

El Perú es un buen ejemplo de estas tendencias, tanto de las actuales como de las pasadas. Las inversiones mineras alcanzaron un pico en el período que va entre 2011 y 2015. Era el momento en que inversiones de envergadura, en varios yacimientos de clase mundial, se estaban desarrollando: Antapaccay, Toromocho, Constancia, Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Quellaveco, entre los principales. Desde el momento en que esas inversiones entraron en fase operativa, se duplicó la producción de cobre en el Perú y nos convertimos (2017) en el segundo productor de este metal a nivel mundial, aunque cabe precisar que, desde finales del año 2024, hemos sido desplazados al tercer lugar por la República Democrática del Congo.

Si uno revisa nuestra actual cartera de inversión minera, hay cambios notorios. Pese a que predominan los proyectos de cobre, hay una notoria menor presencia de yacimientos de clase mundial que representen montos de inversión significativos, como ocurrió en su momento con los proyectos mencionados. Además, en el Perú, como está ocurriendo en otros países, han comenzado a predominar las inversiones en ampliaciones de proyectos que ya están operando: de los 67 proyectos que figuran en la cartera de inversión en minería, 36 son brownfield (ampliaciones, reposición, reaprovechamiento, optimización), que en conjunto suman US$23,035 millones. Varios de estos proyectos están en desarrollo en la actualidad: es el caso de Reposición Inmaculada, Ampliación Toromocho y Reposición Antamina, entre los principales, que sostienen las cifras de inversión minera.

Todos estos aspectos son claves para entender lo que se puede venir en la agenda minera y con el nuevo escenario político que se abre a partir del próximo 28 de julio. Para algunos, de lo único que se trata es de aprovechar al máximo la actual coyuntura de precios altos y poner en valor, en el más breve plazo posible, toda la cartera de proyectos. ¿Qué significa esto? Ratificar las líneas matrices de la política minera heredada de la década del 90 del siglo pasado, presionando al mismo tiempo para que se hagan los ajustes que los empresarios demandan en la actualidad: menos exigencias ambientales y sociales, lo que ellos denominan como 'tramitología' y lo que, en buen cristiano, significa desregular o bajar estándares.

Lo que se pretende es seguir haciendo la vieja minería de las últimas décadas y descartar cualquier intento de reforma que siente las bases de una nueva forma de hacer minería. La idea fuerza sigue siendo extraer todo lo posible en el más breve plazo de tiempo. No hay que olvidar que los períodos de mayor conflictividad social que el país ha vivido se dieron cuando se trató de forzar la inversión minera, sin tomar en consideración aspectos sociales y ambientales básicos.

También queda como incógnita si se tendrá la capacidad de abordar en serio la expansión de la denominada minería informal y la abiertamente ilegal, que ya no es solo aurífera. En un reciente informe, el FMI estima que la extracción ilegal de cobre en el Perú habría representado hasta 5% de las exportaciones de dicho mineral en 2024. En la campaña electoral este tema fue abordado a punta de generalidades y sin una sola propuesta concreta que permita pensar que se tenga diseñada una estrategia distinta a la ya observada en los últimos años.

En suma, habrá que seguir con atención lo que se viene en este nuevo período, donde la presión, externa e interna, para poner en valor la cartera de inversión minera estará entre las prioridades del nuevo gobierno.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 27 de junio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

Viene de una familia de pescadores. Sus abuelos ya faenaban en estas mismas aguas y él aprendió el oficio antes de aprender casi cualquier otra cosa. Recordaba que hubo años en que pasaba semanas enteras en alta mar, hasta 30 días sin pisar tierra, y al mes apenas lograba ver a sus hijos cuatro o seis días. Hoy dedica parte de su tiempo a la gestión gremial y, desde ahí, mira con preocupación lo que crece frente a la costa que lo crio.

"¿Cuánto vale la licencia de ellos? ¿Quién les da la licencia?", preguntó, sin esperar realmente una respuesta. Le explicaron que es el Ministerio de la Producción el que la otorga. Él insistió en lo que para su gremio ya es una certeza: "esas redes agarran todo el tamaño, entra hasta el tiburón". Y resumió el fondo del problema en una frase: "esa competencia es peor, toca los precios, toca los mercados". La mayoría de esas embarcaciones, según el propio gremio, procede de Asia.

