Según Mandü, las inconsistencias en la información de planilla, la omisión de conceptos remunerativos y los cálculos manuales incrementan el riesgo de reclamos, sanciones e intereses legales.

La compañía señala que un cálculo incorrecto puede derivar en multas superiores a S/110 mil, dependiendo del tamaño de la organización y del número de trabajadores afectados. Asimismo, advierte que la gestión de información incompleta o desactualizada representa uno de los principales factores de riesgo.

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Gratificación 2026: errores de cálculo elevan el riesgo de sanciones

De acuerdo con Mandü, el principal desafío para las empresas no radica únicamente en cumplir con el pago dentro del plazo establecido, sino en garantizar la precisión de los cálculos.

Entre las situaciones que generan más problemas figuran los datos de ingreso desactualizados, la omisión de conceptos remunerativos, fallas en el cálculo de la bonificación extraordinaria y los procesos manuales.

“Para las empresas, el reto no está únicamente en cumplir con el pago de la gratificación dentro del plazo, sino en garantizar que el cálculo sea preciso. Un error, por pequeño que parezca, puede traducirse en observaciones, reclamos laborales, sobrecarga operativa e incluso sanciones económicas”, explicó Gianmarco Ynaba, Country Manager de Mandü en Perú.

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Remuneración computable y bonificación extraordinaria: aspectos clave para el pago

Los especialistas indican que el cálculo de la gratificación no considera únicamente el sueldo básico. Dependiendo de cada situación laboral, también pueden formar parte de la remuneración computable conceptos como la asignación familiar, las comisiones, las horas extras habituales y determinados bonos permanentes que tengan carácter remunerativo.

Asimismo, recuerdan que corresponde otorgar una bonificación extraordinaria adicional equivalente al 9% para los trabajadores afiliados a EsSalud y al 6,75% para quienes cuentan con una Entidad Prestadora de Salud (EPS)

En el caso de colaboradores que no laboraron el semestre completo, el beneficio debe calcularse de forma proporcional y considerar únicamente los meses completos trabajados.

Pago hasta el 15 de julio: empresas deben revisar planillas con anticipación

Mandü recuerda que la gratificación debe abonarse como máximo hasta el 15 de julio. El incumplimiento de esta obligación genera intereses legales y puede dar lugar a denuncias ante la autoridad laboral, además de multas de hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Frente a este escenario, los expertos recomiendan iniciar la revisión de la planilla con suficiente anticipación. Entre las medidas sugeridas figuran verificar que la información de cada trabajador esté actualizada, confirmar los conceptos que integran la remuneración computable, validar la cobertura de salud y usar plataformas que permitan automatizar los cálculos para reducir fallas.

Según Ynaba, cuando la información está centralizada y los procesos se automatizan, las áreas de recursos humanos pueden reducir el tiempo destinado a corregir inconsistencias y enfocarse en tareas de mayor valor estratégico para la organización.

El resultado supera lo adjudicado durante todo el año 2025, cuando se registraron aproximadamente S/5.100 millones, y multiplica por más de cuatro el monto alcanzado en el primer semestre del año pasado.El avance también superó la meta prevista para 2026, fijada inicialmente en S/3.888 millones.

En este periodo participaron 204 entidades públicas y 273 empresas privadas, mientras que los sectores Transporte, Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, y Orden Público y Seguridad concentraron cerca del 80% del monto total adjudicado.

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ProInversión: junio registra S/1.075 millones en Obras por Impuestos, 7,8 veces más que en 2025

El dinamismo del mecanismo se reflejó especialmente durante junio de 2026. Solo en lo que va del mes se adjudicaron 72 intervenciones por S/1.075 millones, cifra equivalente a cerca de 7,8 veces el monto registrado en junio de 2025, cuando se adjudicaron S/138 millones.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que este resultado representa más que una cifra récord.

Resaltó que es una señal concreta de que el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos para llevar obras, servicios y soluciones a más peruanos, a fin de mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

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109 entidades públicas se suman por primera vez al mecanismo en 2026

Según ProInversión, entre enero y el 23 de junio de 2026 participaron 204 entidades públicas y 273 empresas privadas en el mecanismo de Obras por Impuestos.

Del total de entidades participantes, 109 utilizaron esta herramienta por primera vez, lo que representa el 52% del total.

Asimismo, 155 nuevas empresas se incorporaron al mecanismo y comprometieron inversiones por S/1.695 millones. Del Carpio explicó que este crecimiento responde al trabajo conjunto entre ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas y empresas privadas, así como a las mejoras incorporadas en la Ley N.° 29230, Ley de Obras por Impuestos, y su reglamento.

Estos son los sectores que captaron más de S/5.000 millones en inversiones

Los gobiernos regionales encabezaron la participación por monto adjudicado, concentrando el 55% del total registrado por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Por su parte, los gobiernos locales destacaron por el número de intervenciones adjudicadas, con 246 de las 332 inversiones registradas, equivalentes al 75% del total.

Por sectores, Transporte lideró las adjudicaciones con S/1.509 millones, seguido por Educación con S/1.242 millones. También destacaron Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con S/1.052 millones, y Orden Público y Seguridad con S/409 millones.

La directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, afirmó que el mecanismo permite convertir recursos privados y prioridades públicas en resultados concretos para la ciudadanía, al acercar infraestructura y servicios de calidad a distintas regiones del país.

Desde la creación de Obras por Impuestos en 2009 hasta el 23 de junio de 2026, se han adjudicado 1.406 intervenciones por un monto total de S/22.384 millones, con beneficio para más de 29 millones de peruanos.

ProInversión indicó que continuará brindando asistencia técnica y acompañamiento a entidades públicas y empresas privadas para impulsar proyectos descentralizados y de alto impacto social.

El listado, actualizado al 31 de mayo de 2026, incluye empresas ubicadas principalmente en Lima (73 casos), además de La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Chimbote, Ayacucho, Ica, Juliaca, Piura y Tacna. En conjunto, estas organizaciones habrían emitido más de 478.000 facturas, junto con notas de crédito y débito, lo que generó un movimiento documentario que no necesariamente responde a operaciones reales.

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El punto más crítico está en el impacto tributario, pues la entidad estima que el crédito fiscal no reconocido supera los S/1.025 millones. Es decir, se trata de comprobantes que no tendrán validez para sustentar IGV o gasto deducible, lo que abre una cadena de revisiones para las empresas que los utilizaron.

El problema no se limita a las empresas emisoras. Más de 60.000 clientes aparecen vinculados a estas operaciones, lo que convierte el caso en uno de los procesos de fiscalización más amplios de los últimos años. Muchos de estos contribuyentes habrían usado estos comprobantes para reducir impuestos o sustentar costos, sin verificar necesariamente si sus proveedores tenían la capacidad real para operar.

