¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de julio?

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Aunque la Ley 32563 ya se encuentra vigente, al menos tres sectores del Ejecutivo todavía no informan cómo ejecutarán este beneficio laboral, situación que ha motivado acciones de los sindicatos.

Las organizaciones sindicales solicitaron formalmente respuestas al Ministerio de Educación (Minedu), al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y al Ministerio del Ambiente (Minam).

Sostienen que, mientras no exista una nueva norma que modifique la aplicación de la Ley 32563, corresponde cumplir con el pago íntegro de la gratificación, equivalente al 100% de la remuneración de cada trabajador CAS.

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Pago de la gratificación CAS al 100% sigue vigente tras decisión del Congreso

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso aplicar una implementación gradual de la Ley 32563 para que durante 2026 solo se pagara el 10% de la gratificación, con un monto mínimo de S/300, y que el beneficio alcanzara el 100% recién en 2030.

Sin embargo, el Congreso retiró esa disposición del proyecto de crédito suplementario que posteriormente fue aprobado.

Aunque el Ejecutivo y el Legislativo señalaron que buscarán una nueva propuesta para aplicar la norma considerando la sostenibilidad fiscal, hasta el momento la Ley 32563 mantiene vigente el pago del 100% de la gratificación para los trabajadores CAS.

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Sindicatos piden a Educación, Midagri y Ambiente cumplir con la Ley 32563

El sindicato Sitracas UGEL03 remitió una carta notarial a esta entidad, dependiente del Minedu, para solicitar que adopte las medidas necesarias para pagar la gratificación durante julio.

Asimismo, otorgó un plazo de diez días hábiles para que se informe cómo se dará cumplimiento a la Ley 32563.

Entre sus principales pedidos figuran ejecutar el mandato contenido en la ley para el personal CAS, emitir los actos administrativos necesarios para reconocer y pagar la gratificación del 100% y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), además de informar por escrito las acciones concretas adoptadas.

En paralelo, el Sutcas del Minam también solicitó el cumplimiento de la norma y señaló que ha remitido diversos documentos para conocer cómo se efectuarán estos pagos.

Por su parte, el Sitma requirió al Midagri aplicar la ley y advirtió que, de no hacerlo, presentará una demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial (PJ).

Comisión de Presupuesto retiró la propuesta de gradualidad del MEF

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso eliminó la disposición que planteaba limitar el pago de las gratificaciones y la CTS para los trabajadores CAS.

El presidente de este grupo de trabajo, Alejandro Soto Reyes, informó que la medida fue retirada a pedido de varios congresistas debido a la "preocupación legítima" generada por la propuesta.

Con ello, el primer pago de la gratificación previsto para julio permanece establecido en el 100% de la remuneración, tal como dispone la Ley 32563. No obstante, continúa pendiente una nueva propuesta que permita garantizar el financiamiento del beneficio respetando la sostenibilidad fiscal.

Por otro lado, sigue sin definirse el proyecto de ley impulsado por el congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, que plantea otorgar el 50% de la gratificación a los trabajadores CAS.

El funcionario enfatizó que, tras alcanzar cifras inéditas en 2025, el sector continúa mostrando un desempeño favorable en 2026. "En el primer cuatrimestre del año, las agroexportaciones crecieron 7,3%, impulsadas por productos como la palta, el arándano, la uva y el café", señaló.

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El fuerte incremento en los envíos de café, cacao y frutas no solo impulsó el resultado en 2025, sino que afianza la meta del país de ingresar al top 5 de los mayores proveedores mundiales de fruta fresca, indicó Gómez.

“El sector completó 13 años consecutivos de crecimiento, incrementando su participación hasta el 16,5% del total de las exportaciones nacionales”, detalló el titular de la cartera.

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Este dinamismo comercial tiene un profundo impacto descentralizado, ya que el 81% de la oferta exportable se produjo en las regiones del interior y se convirtió en un motor clave para el empleo y el desarrollo local. Asimismo, la sólida demanda internacional se concentró principalmente en los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, destinos que absorbieron cerca del 65% del total de los envíos y ratificaron la alta confianza global en la calidad de la canasta agroexportadora nacional.

Mincetur resaltó que la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) cuenta con una agenda para promover la oferta agroexportadora y facilitar la participación de empresas peruanas en las principales ferias internacionales.

Exportaciones superarían cifra alcanzada en 2025

El Banco Central de Reserva (BCR) estimó un récord de exportaciones para 2026, con una proyección de US$118.000 millones, monto que superaría los US$90.000 millones en envíos alcanzados el año pasado.

La entidad emisora proyectó que las exportaciones peruanas alcanzarán un nuevo récord histórico de US$120.758 millones en 2027, impulsando un superávit comercial superior a los US$48.000 millones.

El repunte comercial proyectado estará impulsado por una mejora del 18,3% en los términos de intercambio hacia el cierre de 2026, lo que permitirá al país obtener mayores ingresos por sus envíos al exterior en comparación con el costo de sus adquisiciones internacionales. Este escenario se fundamenta en un incremento del 25,6% en los precios de las exportaciones, lo que optimiza el valor de los productos nacionales frente a los bienes importados y consolida el crecimiento de la balanza comercial.

El proyecto señala que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrían disponer de parte de sus fondos para aliviar la economía familiar, pagar deudas, impulsar pequeños negocios y enfrentar el impacto de la recesión. Además, propone desembolsos más acelerado que en iniciativas anteriores.

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Retiro AFP de 4 UIT: proyecto plantea liberar hasta S/21.400 a afiliados

La propuesta fue presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, integrante de Somos Perú. El legislador ya había participado en iniciativas previas relacionadas con retiros de AFP, incluidas propuestas que formaron parte del dictamen del octavo retiro.

El proyecto de ley propone que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT, lo que equivale aproximadamente a S/21.400, según el cálculo referencial del documento. Este retiro sería totalmente voluntario, por lo que cada afiliado decidiría si accede o no a su dinero.

La iniciativa busca responder a lo que denomina una crisis económica prolongada en el país, marcada por la recesión, la inestabilidad política, la delincuencia, la inflación y los impactos de fenómenos climáticos. Según el texto, la liberación de fondos permitiría a las familias cubrir gastos urgentes, pagar obligaciones financieras y reactivar el consumo interno.

El proyecto señala: "Tiene como finalidad mitigar y aliviar los efectos de la crisis económica familiar, por causas de la recesión económica producidas por la convulsión social, inestabilidad política y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global". Además, Pazo Nunura no lo presenta como urgente, pero el texto sugiere esa condición por el contexto económico y climático.

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Así funcionaría el cronograma de pagos del proyecto del retiro AFP

Una de las principales diferencias de esta propuesta frente a retiros anteriores es el cronograma acelerado de pago. El retiro de las 4 UIT se realizaría en dos partes: primero se entregaría hasta 2 UIT a los 30 días de presentada la solicitud, y el segundo desembolso se realizaría 30 días después del primero, con lo que se completaría el monto total en aproximadamente 60 días.

El proyecto establece que los afiliados tendrían un plazo de 90 días calendario para presentar su solicitud luego de la publicación del reglamento. El pedido podría hacerse de manera virtual, remota o presencial, y el afiliado incluso podría desistir antes de que se realice el desembolso. Además, el retiro sería por única vez.

Solo deudas por alimentos permitirían retener hasta el 30% del dinero

El proyecto señala que los fondos retirados tendrían carácter intangible, lo que significa que no podrían ser embargados, retenidos ni descontados por vía judicial o administrativa. La única excepción contemplada es por deudas de alimentos, caso en el que se permitiría retener hasta el 30% del monto retirado.

En cuanto a su impacto económico, el documento afirma que los retiros anteriores ayudaron a dinamizar el consumo, pagar deudas y sostener a pequeñas empresas durante crisis pasadas. Sin embargo, también reconoce críticas que advierten que este tipo de medidas reduce el ahorro previsional futuro y afecta las pensiones, aunque se argumenta que el beneficio inmediato para las familias sería mayor en el corto plazo.

