El dato más llamativo del informe corresponde al sector Sistemas, que registró la pretensión salarial más alta del mercado para posiciones de supervisor y jefe, con pedidos de hasta S/12.000 mensuales. La cifra se ubicó muy por encima del promedio general y consolidó a los perfiles tecnológicos como los más valorados por los postulantes.

“Los datos muestran un mercado laboral que avanza de manera gradual. Las expectativas salariales siguen creciendo de forma moderada, alcanzando el nivel más alto del semestre en junio”, explicó Diego Tala Tala, director comercial de Bumeran.

El estudio muestra que las áreas vinculadas a tecnología y transformación digital concentran las mayores expectativas de ingreso entre los trabajadores con mayor experiencia.

Además de Sistemas, otras posiciones con pretensiones salariales elevadas durante el semestre fueron:

• Impuestos: S/5.200 mensuales.
• Ingeniería Geológica: S/5.000.
• Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/5.000.
• Liderazgo de Proyecto: S/5.000.
• Desarrollo de Negocios: S/4.000.
• Administración de Personal: S/4.000.

En los niveles semi senior y senior, Bumeran identificó que áreas relacionadas con Urbanismo y Proyectos de Inversión llegaron a registrar pedidos de S/6.000 mensuales en algunos meses de 2026.

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Urbanismo sorprende entre los perfiles junior

Uno de los resultados más llamativos es que Urbanismo aparece también como el sector con la mayor pretensión salarial para trabajadores junior, con solicitudes de hasta S/5.000 mensuales.

Le siguen otros puestos junior con expectativas relativamente altas:

• Gerencia / Dirección General: S/4.000.
• Evaluación Económica: S/3.500.
• Seguridad Informática: S/3.500.
• Planeamiento Comercial: S/3.000.
• Responsabilidad Social: S/3.000.

El informe sugiere que incluso los profesionales con menor experiencia están orientando sus expectativas hacia sectores relacionados con infraestructura, análisis económico y ciberseguridad, áreas que muestran una creciente demanda de talento especializado.

Los trabajos con menores pretensiones salariales

En el extremo opuesto del mercado laboral se encuentran las actividades vinculadas a servicios y atención al cliente.

Para el segmento junior, los menores pedidos fueron:

• Pasantía / Trainee: S/1.130.
• Call Center: S/1.500.
• Corporate Finance / Banca de Inversión: S/1.600.
• Comunicaciones Internas: S/1.800.
• Asistente de Tráfico: S/1.825.

En los niveles semi senior y senior, las menores pretensiones salariales correspondieron a:

• Turismo: S/1.500.
• Atención al Cliente: S/1.700.
• Ingeniería en Alimentos: S/2.000.
• Community Management: S/2.200.
• Administración: S/2.500.

La presencia de Turismo entre los sectores con menores expectativas salariales resulta significativa en un contexto en el que la actividad todavía enfrenta retos de recuperación y formalización del empleo.

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La experiencia sigue marcando una amplia brecha

El estudio también evidencia diferencias importantes según el nivel de experiencia. En junio, la remuneración pretendida promedio fue de:

• S/2.365 para puestos junior.
• S/3.535 para posiciones semi senior y senior.
• S/5.569 para cargos de supervisor o jefe.

La distancia entre un trabajador junior y una jefatura supera los S/3.200 mensuales, lo que refleja el fuerte peso que siguen teniendo la experiencia, la especialización técnica y las responsabilidades de gestión en las expectativas salariales del mercado peruano.

El salario pretendido alcanzó su punto más alto en junio

La evolución mensual muestra un incremento sostenido a lo largo del año. La pretensión salarial promedio pasó de S/3.310 en enero a S/3.475 en junio.

El mayor aumento mensual se registró en marzo, con un avance de 1,85%, seguido de junio (1,22%) y mayo (1,06%).

Aunque el crecimiento acumulado de 1,19% supera el registrado en el primer semestre de 2025 (0,94%), todavía se mantiene por debajo del aumento observado en 2024 (2,70%), lo que sugiere un mercado laboral más cauteloso que en años anteriores.

Los resultados del informe muestran una tendencia clara: los trabajadores perciben que las mejores oportunidades salariales están asociadas a tecnología, ingeniería, impuestos y gestión de proyectos.

La evolución de las pretensiones salariales refleja un mercado laboral en transformación, donde las decisiones de formación, especialización y reconversión profesional adquieren cada vez mayor relevancia. Para empresas y trabajadores, el reto será encontrar un equilibrio entre las expectativas de remuneración y las condiciones reales de contratación, en un escenario marcado por cambios tecnológicos, nuevas demandas de talento y una recuperación económica que aún avanza de manera desigual entre los distintos sectores productivos.

El resultado ubica al mercado peruano entre los que más crecieron en Sudamérica durante el primer semestre. Solo Colombia registró un aumento mayor, con 33,45%, mientras que Argentina avanzó 15,90% y Chile 6,46%.

El incremento se produjo en un contexto de mayor conectividad aérea entre Perú y Brasil, un factor que ha favorecido la movilidad regional y la recuperación de los viajes internacionales. Las autoridades brasileñas informaron que el flujo de turistas sudamericanos por vía aérea aumentó 13,82% y alcanzó 1,9 millones de visitantes en los primeros seis meses del año.

Para el mercado peruano, el dato refleja la consolidación de la recuperación del turismo internacional y una mayor demanda de viajes hacia destinos regionales. Brasil se ha convertido en uno de los destinos con mayor dinamismo para los viajeros peruanos, favorecido por conexiones directas desde Lima hacia ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, además de una oferta turística más amplia y competitiva.

