Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con el resultado de julio la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,13% entre enero y julio, mientras que en los últimos doce meses, de agosto de 2025 a julio de 2026, avanzó 3,32%.

Comercio y construcción empujan la economía peruana en julio y explican buena parte del repunte

El comercio fue el principal aporte al crecimiento de julio, seguido por otros servicios y la construcción. Esta última actividad creció 9,85% y se mantiene entre las de mejor desempeño del año. También avanzaron los servicios prestados a empresas, electricidad, gas y agua, restaurantes y transporte, mientras que la administración pública sumó al resultado.

Así, el crecimiento de julio estuvo sostenido por un grupo amplio de actividades, principalmente comercio, construcción y servicios. Sin embargo, el resultado no fue uniforme: la manufactura, la pesca y el sector agropecuario terminaron en negativo, lo que muestra que la recuperación todavía no alcanza por igual a todas las ramas de la economía.

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Pesca cae por desplome de la anchoveta y El Niño Costero golpea al agro

La pesca registró la mayor caída entre los sectores que retrocedieron en julio, con un descenso de 27,44%, afectada principalmente por el desplome de la actividad marítima. Con este resultado, el sector acumula una contracción de 32,58% entre enero y julio.

El principal golpe provino de la pesca destinada al consumo humano indirecto, que abastece a la industria de harina y aceite de pescado. Esta actividad prácticamente se paralizó en julio debido a la menor captura de anchoveta: los desembarques pasaron de 292.148 toneladas en julio de 2025 a apenas 2.496 toneladas este año.

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La pesca para consumo humano directo sí tuvo un comportamiento distinto, con mayores desembarques de especies como pota, concha de abanico, langostino, pulpo, atún y bonito. Sin embargo, este avance no alcanzó para compensar el desplome de la actividad vinculada a la industria.

El sector agropecuario también cerró julio en rojo, aunque con una caída mucho menor, de 1,23%. El resultado estuvo explicado por la menor producción agrícola, particularmente de arroz, aceituna, papa, palta y maíz amarillo duro, mientras que la actividad pecuaria logró crecer.

En este caso, el comportamiento del clima también afectó la producción. El INEI reportó un déficit de lluvias en la sierra y un exceso en la selva, además de cambios en los caudales de los ríos. En la costa, las condiciones cálidas asociadas a El Niño Costero se mantuvieron durante el trimestre de mayo a julio, en un escenario que terminó restando dinamismo al sector agropecuario.

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La manufactura retrocede 1,81% y deja una recuperación económica todavía desigual

La manufactura fue el tercer sector que terminó en negativo en julio, con una caída de 1,81% frente al mismo mes del año pasado. Tanto la industria primaria como la no primaria registraron una menor actividad y, con este resultado, el sector acumula un retroceso de 1,69% en los primeros siete meses del año.

Entre las ramas que más incidieron en este resultado estuvieron la elaboración y conservación de pescado, la refinación de petróleo, la elaboración de azúcar y la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales. En el caso de la industria pesquera, el retroceso guarda relación con el fuerte descenso de los desembarques que ya golpeó al sector pesquero.

El crecimiento de julio fue desigual, con el comercio, la construcción y los servicios empujando el resultado, mientras la pesca, el agro y la manufactura todavía siguen en terreno negativo. Esto muestra que la recuperación no avanza al mismo ritmo en todas las actividades.

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El informe fue aprobado el 8 de setiembre con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención, por lo que el expediente pasó al Pleno. Ahora serán los senadores quienes determinen si Velarde obtiene el respaldo necesario para continuar al frente de la autoridad monetaria durante el periodo 2026-2031.

La diferencia entre ambas etapas es importante. La resolución suprema mediante la cual el Ejecutivo designó nuevamente a Velarde no completa por sí sola el procedimiento. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo designa a cuatro integrantes del directorio del BCR, entre ellos al presidente, mientras que el Senado debe ratificar al titular y elegir a los otros tres miembros.

Por ello, la votación de este miércoles resolverá solo una parte de la renovación. Incluso si Velarde consigue los votos requeridos, todavía quedará pendiente completar los tres puestos que corresponden directamente al Senado.

¿Qué falta para completar el directorio del BCR?

El directorio del BCR está conformado por siete integrantes. Además del presidente, el Ejecutivo ya designó a tres directores para el nuevo periodo: Luis Miguel Palomino Bonilla, Inés Marylin Choy Chong y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki.

Los otros tres deberán ser escogidos por el Senado. Para ese proceso, seis grupos parlamentarios presentaron un total de 12 candidatos. La lista reúne perfiles vinculados con la academia, el sector financiero, la investigación económica y la gestión pública.

Entre los postulantes figuran Juan José Marthans León, propuesto por Renovación Popular; Javier Alfredo Escobal D'Angelo, José Antonio Fernández-Baca Llamosas y Santiago Francisco Roca Tavella, por el Partido del Buen Gobierno; y Diego Macera Poli, Oswaldo Molina Campodónico y José Ricardo Stok Capella, por Fuerza Popular.

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Juntos por el Perú planteó las candidaturas de Oscar Dancourt Masías, Kurt Burneo Farfán y Raúl Mauro Machuca. Ahora Nación presentó a Alejandro Granda Sandoval y Obras propuso a Gonzalo Alegría Varona.

Sin embargo, ninguno de estos 12 nombres puede ser considerado todavía director del BCR. La Comisión de Procedimientos Especiales debe evaluar primero sus antecedentes y trayectoria antes de elevar una propuesta al Pleno.

La elección de los tres directores tendrá otro calendario

El proceso de selección de los tres directores avanza por una ruta diferente a la ratificación de Velarde. La Comisión de Procedimientos Especiales estableció una etapa de evaluación de los postulantes y posteriormente realizará entrevistas personales.

Según el cronograma difundido para este procedimiento, las entrevistas están previstas entre el 22 y el 24 de setiembre, mientras que el informe con la propuesta de candidatos deberá quedar listo en octubre. Solo después de esa etapa el Pleno del Senado podrá votar la elección de los tres directores.

El Reglamento del Senado establece que la elección se realiza candidato por candidato y que cada uno necesita obtener más de la mitad del número legal de senadores. Si no se alcanza esa votación, el procedimiento contempla una nueva convocatoria.

Esto hace que la renovación del BCR tenga dos tiempos distintos. La primera definición será la de Velarde, cuyo caso ya llegó al Pleno. La segunda será la selección de los tres integrantes que todavía están en competencia.

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¿Qué implica para el próximo directorio?

La renovación no consiste solamente en determinar si Velarde continuará como presidente. También modificará la composición del órgano que toma las decisiones de política monetaria.

Los siete directores participan en las decisiones del Banco Central vinculadas con la estabilidad monetaria y las condiciones financieras de la economía. Por ello, los perfiles que finalmente sean elegidos por el Senado tendrán un peso relevante en las discusiones que se desarrollen durante el periodo 2026-2031.

Además, el propio Reglamento del Senado establece que los candidatos a integrar el directorio deben contar con reconocida solvencia moral, amplia competencia y experiencia en economía y finanzas, y no representar entidades ni intereses particulares.

La composición final, por tanto, no quedará definida con la votación de este miércoles. Si el Pleno ratifica a Velarde, quedará despejado quién encabezará el BCR durante el próximo periodo, pero todavía faltará conocer qué tres economistas obtendrán el respaldo del Senado para incorporarse al directorio.

El calendario parlamentario permite anticipar que ambas decisiones se producirán en momentos diferentes. Mientras el caso de Velarde ya está listo para votación, los otros 12 postulantes recién atraviesan la etapa de evaluación. De esa selección saldrán los tres nombres que completarán el órgano encargado de conducir la política monetaria peruana hasta 2031.

Así, la votación del 16 de setiembre será relevante, pero no cerrará la renovación del BCR. El Senado tendrá todavía que resolver quiénes ocuparán los tres puestos que le corresponden, una decisión que será determinante para conocer la composición completa del nuevo directorio.

El encuentro tuvo como tema central el “Multilateralismo y Derechos Humanos” y reunió a representantes, autoridades, académicos y especialistas de China, América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias y plantear mecanismos de cooperación.

Consultado sobre el desarrollo del megapuerto de Chancay, Song Yang sostuvo que el terminal portuario representa una oportunidad para fortalecer la posición del Perú como un centro de conexión regional.

“El puerto de Chancay abre una ventana para la región Asia-Pacífico”, señaló el embajador a La República. Según explicó, la puesta en funcionamiento del terminal contribuye a mejorar la conectividad del Perú y su cooperación económica con otros países. Asimismo, consideró que el proyecto permitirá facilitar las exportaciones peruanas hacia los mercados asiáticos.

El diplomático también resaltó el impacto que, según indicó, viene teniendo el puerto en materia de empleo y oportunidades económicas.

Song Yang señaló que Chancay está generando puestos de trabajo y mayores facilidades para que productos peruanos puedan llegar a Asia, con mejores condiciones de eficiencia y competitividad.

Asimismo, destacó que el desarrollo del terminal está impulsando la formación de personal especializado en gestión portuaria y en el uso de tecnologías digitales.

Finalmente, el embajador consideró que tanto el foro como proyectos de infraestructura como Chancay representan espacios para profundizar la cooperación entre China y América Latina y el Caribe.

En esa línea, sostuvo que el intercambio de experiencias y la generación de nuevos proyectos conjuntos pueden contribuir al desarrollo de los países de la región y al fortalecimiento de sus vínculos con China.

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El resultado muestra cómo una celebración cultural puede convertirse en un periodo de mayor demanda para diversos negocios de Cusco. El efecto no se limita a quienes adquieren una entrada para observar la escenificación, sino que se extiende a los servicios utilizados antes, durante y después de la visita: alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viajes, comercio y actividades vinculadas con la oferta turística.