Retiro AFP 2026: estos son los 9 proyectos de ley que buscan liberar hasta S/22.000

• Primer proyecto: plantea el noveno retiro de AFP con un acceso de hasta 4 UIT (S/22.000). Además, propone la devolución total de los fondos a los herederos de afiliados fallecidos. La iniciativa fue presentada por Américo Gonza Castillo, integrante de Perú Libre, el 12 de febrero.
• Segundo proyecto: propone un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. Fue impulsado por Darwin Espinoza Vargas, miembro de Podemos Perú, el 18 de febrero.
• Tercer proyecto: busca autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) para afiliados al sistema privado de pensiones. La propuesta fue presentada por Alfredo Pariona Sinche, de Bancada Socialista, el 23 de febrero.
• Cuarto proyecto: contempla un retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/22.000). La iniciativa corresponde a Miguel Ángel Ciccia Vásquez, integrante de Renovación Popular, y fue presentada el 20 de marzo.
• Quinto proyecto: propone permitir el acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. El proyecto fue presentado por Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, el 7 de abril.
• Sexto proyecto: plantea un retiro de hasta 4 UIT (S/22.000), pero distribuido en tres partes. Fue impulsado por Guido Bellido Ugarte, de Podemos Perú, el 30 de abril.
• Séptimo proyecto: propone el acceso de hasta 4 UIT mediante tres desembolsos. La iniciativa fue presentada por Paul Silvio Gutiérrez Ticona, de Somos Perú, el 6 de mayo.
• Octavo proyecto: también busca liberar hasta 4 UIT en tres partes. La propuesta corresponde a Margot Palacios Huamán y fue presentada el 7 de mayo.
• Noveno proyecto: plantea el retiro de hasta 4 UIT en dos partes, con un cronograma más rápido de entrega. La iniciativa fue presentada por José Bernardo Pazo, integrante de Somos Perú, el 21 de mayo.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que el Ejecutivo no se opone al otorgamiento de estos beneficios laborales, pero sostuvo que su aplicación debe hacerse de manera gradual para garantizar el financiamiento.

La Comisión de Presupuesto retiró del predictamen del crédito suplementario la disposición que planteaba esta implementación escalonada y anunció que presentará una nueva propuesta.

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Trabajadores CAS: MEF insiste en implementación progresiva de gratificación y CTS

En declaraciones a RPP, el ministro Rodolfo Acuña explicó que se espera conocer la contrapropuesta que planteará la Comisión de Presupuesto luego de retirar del predictamen el artículo referido a la aplicación gradual de la Ley 32563.

Según indicó, la justificación expuesta por el grupo de trabajo fue que se trata de una ley aprobada por el Congreso y que corresponde al Ejecutivo evaluarla y aplicarla.

Reiteró que el Gobierno no está en contra de que los trabajadores CAS accedan a la gratificación y la CTS. Sin embargo, afirmó que estos beneficios deben implementarse de manera progresiva para asegurar que existan los recursos necesarios para cumplir con la norma.

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Rodolfo Acuña advierte riesgo de que trabajadores no reciban beneficios

El titular del MEF advirtió en RPP que los CAS podrían quedarse sin recibir la gratificación ni la CTS si el Congreso no aprueba una fórmula que permita implementar de manera progresiva los beneficios establecidos por ley.

Explicó que la aplicación inmediata de la norma generaría un impacto fiscal que el Estado no podría asumir en las condiciones actuales.

Sostuvo que, de no modificarse el mecanismo de implementación, los trabajadores podrían terminar sin acceder a estos beneficios debido a que la norma anterior ya fue derogada.

En ese sentido, insistió en que es necesario aprobar un esquema de progresividad para evitar que los servidores públicos resulten perjudicados y puedan recibir los derechos laborales reconocidos por el Congreso.

Comisión de Presupuesto evaluará nueva propuesta para destrabar la aplicación de la ley

El MEF estimó que otorgar de manera inmediata la gratificación y la CTS a todos los trabajadores CAS tendría un costo cercano a S/3.500 millones.

Según explicó Rodolfo Acuña, ese monto no puede ser cubierto con los recursos contemplados en el crédito suplementario, por lo que el Ejecutivo planteó un esquema de implementación escalonada.

Tras retirar la disposición sobre la gradualidad, la Comisión de Presupuesto informó que elaborará una nueva propuesta para definir la aplicación de los beneficios.

Su presidente, Alejandro Soto, señaló que el objetivo es construir una alternativa técnicamente viable, fiscalmente responsable y que atienda las demandas de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El grupo de trabajo tiene previsto retomar el debate el martes 30 de junio para evaluar una nueva fórmula que permita destrabar la implementación de la ley.

La medida fue difundida en el marco de la campaña "Fiestas patrias: tus derechos se respetan", ante el incremento de conciertos y eventos de entretenimiento en el país.

La entidad también informó que, durante los últimos cuatro años, impuso 394 sanciones contra 64 proveedores relacionados con conciertos, venta de entradas y organización de eventos.

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Indecopi: conciertos deben respetar lo anunciado, ¿cuándo pueden cambiarlo?

El Indecopi señaló que los proveedores de conciertos y espectáculos están obligados a respetar las condiciones anunciadas a los consumidores.

Entre estas se encuentran el horario de inicio del evento, la duración del espectáculo y la participación de los artistas promocionados.

No obstante, precisó que, ante circunstancias excepcionales o de fuerza mayor debidamente acreditadas, los organizadores deberán informar de manera oportuna, clara y verificable cualquier incidente que afecte la realización del evento y adoptar medidas inmediatas para atender a los consumidores afectados.

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Sanciones a organizadores de conciertos crecieron 47,6 % durante 2025

De acuerdo con el Indecopi, mediante resoluciones firmes emitidas a nivel nacional, en los últimos cuatro años se impusieron 394 sanciones contra 64 proveedores vinculados a conciertos, venta de entradas y organización de eventos.

Estas comprendieron 81 amonestaciones y 313 multas que, en conjunto, sumaron 1.658 UIT.

La entidad destacó que durante 2025 el número de sanciones aumentó en 47,6 % respecto de 2024. Además, informó que la infracción más sancionada fue la falta de idoneidad, con multas por 1.544,8 UIT, debido principalmente al incumplimiento de lo ofrecido, como retrasos en el inicio de los eventos, variaciones en su duración o cambios en los artistas anunciados.

También se sancionaron casos por falta de información, deficiencias en la atención de reclamos y dificultades para acceder al Libro de Reclamaciones.

Cancelación de eventos: organizadores deben devolver el dinero de las entradas

El Indecopi recordó que, cuando un concierto o espectáculo sea cancelado, los organizadores tienen la obligación de devolver el íntegro del dinero pagado por las entradas, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor y a la Ley N.° 32415.

Asimismo, precisó que el procedimiento para la devolución debe ser informado oportunamente y ejecutado en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la solicitud del consumidor.

La institución también recomendó adquirir entradas únicamente a proveedores formales, conservar los comprobantes de pago y, ante cualquier inconveniente, utilizar el Libro de Reclamaciones del proveedor o comunicarse con el Indecopi para recibir orientación o registrar un reclamo.

En un comunicado, Cosco aclaró que la controversia no busca impedir la supervisión del Estado dentro del puerto. Según explicó, la disputa se centra únicamente en las facultades que ejerce Ositrán, mientras que las demás entidades públicas continúan desempeñando sus funciones con normalidad.

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"CSPCP ha recurrido a instancias judiciales para hacer valer sus derechos específicamente en relación con la supervisión de Ositrán. Esto no afecta en modo alguno a la plena autoridad del Estado para ejercer supervisión e inspección en todos los aspectos operativos, ambientales, tributarios, entre otros", señaló la empresa.

La operadora recordó que en el terminal mantienen presencia instituciones como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección Antidrogas (Dirandro), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Policía Fiscal, Migraciones y las autoridades sanitarias, cada una dentro de sus respectivas competencias.

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Megapuerto de Chancay: Cosco sostiene que la supervisión excede lo previsto en la ley

En el documento, la empresa reiteró que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay tiene una naturaleza completamente privada y opera bajo un esquema de libre competencia. Desde esa posición, considera que la supervisión planteada por Ositrán va más allá de las atribuciones que le otorga la Ley del Sistema Portuario Nacional.

Asimismo, advirtió que la decisión judicial podría tener implicancias que trascienden el caso en particular, al modificar las reglas bajo las cuales se concretó la inversión del proyecto.

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"Una sentencia de esta naturaleza afecta no solo aspectos funcionales y financieros, sino también el marco jurídico en el que los inversionistas confían", sostuvo Cosco en el comunicado.

La compañía consideró que la sentencia no abordó el fondo de la controversia. A su juicio, quedaron sin analizar aspectos como el marco legal vigente cuando se realizó la inversión y las funciones que corresponden a las distintas entidades del Estado en el terminal.

