Detrás de esa cifra aparece una marcada diferencia entre el tamaño de las empresas y el peso que tienen en el comercio exterior. Las micro y pequeñas empresas representan el 89,9% de las firmas exportadoras, pero las grandes compañías, que son una minoría, concentran el 93,4% del valor total enviado al exterior.

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Mypes dominan el número de exportadoras, pero las grandes concentran el negocio

La composición muestra que el tejido exportador peruano está formado principalmente por negocios pequeños. De las 7.288 empresas que realizaron envíos durante el semestre, 4.193 fueron microempresas y 2.356 pequeñas. Las grandes, en cambio, fueron 494.

La situación cambia por completo cuando se mira el valor de las operaciones. Las grandes empresas acumularon US$50.479 millones, mientras que las microempresas apenas representaron el 0,4% del monto exportado.

Esta diferencia está relacionada con la escala con la que cada empresa puede operar. Las compañías grandes suelen contar con una mayor capacidad productiva, financiera y logística para atender pedidos de gran volumen y mantener relaciones comerciales de largo plazo.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, advirtió durante la inauguración del ADEX Innovation Summit 2026 que la pérdida de competitividad está afectando especialmente a las actividades de mayor valor agregado. Entre las dificultades que enfrentan las empresas mencionó el acceso limitado a financiamiento y asistencia técnica, además de una baja diversificación.

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Más empresas ingresan al comercio exterior, pero otras no logran mantenerse

El aumento de exportadoras también esconde un movimiento importante. Durante el primer semestre, 2.170 empresas dejaron de realizar envíos al exterior, y casi todas fueron mipymes. Al mismo tiempo, otras 2.381 compañías comenzaron a exportar.

La situación también varía según la actividad. La agroindustria fue el sector que reunió a más empresas exportadoras, seguido por la minería tradicional, la metalmecánica y la industria química. En varios de estos rubros conviven grandes compañías con negocios de menor escala, aunque el peso económico de las primeras continúa siendo considerablemente mayor.

Para ADEX, el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas empresas al comercio exterior, sino en fortalecer las condiciones para que puedan consolidarse. En esa línea, el gremio anunció la creación de una Gerencia de Innovación que buscará identificar experiencias aplicadas en otros países y evaluar cómo podrían adaptarse al entorno peruano.

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La mayoría de exportadoras todavía depende de un solo destino

La concentración también se observa en los mercados de destino. Más de la mitad de las empresas exportadoras realizó envíos a un solo país, mientras un grupo reducido consiguió colocar sus productos en diez o más mercados.

Esta limitada diversificación puede convertirse en una vulnerabilidad para las empresas, especialmente las de menor tamaño. Depender de un único destino significa que un cambio en la demanda, una nueva exigencia comercial o una dificultad logística puede tener un impacto directo sobre sus ventas externas.

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Estados Unidos fue el mercado que recibió productos de más empresas peruanas durante el periodo, seguido por la Unión Europea, Chile, India y Ecuador.

Así, el comercio exterior peruano enfrenta una doble tarea: ampliar la cantidad de empresas que consiguen exportar y, al mismo tiempo, conseguir que una mayor parte de ellas pueda permanecer, crecer y diversificar sus mercados.

La disposición, vigente desde el 24 de agosto, establece criterios para que las empresas del sistema financiero puedan adecuar las condiciones de los contratos a los nuevos flujos de ingresos que razonablemente se esperan del cliente. La modificación, bajo determinadas condiciones, no será considerada una refinanciación.

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¿Qué cambia para quienes tienen un crédito?

La principal diferencia es que un cliente que enfrente una afectación temporal no necesariamente tendrá que asumir el tratamiento de una refinanciación si requiere modificar su cronograma. La entidad financiera podrá evaluar la situación y, si corresponde, ajustar las condiciones del préstamo.

Esto puede traducirse, dependiendo del caso, en una ampliación del plazo o una modificación del cronograma para adecuar las cuotas a la capacidad de pago temporalmente afectada. Sin embargo, la medida no implica una suspensión general de las deudas ni obliga a los bancos y cajas a reprogramar automáticamente todos los créditos.