Este tipo de movimiento resulta especialmente relevante para una región cuya economía mantiene una estrecha relación con el turismo. Los datos más recientes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo muestran que durante 2025 el Santuario Histórico de Machupicchu recibió 1 millón 542.350 visitantes, un incremento de 2,3% frente al año anterior. En tanto, la explanada de Saqsayhuamán registró 944.008 visitantes.

¿Cómo se distribuye el impacto económico?

El monto de S/77.9 millones debe entenderse como un movimiento generado por la actividad turística asociada al evento y no como dinero recaudado directamente por la organización del Inti Raymi. La diferencia es importante porque el impacto económico de una festividad se produce a través del gasto que realizan los visitantes en distintos servicios.

Un turista que llega a Cusco para asistir a la celebración puede requerir transporte aéreo o terrestre, alojamiento, alimentación, movilidad local y servicios turísticos. También puede realizar compras de artesanía, contratar recorridos adicionales o visitar otros atractivos de la región. Cada uno de estos gastos termina formando parte de una cadena económica que involucra a empresas de distintos tamaños.

La festividad, además, se desarrolla dentro de un calendario turístico más amplio. El mes jubilar del Cusco concentra otras actividades culturales y desfiles, por lo que el flujo de visitantes no necesariamente responde únicamente a la ceremonia del 24 de junio. En 2026, por ejemplo, la Cámara de Comercio del Cusco estimó que las celebraciones de junio movilizarían S/182 millones en la región y atraerían alrededor de 180 mil turistas. De ese monto, unos S/72 millones corresponderían directamente a las actividades vinculadas con las celebraciones del mes jubilar.

Esta diferencia entre el impacto específico de una actividad y el movimiento económico de todo el periodo permite dimensionar mejor el peso del Inti Raymi. La festividad funciona como un atractivo que puede estimular el consumo de otros servicios turísticos y prolongar la permanencia de los visitantes en la ciudad.

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Cusco todavía busca recuperar el turismo prepandemia

Aunque el flujo asociado al Inti Raymi representa una oportunidad para los negocios locales, las cifras también muestran que el turismo cusqueño todavía enfrenta el desafío de recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.

Según la información regional de Mincetur, el número de visitantes que llegó a Machupicchu durante 2025 todavía se ubicó 2,7% por debajo del nivel registrado en 2019. En cambio, la explanada de Saqsayhuamán superó en 17,4% el flujo de ese año, aunque registró una reducción de 1,1% respecto de 2024.

La recuperación tampoco es homogénea entre los diferentes mercados. En 2025, los arribos a establecimientos de hospedaje de Cusco alcanzaron 3.74 millones, 12,1% más que en 2024 y 6,2% por encima del nivel de 2019. Del total, 69,4% correspondió a extranjeros y 30,6% a visitantes nacionales.

El comportamiento del turismo extranjero tiene especial importancia para la economía regional. Los arribos de visitantes extranjeros a hospedajes cusqueños sumaron cerca de 2.6 millones en 2025, con un crecimiento de 14,4% respecto de 2024. Estados Unidos fue el principal mercado emisor, seguido por Brasil, Francia y Reino Unido.

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Una festividad que también beneficia a pequeños negocios

El efecto económico del Inti Raymi alcanza además a actividades que no necesariamente aparecen vinculadas de manera directa con la organización del evento. Restaurantes, comercios, operadores turísticos, transportistas y establecimientos de hospedaje forman parte de la cadena que recibe una mayor demanda durante estas fechas.

La importancia de estos ingresos está en que una parte considerable de la oferta turística cusqueña está conformada por pequeños y medianos negocios. Para ellos, los periodos de alta afluencia pueden representar una oportunidad para elevar sus ventas en un corto periodo.

El movimiento generado por la festividad también ayuda a explicar por qué junio se mantiene como uno de los meses de mayor actividad turística en la región. En 2026, por ejemplo, la Cámara de Comercio del Cusco señaló que la ocupación hotelera durante las celebraciones rondaba el 87%, aunque advirtió que todavía existía capacidad disponible.

A ello se suma el transporte. Durante las celebraciones del Inti Raymi y otras festividades de junio de 2026, una aerolínea proyectó movilizar más de 22.400 pasajeros únicamente en la ruta Lima-Cusco, reflejando el incremento de la demanda por viajes hacia la ciudad durante esas fechas.

El impacto de S/77.9 millones, por tanto, permite observar al Inti Raymi más allá de su dimensión cultural. La festividad forma parte de una actividad turística que articula a distintos sectores de la economía cusqueña. Su capacidad para atraer visitantes convierte a la Fiesta del Sol en uno de los eventos que contribuyen a sostener la demanda de servicios durante uno de los principales periodos turísticos del año.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 15 de septiembre

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Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Senado, Cuba sostuvo que la magnitud del fenómeno, que calificó como un evento fuerte y de una intensidad que no se veía posiblemente en 50 años, impedirá que la economía alcance una expansión de 4% este año. El MEF mantiene una proyección de crecimiento de 3,4% para 2026, aunque el ministro advirtió que un agravamiento del Niño podría afectar el resultado del cuarto trimestre de este año y del primero de 2027.

La afirmación del ministro debe distinguirse de una clasificación estadística. El INEI no utiliza “recesión” como una categoría específica para esos tres sectores. Lo que sí muestran sus registros es una caída pronunciada de actividades vinculadas a la pesca, la agricultura y la manufactura, mientras otras ramas de la economía continúan creciendo.

Pesca: el mayor golpe detrás de la advertencia

La situación de la pesca es la que presenta el deterioro más evidente. Los datos oficiales de julio muestran que la actividad pesquera cayó 27,44% respecto del mismo mes de 2025, con lo que el retroceso se prolongó durante el tercer trimestre.

El principal factor está en la anchoveta. En julio se capturaron apenas 2.496 toneladas, frente a las 292.148 toneladas del mismo mes del año pasado. La diferencia representa una caída de 99,1%, asociada a la suspensión de la pesca de anchoveta en la zona norte-centro.

El problema no termina en los desembarques. La anchoveta es una materia prima fundamental para la elaboración de harina y aceite de pescado, por lo que una menor captura también afecta actividades industriales relacionadas con su procesamiento.

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La magnitud del retroceso ya había quedado reflejada en las cuentas nacionales del segundo trimestre. Entre abril y junio, Pesca y Acuicultura se contrajo 48,7%, mientras que la pesca marítima cayó 50%. Por eso, cuando Cuba señala a la pesca como uno de los sectores que ya se encuentra en una situación recesiva, su afirmación se produce sobre una actividad que acumula varios meses de resultados negativos.

Además, el escenario climático no apunta todavía a una recuperación inmediata. La actualización más reciente del ENFEN elevó a 85% la probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria durante septiembre en la región Niño 1+2. Para octubre la probabilidad llega a 82% y para noviembre a 78%.

Agro: el retroceso no es igual en toda la actividad

La situación del agro es menos uniforme. En este caso, la afirmación de Cuba requiere observar qué componentes de la actividad están cayendo y cuáles todavía mantienen resultados positivos.

En junio, el sector agropecuario cayó 8,12%. El retroceso estuvo concentrado principalmente en la actividad agrícola, afectada por condiciones climatológicas adversas. En contraste, el subsector pecuario mantuvo un resultado positivo. El INEI había señalado que los problemas climáticos estaban afectando el desarrollo de determinados cultivos.

Esto significa que hablar del agro como un bloque en recesión puede ocultar diferencias importantes entre actividades y regiones. Una menor producción agrícola no implica necesariamente que toda la actividad agropecuaria esté retrocediendo al mismo ritmo.

Sin embargo, el riesgo que advierte el ministro sí aumenta debido a la evolución esperada del fenómeno. El ENFEN prevé temperaturas del aire superiores a lo normal durante septiembre-noviembre y mayores probabilidades de lluvias por encima de lo habitual en la costa norte. El organismo también contempla que las condiciones anómalas puedan prolongarse hasta el otoño de 2027.

Para los productores, esto significa que el efecto económico dependerá del cultivo, la ubicación y la duración de las anomalías. La prolongación del fenómeno puede afectar rendimientos, calendarios agrícolas y decisiones de siembra, aunque el impacto no será necesariamente uniforme.

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Textil: el problema se refleja dentro de la manufactura

El tercer sector mencionado por Cuba es el textil. Aquí la relación con El Niño es diferente a la de la pesca o el agro, porque el impacto se produce principalmente a través de las condiciones de producción y la disponibilidad de determinadas materias primas.

El INEI ya había reportado en los meses anteriores una contracción de la manufactura vinculada, entre otros factores climáticos, con la disponibilidad de especies hidrobiológicas y el ciclo de producción de algunas industrias, incluida la textil. En junio, la manufactura registró una caída de 6,19%.

Cuba planteó además una respuesta específica para este sector. Señaló que se venía conversando con el Ministerio de la Producción para declarar en emergencia al sector textil, de modo que las empresas afectadas puedan acceder a mecanismos de flexibilización o reprogramación de sus créditos a través del sistema financiero.

Aquí también es importante separar la evaluación del ministro de la medición estadística. El INEI registra la evolución de la manufactura y sus ramas, pero no establece oficialmente que el sector textil se encuentre en recesión. Esa es la caracterización realizada por Cuba a partir de la situación que enfrenta la actividad.

El PBI crece, pero no todos los sectores acompañan

La principal duda que deja la advertencia de Cuba es cómo pueden coexistir una supuesta situación recesiva en tres actividades y un crecimiento positivo de la economía peruana.

El dato publicado este martes por el INEI ofrece parte de la respuesta. La producción nacional aumentó 3,56% en julio frente al mismo mes de 2025 y acumuló un crecimiento de 3,13% entre enero y julio. Es decir, el deterioro de algunos sectores todavía está siendo compensado por otras actividades.

La diferencia ya se había observado durante el segundo trimestre. Mientras Pesca y Acuicultura cayó 48,7%, la construcción creció 8,9% y el comercio avanzó 7,3%. También registraron resultados positivos electricidad, gas y agua, alojamiento y restaurantes y otros servicios.

