La globalización tiende a uniformizar las culturas y erosionar las particularidades de los grupos étnicos, poniendo en riesgo lenguas, tradiciones y cosmovisiones. Frente a ello, la diversidad cultural constituye un patrimonio que enriquece al país. La revalorización de las identidades étnicas responde a la demanda de reconocimiento de grupos históricamente discriminados. Reafirmar sus tradiciones fortalece su autoestima colectiva y visibiliza las brechas de oportunidades originadas por siglos de exclusión.

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Aunque el sistema de castas heredado de la colonia se ha debilitado con el mestizaje —que Ricardo Palma resumió en su célebre frase 'el que no tiene de inga tiene de mandinga'—, el racismo sigue profundamente arraigado. En momentos de tensión aflora mediante expresiones despectivas y atraviesa todos los estratos sociales. Como sostiene Jorge Bruce en 'Nos habíamos choleado tanto' (2007), el choleo es la expresión cotidiana del racismo, incluso entre quienes afirman rechazarlo. No se limita a la oposición entre blancos e indígenas, sino que clasifica a las personas según su apariencia, color de piel, forma de hablar, nivel educativo, lugar de origen y posición social.

La pregunta sobre la autoidentificación étnica en el Censo 2025 generó una intensa controversia. Algunos sostenían que sobredimensionaría a grupos con reivindicaciones territoriales, afectando proyectos de inversión mediante la consulta previa; otros consideraban que obligaría a las personas a encasillarse en categorías con las que no necesariamente se identifican. Organizaciones indígenas, por su parte, cuestionaron el diseño y la ejecución del censo por no incorporar adecuadamente a los pueblos minoritarios, perpetuando su invisibilidad y limitando el reconocimiento de sus derechos y de sus demandas de protección territorial y cultural.

Ninguno de estos temores se confirmó. Los resultados del Censo 2025 son consistentes con los de 2017: el 61,8% de la población se autoidentificó como mestiza, el 17,2% como quechua, el 9% como blanca, el 6% como afrodescendiente, el 2% como aimara y el 1,6% como perteneciente a pueblos indígenas amazónicos. La autoidentificación étnica no implica que esa sea la identidad principal de las personas. Según la ENAHO, muchos se identifican antes que nada con su comunidad o territorio: esta constituye la principal referencia para el 29,8% de los amazónicos, el 26,6% de los aimaras, el 22,2% de los quechuas y el 12% de los afrodescendientes, mientras que solo el 10,6%, 5,6%, 4,5% y 5,1%, respectivamente, señalan como principal identidad a su grupo étnico. ¿Implica ello una fragmentación de los grupos étnicos? La evidencia sugiere que no. La identidad étnica coexiste con otras formas de pertenencia, particularmente la comunidad y el territorio.

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Sin embargo, la pertenencia étnica también puede ser motivo de discriminación. La primera modalidad es la discriminación directa, que se manifiesta mediante la negación de derechos o un trato desigual en espacios públicos, centros de trabajo o establecimientos comerciales. La exposición reiterada a comentarios despectivos sobre el color de piel, los rasgos físicos, la lengua, el acento, las costumbres o la vestimenta puede generar lo que la psicología denomina indefensión aprendida (learned helplessness): las personas terminan percibiendo la discriminación como inevitable, reducen sus expectativas y aspiraciones, dejan de reclamar sus derechos e incluso interiorizan los estereotipos negativos sobre su propio grupo. Así, la discriminación deja de ser solo una práctica externa y restringe la autoestima, las aspiraciones, las capacidades y las oportunidades. Una ilustración de ello es que, según la ENAHO, menos del 5 % de quienes se identifican como quechuas, aimaras, indígenas amazónicos o afrodescendientes declara haber sufrido discriminación por su color de piel, rasgos físicos, lengua, origen o vestimenta, aunque los aimaras reportan una incidencia relativamente mayor.

La segunda modalidad es la discriminación indirecta o estructural. No se expresa mediante actos abiertos de exclusión, sino a través de normas, prácticas e instituciones aparentemente neutrales que generan desventajas sistemáticas para determinados grupos. Se refleja en el acceso desigual a una educación de calidad, servicios de salud, empleos bien remunerados y posiciones de liderazgo, así como en las persistentes brechas de ingresos, productividad y movilidad social que afectan desproporcionadamente a mujeres, pueblos indígenas y población afrodescendiente. Aunque menos visible que la discriminación directa, sus efectos son más profundos porque reproducen las desigualdades entre generaciones y consolidan las jerarquías sociales.

Esta forma de discriminación suele ser imperceptible para quienes la padecen. Una persona difícilmente puede saber si recibe un salario inferior al de otra con las mismas calificaciones, pero perteneciente a un grupo étnico distinto. Como la experiencia individual es necesariamente limitada, solo el análisis estadístico del mercado laboral permite identificar la existencia de discriminación y medir su impacto sobre las diferencias de ingresos.

Nuestras estimaciones muestran que la población indígena continúa enfrentando una desventaja significativa en el mercado laboral. Aunque la brecha de ingresos se redujo de 26,6% en 2019 a 23,4% en 2025, la disminución fue modesta. La mayor parte de esta desigualdad responde a brechas en educación, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales, mientras que la brecha residual entre trabajadores comparables es reducida.

En conjunto, estos resultados sugieren que las políticas orientadas a cerrar las brechas en capital humano, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales tendrían un mayor impacto en la reducción de las desigualdades de ingresos que aquellas centradas exclusivamente en corregir diferencias de ingresos entre trabajadores con características similares. En otras palabras, la principal fuente de desigualdad no parece ser la discriminación directa entre trabajadores comparables, sino las desventajas estructurales que limitan el acceso de la población indígena a mejores oportunidades educativas y laborales. Superar estas brechas constituye el principal desafío para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades.