Facturas bajo revisión: ¿qué pueden perder las empresas que las usaron?

Cuando la Sunat declara a una empresa como SSCO, no solo se bloquea su operación hacia adelante. También puede revisar comprobantes emitidos desde el 20 de marzo de 2022, por lo que facturas ya usadas pueden ser observadas o no reconocidas.

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El principal riesgo para los contribuyentes es la pérdida del crédito fiscal del IGV o la deducción del gasto en el Impuesto a la Renta. Eso puede generar pagos adicionales de impuestos, intereses y posibles sanciones si se determina que no hubo sustento real en la operación.

Sin embargo, el proceso no es automático. Los contribuyentes tienen 30 días hábiles para pedir la revisión de los comprobantes. En ese plazo pueden presentar documentos como contratos, pagos, guías de remisión o cualquier evidencia que demuestre que la operación sí se realizó. Si no hay sustento suficiente, la factura pierde validez tributaria.

En la práctica, muchas de estas observaciones aparecen porque las empresas no siempre verifican a fondo a sus proveedores, sobre todo en sectores como servicios y comercio, donde se trabaja con muchos terceros y los controles internos no siempre son estrictos.

De acuerdo con un comunicado difundido por la empresa, sujetos aún no identificados lanzaron una mochila con explosivos por encima del muro perimetral de las oficinas administrativas. La detonación se produjo dentro del recinto y afectó a dos trabajadores de una empresa contratista que realizaban labores en el lugar.

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Los trabajadores sufrieron lesiones auditivas producto de la explosión y fueron atendidos de inmediato por personal de emergencia. Posteriormente, ambos fueron evacuados a la ciudad de Trujillo para recibir atención médica especializada.

La empresa indicó que la detonación también ocasionó daños de consideración en distintas áreas administrativas de la operación minera. Tras el atentado, se activaron los protocolos de contingencia y se reforzaron las medidas de seguridad en la zona.

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Poderosa exige medidas frente a la escalada de violencia

A través de su pronunciamiento, Poderosa condenó enérgicamente el ataque y advirtió que este tipo de hechos continúan poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores y el desarrollo de actividades formales en una de las principales zonas auríferas del país.

La minera informó, además, que viene colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y facilitar la identificación y captura de los responsables.

"Expresamos nuestra más enérgica condena frente a este nuevo acto terrorista que pone en riesgo a nuestro equipo de trabajo e infraestructura", señaló la compañía.

Asimismo, la empresa instó a las autoridades a adoptar acciones más firmes para frenar la creciente violencia asociada a la minería ilegal que afecta a Pataz y otras regiones del país.

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Pataz se mantiene como uno de los principales focos de conflicto por minería ilegal

La provincia de Pataz concentra una de las mayores producciones auríferas del Perú, pero también se ha convertido en uno de los territorios más afectados por la expansión de la minería ilegal y las actividades de bandas criminales asociadas a este negocio.

Durante los últimos años, Poderosa ha denunciado múltiples invasiones a sus concesiones, ataques contra infraestructura minera, enfrentamientos armados y la presencia de organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de mineral.

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La situación ha motivado la declaración de estados de emergencia en distintos periodos, así como la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para intentar recuperar el control de determinadas zonas de la provincia.

Pese a estas medidas, los episodios de violencia continúan afectando tanto a trabajadores como a empresas que operan formalmente en el territorio.

El atentado registrado este miércoles se suma a una serie de incidentes ocurridos en los últimos años y vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el Estado para combatir las economías ilegales que se han consolidado alrededor de la explotación aurífera en Pataz.

La operación se concretó mediante una colocación de bonos en el mercado de Nueva York. Según informó la compañía, los instrumentos financieros pagarán una tasa de interés anual de 5,35% y tendrán vencimiento en 2036.

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El anuncio representa un nuevo avance para un proyecto que durante años estuvo paralizado por conflictos sociales y cuestionamientos ambientales. En la actualidad, Tía María se encuentra en fase de construcción y es considerado uno de los proyectos cupríferos más importantes que aún no ha entrado en producción en el Perú.

La empresa indicó que el presupuesto total de la iniciativa asciende a US$1.802 millones. De ese monto, ya se han comprometido alrededor de US$948 millones.

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Proyecto busca sumar 120.000 toneladas de cobre al año desde 2027

De acuerdo con Southern Perú, Tía María tendrá capacidad para producir 120.000 toneladas de cobre refinado al año cuando entre en operación. La compañía prevé que ello ocurra durante el tercer trimestre de 2027.

La puesta en marcha del proyecto es relevante para el sector minero porque permitiría incrementar la producción nacional de cobre, metal que representa el principal producto de exportación del Perú y una de las mayores fuentes de ingresos para el país.

Southern Perú sostiene que, durante los primeros 20 años de operación, Tía María podría generar exportaciones por aproximadamente US$24.100 millones, considerando los precios actuales del cobre. Asimismo, estima una contribución cercana a US$6.200 millones entre impuestos y regalías para el Estado.

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Financiamiento llega mientras empresa impulsa nuevas inversiones mineras

El cierre de esta operación financiera ocurre en un escenario en el que las grandes compañías mineras buscan ampliar su capacidad productiva para aprovechar las perspectivas favorables del mercado del cobre.

Junto con Tía María, Southern Perú también viene impulsando el proyecto Michiquillay, ubicado en Cajamarca. Según la empresa, este yacimiento requerirá una inversión aproximada de US$2.500 millones y tendría una producción anual estimada de 225.000 toneladas de cobre, además de subproductos como molibdeno, oro y plata.

La alerta fue emitida por la Contraloría General de la República, tras revisar los presupuestos institucionales de apertura de los gobiernos regionales. El organismo detectó incumplimientos en Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

Según la Ley N.° 31812, cada gobierno regional debe destinar al menos el 1% de su presupuesto para bienes y servicios ordinarios al funcionamiento fiscalizador del Consejo Regional. Sin embargo, al 15 de junio de este año, los diez gobiernos regionales observados no cumplían con ese requisito. En conjunto, debieron asignar S/12 millones 406.295 para actividades de fiscalización, pero solo incorporaron S/6 millones 646.197. En promedio, cubrieron apenas el 53,6% de lo que establece la ley.

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Junín y Áncash muestran las mayores brechas en recursos para control

Entre los casos observados por la Contraloría, Junín presenta la situación más crítica. Su consejo regional recibió S/238.000, pese a que la normativa exige una asignación mínima de S/1 millón 390.385. En otras palabras, cuenta con apenas el 17% de los recursos que debería tener para supervisar la gestión regional.

