La propuesta no planteaba crear un nuevo feriado nacional ni eliminar horas de trabajo. El mecanismo aprobado por el Congreso contemplaba que las horas no laboradas durante el sábado fueran compensadas dentro de los diez días naturales siguientes o en la oportunidad que determinara el empleador. Además, buscaba impedir que acuerdos laborales, decisiones empresariales o condiciones de trabajo generaran discriminación por motivos religiosos.

La autógrafa correspondía al Proyecto de Ley 4610/2022-CR, iniciativa presentada por el entonces congresista Juan Burgos Oliveros. El Pleno la aprobó en primera votación en noviembre de 2025, con 68 votos a favor, dos en contra y 19 abstenciones. Posteriormente, la Comisión Permanente aprobó el texto en segunda votación el 9 de julio de 2026, con 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.

¿Por qué el Ejecutivo observó la propuesta?

Uno de los argumentos centrales del Gobierno es que el ordenamiento peruano ya reconoce el derecho de las personas a observar los días considerados sagrados por su religión. La Ley N.° 29635, Ley de Libertad Religiosa, establece que toda persona puede conmemorar festividades y guardar el día de descanso que considere sagrado, pero precisa que ese derecho debe armonizarse con los derechos de los trabajadores y con los de la empresa o la administración pública.

El reglamento de esa ley también contempla la protección de los días sagrados, de descanso o de guardar dentro de las relaciones laborales. El Ministerio de Justicia ha señalado que este marco busca garantizar el ejercicio de la libertad religiosa tanto en su dimensión individual como colectiva.

El punto de controversia está precisamente en cómo se aplica esa protección cuando entra en conflicto con la organización de una jornada laboral. El Ejecutivo considera que establecer expresamente el sábado como día no laborable compensable podría generar una superposición con una legislación que ya reconoce el derecho al descanso religioso.

Pero el Congreso llegó a una conclusión distinta. Durante la discusión parlamentaria se sostuvo que la legislación vigente resulta insuficiente para resolver de manera objetiva determinadas situaciones laborales, debido a que el poder de dirección del empleador puede terminar imponiéndose frente a la necesidad de un trabajador de observar un día considerado sagrado.

El punto económico: no era un feriado remunerado

Una diferencia importante frente a los feriados nacionales es que la iniciativa no establecía un día adicional de descanso pagado. El sábado habría sido no laborable compensable. Es decir, el trabajador dejaría de prestar servicios ese día, pero tendría que recuperar posteriormente las horas correspondientes.

Por ello, el impacto económico de la medida no puede equipararse automáticamente al de un nuevo feriado nacional. En este caso, el debate se concentra más en la reorganización de las jornadas y en la capacidad de las empresas y entidades públicas para distribuir las horas de trabajo.

El Ejecutivo, sin embargo, observa que incluso una medida compensable puede afectar la planificación de las actividades. La objeción apunta a que las empresas necesitan organizar turnos, horarios y operaciones de acuerdo con sus necesidades productivas y que cualquier modificación obligatoria de la jornada debe establecer reglas suficientemente claras y previsibles.

La discusión adquiere relevancia en un país donde la productividad laboral y los costos de formalización forman parte de los principales debates económicos. Un nuevo mecanismo de adaptación de horarios puede tener efectos distintos dependiendo del tipo de actividad: no es lo mismo reorganizar las horas de un trabajador administrativo que modificar turnos en una fábrica, un establecimiento comercial, una empresa de transporte o una actividad que funciona de manera continua.

La propuesta buscaba proteger principalmente a quienes guardan el sábado

El proyecto no establecía que todos los trabajadores pudieran dejar de laborar los sábados. El beneficio estaba condicionado a que la persona perteneciera a una confesión religiosa cuyo día de descanso o de guardar coincidiera con esa jornada y a que comunicara esa condición al empleador. La pertenencia debía acreditarse mediante una constancia expedida por la autoridad correspondiente de la confesión religiosa.

Además, el texto aprobado por el Congreso incorporaba una prohibición expresa de prácticas discriminatorias por motivos religiosos en materia de remuneración, jornada y otras condiciones laborales.

Este punto es relevante porque el debate no se limita a decidir si una persona puede descansar un sábado. También plantea qué ocurre cuando el ejercicio de una convicción religiosa puede influir en su contratación, horario o permanencia en un puesto de trabajo.

El Tribunal Constitucional ya ha reconocido que la libertad religiosa comprende la posibilidad de guardar el día considerado sagrado por una confesión. En una sentencia, el TC recordó que la legislación debe armonizar ese derecho con los derechos de los trabajadores, las empresas y la administración pública.