Por ello, los datos disponibles no permiten afirmar que la economía peruana esté en recesión. La advertencia de Cuba se refiere a sectores específicos que están enfrentando un deterioro considerable, mientras el resultado agregado continúa siendo positivo.

El riesgo está en que las actividades que hoy compensan las pérdidas no mantengan ese ritmo si el fenómeno climático se prolonga o afecta a más ramas productivas.

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El riesgo que mira el MEF está en 2027

La preocupación de Cuba no se limita al resultado de este año. El ministro señaló que un agravamiento del Fenómeno El Niño podría reducir el crecimiento durante el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

Esta advertencia coincide con el último escenario del ENFEN, que elevó las probabilidades de un Niño Costero extraordinario para los siguientes meses y proyecta que las anomalías puedan prolongarse hasta 2027.

Así, el dato de julio introduce un matiz importante: la economía peruana todavía crece y acumuló 3,13% en los primeros siete meses, pero ese resultado agregado no elimina el fuerte deterioro que enfrentan determinadas actividades. La pesca es el caso más evidente; el agro presenta un impacto desigual y el textil recibe el golpe dentro de una manufactura que también viene registrando retrocesos.

La advertencia de Elmer Cuba, por tanto, no describe una recesión de toda la economía, sino el deterioro de sectores concretos que podría terminar teniendo un efecto mayor sobre el PBI si El Niño mantiene la intensidad prevista para los próximos meses.

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El resultado muestra una diferencia relevante entre tener más profesionales ocupados y cuánto reciben por su trabajo. Mientras el número de trabajadores con estudios universitarios aumentó con fuerza, el ingreso promedio del conjunto de ocupados de Lima sí avanzó, aunque a un ritmo menor: pasó a S/2.312,6 mensuales, un incremento de 4,6% respecto de hace un año, equivalente a S/101.

La evolución tampoco fue igual para quienes cuentan con educación superior no universitaria. En este grupo, el empleo creció 8,6%, con 103.200 personas adicionales, pero el ingreso promedio aumentó 9,1%, unos S/172,6. En otras palabras, el mercado laboral mostró un comportamiento mucho más favorable para los trabajadores con formación técnica en términos de remuneraciones durante este periodo.

Más empleo, pero no necesariamente mejores ingresos

El incremento de profesionales ocupados ocurre en un mercado laboral que, en términos generales, presenta una mejora en sus principales indicadores. Entre mayo y julio, Lima Metropolitana registró 5 millones 988.700 personas ocupadas, 425.800 más que un año antes, lo que representa un crecimiento de 7,7%.

Además, el empleo adecuado aumentó en 278.100 personas y llegó a 3 millones 907.200 trabajadores. Pero, al mismo tiempo, el subempleo creció 7,6%, con 147.800 personas adicionales. Dentro de este grupo, el subempleo por ingresos —es decir, quienes trabajan, pero perciben ingresos considerados insuficientes— aumentó 9,2%, equivalente a 145.500 personas.

Este último dato resulta importante para leer el crecimiento del empleo más allá de las cifras agregadas. El aumento de la ocupación no significa necesariamente que todas las personas que ingresan al mercado laboral estén accediendo a puestos con mejores remuneraciones.

En el caso de los universitarios, la situación es particularmente llamativa porque se trata precisamente del segmento que más aumentó su número de ocupados. El INEI reportó que la población con educación superior universitaria pasó a representar un grupo de mayor peso dentro de los trabajadores ocupados, mientras que el ingreso promedio de este segmento siguió una dirección contraria.

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El ingreso promedio sí aumentó en otros niveles educativos

La caída registrada entre los universitarios contrasta con el comportamiento de los demás grupos. El ingreso promedio de quienes tienen educación superior no universitaria aumentó 9,1%, mientras que entre quienes cuentan con secundaria avanzó 4,8%. Para aquellos con primaria o menor nivel educativo, el incremento fue de 6,1%.

Por edades también existen diferencias. Los trabajadores de 14 a 24 años registraron el mayor crecimiento de sus ingresos, con un avance de 10,8%, equivalente a S/134,4 adicionales. En el grupo de 25 a 44 años el incremento fue de 5,8%, mientras que entre quienes tienen 45 años o más fue de apenas 2,1%.

El dato salarial también cambia considerablemente dependiendo de la actividad económica. Construcción registró el ingreso promedio mensual más elevado, con S/2.695,5, luego de crecer 9,4%. Comercio, en cambio, tuvo el ingreso promedio más bajo, de S/1.915, aunque fue la actividad con mayor aumento porcentual de remuneraciones, con 12,2%. En manufactura ocurrió el resultado contrario: los ingresos disminuyeron 6,5%, unos S/144,6.

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La brecha también se mantiene entre hombres y mujeres

El crecimiento de los ingresos promedio tampoco elimina las diferencias por sexo. En Lima, los hombres registraron un ingreso mensual promedio de S/2.606,2, mientras que las mujeres alcanzaron S/1.968,2. Aunque el ingreso femenino creció más rápido en términos porcentuales —7,2% frente a 3,4% entre los hombres—, la diferencia entre ambos promedios continúa siendo amplia.

La paradoja del mercado laboral limeño durante este periodo queda así marcada: hay más empleo, especialmente entre las personas con educación superior universitaria, pero ese crecimiento no se traduce automáticamente en mejores ingresos para todos los trabajadores.

El propio comportamiento del subempleo refuerza esa lectura. Mientras el empleo adecuado avanzó 7,7%, el subempleo por ingresos aumentó incluso a un ritmo mayor, de 9,2%. Por ello, el resultado del trimestre no solo muestra cuántas personas lograron incorporarse al mercado laboral, sino también la diferencia entre conseguir un puesto de trabajo y acceder a uno con mejores condiciones económicas.

En ese escenario, el dato más relevante para los profesionales es precisamente el contraste: 291.000 trabajadores universitarios adicionales encontraron empleo, pero el ingreso promedio de este grupo se redujo en S/65,4 frente al año anterior. El crecimiento de la ocupación, por sí solo, no está garantizando una mejora equivalente en sus remuneraciones.

Pese a la promesa de llevar gas natural al interior del país, recibe graves advertencias por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre el alcance real de esa expansión.

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El regulador advierte que, pese a la magnitud de la inversión y de las redes previstas, en cuatro localidades las conexiones mínimas comprometidas cubrirían apenas entre el 20% y 30% de las viviendas evaluadas. El resto podría ver postergado su acceso al servicio por más de diez años.

Este proyecto de masificación hacia nuevas ciudades del centro y sur del Perú podría dejar a la mayoría de viviendas de cuatro localidades sin una conexión garantizada durante más de una década. En Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná, las metas mínimas establecidas en la Novena Adenda al contrato de Cálidda alcanzan como máximo a tres de cada diez viviendas identificadas en las zonas evaluadas.

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La advertencia está contenida en el informe N.° 413-2026-GRT/OS de Osinergmin, que evalúa la propuesta de modificación contractual que actualmente se encuentra en manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El proyecto contempla la construcción de 3.738,9 kilómetros de redes y un universo de 300.613 consumidores potenciales en nuevas localidades. Sin embargo, el compromiso mínimo que asumiría Cálidda es de 201.411 conexiones.

En Huamanga, por ejemplo, la adenda establece como mínimo 13.555 conexiones frente a 44.660 viviendas consideradas en el área evaluada. Es decir, el compromiso contractual alcanza al 30,4%.

En Quillabamba, la brecha es todavía mayor: de 4.391 viviendas, solo 884 conexiones están comprometidas, equivalente al 20,1%.

La situación se repite en Huancavelica, donde las 3.840 conexiones previstas representan el 29,9% de las 12.839 viviendas evaluadas, y en Curimaná, donde las 230 conexiones mínimas cubren apenas el 20,9% de 1.100 viviendas.

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El problema no es solo quién se conecta, sino quién tendrá una red frente a su vivienda

La cifra de cobertura no significa que el 70% u 80% restante quede definitivamente excluido del gas natural. El problema advertido por Osinergmin es otro: la propuesta no establece una obligación equivalente para garantizar que esos hogares tengan una red disponible frente a sus viviendas.

En otras palabras, una cosa es que una vivienda no esté conectada y otra muy distinta es que ni siquiera tenga una red cercana a la cual pueda solicitar posteriormente una conexión.

El regulador explica que no basta con fijar un número mínimo de kilómetros de redes y conexiones para garantizar la masificación. Cálidda podría cumplir formalmente con ambas metas concentrando la infraestructura y las conexiones en determinadas zonas, particularmente aquellas con mayor densidad o demanda.

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De esta manera, el concesionario podría alcanzar el número mínimo de usuarios exigido por el contrato sin que ello implique que la red se extienda de manera equilibrada por toda el área considerada como potencial.

El riesgo, según Osinergmin, es que otros barrios o sectores permanezcan sin infraestructura disponible y que sus habitantes tengan que esperar nuevas inversiones o modificaciones contractuales para acceder al servicio.

Por ello, el regulador advierte que una cobertura inferior al 31% en estas cuatro localidades postergaría el acceso al gas natural para aproximadamente el 70% de su población por un periodo superior a diez años.

La observación pone el foco en una diferencia que puede pasar desapercibida: los 300.613 consumidores potenciales que aparecen en la propuesta no equivalen a 300.613 viviendas que tendrán una conexión garantizada.

Se trata de un universo estimado de usuarios que podrían ser atendidos por las redes proyectadas. La obligación contractual de Cálidda, en cambio, está determinada por el número de conexiones mínimas.

Además, Osinergmin cuestiona que la propuesta considere un factor de penetración de 67%, cuando el regulador señala que debería alcanzarse como mínimo 70% en cada localidad.

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Una expansión de 3.738 kilómetros no garantiza una expansión equivalente de la cobertura

La Novena Adenda busca ampliar el ámbito de la concesión hacia ciudades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.