En el caso de Áncash, se consignó S/300.000 frente a una obligación de S/1 millón 204.000. La situación se repite en otras regiones como Huánuco, que destinó S/448.000 de los S/1 millón 187.000 que le corresponden, mientras que Apurímac asignó S/201.000 frente a una obligación de S/859.659. En Ica se destinaron S/376.163 cuando correspondían S/695.450.

En La Libertad, la brecha también es millonaria: el gobierno regional puso S/1 millón 319.000 cuando la ley fija un mínimo de S/2 millones 558.000. Por su parte, Loreto fue la región más cercana al cumplimiento. Asignó S/1 millón 979.432 frente a los S/2 millones 005.879 exigidos. Aunque la diferencia es menor, también incumple el mínimo establecido por la norma.

Consejos regionales operan con menos capacidad para supervisar el gasto público

La reducción presupuestal impacta directamente en la capacidad de supervisión de los consejeros regionales. Estos órganos tienen entre sus funciones revisar contratos, obras públicas, ejecución de recursos y decisiones administrativas de los gobiernos regionales. Para ello, requieren equipos técnicos, asesoría y soporte logístico financiados con ese presupuesto.

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La entidad advirtió que, al no asignar los recursos mínimos establecidos por ley, existe el riesgo de limitar la capacidad fiscalizadora de los consejeros regionales. Esto cobra especial relevancia si se considera que los gobiernos regionales administran cada año miles de millones de soles destinados a proyectos de infraestructura, salud, educación, transporte y programas sociales.

Actualmente, los consejos regionales están integrados por entre siete y 25 representantes elegidos por voto popular, dependiendo de la población de cada jurisdicción. Su rol es actuar como contrapeso institucional dentro de los gobiernos regionales y supervisar el uso adecuado de los recursos públicos.

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Contraloría pide corregir presupuestos antes de que avance el año fiscal

Tras identificar los incumplimientos, la Contraloría comunicó los resultados de los servicios de control a los titulares de cada gobierno regional para que adopten medidas preventivas y correctivas que permitan subsanar las observaciones detectadas.

La cifra resume la magnitud del problema. En conjunto, las diez regiones observadas dejaron de asignar S/5 millones 760.098 respecto del mínimo establecido por ley. Se trata de recursos que debieron destinarse a fortalecer la función fiscalizadora de los consejos regionales y que, por decisión presupuestal de cada administración, no fueron incorporados en los montos requeridos.

El informe también vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la gestión pública regional. Los órganos encargados de supervisar el uso de los recursos públicos dependen presupuestalmente de las mismas autoridades que deben fiscalizar.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 25 de junio?

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,347
• Venta: S/3,502

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

El beneficio también alcanza a pensionistas de viudez, orfandad y ascendencia comprendidos en este grupo.

De acuerdo con la entidad, la gratificación será equivalente al monto de la pensión mensual y se abonará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben regularmente sus pagos. El desembolso se realizará siguiendo el cronograma oficial.

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ONP: requisito para acceder a la gratificación de julio

La ONP precisó que no todos los pensionistas del sistema tienen derecho a esta pensión adicional que se entrega en julio y diciembre. Según informaron, el beneficio corresponde a los asegurados del régimen general del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

En ese sentido, tendrán derecho a recibir la gratificación quienes cuenten con 20 años o más de aportes.

Este pago adicional será depositado junto con la pensión mensual, lo que generará un ingreso equivalente al doble de la prestación habitual para los beneficiarios que cumplen dicha condición.

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Cronograma de pago para pensionistas del régimen 19990

El depósito de la pensión y la gratificación se efectuará de manera automática en la misma cuenta bancaria de los pensionistas, según explicó en su momento Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP.

El cronograma oficial de pagos para los pensionistas del régimen 19990 es el siguiente:

• Apellidos paternos entre A y C: martes 7 de julio
• Apellidos paternos entre D y L: miércoles 8 de julio
• Apellidos paternos entre M y Q: jueves 9 de julio
• Apellidos paternos entre R y Z: viernes 10 de julio
• Pago a domicilio: del lunes 13 al sábado 25 de julio

Beneficios adicionales para jubilados de la ONP

La ONP recordó que los pensionistas pueden retirar sus pagos mediante cajeros automáticos o agentes autorizados del Banco de la Nación, BBVA, Interbank, GNB Perú y BanBif.

Asimismo, señaló que el dinero puede cobrarse en cualquier fecha posterior al abono para evitar aglomeraciones.

Además, Sáenz destacó que los jubilados tienen derecho a atención médica en EsSalud desde que obtienen la resolución que les reconoce la pensión. El representante también recordó la existencia de la Bonificación por Edad Avanzada, beneficio que se otorga automáticamente al cumplir 80 años y que equivale al 25% de la pensión.

“Todos nuestros pensionistas de jubilación tienen derecho a la bonificación por edad avanzada. No es necesario realizar ningún trámite, ya que el otorgamiento es automático. Este bono equivale al 25% de la pensión”, puntualizó.

Durante la conmemoración del primer aniversario del inicio de actividades del terminal portuario, el diplomático destacó el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Perú y China y aseguró que los resultados obtenidos hasta el momento han superado las expectativas proyectadas para la infraestructura portuaria.

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Megapuerto de Chancay opera por encima de las expectativas en su primer año

El embajador Song Yang afirmó que el megapuerto de Chancay ha operado “arriba de las expectativas” previstas durante su primer año de funcionamiento. No obstante, señaló que aún se requiere el respaldo de la comunidad peruana para continuar impulsando el desarrollo del proyecto.

En declaraciones a la prensa, el representante diplomático manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados y resaltó el papel estratégico del terminal. Según indicó, la infraestructura ha permitido abrir nuevas oportunidades comerciales gracias a sus tecnologías avanzadas, sus conexiones directas y su vinculación con los mercados de Asia-Pacífico.

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Chancay obtuvo cifras récord de exportación y recaudación tributaria

De acuerdo con las cifras expuestas por Song Yang, el volumen de exportaciones gestionadas a través del megapuerto de Chancay superó los US$3.500 millones durante sus primeros 12 meses de operaciones.

Asimismo, señaló que la recaudación por ingresos tributarios para el Estado peruano sobrepasó los S/1.000 millones.

Estos resultados fueron presentados por el diplomático como una muestra del desempeño alcanzado por el terminal portuario desde su inauguración.

China destaca impacto económico del megapuerto de Chancay y generación de empleo local

El embajador chino sostuvo que el megapuerto está generando un impacto positivo en la economía de su zona de influencia, ubicada en el norte chico del país. Según explicó, el proyecto estaría contribuyendo a dinamizar la actividad económica local.