El debate se cruza con la discusión sobre los feriados

La observación llega, además, en un momento en que el Gobierno y el sector empresarial discuten qué hacer con la cantidad de días no laborables en el país.

La diferencia es importante: la propuesta sobre el sábado no creaba un feriado nacional. Sin embargo, políticamente el debate aparece dentro de una discusión más amplia sobre cuánto tiempo debe dejar de trabajarse, cómo se recuperan las horas y cuál es el efecto de los descansos sobre la productividad.

Documentos parlamentarios que han analizado el régimen de feriados han recogido la preocupación empresarial por el impacto de los días no laborables sobre la productividad, los costos laborales y la competitividad. En uno de esos análisis se advierte que el Perú ya se encuentra entre las economías con una elevada cantidad de días de descanso remunerado.

La diferencia en este caso es que el sábado religioso no habría significado necesariamente un aumento de días pagados sin trabajar. El trabajador tendría que recuperar las horas. Por eso, mezclar ambos debates sin hacer esta precisión podría llevar a interpretar la iniciativa como un nuevo feriado, cuando jurídicamente no lo era.

¿Qué puede ocurrir ahora con la propuesta?

La observación del Ejecutivo no significa que el proyecto haya quedado archivado de manera automática. El Congreso debe evaluar las objeciones formuladas por el Gobierno y puede modificar el texto, aceptar las observaciones o insistir en la autógrafa, conforme al procedimiento parlamentario.

Mientras no concluya ese procedimiento y no exista una norma promulgada y publicada, los empleadores no están obligados a reconocer el nuevo mecanismo aprobado por el Congreso. Continúa vigente el régimen establecido por la Ley de Libertad Religiosa y su reglamento.

El desenlace también tendrá una lectura política. La autógrafa fue aprobada por una mayoría amplia en el Parlamento anterior y terminó llegando al Ejecutivo durante las primeras semanas de la administración de Fujimori. Su eventual insistencia obligaría al Gobierno a defender ante el Congreso las razones laborales y económicas utilizadas para observarla.

Así, el conflicto no se limita a una discusión sobre quién trabaja o no trabaja los sábados. Lo que está en juego es hasta dónde debe llegar la obligación de las empresas de adaptar sus jornadas para garantizar derechos fundamentales y cuánto margen debe conservar el empleador para organizar la actividad productiva.

En términos económicos, la discusión deberá resolver una pregunta concreta: si las horas se recuperan, ¿la protección de la libertad religiosa genera realmente un costo laboral adicional o principalmente una obligación de reorganizar la jornada? La respuesta dependerá de cómo se diseñen las reglas y, sobre todo, de si el Congreso modifica la propuesta para atender las objeciones planteadas por el Ejecutivo.

Tipo de cambio en bancos del Perú

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La distribución de estos fondos tiene un impacto directo en los presupuestos de los gobiernos subnacionales que los reciben, aunque el monto que corresponde a cada territorio depende de las reglas establecidas para cada mecanismo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que el Canon Minero representa la participación de los gobiernos regionales y locales en los ingresos y rentas obtenidos por el Estado a partir de la explotación de recursos minerales.

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Canon Minero concentra la mayor parte de los recursos

El Canon Minero concentra más de S/9.564 millones del total transferido hasta julio. El monto representa un aumento de 36,8% respecto de lo transferido en 2025, según los datos del ministerio.

Una parte importante del comportamiento anual del Canon Minero se explica por su calendario de distribución. Los recursos provenientes del Impuesto a la Renta se transfieren a los gobiernos regionales y locales en una sola armada en junio, según la metodología del MEF.

Esto demuestra por qué el flujo de recursos relacionados con la minería puede mostrar variaciones importantes a lo largo del año y no necesariamente sigue una trayectoria mensual uniforme.

Las Regalías Mineras Legales y Contractuales acumularon más de S/3.251 millones hasta julio. Este concepto constituye el segundo mayor componente de las transferencias contabilizadas durante el año.

A ello se suman más de S/279 millones por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad. Este mecanismo corresponde a pagos efectuados por los titulares de concesiones mineras y cuenta con reglas específicas de distribución entre las entidades vinculadas al territorio donde se ubican los derechos mineros. El MEF precisa que el Derecho de Vigencia constituye un pago anual a cargo de los concesionarios mineros.

Cuatro regiones concentran casi la mitad

La distribución territorial muestra una concentración significativa. Áncash recibió más de S/2.226 millones, ubicándose en el primer lugar entre los departamentos. Le siguieron Arequipa, con más de S/1.488 millones; Apurímac, con más de S/1.446 millones; y Cajamarca, con más de S/1.250 millones.

En conjunto, estas cuatro regiones concentran aproximadamente 49% del total de transferencias mineras registradas en 2026. El resultado refleja la incidencia que tienen las principales zonas productoras sobre la distribución de recursos vinculados con la explotación minera.