El proyecto incluye Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Puno y Juliaca, en Puno; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Abancay y Andahuaylas, en Apurímac; y Huancavelica.

La propuesta contempla construir miles de kilómetros de redes para llevar el servicio a estas localidades. Sin embargo, para Osinergmin, el cumplimiento de kilómetros y conexiones no debería ser el único parámetro para medir la masificación.

El punto es especialmente sensible porque la propia documentación que sustenta la propuesta identifica una cantidad de viviendas potenciales muy superior a las conexiones mínimas que se exigirían al concesionario.

Incluso existe un mecanismo que permite compensar hasta 20% de las conexiones entre localidades. Para el regulador, esta posibilidad puede reducir todavía más la garantía de cobertura en determinadas ciudades, debido a que conexiones pendientes de una localidad podrían terminar siendo ejecutadas en otra.

Así, el contrato podría cumplirse en términos numéricos sin necesariamente alcanzar el objetivo de llevar el servicio a la mayor cantidad posible de hogares.

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El regulador también cuestiona que Lima y Callao sigan pagando por redes después de 2033

Osinergmin señala que la adenda para extender la concesión de Cálidda hasta 2043 haría que más de 1,8 millones de usuarios en Lima y Callao sigan pagando en sus recibos por las redes de gas existentes, a pesar de que su costo total ya habrá sido recuperado tras los primeros 33 años del contrato (en 2033), cuando la infraestructura debe pasar a ser propiedad del Estado.

El problema radica en que la propuesta mantiene un valor cobrable (VNR) para estas tuberías, en lugar de fijarlo en cero al haber terminado de pagarse por completo.

De mantenerse este cobro adicional entre 2033 y 2043, el organismo regulador proyecta que la concesionaria obtendría ingresos por US$2.252,7 millones con costos operativos de US$420,7 millones, lo que generaría una utilidad de US$1.832 millones.

En cambio, si el valor de las redes viejas pasa a cero en 2033, la utilidad caería a US$329,7 millones. Para Osinergmin, esta diferencia de más de US$1.500 millones no debería ser una ganancia extraordinaria para la empresa, sino convertirse en tarifas más bajas para los consumidores o en nuevas inversiones sin costo para el usuario.

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Expertos advierten un posible precedente para otros contratos de concesión

Las observaciones a la Novena Adenda no solo ponen sobre la mesa el impacto que tendría el acuerdo en Cálidda. Uno de los principales puntos de debate es cuánto margen conservaría el regulador para revisar la eficiencia de las inversiones y costos de operación una vez que estos criterios queden fijados en el contrato.

El informe técnico advierte que establecer condiciones rígidas podría dificultar que, en futuras fijaciones tarifarias, se trasladen a los usuarios las eficiencias, economías de escala u optimizaciones que surjan con la maduración de la red.

Expertos del sector consultados por este diario señalan que el alcance de esta discusión podría ir más allá del mercado del gas natural. Si estas condiciones quedan incorporadas en un contrato de concesión, otros operadores podrían invocar posteriormente un criterio de “trato no discriminatorio” para solicitar condiciones similares.

Aunque el informe del regulador no es vinculante para el Minem, los especialistas consideran que la decisión sobre la adenda podría marcar un precedente sobre cuánto espacio conserva la regulación tarifaria frente a las condiciones pactadas en contratos de largo plazo.

La discusión queda así planteada en dos frentes: cuánto de la expansión regional estará realmente garantizado para los hogares y bajo qué condiciones tarifarias continuará la concesión en Lima y Callao después de 2033.

Respuesta de Cálidda

Por su parte, Cálidda señaló a La República que su meta es "llevar el gas natural a 7 regiones del centro y sur del país, en el menor plazo posible, garantizando las mismas tarifas que pagan los usuarios en Lima".

La empresa precisó que su propuesta duplica el compromiso inicial planteado por el Estado al proyectar el tendido de redes para llegar a 300.000 viviendas, con una meta mínima de 201.000 conexiones reales, lo que representa "el compromiso más alto asumido por cualquier concesión de gas natural existente en el Perú".

Asimismo, aclaró que estas metas iniciales no limitan la expansión futura, pues existen mecanismos normativos para seguir ampliando la cobertura progresivamente.

Sobre las complejidades técnicas y de costos en el interior del país, explicaron que las métricas en la nueva Adenda fueron fijadas por un consultor experto contratado por el Ministerio de Energía y Minas, quien consideró desafíos climáticos como lluvias, nieve y altura, además de factores de suelo y temas arqueológicos.

"Es evidente que, dados estos factores, los rendimientos asociados a la construcción de redes son menores, por lo que el costo debe ser mayor", argumentaron, añadiendo que al construir en 15 ciudades a la vez requieren flexibilidad para compensar las conexiones que no puedan concretarse en una localidad con los avances de otra.

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Frente a las críticas por el impacto en las tarifas, la concesionaria descartó la existencia de utilidades indebidas. “En un contrato regulado, no puede existir una 'sobreganancia', ya que toda modificación contractual requiere mantener el equilibrio económico-financiero, es decir, que el concesionario no gane más con la adenda que sin ella”, sostuvieron.

Cálidda indicó que el modelo de negocio contempla un plazo de 30 años para que la tarifa permita recuperar el costo de las obras. Por ello, señalaron que las infraestructuras que se construyan cerca al fin del contrato no alcanzan a pagarse del todo mediante el recibo de los usuarios.

En ese sentido, manifestaron que ampliar el plazo de la concesión por 10 años no busca generar un cobro extra, sino dar el tiempo necesario para terminar de financiar las tuberías que se instalarán en los próximos años.

“Por la vía tarifaria, sólo podrán ser remuneradas durante 8 años, considerando que la concesión termina en 2033; si esta se amplía 10 años, dichas inversiones se remunerarán durante 18 años”, indicaron, precisando que el contrato original define cómo saldar el monto restante.

Sobre el ritmo de instalación, Cálidda indicó que también depende de cómo la población vaya conociendo los beneficios del servicio, tal como ocurrió durante el desarrollo de la concesión en la capital.

“Ejemplo de ello es Lima: el compromiso inicial era menos de 100 mil conexiones y a la fecha ya hemos realizado más de 2,1 millones bajo los mecanismos del reglamento”, indicaron para este diario.

Respecto a la situación en Quillabamba, Cálidda indicó que, de aprobarse la propuesta, culminaría las obras del proyecto estatal en la ciudad y extendería el servicio a las zonas que no habían sido consideradas originalmente.

Katherine Sánchez, integrante del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA y parte del equipo que elaboró el informe, considera que esta diferencia resulta relevante para el debate en el Congreso.

"El proyecto de ley no puede leerse solo. (...) en la exposición de motivos es en donde se han colocado una cantidad de modificaciones legislativas que no están en el cuerpo del proyecto de ley".

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La especialista sostiene que el objetivo de reducir burocracia puede ser legítimo, pero cuestiona que la solución pase por eliminar controles que cumplen una función técnica o preventiva.

Hidrocarburos: derechos preexistentes podrían tensionar la protección de los PIACI

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial). La propuesta plantea modificar las reglas para respetar derechos de aprovechamiento de recursos naturales que hayan sido otorgados antes de la creación de nuevas reservas territoriales.

El problema, según la SPDA, es que la Exposición de Motivos no desarrolla cómo podrían convivir esos derechos con el principio de no contacto que sustenta la protección de los PIACI.

La preocupación no se limita a la existencia de un lote de hidrocarburos en el territorio. La exploración y extracción requieren personal, equipos, plataformas, rutas y otras actividades que pueden generar presión sobre espacios ocupados por pueblos en aislamiento.

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"El problema que tenemos aquí es que las reservas territoriales y, en realidad, todo el sistema de protección de pueblos indígenas en aislamiento (...) se rige por un principio que es el principio de no contacto", explicó Sánchez.

La propuesta podría tener implicancias en zonas de Loreto y Madre de Dios donde existen superposiciones entre reservas y derechos otorgados para actividades extractivas.

Áreas naturales protegidas podrían reducirse para proyectos de interés nacional

Otro cambio que genera preocupación está relacionado con las ANP (Áreas Naturales Protegidas). La Exposición de Motivos plantea modificar la legislación para permitir una reducción física de estas áreas cuando sea necesaria para proyectos declarados de necesidad pública o interés nacional.

Para la SPDA, el problema está en la amplitud de esta excepción y en la ausencia de una evaluación detallada sobre sus consecuencias.

La discusión adquiere especial relevancia en Madre de Dios, donde existen antecedentes de propuestas vinculadas con el potencial hidrocarburífero de la región. Sánchez recordó que algunas iniciativas anteriores llegaron a mencionar zonas como el Parque Nacional del Manu y el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Además, existen áreas donde la superposición involucra valores culturales. La Reserva Comunal Amarakaeri, por ejemplo, tiene una modalidad de cogestión entre pueblos indígenas y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y contiene elementos reconocidos como patrimonio cultural.

Por ello, la especialista considera que cualquier modificación debe partir de una evaluación de los valores ambientales y culturales comprometidos, así como de alternativas menos lesivas.

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El silencio administrativo podría sustituir evaluaciones y opiniones técnicas

La simplificación también alcanza los procedimientos ambientales. Una de las medidas cuestionadas es la aplicación del silencio administrativo positivo, mecanismo por el cual una solicitud puede considerarse aprobada si la autoridad no emite una respuesta dentro del plazo establecido.

La SPDA considera que este mecanismo resulta particularmente delicado cuando se trata de evaluación ambiental, porque una decisión favorable no necesariamente puede desprenderse del simple vencimiento de un plazo.

"El problema (...) es si por simplificar debemos reducir la obligación del Estado de verificar elementos que en el caso ambiental no tienen que ver con cuestiones estrictamente jurídicas, sino que también tienen que ver con cuestiones técnicas", señaló la especialista.

