La discusión gira, sobre todo, alrededor del Decreto de Urgencia 010-2025, norma que permite dividir el patrimonio de Petroperú en bloques patrimoniales autónomos. Estos pueden incluir la Nueva Refinería de Talara y otros activos estratégicos. Los bloques pueden incorporarse al proceso de promoción de la inversión privada, cuya estructuración queda a cargo de ProInversión.

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Para los autores del proyecto, ese diseño va mucho más allá de una reorganización administrativa de la empresa. La exposición de motivos sostiene que abre una ruta para que activos que hoy pertenecen a Petroperú puedan terminar con participación privada.

Petroperú y la puerta que abren los bloques patrimoniales

La propuesta cuestiona el uso de los llamados bloques patrimoniales. El Decreto de Urgencia 003-2026 establece que para administrar estos bloques pueden crearse vehículos de propósito especial, es decir, sociedades en las que también pueden participar terceros, incluidas entidades financieras. Estos acuerdos pueden definir los aportes de capital, los derechos de los accionistas y las condiciones para comprar o vender participaciones.

Según la exposición de motivos, el riesgo está en que Petroperú pierda participación si un inversionista privado aporta capital y la empresa estatal no puede hacerlo en la misma proporción. En ese escenario, la participación privada dentro de la sociedad podría aumentar y, posteriormente, incluso podrían transferirse acciones o encargarse a terceros la operación de determinados activos.

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El cuestionamiento, por tanto, no apunta necesariamente a una venta directa de una refinería o un terminal. La participación privada podría darse a través de la sociedad creada para administrar ese activo. Bajo esa interpretación, los autores del proyecto califican el mecanismo como una privatización encubierta y plantean la derogación de los decretos.

La iniciativa también cuestiona la vía utilizada para introducir estos cambios, ya que sostienen que una modificación con efectos sobre el patrimonio y la estructura de Petroperú no debería establecerse mediante un decreto de urgencia, por tratarse de una herramienta normativa de carácter excepcional.

JP quiere devolver a Petroperú la protección frente a la inversión privada

El proyecto plantea restituir el artículo 1 de la Ley 28244, que excluye a Petroperú de determinadas modalidades de promoción de la inversión privada contempladas en el Decreto Legislativo 674. Con ello, busca retirar a la empresa estatal del marco que hoy permite estructurar operaciones sobre sus activos bajo ese régimen.

La propuesta también pretende cortar cualquier avance que se haya producido bajo los decretos cuestionados. Sus disposiciones finales establecen que los actos administrativos e instrumentos legales realizados en aplicación de esas normas quedarían sin efecto y que las transferencias de activos, bloques patrimoniales o recursos deberían revertirse en un plazo de 60 días.

La discusión no es menor porque ocurre mientras Petroperú atraviesa una situación financiera delicada. Al cierre del primer semestre de 2026, la empresa acumulaba US$6.052 millones de deuda, pérdidas por US$2.350 millones y un déficit de capital de trabajo de US$1.427 millones.

El proyecto, sin embargo, plantea que esa situación puede atenderse sin recurrir a la apertura de activos estratégicos.

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La propuesta para Petroperú: usar S/6.049 millones pendientes

El texto identifica S/4.218 millones en créditos fiscales acumulados vinculados con la exoneración del IGV en la Amazonía y otros S/1.831 millones correspondientes a saldos de IGV relacionados con la modernización de la Refinería de Talara. En total, calcula S/6.049 millones.

La propuesta plantea que la Sunat priorice la devolución de estos recursos, en coordinación con el MEF y el Minem. El dinero tendría un destino específico: financiar el capital de trabajo de Petroperú.

Además, encarga al Ministerio de Energía y Minas elaborar, en un plazo de 90 días, un Plan Integral de Reestructuración Financiera y Fortalecimiento, así como presentar informes anuales sobre su cumplimiento.

Petroperú llega a esta discusión con una mejora en sus resultados. Durante el primer semestre de 2026 obtuvo una utilidad neta de US$121 millones, frente a la pérdida de US$278 millones registrada en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el endeudamiento y la falta de capital de trabajo siguen siendo problemas para la empresa.

La propuesta de Juntos por el Perú plantea que Petroperú recupere esos recursos y avance en una reestructuración financiera antes de recurrir a mecanismos que permitan la participación privada en sus activos estratégicos.

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El fenómeno ocurre mientras la actividad minera mantiene una demanda importante de trabajadores. Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el empleo directo en el sector llegó a 287.537 trabajadores en mayo de 2026, 9,4% más que en el mismo mes de 2025. El promedio entre enero y mayo fue de 280.167 puestos, 5,6% por encima del promedio registrado durante 2025.