La SBS establece que la modificación debe responder a una circunstancia excepcional y temporal. Además, no debe existir evidencia de que el deudor atraviesa un deterioro permanente de su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Por ello, la evaluación de cada caso continúa siendo un elemento central.

Entre los factores considerados figuran la clasificación de riesgo del cliente —principalmente las categorías Normal o Con Problemas Potenciales—, los días de atraso que registre el crédito, la extensión permitida respecto del plazo original y el número de modificaciones que pueden realizarse. Los criterios varían de acuerdo con el tipo de financiamiento, diferenciándose entre créditos minoristas y no minoristas.

Medidas especiales para zonas declaradas en emergencia

La disposición incorpora, además, flexibilizaciones adicionales para deudores que se encuentren afectados por declaratorias de estado de emergencia regional o sectorial vinculadas con las circunstancias que puedan impactar su capacidad de pago.

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que establece medidas para ejecutar intervenciones ante el peligro inminente generado por intensas precipitaciones vinculadas con este fenómeno.

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El impacto económico de un evento climático de esta naturaleza no se limita a los daños directos sobre infraestructura. Una interrupción de actividades puede reducir temporalmente los ingresos de agricultores, comerciantes, transportistas, pequeñas empresas y trabajadores independientes, dificultando el cumplimiento de cuotas que fueron pactadas bajo condiciones económicas distintas.

Precisamente por ello, la SBS diferencia entre una dificultad coyuntural y un problema estructural de solvencia. El objetivo de la flexibilización es atender el primer escenario sin que la modificación contractual sea registrada automáticamente como una refinanciación.

SBS ya aplicó medidas similares ante emergencias

No se trata de un mecanismo completamente nuevo para el sistema financiero peruano. Durante el Fenómeno de El Niño Costero de 2017, la SBS permitió medidas excepcionales para determinados créditos de personas y micro y pequeñas empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia.

En aquella oportunidad, las entidades pudieron reprogramar determinados créditos minoristas sin que ello significara un deterioro de la calidad crediticia, siempre que se cumplieran condiciones específicas. Entre ellas se encontraba que el crédito estuviera al día cuando se declaraba la emergencia y que la extensión del plazo no superara determinados límites.

Una medida similar volvió a habilitarse en 2019, cuando diversas zonas del país fueron afectadas por fenómenos climatológicos. En ese caso, la SBS precisó que la reprogramación de créditos minoristas podía efectuarse sin que constituyera una refinanciación, bajo las condiciones establecidas por el regulador.

La diferencia ahora es que el nuevo oficio establece un marco temporal de flexibilización asociado a situaciones excepcionales que afecten la capacidad de pago y contempla disposiciones específicas para deudores perjudicados por emergencias regionales y sectoriales.

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¿Qué deben hacer los deudores?

La medida no significa que el cliente pueda dejar de pagar unilateralmente. Quien enfrente dificultades debe coordinar con la entidad financiera con la que mantiene el crédito y someterse a la evaluación correspondiente.

La SBS señaló que estas disposiciones fueron trabajadas en coordinación con entidades del Ejecutivo ante el posible impacto del Fenómeno El Niño. El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, indicó que se realizaron reuniones con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el equipo técnico del MEF para abordar las posibles consecuencias del fenómeno climático.

El punto clave será, por tanto, diferenciar a los deudores cuya capacidad de pago se vio afectada temporalmente de aquellos que ya presentaban un deterioro permanente. Para los primeros, la modificación del cronograma puede servir como un mecanismo para evitar que una interrupción de ingresos termine generando atrasos y un deterioro de su perfil crediticio.

Además, la experiencia de 2017 muestra que este tipo de medidas busca funcionar como una herramienta de contención del riesgo: permite que el sistema financiero absorba temporalmente parte del impacto de una emergencia sin convertir automáticamente a todos los afectados en clientes refinanciados.

La aplicación concreta dependerá de las condiciones de cada crédito y de la evaluación que realice la entidad financiera. Por ello, la flexibilización anunciada por la SBS debe entenderse como una facultad regulada para adecuar temporalmente los pagos, y no como una condonación de deudas o un periodo general de gracia.