En materia de empleo, destacó que actualmente más del 50% de los trabajadores vinculados al proyecto provienen de la ciudad de Chancay. Además, reiteró el respaldo de China a la iniciativa al señalar que están satisfechos con este éxito del puerto de Chancay. “Felicito al puerto de Chancay. (Me) gustaría también confirmar nuestro apoyo y nuestra posición firme de compartir un futuro [...] con el pueblo hermano del Perú”, precisó.

El proyecto señala que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrían disponer de parte de sus fondos para aliviar la economía familiar, pagar deudas, impulsar pequeños negocios y enfrentar el impacto de la recesión. Además, propone desembolsos más acelerado que en iniciativas anteriores.

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Retiro AFP de 4 UIT: proyecto plantea liberar hasta S/21.400 a afiliados

La propuesta fue presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, integrante de Somos Perú. El legislador ya había participado en iniciativas previas relacionadas con retiros de AFP, incluidas propuestas que formaron parte del dictamen del octavo retiro.

El proyecto de ley propone que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT, lo que equivale aproximadamente a S/21.400, según el cálculo referencial del documento. Este retiro sería totalmente voluntario, por lo que cada afiliado decidiría si accede o no a su dinero.

La iniciativa busca responder a lo que denomina una crisis económica prolongada en el país, marcada por la recesión, la inestabilidad política, la delincuencia, la inflación y los impactos de fenómenos climáticos. Según el texto, la liberación de fondos permitiría a las familias cubrir gastos urgentes, pagar obligaciones financieras y reactivar el consumo interno.

El proyecto señala: "Tiene como finalidad mitigar y aliviar los efectos de la crisis económica familiar, por causas de la recesión económica producidas por la convulsión social, inestabilidad política y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global". Además, Pazo Nunura no lo presenta como urgente, pero el texto sugiere esa condición por el contexto económico y climático.

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Así funcionaría el cronograma de pagos del proyecto del retiro AFP

Una de las principales diferencias de esta propuesta frente a retiros anteriores es el cronograma acelerado de pago. El retiro de las 4 UIT se realizaría en dos partes: primero se entregaría hasta 2 UIT a los 30 días de presentada la solicitud, y el segundo desembolso se realizaría 30 días después del primero, con lo que se completaría el monto total en aproximadamente 60 días.

El proyecto establece que los afiliados tendrían un plazo de 90 días calendario para presentar su solicitud luego de la publicación del reglamento. El pedido podría hacerse de manera virtual, remota o presencial, y el afiliado incluso podría desistir antes de que se realice el desembolso. Además, el retiro sería por única vez.

Solo deudas por alimentos permitirían retener hasta el 30% del dinero

El proyecto señala que los fondos retirados tendrían carácter intangible, lo que significa que no podrían ser embargados, retenidos ni descontados por vía judicial o administrativa. La única excepción contemplada es por deudas de alimentos, caso en el que se permitiría retener hasta el 30% del monto retirado.

En cuanto a su impacto económico, el documento afirma que los retiros anteriores ayudaron a dinamizar el consumo, pagar deudas y sostener a pequeñas empresas durante crisis pasadas. Sin embargo, también reconoce críticas que advierten que este tipo de medidas reduce el ahorro previsional futuro y afecta las pensiones, aunque se argumenta que el beneficio inmediato para las familias sería mayor en el corto plazo.

Retiro AFP 2026: estos son los 9 proyectos de ley que buscan liberar hasta S/22.000

• Primer proyecto: plantea el noveno retiro de AFP con un acceso de hasta 4 UIT (S/22.000). Además, propone la devolución total de los fondos a los herederos de afiliados fallecidos. La iniciativa fue presentada por Américo Gonza Castillo, integrante de Perú Libre, el 12 de febrero.
• Segundo proyecto: propone un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. Fue impulsado por Darwin Espinoza Vargas, miembro de Podemos Perú, el 18 de febrero.
• Tercer proyecto: busca autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) para afiliados al sistema privado de pensiones. La propuesta fue presentada por Alfredo Pariona Sinche, de Bancada Socialista, el 23 de febrero.
• Cuarto proyecto: contempla un retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/22.000). La iniciativa corresponde a Miguel Ángel Ciccia Vásquez, integrante de Renovación Popular, y fue presentada el 20 de marzo.
• Quinto proyecto: propone permitir el acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. El proyecto fue presentado por Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, el 7 de abril.
• Sexto proyecto: plantea un retiro de hasta 4 UIT (S/22.000), pero distribuido en tres partes. Fue impulsado por Guido Bellido Ugarte, de Podemos Perú, el 30 de abril.
• Séptimo proyecto: propone el acceso de hasta 4 UIT mediante tres desembolsos. La iniciativa fue presentada por Paul Silvio Gutiérrez Ticona, de Somos Perú, el 6 de mayo.
• Octavo proyecto: también busca liberar hasta 4 UIT en tres partes. La propuesta corresponde a Margot Palacios Huamán y fue presentada el 7 de mayo.
• Noveno proyecto: plantea el retiro de hasta 4 UIT en dos partes, con un cronograma más rápido de entrega. La iniciativa fue presentada por José Bernardo Pazo, integrante de Somos Perú, el 21 de mayo.

La información fue confirmada por el titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas, durante declaraciones brindadas a Exitosa. El ministro aclaró que el Gobierno no tiene previsto llevar la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) y explicó que actualmente la discusión gira en torno a cómo se aplicará el pago y cuál será el monto que recibirán los trabajadores CAS en julio.

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CAS 2026: “Habrá gratificación, pero se evalúa el monto”, señala Rodolfo Acuña

El ministro Acuña explicó que sí habrá pago de gratificación para los CAS, aunque todavía se analiza cuánto dinero podrán entregar las entidades públicas. Según indicó, la aplicación de la ley tendría un mecanismo de gradualidad debido a las limitaciones presupuestales de algunas instituciones del Estado.

“Ha habido una confusión. Yo señalé que se podría evaluar, después del proceso electoral. Eso no le corresponde, sino al Consejo de Ministros, quien lleva las normas al Tribunal Constitucional, y si considera o no un escenario de una observación”, aclaró.

Además, señaló que la principal discusión actualmente no es si habrá gratificación, sino el monto que finalmente se pagará. La ley aprobada establece que el beneficio debería equivaler a la remuneración que perciben los trabajadores CAS y no a un aguinaldo fijo de S/300 como ocurre en otros regímenes del sector público.

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Pago de gratificación CAS: MEF plantea aplicación gradual del beneficio

El titular del MEF detalló que algunas entidades públicas ya cuentan con recursos para asumir el pago completo de la gratificación, pero reconoció que no todas tienen la misma capacidad presupuestal. Por ello, el Ejecutivo evalúa aplicar la norma de manera progresiva para evitar impactos en el equilibrio fiscal.