Cerrar estas brechas estructurales no solo permitiría reducir las desigualdades de ingresos, sino también avanzar hacia ese “nosotros diverso” al que aspiraba Carlos Iván Degregori: una sociedad donde la diversidad cultural deje de ser una fuente de desigualdad y se convierta plenamente en un fundamento de ciudadanía, de igualdad de oportunidades y de orgullo para toda la ciudadanía peruana.

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Scotiabank

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Banco de la Nación

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Esta reflexión lo hace al referirse a la partida de uno de los economistas más importantes del Perú, Óscar Ugarteche Galarza (Lima, 1949), fallecido el 11 de julio. Su deceso representa una gran pérdida para el pensamiento crítico latinoamericano.

Ugarteche no hablaba de economía como si fuera solamente una cuestión de cifras y cuadros estadísticos. Hablaba de historias, de poder, de desigualdades.

Durante más de cuatro décadas elaboró una de las críticas más sistemáticas al modelo económico predominante en el Perú y América Latina. Analizó la historia económica peruana, la deuda externa, el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), el modelo primario exportador, las fracturas de lo que llamó la Arquitectura Financiera Internacional pensada por y para las economías centrales.

Un gran referente

Sus investigaciones sobre el neoliberalismo, el capitalismo real del siglo XXI, la necesidad de construir una “ciudadanía económica” eran requeridas dentro y fuera del país.

Otro destacado economista, Humberto Campodónico, así lo reflexiona:

“Desde muy joven comprendió que América Latina enfrentaba problemas que no podían explicarse únicamente desde las fronteras nacionales. La crisis de la deuda externa de los años 80 marcó profundamente a toda una generación de economistas latinoamericanos”.

“Muchos concentraron sus esfuerzos en estudiar la renegociación de la deuda, los programas de ajuste estructural o políticas de estabilización macroeconómica. Óscar eligió un camino distinto. Comprendió que el verdadero problema no era solo cuánto debían los países latinoamericanos, sino quién escribía las reglas del sistema financiero internacional y a quién beneficiaban esas reglas”.

Ugarteche se inició en Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se educó en Finanzas en la Universidad de Fordham en Nueva York (1973). Obtuvo su maestría en Finanzas Internacionales en la London Business School (1975) y doctorado en Filosofía e Historia en la Universidad de Bergen (Noruega).

Integró el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al conocerse su fallecimiento, economistas de Latinoamérica coincidieron en afirmar que deja un vacío profundo en el pensamiento económico crítico de la región. Y, además, agregaron que se reactiva la urgencia de sus advertencias que hizo a lo largo de su tenaz labor de investigador.

Durante más de 40 años, sostuvo que la deuda no es un accidente contable, es una forma de poder y la arquitectura financiera internacional que la sostiene se diseñó para que países como el Perú paguen la cuenta.

La deuda eterna

Uno de los primeros temas que marcó la trayectoria intelectual de Ugarteche fue la deuda externa. En obras como Teoría y práctica de la deuda externa en el Perú (IEP, 1980) y El Estado Deudor(IEP, 1986), sostiene que la deuda no puede analizarse solo como un problema financiero.

Según Ugarteche, desde los años 80, numerosos gobiernos latinoamericanos destinaron parte considerable de recursos al servicio de la deuda, limitando su capacidad para invertir en salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.

En ese sentido, la deuda externa no es un simple mecanismo de financiamiento; constituía una herramienta de control político y subordinación económica operada por los centros de poder. Los Estados sacrificaban su soberanía fiscal.

El FMI, la arquitectura

Otra obra clave es su Historia crítica del FMI, el gendarme de las finanzas (Capital intelectual, 2010), donde examina los cimientos de la arquitectura financiera internacional construida en Bretton Woods en 1944. Allí concluye: el FMI extravió su sentido original.  

A partir de la desregulación global de la década de 1970, el FMI pasó de ser un árbitro para la estabilidad cambiaria y el equilibrio fiscal a convertirse en el guardián de los intereses de la banca transnacional y la financiarización de la economía.

Consideró que los programas de ajuste estructural respondieron principalmente a la estabilidad de los acreedores internacionales. Reducción del gasto público, privatizaciones, liberalización financiera, apertura comercial acelerada. Muchas de las condiciones impuestas por el FMI, sostenía Ugarteche, limitaron la capacidad de los Estados latinoamericanos para diseñar políticas acordes con sus necesidades productivas.

Crítico del modelo

Ugarteche también fue un crítico implacable del modelo extractivista exportador. Denunció que la obsesión por el crecimiento macroeconómico cimentado exclusivamente en la exportación de materias primas (principalmente minería y recursos agroindustriales) genera una peligrosa vulnerabilidad ante la economía mundial.

Al carecer de diversificación productiva y de valor agregado, la región se mantiene atrapada en la periferia del desarrollo: un crecimiento que infla las cifras del PIB pero que es incapaz de generar empleo digno y bienestar generalizado.

Neoliberalismo en Perú

Una de las tesis más disruptivas de Ugarteche desmitifica la idea de que el neoliberalismo peruano nació con las reformas de los noventa, con el llamado Fujishock.

En una de sus últimas entrevistas, concedida a Modesto Montoya (se encuentra en YouTube), detalla que el Perú fue pionero del liberalismo radical en América Latina, en los 50, con las agendas impulsadas por Pedro Beltrán y Rómulo Ferrero, incluso décadas antes que Chile las aplicara el 73.

A diferencia del resto de la región, que adoptó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, promovido por la CEPAL, el Perú prefirió la vía del libre mercado y el Estado mínimo. Con la instauración del neoliberalismo se debilitó el rol protector del Estado, impactando a largo plazo el tejido y la política social del país.