El caso continuará en el Tribunal Constitucional

Con este pronunciamiento, Cosco ratificó que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, donde espera que la controversia sea revisada de manera integral.

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La disputa comenzó cuando la empresa cuestionó las facultades de supervisión de Ositrán sobre el Megapuerto de Chancay. No obstante, la Segunda Sala Constitucional declaró improcedente su demanda de amparo, decisión que ahora buscará revertir en esa instancia. Mientras el proceso continúa, Cosco reiteró su compromiso de cumplir la normativa peruana y mantener la operación del terminal bajo estándares internacionales, pues considera que el puerto contribuirá a impulsar el comercio exterior del país.

Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú, explicó que el monto depende del tiempo laborado durante el semestre y de la remuneración que percibe habitualmente el trabajador al 30 de junio. Además, algunos ingresos adicionales también pueden incrementar el beneficio.

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Bonos, horas extras y remuneraciones variables pueden incrementar la gratificación

El cálculo de la gratificación toma como base la remuneración habitual que recibe el trabajador al 30 de junio. Quienes trabajaron durante todo el semestre (de enero a junio) reciben una remuneración completa, mientras que quienes laboraron más de un mes y menos de seis meses perciben un monto proporcional al tiempo trabajado.

Sin embargo, el monto puede aumentar cuando el trabajador recibió conceptos remunerativos adicionales durante el semestre. Es el caso de los bonos, comisiones u horas extras, siempre que estos hayan sido percibidos al menos tres veces entre enero y junio. En esos casos, dichos conceptos se suman y el promedio obtenido se incorpora al cálculo de la gratificación.

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Para quienes perciben ingresos variables o una remuneración imprecisa, el beneficio se calcula considerando el promedio de lo recibido durante los primeros seis meses del año. En cambio, conceptos no remunerativos, como las utilidades, la movilidad condicionada a la asistencia al centro de trabajo o gratificaciones extraordinarias otorgadas de manera voluntaria por el empleador, no forman parte del cálculo.

La gratificación no tiene descuentos de AFP u ONP, pero sí puede pagar impuesto a la renta

Uno de los principales beneficios de la gratificación es que no está sujeta a descuentos por aportes a la AFP, ONP ni EsSalud. En lugar de ello, el empleador debe entregar una bonificación extraordinaria equivalente al aporte que normalmente realiza a EsSalud, es decir, 9% adicional sobre el monto de la gratificación. Si el trabajador está afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), esta bonificación será de 6,75%.

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No obstante, este beneficio sí puede estar afecto al pago del Impuesto a la Renta de quinta categoría, dependiendo de los ingresos acumulados del trabajador durante el año.

EY Perú recordó que las empresas tienen como fecha límite el 15 de julio para realizar el depósito de la gratificación. De no hacerlo, incurren en una infracción grave en materia laboral y, en el caso de empleadores que no pertenecen al régimen MYPE, las multas pueden oscilar entre S/8.635 y S/143.660, según el número de trabajadores afectados y el valor vigente de la UIT. Además, deberán asumir el pago de los intereses legales generados por el retraso.

Esta negociación fue suscrita entre el Ejecutivo y gremios como CTE Perú, Conasep, Confetep, Unasse y CITE, tras varios meses de conversaciones. Los aumentos irán desde S/60 hasta S/222 mensuales, dependiendo del régimen incluido en el convenio.

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Estos son los aumentos salariales según cada régimen

• Trabajadores del régimen 276 del Gobierno nacional y gobiernos regionales recibirán un incremento total de hasta S/222 mensuales. El monto incluye un aumento de S/117 al Monto Único Consolidado (MUC) y otros S/105 al Incentivo Único CAFAE.
• Trabajadores 276 de gobiernos locales obtendrán un incremento fijo de S/125 mensuales bajo el concepto “Negociación colectiva centralizada 2026-2027”.
• Para los trabajadores CAS (Decreto Legislativo 1057), el aumento dependerá del sueldo actual:
  • Quienes ganen hasta S/2.364,19 recibirán S/153 adicionales.
  • Los que perciban entre S/2.364,19 y S/4.364,19 tendrán un aumento de S/125.
  • Los trabajadores con ingresos mayores a S/4.364,19 recibirán S/60 mensuales.
• Los trabajadores CAS de gobiernos locales accederán a un incremento uniforme de S/125 mensuales desde enero de 2027.
• En el régimen 728 del Gobierno nacional y gobiernos regionales, el aumento dependerá de cuándo se aprobó la escala salarial:
  • Si fue aprobada entre 2023 y 2026, el incremento será de S/60.
  • Si la escala fue aprobada antes de 2023, el aumento llegará a S/125 mensuales.
• Los trabajadores municipales bajo el régimen 728 recibirán un aumento de S/150 mensuales, monto que además tendrá carácter remunerativo y pensionable.
• Los trabajadores comprendidos en la Ley Servir (Ley 30057) obtendrán un incremento de S/60 mensuales.
• Los guardaparques regulados por la Ley 31991 recibirán S/125 adicionales.

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Personal penitenciario tendrá uno de los mayores incrementos

El convenio también contempla mejoras para el personal penitenciario comprendido en la Ley 29709. Según el acuerdo, la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) se incrementará en S/144,33, con lo que alcanzará un total de S/2.700 mensuales.

El documento además precisa que no todos los trabajadores públicos fueron incluidos en los aumentos pactados. El Servicio Diplomático, regulado por la Ley 28091, quedó fuera de la negociación colectiva y no accederá a los incrementos salariales anunciados.

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Aunque los sindicatos respaldaron el convenio final, algunos dirigentes expresaron observaciones sobre los montos aprobados, especialmente en gobiernos locales, donde los incrementos serán menores frente a los otorgados en entidades nacionales y regionales.

Con la firma del convenio, el Ejecutivo cerró oficialmente la negociación colectiva centralizada 2026-2027 y confirmó que todos los aumentos empezarán a aplicarse desde el 1 de enero del 2027.

La observación llega cuando el proyecto ya quedó listo para pasar a la Comisión Permanente. Según el órgano de control, la propuesta identifica las fuentes de financiamiento y la distribución de los recursos, pero no analiza qué efectos tendría esta ampliación presupuestal en la sostenibilidad fiscal ni en la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones en los próximos años.

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En un informe emitido el 1 de julio, el Órgano de Control Institucional (OCI) del MEF señaló que el proyecto no desarrolla de manera suficiente la relación entre el nuevo financiamiento y los riesgos macrofiscales identificados por el propio ministerio en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029.

Para la Contraloría, esta omisión resulta especialmente preocupante porque coincide con el deterioro de los principales indicadores fiscales y con los reiterados incumplimientos de las reglas fiscales relacionadas con el déficit y el crecimiento del gasto público.

Déficit, mayor gasto y leyes que presionan las finanzas públicas

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCRP), en 2022 el Perú cumplió la regla fiscal al registrar un déficit de 1,7% del PBI, por debajo del límite de 3,7%. Sin embargo, en 2023 el déficit alcanzó 2,7% del PBI, superando el tope de 2,4%, mientras que en 2024 llegó a 3,5%, por encima del límite de 2,8%. Recién en 2025 el resultado volvió a alinearse con la meta fiscal de 2,2% del PBI.

El propio MEF reconoció, en su informe de abril de 2026, que la aprobación de nuevas medidas con alto costo fiscal, sumada a riesgos externos como un evento de El Niño o las tensiones en Medio Oriente, podría seguir deteriorando las cuentas públicas y elevar el costo del financiamiento del país.

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La Contraloría añade que los desvíos también se reflejaron en el gasto público. El gasto no financiero creció por encima de lo permitido en 2024 (6,2% frente al límite de 4,7%) y volvió a exceder la meta en 2025 (3,5% frente a 0,7%). El gasto corriente también superó ampliamente los topes establecidos.

Frente a este panorama, el informe sostiene que las modificaciones recurrentes de las metas fiscales han debilitado la credibilidad del marco macroeconómico y reflejan una pérdida de consistencia en la conducción de las finanzas públicas.

Asimismo, el documento cita información del Consejo Fiscal, que identifica 248 leyes aprobadas entre 2021 y 2026 con efectos negativos sobre las cuentas del Estado. De ellas, 199 incrementan el gasto público, principalmente por obligaciones pensionarias y aumentos salariales; 39 reducen los ingresos mediante beneficios tributarios; y otras 10 elevan las transferencias a gobiernos subnacionales. El costo anual estimado de este conjunto de normas supera los S/36.000 millones.