La propuesta también plantea cambios en las opiniones técnicas vinculantes, que permiten que entidades especializadas intervengan cuando una actividad puede afectar materias bajo su competencia. Entre ellas figuran el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el Ministerio de Cultura del Perú.

Para la SPDA, antes de eliminar estos pasos debería revisarse por qué las entidades demoran en responder. Sánchez señaló que, en el caso del Sernanp, el análisis del presupuesto institucional muestra que no existe una asignación específica para atender estas opiniones, por lo que la labor se realiza con recursos y personal destinados también a otras funciones.

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Concesiones forestales podrían entrar en conflicto con derechos indígenas

En materia forestal, otra propuesta plantea dar prevalencia a los bosques de producción permanente (BPP) y a las concesiones frente a determinados derechos considerados posteriores o incompatibles.

El riesgo, según la SPDA, aparece porque la propuesta no define con precisión qué significa que un derecho sea “posterior” o “incompatible”. Esto puede ser relevante en la Amazonía, donde persisten brechas de titulación y existen comunidades cuyos títulos antiguos todavía no cuentan con una delimitación georreferenciada.

La especialista advierte que, históricamente, esa falta de definición territorial ha generado superposiciones entre concesiones forestales, bosques de producción permanente y territorios indígenas.

Por ello, considera que la prioridad debería ser mejorar los mecanismos de reconocimiento y adecuación territorial antes que establecer reglas que puedan dificultarlos.

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Sánchez plantea que el Congreso revise de manera detallada la Exposición de Motivos antes de aprobar las facultades y que precise los límites de la delegación. Para la SPDA, simplificar no debería equivaler a eliminar controles, sino a identificar por qué los procedimientos existentes no funcionan con la rapidez esperada.

"La toma de decisiones de simplificación de procedimientos tiene que pasar por una evaluación previa sobre qué es lo que realmente está dificultando que las actuales normas funcionen", sostuvo.

La discusión, por tanto, no se limita a reducir plazos, pues también involucra la capacidad del Estado para evaluar impactos ambientales, proteger territorios indígenas y sostener los mecanismos de control que ya forman parte de la institucionalidad ambiental peruana.

La ONP aprobó el procedimiento mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000087-2026-PE-ONP, publicada el 13 de setiembre de 2026. La norma establece cómo los afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán solicitar estos beneficios y qué participación tendrán las AFP y la ONP en el trámite.

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Las AFP y demás Entidades Administradoras de Fondos (EAF), junto con la ONP, tienen un plazo de hasta 100 días hábiles para adecuar sus procesos internos. Este periodo se cuenta desde el día siguiente de la publicación de la resolución. Culminado ese plazo, los afiliados que cumplan las condiciones podrán presentar sus solicitudes ante su AFP u otra EAF.

¿Cuánto será la pensión mínima y quiénes podrán acceder?

La reforma previsional establece una pensión mínima de S/600 mensuales para los afiliados del SPP que cumplan las condiciones del Pilar Semicontributivo. Para acceder a ella se deben acreditar 240 unidades de aporte (UdA), equivalentes a 20 años de aportes.

También se requiere tener al menos 65 años y cumplir las demás condiciones establecidas en el reglamento. Entre ellas, que el fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) no sea suficiente para financiar por sí solo la pensión correspondiente. En ese caso, el Estado complementa los recursos necesarios.

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Quienes no lleguen a las 240 UdA pueden acceder a una pensión proporcional, siempre que acrediten al menos 120 UdA. El beneficio contempla dos tramos: de 120 a menos de 180 UdA, equivalentes a entre 10 y menos de 15 años de aportes, y de 180 a menos de 240 UdA, correspondientes a entre 15 y menos de 20 años.

Los montos establecidos para estas pensiones proporcionales son de S/300 y S/400 mensuales, respectivamente.

¿Desde cuándo y dónde se podrá solicitar la pensión?

El nuevo procedimiento comenzará una vez culminado el plazo de adecuación de 100 días hábiles. Por ello, las solicitudes podrán empezar a tramitarse hacia fines de enero o inicios de febrero de 2027.

El afiliado deberá iniciar el trámite ante su AFP u otra EAF, donde recibirá información sobre sus unidades de aporte, el saldo de su cuenta y las condiciones para acceder al beneficio. Luego, la solicitud será remitida a la ONP, que evaluará si corresponde otorgar la prestación.

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Otro aspecto que se revisará es el historial de retiros de la CIC. La Ley N.° 32123 establece restricciones para quienes hayan dispuesto de sus fondos desde su entrada en vigencia, aunque contempla excepciones. Estos retiros pueden tener efectos sobre las unidades de aporte consideradas para acceder al beneficio.

La decisión de acogerse al Pilar Semicontributivo es voluntaria. Una vez reconocida la pensión, el acceso al beneficio es irreversible.

Este nuevo procedimiento corresponde a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones. Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones pueden continuar solicitando directamente a la ONP la pensión mínima o proporcional que les corresponda al alcanzar la edad de jubilación.

La sesión tuvo como uno de sus principales puntos de tensión la propuesta para eliminar el tope de 114% a las tasas de interés. El informe elaborado por la comisión plantea una opinión técnica desfavorable para esta medida, al considerar que los datos disponibles no demuestran que retirar el límite vaya a mejorar de manera general el acceso al crédito o las condiciones para los usuarios.

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El desacuerdo llevó a Fuerza Popular a intentar modificar la forma en que se evaluaba este punto. La congresista Rosangella Barbarán planteó una cuestión previa para separar la eliminación del tope del resto de materias incluidas en el informe, de modo que pudiera ser discutida de manera independiente.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por 11 votos contra 9. Así, el pedido del Ejecutivo para eliminar el límite de 114% permaneció dentro del informe que recomienda no otorgar las facultades en ese extremo.

¿Por qué la Comisión de Economía rechaza eliminar el tope de 114%?

El informe sostiene que las tasas promedio de los créditos dirigidos a pequeñas y microempresas y de los préstamos de consumo en bancos, financieras y cajas municipales se encuentran por debajo del límite vigente.

La comisión también cuestiona uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sustentar la modificación. Según el Ejecutivo, luego de establecerse el tope las tasas se habrían concentrado alrededor del máximo permitido.

Para la comisión, los datos históricos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no permiten sostener esa conclusión de manera general. Además, señala que incluso antes de la entrada en vigencia del límite las tasas promedio no se ubicaban en el rango de 100% a 150% utilizado como referencia en la exposición de motivos del Gobierno.

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Por ello, el informe concluye que la existencia de operaciones con tasas elevadas no constituye, por sí sola, sustento suficiente para eliminar el límite para todo el mercado.

El documento añade otro argumento: una mayor oferta de crédito no necesariamente beneficia a los usuarios si viene acompañada de una mayor carga financiera o de un incremento del sobreendeudamiento.

Fuerza Popular cuestiona que el rechazo sea en bloque

El debate no se concentró únicamente en las tasas. Fuerza Popular cuestionó que el informe planteara una posición desfavorable para las 16 materias que corresponden a la Comisión de Economía, en lugar de permitir una evaluación diferenciada.

Cecilia Chacón sostuvo que no necesariamente existe respaldo para todas las propuestas del Ejecutivo, pero cuestionó que no se haya abierto una discusión específica sobre cada una de ellas. En esa línea, planteó que, ante las dudas sobre determinadas medidas, correspondía solicitar mayores elementos técnicos, incluida la participación de la SBS en el caso de las tasas.

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La posición no fue compartida por todos los integrantes. Paola Martínez, de Renovación Popular, señaló que su bancada podría respaldar facultades vinculadas con la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno El Niño y la seguridad, pero marcó distancia de otras propuestas, entre ellas la eliminación del tope de tasas, las finanzas abiertas con cuentas para menores de edad y determinadas modificaciones al régimen tributario empresarial.

De esta manera, el debate dejó en evidencia que el rechazo al pedido del Ejecutivo no necesariamente supone una posición uniforme de los parlamentarios sobre las 16 materias.

Votación de facultades queda para el miércoles 16 de septiembre

Tras más de dos horas de discusión, la comisión optó por no votar todavía el informe. Primero se planteó un cuarto intermedio ante la falta de acuerdos, pero finalmente se decidió postergar la votación para el miércoles 16 de septiembre.

El presidente de la comisión, José Marcelo, precisó que la postergación no implica que se haya elaborado un nuevo texto. Por tanto, el documento que se discutió durante la sesión, incluido el rechazo a la eliminación del tope de 114%, será el que llegue a votación, salvo que se produzca alguna modificación antes de esa fecha.

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El pedido del Ejecutivo abarca 16 materias, entre ellas la formalización de micro y pequeñas empresas, factoring, financiamiento de emprendimientos, modernización societaria, financiamiento agrario, tasas de interés, finanzas abiertas, remediación ambiental, asociaciones público-privadas, infraestructura, regímenes tributarios empresariales, aduanas y obras por impuestos.

La decisión de la Comisión de Economía no será definitiva. Si el dictamen es aprobado el miércoles, el pedido continuará su trámite en la Comisión de Constitución, que deberá evaluar la delegación de facultades por 120 días. El último paso será el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá si el Gobierno obtiene o no la autorización para legislar sobre estas materias.

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La demanda cuestiona el artículo único de la Ley 32537, que mantiene vigente el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.

Por ahora, los mineros inscritos continúan bajo las reglas de la norma vigente. El eventual cambio dependerá de lo que resuelva el TC y de la entrada en vigor del nuevo marco para la pequeña minería y minería artesanal.

La prórroga que ahora cuestiona el TC

La Ley 32537 fue publicada en diciembre de 2025 y modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293. Además de extender el proceso de formalización, estableció nuevas obligaciones para los inscritos en el Reinfo.

Entre ellas está el sinceramiento obligatorio de la ubicación real de las operaciones mineras mediante la Ventanilla Única de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Los inscritos deben proporcionar información georreferenciada y documentación que permita verificar el área donde realizan sus actividades.