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El crecimiento de los viajes al exterior también coincide con la expansión del movimiento de pasajeros en los aeropuertos peruanos. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el tráfico aéreo internacional en Perú ha mantenido una tendencia positiva en los últimos años gracias a la recuperación de rutas, el aumento de frecuencias y la incorporación de nuevas conexiones hacia Sudamérica y otros mercados.

La evolución del turismo emisivo peruano ocurre además en un entorno de mayor competencia entre aerolíneas y operadores turísticos, lo que ha ampliado las opciones de viaje para los consumidores y ha facilitado una mayor movilidad dentro de la región.

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El comportamiento de los viajeros peruanos muestra una mayor preferencia por desplazamientos dentro de Sudamérica, impulsados por la facilidad migratoria entre países de la región y por una oferta turística que permite combinar viajes de ocio, compras, gastronomía y eventos culturales en periodos relativamente cortos.

Según información de Mincetur y PromPerú, los destinos sudamericanos concentran una parte importante de los viajes internacionales realizados por residentes peruanos, debido a menores tiempos de traslado y costos más accesibles en comparación con rutas de larga distancia hacia Europa o Norteamérica.

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El dinamismo observado durante 2026 también está asociado a cambios en los hábitos de consumo turístico. Las agencias de viaje reportan una mayor demanda de paquetes flexibles, reservas digitales y escapadas de tres a cinco días, especialmente entre viajeros que priorizan experiencias urbanas y actividades recreativas de corta duración.

Otro factor relevante es la creciente integración de los mercados turísticos de la región. La interoperabilidad de servicios, el uso extendido de plataformas digitales de alojamiento y transporte y las campañas de promoción entre países sudamericanos han contribuido a incrementar la movilidad de viajeros dentro del continente.

En el caso peruano, este escenario beneficia no solo a las aerolíneas, sino también a operadores turísticos, agencias de viaje, empresas de asistencia al viajero y servicios financieros vinculados al consumo turístico internacional. El aumento de desplazamientos al exterior genera una mayor actividad económica en toda la cadena asociada a la planificación y ejecución de viajes.

La evolución del turismo emisivo peruano durante el primer semestre de 2026 confirma que los viajes regionales continúan consolidándose como una de las principales opciones para los residentes peruanos que buscan alternativas internacionales cercanas, con mayor flexibilidad operativa y una oferta diversificada de servicios turísticos.

Con la nueva disposición, los propietarios podrán presentar un documento privado con firma certificada por notario para efectuar modificaciones unilaterales en el reglamento interno, siempre que dichos cambios no afecten los derechos de los propietarios de las demás unidades inmobiliarias. La escritura pública continuará siendo una opción, pero dejará de ser el único mecanismo aceptado en estos casos.

Hasta antes de esta modificación, la aplicación de la norma no era uniforme. Mientras algunos registradores admitían documentos privados con firmas certificadas, otros exigían obligatoriamente una escritura pública, lo que generaba diferencias en la atención de expedientes y obligaba a los usuarios a asumir mayores costos o realizar subsanaciones para culminar el trámite.

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Según explicó la Sunarp, la actualización busca unificar el criterio registral mediante una interpretación alineada con el artículo 86 del mismo reglamento, que regula la inscripción inicial de los reglamentos internos. De esta manera, se pretende brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad sobre los requisitos exigidos para este tipo de procedimientos.

Uno de los principales efectos de la medida será la reducción de los gastos notariales. Elaborar una escritura pública implica costos superiores a los de un documento privado con firmas legalizadas, además de requerir un procedimiento más extenso para su preparación y otorgamiento. Al ampliar las alternativas permitidas, los propietarios podrán optar por un trámite menos oneroso cuando las condiciones legales lo permitan.

Además del ahorro económico, la entidad considera que la modificación permitirá disminuir el tiempo requerido para completar la inscripción, ya que la elaboración y certificación de documentos privados suele demandar menos días que la formalización de una escritura pública.

Cambios agilizan trámites en proyectos inmobiliarios

La modificación también tendría efectos en el mercado inmobiliario, especialmente en proyectos que requieren adecuaciones en sus reglamentos internos durante su desarrollo o comercialización. Entre ellos figuran edificaciones por etapas, condominios y conjuntos residenciales donde es necesario actualizar la distribución de áreas comunes, cuotas de participación u otros aspectos vinculados con la organización del inmueble.

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En estos casos, la reducción de tiempos para obtener la inscripción registral puede facilitar procesos como la independización de unidades inmobiliarias, la transferencia de inmuebles y el cierre de operaciones de compraventa, evitando retrasos derivados de la formalización de documentos notariales de mayor complejidad.

Otro de los ámbitos donde la medida podría tener impacto es en los procesos de sucesión. La regularización de la independización de inmuebles constituye un paso necesario para diversas operaciones relacionadas con herencias, ventas o transferencia de propiedad, por lo que la simplificación del procedimiento podría contribuir a acelerar estos procesos cuando corresponda.

La modificación del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios entra en vigencia con criterios uniformes para este tipo de procedimientos registrales. A partir de su aplicación, los propietarios que realicen modificaciones unilaterales en los reglamentos internos, siempre que no afecten derechos de terceros, podrán optar por un documento privado con firma certificada notarialmente, una alternativa que reduce costos notariales y acorta los tiempos necesarios para completar la inscripción registral.