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Entre las leyes recientes que más incrementan el gasto del Estado, la Contraloría menciona la equiparación de las pensiones de los docentes jubilados y la ley de ordenamiento pensionario militar y policial.

MEF tiene cinco días para responder a la Contraloría

El OCI concluyó que las deficiencias en la justificación técnica del proyecto podrían dejar al Congreso sin los elementos necesarios para medir a fondo cómo esta ampliación presupuestal afecta las finanzas públicas antes de votarla. Por ello, recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas adoptar las medidas preventivas y correctivas que correspondan para reforzar el sustento técnico de la iniciativa y remitir, en un plazo máximo de cinco días hábiles, un informe con las acciones adoptadas y la documentación que las respalde.

Ambas operadoras obtuvieron una calificación superior a 15 puntos, mientras que Entel y Movistar no alcanzaron el nivel esperado por el regulador.

El Osiptel informó que el indicador global nacional llegó a 13,2 puntos durante el periodo evaluado, con una mejora respecto del semestre anterior, cuando registró 12,2 puntos. Sin embargo, el resultado aún se mantiene por debajo de la meta fijada de 15 puntos para la calidad de atención brindada a los usuarios.

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Ranking del Osiptel: Claro y Bitel lideran la calidad de atención al usuario

De acuerdo con el Ranking de Calidad de Atención al Usuario del segundo semestre de 2025, Claro obtuvo la mayor calificación con 15,1 puntos.

En segundo lugar se ubicó Bitel con 15 puntos. Esta fue la primera vez que la empresa alcanzó el nivel esperado por el regulador.

Por su parte, Entel obtuvo una calificación de 13,9 puntos, mientras que Movistar registró 7,6 puntos.

Según el Osiptel, ambas empresas no alcanzaron la meta establecida, lo que evidencia que aún tienen margen para mejorar la atención ofrecida a sus usuarios.

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¿Qué evalúa el Ranking de Calidad de Atención al Usuario?

El ranking mide el desempeño de las empresas operadoras en la atención que brindan a los usuarios desde el inicio del proceso hasta la respuesta o el resultado final.

La evaluación comprende todos los canales de atención disponibles, incluidos los servicios presenciales, telefónicos y digitales.

Para obtener la calificación final, se evaluaron seis dimensiones en una escala de cero a 20 puntos: capacidad de respuesta, accesibilidad, digitalización, empatía, efectividad y oportunidad, y veracidad.

Estos criterios permiten medir aspectos como la rapidez de atención, la disponibilidad de canales, la adopción de herramientas digitales, el trato brindado al usuario, la eficacia en la resolución de consultas y la confianza generada por la información proporcionada.

Empresas de telecomunicaciones aún tienen aspectos por mejorar

Aunque Claro lideró el ranking con 15,1 puntos y mejoró su desempeño respecto del semestre anterior, cuando obtuvo 14,2 puntos, el Osiptel señaló que la empresa aún debe fortalecer las dimensiones de capacidad de respuesta, donde obtuvo 12 puntos, y efectividad y oportunidad, con 13,3 puntos.

En el caso de Bitel, que elevó su calificación de 13,3 a 15 puntos, el organismo indicó que todavía debe mejorar en capacidad de respuesta (12,3) y efectividad y oportunidad (13,9).

Respecto de Entel, el regulador precisó que, pese a incrementar su calificación de 12,9 a 13,9 puntos, requiere optimizar su desempeño en accesibilidad (10,0), capacidad de respuesta (11,5) y efectividad y oportunidad (12,2).

En tanto, Movistar obtuvo 7,6 puntos, una calificación inferior a la registrada en la evaluación previa (7,9), por lo que deberá mejorar en todas las dimensiones evaluadas: accesibilidad (8,9), digitalización (11,6), capacidad de respuesta (6,2), empatía (8,6), efectividad y oportunidad (2,8) y veracidad (8,8).

Durante una entrevista en Exitosa, García también hizo un llamado a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso para que respalden la continuidad del programa. Según sostuvo, la inversión en educación superior es importante para el desarrollo del país y no debe verse afectada.

"Hacemos un llamado a los congresistas que conforman la Comisión Permanente y también a la virtual presidenta del país, Keiko Fujimori, para que nos apoye a alzar la voz y poder invertir en esta beca que cambia vidas realmente", expresó.

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Consultado sobre si los aspirantes habían sostenido conversaciones con la virtual mandataria o con su equipo técnico, García respondió que, hasta el momento, ello no ha sido posible.

"Lamentablemente no. En su momento nos contactó la congresista Barbarán, pero solo nos recibió un asesor, quien se comprometió a que la bancada de Fuerza Popular nos iba a apoyar. Sin embargo, más allá de un tuit de la congresista expresando su posición, no hemos recibido nuevos contactos del partido", indicó.

En esa línea, el vocero señaló que espera que Keiko pueda recibirlos, al igual que lo ha hecho con otros representantes de distintos sectores.

También afirmó que el respaldo al financiamiento de la Beca Bicentenario no solo beneficiará a los actuales postulantes, sino también a futuras generaciones de profesionales que buscan continuar su formación académica.

"Necesitamos el apoyo de todos, no solo de los congresistas. También hacemos un llamado a la población para alzar su voz, porque hoy esta situación afecta a unas decenas de profesionales, pero mañana puede afectar a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino o a tu sobrina, que tienen el potencial para salir adelante a través de la educación", sostuvo.

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Asimismo, resaltó el impacto que programas como Beca 18 y Beca Bicentenario han tenido en miles de jóvenes y profesionales, al convertirse en un incentivo para continuar su preparación académica.

"¿Cuántos estudiantes hoy se esfuerzan más y no se van por mal camino sabiendo que existe Beca 18? ¿Cuántos profesionales dictan cátedra en universidades o estudian inglés hasta la madrugada porque saben que existe la posibilidad de acceder a Beca Bicentenario?", señaló.

Finalmente, defendió el financiamiento de estas iniciativas y aseguró que las becas representan una inversión para el desarrollo del país.

"Las becas han demostrado que no son un regalo, sino una inversión que hacen los Estados. China, en su momento, invirtió para enviar a sus profesionales a Estados Unidos con el objetivo de que regresaran y aportaran todo su conocimiento. Hoy vemos los resultados, pues compite de igual a igual con una potencia como Estados Unidos", afirmó.

El proyecto, ejecutado por el Gobierno Regional de Arequipa, busca fortalecer la seguridad hídrica, garantizar la disponibilidad de agua para la agricultura y generar nuevas oportunidades de desarrollo en la región.

La obra beneficiará directamente a productores agrícolas de los valles de Yura y Vítor, mientras que su impacto alcanzará a más de 33 mil habitantes durante los próximos 10 años.

Además, permitirá mejorar la cobertura de agua para riego, modernizar áreas agrícolas mediante sistemas tecnificados e impulsar cultivos con mayor potencial de rentabilidad y exportación.

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Represa Casa Blanca fortalecerá la seguridad hídrica mediante Obras por Impuestos

El proyecto, denominado "Mejoramiento de la Disponibilidad Hídrica del Sistema de Riego en la Cuenca del Río Yura", constituye la primera represa que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

El financiamiento está a cargo de las empresas Yura, Gloria, Interbank y La Tinka, mientras que la gestión técnica corresponde a URBI Proyectos, empresa del Grupo Intercorp.

Durante la primera etapa, la infraestructura beneficiará de manera directa a 648 familias agricultoras del valle de Yura y a 53 familias productoras de Cuarta Pampa, en el distrito de Vítor.

Asimismo, fortalecerá la actividad productiva de aproximadamente 2.500 agricultores y contribuirá a incrementar los ingresos de las familias, además de dinamizar la economía regional.

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Infraestructura hídrica ampliará el acceso al agua y modernizará el riego agrícola

La represa tendrá capacidad para almacenar hasta 7 millones de metros cúbicos de agua, lo que permitirá asegurar el recurso durante la temporada de estiaje.

Gracias a esta infraestructura, la cobertura de agua para riego pasará de niveles actuales de entre 7% y 15% a un mínimo de 70% en Quiscos, Uyupampa y Yura Viejo, mientras que en Yuramayo alcanzará hasta el 90%.

El proyecto también contempla la modernización de más de 410 hectáreas mediante sistemas de riego tecnificado por goteo y aspersión.