El encuentro puso en palabras una preocupación que circula en el litoral sur desde hace tiempo: la magnitud de la pesca de arrastre frente a las costas peruanas por parte de embarcaciones de gran escala. Estas, muchas veces, no transmiten su posición satelital ni pueden ser identificadas con certeza. Al respecto, la información pública sobre el marco que debería contenerlas es escasa. Esa franja de mar, las 200 millas náuticas medidas desde la costa, es la zona donde el Estado peruano tiene derecho exclusivo a explotar los recursos pesqueros. Apenas fuera de ese límite, en aguas internacionales, cualquier país puede pescar libremente, lo que convierte la línea misma en un punto de fricción constante.

Una norma que necesita explicación

El Ministerio de la Producción regula este frente desde 2014, cuando creó el Sistema de Seguimiento Satelital, conocido como SISESAT. Es, en términos simples, un aparato que cada embarcación debe llevar a bordo y que envía señales constantes con su ubicación exacta, de forma parecida a como un teléfono celular comparte su posición. Gracias a eso, las autoridades pueden saber en todo momento si un barco está pescando donde la ley lo permite o si ha cruzado hacia aguas reservadas.

Hace seis años, el Decreto Supremo 016-2020-PRODUCE ordenó que las naves extranjeras que pescan especies como el calamar gigante o pota, un recurso que migra entre aguas peruanas e internacionales, instalaran ese aparato si querían usar puertos peruanos para abastecerse o repararse. La respuesta de buena parte de esa flota fue simple: dejar de tocar puerto y operar sin ese control.

Según cifras recogidas por Global Fishing Watch, una organización que monitorea la actividad pesquera mundial con imágenes satelitales, los ingresos de esas embarcaciones a puertos peruanos cayeron de un promedio de 265 al año entre 2016 y 2019 a apenas 20 en el bienio siguiente.

Cuatro años después, el Decreto Supremo 014-2024-PRODUCE, firmado por la entonces presidenta Dina Boluarte, volvió a exigir el aparato satelital, pero abrió una excepción: permitir que cada barco use su propio equipo de rastreo en lugar del que exige el Estado peruano, siempre que el país de bandera de esa embarcación consiga que el Ministerio de la Producción homologue su señal. Una vez aprobada esa homologación, mediante una simple resolución ministerial, el decreto exime explícitamente al barco de instalar el equipo SISESAT.

Especialistas citados por el medio ambiental Mongabay Latam advirtieron que esa excepción podía convertirse en una nueva forma de evadir el control, porque resulta más difícil verificar un equipo privado que uno estandarizado por el propio Estado. El propio decreto, además, fija un margen de tolerancia: solo activa una alerta si un barco deja de transmitir su posición por más de cuatro horas, y el control reforzado solo alcanza hasta 20 millas más allá del límite de las 200 millas, es decir, hasta la milla 220; dentro de las 200 millas, en cambio, rige el control ordinario del Estado peruano sin ese margen adicional.

Sin embargo, mientras esa discusión seguía abierta, hace un año el Estado peruano, mediante el Decreto Supremo 001-2025-PRODUCE, fijó nuevos plazos para que los pescadores artesanales, los mismos que hoy reclaman frente a los gigantes industriales, instalen su propio equipo SISESAT antes de julio y diciembre de este año.

El problema de control no se limita a las flotas extranjeras. Un informe del Jack D. Gordon Institute for Public Policy, de la Universidad Internacional de Florida, señala que más del 60% de las embarcaciones artesanales peruanas dedicadas al perico y la pota operan sin licencia ni registro. Según dicho documento, en 2024, la organización WWF Perú se asoció con el Estado para impulsar un programa piloto de formalización de cooperativas, que ya alcanza a más de 500 embarcaciones y 360 propietarios, apenas el 20% de esa flota.

Un reporte trimestral más reciente sobre pesca ilegal, elaborado por el mismo instituto en colaboración con la empresa de inteligencia marítima Windward, ofrece una fotografía más precisa de esa actividad frente a Perú. Entre octubre y diciembre de 2025, se registraron 56.574 actividades de pesca en el sector del Pacífico sudeste adyacente a las aguas peruanas y la inmensa mayoría, 53.400, correspondió a embarcaciones de bandera china, muy por delante de España, con 1.100, y Ecuador, con 813. En ese mismo periodo se detectaron 1.700 reuniones entre buques en altamar cerca de las zonas marítimas de Perú y Ecuador, una práctica que permite trasladar carga, combustible o tripulación sin pasar por un puerto y que también fue protagonizada mayoritariamente por embarcaciones chinas.