La designación quedó formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 313-2026-EF/49, publicada en el diario oficial El Peruano y suscrita por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. En los considerandos de la norma se señala que el puesto se encontraba vacante, por lo que correspondía nombrar al funcionario que asumirá las funciones inherentes al cargo.

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¿Quién es Luis Arias Minaya, el economista que encabezará el gabinete de asesores del MEF?

Luis Arias Minaya cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y en el ámbito académico. Es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y posee una maestría en Economía por la London School of Economics and Political Science (LSE), una de las instituciones más reconocidas en esta disciplina.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos vinculados al manejo de las finanzas públicas y la administración tributaria. Fue director y vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidad responsable de preservar la estabilidad monetaria y controlar la inflación del país.

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También dirigió la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) entre los años 2000 y 2003. Durante ese periodo estuvo a cargo de la administración y recaudación de los principales impuestos, una función clave para el financiamiento del Estado.

Posteriormente fue jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, organismo encargado de la recaudación de tributos municipales, y en 2018 asumió la presidencia ejecutiva del Banco de la Nación, la entidad financiera estatal que presta servicios bancarios al Estado y a millones de ciudadanos.

Su experiencia también se extiende al ámbito universitario. Ha sido docente en la PUCP y en la Universidad de Lima, donde dictó cursos relacionados con política fiscal, macroeconomía y análisis económico de los impuestos.

La iniciativa plantea que la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional pase de US$10.05 más IGV a US$6.40 más IGV por viajero.

Además de la reducción tarifaria, LAP propone que este pago sea incluido directamente dentro del boleto aéreo, una modalidad utilizada en otros aeropuertos internacionales, con el objetivo de evitar que los pasajeros tengan que realizar un pago adicional durante su escala en el terminal.

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La propuesta llega en medio del debate sobre la competitividad del aeropuerto limeño como punto de conexión regional. Para LAP, reducir costos y simplificar el tránsito de pasajeros puede contribuir a atraer nuevas rutas, incrementar frecuencias y fortalecer la posición del Perú dentro del mercado aéreo sudamericano.

LAP busca reducir costos para pasajeros en conexión, pero aerolíneas aún no aceptan propuesta

La concesionaria señaló que la reducción de la TUUA representaría un esfuerzo económico propio y que la iniciativa forma parte de un esquema que busca compromisos compartidos con las aerolíneas.

Entre esos compromisos, LAP plantea que las compañías aéreas impulsen nuevas rutas, aumenten frecuencias y tengan una mayor presencia operativa en Lima. Sin embargo, hasta el momento, la propuesta no ha sido aceptada por las aerolíneas.

Este punto marca el principal desafío para que la medida pueda aplicarse. Mientras no exista un acuerdo entre los actores del sector y la tarifa no sea incorporada en el boleto aéreo, los pasajeros que realicen conexiones internacionales continuarán efectuando el pago presencial durante su tránsito por el aeropuerto.

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La discusión no es menor porque los pasajeros en conexión representan una parte estratégica para el crecimiento de un aeropuerto que busca consolidarse como un centro de distribución de vuelos internacionales. Aunque actualmente este grupo representa cerca del 7% de los usuarios del Jorge Chávez, son justamente estos viajeros los que permiten ampliar la red de destinos mediante escalas.

Según cifras de LAP, durante el primer semestre del año los pasajeros internacionales con vuelos directos desde Lima crecieron 5,2%. Actualmente, el aeropuerto conecta al país con 62 destinos: 43 internacionales y 19 nacionales, mediante la operación de 23 aerolíneas.

Para el cierre de 2026, la concesionaria proyecta alcanzar los 26,5 millones de pasajeros transportados, una cifra que refleja la presión por mejorar la capacidad y competitividad del terminal.

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Jorge Chávez apunta a ganar más conexiones internacionales mientras LAP suma US$2.574 millones en inversiones

La propuesta de reducción de la TUUA se presenta mientras LAP destaca el peso económico que tiene la operación del aeropuerto dentro del sistema de transporte peruano.

Desde el inicio de la concesión hasta abril de 2026, la empresa informó que entregó al Estado peruano US$3.853 millones en el marco del contrato de concesión. Asimismo, señaló que por cada S/100 que recibe, aproximadamente S/52 se destinan al Estado peruano.

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Para este año, LAP proyecta un aporte de US$277 millones al Estado. En paralelo, la compañía reportó inversiones acumuladas por US$2.574 millones destinadas a la modernización y ampliación de la infraestructura aeroportuaria.

La iniciativa apunta a mejorar la posición del Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región que compiten por captar conexiones internacionales. Para LAP, reducir la TUUA y eliminar el pago presencial facilitaría el tránsito de pasajeros, aunque su implementación todavía depende de un acuerdo con las aerolíneas.

La declaración se produce después de que el Ejecutivo presentara ante el Congreso un proyecto de ley mediante el cual solicita facultades legislativas. Entre las materias incluidas en el pedido figura la revisión del régimen de feriados, lo que abrió la posibilidad de que el calendario sea modificado.

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Sheput sostuvo que esa posibilidad no significa que exista una decisión tomada. En declaraciones a RPP, señaló que el Ejecutivo recopilará información sobre los efectos de los feriados antes de definir su posición.

"No se van a aumentar ni disminuir los feriados; primero evaluaremos el impacto", afirmó.

Para el abogado laboralista César Puntriano, la diferencia entre lo planteado en el proyecto y la posterior aclaración del ministro debe explicarse con mayor precisión. En diálogo con este medio, cuestionó la claridad de los mensajes que está dando el Ejecutivo.