Capitalismo real del siglo XXI

Ugarteche cuestionó la idea de que la economía mundial funcione bajo un mercado plenamente competitivo. Sostiene que el capitalismo real del siglo XXI se caracteriza por una fuerte concentración del poder económico y financiero.

Las grandes corporaciones tecnológicas, los fondos internacionales de inversión y el sistema financiero global ejercen, en su análisis, una influencia creciente sobre las políticas públicas.

Otro de sus conceptos es el de ciudadanía económica. La ciudadanía, sostuvo, no debería limitarse a los derechos políticos y civiles.

Debe garantizar el acceso a las oportunidades económicas y también implica asegurar condiciones para la educación de calidad, la salud pública, la protección social, la participación en los beneficios del crecimiento.

Para el economista Óscar Ugarteche, estimado por generaciones de alumnos y lectores, finalmente, el futuro de la región no reside en esperar el próximo ciclo de precios altos de los minerales, sino en recuperar la soberanía económica y apostar por una integración regional que ponga la ciudadanía económica por encima de los dictados del libre mercado.

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“Nos queda el reto de seguir su legado”

Carlos Contreras Carranza (Historiador económico)

“Oscar Ugarteche Galarza fue un economista peruano de amplio espectro. Sus intereses académicos se centraron en el tema de la deuda externa, pero tuvo una mirada social y política de la economía, que lo llevaron a considerar los asuntos financieros en un contexto histórico mayor. Lo conocí en el IEP en los 80, cuando se integró a la sección de Economía que el Instituto había decidido abrir.

En los últimos años, Oscar se interesó por los orígenes del neoliberalismo peruano, hurgando en las obras de pioneros de la Economía en el Perú, como Pedro Beltrán y Rómulo Ferrero. Encontró que el Perú fue de los primeros países en América Latina en desplegar políticas económicas neoliberales, que consideraban que era la baja productividad del sector tradicional, antes que la mala distribución de la tierra, la causa de nuestro atraso. Ojalá que sobre este tema, haya dejado textos que podamos consultar y enriquecer nuestra tradición de pensamiento económico.

Oscar fue una persona generosa. Siempre dispuesto a ayudar a quienes necesitaban alguna orientación. Tenía la cualidad de saber explicar temas complejos, como las finanzas, de una forma clara y sugerente. Fue también un luchador por el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales. Que ya no esté en este mundo, nos aflige y nos abre el reto de proseguir su legado”.

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“Persiste la república sin ciudadanos”

 -Persiste “en el inconsciente nacional esta estructura del siglo XIX de una república sin ciudadanos, donde yo me paseo en mi auto convertible mientras un chico me vende un chicle parado en la esquina porque no tiene qué comer: se juntan mundos extremadamente ricos con mundos extremadamente pobres, sin ningún pudor, eso me parece terrible”, dijo Óscar Ugarteche en entrevista en El Foco.

-Su grupo La Corriente refiere que Ugarteche tenía mucha independencia intelectual, era muy culto e ilustrado: “Podía hablar con la misma pasión de los ciclos financieros internacionales que de una cantata de Bach, de una novela latinoamericana, de una exposición de pintura o de una película inolvidable”. En La Corriente se encontraban Peter Elmore, José Luis Rénique, Juan Acevedo, Emilio Salcedo y otros compañeros, entre ellos el también fallecido Nelson Manrique.

-Su amigo Jesús Ruiz Durand opina que Óscar era un humanista “en el sentido más pleno de la palabra”. Afirma: “La economía era su oficio; la cultura era su territorio… Su inteligencia jamás fue una exhibición de conocimientos: era una invitación permanente al diálogo”.

-Afirma el economista Humberto Campodónico: “Óscar sostenía que el país seguía reproduciendo jerarquías sociales profundamente arraigadas, heredadas de la Colonia y constantemente recreadas por la desigualdad económica, el racismo, la discriminación y la exclusión. Para él, la democracia política no podía consolidarse plenamente mientras millones de peruanos continuaran enfrentando barreras invisibles determinadas por el origen social, el apellido, el color de la piel, el lugar de nacimiento o la orientación sexual. Por eso combatió la desigualdad desde el primer día de su vida pública”.

Las cifras entre mayo de 2025 y mayo de 2026 revelan que las concesiones mineras crecieron en 2,68 millones, hasta alcanzar 22,67 millones de hectáreas, equivalentes al 17,6% del territorio nacional. La expansión fue especialmente intensa en Apurímac, donde el 76,5% de la superficie regional ya está concesionada, seguida de La Libertad (63,1%) y Áncash (55,1%). Lima y Moquegua también bordean la mitad de su territorio bajo este régimen, con 48,8% y 48%, respectivamente.

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"Estamos en un contexto muy favorable", resumió José de Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, durante la presentación del informe. No obstante, advirtió que ese escenario "se puede traducir en mucha presión y muchas tensiones en los territorios" si el crecimiento de la actividad minera no va acompañado de reglas claras y de una adecuada gestión de los impactos sociales y ambientales.

Solo una de cada diez hectáreas concesionadas registra actividad minera

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la diferencia entre la extensión del territorio concesionado y el área donde efectivamente existe actividad minera.

Según el análisis expuesto por De Echave, de los más de 22 millones de hectáreas concesionadas en el país, apenas alrededor de dos millones corresponden a zonas donde se realizan actividades como exploración, explotación, plantas de beneficio o procesos de cierre de minas. En otras palabras, cerca de 20 millones de hectáreas permanecen sin actividad minera directa.

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El economista planteó que esta situación abre un debate sobre el uso de las denominadas concesiones ociosas, es decir, títulos mineros vigentes sobre áreas donde actualmente no existe producción ni exploración efectiva.