La combinación de mayor empleo y una elevada disposición a cambiar de puesto plantea un desafío distinto al de simplemente generar nuevas plazas: las empresas necesitan encontrar trabajadores con determinadas capacidades y, al mismo tiempo, evitar perder a quienes ya conocen sus operaciones.

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¿Por qué quieren cambiar si hay satisfacción salarial?

El dato de satisfacción salarial debe interpretarse con cuidado. Que 62% de los encuestados manifieste estar satisfecho con su remuneración no significa que el sector tenga necesariamente los salarios más altos del mercado. Se trata de la percepción de los propios trabajadores sobre su compensación.

El estudio de ManpowerGroup señala que el mercado laboral peruano atraviesa una etapa de mayor movilidad y que, además del salario, factores como las oportunidades de crecimiento, la flexibilidad, el liderazgo, el bienestar y la cultura organizacional tienen un peso creciente en la decisión de permanecer o buscar otro empleo.

En minería, la situación adquiere una dimensión particular por el grado de especialización que requieren algunas funciones. Operaciones, mantenimiento, planta, seguridad y gestión de proyectos dependen de trabajadores que acumulan conocimientos sobre equipos, procesos y condiciones específicas de cada operación.

"Hoy ofrecer un buen salario ya no garantiza que una persona se quede. En minería hablamos de profesionales muy especializados, que conocen la operación, trabajan muchas veces bajo condiciones exigentes y saben que sus capacidades son altamente valoradas", señala Danitza Salas, directora en Minería de Manpower Perú.

Eso hace que la competencia entre empresas no se limite a captar nuevos profesionales. También puede producirse por trabajadores que ya cuentan con experiencia y pueden trasladar sus conocimientos a otra operación.

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La tecnología cambia lo que buscan las empresas

A esta movilidad se suma otra transformación: las capacidades requeridas por las operaciones mineras están cambiando.

La especialización técnica continúa siendo necesaria, pero las empresas incorporan herramientas de automatización, análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas digitales que exigen nuevas competencias. El propio estudio identifica, entre las capacidades que adquieren relevancia en el sector, la gestión de operaciones, planificación estratégica, gestión de proyectos, automatización y analítica de datos, además de habilidades como adaptabilidad, liderazgo y trabajo en equipo.

La consecuencia es una mayor búsqueda de perfiles que combinen conocimientos. Un profesional puede tener experiencia en ingeniería u operaciones, pero también necesitar interpretar información, manejar herramientas digitales y comprender cómo la tecnología modifica los procesos productivos.

"La minería necesita cada vez más perfiles híbridos. Un ingeniero puede tener una base técnica muy sólida, pero también necesita entender datos, tecnología, seguridad, productividad y cómo sus decisiones impactan en el negocio", agrega Salas.

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Una cartera minera que requiere capacidades especializadas

La demanda de talento también debe analizarse junto con los proyectos que podrían ampliar la actividad minera en los próximos años. La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 del MINEM reúne 66 proyectos por US$64.075 millones, distribuidos en 19 departamentos. Sin embargo, esos montos no representan inversión que vaya a ejecutarse íntegramente durante este año: las iniciativas se encuentran en distintas etapas, desde fases iniciales hasta construcción y operación.

Por ello, la cartera funciona como un indicador del potencial de actividad futura, pero no permite afirmar que todos esos proyectos generarán puestos de trabajo de manera inmediata.

El reto para las compañías está, entonces, en anticipar qué capacidades necesitarán conforme avancen sus operaciones y proyectos. Esto incluye tanto profesionales con formación universitaria como técnicos especializados capaces de trabajar con equipos y procesos cada vez más tecnificados.

La elevada intención de cambio registrada entre los trabajadores de Minería y Energía añade una presión adicional. La expansión del sector no depende únicamente de atraer personas, sino también de contar con mecanismos para formar y retener perfiles que no son fáciles de sustituir.

En ese escenario, capacitación, especialización técnica y desarrollo de competencias digitales ganan importancia. Para las empresas mineras, el desafío será cubrir las necesidades de una industria que cambia tecnológicamente sin perder el conocimiento y la experiencia que ya existe dentro de sus operaciones.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy, 5 de octubre

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La reacción se produce luego de que Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de ProInversión, señalara que en octubre comenzaría la promoción de inversión privada en los primeros de los siete bloques patrimoniales contemplados. Estos procesos permitirían la participación de inversionistas privados bajo esquemas en los que Petroperú también podría intervenir.