La ruta Lima-Río de Janeiro iniciará operaciones el 28 de diciembre de 2026 con una frecuencia diaria y aeronaves Airbus A320neo, con capacidad para 186 pasajeros. La nueva conexión ampliará las alternativas de vuelos directos entre Perú y Brasil, uno de los mercados relevantes para el turismo nacional.

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Cusco tendrá vuelo directo a Santiago de Chile desde enero de 2027

A partir del 3 de enero de 2027, Cusco y Santiago de Chile quedarán conectados mediante un vuelo diario, con siete frecuencias semanales. La operación permitirá que los visitantes internacionales lleguen directamente a la Ciudad Imperial sin realizar una escala previa en Lima, mientras que los pasajeros cusqueños tendrán una nueva alternativa para viajar a Chile.

Santiago se sumará así a Bogotá y La Paz como uno de los destinos internacionales directos desde Cusco, lo que amplía la red de conexiones de la ciudad y diversifica las opciones disponibles para los viajeros.

El potencial de esta ruta se observa en el comportamiento reciente del tráfico aéreo. Entre enero y junio de 2026, Cusco movilizó 67.688 pasajeros internacionales, 16% más que en el mismo periodo del año anterior. A ello se suma el impacto económico del turismo: los visitantes internacionales que llegan al destino registran un gasto promedio de US$1.919 y una permanencia de siete días, según información difundida por el MTC.

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Lima-Río de Janeiro ampliará conexión aérea con Brasil

La nueva ruta entre Lima y Río de Janeiro comenzará a operar el 28 de diciembre, también con una frecuencia diaria. La conexión permitirá ampliar la oferta de vuelos entre ambos países y atender parte de la demanda de viajeros por motivos turísticos y de negocios.

Brasil mantiene una posición importante dentro del flujo turístico hacia el Perú. Entre enero y julio de 2026, más de 103.000 visitantes brasileños llegaron al país, convirtiendo a Brasil en el cuarto principal mercado emisor de turistas. La conexión con Río de Janeiro se incorporará, además, a la oferta que ya enlaza Lima con São Paulo.

Estas nuevas operaciones se producen mientras el transporte aéreo internacional mantiene una trayectoria ascendente. Entre enero y junio de este año, Perú movilizó 6 millones 48.228 pasajeros en vuelos internacionales, 3,6% más que en el mismo periodo de 2025.

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MTC busca ampliar la conectividad aérea hacia más destinos

El fortalecimiento de las rutas internacionales se complementará con la reactivación de la conexión Lima-Puerto Maldonado, prevista para el 1 de marzo de 2027 con un vuelo diario. Esta ruta permitirá conectar directamente la capital con la Amazonía peruana y se sumará al enlace Cusco-Puerto Maldonado que ya opera la aerolínea.

El acompañamiento a estas operaciones forma parte del Kit de Impulso a la Conectividad Aérea, iniciativa de la DGAC orientada a identificar y viabilizar nuevas rutas mediante la coordinación con las aerolíneas y el seguimiento de los procedimientos técnicos y regulatorios.

El objetivo es aprovechar el crecimiento de la demanda para conectar más destinos con mercados internacionales y, con ello, favorecer el turismo y la actividad económica de las regiones.

Los impactos podrían ir desde daños en cultivos e infraestructura hasta interrupciones en carreteras, centrales hidroeléctricas y operaciones productivas. Para las empresas, el principal desafío será anticiparse a estos escenarios y reducir las pérdidas.

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El Niño: agroexportación y pesca enfrentarían mayores riesgos en Perú

El sector agroexportador sería uno de los más afectados por el fenómeno de El Niño. Las lluvias que podrían presentarse generarían daños en los cultivos y retrasos en las exportaciones, especialmente en zonas donde la infraestructura vial resulte afectada.

A esto se suma otro riesgo para el agro peruano: las altas temperaturas previstas para 2027 podrían perjudicar la próxima campaña agrícola. El cambio en las condiciones climáticas puede afectar el desarrollo de los cultivos y alterar los ciclos de producción.

En el sector pesquero, Gallagher advierte sobre la posibilidad de que la segunda temporada de pesca de 2026 sea cancelada y que la primera temporada de 2027 enfrente una menor cuota.