Esta mejora favorecerá el desarrollo de cultivos como vid, granada, pitahaya, tuna y maracuyá, además de permitir la incorporación progresiva de nuevas áreas agrícolas que actualmente permanecen subutilizadas por la escasez de agua, fortalecerá la seguridad alimentaria y reducirá las pérdidas ocasionadas por las sequías.

ProInversión destaca el impacto del proyecto para el desarrollo regional

La presa tendrá 84 metros de altura, equivalente a un edificio de 24 pisos; una longitud de 135 metros y un embalse de 33 hectáreas. Su construcción demandará 36 meses y generará empleo directo, además de oportunidades para proveedores y mano de obra local.

El inicio de la obra fue presentado en el centro poblado San Juan de Yuramayo Segunda Pampa, en el distrito de Vítor, con la participación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles; autoridades locales, representantes de las empresas financistas y población beneficiaria.

Durante la ceremonia, la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, afirmó que el inicio de la obra representa "un hito para Arequipa" y demuestra la capacidad de la región para ejecutar proyectos de gran envergadura mediante Obras por Impuestos.

Asimismo, felicitó al gobernador Rohel Sánchez, a su equipo técnico y al Consejo Regional por priorizar una infraestructura estratégica para fortalecer la seguridad hídrica y alimentaria. Miralles también destacó el compromiso de las empresas privadas que financian la obra y señaló que este mecanismo permite acelerar el cierre de brechas de infraestructura.

Además, indicó que ProInversión acompañó al Gobierno Regional de Arequipa en la estructuración y desarrollo del proyecto, y aseguró que la agencia continuará promoviendo las modalidades de inversión público-privada y fortalecerá las capacidades de los gobiernos regionales y locales para asegurar la continuidad de proyectos que generen desarrollo sostenible y bienestar para más peruanos.

Velarde recibió el Grado Honoris Causa de la Universidad Andina del Cusco. Durante su discurso, enfatizó que el mercado peruano mantiene la racha de baja inflación más larga de Latinoamérica dentro del grupo de naciones con moneda independiente, logrando mejores indicadores que EE. UU., Japón y el Reino Unido durante los periodos de 2024 y 2025.

El presidente del BCR destacó que tener una meta de inflación de 2% influye en un tipo de cambio más estable.

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Por otro lado, señaló que el país se ha visto afectado por el alza en los precios del combustible, aunque precisó que estos ya se están estabilizando y se espera que, en lo que resta del año, lo hagan por completo.

Velarde destacó el valor de la autonomía del ente emisor y añadió que esta libertad técnica blinda la estabilidad monetaria a futuro frente a la desconexión que suele existir entre el calendario político y las necesidades reales de la economía.

"Creo que ha facilitado mucho la labor que el Banco Central tenga un objetivo claro: la estabilidad de precios, a eso nos hemos dedicado y segundo la autonomía que hemos tenido", afirmó.

El titular del BCRP reafirmó que el aprendizaje y los méritos propios son claves para la conformación del equipo del banco. Explicó que los cuadros técnicos se seleccionan rigurosamente entre los mejores estudiantes de economía de diversas universidades, quienes ingresan tras superar los programas formativos dictados por la institución.

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Estabilidad de precios

El presidente del Banco Central atribuyó el repunte de los precios a choques coyunturales: el encarecimiento internacional del petróleo, los problemas de distribución del gas natural local y la amenaza climática de El Niño, que presiona al alza el valor de los alimentos.

"Pero la inflación que ven los bancos centrales es la que no responde a estos choques, es la inflación que responde más a factores de demanda. Osea no podemos hacer nada si sube el precio del petróleo del mundo. De este lado, del banco central no se puede hacer nada", explicó.

Julio Velarde fue incorporado como profesor honorario por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y fue distinguido como miembro honorífico por el Colegio de Economistas del Cusco.

Según informó la entidad, los estafadores se hacen pasar por representantes del Banco Central a través de videos, correos electrónicos, documentos falsificados y llamadas telefónicas para engañar a las víctimas.

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¿Cuáles son las modalidades de estafa?

El BCRP identificó tres modalidades utilizadas por los delincuentes:

• Videos falsos (deepfakes): difusión de videos en redes sociales, creados con inteligencia artificial, en los que se suplanta la imagen y la voz de las autoridades del BCRP para recomendar plataformas de inversión fraudulentas.
• Retención ficticia de fondos: envío de documentos falsificados con membrete del banco, con el argumento de que el dinero de la víctima ha sido "congelado" por el BCRP y con la exigencia de un pago para su supuesta liberación.
• Suplantación de funcionarios: emisión de cartas, correos con firmas falsificadas o llamadas en las que se usan nombres de funcionarios del BCRP para dar legitimidad al esquema de estafa.

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El BCRP aclaró que no ofrece alternativas de inversión, no abre cuentas para el público y nunca solicitará pagos, transferencias o trámites para "liberar" fondos. Ante cualquier contacto telefónico, mensaje o documento a nombre de una entidad financiera, pidió a la ciudadanía tomarse el tiempo de verificar las fuentes oficiales.

Asimismo, recomendó a la población desconfiar de ofertas financieras que prometan ganancias extraordinarias o de trámites que exijan pagos de urgencia. Además, señaló que cualquier comunicación del Banco Central se realiza mediante sus canales oficiales.

El proceso de postulación es virtual, gratuito y estará disponible hasta el miércoles 8 de julio a las 11:59 p. m. Si estas interesado en obtener una de estas becas puedes ingresas al siguiente enlace: www.pronabec.gob.pe/beca-peru

Las vacantes son financiadas por instituciones privadas mediante convenios suscritos con Pronabec. Cada entidad educativa establece los beneficios, los requisitos de postulación y las condiciones para conservar la beca, aunque en la mayoría de los casos la cobertura comprende los costos académicos de la carrera elegida.

Beca Perú 2026: ¿qué regiones y carreras participan en la convocatoria?

La convocatoria reúne oportunidades de estudio en Lima, Piura, Junín, Cusco, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Ayacucho, Áncash, Callao, Huancavelica, Puno, San Martín y Tacna, entre otras regiones.

Lima concentra la mayor oferta con 212 becas, dirigidas a carreras como Big Data y Ciencia de Datos, Gestión Agrícola, Ingeniería Biomédica, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Gestión Minera, entre otras.

Piura cuenta con 22 vacantes para Ingeniería Ambiental, Economía, Arquitectura, Ingeniería Mecánico-Eléctrica, Ciencias de la Educación y Panadería y Pastelería.

En tanto, Junín ofrece 16 becas para Administración, Contabilidad y Finanzas, y Economía. Cusco dispone de nueve vacantes para Administración Turística (nivel profesional técnico), Administración y Contabilidad, mientras que Arequipa ofrece nueve becas para Electricidad Industrial, Marketing Digital Analítico, Contabilidad, Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, Ingeniería Ambiental y Tecnología Médica, especialidad en Terapia Física y Rehabilitación.

Asimismo, La Libertad y Lambayeque cuentan con siete vacantes cada una. En la primera región se incluyen carreras como Tecnología de la Producción, Comunicación y Periodismo, Ingeniería Agroindustrial, Nutrición y Dietética, Ingeniería Agrónoma y Agroexportación y Educación Inicial.

En Lambayeque se ofertan becas para Administración de Negocios Internacionales, Administración Turística y Administración Hotelera; estas dos últimas, en nivel profesional técnico.

La convocatoria también considera becas para Enfermería Técnica en Ayacucho, Contabilidad en Áncash, Administración y Negocios Internacionales en el Callao, Educación Secundaria y Bilingüe en Huancavelica, Ingeniería de Industrias Alimentarias en Puno, Administración en San Martín e Ingeniería Ambiental en Tacna.

Requisitos de Beca Perú 2026 y qué cubren las becas

Beca Perú está dirigida a peruanos de cualquier edad que hayan culminado la educación secundaria y deseen iniciar estudios superiores en una universidad o instituto privado participante de la convocatoria.

Cada institución educativa define los requisitos de postulación, los beneficios y las condiciones de permanencia de los estudiantes seleccionados.

Según Pronabec, en la mayoría de los casos las becas cubren los costos académicos de la carrera.

Ministerio de Educación destaca el trabajo conjunto con las instituciones privadas

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó la articulación entre el Estado y las instituciones privadas para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior mediante esta convocatoria.