Áncash ya había destacado en los registros sectoriales anteriores por el volumen de recursos provenientes de la actividad minera. A nivel nacional, la cartera reportó que las transferencias generadas por el sector habían alcanzado más de S/4.168 millones al cierre de mayo, considerando Canon Minero, Regalías Mineras y Derecho de Vigencia y Penalidad.

El incremento posterior está marcado principalmente por el desembolso correspondiente al Canon Minero, cuyo calendario de transferencia concentra una parte importante de los recursos durante el año.

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¿A dónde pueden ir estos recursos?

La relevancia de estas transferencias no está únicamente en el monto acumulado, sino en su incorporación a los presupuestos de los gobiernos subnacionales. Los recursos pueden contribuir al financiamiento de proyectos y servicios públicos dentro de las reglas establecidas para cada fuente.

El MEF establece que la distribución del canon entre gobiernos regionales y locales considera criterios como la población y las necesidades básicas insatisfechas, además del territorio donde se explota el recurso. En el caso minero, cuando una unidad productiva involucra distintas circunscripciones, la distribución considera, entre otros criterios, el valor de venta del concentrado correspondiente.

Por ello, recibir mayores transferencias no significa que todos los municipios o regiones vinculados con la minería obtengan montos equivalentes. La distribución depende de los criterios y porcentajes fijados por la normativa vigente.

El volumen alcanzado durante 2026 también se produce en un contexto de elevada actividad minera. La propia entidad ha señalado en reportes anteriores que la evolución de los precios internacionales de los metales y la continuidad de las operaciones han contribuido a sostener niveles elevados de recaudación y transferencias.

Mientras los gobiernos regionales y municipales incorporan estos recursos a sus presupuestos, el siguiente dato a observar será la evolución de las transferencias durante los siguientes meses, especialmente por el comportamiento de las regalías y de los pagos asociados a la actividad minera.

La disposición, aprobada por el Congreso en marzo y publicada en abril, toma como referencia la remuneración correspondiente a la primera escala de la carrera pública magisterial para determinar el beneficio de los docentes comprendidos en la norma. El monto se encuentra vinculado a la primera escala de la carrera docente y no se fija como una cantidad aislada.

Actualmente, la primera escala magisterial tiene una RIM de S/3.500,70 para una jornada de 30 horas y de S/4.667,60 para 40 horas.

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El problema fiscal que llega al Tribunal Constitucional

El principal argumento económico de la demanda está relacionado con el efecto permanente que tendría la medida sobre el presupuesto público. Un análisis de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal calculó que la aplicación de la ley implicaría inicialmente un gasto pensionario adicional de aproximadamente S/8.018 millones anuales.

El propio Consejo Fiscal advierte que esa cifra debe entenderse como un escenario de referencia y no como el costo definitivo. La estimación no incorpora a los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones, las nuevas generaciones de jubilados ni otros posibles beneficiarios que podrían incorporarse posteriormente.

La magnitud del compromiso también puede modificarse con el tiempo porque la pensión está vinculada a la remuneración de los docentes activos. Si la RIM continúa aumentando, el gasto asociado al beneficio previsional también crecería.

Bajo ese escenario, el costo incremental anual podría elevarse hasta S/13.400 millones en un horizonte de cinco años, según el análisis citado en la demanda. Esta proyección considera el aumento supuesto de la remuneración de los profesores activos y, al igual que el cálculo inicial, no contempla el efecto de las nuevas generaciones de jubilados.

El Consejo Fiscal publicó el 13 de agosto su Nota de Discusión N.° 01-2026, dedicada específicamente al análisis económico de la Ley 32581. El documento examina las implicancias presupuestarias y previsionales de la medida.

¿Qué cuestiona el Colegio de Economistas?

La institución señala que el problema no se limita al monto establecido para los docentes retirados. Uno de sus cuestionamientos es que la ley no determina una fuente específica de financiamiento para cubrir la obligación que se generaría.

El CEL también plantea que la nueva fórmula modifica la relación entre los aportes realizados durante la etapa laboral y el beneficio recibido durante la jubilación. En la demanda se señala, por ejemplo, que un docente que bajo las reglas anteriores podía recibir una pensión cercana a S/650 pasaría a un monto de S/3.500, sin que exista un aporte adicional equivalente.

Desde el punto de vista constitucional, el gremio sostiene que la norma podría afectar principios relacionados con el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad previsional, la igualdad ante la ley y las restricciones que existen para la creación de gasto público por parte del Congreso.