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Para el grupo sindical, el anuncio genera incertidumbre sobre el futuro de activos estratégicos y de los trabajadores. La organización sostiene que no resulta coherente destinar recursos a recuperar la capacidad de Petroperú mientras, al mismo tiempo, se impulsan procesos que podrían modificar la gestión o propiedad de unidades que forman parte de su cadena de operaciones.

Petroperú mejora sus resultados, pero Fenpetrol exige claridad sobre el financiamiento

El sindicato sustenta su posición en los resultados obtenidos por Petroperú durante el primer semestre de 2026. La empresa reportó una utilidad neta de US$121 millones, una utilidad operativa de US$337 millones y un EBITDA de US$453 millones. Este último indicador mide la generación de recursos de una empresa a partir de su actividad operativa, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Además, Petroperú redujo en US$869 millones su déficit de capital de trabajo frente a diciembre de 2025. A ello se suma que Moody’s Ratings cambió de negativa a positiva la perspectiva crediticia de la compañía en septiembre, mientras que S&P Global Ratings ratificó en mayo su calificación en B- y retiró la revisión especial iniciada a fines de 2025.

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“Estos indicadores no significan que los problemas de Petroperú estén resueltos, pero sí muestran que existe una ruta de recuperación que debe ser consolidada y no debilitada por señales contradictorias”, sostuvo Rafael Noblecilla, secretario general de Fenpetrol.

La agrupación también pidió transparencia sobre los US$25 millones descontados del financiamiento de US$500 millones, cuyo desembolso efectivo fue de US$475 millones. Según su posición, estos recursos deben utilizarse con rapidez para garantizar la compra de crudo, mantener operativa la Refinería Talara y sostener posteriormente el abastecimiento de combustibles mediante la Refinería Conchán y la red comercial de Petroperú.

Piden esperar fallo del TC antes de modificar activos de Petroperú

La organización sindical también puso el foco en el Decreto de Urgencia 010-2025, que establece el marco para la reorganización patrimonial de Petroperú y encarga a ProInversión el diseño y conducción de estos procesos.

Fenpetrol recordó que la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma. El caso fue visto por el Pleno del Tribunal Constitucional el 25 de agosto de 2026 y quedó al voto, por lo que todavía no existe una sentencia.

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Ante ello, consideran que deberían evitarse decisiones irreversibles sobre activos estratégicos mientras el máximo intérprete de la Constitución no determine la validez del marco legal. En esa línea, rechazó cualquier intento de privatización encubierta.

Asimismo, solicitó al Ejecutivo precisar el alcance y cronograma de los procesos anunciados, además de las garantías para los trabajadores. También cuestionó la continuidad de Ángel Delgado al frente del proyecto, al considerar que sus declaraciones no se condicen con la estrategia de recuperación que, a su juicio, debería seguir Petroperú.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy, 4 de octubre

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La medida cobra relevancia en un mercado donde el uso de pagos digitales continúa expandiéndose. Según información del BCRP, las transferencias interbancarias de bajo valor mediante pagos inmediatos alcanzaron S/13.989 millones en julio de 2026, frente a S/10.710 millones en el mismo mes de 2025. El avance se produce en paralelo con la expansión de la interoperabilidad entre billeteras, aplicaciones bancarias y códigos QR.

¿Qué cambia para los comercios?

El nuevo Reglamento del Servicio de Aceptación de Pagos alcanza a las empresas que contratan con los comercios para habilitar el cobro y gestionar posteriormente la liquidación de los fondos. El servicio comprende operaciones realizadas con tarjetas, códigos QR, pagos inmediatos y otros instrumentos, tanto a través de POS como de otros canales tecnológicos.

Uno de los principales cambios está relacionado con el dinero que pertenece a los negocios. Los Aceptadores de Pagos deberán mantener esos recursos en cuentas destinadas exclusivamente a recibir y transferir los fondos de los comercios, separadas de sus recursos propios. Estas cuentas deberán estar en empresas del sistema financiero con una calificación mínima de B+ o en empresas emisoras de dinero electrónico que participen en el Sistema LBTR, según corresponda. Además, deberán realizar una conciliación diaria entre los recursos disponibles y las obligaciones pendientes de liquidación.

La medida busca reducir los riesgos asociados a la administración temporal de dinero de terceros, al establecer una separación entre los fondos que corresponden a los comercios y el patrimonio de las empresas que procesan sus pagos. El reglamento también fija obligaciones de conservación y seguridad de la información relacionada con las operaciones.

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Comisiones y contratos tendrán nuevas exigencias

La norma también introduce criterios para las tarifas y comisiones cobradas por estos servicios. Los cobros que realicen los Aceptadores de Pagos a los comercios deberán guardar correspondencia con los costos asociados a la prestación del servicio y sustentarse en criterios objetivos, verificables, proporcionales y no discriminatorios.