Según Acuña, el pago inicial podría ser menor al monto que establece la ley y posteriormente incrementarse de forma gradual. Esta propuesta sería presentada mediante normas que el Ejecutivo enviará al Congreso para definir el mecanismo de implementación del beneficio.

“Los mecanismos de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso, para suavizar o implementar gradualmente las normas. Porque existen algunas entidades que pueden decir que tienen el espacio para atender (el pago de gratificación), pero no son todas”.

Además, el MEF reafirmó mediante un comunicado que no presentará demandas de inconstitucionalidad contra las normas aprobadas por el Congreso vinculadas a mejoras remunerativas y beneficios laborales para los trabajadores estatales.

“En ese sentido, el MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, señaló la entidad.

Trabajadores CAS: ¿en qué fecha se pagaría la gratificación?

El pago de la gratificación para trabajadores CAS se realizaría en julio, siguiendo el cronograma habitual. De acuerdo con lo señalado en la norma y las precisiones brindadas, las entidades estatales tendrían como fecha límite la mitad del mes para efectuar el depósito correspondiente.

Esto significa que podrían recibir el beneficio hasta el 15 de julio. La implementación de esta medida representa un cambio importante para este régimen laboral, ya que anteriormente estos servidores no contaban ni con gratificaciones ni con CTS.

Con la entrada en vigencia de la norma, el Estado reconoce estos beneficios laborales para los CAS en condiciones similares a otros regímenes públicos. Sin embargo, el monto definitivo del primer pago todavía dependerá de las disposiciones que apruebe el Ejecutivo respecto a la gradualidad planteada por el MEF.

De acuerdo con la DGAC, el tráfico internacional total, que suma pasajeros embarcados y desembarcados y que en su gran mayoría transita por el Jorge Chávez, pasó de 1.026.141 personas en enero de 2025 a 1.124.140 en enero de 2026. Ese ritmo de expansión se fue reduciendo progresivamente hasta llegar a abril, mes en el que el Perú recibió 959.123 pasajeros frente a los 963.934 registrados en el mismo mes de 2025.

Aeropuerto Jorge Chávez: desaceleración y cambios en el hub regional

Una de las explicaciones que se ha planteado para esta desaceleración es la TUUA de transferencia internacional, una tarifa cuyo cobro arrancó el 7 de diciembre pasado y que se aplica a los pasajeros que hacen escala o conexión en el Jorge Chávez con destino u origen internacional.

Quienes cuestionan la tarifa sostienen que esta habría encarecido relativamente el uso de Lima como punto de tránsito frente a otros hubs de la región, lo que coincidiría en el tiempo con la pérdida de rutas de conexión hacia el aeropuerto. El MTC y LAP, por su parte, han puesto el énfasis en otros indicadores —como el récord histórico de pasajeros internacionales del primer trimestre de 2026— para sostener que el aeropuerto mantiene su posición como centro de conexiones regional.

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Cabe recordar que el pasado 2 de junio el MTC y LAP firmaron la Adenda N°9 al contrato de concesión del aeropuerto, que eliminó la TUUA de transferencia nacional a cambio de una compensación económica a favor de LAP. La tarifa internacional no fue modificada en esa adenda y se mantendrá vigente hasta el final de la concesión, en 2041, conforme a los términos ya establecidos en el contrato original.

Si bien la coincidencia entre la entrada en vigor de esta tarifa y la desaceleración mes a mes del tráfico internacional ha sido señalada como un posible factor explicativo, no es necesariamente la única variable en juego: el desvío de rutas hacia otros hubs regionales también responde a decisiones comerciales de las aerolíneas y a la expansión de la oferta de vuelos directos en mercados como Chile, Ecuador y Argentina, que vienen ampliando su conectividad.

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Chile, Ecuador y Argentina ganan las rutas que pierde Lima

En junio se anunció que la ruta Quito-Santiago volverá a operar desde octubre de 2026 y lo hará sin escala en Lima. Con ello, ya son más de diez las nuevas rutas en Latinoamérica que dejan de usar al Aeropuerto Jorge Chávez como punto de conexión. Entre ellas figuran Bogotá-Orlando, São Paulo-Punta Cana y Santiago-Cartagena.

La tendencia también se ve en otros mercados. Esta semana, la aerolínea Arajet inauguró la ruta directa Rosario-Punta Cana, conectando Argentina con el Caribe sin pasar por Lima. Al mismo tiempo, varias rutas internacionales desde y hacia el Perú fueron canceladas, entre ellas Lima-La Habana, Lima-Orlando, Lima-Curazao, Lima-Florianópolis, Lima-Tucumán, Lima-Cancún, Lima-Guatemala y Lima-Belo Horizonte.

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En la práctica, esto significa que Lima está perdiendo espacio como hub regional. Rutas y pasajeros que antes hacían conexión en el Jorge Chávez ahora están siendo captados por otros aeropuertos de la región, especialmente en Chile, Ecuador y Argentina.

A nivel regional, gremios del sector turismo y aviación han advertido que el encarecimiento de los costos asociados a las conexiones puede restar competitividad a los hubs sudamericanos frente a otros centros de distribución aérea. En ese debate, Lima ha empezado a perder terreno frente a ciudades como Bogotá, Panamá y Santiago, que han fortalecido su posición como puntos de conexión al captar nuevas rutas y redirigir parte del tráfico que antes pasaba por el Jorge Chávez.

En paralelo, el mercado aéreo en la región viene cambiando con mayor peso de los vuelos directos y la expansión de aerolíneas low cost, lo que reduce la dependencia de los pasajeros en tránsito. Este giro está reconfigurando el mapa de conexiones en Sudamérica y obliga a los aeropuertos a competir no solo por volumen de pasajeros, sino por la capacidad de retener escalas internacionales dentro de sus redes de rutas.

La norma establece que las viviendas en edificios multifamiliares, conjuntos residenciales o quintas con área techada igual o mayor de 40 m² podrán tener un valor de hasta S/136,100. En el caso de viviendas unifamiliares con área techada igual o mayor de 35 m², el valor máximo será de S/109,100.

Según explicó el Ministerio de Vivienda, el ajuste responde al incremento sostenido de los costos de construcción en los últimos años. El alza de materiales, terrenos urbanos y gastos de obra había empezado a dejar fuera del programa varios proyectos de vivienda social que ya no lograban encajar dentro de los límites anteriores.

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Eso generaba un problema para el mercado: proyectos frenados, rediseñados o descartados, pese a estar dirigidos a familias de ingresos bajos y medios.

“Estamos fortaleciendo la oferta de vivienda social para que más familias puedan acceder a una vivienda formal y de calidad. Esta medida permitirá mantener el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y cerrar la brecha de vivienda que existe en el país”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes.