"Hay un primer tema a considerar (...) que tiene que ver con la claridad de los mensajes que se dan a la población", señaló.

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Puntriano consideró que la revisión incluida en el proyecto deja abierta la posibilidad de reducir los días de descanso. "Si es revisión, la revisión debería apuntar a reducirlos. Porque si los vas a mantener igual, o los vas a incrementar, no los revisas", sostuvo.

CGTP exige sustento técnico para revisar los feriados y cuestiona las facultades

Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuestionó que el Ejecutivo plantee revisar los feriados sin explicar las razones que justificarían una modificación.

"Todo cambio tiene que ser bajo sustento técnico", afirmó Minaya a La República.

El dirigente sindical recordó que varias de las fechas incorporadas al calendario fueron aprobadas durante el periodo legislativo anterior bajo el argumento de promover el turismo. Por ello, considera que si ahora el Ejecutivo sostiene que los feriados afectan la economía, debe presentar evidencia que explique ese cambio de criterio.

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Minaya cuestionó que las mismas fuerzas políticas que participaron en la aprobación de nuevos feriados sostengan ahora que estas fechas ponen en riesgo el desarrollo económico. A su juicio, corresponde que el Gobierno exponga cuáles son las razones técnicas para plantear una revisión.

El cuestionamiento de la CGTP también alcanza al pedido de facultades legislativas. La central sindical rechaza que los asuntos laborales sean incluidos en la delegación solicitada por el Ejecutivo y sostiene que estas materias deberían discutirse en los espacios institucionales de diálogo entre trabajadores y empleadores.

"Las propuestas de facultades legislativas no deben incluir los temas laborales", afirmó Minaya.

Según explicó, existe un espacio oficial para que las organizaciones sindicales y los representantes empresariales participen en la discusión de las reformas laborales. Para la CGTP, trasladar estas decisiones directamente al Ejecutivo reduciría la participación de los trabajadores en modificaciones que pueden afectar sus derechos.

Minaya también cuestionó los efectos que podría tener una eventual reorganización del sector público incluida en el pedido de facultades. Señaló que una reducción de ministerios u organismos podría traducirse en una disminución de puestos de trabajo.

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Feriados en Perú: especialista pide medir el impacto económico antes de reducirlos

La eventual modificación del calendario también plantea una discusión sobre el impacto económico de los días de descanso. Para Puntriano, el Ejecutivo debe contrastar los efectos sobre la actividad productiva con los ingresos que generan sectores vinculados al turismo.

El abogado recordó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó en 2023 un impacto de 0,14 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) asociado a los nuevos feriados. Sin embargo, señaló que esa cifra debe contrastarse con el movimiento económico generado por los viajes y el consumo durante los días de descanso.

"Por un lado se dice que efectivamente hay un impacto en el Producto Bruto Interno, pero por otro lado está el ingreso por el turismo. Entonces hay que ver si realmente, aplicando por un lado ese beneficio y por otro lado el impacto negativo, verificar en el resultado si son medidas favorables o no", explicó a este medio.

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Los feriados nacionales están establecidos por ley. Por ello, una eventual reducción requeriría una modificación legal aprobada por el Congreso o un decreto legislativo, si el Parlamento concede al Ejecutivo facultades para legislar sobre esta materia.

Por ahora, Sheput sostiene que no existe una decisión para reducir los 16 feriados y que primero se evaluará su impacto. Sin embargo, el proyecto presentado al Congreso incorpora la revisión del régimen entre las materias que el Ejecutivo busca abordar.

La CGTP exige que cualquier modificación tenga sustento técnico y cuestiona que los asuntos laborales sean incluidos en las facultades. Puntriano, por su parte, pide que el Gobierno determine con datos el efecto económico de los feriados antes de plantear cambios.

El indicador mide el paso de vehículos livianos y pesados por las estaciones de peaje. En mayo, ambos grupos registraron avances: los vehículos livianos aumentaron 5,1%, mientras que los pesados crecieron 3,4%. La diferencia importa porque cada segmento está asociado a distintos movimientos de la economía. Mientras los primeros están más vinculados con los viajes de personas, el turismo y el consumo, los segundos reflejan en buena medida el traslado de productos, insumos y equipos.

Para la Asociación Automotriz del Perú (AAP), esta trayectoria guarda relación con el dinamismo de la actividad económica. Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la institución, señaló que el Índice de Flujo Vehicular permite observar el movimiento de mercancías y personas y, por esa vía, aproximarse al desempeño de la economía.

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Más viajes y consumo explican el avance de los vehículos livianos

El crecimiento de los vehículos livianos estuvo acompañado por una mayor movilidad durante el fin de semana largo por el Día del Trabajo, las celebraciones por el Día de la Madre y la realización de ferias gastronómicas en Lima y otras regiones. Estos eventos favorecieron el turismo y terminaron repercutiendo en actividades que, a primera vista, podrían parecer desconectadas del tránsito de las carreteras.

El mayor desplazamiento de personas impulsó las ventas en supermercados, minimarkets y tiendas de conveniencia, además de elevar la demanda de combustibles. También favoreció los servicios de alojamiento y restaurantes y el transporte interprovincial. Es decir, detrás del aumento de los vehículos que circulan por los peajes existe una cadena de consumo que se activa cuando las personas se movilizan más.

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La renovación del parque automotor también forma parte de esta tendencia. La AAP destacó que el crecimiento de las ventas de vehículos nuevos viene ocurriendo en paralelo al aumento del flujo vehicular de los últimos dos años. La incorporación de unidades más modernas puede contribuir a renovar una flota que, además de ofrecer mejores condiciones de seguridad, utiliza tecnologías menos contaminantes.