El reporte identifica con nombre propio a varios de esos buques. El HONG RUN 11 y el TAO YUAN 607, ambos de bandera china, pasaron semanas sin transmitir su posición satelital mientras operaban cerca de la ZEE peruana, en lo que el reporte llama actividad oscura. El TAO YUAN 607, en particular, no ha hecho una escala portuaria desde septiembre de 2024, hace más de un año. El caso más grave documentado es el del HONG RUN 55, otro buque chino de la misma naviera, que, según fuentes de la organización periodística Outlaw Ocean Project citadas en el reporte y, a su vez, por la autoridad pesquera regional del Pacífico sur, realizó un transbordo no autorizado de aproximadamente 110 toneladas de pescado hacia un buque de carga refrigerado que no figuraba en ningún registro oficial.

Ese mecanismo de alerta solo cubre una franja angosta, desde la milla 200 hasta la milla 220, y solo si un barco deja de transmitir señal por más de cuatro horas. Si la embarcación que vio Ávalos estaba en esa franja, su caso muestra justo el hueco que abre la norma. Pero si estaba dentro de las 200 millas, como él insiste, el problema ya no es un vacío legal: es una flota extranjera pescando donde no debería, algo que la ley ya prohíbe sin necesidad de ningún mecanismo especial.

Lo que dice cada parte

La denuncia de Ávalos no parece ser un caso aislado. Días atrás, la propia embajada de Estados Unidos en Lima difundió un video de un recorrido por Pucusana, en el que el embajador destinado al Perú, Bernie Navarro, conversó con dirigentes del gremio sobre la disminución de la pesca. "¿Han visto la pesca disminuir por pescadores extrahemisféricos que vienen por acá?", preguntó. Antes de que terminara la pregunta, Ávalos interrumpió: "de la flota china, sí". Y contó un episodio concreto: "una vez salí para la alta mar, al Perico, al Espinal (dos islotes frente al mar de Pucusana). Y nosotros tenemos que buscar nuestra carnada, que es la pota. Y estaba raro, no había mucho, y a lo lejos vimos una luz potente. Nos íbamos acercando, y era un barco chino, y cómo jalaban pota. Y estaba adentro de las doscientas millas". La identificación de esa embarcación como china proviene únicamente del relato oral de Ávalos, hecho a distancia y de noche, sin que exista hasta el momento un registro satelital o documental independiente que lo confirme.

El embajador Navarro fue más allá en redes sociales, donde calificó la actividad de las flotas pesqueras chinas como una puesta en riesgo del equilibrio de los ecosistemas marinos mediante explotación intensiva, y llamó a los pescadores a "reclamar lo que es suyo". También cuestionó al Estado peruano por no explicar por qué los botes chinos no transmiten la señal satelital exigida por ley.

Embajador Navarro conversa con los pescadores de Pucusana sobre los efectos de la pesca china en el ecosistema. pic.twitter.com/hloeYLGM3y

— Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) June 19, 2026

El Ministerio de la Producción no ha respondido hasta el momento a una consulta específica hecha por La República sobre el episodio relatado por Ávalos. De hecho, el correo destinado a las solicitudes de transparencia bloqueó los mensajes enviados por esta casa editorial. Ante ello, tras revisar el archivo web sobre el tema, confirmamos que el sector había descartado en público irregularidades generales en el sistema de monitoreo satelital, citando cifras propias de fiscalización, pero esa respuesta no se refirió a los avistamientos recientes frente a Pucusana.

Entre la denuncia del embajador y la ausencia de una respuesta oficial peruana sobre este caso puntual, queda el testimonio de Ávalos, que no tiene cómo verificar de forma independiente el origen o la bandera de las embarcaciones que describe, pero insiste en una percepción sostenida de competencia desigual en el mismo tramo de mar donde trabaja a diario.

En el plano de la cooperación bilateral, fuentes diplomáticas estadounidenses confirmaron a La República, además, la transferencia en curso de dos aviones de patrullaje marítimo de ala fija hacia Perú, pensados para fortalecer la vigilancia del litoral. La llegada de las aeronaves permanece sin fecha confirmada y el anuncio no se ha hecho público todavía.