El efecto sobre la pesca está relacionado con las variaciones en las condiciones del mar que puede provocar El Niño y que terminan modificando la disponibilidad de determinadas especies.

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Lluvias de El Niño afectarían carreteras, energía y construcción

El impacto del FEN también alcanzaría a sectores vinculados directamente con la infraestructura como el caso de la energía, ya que el aumento del caudal de los ríos producto de las lluvias podría afectar centrales hidroeléctricas, dependiendo de su ubicación y del nivel que alcancen las precipitaciones. Al mismo tiempo, las altas temperaturas podrían elevar el consumo de electricidad debido al mayor uso de equipos de aire acondicionado.

Este incremento de la demanda podría generar sobrecargas eléctricas o cortes por tensión en determinadas circunstancias.

Para el sector transporte, uno de los principales riesgos está en el deterioro de carreteras y vías de acceso por las lluvias. La interrupción de estas rutas no solo afecta el traslado de personas, sino también el movimiento de mercancías y productos agrícolas.

En construcción, las inundaciones pluviales podrían ocasionar daños en infraestructura y afectar el desarrollo normal de las obras.

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¿Cómo pueden prepararse las empresas ante El Niño?

Ante este escenario, Frank Chávez, gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Perú, recomienda que las compañías cuenten con planes de continuidad de negocio y planes de crisis para responder ante emergencias climáticas.

Entre las principales medidas figura la inspección y limpieza de canaletas y drenajes, además de la descolmatación de quebradas. Esta última consiste en retirar sedimentos y materiales que pueden impedir el adecuado paso del agua.

Gallagher también recomienda evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones frente a lluvias y proteger los tableros e instalaciones eléctricas ubicados a la intemperie para reducir el riesgo de cortocircuitos.

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En los fundos ubicados cerca de ríos o quebradas, se plantea reforzar diques y barreras, así como revisar el estado de gaviones y defensas ribereñas existentes.

La empresa cuenta además con un “Plan CAT”, diseñado para activar una respuesta especializada frente a eventos catastróficos. El mecanismo busca coordinar la atención de los siniestros con aseguradoras y ajustadores, acelerar la recuperación de las pérdidas y contribuir a la continuidad de las operaciones.

Para las empresas, el posible retorno de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en Perú vuelve a colocar la prevención climática como un factor fundamental para reducir daños económicos y evitar interrupciones prolongadas.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 25 de agosto

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

El anuncio modifica el escenario que enfrentan los mineros que permanecen en el proceso de regularización. En lugar de una nueva ampliación del registro como única salida, el Ejecutivo plantea que la situación de los productores sea abordada bajo las reglas de una nueva ley, cuyo contenido todavía se encuentra en elaboración.

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La definición tendrá que darse antes del cierre del año. El Reinfo vence el 31 de diciembre y el proyecto del Minem recién estaría terminado en noviembre, por lo que la discusión sobre la nueva regulación quedará estrechamente vinculada al trámite que siga la iniciativa en el Congreso.

Comisión interna prepara nueva propuesta

Shinno informó que el ministerio conformó una comisión interna para elaborar la propuesta. El grupo deberá definir las nuevas reglas para la pequeña minería y minería artesanal y establecer cómo continuará el proceso de quienes ya se encuentran encaminados hacia el cumplimiento normativo.

El ministro sostuvo que la nueva regulación debe considerar las características de este tipo de actividad y evitar que los pequeños productores enfrenten exigencias diseñadas para operaciones de mayor escala.

“Desde el punto de vista de la formalización, darles un mejor espacio o atención a aquellos que ya han avanzado a través del Reinfo para que puedan concluirlo”, señaló a Gestión.

La comisión trabajará durante las próximas semanas con la expectativa de que el proyecto esté listo en noviembre. El plazo es relevante porque el actual proceso de adecuación vence el 31 de diciembre de 2026.

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¿Qué pasará con el Reinfo?

El Gobierno todavía no confirma una nueva ampliación del Reinfo. Shinno evitó señalar que el registro vaya a continuar automáticamente y vinculó su futuro con las reglas que establezca la nueva Ley MAPE.