El BCRP, además, podrá solicitar información que sustente los niveles de las tarifas y comisiones y requerir modificaciones cuando determine que no se cumplen las disposiciones establecidas en la normativa.

Los contratos con los comercios deberán informar de manera clara las condiciones del servicio, las comisiones, los plazos de liquidación, las responsabilidades de cada parte y los mecanismos para atender reclamos y controversias. De esta manera, el cambio no se limita al funcionamiento técnico de los pagos, sino que también busca hacer más previsible la relación comercial entre proveedores y negocios.

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QR y pagos inmediatos deberán mantener interoperabilidad

Otro componente de la regulación está relacionado con la interoperabilidad. Las operaciones de aceptación de pagos que involucren pagos inmediatos con alias o códigos QR deberán cumplir las reglas de interoperabilidad establecidas previamente por el BCRP.

El objetivo es evitar que mecanismos que cumplen una función similar queden sujetos a estándares distintos dependiendo de la infraestructura utilizada. Esto resulta especialmente relevante después del avance de la interoperabilidad de los pagos minoristas: el BCRP reportó que, a abril de 2025, ya se habían registrado más de 176 millones de transacciones interoperables por aproximadamente S/11.000 millones.

Un estudio publicado por el propio Banco Central en 2026 encontró, además, que la estrategia de interoperabilidad redujo el uso de efectivo y elevó el uso de canales digitales, aunque sus efectos fueron mayores en zonas con mejores condiciones de conectividad, capital humano y formalidad.

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¿Cuándo entrarán en vigencia las nuevas reglas?

El Reglamento del Servicio de Aceptación de Pagos entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. Las entidades comprendidas podrán solicitar al BCRP un plazo de adecuación de hasta 90 días calendario, siempre que presenten el sustento correspondiente y un plan de trabajo con hitos medibles.

La nueva regulación también reemplaza la denominación de los antiguos adquirentes y facilitadores de pagos de la Circular N.° 0027-2022-BCRP por la de Aceptadores de Pagos para efectos de este reglamento, aunque las disposiciones anteriores continuarán aplicándose en aquello que no haya sido regulado por la nueva norma.

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En el periodo analizado, el crédito otorgado fue 13,2% superior a los S/15.848 millones registrados entre agosto de 2024 y julio de 2025 y representó un incremento de 18,7% frente al inicio del quinquenio analizado, según el reporte.

No obstante, al separar los créditos otorgados según el origen de los fondos, la evolución resulta distinta. Las instituciones financieras que colocaron créditos con liquidez propia desembolsaron S/16.140,7 millones en los últimos doce meses considerados, un aumento de 22,7% respecto al inicio del periodo de comparación. En cambio, las operaciones financiadas con capitales de este programa estatal sumaron S/1.799,1 millones y permanecieron 27,2% por debajo del monto alcanzado entre agosto de 2022 y julio de 2023

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Fondo Mivivienda todavía no recupera los niveles previos

La brecha resulta más visible al comparar las colocaciones del fondo con las registradas durante el periodo agosto de 2022-julio de 2023. En esos doce meses, el financiamiento con ese esquema público alcanzó S/2.470 millones. En el periodo más reciente, el monto fue de S/1.799 millones, una diferencia de alrededor de S/671 millones.

La caída no significa que las colocaciones del fondo hayan dejado de crecer en todos los periodos. De hecho, el monto creció frente a los doce meses inmediatamente anteriores. No obstante, la comparación histórica evidencia que su recuperación continúa rezagada respecto de los niveles alcanzados al inicio del periodo de cinco años evaluado.

La diferencia también aparece en el número de operaciones. Según el informe, entre agosto de 2025 y julio de 2026 se otorgaron 47.815 créditos hipotecarios en el sistema financiero, frente a 38.164 créditos otorgados por instituciones financieras con recursos propios y 9.651 operaciones asociadas al Fondo Mivivienda. El total del sistema alcanzó así el nivel más alto del quinquenio considerado, mientras que los créditos financiados por el fondo se mantuvieron por debajo de los resultados de 2022-2023.

Este contraste importa porque el crecimiento general del crédito hipotecario no permite concluir, por sí solo, que haya mejorado en la misma proporción el acceso a las modalidades de financiamiento vinculadas al programa estatal. Para evaluar esa evolución también es necesario observar el monto y la cantidad de operaciones que canaliza el programa.