Una fuente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, una agencia estadounidense que investiga delitos contra la fauna y la pesca, aceptó explicar el alcance real de esa cooperación. "Fish and Wildlife se mueve en el marco de operaciones de aplicación de la ley", precisó. "Es un agente especial de los Estados Unidos, es un policía en toda ley dentro del territorio de los Estados Unidos", aunque en Perú su rol se limita a apoyar con equipamiento, entrenamiento y financiamiento a la unidad especializada de la Policía Ambiental. "La decisión final de hacer un caso o no en el Perú la tiene la Policía Nacional, como autoridad soberana", insistió, sea la embarcación investigada de bandera china, artesanal peruana o de cualquier otro origen.

El resultado más visible de esa cooperación llegó el 10 de noviembre pasado con la incautación de 9,3 toneladas métricas de aletas de tiburón, valorizadas en más de US$11 millones en el mercado internacional, donde se usan sobre todo como ingrediente de lujo en algunos países asiáticos. Fue la mayor captura de este tipo registrada oficialmente en el país. La propia fuente fue directa sobre lo que realmente frena este tipo de operativos: no es la falta de leyes, sino la falta de dinero, "los presupuestos son exiguos, y ellos hacen un esfuerzo increíble para tener resultados con presupuestos reducidos".

Un reporte trimestral sobre pesca ilegal, elaborado por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de la Universidad Internacional de Florida en colaboración con la empresa de inteligencia marítima Windward, ofrece una fotografía más precisa de esa actividad frente a Perú. Entre octubre y diciembre de 2025, se registraron 56.574 actividades de pesca en el sector del Pacífico sudeste adyacente a las aguas peruanas y la inmensa mayoría, 53.400, correspondió a embarcaciones de bandera china, muy por delante de España, con 1.100, y Ecuador, con 813. En ese mismo periodo se detectaron 1.700 reuniones entre buques en altamar cerca de las zonas marítimas de Perú y Ecuador, una práctica que permite trasladar carga, combustible o tripulación sin pasar por un puerto y que también fue protagonizada mayoritariamente por embarcaciones chinas.

El reporte identifica con nombre propio a varios de esos buques. El HONG RUN 11 y el TAO YUAN 607, ambos de bandera china, pasaron semanas sin transmitir su posición satelital mientras operaban cerca de la ZEE peruana, en lo que el reporte llama actividad oscura. El TAO YUAN 607, en particular, no ha hecho una escala portuaria desde septiembre de 2024, hace más de un año. El caso más grave documentado es el del HONG RUN 55, otro buque chino de la misma naviera, que, según fuentes de la organización periodística Outlaw Ocean Project citadas en el reporte y, a su vez, por la autoridad pesquera regional del Pacífico sur, realizó un transbordo no autorizado de aproximadamente 110 toneladas de pescado hacia un buque de carga refrigerado que no figuraba en ningún registro oficial.

Lo que se pierde mientras tanto

Consultado sobre el lugar que ocupa Perú en la región frente a este tráfico, aclaró que hablaba desde su experiencia personal y no desde una estadística oficial. "Ecuador, producto de que tiene mucha presencia de especies, también tiene mucha presencia de tráfico ilegal", dijo, y agregó que Perú podría seguirle de cerca, junto con Panamá, zona de paso hacia un mercado internacional con alta demanda de tiburón.

Sobre el costo ecológico de mirar hacia otro lado fue todavía más directo. "Si se incide en la explotación no regulada de una especie, lo que va a ocasionar es un descalabro en toda la cadena natural", explicó, porque se capturan ejemplares que no están en la edad necesaria para ser consumidos. Y ofreció una comparación que se le quedó grabada desde que empezó en el oficio: "si le pides a alguien que te lleve algo con forma de droga, te va a decir que no, pero si le pides que lleve un par de carteras hechas con piel de alguna especie protegida, nadie se detiene a pensarlo". Esa diferencia de sensibilidad, sumada a penas bajas, convierte al tráfico de especies en un delito de poco riesgo y mucho retorno.

Para Ávalos, esa desigualdad se mide en algo más simple. Lo que antes alcanzaba para sostener a una familia entera hoy compite contra una flota que opera a escala industrial frente a sus propias redes.