La demanda pide al TC que declare la inconstitucionalidad total de la norma. Al mismo tiempo, el Colegio de Economistas plantea que una eventual solución para mejorar las pensiones de los docentes debería sustentarse en estudios actuariales, criterios definidos para determinar a los beneficiarios y una fuente permanente de recursos.

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¿A quiénes alcanza la ley?

El alcance de la Ley 32581 comprende a maestros jubilados y cesantes de educación básica regular, básica alternativa, básica especial y educación técnico-productiva. La norma incluye a quienes se encuentran comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, en la Ley 29944 y también contempla a afiliados al Sistema Privado de Pensiones, según las condiciones establecidas en su artículo 3.

La disposición encarga al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación, establecer las pensiones tomando como referencia la RIM de la primera escala magisterial. Además, establece que el Poder Ejecutivo debe aprobar el reglamento correspondiente dentro de los 90 días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la norma.

Esto significa que la discusión no gira únicamente alrededor de cuánto recibirían los docentes retirados, sino también sobre la forma en que el Estado deberá asumir un compromiso previsional que puede crecer conforme aumenten las remuneraciones de los profesores en actividad.

El TC deberá definir el siguiente paso

Con la presentación de la demanda, corresponde al Tribunal Constitucional continuar con el trámite del proceso y posteriormente pronunciarse sobre los argumentos de constitucionalidad planteados por el gremio. La recepción del documento no implica que la Ley 32581 haya sido anulada: mientras no exista una decisión del órgano constitucional, la norma mantiene su vigencia.

El caso se suma así al debate sobre el margen que tiene el Congreso para aprobar beneficios que generan obligaciones permanentes para el Estado. Para el Colegio de Economistas, el punto central es que una mejora previsional debe estar acompañada por una evaluación del costo que tendrá durante los siguientes años y por mecanismos que permitan financiarla.

La discusión tendrá además un componente previsional de largo plazo. Al estar el beneficio ligado a la primera escala magisterial, cualquier incremento futuro de la remuneración de los docentes activos puede trasladarse al cálculo de las pensiones, modificando el gasto que el Estado deberá asumir.

El Tribunal Constitucional tendrá ahora que evaluar los argumentos presentados contra una norma que fue aprobada por insistencia y publicada hace cuatro meses, mientras el análisis del Consejo Fiscal ya ha puesto una cifra concreta sobre la dimensión que podría alcanzar el compromiso: desde un escenario inicial de S/8.018 millones anuales hasta una proyección de S/13.400 millones por año bajo determinadas condiciones.

La compañía ya opera este servicio en el país desde hace aproximadamente un año, pero ahora busca extenderlo a más sectores y regiones. Según Panayotis Lazalde, gerente general de DHL Express Perú, la demanda por este tipo de envíos viene mostrando un avance sostenido.

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“Nosotros en este rubro hemos crecido aproximadamente en un 16, 17%, solamente en envíos de más de 50 kilos”, señaló Lazalde en entrevista con este medio.

La expansión estará respaldada por nuevas inversiones. Para 2026, DHL proyecta destinar entre 1,6 y 1,7 millones de euros, equivalentes a unos US$1,9 millones, principalmente a infraestructura y flota.

DHL invertirá hasta US$1,9 millones y ampliará su red de atención en Perú

La inversión contempla la renovación de vehículos, la adquisición de camiones de mayor capacidad y mejoras en la infraestructura que la empresa mantiene en el Callao. También incluye equipos destinados a la manipulación segura de este tipo de mercancías.

A ello se suma la expansión de la red comercial. DHL espera cerrar 2026 con 30 puntos de venta propios, frente a los 25 que tenía hasta el año pasado, y proyecta abrir otros cinco cada año hasta 2028.

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La estrategia busca acompañar el dinamismo que la compañía observa fuera de Lima. Hernán Cedeño, director comercial de DHL Express, explicó a La República que el norte concentra actividades como la agroindustria y parte de la minería, mientras que en el sur tienen mayor presencia la minería y el sector textil.

Pero también ha detectado oportunidades en empresas más pequeñas que buscan conectarse con mercados internacionales. “Hay muchas MYPES que están tratando de internacionalizar su negocio”, sostuvo Cedeño. El ejecutivo mencionó entre ellas a proveedores mineros, negocios de repuestos, emprendimientos vinculados al café y otras empresas regionales que requieren importar o exportar mercancías.

Minería y manufactura demandan entregas rápidas para evitar paradas

Para DHL, la oportunidad no está únicamente en transportar mercancías de mayor tamaño, sino en reducir los tiempos de espera. En sectores como minería o manufactura, un repuesto que no llega a tiempo puede detener una operación completa y generar pérdidas.