La norma también dispuso que el Poder Ejecutivo adecúe el reglamento del Reinfo y emita las disposiciones complementarias necesarias. Por ello, la extensión del proceso no se limitó a ampliar el plazo, sino que incorporó condiciones adicionales para avanzar en la formalización.

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¿Qué implica la demanda contra el Reinfo?

El expediente 00009-2026-AI corresponde a una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra el artículo único de la Ley 32537. El caso figura en el registro oficial de últimas publicaciones del Tribunal Constitucional.

La admisión a trámite significa que el Tribunal analizará el cuestionamiento planteado y posteriormente deberá pronunciarse sobre la compatibilidad de la norma con la Constitución. No equivale todavía a una sentencia de inconstitucionalidad.

Por ello, la Ley 32537 continúa vigente y el proceso de formalización mantiene, por ahora, el plazo fijado por esa norma.

El nuevo proceso llega después de que el propio TC analizara una ampliación anterior del Reinfo. Cabe recordar que, en abril de 2025, el Tribunal declaró improcedente por sustracción de la materia una demanda del mismo Colegio de Abogados de Loreto contra los artículos 1 y 2 de la Ley 31388, que había extendido el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2024. Para cuando el TC resolvió, esa norma ya había dejado de estar vigente.

En esa resolución, el Tribunal señaló que el Estado no puede establecer mecanismos que impliquen la exención o liberación de responsabilidades vinculadas con delitos ambientales dentro de un proceso de formalización minera, sus prórrogas o una política permanente para esta actividad.

También exhortó al Congreso y al Poder Ejecutivo a avanzar hacia un nuevo sistema de formalización para la minería artesanal y de pequeña escala.

Este antecedente forma parte del contexto de la nueva demanda, aunque no permite anticipar cuál será la decisión del Tribunal sobre la Ley 32537.

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Estar en el Reinfo no significa tener una mina formal

La inscripción en el Reinfo significa que una persona o empresa forma parte del proceso de formalización, pero no equivale a contar con todas las autorizaciones necesarias para desarrollar una actividad minera formal.

Por eso, la situación de cada inscrito depende del estado de su proceso y del cumplimiento de las obligaciones y autorizaciones correspondientes. La discusión constitucional sobre la Ley 32537 tampoco determina por sí misma si una operación específica es legal o ilegal.

Este punto cobra especial relevancia frente a las nuevas disposiciones sobre minería ilegal. En enero de 2026, el Decreto Legislativo 1695 modificó diversos artículos del Código Penal e incorporó nuevas disposiciones relacionadas con este delito.

¿Qué puede pasar con los mineros inscritos?

El primer escenario es que el TC determine que la Ley 32537 es compatible con la Constitución. En ese caso, la prórroga continuaría bajo las condiciones establecidas por la propia norma.

Si, por el contrario, el Tribunal declara que la disposición vulnera la Constitución, las consecuencias dependerán de lo que establezca la sentencia. No puede afirmarse de antemano que una eventual declaración de inconstitucionalidad supondría la salida inmediata de todos los inscritos.

También existe un factor que podría adelantar el cierre del actual proceso: la entrada en vigor de la Ley MAPE y su reglamento. La propia Ley 32537 establece que, si ambos entran en vigencia antes del 31 de diciembre de 2026, el proceso de formalización terminará en ese momento.

Por ahora, la admisión de la demanda no cambia las condiciones de los inscritos. El Reinfo mantiene como horizonte el 31 de diciembre de 2026, aunque ese plazo podría acortarse si entra en vigor antes la Ley MAPE y su reglamento. La decisión del TC determinará, posteriormente, si la última prórroga puede mantenerse.

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La inseguridad no es un problema exclusivo de las bodegas. Un estudio de Ipsos para ComexPerú, denominado 'Empresas y Estado: diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento', señala que el 52% de las microempresas identifica la inseguridad como su principal obstáculo para crecer. El dato permite dimensionar el problema más allá de un solo tipo de negocio.

Para las bodegas, la exposición es particularmente relevante porque buena parte de su actividad se desarrolla directamente frente al público. La extorsión puede convertirse en un costo adicional para negocios que dependen de sus ventas diarias y que cuentan con menor margen financiero para absorber pérdidas.

Carla Campos, presidenta de Agremub, indicó que los negocios administrados por mujeres se encuentran entre los más afectados por este escenario, debido a que la actividad comercial constituye su fuente de ingresos y la de sus familias.

"Es un paso necesario, pero se requieren acciones concretas y rápidas para frenar esta ola de inseguridad", sostuvo Campos.

La declaración se produjo luego de la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031. El documento incluye como uno de sus lineamientos reducir la afectación de personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada.

El punto es relevante para las bodegas porque la política no se limita a la seguridad de las personas: incorpora expresamente a las unidades económicas entre las afectadas por la criminalidad. No obstante, se trata de un lineamiento de política pública y no de una medida que, por sí misma, garantice una reducción inmediata de las extorsiones.

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El crédito también condiciona la capacidad de resistir

La inseguridad encuentra a las bodegas con otra limitación: el acceso al financiamiento. Agremub señala que al menos el 88% de estos negocios no logra acceder a créditos bancarios.

Para un establecimiento pequeño, la falta de financiamiento formal puede dificultar la compra de mercadería, la reposición de productos o la atención de gastos extraordinarios. El problema adquiere mayor importancia cuando el negocio enfrenta simultáneamente menores ventas o mayores costos derivados de la inseguridad.

Campos planteó la creación de mecanismos de garantía que permitan ampliar el acceso de las bodegas al sistema financiero formal.

"Es urgente crear un mecanismo de garantías que rompa con ese círculo vicioso, que impulse su acceso al financiamiento formal", afirmó.

La propuesta corresponde al planteamiento del gremio y no constituye una medida aprobada. El dato del 88%, por su parte, proviene de Agremub, por lo que no debe confundirse con una estadística oficial del sistema financiero.

La combinación entre inseguridad y restricciones de financiamiento puede ser especialmente relevante para los negocios que operan con márgenes reducidos. Si una bodega pierde ingresos por una reducción de clientes o debe asumir gastos extraordinarios, su capacidad para sostener el negocio dependerá también de la liquidez disponible.

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El Niño añade otro riesgo para las bodegas

El escenario climático también cambió frente a los primeros meses del año. El ENFEN mantiene la condición de Alerta de El Niño Costero y, en su comunicado del 28 de agosto, señaló que existe una alta probabilidad de que el fenómeno persista hasta el verano de 2027. Para la región Niño 1+2, el organismo estima una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027 con una probabilidad de al menos 62%.

El pronóstico también contempla temperaturas muy por encima de lo normal en toda la costa durante setiembre-noviembre y una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo habitual en la costa norte. El ENFEN recomienda considerar estos escenarios para las acciones de reducción del riesgo y preparación ante la temporada de lluvias.

Para las bodegas, el impacto no necesariamente tendría que producirse dentro del establecimiento. Problemas en carreteras, interrupciones del transporte o dificultades para trasladar productos pueden afectar el abastecimiento y elevar los costos logísticos.

A ello podría sumarse una reducción de las ventas en zonas afectadas por inundaciones u otros eventos asociados al fenómeno. El efecto final, no obstante, dependerá de la intensidad y localización de los impactos climáticos, por lo que no corresponde atribuir de antemano un número determinado de cierres exclusivamente al FEN.

Campos considera que el comercio minorista debería ser tomado en cuenta dentro de las medidas de prevención por su participación en el abastecimiento de los hogares.

"Las bodegas somos un eslabón clave en la cadena de abastecimiento. Si no se hace lo suficiente para mitigar el impacto que el FEN puede tener en nuestro sector, las consecuencias se van a ver directamente reflejadas en la economía del país", enfatizó.

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¿Qué hay detrás de la cifra de 6.000 cierres?

La proyección de entre 5.000 y 6.000 bodegas que dejarían de operar durante 2026 debe leerse como una estimación y no como un registro oficial de establecimientos cerrados. Tampoco permite determinar qué proporción de esos negocios cerraría exclusivamente por criminalidad, por factores climáticos o por problemas financieros.

El contraste con 2025 sí muestra la magnitud del cambio: si se concreta la proyección, los cierres prácticamente duplicarían los poco más de 3.000 registrados el año pasado, según las cifras citadas por Agremub.

Además, el impacto potencial del FEN no es un riesgo hipotético completamente desligado de la economía. El propio ENFEN advierte que los eventos de El Niño pueden generar lluvias intensas en determinadas zonas del país y afectar sectores socioeconómicos, mientras mantiene el monitoreo de sus consecuencias hidrológicas y sobre otras actividades productivas.

Por ahora, la información disponible permite identificar tres presiones sobre estos pequeños comercios: una criminalidad que ya es considerada una barrera para el crecimiento de las microempresas, dificultades de acceso al financiamiento formal y un escenario climático que podría complicar el transporte y el abastecimiento durante los próximos meses.

La cifra definitiva de cierres dependerá de cómo evolucionen esos factores y de la capacidad de los negocios para absorber sus efectos hasta el final del año.

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La diferencia frente a una póliza tradicional está en la forma de acreditar el siniestro. En lugar de esperar una inspección para establecer cuánto perdió el asegurado, estos productos utilizan un indicador previamente definido. Si ese parámetro llega al nivel establecido en el contrato, se activa el pago de la suma asegurada.

La regulación quedó establecida mediante la Resolución SBS N.° 02260-2026. Con esta norma se fijan las condiciones para el diseño y comercialización de estos seguros en el mercado peruano.

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¿Cómo funcionará este tipo de seguro?

El mecanismo puede entenderse con un ejemplo. Una póliza podría establecer una cobertura determinada para un terremoto y fijar como condición de activación que el movimiento alcance una magnitud específica en una zona determinada. Si el indicador llega o supera ese umbral, se activa el pago pactado.