Para obtener más información sobre el proceso de postulación, las carreras disponibles y las instituciones participantes, las personas interesadas pueden consultar la página oficial de Beca Perú.

Además, Pronabec habilitó su canal de Facebook, el WhatsApp institucional 914 121 106, la línea gratuita 080 00 00 18 y la central telefónica (01) 612 8230 para atender consultas.

Los cambios fueron oficializados mediante la Resolución SBS N.° 01741-2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que modifica los reglamentos de gestión de conducta de mercado y de comisiones y gastos del sistema financiero.

Entre las principales disposiciones figura la obligación de informar oportunamente a los clientes sobre eventos que puedan perjudicarlos, como interrupciones en los canales de atención, incidentes de ciberseguridad que los afecten o situaciones que generen perjuicios en los saldos de sus cuentas o líneas de crédito.

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SBS obliga a informar sobre incidentes que afecten a los clientes

La resolución dispone que las entidades financieras deberán comunicar a los usuarios cualquier evento que pueda afectar sus operaciones o generar perjuicios.

Entre ellos se encuentran las interrupciones en los canales de atención, los incidentes de ciberseguridad con impacto en los clientes y los hechos que ocasionen afectaciones en los saldos de cuentas o líneas de crédito.

La comunicación deberá realizarse mediante medios de difusión masiva dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento del evento.

En los casos distintos a las interrupciones en los canales de atención, las entidades tendrán un plazo de 10 días hábiles para informar a los usuarios sobre lo ocurrido y las acciones adoptadas para atender la situación.

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Nuevas reglas para contratar productos y pagar obligaciones

La norma establece que las entidades financieras procuren diseñar y comercializar sus productos y servicios considerando el público objetivo al que están dirigidos.

Asimismo, fija requisitos para la contratación de productos financieros que garanticen la independencia entre distintos servicios, la transparencia, la libertad de elección del usuario y la trazabilidad de su consentimiento.

En las contrataciones realizadas mediante canales digitales, las entidades deberán brindar información clara, visible y de fácil acceso para favorecer decisiones informadas.

Además, cuando el pago de una obligación se efectúe en una entidad distinta de la titular del crédito, la entidad que reciba el pago deberá informar previamente el concepto y el monto de la comisión aplicable, si corresponde.

La resolución también establece que la entidad titular del crédito no podrá cobrar comisiones por pagos realizados a través de sus propios canales.

Atención personalizada y constancias sin costo

Como parte de la adecuación de la normativa de conducta de mercado a las Leyes N.° 31601 y N.° 32327, la SBS dispuso que las entidades financieras que cuenten con sistemas de atención automatizada también deberán ofrecer a los usuarios una alternativa de atención personal.

Asimismo, las entidades estarán obligadas a emitir o poner a disposición, sin costo y cuando el usuario lo solicite, la constancia de regularización del pago de deudas en mora en un plazo máximo de siete días hábiles, incorporando nuevas medidas orientadas a fortalecer la protección de los clientes del sistema financiero.

En la ceremonia fueron reconocidos Walter Velásquez, en la categoría Invención con Impacto Social, por desarrollar KIPI, un robot educativo que interactúa con estudiantes y dicta clases en quechua, español y otros idiomas; Ruth Manzanares, como Inventora Peruana, por su destacada trayectoria en soluciones orientadas a la sostenibilidad y la salud, así como por impulsar una mayor participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación, trayectoria que le ha valido ser incluida por la revista Forbes entre las 50 mujeres más poderosas del Perú; y Jenny Soria, en la categoría Invención en Tecnologías Verdes, por sus innovaciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, entre ellas un generador de energía a partir del movimiento de las olas.

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Asimismo, fueron distinguidos Alfredo Calle, en la categoría Invención con Proyección Internacional, por crear un sistema de amplificación eólica que incrementa el rendimiento de la generación de energía y que cuenta con 11 patentes concedidas; y Jorge Delgado Sáenz, como Inventor Destacado del Programa de Asistencia a Inventores (PAI - Perú), por desarrollar STAR YAQUA, un sistema innovador para el tratamiento de aguas residuales industriales.

Auge en el registro de patentes nacionales

Este reconocimiento coincide con un momento de despegue para la innovación local. Durante 2025, el sistema de patentes de Perú alcanzó un récord histórico de 1.047 títulos otorgados. En lo que va del año 2026, la cifra ya roza los 500 registros, concentrándose principalmente en los sectores de biotecnología, tecnología médica, productos farmacéuticos e ingeniería civil.

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Para sostener este crecimiento, el Indecopi mantiene activo el portal digital Patenta, una plataforma gratuita que brinda asesoría técnica legal y herramientas virtuales para que más investigadores protejan su propiedad intelectual de forma ágil.

El índice organiza la evaluación de la competitividad en cuatro pilares: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de negocios e infraestructura.

El mejor resultado relativo del Perú aparece en el desempeño económico. El país avanza tres posiciones y llega al puesto 44, con 51.72 puntos. La estabilidad de precios, ubicada en el puesto 11 global, sigue siendo una gran fortaleza. También destacan el factor empleo, en el puesto 36, y la economía nacional, en el puesto 44. Sin embargo, el comercio internacional retrocede al puesto 54, lo que, según el reporte, confirma que la recuperación macroeconómica todavía no se traduce en una dinámica más sólida ni en una mayor sofisticación productiva, en comparación con las ganancias del periodo en otros países.

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La eficiencia del gobierno retrocede al puesto 60, aunque su puntaje mejora ligeramente de 35.78 a 36.48. El IMD señala que el problema principal se concentra en los componentes institucionales y sociales. La legislación para los negocios cae al puesto 64 y el marco social al puesto 63. El resultado más severo se observa en los riesgos de inestabilidad política, así como en soborno y corrupción, donde el Perú ocupa el último lugar del ranking.

La eficiencia de negocios mejora del puesto 60 al 59 y eleva su puntaje de 23.05 a 25.02. Este avance es insuficiente frente a los rezagos acumulados. Productividad y eficiencia se ubican en el puesto 66; finanzas, en el puesto 65; y prácticas administrativas, en el puesto 61. El mercado laboral muestra una recuperación más clara al subir ocho posiciones hasta el puesto 44, aunque sigue lejos de los niveles que el país tuvo al inicio de la serie histórica en el año 2008.

La infraestructura es el pilar más débil. El Perú retrocede dos posiciones y cae al puesto 65, con una disminución de puntaje de 20.04 a 17.57. Las brechas más críticas se observan en el acceso al agua, la infraestructura sanitaria, científica y educativa, y las habilidades lingüísticas; indicadores en los que el país llega al puesto 69 de 70 países. Este resultado confirma que la infraestructura física, tecnológica, sanitaria y educativa sigue limitando la productividad y la calidad del crecimiento y, en particular, comprometiendo la competitividad del país en el mediano y largo plazo.

La evolución histórica de los puntajes y posiciones del Perú en el Índice de Competitividad del IMD, entre 2008 y 2026, confirma una tendencia descendente persistente, apenas interrumpida por mejoras puntuales de corto alcance. El Perú alcanzó su puntaje más alto en 2011, con 62.7 puntos, producto de una coyuntura externa favorable y de cierta estabilidad macroeconómica interna. En cuanto a posición relativa, su mejor desempeño se registró en 2008, cuando se situó en la posición 35 entre 55 países. Desde entonces, el retroceso ha sido constante, lo que evidencia una pérdida progresiva de dinamismo competitivo, tanto frente a su propio desempeño pasado como respecto al resto del mundo. El retroceso se ha acentuado desde 2015, cuando el país dejó de capitalizar los beneficios de sus reformas anteriores, y ha continuado cayendo en el ranking incluso en periodos en los que el crecimiento económico fue positivo. El promedio del Perú entre 2008 y 2026 es de 53.5 puntos. Desde 2020, todos los resultados anuales se encuentran por debajo de ese promedio; el valor más alto del tramo fue 54.87 en 2020 y el más bajo, 43.33 en 2026. Revertir este patrón de retroceso requiere algo más que una estabilización macroeconómica: exige una estrategia de cambio estructural basada en instituciones robustas, infraestructura eficiente, educación de calidad y un entorno regulatorio propicio para la innovación, acompañada de una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos.

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En América Latina, Chile mantiene la mejor ubicación regional, en el puesto 43, con 63.07 puntos. Argentina sube al puesto 58 con 46.90 puntos; Colombia cae al puesto 59 con 45.94; Perú permanece en el 60 con 43.33; México se ubica en el 62 con 42.85; Brasil en el 65 con 40.15; y Venezuela cierra la clasificación mundial en el puesto 70 con 22.45 puntos.