“Uno de los mayores obstáculos sigue siendo la inmediatez”, explicó Cedeño a La República. En su opinión, esta necesidad es especialmente evidente en la minería, donde una parada de planta puede representar un impacto financiero considerable.

Heavyweight Express busca responder precisamente a ese problema mediante una gestión integral del envío. El servicio incorpora seguimiento, coordinación del proceso de importación y despacho aduanero, además de la entrega final. Esto permite que cargas urgentes —como repuestos, componentes, maquinaria o equipos especializados— tengan una ruta controlada desde su origen hasta el destino.

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La infraestructura propia también es parte de la propuesta. DHL cuenta con un vuelo propio entre Miami y Perú, con una frecuencia de seis días a la semana. Lazalde explicó que la capacidad de esta aeronave pasó de 20 a 40 toneladas en los últimos años.

“Tenemos un vuelo diario de lunes a sábado”, destacó el gerente general en conversación con este medio.

La compañía espera que la demanda continúe creciendo en los próximos años, impulsada por la expansión de industrias que requieren equipos y componentes con tiempos de entrega cada vez más cortos. Cedeño sostuvo que Perú se mantiene entre los mercados de mayor crecimiento de DHL en la región y proyectó que el negocio express continúe avanzando a doble dígito.

En paralelo, la empresa mantiene su estrategia de reducción de emisiones. Según Lazalde, cerca del 30% de su flota de última milla en Perú, equivalente a 12 unidades, ya está conformada por vehículos eléctricos.

La diferencia entre zonas resulta relevante para quienes buscan comprar una vivienda o evaluar una inversión. Mientras 64% de los distritos considerados por el informe presentó un incremento interanual hasta julio, cinco tuvieron retrocesos. A nivel general, el precio promedio de Lima aumentó 0,5% solo en julio, su mayor avance mensual desde abril de 2024, y acumuló una subida de 2,1% durante los primeros siete meses del año.

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Los Olivos registra la mayor caída

Los Olivos encabeza la lista de distritos donde más disminuyó el precio de venta. El valor promedio llegó a aproximadamente S/3.425 por m², luego de una reducción interanual de 6%.

En segundo lugar aparece Callao, donde el metro cuadrado se ubicó en alrededor de S/3.199, 5,2% menos que un año atrás. La diferencia de precios frente a las zonas más caras de Lima sigue siendo amplia, aunque la comparación también depende del tipo, antigüedad y ubicación específica de cada inmueble.

La Molina registró una reducción de 3,4%, hasta S/5.278 por m². En Barranco, el retroceso fue de 2,8%, con un promedio de S/9.136 por m². Pese a la caída, este distrito se mantiene entre los más costosos de la capital.

Ate completa el grupo, con una disminución interanual de 0,7% y un precio promedio de S/4.486 por m².

Para Cecilia Penas, manager comercial de Urbania, los menores incrementos o las reducciones suelen encontrarse en zonas que no forman parte de los sectores tradicionalmente más demandados. La ejecutiva también relacionó el atractivo de algunos de estos mercados con la conectividad y la existencia de precios comparativamente más competitivos.

Lince y Magdalena lideran las subidas

El comportamiento contrario se observa en otros distritos. Lince registró el mayor aumento interanual, con una variación de 8,2%, seguido muy de cerca por Magdalena del Mar, con 8,1%.

Bellavista ocupó el tercer lugar, con un incremento de 6%, mientras que Jesús María aumentó 5,3%, Breña 5,2% y Chorrillos 5,1%.

En el caso de Bellavista, Penas destacó el crecimiento de la oferta inmobiliaria y su ubicación, cercana al aeropuerto y conectada con vías como las avenidas Faucett y la Línea Amarilla. La evolución del distrito muestra cómo la accesibilidad puede convertirse en uno de los factores que acompañan la expansión de determinados mercados residenciales.

La diferencia entre distritos también se observa al revisar el extremo superior de la tabla. San Isidro continúa como el distrito con el metro cuadrado más caro de Lima, con S/9.457, seguido por Barranco, con S/9.136, y Miraflores, con S/8.905.

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¿Qué ocurre con el financiamiento?

El comportamiento del precio de los inmuebles no es el único elemento que debe considerar un comprador. El costo del financiamiento también influye directamente en la capacidad de adquirir una vivienda.

Los datos del Banco Central de Reserva del Perú muestran que la tasa activa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional de las empresas bancarias se ubicó en 7,5% en julio de 2026, nivel que se mantuvo durante los meses previos.

Esto significa que una diferencia relativamente pequeña en el precio de una vivienda puede tener un efecto distinto dependiendo del monto financiado, el plazo y las condiciones ofrecidas por cada entidad. Por ello, comparar únicamente el precio por metro cuadrado no permite conocer por sí solo cuánto terminará pagando un comprador.