El escenario que evalúa el Ejecutivo no necesariamente supone que todos los inscritos permanezcan bajo el mismo mecanismo. La nueva legislación podría establecer condiciones para que continúen quienes hayan demostrado avances en su regularización, mientras que los casos sin progreso tendrían un tratamiento distinto.

La reforma alcanzará a los mineros que continúan dentro del proceso de regularización. Tras la depuración realizada en 2025, el Minem informó que 31.560 pequeños mineros y mineros artesanales podían continuar en el proceso.

Congreso tendrá que definir los tiempos

El Ejecutivo enfrenta además un problema de plazos. Aunque el Minem espera tener su propuesta en noviembre, el proyecto tendría que pasar por el Congreso si se presenta como iniciativa legislativa del Gobierno.

Esto dejaría pocas semanas entre la presentación de la propuesta y el vencimiento del actual proceso de formalidad. El propio Shinno reconoció que el tiempo disponible es reducido para que el Parlamento discuta y apruebe una nueva regulación antes de que termine el año.

El escenario también se cruza con las iniciativas que ya existen en el Congreso para modificar el proceso de legalización. Algunas plantean extender su vigencia mientras se aprueba una nueva Ley MAPE, por lo que el debate parlamentario podría definir si habrá una etapa de transición entre el régimen actual y la nueva normativa.

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Nueva ley apunta a cambiar las reglas de formalización

La propuesta que prepara el Minem no se limitaría a establecer qué ocurrirá con el Reinfo. El Ejecutivo plantea revisar las condiciones bajo las cuales los pequeños productores pueden avanzar hacia la formalidad, con requisitos diferenciados según el tipo y escala de actividad.

También está pendiente definir qué ocurrirá con los mineros que fueron excluidos del registro y mantienen recursos o procedimientos administrativos en trámite. El ministerio evalúa que la nueva legislación establezca un tratamiento para estos casos, en lugar de mantener indefinidamente abierto el padrón.

El Gobierno también ha planteado contar con información más precisa sobre quiénes realizan efectivamente actividad minera. En ese marco, el censo de los inscritos aparece como una de las herramientas para depurar la información y determinar quiénes continúan realmente en el proceso.

El nuevo esquema no solo estará relacionado con la permanencia o salida del Reinfo. El Minem también plantea fortalecer el control sobre las plantas de beneficio y mejorar la trazabilidad del mineral, con el objetivo de diferenciar la producción proveniente de actividades en proceso de adecuación de aquella vinculada con operaciones ilegales.

Durante la XV Conferencia Gas Natural Perú 2026, Cárdenas detalló que la evaluación conjunta realizada por Proinversión, Osinergmin, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Minem culminó el 29 de mayo. Luego, se elaboró el informe que sustenta la adenda y se remitió a las entidades correspondientes.

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Proinversión emitió una opinión favorable, mientras que Osinergmin formuló observaciones. Aunque las opiniones de ambos organismos no son vinculantes, el ministerio decidió levantar primero las observaciones del regulador antes de enviar el expediente al MEF.

Una vez que el Minem complete el levantamiento de observaciones, el expediente será enviado al MEF, que deberá emitir su opinión. Posteriormente, el proceso contempla su paso por la Contraloría General de la República.

Gas natural: Lima concentra 80% de los hogares conectados

El acceso al gas natural sigue concentrado en Lima. De los 1,6 millones de hogares que cuentan con este servicio en el país, alrededor del 80% está en la capital, según los datos presentados por la viceministra de Hidrocarburos durante la conferencia.

La brecha es más evidente en las regiones productoras. En Cusco, donde se concentra buena parte de las reservas de gas natural, solo cinco hogares cuentan actualmente con el servicio. "Tenemos la deuda pendiente de las regiones de donde proviene el gas natural, principalmente Cusco, donde solo hay cinco hogares", señaló.

Como parte de los primeros proyectos para ampliar la cobertura, el sector desarrolló un piloto con el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que contempla una planta de regasificación y 25 kilómetros de redes para atender a 1.000 familias. Las viviendas tendrán tres puntos de consumo: para cocinar, calentar agua y calefacción. Las acometidas y las instalaciones internas ya se encuentran en proceso de licitación, mientras se define al operador del servicio.