Colombia y Perú presentan puntajes similares en desempeño económico, pero se distinguen por sus niveles de eficiencia del gobierno, con Colombia registrando una de las posiciones de mayor rezago en este pilar (posición 68). Argentina avanza en el ranking general, aunque permanece condicionada por un marco institucional frágil y baja eficiencia económica. Venezuela permanece en el último lugar del ranking mundial, con puntajes muy bajos en todos los pilares y un puntaje nulo en eficiencia del gobierno.

El informe señala que el desafío para el próximo quinquenio consiste en transformar las fortalezas macroeconómicas existentes en una plataforma para el crecimiento inclusivo y la generación de oportunidades. Asimismo, indica que la competitividad económica no dependerá únicamente de mantener la estabilidad, sino de construir una economía más productiva, innovadora, diversificada y capaz de generar bienestar para toda la población.

Un análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA) reveló que las transacciones transfronterizas realizadas por tarjetahabientes de la región aumentaron 31% frente al mismo periodo del 2025.

El estudio, elaborado con información de operaciones procesadas por VisaNet entre el 11 y el 18 de junio de 2026, identificó que Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá encabezaron el flujo de visitantes regionales hacia los países anfitriones.

Además, el mayor volumen de transacciones se concentró en Estados Unidos, seguido de Canadá y México.

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Transacciones transfronterizas crecieron 31% durante la primera semana del Mundial 2026

Visa Consulting & Analytics analizó el comportamiento de las transacciones realizadas por viajeros de América Latina y el Caribe en los tres países sede del torneo.

Según los resultados, las operaciones transfronterizas aumentaron 31% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja un mayor dinamismo comercial asociado a la llegada de aficionados.

El informe también identificó que Brasil, Colombia y Ecuador fueron los mercados que generaron la mayor cantidad de transacciones internacionales durante la semana inaugural del campeonato.

En estos tres países, el crecimiento de las operaciones con tarjetas Visa alcanzó 39% frente al mismo periodo del 2025.

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Restaurantes, transporte y supermercados concentraron el mayor gasto de los visitantes

El análisis de VCA muestra que los aficionados realizaron un mayor gasto en actividades vinculadas a su experiencia turística durante el torneo. Las categorías con mayor incremento fueron restaurantes, con un crecimiento de 38%; transporte, con 49%; y supermercados, con 16%.

Asimismo, el uso de la tecnología contactless de Visa registró un incremento de 55% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Brasil, Colombia y Argentina concentraron la mayor cantidad de pagos realizados mediante Tap to Pay, lo que, según el informe, refleja una mayor preferencia por soluciones de pago rápidas, convenientes y seguras.

Visa destaca el impacto económico del torneo en los países anfitriones

Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe, afirmó que los aficionados de la región están generando un efecto económico significativo durante el desarrollo del Mundial.

Destacó que con el análisis se evidencia un impacto económico medible en los países anfitriones y destacó el papel de la infraestructura de pagos de Visa.

Detalló que los resultados muestran cómo los visitantes están generando un impacto económico cuantificable en los países anfitriones.

Añadió que la infraestructura de Visa actúa como un motor de este impulso comercial, al transformar la pasión por el deporte en prosperidad tangible para las economías locales gracias a pagos digitales rápidos, confiables y seguros.

Asimismo, la compañía recordó que, como Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desarrolla 145 proyectos en 25 mercados junto con 121 clientes, con el objetivo de ofrecer mejores experiencias a los tarjetahabientes durante el torneo.

Motores y frenos del mes

El avance de la recaudación estuvo impulsado principalmente por estos factores:

Precios de minerales: las altas cotizaciones del cobre y el oro elevaron las bases imponibles de las empresas mineras.

Importaciones: las compras externas CIF crecieron 29,6%, lo que impactó de forma directa en los impuestos aduaneros.

Actividad económica: el PBI de mayo creció 2,1%, según estimaciones, y la demanda interna subió 2,3%.

Por el contrario, el principal factor negativo fue la caída del tipo de cambio en 5,5%, lo que afectó el valor de las importaciones y los ingresos declarados por los exportadores.

Principales resultados

La entidad señaló cuáles fueron los tributos que generaron mayor recaudación en junio y cuánto crecieron con respecto al mismo mes del 2025:

Impuesto a la Renta: recaudó S/7.368 millones (+35,7%), impulsado por los pagos de Tercera Categoría y regularizaciones.

IGV: sumó S/8.790 millones (+13,4%). El IGV interno creció 6,1% y el IGV a las importaciones avanzó 23,4%.

ISC: cayó 1,2% (S/920 millones) debido a un retroceso de 79,6% en el ISC a los combustibles internos por menores pagos de una hidrocarburífera.

Otros ingresos: este rubro ascendió a S/2.081 millones (+41%) gracias a un incremento de 278,6% en el Impuesto Especial a la Minería y al cobro de deudas en litigio.

Segmento de contribuyentes

La administración tributaria indicó que los tributos internos aportaron S/14.664 millones. Los principales contribuyentes (Pricos) lideraron el dinamismo con un crecimiento de 27,6% (S/11.446 millones), mientras que los medianos y pequeños (Mepcos) avanzaron 6,9%. Por su parte, la recaudación aduanera cerró con S/4.665 millones, con un alza interanual de 23,7%.

En declaraciones a RPP, el abogado de Cosco Shipping, Ramiro Portocarrero, sostuvo que la resolución judicial no resolvió el fondo de la controversia, es decir, si Ositrán tiene competencia para ejercer una regulación integral sobre un puerto privado de uso público. Por ello, confirmó que la empresa acudirá al Tribunal Constitucional para que ese aspecto sea evaluado.

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Portocarrero afirmó que el caso trasciende el interés de Cosco Shipping y plantea un debate sobre la estabilidad del marco jurídico para las inversiones. Según explicó, el megapuerto de Chancay se desarrolló bajo un marco legal específico que sustentó una inversión superior a US$1.300 millones. En ese contexto, sostuvo que modificar la interpretación de esas normas cuando el proyecto estaba próximo a iniciar operaciones supone cambiar las reglas con las que se ejecutó la inversión.

Megapuerto de Chancay: Cosco cuestiona el cambio de criterio de Ositrán

Portocarrero explicó que la Ley del Sistema Nacional de Puertos permite la operación de puertos privados de uso público sin necesidad de un contrato de concesión con el Estado. En ese escenario, afirmó que la intervención de Ositrán debía limitarse a situaciones relacionadas con problemas de competencia o posiciones monopólicas.

En esa línea, recordó que años atrás el propio regulador habría sostenido, mediante informes técnicos, que no tenía competencias para supervisar o sancionar un puerto sin contrato de concesión. Sin embargo, aseguró que esa interpretación cambió cuando el terminal estaba próximo a iniciar operaciones y ahora Ositrán sostiene que puede ejercer funciones regulatorias, de supervisión, fiscalización y sanción.

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Para Cosco Shipping, ese cambio de criterio genera incertidumbre porque no solo implica el pago del aporte por regulación equivalente al 1% de los ingresos brutos, sino que también permitiría a Ositrán intervenir en aspectos como los niveles de servicio, las tarifas, las obligaciones operativas y otras decisiones relacionadas con la gestión del puerto.

Asimismo, el abogado defendió que el Puerto de Chancay es un terminal privado de uso público con carácter exclusivo, donde los servicios auxiliares son prestados por la propia empresa y no por terceros. Desde esa perspectiva, sostuvo que los eventuales problemas de competencia deberían ser evaluados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y no por Ositrán.

Respecto al aporte por regulación, Portocarrero indicó que este se viene pagando "bajo protesta" para evitar un mayor conflicto con el Estado. Según sus cálculos, actualmente representa menos de S/100 millones al año, aunque prevé que el monto aumente conforme crezcan las operaciones del terminal.

La interrupción del servicio alcanzó algunas zonas de los distritos de La Molina, Ate, Chaclacayo, Santa Clara y Chosica, luego de que se produjera un corte en la red de fibra óptica. De acuerdo con la compañía, el daño fue provocado por terceros.

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Restablecimiento del servicio de internet tras reparación de la fibra óptica

Movistar señaló que, una vez detectada la afectación, desplegó equipos técnicos para ejecutar las labores de reparación y recuperar el servicio en el menor tiempo posible.