Además, el costo de construir una vivienda también forma parte del entorno del mercado. El INEI mantiene indicadores específicos para medir la evolución de los materiales de construcción utilizados en Lima Metropolitana y publica mensualmente sus variaciones.

Rentabilidad y oferta inmobiliaria

El estudio estima una rentabilidad bruta anual de 5,53% para el mercado de alquiler y venta, indicador que relaciona los ingresos anuales por alquiler con el precio de adquisición de un inmueble. Bajo esa referencia, la plataforma señala que el periodo necesario para recuperar la inversión mediante alquiler se redujo frente al año anterior.

Sin embargo, esta rentabilidad es un indicador bruto y no equivale a la ganancia final de un propietario. Gastos de mantenimiento, impuestos, periodos sin inquilinos, reparaciones y otros costos pueden modificar el rendimiento efectivo de una inversión inmobiliaria.

Para el comprador, la dispersión de precios entre distritos abre un abanico más amplio que el que ofrece el promedio de Lima. Una vivienda en Los Olivos o Callao, por ejemplo, se encuentra a valores por metro cuadrado considerablemente menores que los registrados en San Isidro, Barranco o Miraflores. Esa brecha permite que el presupuesto disponible y el objetivo de la compra —vivienda propia o inversión— tengan un peso mayor al momento de escoger ubicación.

La declaración llega cuando en el Congreso ya se presentó una propuesta que apunta directamente a las empresas agroexportadoras de mayor tamaño. El proyecto plantea excluir de los beneficios de la Ley 32434 a las compañías agrarias cuyos ingresos netos anuales superen las 2.300 UIT. Según el cálculo de la iniciativa, esta medida podría generar hasta S/1.755,8 millones adicionales de recaudación al año.

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En entrevista con RPP, Galarreta señaló que el ministro de Economía, Elmer Cuba, será quien realice la evaluación técnica. “Nosotros evaluaremos todo”, afirmó el jefe del Gabinete al ser consultado por las exoneraciones.

El primer ministro tomó como ejemplo precisamente al sector agroexportador. “Yo creo que el ministro podrá evaluar y ver si corresponde mantenerlas o corresponde bajarlas o corresponde hacer una nueva estrategia”, sostuvo.

Por ahora, el Ejecutivo no ha definido qué beneficios serán modificados. La decisión, según Galarreta, deberá partir de una revisión técnica del MEF sobre el costo y los objetivos de cada incentivo.

Agroexportadoras grandes podrían quedar fuera del régimen tributario preferencial

La propuesta que se encuentra en el Congreso introduce un cambio concreto: que los beneficios tributarios agrarios no alcancen a las empresas de mayor escala.

El proyecto presentado por la diputada Analí Marquez considera como gran empresa agraria a aquella que registra ingresos netos superiores a 2.300 UIT y plantea que estas compañías queden fuera del régimen establecido por la Ley 32434. La iniciativa sostiene que los incentivos deberían concentrarse en los pequeños productores y no continuar aplicándose de manera general a empresas que ya cuentan con una posición consolidada en el mercado.

Actualmente, la norma contempla una tasa de Impuesto a la Renta de 15% para las empresas comprendidas en el régimen entre 2026 y 2035. En el régimen general, la tasa aplicable es de 29,5%. También existen reglas particulares para los pagos a cuenta y otros mecanismos tributarios.

La diferencia no es menor cuando se lleva a las cuentas fiscales. De acuerdo con los cálculos incluidos en el proyecto, las 360 empresas que quedarían fuera del beneficio tendrían una utilidad estimada de S/3.971,5 millones.

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Con una tasa de 15%, pagarían alrededor de S/595,7 millones por Impuesto a la Renta. Si se les aplicara la tasa general de 29,5%, el pago subiría a S/1.171,6 millones. Es decir, S/575,9 millones más de recaudación anual, según la estimación de la iniciativa.

Pero el proyecto no se limita a la tasa reducida del Impuesto a la Renta. Según sus autores, el conjunto de beneficios tributarios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones entre 2025 y 2035. Al excluir a las grandes empresas, estiman que el Estado podría recuperar hasta S/1.755,8 millones al año. Esta última cifra corresponde a la propuesta legislativa y no a una proyección oficial del MEF.

La iniciativa sustenta su planteamiento en un antecedente: según información del MEF citada en el proyecto, 506 contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UIT concentraron el 92% de los beneficios tributarios de la anterior Ley 31110. Con ese dato, los autores cuestionan que incentivos creados para promover al sector terminen concentrándose en empresas de mayor tamaño y plantean revisar si estos beneficios siguen cumpliendo su objetivo.