Asimismo, cuestionó el argumento de que la inversión minera esté limitada por un exceso de regulaciones. Recordó que los mayores niveles de inversión registrados en el país se alcanzaron bajo un marco normativo similar al vigente, por lo que consideró que el debate no debería centrarse únicamente en flexibilizar permisos, sino también en cómo se gestionan los impactos sociales y ambientales de los proyectos.

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El informe muestra otro elemento que, según el investigador, merece seguimiento: el crecimiento de concesiones en departamentos amazónicos como Loreto, Ucayali y Amazonas. Aunque estas regiones mantienen porcentajes bajos de territorio concesionado, el incremento ha sido considerable en el último año. De Echave planteó como hipótesis que parte de la minería informal e ilegal que opera en cauces de ríos podría estar buscando acceder a concesiones para facilitar procesos de formalización, un fenómeno que, dijo, cobra relevancia a pocos meses del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Cajamarca resume los desafíos de la nueva expansión minera, según el Observatorio

Para el sociólogo Marco Arana, representante de Grufides, Cajamarca sintetiza buena parte de los desafíos que acompañan esta nueva etapa de expansión minera. Durante la presentación del informe advirtió que en esa región confluyen la gran minería, la minería ilegal, nuevos proyectos de inversión y procesos judiciales que permanecen abiertos desde hace más de una década.

Como ejemplo, mencionó la presencia de minería ilegal en la zona de Cerro Rojillo, una cabecera de cuenca que abastece de agua a la ciudad de Cajamarca. Según relató, la intervención estatal se produjo recién después de las denuncias de autoridades locales y organizaciones de usuarios de agua, lo que, a su juicio, evidencia debilidades en la capacidad de respuesta del Estado frente a este tipo de actividades.

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Arana también cuestionó proyectos de infraestructura hídrica vinculados a zonas donde se concentran futuras inversiones mineras y advirtió que varios procesos judiciales relacionados con conflictos socioambientales, como el caso Conga y procedimientos ambientales aún pendientes, pasarán a ser parte de la agenda del próximo gobierno.

Ninguno de los dos negó que el Perú atraviesa un momento de bonanza minera. Sin embargo, ambos remarcaron lo mismo: esta vez el boom llega sobre territorios donde el agua sigue en disputa, los conflictos no disminuyen y varios procesos judiciales continúan sin resolverse.

La medida fue incorporada en el proyecto de ley de crédito suplementario por S/9.596 millones, aprobado la noche del martes 14 de julio por la Comisión Permanente del Congreso con 17 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.

Además de financiar estos beneficios laborales, el crédito suplementario contempla recursos para inversiones en salud y educación, atención de emergencias y la organización de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

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MEF definirá el monto final y la forma de pago

El texto aprobado establece que las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad no podrán ser inferiores a S/300. Sin embargo, ese monto funciona como un piso mínimo y no determina que todos los trabajadores recibirán automáticamente esa suma ni que el beneficio equivaldrá desde el inicio a una remuneración completa.

La norma dispone que cada año fiscal el MEF deberá aprobar un decreto supremo que establezca el procedimiento de implementación, la forma y base de cálculo, los requisitos y las demás condiciones necesarias para el pago de las gratificaciones y la CTS.

En la práctica, el Congreso reconoció el derecho a estos beneficios, pero dejó al Ejecutivo la definición de los aspectos operativos. Será el reglamento del MEF el que determine cómo se calcularán los pagos, bajo qué criterios se aplicarán y desde cuándo empezarán a entregarse.

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Uno de los puntos pendientes es si las gratificaciones se pagarán de manera completa desde el inicio o mediante un esquema gradual. Durante el debate, el MEF planteó que en 2026 los trabajadores CAS recibieran una gratificación equivalente al 10% de su remuneración mensual; en 2027, el 20%; en 2028, el 30%; en 2029, el 50%; y recién en 2030 el 100% de un sueldo.

Aunque esta propuesta no quedó incorporada en la versión final de la ley, la posibilidad de una aplicación progresiva permanece abierta debido a que la norma dejó la reglamentación en manos del ministerio.

En el caso de la CTS, el beneficio también fue reconocido para los trabajadores CAS. La ley establece que el cálculo deberá considerar el tiempo laborado desde el inicio del contrato CAS vigente, mientras que los detalles de su entrega serán definidos posteriormente.

Pago de CTS y gratificaciones CAS estará sujeto al presupuesto de cada entidad

La aplicación de estos beneficios dependerá también de la disponibilidad de recursos de cada entidad pública. Esto implica que el reconocimiento del derecho no significará necesariamente un pago inmediato, pues deberá ajustarse a la capacidad presupuestal de cada institución y a las reglas fiscales vigentes.

La norma señala que la implementación deberá respetar la programación multianual del presupuesto y las reglas macrofiscales. Para el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el financiamiento durante el año fiscal 2026 se realizará con los recursos autorizados mediante el crédito suplementario aprobado por el Congreso.

En el caso de los gobiernos locales, serán las propias municipalidades las encargadas de cubrir el costo con sus presupuestos institucionales, sin solicitar transferencias adicionales al Tesoro Público.

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Asimismo, las entidades que no dependen del Tesoro Público podrán financiar estos beneficios con recursos propios. Para ello, la ley permite, por única vez, exceptuarlas de algunas restricciones previstas en el Decreto Legislativo 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Además de las gratificaciones y la CTS para trabajadores CAS, el crédito suplementario por S/9.596 millones asigna recursos para otras prioridades del Estado durante el segundo semestre del año.