De igual manera podría ocurrir con las lluvias. En lugar de calcular posteriormente los daños ocasionados por las precipitaciones, la póliza puede establecer un nivel de lluvia como parámetro. Cuando la información de la fuente definida en el contrato confirme que se alcanzó ese nivel, se determina la activación de la cobertura.

La norma contempla como posibles riesgos los derivados de fenómenos naturales de carácter meteorológico, climatológico, geológico, geofísico u oceanográfico. Entre los ejemplos figuran terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones y heladas.

El punto central es que el fenómeno debe poder medirse objetivamente. Los parámetros utilizados tendrán que ser verificables, estar respaldados por fuentes independientes y guardar relación con el riesgo que se pretende cubrir. Esto busca evitar que la activación dependa de una evaluación subjetiva de la aseguradora.

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¿Cuándo se recibiría el dinero?

Una de las diferencias más importantes con los seguros tradicionales está en el proceso posterior al evento.

En estos productos interviene un agente de cálculo, encargado de monitorear la información del parámetro, determinar su valor, verificar si se alcanzó el umbral previsto y calcular el pago correspondiente. La empresa aseguradora, a su vez, debe comunicar al asegurado o beneficiario la activación de la cobertura.

La regulación establece un plazo máximo de 10 días calendario para efectuar el pago una vez comunicada la información del parámetro que activa la cobertura. Esto permitiría que el acceso a los recursos no dependa de una evaluación individual de cada daño.

La posibilidad de contar con dinero rápidamente resulta relevante en un país que mantiene una exposición considerable a fenómenos naturales. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), por ejemplo, viene elaborando escenarios de riesgo para lluvias, inundaciones y movimientos en masa, mientras que sus evaluaciones también contemplan escenarios vinculados con sismos y tsunamis.

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El seguro no necesariamente pagará lo mismo que se perdió

Sin embargo, existe una diferencia que el potencial asegurado tendrá que considerar antes de contratar este tipo de cobertura: el pago no necesariamente será igual al daño económico que haya sufrido.

La propia regulación denomina a esta posibilidad riesgo base. Se produce cuando existe una diferencia entre la pérdida real y el monto recibido, debido a que la indemnización se determina por el parámetro pactado y no por la valorización posterior de los daños.

Por ejemplo, una persona podría contratar una cobertura que establezca un pago de S/20.000 si las lluvias de una determinada intensidad son registradas en su zona. Si se alcanza el umbral, recibirá el monto establecido, incluso si su pérdida efectiva termina siendo menor. Pero también podría ocurrir lo contrario: que los daños sean superiores al pago previsto por la póliza.

Por eso, la SBS exige que esta característica sea explicada al cliente antes de la contratación. La información del producto deberá incluir ejemplos sobre el funcionamiento del seguro, los parámetros y umbrales utilizados y las posibles diferencias entre las pérdidas reales y los pagos derivados de la activación de la cobertura.

No cualquier desastre generará un pago

La aprobación del reglamento tampoco significa que ante cualquier terremoto, inundación o lluvia intensa se activará automáticamente una indemnización.

Para que exista un pago tendrán que cumplirse varias condiciones: debe haber una póliza vigente, el evento debe encontrarse dentro de la cobertura y el parámetro establecido en el contrato debe alcanzar el umbral correspondiente. Además, la cobertura tendrá que estar delimitada geográficamente.

La póliza deberá especificar el evento cubierto, la zona, el parámetro, el umbral, la metodología de cálculo, las fuentes que proporcionarán los datos y la estructura de pagos. La empresa también tendrá que informar al cliente sobre las limitaciones del producto y la existencia del riesgo base.

Esto marca una diferencia importante respecto de la idea de que se trataría simplemente de un seguro que paga cuando ocurre un desastre. En realidad, el pago estará condicionado a que el fenómeno alcance exactamente las características previstas en el contrato.

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¿Quién podrá ofrecerlos?

Las aseguradoras podrán comercializar estos productos directamente y también recurrir a comercializadores bajo la modalidad de bancaseguros. Los corredores de seguros podrán intermediar en la contratación.

La norma, además, impide que las coberturas paramétricas sean incorporadas como parte de productos híbridos junto con coberturas tradicionales. También exige que quienes los comercialicen estén capacitados para explicar cómo se determina el pago y, especialmente, las diferencias que pueden existir entre el daño real y la indemnización.

El nuevo mercado llega en un contexto en el que los riesgos naturales tienen un impacto significativo sobre la economía peruana. Un documento presentado en el Congreso con información del INDECI señala que entre 2000 y 2023 se registraron más de 112.000 emergencias y que más de 22 millones de personas fueron damnificadas o afectadas durante ese periodo. Para el Fenómeno El Niño Costero de 2017, el mismo documento recoge estimaciones de pérdidas superiores a US$3.100 millones.

Además, la propia SBS ha estimado pérdidas potenciales para el sistema asegurador ante lluvias e inundaciones. Un estudio basado en la exposición asegurada de 2022 calculó una pérdida catastrófica potencial de US$264 millones para este tipo de eventos.

Con el reglamento, las aseguradoras cuentan ahora con un marco específico para desarrollar este tipo de productos. El desafío estará en que los parámetros utilizados tengan una relación suficientemente clara con los riesgos que enfrentan los asegurados y en que el consumidor comprenda que la rapidez del pago tiene como contrapartida una cobertura basada en la intensidad del fenómeno y no en la valorización exacta de sus pérdidas.

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El cambio no es menor para la actividad económica. Menos desplazamientos significan menos oportunidades de consumo para restaurantes, comercios y otros negocios que dependen del tránsito de personas. Al mismo tiempo, una parte de la población está asumiendo un costo adicional para reducir su exposición al delito, principalmente al reemplazar el transporte público por taxis o aplicativos.

A nivel nacional, 43% de los encuestados procura no salir de su casa o barrio desde las 8 p. m. o incluso antes, mientras que otro 42% fija ese límite desde las 10 p. m. En Lima, el comportamiento es todavía más restrictivo: 90% evita salir a partir de alguna hora y 49% deja de hacerlo desde las 10 p. m.

El estudio fue realizado entre el 20 y el 23 de agosto a 1.217 personas a nivel urbano-rural. De acuerdo con sus resultados, las restricciones nocturnas alcanzan a alrededor de 22 millones de peruanos.

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El costo de sentirse seguro

La inseguridad también está cambiando la forma en que las personas se movilizan. El 26% de los usuarios del transporte público señala que dejó de llevar objetos de valor o efectivo, mientras que 24% procura viajar acompañado. Otro 16% ha optado por utilizar taxi o aplicativos en algunos desplazamientos, aunque ello implique pagar más.

Ese último grupo equivale a poco más de 4,17 millones de personas. Además, 16% dejó de utilizar el transporte público durante la noche y 4% abandonó completamente este medio.

El efecto tampoco es igual entre los hogares. El porcentaje de personas que sale menos llega a 47% en el NSE B, pero sube a 59% en el C y a 65% en el D. En el transporte ocurre algo similar: los sectores de mayores ingresos tienen mayor posibilidad de sustituir un viaje en bus por un taxi o aplicativo, mientras que en los NSE D y E adquiere mayor importancia viajar acompañado.

Así, el temor al delito no representa el mismo costo para todos. Para algunos hogares supone pagar más por movilizarse; para otros, reducir desplazamientos o modificar horarios.

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El impacto alcanza también a los negocios. Según el mismo estudio, la proporción de empresas que identifica un efecto negativo de la inseguridad pasó de 32% en 2025 a 45% en 2026. En el NSE C, el indicador aumentó de 42% a 56%.

La relación entre inseguridad y actividad económica no se limita, por tanto, a las pérdidas provocadas directamente por robos, extorsiones u otros delitos. También aparece en la reducción de clientes, en los cambios de horario y en el mayor gasto que realizan los consumidores para disminuir el riesgo.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe, resume el cambio de comportamiento observado en la encuesta:

“La inseguridad dejó de ser una percepción para convertirse en el organizador de la vida cotidiana de los peruanos. Cuando 22 millones de personas dejan de salir de noche, estamos ante una pérdida de calidad de vida que no aparece en las cifras oficiales, pero que es igual de real”.

El resultado se conoce, además, en un momento en que la seguridad continúa ocupando un lugar central en la agenda pública. El INEI publicó el 3 de septiembre su más reciente informe de Estadísticas de Seguridad Ciudadana, correspondiente al semestre móvil febrero-julio de 2026.

La mayoría no espera que el problema mejore

La percepción sobre los próximos meses tampoco apunta a una recuperación rápida. El 66% de los encuestados considera que la delincuencia seguirá igual o empeorará durante los próximos 12 meses. El 35% cree que la situación permanecerá sin cambios y 31% anticipa un deterioro.

Solo 27% espera una mejora. La diferencia territorial también resulta significativa. En Lima, 31% considera que la delincuencia mejorará, mientras que en el interior del país las expectativas son menos favorables. El sur concentra la mayor proporción de personas que prevé un empeoramiento.

Las respuestas sobre las medidas que deberían adoptarse se encuentran divididas. El 35% prioriza unidades policiales especializadas en extorsión con mayor capacidad de inteligencia e investigación; 33% plantea aumentar las penas para extorsionadores y sicarios, mientras que 31% menciona recuperar el control de los penales o incrementar el número de policías en las calles.

El escenario se desarrolla mientras el Ejecutivo mantiene medidas extraordinarias en Lima y el Callao. El 28 de agosto declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días, con acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente al avance de la criminalidad.

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Extorsión: más presencia territorial, pero pocos presos adicionales

Otro de los datos que permite dimensionar el problema aparece en la extorsión. El número de personas privadas de libertad por este delito pasó de 1.186 en diciembre de 2024 a 1.661 en junio de 2026. Son 475 internos adicionales en casi dos años.

No obstante, estos representan 1,6% de la población penitenciaria, el mismo porcentaje registrado en 2016. La diferencia está en el alcance del delito: según el estudio, hace una década la extorsión estaba concentrada en la costa norte, mientras que actualmente se registra en todas las regiones.

Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del informe, cuestionó la diferencia entre la expansión territorial del delito y el número de personas encarceladas por extorsión.

“Ese es el mejor indicador del fracaso frente al crimen organizado: las denuncias se disparan, el delito se expande a todo el país y los presos por extorsión apenas se mueven. Recién en junio volvimos a alcanzar el 1,6% de la población penal que ya teníamos en el 2016, con la diferencia de que entonces la extorsión solo ocurría en la costa norte y hoy ocurre en todo el país”, advirtió.

El reporte contabilizó además 1.866 eventos del Índice del Crimen y la Violencia entre enero y agosto de 2026. La Libertad, Ica y Piura concentraron las mayores cifras absolutas, mientras que Tumbes, Madre de Dios e Ica registraron las tasas más altas al considerar su población.

En Lima Metropolitana se contabilizaron 575 eventos y otros 149 en el Callao. El informe también registra 251 casos de violencia contra transportistas, además de 21 atentados con explosivos y 33 ráfagas de bala contra vehículos.

Más allá de estas cifras, el efecto económico de la inseguridad aparece en decisiones que ocurren todos los días: salir menos, dejar de utilizar determinados servicios, pagar más por un traslado o adelantar el regreso a casa. El resultado es que el delito no solo representa un riesgo para las personas y los negocios, sino que también está modificando la manera en que una parte importante de los peruanos consume y se moviliza.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 14 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

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Banco de la Nación

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BBVA

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Scotiabank

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El objetivo se plantea sobre una recaudación que viene mostrando una evolución favorable durante 2026. Entre enero y agosto, los ingresos tributarios del Gobierno Central sumaron S/138.484 millones, un crecimiento real de 14,1% respecto del mismo periodo del año pasado. Solo en agosto ingresaron S/18.179 millones, 17,3% más que en igual mes de 2025. Con ello, la recaudación acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.

Pero el aumento de este año no responde únicamente a una mayor eficiencia de la administración tributaria. La propia SUNAT identifica factores económicos que han favorecido los ingresos: el crecimiento de la actividad y de la demanda interna, un incremento de 20,2% de las importaciones en agosto y los mayores precios internacionales del cobre, oro y zinc. Estos elementos amplían las bases sobre las que se calculan impuestos como el IGV y el Impuesto a la Renta.

El punto de partida para los S/214.000 millones

El comportamiento de los principales tributos ayuda a explicar la situación. En agosto, el IGV recaudó S/9.564 millones, 13,7% más que un año antes. El componente vinculado a las importaciones aumentó 19,8%, mientras que el IGV interno creció 9,2%.

El Impuesto a la Renta, por su parte, alcanzó S/6.980 millones y aumentó 11,4%. Dentro de este resultado destacó el incremento de los pagos a cuenta de las rentas empresariales de tercera categoría del Régimen General y del Régimen Mype Tributario, que crecieron 43,5%.

La comparación, no obstante, tiene un elemento que debe considerarse. En agosto de 2025 se registraron pagos extraordinarios por más de S/1.600 millones asociados al Impuesto a la Renta de sujetos no domiciliados y multas producto de acciones de control. Por ello, parte del crecimiento de este año se observa frente a una base de comparación que ya había sido elevada.

El escenario también estuvo favorecido por el comercio exterior. Los tributos aduaneros llegaron a S/4.873 millones en agosto, un incremento real de 18,8%. Esto muestra que una parte importante del aumento de los ingresos está vinculada con la actividad económica y no exclusivamente con nuevas medidas tributarias.

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SUNAT apunta a cerrar brechas de incumplimiento

El reto para 2027 será mantener ese ritmo cuando las condiciones económicas pueden ser diferentes. Por ello, la administración tributaria plantea concentrar sus acciones de fiscalización en actividades donde identifica mayores niveles de incumplimiento y un impacto fiscal relevante.

Entre los sectores mencionados por SUNAT están la minería, la enajenación de acciones y los contratos asociativos. La estrategia contempla utilizar la información disponible sobre las operaciones de los contribuyentes para seleccionar los casos que requieren mayor control.

La digitalización adquiere importancia precisamente por la cantidad de información que ya genera el sistema tributario. SUNAT informó que el 97% de las ventas se registra mediante comprobantes de pago electrónicos y que una proporción similar de las declaraciones tributarias se presenta de manera virtual. Además, el 98% de los nuevos inscritos al RUC utiliza el mecanismo digital de inscripción.

Esto permite que la administración tributaria tenga más elementos para contrastar lo declarado por un contribuyente con las operaciones que registra. El desafío será convertir esa información en una reducción efectiva del incumplimiento y no solamente en una mayor capacidad de procesamiento de datos.

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Una meta que debe financiar el presupuesto

Los más de S/214.000 millones proyectados por SUNAT forman parte del escenario de ingresos con el que se sostiene el Presupuesto Público 2027, cuyo monto total asciende a S/266.506 millones. El proyecto contempla S/178.142 millones de gasto corriente, S/57.143 millones de gasto de capital y S/31.221 millones destinados al servicio de la deuda.

La diferencia entre la meta tributaria y el presupuesto total también permite dimensionar su importancia: los ingresos administrados por SUNAT constituyen una de las principales fuentes para financiar el gasto público, pero alcanzar la proyección dependerá de que el crecimiento observado en 2026 pueda sostenerse y de que las acciones contra el incumplimiento logren generar ingresos adicionales.

Por ahora, el resultado de agosto muestra una base favorable. Sin embargo, los S/13.500 millones adicionales que se esperan para 2027 no están garantizados por el crecimiento registrado este año: deberán sostenerse la actividad económica, los ingresos empresariales y el consumo, además de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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La fecha y las condiciones están contenidas en el Reglamento Operativo de Traslados, aprobado por la ONP. La norma desarrolla las reglas previstas en la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

¿Qué pasará con los aportes si una persona cambia de ONP a AFP?

Para quienes se encuentren en la ONP y decidan pasar al sistema privado, el reglamento establece que sus aportes realizados en el SNP serán reconocidos mediante Unidades de Aporte (UdA). La ONP deberá evaluar los aportes efectivos y emitir un Reporte Situacional del SNP (RESIT-SNP), que será remitido a la AFP correspondiente.

Además, los afiliados que pasen del SNP al SPP podrán solicitar un Bono de Reconocimiento (BdR) por los aportes realizados en la ONP, siempre que cumplan las condiciones establecidas en las normas que regulan este beneficio. La regulación también contempla una alternativa para determinados afiliados que cumplan los requisitos para acceder a una pensión garantizada.

Esto significa que los años de aportes realizados en la ONP no desaparecen simplemente por el cambio de régimen. Sin embargo, el reconocimiento no equivale a que todo ese dinero sea depositado de inmediato en una cuenta individual de AFP: el mecanismo previsto es el reconocimiento de las aportaciones y, cuando corresponda, el Bono de Reconocimiento.

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¿Y qué ocurre con el dinero de la AFP si el afiliado pasa a la ONP?

En el sentido contrario, el mecanismo es diferente. Si una persona afiliada a una AFP solicita su traslado al Sistema Nacional de Pensiones, la administradora deberá transferir el 100% del saldo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) correspondiente a los aportes obligatorios al Fondo Consolidado de Reservas (FCR) administrado por la ONP.

El reglamento también establece que la AFP debe entregar información sobre el historial de aportaciones, los aportes en cobranza, el saldo de la CIC y otros datos necesarios para que la ONP determine las Unidades de Aporte que serán reconocidas al afiliado.

Los aportes voluntarios con finalidad previsional tienen un tratamiento distinto. El reglamento señala que ese saldo no se transfiere inmediatamente al FCR, sino que permanece bajo las condiciones establecidas para su transferencia al momento de la jubilación.

Por ello, el cambio de régimen no debe entenderse como un retiro del dinero acumulado en una AFP ni como un depósito equivalente en una cuenta personal dentro de la ONP. Cada sistema reconoce los aportes bajo mecanismos diferentes.

¿Cada cuánto se podrá cambiar entre ONP y AFP?

El primer traslado podrá solicitarse en cualquier momento a partir del 1 de junio de 2027. Después de ese primer cambio, si el afiliado desea volver a trasladarse entre sistemas, deberá permanecer al menos 24 meses en el régimen al que se haya cambiado.

La regulación busca evitar que el afiliado pueda alternar entre la ONP y las AFP de manera continua en periodos muy cortos. La permanencia mínima será aplicable a los traslados posteriores, de acuerdo con las condiciones establecidas por el reglamento operativo.

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¿Quiénes no podrán cambiar de sistema?

La posibilidad de traslado no se aplicará a todas las personas. Los pensionistas de jubilación e invalidez, tanto de la ONP como del sistema privado, no podrán trasladarse entre regímenes.

La restricción responde a que se trata de personas que ya reciben una prestación previsional. Por ello, el nuevo mecanismo está dirigido principalmente a afiliados que todavía se encuentran en etapa de acumulación de aportes.

El trámite será mediante una plataforma digital

Las solicitudes se canalizarán mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), que concentrará la información necesaria para realizar el traslado entre ambos regímenes.

La plataforma permitirá consultar información vinculada con la situación previsional del afiliado y será utilizada para procesar los cambios entre el SNP y el SPP. El objetivo es que la decisión se tome con información sobre las condiciones y beneficios de cada sistema antes de concretar el traslado.

El proceso de asesoría, recepción y atención de solicitudes comenzará el 1 de junio de 2027. La SBS, además, emitirá normas complementarias para la implementación del mecanismo junto con la ONP.

Así, la principal novedad para los afiliados no es solo que podrán cambiar de sistema previsional, sino que la reforma establece cómo se reconocerán los aportes acumulados en cada régimen. Para quienes evalúen trasladarse, conocer ese tratamiento será clave para comparar las consecuencias de pasar de la ONP a una AFP o de una AFP a la ONP.