Más proyectos dentro de Techo Propio y mayor oferta para las familias

Con el nuevo tope de S/136,100, más proyectos inmobiliarios podrán ingresar a Techo Propio sin quedar fuera por pequeñas diferencias de precio. Esto permitirá destrabar iniciativas que ya estaban en evaluación o en etapa de diseño, especialmente en ciudades donde el costo del suelo hace más difícil desarrollar vivienda social.

El ajuste también busca dar mayor viabilidad económica a los proyectos y brindar más seguridad a las empresas constructoras y entidades financieras vinculadas al sector.

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En la práctica, la medida apunta a mantener activa la oferta de departamentos dentro del programa, sobre todo en proyectos multifamiliares, que se han convertido en la principal alternativa de vivienda social en zonas urbanas.

Para las familias, el cambio no implica un aumento del bono estatal, pero sí una mayor cantidad de viviendas disponibles dentro del programa. Al ampliarse el rango permitido, más proyectos podrán calificar y mantenerse activos.

El Ministerio de Vivienda indicó, además, que la norma incluye disposiciones complementarias para asegurar la continuidad de proyectos inmobiliarios que ya se encuentran en evaluación o ejecución, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y seguridad jurídica para las empresas y familias involucradas.

La cartera también señaló que la actualización permitirá impulsar nuevas inversiones, dinamizar el sector construcción y generar más empleos, en un contexto donde la demanda de vivienda formal continúa creciendo en distintas ciudades del país.

La novedad marca un hito dentro del ecosistema de la app, ya que es la primera vez que los usuarios en Perú pueden enviar dinero a la versión boliviana de la plataforma, con lo que se consolida la interoperabilidad entre ambas operaciones.

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Según la compañía, Yape Bolivia ya cuenta con más de 4 millones de usuarios y se ha convertido en una de las principales billeteras digitales del país altiplánico. Esta expansión responde al crecimiento del flujo de remesas entre Perú y Bolivia, un mercado con alta demanda de transferencias digitales.

El CEO de Yape, Raimundo Morales, señaló que esta funcionalidad busca conectar a más personas en la región mediante soluciones simples y seguras, apoyándose en la presencia de la app en ambos países. Además, destacó que ya se han enviado más de S/75 millones desde Perú hacia distintos destinos a través del servicio de remesas.

La empresa proyecta que esta nueva ruta permitirá alcanzar alrededor de 4.000 remesas mensuales durante el primer año de operación.

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Cómo enviar dinero desde Yape Perú a Yape Bolivia

El proceso para realizar el envío es completamente digital y se ejecuta desde la misma aplicación:

1. Ingresar al menú principal de Yape
2. Seleccionar la opción Remesas
3. Elegir 'Quiero Yapear'
4. Seleccionar Bolivia como país de destino
5. Escoger 'Billetera Digital'
6. Ingresar el monto a enviar
7. Seleccionar Yape Bolivia como billetera receptora
8. Completar los datos solicitados
9. Validar la operación y confirmar el envío

El dinero llega a la cuenta del usuario receptor en Bolivia una vez completado el proceso.

Límites y condiciones del servicio

La nueva funcionalidad está disponible para usuarios de Yape en Perú con cuenta BCP o Yape con DNI. En el caso de los receptores, deben contar con una cuenta activa de Yape Bolivia.

Los envíos tienen un límite de hasta S/3.000 por operación, con un máximo diario de S/3.500 y un tope mensual de S/12.000.

Con esta innovación, Yape continúa fortaleciendo su ecosistema de servicios financieros digitales, que ya incluye transferencias, pagos, microcréditos, cambio de divisas, recargas y comercio electrónico, entre otras funciones.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este miércoles, 24 de junio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

El anuncio fue realizado por el titular del sector, Rodolfo Acuña, quien manifestó que el Gobierno coordina con distintos ministerios para identificar las necesidades que deberán ser atendidas.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, sostuvo que los recursos permitirán atender eventuales emergencias asociadas al fenómeno.

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Fondos contingentes para enfrentar el Fenómeno El Niño

El ministro Acuña aseguró que el país cuenta con más de US$2.000 millones en fondos contingentes destinados a atender situaciones de desastre asociadas al Fenómeno El Niño.

Estos recursos forman parte de la estrategia del Gobierno para financiar acciones de prevención y respuesta ante posibles emergencias climáticas.

Asimismo, precisó que el Ejecutivo coordina con los distintos sectores para identificar las necesidades que se deberán atender dentro de los programas previstos para enfrentar este tipo de eventos. En ese marco, añadió que los fondos disponibles permitirán cubrir las demandas que se presenten durante la ejecución de las medidas de prevención y mitigación.

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Sectores económicos y zonas críticas bajo evaluación

El titular del MEF advirtió que entre las actividades económicas que podrían verse más afectadas por el Fenómeno El Niño figuran la pesca, la industria y la agricultura.

Por ello, el Gobierno trabaja en la identificación de las zonas y puntos críticos que requerirán atención prioritaria dentro de las acciones previstas.

Acuña explicó que una parte importante de los efectos del fenómeno climático se registraría entre noviembre y el próximo año, por lo que consideró necesario acelerar las labores de planificación y ejecución de medidas preventivas.

Propuesta para la continuidad de acciones en el próximo gobierno

Asimismo, adelantó que el Gobierno dejará una propuesta de desarrollo y atención frente al Fenómeno El Niño para que sea continuada por la próxima administración gubernamental.

El ministro remarcó que existe un tiempo muy corto para dejar encaminadas las tareas que se ejecutarán en función de la ubicación y los puntos críticos que deben ser atendidos, con el objetivo de dejar una propuesta de desarrollo lista para que la próxima administración la continúe.

Además, resaltó que iniciar estas acciones de manera anticipada es fundamental para reducir los impactos económicos y sociales que podría generar el fenómeno climático en distintas regiones del país, incluso antes de la transición de mando.

La medida se aplicó luego de que ciudadanos reportaran servicios registrados a su nombre que no reconocían haber contratado.

Según Osiptel, desde el 12 de diciembre de 2025 el aplicativo no solo permite consultar cuántas líneas móviles están registradas a nombre de una persona, sino también reportar aquellas que desconoce, mediante un proceso de validación de identidad con la plataforma ID Perú del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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‘Checa tus líneas’: paso a paso para ver cuántos números están a tu nombre

Para saber cuántas líneas móviles tienes a tu nombre, ingresa a la plataforma ‘Checa tus líneas’ (https://checatuslineas.osiptel.gob.pe), selecciona tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería o pasaporte), digita tu número de identificación y completa la verificación de seguridad que solicita el sistema.