Entre ellas figura la continuidad de inversiones del Plan Mil en establecimientos de salud, el financiamiento de proyectos del Ministerio de Educación y medidas vinculadas al incremento de remuneraciones docentes. También contempla presupuesto para las propinas de cadetes y alumnos de la Policía Nacional, la atención de emergencias y la organización de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

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La aprobación del proyecto ocurrió luego de varias postergaciones por diferencias entre el Congreso y el MEF respecto a los anexos con proyectos de inversión. Finalmente, ante el cambio de legislatura, la Comisión Permanente decidió someter el dictamen a votación para evitar que el trámite tuviera que reiniciarse en el siguiente periodo parlamentario.

Con esta decisión, el Congreso dio luz verde a un beneficio esperado por miles de trabajadores CAS. Sin embargo, la aplicación efectiva de las gratificaciones y la CTS dependerá ahora del reglamento que emita el MEF y de la disponibilidad presupuestal de cada entidad pública.

Con una inversión estimada en más de S/30.000 millones, la carretera busca reducir el tiempo de viaje entre Lima y La Oroya (Junín) a cerca de tres horas mediante una nueva vía de alta capacidad. Sin embargo, la falta de recursos obliga ahora al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a buscar alternativas para no retrasar el cronograma previsto para este año.

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¿Por qué la Nueva Carretera Central quedó fuera del crédito suplementario?

La exclusión del proyecto se produjo durante el trámite del crédito suplementario aprobado el pasado 14 de julio por la Comisión Permanente del Congreso. Inicialmente, el Gobierno había anunciado una asignación de S/400 millones para asegurar el inicio de las obras. Posteriormente, esa cifra fue reducida a S/200 millones dentro del proyecto de ley remitido al Parlamento.

No obstante, durante el debate legislativo, esos recursos fueron retirados por completo del texto definitivo. Frente a ese escenario, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, explicó que el proyecto aún podría recibir financiamiento antes de finalizar el año gracias a una reasignación de recursos públicos.

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Según indicó en declaraciones a RPP, conforme avanza la ejecución del presupuesto nacional suele identificarse dinero que distintas entidades no alcanzarán a utilizar. Esos saldos pueden redistribuirse hacia proyectos considerados prioritarios.

'La dinámica del gasto de las entidades estatales ya es conocida. Generalmente sobre el último trimestre del año se acrecienta, se intensifica y se identifican saldos que, al no tener previsión de ser ejecutados, se pueden redireccionar. Este puede ser el caso de la Nueva Carretera Central', señaló el titular del MTC.

Túnel Pariachi sigue siendo la prioridad para iniciar la primera etapa

Aunque el crédito suplementario no destinó recursos adicionales a la Nueva Carretera Central, Prieto sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) flexibilizó algunas restricciones presupuestarias que permitirán al MTC mover parte de sus propios recursos hacia esta obra.

'Si bien no ha sido materia de asignación en el crédito suplementario, el MEF sí nos ha levantado algunas partidas restringidas, lo que quiere decir que podemos reasignar, entre los recursos que tenemos dentro de la entidad, fondos para poder seguir con la Nueva Carretera Central', afirmó.

El primer componente del proyecto corresponde al Túnel Pariachi, infraestructura que se construirá en Ate y que representa el punto de partida de toda la nueva vía.

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Esta etapa demandará una inversión aproximada de S/2.537 millones, de los cuales se requerían alrededor de S/600 millones para iniciar las obras durante 2026. Sin esos recursos, el avance dependerá de la capacidad del MTC para redistribuir fondos dentro de su presupuesto o captar recursos disponibles hacia el cierre del año.

El túnel estará conformado por dos galerías paralelas de aproximadamente seis kilómetros de longitud cada una, con dos carriles por sentido. Su recorrido partirá desde la avenida Ramiro Prialé, en Ate, y permitirá conectar con Cieneguilla en menos de diez minutos, convirtiéndose en la puerta de ingreso hacia la futura Nueva Carretera Central.

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La exclusión de la Nueva Carretera Central evidencia la distancia entre los anuncios y la disponibilidad real de recursos. Meses atrás, el presidente José María Balcázar había asegurado que el megaproyecto recibiría S/400 millones adicionales en 2026 para acelerar el inicio de su ejecución.

Así, la obra seguirá, por ahora, con el presupuesto cercano a S/200 millones previsto para 2026. Cualquier incremento dependerá de una reasignación de recursos hacia el último trimestre del año.

El crecimiento no solo responde a un mayor número de viajes, sino también a un incremento en el tiempo de permanencia y en el gasto de los visitantes. De acuerdo con el estudio del Mincetur, el desembolso promedio alcanzaría los S/547 por persona, destinados principalmente a transporte, hospedaje, alimentación, recreación y compras, actividades que benefician directamente a miles de pequeños negocios y empresas vinculadas al turismo.

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Turismo interno impulsará el comercio en Fiestas Patrias

Para la economía peruana, el turismo interno representa uno de los principales impulsores del comercio durante los feriados largos. Restaurantes, hoteles, operadores turísticos, mercados artesanales y servicios de transporte concentran una mayor demanda, especialmente en regiones con alta afluencia de visitantes.

Las proyecciones muestran además que Lima, Cusco y Arequipa volverán a liderar las preferencias de los viajeros, seguidas por Ica, Piura, Cajamarca y La Libertad. En conjunto, estos destinos concentran una parte importante del flujo turístico previsto para la campaña de julio.

Otro aspecto relevante es que dos de cada tres viajeros optarán por regresar a un destino que ya conocen, mientras que un tercio visitará un lugar por primera vez. La diversidad de atractivos turísticos, el patrimonio cultural, el clima y la gastronomía continúan siendo los factores más influyentes al momento de elegir un destino para vacacionar.

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En cuanto al transporte, el bus interprovincial seguirá siendo la alternativa más utilizada, al concentrar poco más de la mitad de los desplazamientos previstos. El transporte aéreo ocupará el segundo lugar, mientras que los hoteles de tres estrellas se mantendrán como la principal opción de alojamiento para los turistas nacionales, según las estimaciones del informe.