El MEF ya había cuestionado el costo fiscal

La revisión anunciada por Galarreta tampoco parte de cero. Durante la discusión de los beneficios para el sector agroexportador, el MEF ya había advertido sobre su impacto en las cuentas públicas y cuestionado que parte de estos incentivos terminara concentrándose en las empresas de mayor tamaño. El proyecto que ahora evalúa el Congreso retoma esa discusión y estima que el conjunto de beneficios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones.

El debate ocurre, además, en un sector que ha ganado un peso considerable en la economía peruana. Entre 2015 y 2025, las exportaciones agrícolas pasaron de US$5.107 millones a US$14.522 millones, mientras que los envíos de productos agropecuarios no tradicionales llegaron a US$12.610 millones.

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Ese crecimiento alimenta las dos posiciones en disputa. Quienes defienden el régimen sostienen que los incentivos ayudan a atraer inversión, generar empleo y mantener la competitividad del sector. Quienes plantean revisarlo consideran que, tras años de expansión, no todas las empresas requieren el mismo nivel de respaldo tributario, especialmente las de mayor tamaño.

Además, la revisión no se limitará a la agroexportación. Galarreta encargó a Elmer Cuba evaluar otras exoneraciones y beneficios tributarios para determinar cuáles conservan una justificación económica y cuáles podrían modificarse.

La estabilidad aparece como el principal refugio frente a esa incertidumbre. El 43% de los trabajadores señala que es justamente lo que más valora de su empleo actual, por encima del clima laboral y los compañeros (21%), las oportunidades de crecimiento profesional (24%) y la posibilidad de ser creativo (12%).

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La tendencia no es exclusiva del Perú, pues este temor alcanza al 87% de los trabajadores en Panamá, al 85% en Ecuador, al 81% en Chile y al 80% en Argentina.

Miedo a cambiar de trabajo: 31% de peruanos teme dar el salto

La inseguridad no termina en el temor a perder el empleo, ya que el 31% de los trabajadores peruanos reconoce que también le da miedo buscar uno nuevo, principalmente por la posibilidad de no encontrar una oferta atractiva y estable dentro de su sector, una preocupación que menciona el 37%.

También existe una preocupación más concreta: el 11% teme que la nueva empresa atraviese recortes o despidos poco después de su ingreso. Otro 10% evita cambiar por no perder los beneficios acumulados con su antigüedad y un 7% teme dejar atrás los años construidos en su actual posición.

Ese comportamiento se relaciona con el llamado Job Hugging, término que describe la tendencia de aferrarse al puesto actual por miedo a la incertidumbre. No significa necesariamente que una persona esté satisfecha con su trabajo. De hecho, puede permanecer en un puesto precisamente porque percibe que renunciar es más peligroso que continuar allí.

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La contradicción se vuelve más evidente cuando se observa que el 79% de los talentos dice estar pensando en cambiar de trabajo. Sin embargo, seis de cada diez revisan ofertas laborales, pero nunca llegan a postular. La mayoría de quienes evalúan un cambio lo hace desde hace menos de seis meses, aunque un 13% lleva entre uno y tres años o más considerando esa posibilidad.

Seis de cada 10 sienten que su carrera está estancada

La permanencia por seguridad convive con una sensación de falta de avance, puesto que el 62% de los trabajadores peruanos considera que su carrera laboral está estancada, aunque se trata del porcentaje más bajo entre los cinco países analizados. En Argentina, por ejemplo, la cifra llega al 75%.

Además, el 43% de los trabajadores peruanos afirma que no está motivado en su empleo actual. Entre quienes muestran poco o ningún compromiso, la principal razón es no sentirse valorados (29%), seguida de la falta de motivación (26%). También aparecen factores como un entorno laboral tóxico (12%), la incomodidad con los valores de la organización (14%), el agotamiento laboral (8%) y el rechazo directo hacia el trabajo que realizan (9%).

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El Job Hugging podría crecer en los próximos años

Aunque el 46% de los trabajadores peruanos se identifica directamente con el Job Hugging, el fenómeno también se refleja en el miedo a cambiar, la búsqueda de estabilidad y la cautela ante nuevas oportunidades. De quienes lo reconocen, el 24% lleva más de un año en esta situación.

La tendencia podría mantenerse: el 89% de especialistas prevé que aumentará en los próximos años, principalmente por el temor a no encontrar otro empleo (28%), perder estabilidad (24%), la incertidumbre global (14%) y el contexto económico (8%). El estudio, realizado entre 4.646 trabajadores y especialistas de RR. HH. de cinco países, evidencia una tensión: muchos quieren cambiar de empleo, pero temen hacerlo cuando perciben un futuro laboral incierto.