En el caso de los vehículos pesados, la explicación está más relacionada con el movimiento de mercancías. El aumento de la demanda de transporte estuvo asociado al comercio mayorista y al traslado de metales y minerales, materiales de construcción, productos de ferretería, combustibles, maquinaria y equipos.

A ello se suma el desempeño de la minería y los hidrocarburos. Los mayores volúmenes de producción de cobre, oro, hierro, estaño, gas natural y líquidos de gas natural generaron una mayor necesidad de transporte de mercancías vinculadas con estas actividades. La construcción también aportó al movimiento, a través del mayor consumo interno de cemento para proyectos privados, infraestructura, viviendas multifamiliares, clínicas y plantas industriales.

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Piura y Puno lideraron el crecimiento regional, mientras San Martín retrocedió

El comportamiento del tránsito no fue uniforme en todo el país. Piura registró uno de los mayores incrementos, con un crecimiento de 8,1%, impulsado por actividades religiosas. Puno también tuvo un avance importante, de 8%, favorecido por la festividad de San Isidro Labrador en Juliaca.

En Junín, el flujo vehicular aumentó 6,6%, asociado a procesiones, ferias comerciales y presentaciones de danzas que movilizaron visitantes y devotos. Arequipa registró un crecimiento de 5,2%, en parte por la festividad de la Virgen de Chapi, que congregó a personas procedentes de distintas regiones y del extranjero.

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La Libertad presentó un incremento más moderado, de 1,9%, relacionado con la fiesta patronal de San Isidro Labrador, celebrada en Moche. En contraste, San Martín fue la única región reportada con una caída: el flujo vehicular disminuyó 6,3% debido al bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry durante el paro agrario y a los daños provocados por las lluvias intensas en la infraestructura vial de la provincia de El Dorado.

El resultado de mayo deja así una lectura que va más allá de las cifras de tránsito. Cuando aumentan los viajes, también se mueven restaurantes, hoteles, comercios, estaciones de servicio y actividades turísticas. Cuando crece el transporte pesado, detrás aparecen sectores que necesitan llevar productos e insumos de un punto a otro. Por eso, el flujo vehicular funciona como una señal indirecta de cuánto se está desplazando la economía por las carreteras.

La perspectiva para los próximos meses sigue siendo favorable, de acuerdo con la AAP, en línea con el consumo privado, la inversión y las exportaciones. Sin embargo, existe un factor que podría cambiar el panorama: el clima.

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La institución advierte que un eventual fortalecimiento del Fenómeno de El Niño hacia finales de 2026 e inicios de 2027, junto con las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño Costero, podría afectar actividades como la agricultura, el transporte, el comercio y el turismo. Además, eventuales daños en carreteras y puentes podrían interrumpir la conectividad y alterar el tránsito en distintas regiones.

Por ahora, el balance es positivo. Los 40 meses consecutivos de expansión muestran una demanda de transporte que se mantiene activa. Pero su continuidad dependerá no solo de que las personas sigan consumiendo y viajando o de que las empresas mantengan el traslado de mercancías, sino también de que las carreteras puedan seguir conectando al país sin interrupciones.

"Vamos a incrementar progresivamente la remuneración mínima vital hasta llegar a los S/1.300, acompañando esta medida con un bono de apoyo a las empresas para que puedan asumir este incremento", afirmó durante su discurso.

Ahora la discusión se traslada al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos sectores deberán explicar por qué este es el momento adecuado para elevar la RMV, cómo funcionará el bono y cuál será su impacto sobre las cuentas públicas.

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Del "aplauso fácil" al aumento de la RMV

La propuesta también representa un cambio frente al discurso que Keiko Fujimori sostuvo durante la campaña presidencial. Entonces descartó elevar el sueldo mínimo hasta S/1500, como planteaba Juntos por el Perú, al considerar que un incremento de esa magnitud debía responder a fundamentos económicos y no a promesas electorales.

"Un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser una medida que vamos a utilizar", declaró en ese momento. También sostuvo que cualquier ajuste debía realizarse "de manera progresiva y responsable" y depender del crecimiento económico y de la productividad.

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Ahora, desde el Gobierno, el incremento vuelve a instalar un debate que el propio fujimorismo cuestionaba meses atrás: cuándo corresponde elevar el salario mínimo y cuáles deben ser los criterios para hacerlo.

Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, el anuncio sí encuentra respaldo técnico. Explica que, si desde 2007 se hubieran aplicado de manera continua los criterios acordados en el Consejo Nacional del Trabajo, que consideran la inflación y la productividad, la remuneración mínima ya debería ubicarse por encima del monto anunciado.

"Si se hubieran aplicado los criterios técnicos de inflación y productividad del CNT, el salario mínimo hoy debería estar cercano a S/1400. Los S/1.300 están dentro del margen técnico", señaló a La República.

Cuadros considera que el anuncio termina validando, al menos parcialmente, una propuesta que el propio oficialismo rechazó durante la campaña y sostiene que la evidencia para el Perú no muestra que incrementos del salario mínimo, cuando responden a criterios técnicos y se aplican en un contexto de crecimiento económico, destruyan empleo formal.

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El bono cambia la discusión: ya no solo es un tema laboral, sino también fiscal

Si el aumento de la RMV recae sobre las empresas privadas, el bono anunciado por la presidenta introduce un elemento distinto: el uso de recursos públicos para compensar parte de ese mayor costo laboral.