Luego haz clic en ‘Consultar’ y automáticamente podrás ver el total de líneas registradas a tu nombre, junto con el operador de cada una (Claro, Movistar, Entel, Bitel, entre otros), el tipo de servicio y una parte del número por seguridad.

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Reporte de líneas no reconocidas mediante verificación facial

Cuando un usuario identifica una o más líneas móviles que no reconoce, puede utilizar la opción 'No reconozco una o más líneas' disponible en la plataforma.

Para continuar con el procedimiento, debe validar su identidad mediante la plataforma ID Perú del Reniec.

Durante este proceso, el sistema genera un código QR que debe ser escaneado desde un teléfono celular para realizar la verificación facial. Una vez completada la autenticación, el usuario puede visualizar nuevamente las líneas registradas a su nombre y seleccionar aquellas que desconoce para presentar el reporte correspondiente.

Osiptel: así funciona el proceso para dar de baja líneas móviles no reconocidas

Después de que el usuario envía la solicitud sobre líneas no reconocidas, el sistema se integra con el aplicativo ‘Checa tu caso’ y genera automáticamente un expediente dirigido a la empresa operadora involucrada.

A partir de ahí, la operadora tiene la obligación de investigar el caso y responder en un plazo máximo de tres días hábiles, informando si la línea fue contratada válidamente o si corresponde su anulación.

Si la empresa no puede sustentar la contratación (por ejemplo, falta de consentimiento del titular), la línea debe ser dada de baja inmediatamente y se procede al cierre del caso.

En caso de que el usuario no esté conforme con la respuesta de la operadora, puede escalar el reclamo ante Osiptel, que revisa el expediente y puede ordenar medidas correctivas adicionales.

También es importante que el usuario conserve el número de expediente generado en el sistema, ya que sirve para hacer seguimiento del caso en línea.

La propuesta fue expuesta durante el Perú Markets & Investments Summit 2026, organizado por El Dorado, donde representantes de AFP Habitat y AFP Integra coincidieron en la necesidad de desarrollar mecanismos que hagan más atractivo el ahorro para la jubilación.

El debate surge luego de que, en setiembre de 2025, la reglamentación de la Ley 32123 de reforma de pensiones estableciera inicialmente la obligación de que aportaran al sistema previsional. Sin embargo, tras el rechazo ciudadano, el Congreso eliminó dicha medida, manteniéndose actualmente la afiliación y contribución voluntaria para este segmento de trabajadores.

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AFP plantean incentivos en lugar de aportes obligatorios

El CEO de AFP Habitat, Mariano Álvarez, sostuvo que históricamente se ha buscado incorporar a los trabajadores independientes mediante la obligatoriedad, pero consideró que es necesario desarrollar alternativas más atractivas para este grupo.

Durante su participación en el evento, señaló que se deben crear mecanismos que permitan mostrar de manera más clara los beneficios que representa ahorrar para la jubilación.

Por su parte, el CEO de AFP Integra, Aldo Ferrini, afirmó que las personas suelen priorizar sus necesidades inmediatas antes que el ahorro de largo plazo, especialmente durante la juventud.

Precisó que el Estado debería implementar beneficios concretos para incentivar la participación previsional. Según explicó, estos incentivos podrían aplicarse inicialmente de manera focalizada para evaluar su efectividad antes de extenderlos a una mayor población.

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Subsidios al ahorro previsional como alternativa para ampliar cobertura

La especialista en temas previsionales de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal, señaló que existen experiencias que evidencian que los trabajadores independientes sí están dispuestos a ahorrar para su jubilación cuando reciben información adecuada y beneficios concretos. Por ello, consideró que el próximo Gobierno debería impulsar “micro reformas” orientadas a incentivar la afiliación al sistema.

Bernal recordó estudios realizados con personas que trabajan por cuenta propia en distintos sectores en los que se aplicó el mecanismo denominado 'matching contribution', mediante el cual el Estado complementa una parte del aporte realizado por el afiliado.

Según explicó, cuando se brindó información sencilla sobre el funcionamiento del sistema y se incorporó este subsidio, 20 de cada 100 trabajadores contactados decidieron afiliarse. La especialista sostuvo que estos pilotos permiten identificar qué incentivos generan mejores resultados antes de implementar medidas permanentes.

Microaportes y billeteras digitales para trabajadores independientes

El exsuperintendente adjunto de AFP de la SBS, Elio Sánchez, indicó que ampliar la cobertura previsional requiere diseñar incentivos acordes con la realidad económica de quienes frecuentemente laboran en microempresas, tienen ingresos variables o perciben remuneraciones inferiores a las de los afiliados tradicionales.

Como alternativa, propuso desarrollar esquemas de “microaportes” que permitan realizar contribuciones de bajo monto de manera frecuente. Sánchez detalló que una persona con ingresos promedio de S/700 podría rechazar un aporte equivalente al 10% de sus ingresos, pero tendría una percepción distinta si se le planteara contribuir diariamente con montos reducidos.

Añadió que estos aportes podrían efectuarse mediante billeteras digitales, mecanismo ya contemplado en la reforma de pensiones y para el cual la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) viene elaborando el marco normativo correspondiente.

Asimismo, remarcó que estas iniciativas deben complementarse con educación previsional e información accesible para una población diversa, incluyendo comunidades con distintas lenguas maternas.

La medida fue anunciada por el ministro Freddy Solano, quien reveló una cifra que encendió las alertas: durante 2025, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) detectó 36 casos de despidos vinculados a trabajadores con cáncer y, en lo que va de 2026, ya se registran otros 30.

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La norma modifica el Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, la Ley de la Carrera Administrativa y la Ley del Servicio Civil. Con ello, establece expresamente que ningún trabajador podrá ser despedido por tener cáncer, recibir tratamiento o sufrir consecuencias derivadas de la enfermedad.

'Esta regulación busca proteger la dignidad y permanencia laboral de las personas diagnosticadas con cáncer', señaló el titular del MTPE durante la presentación oficial.

Teletrabajo y horarios flexibles: las medidas que deberán aplicar las empresas

El reglamento también obliga a las empresas e instituciones públicas a adecuar las condiciones laborales de los trabajadores oncológicos para que puedan continuar desempeñando sus funciones sin poner en riesgo su salud.

Entre las medidas contempladas figuran el teletrabajo, la flexibilización de horarios, la adaptación del puesto laboral y el cambio de funciones compatibles con la situación médica del trabajador. Todo ello deberá aplicarse sin reducción de sueldo.

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Desde el MTPE remarcaron que el objetivo es evitar que miles de personas enfrenten, además de la enfermedad, la incertidumbre de perder sus ingresos durante el tratamiento.