El resultado se produjo junto con un aumento de la población ocupada en la capital, que se acercó a los 6 millones de personas. En paralelo, los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestran que la creación de puestos formales también mantiene una trayectoria positiva a nivel nacional, aunque se trata de indicadores diferentes y que permiten observar distintas dimensiones del empleo.

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Desempleo mantiene tendencia descendente en Lima

Según el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del INEI, la tasa de desempleo alcanzó 4,7% durante el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2026. La cifra representa una reducción considerable frente al 9,4% registrado en el primer trimestre de 2022.

En términos absolutos, 294.100 personas buscaron activamente un empleo durante el periodo analizado en Lima Metropolitana. Este grupo representa una parte de la población económicamente activa que no logró incorporarse a un puesto de trabajo pese a encontrarse disponible y realizando acciones para conseguirlo.

La evolución del desempleo coincide con un aumento significativo de la población ocupada. Entre mayo y julio, 5 millones 988.700 personas tenían un empleo en Lima Metropolitana, 7,7% más que en similar trimestre móvil de 2025. El incremento equivale a 425.800 personas adicionales.

Mujeres concentran mayor tasa de desempleo

El descenso del indicador general no fue igual para hombres y mujeres. Del total de personas desempleadas en Lima, 163.000 fueron mujeres, equivalentes al 55,4%, mientras que 131.100 fueron hombres, el 44,6%.

La diferencia también se refleja en las tasas. El desempleo femenino llegó a 5,5%, mientras que el masculino se ubicó en 3,9%.

El dato resulta relevante para analizar la evolución del mercado laboral más allá de la cifra general. Aunque la tasa de desempleo de Lima alcanzó su menor nivel desde 2022, las condiciones de acceso al trabajo continúan presentando diferencias entre determinados grupos de la población.

La mejora de los indicadores laborales también alcanzó los ingresos. De acuerdo con el INEI, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana aumentó 4,6%, hasta superar los S/2.300.

A ello se suma el comportamiento de la masa salarial. Durante el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2026, esta aumentó 13,8% respecto de similar periodo del año anterior.

La masa salarial comprende el conjunto de remuneraciones acumuladas por los trabajadores dependientes e independientes, tanto por su actividad principal como secundaria, durante los tres meses considerados en el trimestre móvil.

Su crecimiento está relacionado con la evolución simultánea del número de personas ocupadas y de sus ingresos. En este caso, el aumento de 7,7% de la población ocupada en Lima se produce junto con una mayor masa salarial y un incremento del ingreso promedio.

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Empleo formal crece 4,2% a nivel nacional

Fuera de Lima, el mercado laboral también presenta señales de expansión, aunque con un indicador distinto. El empleo formal a nivel nacional aumentó 4,2% interanual en junio de 2026, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Con este resultado, se incorporaron 251.000 puestos de trabajo formales en comparación con junio de 2025. El BCRP señaló que el ritmo de crecimiento se mantiene en niveles similares a los observados durante los meses anteriores.

El comportamiento del empleo formal es relevante porque permite observar la evolución de los puestos registrados en el mercado laboral formal del país, mientras que la tasa de desempleo del INEI mide la proporción de personas que no tienen trabajo y buscan activamente uno. Por ello, ambos indicadores no deben interpretarse como equivalentes.

Servicios, agro y comercio lideran creación de puestos

Dentro del sector privado, el empleo formal registró un crecimiento interanual de 5,6% en junio, ligeramente superior al 5,4% observado en mayo.

El mayor aporte en términos de nuevos puestos provino de servicios, agropecuario y comercio. El sector servicios agregó alrededor de 99.000 puestos respecto de junio de 2025, mientras que el agropecuario sumó 49.000 y comercio incorporó 43.000.

El sector agropecuario destacó además por su ritmo de expansión: el empleo formal en esta actividad aumentó 11,9% interanual. La minería presentó una tasa todavía mayor, de 12,4%, aunque su aporte absoluto fue menor, con unos 17.000 puestos adicionales.

La combinación de estos datos permite observar dos movimientos paralelos en el mercado laboral peruano. En Lima Metropolitana, la menor tasa de desempleo está acompañada por un incremento de la población ocupada, mientras que en el conjunto del país el empleo formal continúa aumentando y encuentra sus principales motores en actividades como servicios, agropecuario y comercio.

Para los próximos meses, el comportamiento de estos indicadores estará condicionado por la evolución de las actividades económicas que concentran la mayor cantidad de trabajadores. En Lima, los próximos informes del INEI permitirán verificar si la tasa de desempleo permanece por debajo de los niveles registrados durante los últimos años, mientras que los reportes del BCRP mostrarán si el crecimiento del empleo formal mantiene el ritmo observado hasta junio.

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