Como resultado de estos trabajos, la empresa informó que la conectividad quedó restablecida a las 12:16 p. m. de este miércoles.

La compañía indicó que los trabajos permitieron recuperar el servicio de internet fijo que había resultado afectado por el corte registrado en la infraestructura de fibra óptica ubicada en la avenida Asturias, en el distrito de La Molina.

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Daños en la infraestructura de telecomunicaciones

Según Movistar, el corte en la red de fibra óptica fue provocado por terceros.

La empresa precisó que este hecho se suma a otros dos actos de vandalismo registrados durante el último fin de semana en La Molina, los cuales también afectaron los servicios de telecomunicaciones fijos y móviles.

Asimismo, la compañía señaló que presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades con el objetivo de que se investiguen los hechos relacionados con los daños ocasionados a su infraestructura de telecomunicaciones.

Movistar exhorta a prevenir nuevos actos de vandalismo

Movistar recordó que los ataques contra la infraestructura de telecomunicaciones constituyen un delito, debido a que pueden afectar el derecho de los ciudadanos a la conectividad y limitar el acceso a los servicios de emergencia.

En ese contexto, la empresa exhortó a la población a reportar ante las autoridades cualquier manipulación sospechosa de infraestructura de telecomunicaciones, como cables, postes o cámaras subterráneas, con el propósito de contribuir a prevenir nuevos actos de vandalismo.

En tanto, con un crecimiento menor al promedio nacional, se ubicaron siete divisiones: prendas de vestir y calzado (0,11%); bienes y servicios diversos (0,10%); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; recreación y cultura, con 0,09% cada uno; y educación (0,02%). Además, dos divisiones registraron disminución: bebidas alcohólicas y tabaco (-0,07%) y transporte (-0,47%).

Asimismo, indicó que, en junio de 2026, el Índice de Precios al por mayor nacional registró una variación de -0,96% respecto del mes anterior. Con este resultado, acumuló 3,58% durante el primer semestre del año y, en el periodo anual (últimos 12 meses), alcanzó una variación de 0,58%.

Por otro lado, los precios de los productos de origen nacional mostraron una reducción, explicada por el sector manufactura, donde incidieron los combustibles, como gasohol (-12,3%), petróleo diésel (-8,7%) y petróleo industrial (-3,3%). Asimismo, se observaron bajas en los precios de azúcar rubia (-2,3%), carne de pavo (-2,1%), varillas de construcción (-1,9%), hilados de fibra de algodón (-1,4%), carne de pollo (-1,2%) y galletas dulces (-1,0%). A su vez, el sector agropecuario registró menores precios, con mayor incidencia en los productos agrícolas, entre ellos arveja verde (-20,8%), cebolla (-14,1%), camote (-7,1%), papa (-6,7%), yuca (-5,1%), zanahoria (-3,8%) y café en grano (-3,5%); así como en los productos pecuarios, entre los que figuraron pollo en pie (-8,0%), ganado porcino (-1,4%) y ovino (-0,6%). En contraste, el sector pesca presentó mayores precios y destacaron las especies marítimas, como bonito (37,2%), jurel (16,9%), merluza (13,4%), tollo (10,7%), cachema (10,0%), lisa (9,0%), caballa (8,6%) y pejerrey (8,2%). Mientras tanto, en la pesca continental retrocedieron los precios de palometa (-14,9%) y boquichico (-13,3%).

Por su parte, los productos de origen importado también registraron una disminución de precios, sustentada por el sector manufactura, donde se concentraron las bajas en petróleo diésel (-8,8%), varillas de construcción (-4,3%), abonos nitrogenados (-3,2%), filtros (aire, aceite y agua) (-2,4%), vehículos para el transporte (-1,5%), topadoras frontales (-1,4%) y planchas de acero (-1,1%). En el sector agropecuario resaltaron los menores precios de trigo (-2,7%), lenteja (-1,6%) y maíz amarillo duro (-0,7%); en tanto, el algodón sin cardar registró un incremento de 5,1%.

Comportamiento mensual del Índice de Precios al Consumidor en las ciudades

En junio de 2026, los precios al consumidor registraron incrementos en 10 ciudades del país. Destacó Puerto Maldonado, con la mayor variación positiva (0,47%), seguida de Trujillo (0,31%) y Lima Metropolitana (0,23%).

Asimismo, dentro del intervalo de 0,20% a 0,00%, donde se encuentra el IPC nacional con 0,13%, se ubicaron siete ciudades: Puno (0,18%), Tumbes (0,14%), Cajamarca (0,11%), Moquegua (0,05%), Cusco (0,04%) y Arequipa y Chimbote, con 0,02% cada una.

Por el contrario, 16 ciudades presentaron variaciones negativas, lideradas por Iquitos (-0,63%), Pucallpa (-0,48%), Piura (-0,40%), Cerro de Pasco (-0,29%) y Chiclayo (-0,25%).

En el rango de 0,00% a -0,20%, 11 ciudades mostraron variaciones negativas: Ica (-0,16%), Tacna (-0,15%), Ayacucho y Huaraz, con -0,14% cada una; Huánuco (-0,13%); Abancay (-0,11%); Moyobamba y Tarapoto, con -0,07% cada una; y Chachapoyas, Huancavelica y Huancayo, con -0,06% cada una.

En junio de 2026, la variación positiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional se explicó principalmente por el incremento de precios en alimentos básicos y productos agrícolas. Incidieron las alzas en pescados, como bonito y jurel; huevos de gallina; así como en frutas, entre ellas papaya, mango, manzana, plátano de seda, piña, uva blanca y granadilla; y en productos agrícolas como choclo, espinaca, lechuga, apio y zapallo.

Evolución anual de los precios al consumidor en las ciudades

En el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la ciudad de Puerto Maldonado registró la mayor variación positiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con 7,37%.

En el intervalo de 5,00% a 4,00% se ubicaron cuatro ciudades: Moquegua (4,23%), Arequipa (4,10%), Abancay (4,08%) y Lima Metropolitana (4,01%).

En el rango de 4,00% a 3,00%, donde se sitúa el IPC nacional con 3,57%, están comprendidas seis ciudades: Huancayo (3,84%), Cerro de Pasco (3,55%), Cusco (3,30%), Cajamarca (3,27%), Puno (3,18%) y Huancavelica (3,09%).

En el intervalo de 3,00% a 2,00% se observaron 10 ciudades: Piura (2,61%), Chachapoyas (2,51%), Ica (2,46%), Tacna (2,36%), Ayacucho (2,34%), Pucallpa (2,26%), Chiclayo (2,21%), Trujillo (2,20%), Huaraz (2,13%) y Moyobamba (2,12%).

Finalmente, con variaciones menores al 2,00%, se situaron cinco ciudades: Huánuco (1,99%), Tarapoto (1,91%), Chimbote (1,73%), Iquitos (1,03%) y Tumbes (0,90%).

La Sala concluyó que las comunicaciones, oficios y requerimientos realizados por Ositrán forman parte de sus competencias legales y no representan una amenaza constitucional inmediata, por lo que no corresponde evaluarlos mediante un proceso de amparo.

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Asimismo, el tribunal remarcó que el puerto de Chancay, pese a ser de titularidad privada, constituye una infraestructura de transporte de uso público. Bajo esa premisa, Cosco Shipping mantiene la condición de “Entidad Prestadora” y queda sujeta a las facultades regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras del organismo regulador.

Para sustentar su decisión, la Sala citó la Ley N.° 26917, la Ley del Sistema Portuario Nacional y otras normas relacionadas con el marco legal de los organismos reguladores de infraestructura y servicios públicos.

Poder Judicial revoca parcialmente fallo previo a favor de Cosco Shipping

La resolución también deja sin efecto parte de la sentencia emitida en primera instancia, que anteriormente había declarado fundada la demanda de Cosco Shipping y había ordenado restringir las competencias de Ositrán sobre determinadas operaciones del megapuerto.

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Con esta nueva decisión, el tribunal reformó el fallo inicial y declaró improcedente la demanda de amparo, ratificando que el organismo regulador sí mantiene competencias sobre las operaciones del puerto de Chancay.

El conflicto judicial surgió luego de que Cosco Shipping cuestionara la intervención de Ositrán en una infraestructura construida con inversión privada. Sin embargo, el regulador sostuvo que su competencia no depende de que exista una concesión estatal, sino de que el terminal sea una infraestructura de uso público.

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