'El verdadero impacto de esta norma dependerá de que se cumpla dentro de los centros de trabajo', sostuvo Freddy Solano González.

Pacientes destacan la norma: 'Ahora podremos concentrarnos en sanar'

Durante el evento participaron pacientes oncológicos que contaron cómo el miedo al despido suele convertirse en otra carga durante el tratamiento. Miguel Paz Baldera, diagnosticado con cáncer de próstata, afirmó que el decreto 'cierra una brecha histórica' para quienes enfrentan esta enfermedad y consideró que la norma 'revalora la vida de los pacientes'.

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Por su parte, Ana María Hi López recordó que muchas personas no cuentan con redes de apoyo ni estabilidad laboral mientras atraviesan tratamientos complejos como quimioterapias o cirugías. 'Quien enfrenta el cáncer necesita concentrarse en sanar, sin tener miedo de perder su trabajo', expresó.

En la presentación también participaron la ministra Edith Pariona Valer, la congresista Marleny Portero López, autora del proyecto de ley, además de representantes del Seguro Social de Salud del Perú y del sector Salud.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 007-2026-MINCETUR, que dispone la puesta en ejecución tanto del 'Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Guatemala' como del protocolo complementario firmado en 2025.

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El acuerdo fue suscrito inicialmente el 6 de diciembre de 2011 en Ciudad de Guatemala, pero recién podrá entrar en funcionamiento tras culminarse los procedimientos legales internos de ambos países. Perú y Guatemala intercambiaron las notificaciones oficiales requeridas y acordaron que el tratado empiece a regir desde julio de este año.

Qué productos peruanos podrían beneficiarse con el TLC entre Perú y Guatemala

La entrada en vigor del TLC permitirá mejorar las condiciones de acceso para productos peruanos en el mercado guatemalteco, especialmente en sectores vinculados a agroexportaciones, textiles, manufactura, pesca y alimentos procesados.

Entre los productos con potencial de crecimiento figuran café, cacao, uvas, paltas, productos pesqueros, confecciones y artículos industriales, que podrían ingresar con menores barreras arancelarias y reglas comerciales más claras.

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Además, el acuerdo abre oportunidades para pequeñas y medianas empresas exportadoras que buscan expandirse en Centroamérica, una región que en los últimos años ha ganado relevancia para el comercio peruano.

Especialistas en comercio exterior consideran que el TLC también permitirá reducir costos para las empresas y generar mayor competitividad frente a otros mercados de la región.

Perú suma otro acuerdo comercial y fortalece su presencia en Centroamérica

Con la activación del TLC con Guatemala, Perú continúa ampliando su red de acuerdos comerciales internacionales, considerada una de las más importantes de América Latina.

Actualmente, el país mantiene tratados con economías de Asia, Europa y América, lo que facilita el acceso preferencial de productos peruanos a millones de consumidores en distintos mercados internacionales.

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En el caso de Guatemala, el acuerdo busca fortalecer el intercambio bilateral y atraer nuevas inversiones privadas entre ambos países. También otorgará mayor seguridad jurídica a las empresas que desarrollen operaciones comerciales en ambos territorios.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) será el encargado de coordinar la correcta implementación del tratado y comunicar las disposiciones necesarias a las entidades correspondientes.

Por qué el TLC entre Perú y Guatemala demoró más de una década en entrar en vigor

Aunque el tratado fue firmado en 2011, su aplicación quedó pendiente durante varios años debido a observaciones y procesos internos que retrasaron la ratificación definitiva del acuerdo.

Recién en abril de 2025 ambos países suscribieron un protocolo adicional que permitió destrabar la entrada en vigencia del TLC. Posteriormente, los instrumentos fueron ratificados mediante el Decreto Supremo N.º 023-2026-RE publicado en mayo de este año.

Con ello, Perú y Guatemala finalmente completaron el intercambio de notificaciones diplomáticas necesarias para activar oficialmente el acuerdo comercial desde el 1 de julio de 2026.

La expectativa ahora está puesta en el crecimiento del intercambio económico bilateral y en el impacto que podría tener en exportadores peruanos interesados en ganar presencia en el mercado centroamericano.

Los equipos, donados por la Embajada de Estados Unidos, permitirán agilizar el comercio lícito y reforzar la seguridad de la cadena logística vinculada al comercio exterior.

La implementación de esta tecnología permitirá optimizar la inspección de mercancías sin necesidad de abrir físicamente los contenedores, reduciendo tiempos y costos logísticos.

La iniciativa también busca fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y contribuir a la competitividad del país mediante controles más eficientes y rápidos.

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Escáneres de alta tecnología fortalecen el control aduanero

Los equipos instalados en el megapuerto de Chancay corresponden a escáneres de rayos X de alta energía diseñados para la inspección de carga en tiempo real.

Su tecnología permite identificar densidades, estructuras y posibles irregularidades dentro de los contenedores, lo que facilita la detección de mercancías ilícitas o declaradas incorrectamente sin necesidad de intervención física.

La ceremonia de inauguración contó con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo; y el embajador de los EE. UU., Bernie Navarro.

Según la entidad, la iniciativa reafirma el compromiso del Estado peruano con la transparencia, la facilitación del comercio exterior y la lucha contra el contrabando y otros ilícitos.

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Modernización de la Sunat amplía infraestructura tecnológica

La instalación de los nuevos escáneres en Chancay se suma a la infraestructura tecnológica que la Sunat ya tiene operativa en otros puntos estratégicos del país, entre ellos la frontera terrestre de Tacna y los terminales portuarios del Callao y Paita.

Durante la inauguración, Franco Castillo destacó la relevancia de esta incorporación tecnológica y señaló que permitirá mejorar la capacidad de control e incrementar la eficiencia en la revisión de mercancías sin afectar la fluidez del comercio exterior.

Añadió que los equipos de inspección no intrusiva representan un hito importante en el proceso de modernización de la administración aduanera.

Puerto de Chancay registra crecimiento en carga y comercio exterior

Desde el inicio de sus operaciones, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay ha movilizado 425.427 contenedores.

El régimen de transbordo representa el 47% del total, con 200.046 contenedores, seguido por las importaciones, con 137.647 contenedores (32%), y las exportaciones, con 87.743 contenedores (21%).

El valor total de las importaciones realizadas por este puerto asciende a US$2.323.187.407. Destacan vehículos, maquinarias, cereales y equipos eléctricos como las mercancías con mayor movimiento.

En tanto, las exportaciones alcanzan US$1.343.821.072, lideradas por paltas, minerales metálicos, pólvora y explosivos, aceite de palma y uvas. Asimismo, durante 2025 las importaciones por Chancay generaron una recaudación de S/1.037 millones, mientras que entre enero y mayo de 2026 la recaudación alcanzó S/603 millones.