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El plan para llevar gas natural a otras regiones empezó hace unos tres años, cuando Cálidda propuso atender a 15 ciudades de siete regiones. La revisión conjunta del proyecto culminó el 29 de mayo y el Gobierno trabaja ahora en las siguientes etapas administrativas.

La ampliación de la cobertura forma parte de una agenda más amplia para aprovechar el peso de los hidrocarburos en la matriz energética. Según Cárdenas, estos representan el 78% de la producción de energía primaria y el 67% del consumo final. Además, han generado más de S/46.000 millones en canon y sobrecanon, de los cuales Cusco concentra más de la mitad a través de la actividad vinculada a Camisea.

Transporte abre espacio para sustituir el diésel por gas natural

El transporte es uno de los principales frentes para ampliar el uso del gas natural, debido a su alta participación en el consumo energético del país. Este sector concentra el 54% del consumo energético, por lo que existe espacio para reducir el uso de diésel, principalmente en vehículos de carga y pasajeros.

La viceministra estimó de manera preliminar que la transición hacia el gas natural podría reducir en 10% el consumo de diésel, aunque precisó que la cifra aún debe ser validada con estimaciones técnicas. El FISE ya contempla mecanismos de apoyo financiero para impulsar esta conversión.

A esta alternativa se suma el desarrollo ferroviario, que permitiría trasladar parte del transporte de pasajeros y carga del diésel hacia sistemas eléctricos.

El gas natural también tiene un peso importante en la generación eléctrica. De acuerdo con la exposición de Cárdenas, los hidrocarburos representan el 41% de la generación, mientras que el gas natural aporta 39%. Su disponibilidad permitió reemplazar centrales que utilizaban diésel, lo que contribuyó a mantener tarifas eléctricas competitivas y contener los costos energéticos de actividades de alto consumo, como la minería.

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Minem plantea reducir de cuatro años a tres meses los permisos para explorar gas

Las reservas de gas natural son otro de los puntos que el sector busca atender ante el crecimiento previsto de la demanda. Según Cárdenas, las reservas aprobadas permiten al país contar con unos 13 años de autonomía, pero más del 90% está concentrado en los lotes de Camisea.

Esta concentración ha llevado al Minem a plantear medidas para impulsar nuevas inversiones en exploración, entre ellas el fortalecimiento de Perupetro, la reducción de los plazos de evaluación ambiental y la conformación de equipos de trabajo para acompañar los permisos de cada proyecto.

Uno de los principales cuellos de botella son los estudios de impacto ambiental, cuyo desarrollo puede tomar entre tres y cuatro años. Para acortar ese proceso, el sector propone implementar el IGASPE, un instrumento de gestión ambiental complementario que podría reducir a unos tres meses la evaluación de determinadas actividades de exploración.

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La propuesta contempla que el Estado prepare previamente una línea de base ambiental de las zonas donde se desarrollarán los proyectos, con información sobre especies, calidad del aire y condiciones del agua. Así, las empresas podrían concentrarse en presentar sus proyectos y las medidas para prevenir o mitigar sus impactos.

"Entonces, de tres a cuatro años en tres meses. Eso es lo primero, para incentivar la exploración", explicó Cárdenas a este diario.

La viceministra remarcó que la propuesta no busca reducir los estándares ambientales, sino evitar que los inversionistas tengan que recopilar durante años información que el Estado puede sistematizar. El IGASPE ya fue presentado al Ministerio del Ambiente (Minam) para su validación.

A ello se suma la propuesta de crear grupos de trabajo similares al Grupo Técnico Institucional de Camisea, liderados por Perupetro, para acompañar los proyectos de exploración y agilizar los permisos necesarios.

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Infraestructura y petroquímica buscan sostener la expansión del gas

Cárdenas advirtió que actualmente existe un solo corredor que transporta el gas desde Cusco hacia los usuarios, por lo que el Gobierno considera necesario desarrollar infraestructura adicional para fortalecer la seguridad energética.

La estrategia contempla también mejorar las condiciones para las concesiones de distribución. Para ello, el Minem plantea avanzar hacia una tarifa única y promover la presencia de grandes consumidores que funcionen como demandantes ancla.