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Los desembolsos mostraron señales mixtas durante 2026

La evolución mensual añade otro matiz. CAPECO señala que en julio de 2026 el número total de desembolsos hipotecarios cayó por cuarto mes consecutivo. Frente a marzo de ese año, las operaciones respaldadas por el Estado disminuyeron 4,9%, mientras que las otorgadas por las instituciones financieras con recursos propios retrocedieron 6,4%.

Pese a esa reducción en la comparación con marzo, los montos concedidos de julio fueron superiores a los de julio de 2025: aumentaron 20,8% en el conjunto del sistema, 18,4% en el segmento asociado a Mivivienda y 21,5% en los créditos colocados con recursos propios de las entidades financieras. Es decir, el descenso mensual acumulado no anuló el crecimiento interanual.

En agosto, además, los créditos de interés social registraron un repunte de 34,3% respecto de julio. De acuerdo con el informe, el resultado estuvo relacionado con el aumento de las colocaciones de Techo Propio, que crecieron 57,7%, y del Crédito Complementario de Techo Propio (CRC), con un avance de 44,9%.

Ese repunte puede indicar una mejora en las colocaciones durante el último mes disponible en el reporte, pero no basta para afirmar que el fondo haya recuperado el volumen de créditos de 2022-2023. La comparación anual y la evolución mensual miden periodos diferentes, por lo que ambas deben leerse por separado.

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El crecimiento del crédito no elimina la brecha de acceso

El panorama que se presenta combina dos tendencias: un monto récord de desembolsos hipotecarios para el conjunto del sistema financiero y una inyección de capital público que aún no alcanza los niveles de algunos años anteriores. El contraste permite plantear una pregunta relevante para el mercado inmobiliario: cuánto del dinamismo del crédito se está traduciendo en operaciones canalizadas mediante los programas vinculados al fondo.

Las cifras del informe, por sí solas, no explican las causas de esa diferencia ni permiten atribuirla únicamente a la disponibilidad de financiamiento público, las condiciones de acceso de los hogares o la oferta de viviendas. Para establecer esos factores sería necesario contrastar las cifras con información adicional sobre presupuesto, ejecución, requisitos de los programas, tasas de interés y características de los beneficiarios.

Por ahora, los datos muestran que el récord hipotecario no ha supuesto una recuperación equivalente para el Fondo Mivivienda. Mientras las instituciones financieras entregaron S/16.140 millones con recursos propios en los doce meses hasta julio de 2026, las operaciones asociadas al fondo sumaron S/1.799 millones, todavía por debajo de su nivel de agosto de 2022 a julio de 2023.

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La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-EM. La revisión también comprenderá al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), entidades adscritas al sector. El plazo empezará a contarse desde el día siguiente de la publicación de la norma.

¿Qué revisará el Gobierno?

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Minem será la encargada de elaborar un diagnóstico integral del sector. La evaluación abarcará la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones públicas, la gestión por procesos, los recursos humanos, la integridad pública y la articulación funcional con Ingemmet e IPEN.

El decreto señala que el objetivo es detectar y corregir, cuando corresponda, duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones. El Gobierno también plantea revisar la distribución y el ejercicio de competencias, así como los mecanismos de coordinación entre las distintas entidades del sector.

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La norma vincula esta revisión con problemas detectados durante el proceso de transferencia de gestión y la evaluación de los instrumentos de planeamiento y rendición de cuentas correspondientes a 2026. Según el Ejecutivo, estas evaluaciones evidenciaron limitaciones estructurales y desarticulación operativa que afectan la capacidad institucional para responder oportunamente a las necesidades del sector.

Uno de los puntos señalados corresponde a las inversiones en electrificación rural. El decreto también menciona dificultades en la atención oportuna de expedientes administrativos que impiden la prestación de servicios a los ciudadanos, además de problemas relacionados con procedimientos ambientales y la gestión de conflictos socioambientales.

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Habrá un primer informe en 60 días

La reorganización tendrá un primer punto de evaluación antes de que concluya el plazo máximo establecido. A los 60 días calendario de publicado el decreto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto deberá presentar a la Alta Dirección del Minem un informe de avance sobre los resultados del diagnóstico.

Posteriormente, el diagnóstico deberá convertirse en un informe técnico con los resultados de la evaluación y las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas. Una vez aprobado, sus recomendaciones serán implementadas progresivamente por el Minem, Ingemmet e IPEN, dentro de sus respectivas competencias y de acuerdo con las normas vigentes.

Esto significa que el decreto no dispone, por sí mismo, una nueva estructura del ministerio ni establece cambios inmediatos en las funciones de sus entidades adscritas. Primero se realizará la evaluación y, a partir de sus resultados, se definirán las medidas de reforma que correspondan.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 3 de octubre

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