Ese componente convierte la medida en una decisión que también deberá justificarse desde la política fiscal. Hasta ahora el Ejecutivo no ha informado cuánto costará el subsidio, qué empresas podrán acceder a él ni durante cuánto tiempo estará vigente.

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla advierte que esas precisiones serán determinantes para evaluar la sostenibilidad del anuncio.

"El Gobierno ha tenido que decidir aumentar el salario mínimo, pero a la par dar un subsidio a las mypes para hacer frente a este incremento. Creo que es una medida que apela más a la política que a la técnica", afirmó.

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Castilla advierte que el anuncio no puede evaluarse de manera aislada. Además del aumento de la remuneración mínima, el Gobierno también ha planteado duplicar Pensión 65 y ejecutar una amplia cartera de proyectos de infraestructura, compromisos que incrementarán la presión sobre las finanzas públicas.

En ese contexto, considera que aprovechar el actual buen desempeño de la recaudación tributaria, impulsado por los altos precios del cobre y del oro, para asumir nuevos gastos permanentes implica un riesgo.

"Depender de recursos extraordinarios porque el precio del cobre y del oro está alto no debe permitir financiar gastos de este tipo", sostuvo.

La discusión, por tanto, ya no gira únicamente alrededor del monto del nuevo salario mínimo. También alcanza la forma en que será financiado y si el Gobierno podrá sostener simultáneamente este aumento, el bono para empresas y el incremento de Pensión 65 sin comprometer el objetivo que la propia presidenta planteó al iniciar su gestión: ordenar las cuentas públicas.

Será en la presentación de la política general del Gobierno y, sobre todo, en el proyecto de Presupuesto 2027 donde el Ejecutivo deberá mostrar si estos anuncios responden a una estrategia económica consistente o si fueron decisiones adoptadas antes de definir cómo serán financiadas.

Los resultados muestran que las desvinculaciones respondieron principalmente a decisiones de contención de gastos. El 46% de las áreas de Recursos Humanos identificó la reducción de costos como la principal causa de los despidos. A ello se suman el desempeño insuficiente del personal (44%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (20%), la situación económica general (16%), otros factores (10%) y los procesos de fusión o adquisición (6%).

La percepción de los trabajadores coincide con la reportada por las empresas. El estudio indica que el 71% de los talentos afirmó que en la organización donde trabaja hubo despidos durante el primer semestre, mientras que el 11% señaló haber perdido su empleo en ese mismo periodo.

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En la comparación regional incluida en el estudio, Panamá registró el mayor porcentaje de organizaciones que reportaron despidos (86%), seguida por Chile (71%), mientras que Perú y Ecuador alcanzaron el 68% y Argentina registró el 67%.

Aunque el estudio muestra un incremento de las desvinculaciones respecto del año pasado, también recoge las perspectivas que tienen las empresas para los próximos meses. Las proyecciones indican un escenario en el que las organizaciones priorizan la continuidad de sus operaciones y evalúan con cautela sus decisiones sobre contratación y crecimiento de personal.

Qué revela el estudio sobre despidos, contrataciones y aumentos salariales

Las expectativas para el resto del año muestran que el 42% de las organizaciones planea mantener su plantilla actual, mientras que el 35% prevé incorporar más trabajadores y el 23% anticipa una reducción de personal. En cuanto al comportamiento del mercado laboral, el 45% considera que la evolución será positiva, el 41% espera un desempeño regular y el 14% proyecta un escenario negativo.

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El estudio también analiza las perspectivas salariales y encuentra que casi siete de cada diez empresas (69%) no tienen previsto otorgar aumentos de remuneraciones durante el segundo semestre. Solo el 31% planea realizar incrementos y, dentro de ese grupo, dos tercios prevén aumentos reales, mientras que el resto contempla ajustes por inflación o una combinación de ambos mecanismos.

Del lado de los trabajadores, el informe señala que el 65% no recibió un incremento salarial durante la primera mitad del año, frente a un 35% que sí obtuvo una mejora en sus ingresos. Entre quienes recibieron un aumento, el 72% indicó que se trató de un incremento real, mientras que otros reportaron actualizaciones por inflación o ambos tipos de ajuste.

Los resultados del estudio muestran que las empresas mantienen una estrategia de cautela frente al mercado laboral. Si bien una parte importante proyecta conservar o ampliar sus equipos de trabajo en los próximos meses, la investigación refleja que las empresas mantienen una postura cautelosa al definir sus políticas de contratación y remuneraciones, en un contexto en el que buscan sostener sus operaciones.

En declaraciones para La República, Adrianzén mencionó que el principal reto no será impulsar nuevos programas de gasto, sino estabilizar la economía desde sus bases. En ese sentido, afirmó que la presidenta recibe "una situación que ella llamó catastrófica y yo llamo terrible, sobre todo una situación fiscal e institucional que no se corrige ni en cien días ni en tres años".

En su opinión, el margen para ampliar el gasto será reducido mientras no exista un equilibrio entre los ingresos y los compromisos asumidos por el Estado.

"Lo más importante y lo primero debería ser parar la hemorragia, es decir, que se gaste solo lo que ingrese por impuestos importantes", sostuvo, al considerar que la disciplina fiscal debe convertirse en la prioridad inmediata del Ejecutivo.

Además del aspecto presupuestal, Adrianzén advirtió que el deterioro institucional representa un obstáculo para mejorar la calidad de los servicios públicos. Según indicó, la capacidad operativa del Estado se ha reducido significativamente, lo que dificulta que los recursos públicos se traduzcan en mejores resultados para la ciudadanía.