El buen desempeño esperado para esta campaña coincide con la recuperación gradual del sector turismo observada durante los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales, el turismo interno continúa siendo uno de los principales soportes de la actividad turística nacional, al compensar parcialmente la lenta recuperación del turismo receptivo y generar ingresos para las economías regionales, especialmente en temporadas de alta demanda.

Las proyecciones para Fiestas Patrias anticipan un importante impulso para el consumo interno en la segunda mitad del año. El mayor flujo de viajeros no solo incrementará la demanda de servicios turísticos, sino que también fortalecerá la actividad económica de cientos de negocios en distintas regiones, consolidando al turismo interno como uno de los sectores con mayor capacidad para dinamizar las economías locales durante los feriados nacionales.

En ese sentido, el decreto no modifica las condiciones para acceder a una pensión ni incorpora nuevos beneficios para los afiliados. Lo que hace es garantizar financieramente la emisión de títulos que reconocen los aportes efectuados por trabajadores que dejaron el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para incorporarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las AFP.

¿Qué dispone el decreto?

La norma autoriza al Gobierno Nacional a otorgar una garantía por hasta S/42 millones a favor de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios que emitirá la ONP durante el presente ejercicio fiscal. Asimismo, establece que la propia entidad atenderá la redención de estos títulos con cargo a su presupuesto institucional y faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a emitir las disposiciones complementarias necesarias para ejecutar la medida.

El decreto se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que autoriza operaciones de endeudamiento interno. De ese marco presupuestal se reserva el monto destinado a respaldar los bonos emitidos por la ONP.

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¿Qué son los Bonos de Reconocimiento?

Los Bonos de Reconocimiento son documentos emitidos por la ONP para reconocer los aportes que realizaron determinados trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones. Su valor se incorpora a la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado y forma parte del cálculo de la pensión que recibirá en una AFP.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisa que existen tres tipos de Bonos de Reconocimiento, cada uno con requisitos específicos relacionados con la fecha de afiliación y el tiempo de aportes efectuados al antiguo sistema público. La ONP es la entidad encargada de calcular y emitir estos títulos, los cuales son respaldados con recursos del Estado.

En ese sentido, la garantía aprobada por el Ejecutivo no representa un nuevo gasto destinado a ampliar la cobertura previsional, sino un mecanismo financiero para asegurar el cumplimiento de obligaciones que ya existen en la legislación peruana.

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¿Quiénes pueden acceder al Bono de Reconocimiento?

El Bono de Reconocimiento no está dirigido a todos los afiliados a una AFP. Pueden acceder quienes realizaron aportes al Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones y cumplen los requisitos establecidos para cada modalidad de bono.

Entre las condiciones generales figura haber aportado al antiguo sistema público durante el período exigido por la normativa y haberse incorporado posteriormente a una AFP. La evaluación de cada caso corresponde a la ONP, que verifica el historial de aportaciones antes de emitir el bono.

¿Cómo se solicita?

El trámite se inicia, por lo general, a través de la AFP en la que se encuentra afiliado el trabajador. La administradora recopila la documentación necesaria y la remite a la ONP para que esta verifique el cumplimiento de los requisitos, determine el monto que corresponde y emita el Bono de Reconocimiento cuando la solicitud resulta procedente.

Una vez emitido, el bono se incorpora a la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado y será considerado al momento de calcular la pensión que recibirá en el Sistema Privado de Pensiones.

La publicación del decreto no implica que más trabajadores accedan automáticamente a un Bono de Reconocimiento ni modifica los requisitos para obtenerlo. Tampoco altera el funcionamiento del Sistema Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones.

Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.°1532, la entidad ha publicado en su portal institucional la relación de 212 SSCO. Los comprobantes emitidos por estas empresas fueron utilizados por 78.163 clientes para sustentar compras por aproximadamente S/709 millones, de los cuales la autoridad tributaria informó haber recuperado más de S/341 millones.

De acuerdo con la administración tributaria, estos proveedores presentaban indicios de no contar con infraestructura, personal, activos o recursos económicos suficientes para desarrollar las actividades comerciales consignadas en los comprobantes de pago. Bajo este esquema, los adquirentes podían sustentar indebidamente el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) y deducir costos o gastos para calcular el Impuesto a la Renta, con lo que reducían el monto de los tributos por pagar.

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El ente recaudador también estima que las deducciones tributarias sustentadas en operaciones no reales habrían generado una pérdida potencial de aproximadamente S/21.504 millones para el Estado, recursos que pudieron destinarse al financiamiento de infraestructura y servicios públicos.

Empresas deben acreditar que las operaciones fueron reales para mantener el crédito fiscal

La identificación de SSCO también tiene efectos sobre las empresas que registraron operaciones con estos proveedores. Si durante un proceso de fiscalización la entidad detecta comprobantes emitidos por una empresa incorporada a este régimen, puede solicitar información adicional para verificar que las transacciones respondieron a actividades económicas efectivamente realizadas.

En esos procedimientos, la evaluación no se limita a la factura emitida. La administración tributaria puede revisar contratos, órdenes de compra, guías de remisión, medios de pago, registros de transporte y otros documentos que permitan acreditar la existencia de la operación comercial. El análisis forma parte de las facultades de fiscalización previstas en la normativa tributaria.

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La incorporación de un proveedor al régimen SSCO tampoco determina por sí sola una infracción para quienes contrataron con esa empresa. Sin embargo, cuando la Sunat concluye que una operación carece de sustento suficiente, el crédito fiscal del IGV y la deducción del gasto para efectos del Impuesto a la Renta pueden ser materia de observación dentro del procedimiento de fiscalización.