Estos usuarios permitirían generar una demanda estable capaz de contribuir a la sostenibilidad económica de las redes de distribución, especialmente en zonas donde la cantidad inicial de consumidores residenciales todavía es baja.

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En ese esquema, la petroquímica aparece como una de las apuestas del Gobierno. Cárdenas señaló que el Minem retomó su promoción con el objetivo de que el gas natural no se utilice únicamente para generación eléctrica, sino también para producir bienes con mayor valor agregado.

La eventual instalación de una industria petroquímica podría convertirse, precisamente, en una demanda ancla para las concesiones de distribución y contribuir a hacerlas sostenibles.

El reto para el sector es, por tanto, doble: ampliar el número de usuarios sin descuidar la disponibilidad futura del recurso. Para ello, el Minem busca avanzar simultáneamente en la masificación, la exploración, la reducción de los tiempos de permisos, el desarrollo de infraestructura y la generación de nuevos mercados para el gas natural.

La controversia tiene efectos directos sobre la industria láctea: qué producto puede comercializarse legalmente como leche evaporada y qué ingredientes pueden utilizarse para elaborarlo.

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El decreto, vigente desde octubre de 2022, establece que la leche evaporada se obtiene mediante la eliminación parcial del agua únicamente de la leche. En términos sencillos, la norma fija que el producto debe partir de leche y obtenerse retirando parte de su agua.

¿Qué cambió para la leche evaporada Gloria?

Con la entrada en vigencia de la norma, la tradicional leche evaporada Gloria de etiqueta azul dejó de comercializarse bajo esa denominación. Desde octubre de 2022, la empresa introdujo una leche reconstituida de etiqueta azul y una nueva leche evaporada de etiqueta morada.

La diferencia está en su elaboración. Mientras la leche evaporada parte de leche y elimina parte de su agua, un producto lácteo reconstituido se obtiene a partir de una forma concentrada o deshidratada a la que se añade agua para recuperar su composición. Esta distinción termina definiendo también qué nombre puede aparecer en el envase.

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AINCUS sostiene que la antigua fórmula de Gloria incorporaba leche en polvo y que su uso dejó de ser compatible con la nueva regulación. La asociación también cuestiona la composición de la actual leche evaporada de etiqueta morada. Según el documento, esta declara leche cruda, leche concentrada al 30% y grasa anhidra de leche entre sus ingredientes, por lo que AINCUS considera que no cumpliría con la definición establecida por el decreto.

Gloria, por su parte, sostiene en su demanda que el decreto vulnera sus derechos constitucionales y busca que sea dejado sin efecto. El proceso ha pasado por las instancias previas sin una decisión favorable para la empresa, de acuerdo con la documentación presentada por AINCUS.

Codex Alimentarius: ¿por qué importa el nombre del producto?

La discusión también tiene como referencia al Codex Alimentarius, que establece definiciones internacionales para los productos lácteos. Entre ellas, señala que el nombre de un alimento debe reflejar su verdadera naturaleza y no inducir a error al consumidor.

Aquí aparece un concepto técnico: los "términos lecheros protegidos". En la práctica, significa que la denominación utilizada en un producto debe corresponder con sus características y composición. Por ello, la diferencia entre leche, producto lácteo y producto lácteo reconstituido tiene una consecuencia comercial concreta.

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El decreto peruano recoge esta definición para establecer qué puede comercializarse como leche evaporada. AINCUS sostiene que el estándar internacional vigente desde 1971 establece que este producto debe elaborarse únicamente a partir de leche, mediante la eliminación parcial del agua.

La asociación también menciona como antecedente el caso Pura Vida, producto de Gloria cuya comercialización generó una controversia nacional en 2017 por su composición y denominación. Este episodio forma parte de los argumentos que AINCUS presenta contra la empresa, aunque el proceso que ahora debe resolver el TC tiene un objeto específico: determinar si corresponde dejar sin efecto el decreto cuestionado.

TC definirá las reglas para la leche evaporada

Durante el proceso, Gloria solicitó una medida cautelar para continuar produciendo y comercializando su antigua leche evaporada de etiqueta azul mientras se resolvía la demanda. La solicitud fue rechazada y, desde octubre de 2022, el producto dejó de comercializarse bajo esa denominación.