"La capacidad que tiene la burocracia peruana hoy de hacer la mitad de lo que se está ofreciendo o siquiera dar los servicios que actualmente se están ofreciendo es virtualmente nula", señaló durante la entrevista.

Cerrar la brecha fiscal y ordenar el Estado, entre las prioridades económicas

Para el economista, uno de los primeros pasos del Gobierno debería ser impulsar una reorganización del aparato público con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa sin afectar necesariamente el empleo estatal.

En esa línea, propuso evaluar la integración de entidades con funciones similares para eliminar duplicidades administrativas. "Hay que tratar de fusionar ministerios sin despedir a un solo trabajador, simplemente evitando duplicidad en áreas como recursos humanos u oficinas de administración, y con ello usted podría dar mucho más servicios", afirmó.

Adrianzén también cuestionó la idea de que un mayor gasto público, por sí solo, permita dinamizar la economía. A su juicio, un incremento del déficit termina afectando las condiciones de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, reduciendo el potencial de crecimiento.

"Cada vez que hay un déficit mayor, se le resta aire a la pequeña, micro y mediana empresa y la economía crece mucho menos", manifestó.

Otro de los desafíos identificados por el economista es el fortalecimiento de la institucionalidad mediante una política frontal contra la corrupción. En su análisis, el funcionamiento del Estado dependerá de recuperar la confianza en la administración pública y garantizar el cumplimiento de la ley.

"Requiere desesperadamente poner orden tanto en las cuentas como en las personas, porque hay una corrupción generalizada", sostuvo.

En ese contexto, añadió que combatir la corrupción permitirá que las políticas públicas destinadas a enfrentar emergencias sean más efectivas. Según indicó, un aparato estatal más eficiente será indispensable para responder a los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Adrianzén consideró que la preparación frente a ese evento climático debe ser una de las prioridades del Gobierno, principalmente mediante inversiones en infraestructura y medidas preventivas que reduzcan el impacto sobre la población y las actividades económicas. Asimismo, planteó fortalecer las campañas de prevención para que las familias y el sector privado puedan adoptar medidas de protección oportunamente.

El economista también vinculó la recuperación económica con la necesidad de restablecer el crecimiento sostenido. Afirmó que solo una expansión de la actividad productiva permitirá incrementar los ingresos fiscales sin elevar la presión tributaria.

"La única forma de que haya más recursos es recuperando el crecimiento en dos o tres años", indicó, tras señalar que el actual nivel de informalidad y pobreza limita la posibilidad de aumentar la recaudación mediante nuevos impuestos.

Hacia el cierre de la entrevista, Adrianzén sintetizó que los desafíos centrales del Gobierno no pasan únicamente por atender las emergencias coyunturales, sino por corregir problemas estructurales del Estado. "Los retos son cerrar la brecha fiscal y ordenar el sector público para que pueda atender mejor al pueblo", afirmó. A ello sumó la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad institucional para responder a las demandas de la población, aspectos que, según su análisis, serán determinantes para el desempeño económico del nuevo Gobierno.

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La aclaración llega después de que circulara un documento atribuido al Ministerio de Trabajo (MTPE) que sugería una eventual revisión del número de feriados en el país. Según explicó el titular de la cartera en una entrevista con RPP, ese texto no corresponde a una propuesta oficial aprobada por el Gobierno, sino a un borrador preliminar utilizado para una discusión inicial.

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Sheput contradice la lectura de una reducción ya encaminada en el proyecto de delegación

El proyecto de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo incluía la posibilidad de revisar el régimen de feriados como parte de un paquete orientado a elevar la competitividad económica.

Sin embargo, Sheput sostuvo que no puede afirmarse que el Gobierno ya haya optado por reducir los feriados. Según explicó, cualquier modificación requerirá primero una evaluación técnica y política.

“No se van a aumentar ni disminuir los feriados; primero evaluaremos el impacto”, afirmó el ministro, quien añadió que todavía falta recopilar información y conversar con los sectores involucrados antes de adoptar una posición definitiva.

Las declaraciones introducen un matiz importante respecto de la interpretación que surgió tras conocerse el contenido del proyecto de delegación. Mientras ese documento abría la puerta a una eventual revisión del régimen de feriados, el titular del MTPE remarcó que el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión sobre modificar los 16 días no laborables vigentes.

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Gobierno aún no decide modificar los 16 feriados mientras reúne información sobre productividad y turismo

Sheput comentó que la prioridad del Gobierno es recopilar información antes de abrir un debate formal. Indicó que todavía no se cuenta con evidencia suficiente para determinar si el número actual de feriados afecta la productividad de la economía o, por el contrario, contribuye a dinamizar actividades como el turismo, el comercio y los servicios.

El ministro añadió que el Ejecutivo se encuentra en una etapa de revisión de datos antes de impulsar reformas que puedan tener efectos sobre distintos sectores económicos.

El Perú cuenta actualmente con 16 feriados nacionales, uno de los calendarios más amplios de la región. En los últimos años, además, se han sumado días no laborables decretados por el Ejecutivo para fomentar el turismo interno, lo que ha ampliado los llamados feriados largos.

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Debate sobre feriados enfrenta competitividad empresarial y actividad turística

La discusión de fondo no es nueva, ya que parte del sector empresarial sostiene que un mayor número de feriados puede afectar la continuidad de actividades productivas y elevar costos, especialmente en industrias que operan con márgenes ajustados.