En los últimos años, el uso de facturas por operaciones no reales se ha convertido en uno de los mecanismos que concentra parte de las acciones de control de la administración tributaria, debido a su impacto en la recaudación y en la detección de esquemas de evasión fiscal. En ese contexto, el régimen de Sujetos Sin Capacidad Operativa constituye una de las herramientas utilizadas para identificar este tipo de operaciones.

La declaratoria no implica el inicio inmediato de operaciones internacionales. Según la información difundida por el sector, el proceso será progresivo y estará condicionado a la implementación de requisitos técnicos, operativos, migratorios, aduaneros, sanitarios y de seguridad. Entre las obras previstas figura la instalación de un sistema de luces de balizamiento para facilitar futuras operaciones nocturnas.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con una pista de 2.500 metros de longitud por 45 metros de ancho, además de calle de rodaje, plataforma comercial, terminal de pasajeros, servicios de tránsito aéreo y equipos para la atención de emergencias. Esta infraestructura permite operar aeronaves de corto y mediano alcance, como los Airbus A320 y Boeing 737.

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El anuncio también coincide con el reinicio previsto de las operaciones regulares de SKY Airline Perú en la ruta Lima–Cajamarca–Lima desde el 1 de septiembre de 2026. La empresa proyecta operar siete vuelos semanales con aeronaves Airbus A320neo, una oferta que, de acuerdo con las estimaciones del MTC, podría movilizar alrededor de 113.500 pasajeros al año.

Inicio de vuelos internacionales dependerá del cumplimiento de requisitos operativos

La categoría de aeropuerto internacional representa un reconocimiento administrativo que faculta al terminal para desarrollar operaciones internacionales en el futuro. Sin embargo, la autorización efectiva de estas rutas dependerá de que se implementen los servicios de control migratorio, aduanero, sanitario y de seguridad exigidos para este tipo de operaciones, además de la coordinación entre las entidades competentes y las aerolíneas interesadas.

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El reto como aeropuerto internacional

La declaratoria del aeropuerto de Cajamarca amplía la lista de terminales peruanos con categoría internacional, aunque ese reconocimiento no asegura un incremento inmediato de vuelos al exterior. En el país existen otros aeropuertos con la misma condición que mantienen una oferta limitada de rutas internacionales, debido a que la apertura de nuevos destinos depende de factores como la demanda de pasajeros, la estrategia comercial de las aerolíneas y la rentabilidad de las operaciones. Para especialistas del sector, la conectividad aérea se consolida cuando existe un mercado capaz de sostener frecuencias regulares, más allá de la infraestructura disponible.

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha señalado en diversos reportes sobre turismo interno que una mayor conectividad aérea favorece el acceso a destinos regionales, impulsa la actividad turística y facilita el desarrollo de cadenas de servicios vinculadas al comercio, la hotelería y el transporte. En Cajamarca, uno de los principales atractivos turísticos del norte del país, la mejora de las conexiones aéreas podría contribuir a ampliar el flujo de visitantes nacionales e internacionales cuando existan rutas disponibles.

En entrevista con La República, Adrianzén señaló que cualquier estimación sobre el impacto económico todavía está sujeta a un alto nivel de incertidumbre debido a que la intensidad del fenómeno continúa siendo monitoreada.

"La especulación que es posible hacer va a ser resultado de información incompleta, es decir, va a tener alta probabilidad de falla hacia arriba o hacia abajo", afirmó.

El especialista explicó que, independientemente de la intensidad que finalmente alcance El Niño, un país con infraestructura adecuada y planificación preventiva debería ser capaz de reducir considerablemente sus efectos sobre la economía. Sin embargo, considera que esa no es actualmente la situación del Perú.

"En un país donde se hubiera hecho un adecuado trabajo de preparación, los efectos del Niño serían marginales", señaló.

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En ese sentido, Adrianzén sostuvo que la experiencia internacional demuestra que los fenómenos climáticos extremos no necesariamente derivan en crisis económicas cuando existen instituciones sólidas y políticas de prevención sostenidas. Países con infraestructura resiliente y sistemas eficientes de gestión del riesgo suelen reducir las pérdidas sobre la producción, el empleo y la inversión, incluso frente a eventos naturales de gran magnitud.

Como ejemplo, mencionó a economías como Noruega y Suecia, donde este tipo de eventos no generan el mismo nivel de afectación gracias a una planificación de largo plazo y una respuesta institucional más eficiente. A su juicio, esa diferencia explica por qué un mismo fenómeno climático puede tener consecuencias económicas mucho más severas en países con mayores brechas de infraestructura y menor capacidad de gestión pública.

Según Adrianzén, el impacto económico no dependerá únicamente de las lluvias o del incremento de la temperatura del mar, sino también de la capacidad institucional para responder oportunamente. En ese contexto, recordó que el Fenómeno de El Niño de 1983 produjo una fuerte caída de la actividad económica en el norte del país y que la recuperación tomó varios años.

En esa línea, Adrianzén sostuvo que la eficiencia del gasto público será determinante para reducir las pérdidas económicas que pueda ocasionar el fenómeno. A su juicio, los problemas de corrupción y de gestión en distintos niveles del Estado limitan la ejecución de obras de prevención y retrasan la respuesta frente a las emergencias, lo que termina incrementando los costos para la economía y prolongando la recuperación de las zonas afectadas.

"El PBI del norte peruano se cayó en 25%. Toda la costa norte se dañó (...) y pasaron cinco años, casi diez, y no se recuperó la infraestructura", recordó.