Sin embargo, otros sectores defienden su mantenimiento. El turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio suelen registrar un aumento de demanda durante los fines de semana largos. Para muchas regiones fuera de Lima, esos periodos representan una oportunidad para atraer visitantes y generar ingresos adicionales.

Sheput reconoció que ambas posiciones deberán ser consideradas en el análisis que emprenderá el Ejecutivo. Según comentó, la presidenta Keiko Fujimori ha planteado abrir la discusión sobre el tema, aunque sin adelantar una conclusión.

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El debate también tiene un componente laboral y social. Los feriados no solo implican descanso para los trabajadores formales, sino que además generan pagos adicionales cuando se laboran sin descanso sustitutorio, lo que puede elevar los ingresos de algunos trabajadores en actividades que continúan operando esos días.

Por ahora, el mensaje del Gobierno es de cautela. No existe una decisión inmediata sobre el calendario de feriados y cualquier eventual modificación dependerá de la evaluación técnica que continúe realizándose en el Consejo de Ministros y de las conversaciones con los sectores involucrados.

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El planteamiento ocurre mientras el Ejecutivo busca avanzar con una agenda de cambios económicos y administrativos. Dentro de ese conjunto de medidas se encuentra la revisión del número de feriados nacionales, aunque hasta el momento no se ha informado qué fechas serían modificadas ni cuál sería el mecanismo que se aplicaría.

Actualmente, los feriados nacionales en Perú están establecidos mediante leyes aprobadas por el Congreso y representan días de descanso obligatorio para los trabajadores. Durante estas fechas, los empleados tienen derecho al descanso remunerado y, en caso de laborar, existen reglas específicas sobre la compensación correspondiente.

El calendario de feriados incluye fechas vinculadas con celebraciones nacionales, religiosas y conmemoraciones históricas. Entre ellas se encuentran días como Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias, el Día del Trabajo, la Batalla de Ayacucho y Navidad, entre otras jornadas reconocidas oficialmente.

Además de los feriados nacionales, el Estado también establece días no laborables en determinados periodos, principalmente para el sector público. Estas fechas no tienen la misma condición que un feriado nacional, debido a que responden a disposiciones específicas emitidas por el Ejecutivo y pueden estar sujetas a reglas de recuperación de horas.

La diferencia entre ambas figuras es relevante porque una modificación del calendario oficial requeriría cambiar las normas que reconocen esos días como descanso obligatorio, mientras que los días no laborables dependen de decisiones administrativas del Gobierno.

Reducción de feriados: qué pasaría con los trabajadores y empresas

Para los trabajadores, una eventual reducción de feriados significaría cambios en el número de días de descanso reconocidos durante el año. Sin embargo, el efecto concreto dependerá de la propuesta final que presente el Ejecutivo y de las normas que sean aprobadas posteriormente.

Los feriados forman parte de la organización laboral porque determinan jornadas de descanso y establecen condiciones para quienes deben prestar servicios durante esas fechas. Cualquier modificación tendría que precisar qué días mantendrían esa condición y cuáles dejarían de formar parte del calendario oficial.

En el sector privado, las empresas organizan sus actividades considerando los feriados establecidos durante el año. Cambios en esas fechas podrían modificar la programación de turnos, la distribución del personal y la planificación de operaciones en actividades que requieren continuidad.

Sectores como manufactura, comercio, transporte, servicios y turismo toman en cuenta el calendario de feriados para organizar sus actividades. Las empresas que trabajan con procesos continuos pueden ajustar sus cronogramas ante cambios en los días disponibles de operación, mientras que otros negocios adaptan su atención según los periodos de mayor movimiento.

El impacto económico de una reducción de feriados dependerá del contenido de la reforma y de la forma en que sea aplicada. La medida podría modificar la distribución de jornadas laborales durante el año, pero sus efectos concretos solo podrán determinarse cuando exista una norma aprobada.

Los feriados también tienen una relación con actividades económicas vinculadas al consumo y al desplazamiento de personas. Durante algunos periodos festivos aumenta la demanda de determinados servicios, mientras que otras actividades deben reorganizar sus operaciones debido a la reducción temporal de jornadas laborales.

Por ello, el alcance económico de la propuesta dependerá de qué cambios se planteen finalmente. La reducción del número de feriados, la modificación de fechas específicas o cualquier otro ajuste tendría efectos distintos según el sector y las características de cada actividad.

¿Qué falta para que se reduzcan los feriados?

El primer paso será la presentación del pedido de facultades legislativas ante el Congreso. En ese documento, el Ejecutivo deberá detallar las materias sobre las que solicita autorización para legislar y el periodo durante el cual podría emitir decretos legislativos.

Luego, el Parlamento deberá debatir la solicitud y definir si concede las facultades planteadas. En caso de aprobarse, el Gobierno podrá desarrollar las normas correspondientes dentro de los límites establecidos por la ley de delegación.

Recién con la publicación de esas normas se conocerá si habrá cambios en el calendario de feriados, cuáles serían las fechas involucradas y desde cuándo entrarían en vigencia las nuevas disposiciones.

Hasta el momento, no existe una lista oficial de feriados que serán eliminados o modificados. La propuesta permanece en una etapa inicial y dependerá del proyecto que presente el Ejecutivo y del resultado del debate en el Congreso.

La eventual reducción de feriados se convierte así en una medida que tendrá implicancias laborales y económicas, debido a que modifica una parte del calendario que influye tanto en la organización de los trabajadores como en la planificación de las empresas.