La capacidad de respuesta del país marcará el impacto económico de El Niño

Para el economista, los efectos económicos ya comienzan a percibirse en algunas actividades productivas, aunque todavía no es posible medir su verdadera magnitud. Explicó que la agricultura y la pesca son los sectores más expuestos por su dependencia de las condiciones climáticas, mientras que posteriormente podrían verse afectados el transporte, el comercio y otros servicios vinculados a la cadena de abastecimiento.

Adrianzén sostuvo que el aumento de la temperatura también podría generar mayores costos para el país debido a la aparición de enfermedades transmitidas por mosquitos, lo que incrementaría la presión sobre el sistema de salud y afectaría la productividad laboral.

"Sube la temperatura manteniendo los niveles de humedad y automáticamente aparecen los mosquitos... son transmisores de enfermedades que pueden aumentar la factura y los costos", indicó.

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El economista advirtió además que, si el fenómeno alcanza la intensidad que proyectan algunos escenarios, las consecuencias económicas serían particularmente severas porque la mayor parte de la producción nacional se concentra en la costa.

"Va a hacerle mucho daño al 75% de la producción peruana, que es la costa. Entonces te va a mandar a un hoyo recesivo", afirmó.

Como parte de sus conclusiones, Adrianzén consideró que el país debe priorizar acciones preventivas antes que respuestas de emergencia, aunque expresó dudas sobre la capacidad del aparato estatal para ejecutar dichas medidas con eficacia.

Durante la entrevista, el economista sostuvo que la lucha contra la corrupción también forma parte de la estrategia para enfrentar un evento climático de gran magnitud, ya que una administración eficiente de los recursos públicos permitiría ejecutar con mayor rapidez las obras de prevención y atender las emergencias sin elevar innecesariamente el costo económico para el país.

"Lo central es que el Niño viene muy fuerte... Hay que adelantar a la población de lo que viene", concluyó.

A juicio del economista, el desafío no consiste únicamente en enfrentar un fenómeno climático extremo, sino en evitar que las deficiencias en infraestructura, planificación y gestión pública amplifiquen sus efectos sobre la actividad económica. En ese escenario, la preparación de empresas, productores y ciudadanos será determinante para reducir las pérdidas y acelerar la recuperación una vez que el evento climático se presente.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este sábado 18 de julio?

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
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Scotiabank

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Banco de la Nación

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Este resultado estuvo marcado por el desempeño de la manufactura primaria, que cayó 41,70%, segmento que comprende actividades que procesan recursos naturales antes de su comercialización o exportación, como pescado, minerales o azúcar. La menor disponibilidad de anchoveta redujo en gran proporción la actividad de las plantas dedicadas a la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, cuya producción se desplomó 80,86% respecto a mayo del año pasado. También disminuyó la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos.

No toda la industria, sin embargo, tuvo un desempeño negativo. La manufactura no primaria, vinculada a la producción de bienes para consumo, insumos industriales y maquinaria, avanzó 5,44%, impulsada por la fabricación de bienes intermedios y bienes de capital. Aun así, ese crecimiento no logró compensar el fuerte retroceso de la actividad industrial asociada a la pesca.

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La relación entre ambos sectores evidencia el peso que todavía tiene la pesca industrial dentro de la estructura productiva peruana. Cuando disminuye la captura de anchoveta, también cae el procesamiento industrial de ese recurso, reduciendo el aporte conjunto de ambas actividades al crecimiento económico.

Comercio, construcción y minería amortiguan la desaceleración del PBI peruano

Pese al freno registrado en pesca e industria, varios sectores continuaron mostrando un desempeño favorable y evitaron que la economía registrara un crecimiento aún menor. Es el caso del comercio, que volvió a convertirse en uno de los principales motores de la actividad económica al crecer 6,91%, impulsado por mayores ventas mayoristas de metales, materiales de construcción, alimentos y combustibles, así como por el dinamismo de supermercados, farmacias, tiendas por departamento y la comercialización de vehículos y motocicletas.

La construcción, por su parte, avanzó 4,66%, principalmente por el incremento de 7,97% en el consumo interno de cemento, indicador asociado a una mayor actividad de obras privadas y procesos de autoconstrucción. Aunque la inversión del Gobierno Nacional disminuyó, los gobiernos regionales y locales elevaron la ejecución de proyectos de infraestructura.

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Otro sector que volvió a crecer fue minería e hidrocarburos, con una expansión de 2,60% tras acumular tres meses consecutivos de resultados negativos. El desempeño estuvo impulsado por una mayor producción de cobre, oro, hierro y estaño, así como por el incremento en la extracción de gas natural y líquidos de gas natural. En cambio, la producción de petróleo mantuvo su tendencia a la baja.

También registraron resultados positivos electricidad, gas y agua (5,21%), alojamiento y restaurantes (5,05%), transporte (2,42%), servicios prestados a empresas (3,52%) y administración pública (3,69%). En tanto, el sector agropecuario apenas avanzó 0,10%, debido a que el crecimiento de la actividad pecuaria fue prácticamente neutralizado por una menor producción agrícola.

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Otro indicador mostró que la desaceleración no respondió únicamente a una comparación con el mismo mes del año pasado. Según la serie desestacionalizada del INEI, un cálculo que elimina efectos propios del calendario, como feriados o campañas estacionales, para comparar mejor la evolución entre meses, la producción nacional disminuyó 1,11% respecto de abril. Este resultado confirma una pérdida de dinamismo en la economía durante mayo.

Aunque el crecimiento acumulado del año se mantiene en terreno positivo, el resultado de mayo pone de relieve la vulnerabilidad de la economía peruana frente a factores que afectan a los sectores primarios. La fuerte caída de la pesca coincidió con un escenario marcado por las alteraciones en las condiciones del mar asociadas al Fenómeno El Niño Costero, que redujeron la disponibilidad de anchoveta y terminaron impactando también en la industria pesquera.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 17 de julio?

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