AINCUS también cuestiona una ampliación administrativa que permitió utilizar la etiqueta durante un periodo adicional en 2023. Este argumento forma parte de su posición en el proceso y no constituye una conclusión del TC sobre la legalidad de dicha actuación.

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La decisión del Pleno tendrá un alcance que va más allá de una presentación de Gloria. El fallo definirá cómo se aplican las reglas sobre la denominación de la leche evaporada en el mercado peruano y qué margen tendrá la industria para utilizar leche en polvo u otros componentes en su elaboración.

El expediente involucra además a distintas entidades del Estado y a representantes de los ganaderos y consumidores. Con el caso ya elevado al Pleno, el TC tendrá la última palabra sobre una disputa que enfrenta la posición de Gloria frente a las nuevas reglas establecidas por el Estado.

La declaración llega cuando en el Congreso ya se presentó una propuesta que apunta directamente a las empresas agroexportadoras de mayor tamaño. El proyecto plantea excluir de los beneficios de la Ley 32434 a las compañías agrarias cuyos ingresos netos anuales superen las 2.300 UIT. Según el cálculo de la iniciativa, esta medida podría generar hasta S/1.755,8 millones adicionales de recaudación al año.

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En entrevista con RPP, Galarreta señaló que el ministro de Economía, Elmer Cuba, será quien realice la evaluación técnica. “Nosotros evaluaremos todo”, afirmó el jefe del Gabinete al ser consultado por las exoneraciones.

El primer ministro tomó como ejemplo precisamente al sector agroexportador. “Yo creo que el ministro podrá evaluar y ver si corresponde mantenerlas o corresponde bajarlas o corresponde hacer una nueva estrategia”, sostuvo.

Por ahora, el Ejecutivo no ha definido qué beneficios serán modificados. La decisión, según Galarreta, deberá partir de una revisión técnica del MEF sobre el costo y los objetivos de cada incentivo.

Agroexportadoras grandes podrían quedar fuera del régimen tributario preferencial

La propuesta que se encuentra en el Congreso introduce un cambio concreto: que los beneficios tributarios agrarios no alcancen a las empresas de mayor escala.

El proyecto presentado por la diputada Analí Marquez considera como gran empresa agraria a aquella que registra ingresos netos superiores a 2.300 UIT y plantea que estas compañías queden fuera del régimen establecido por la Ley 32434. La iniciativa sostiene que los incentivos deberían concentrarse en los pequeños productores y no continuar aplicándose de manera general a empresas que ya cuentan con una posición consolidada en el mercado.

Actualmente, la norma contempla una tasa de Impuesto a la Renta de 15% para las empresas comprendidas en el régimen entre 2026 y 2035. En el régimen general, la tasa aplicable es de 29,5%. También existen reglas particulares para los pagos a cuenta y otros mecanismos tributarios.

La diferencia no es menor cuando se lleva a las cuentas fiscales. De acuerdo con los cálculos incluidos en el proyecto, las 360 empresas que quedarían fuera del beneficio tendrían una utilidad estimada de S/3.971,5 millones.

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Con una tasa de 15%, pagarían alrededor de S/595,7 millones por Impuesto a la Renta. Si se les aplicara la tasa general de 29,5%, el pago subiría a S/1.171,6 millones. Es decir, S/575,9 millones más de recaudación anual, según la estimación de la iniciativa.

Pero el proyecto no se limita a la tasa reducida del Impuesto a la Renta. Según sus autores, el conjunto de beneficios tributarios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones entre 2025 y 2035. Al excluir a las grandes empresas, estiman que el Estado podría recuperar hasta S/1.755,8 millones al año. Esta última cifra corresponde a la propuesta legislativa y no a una proyección oficial del MEF.

La iniciativa sustenta su planteamiento en un antecedente: según información del MEF citada en el proyecto, 506 contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UIT concentraron el 92% de los beneficios tributarios de la anterior Ley 31110. Con ese dato, los autores cuestionan que incentivos creados para promover al sector terminen concentrándose en empresas de mayor tamaño y plantean revisar si estos beneficios siguen cumpliendo su objetivo.

El MEF ya había cuestionado el costo fiscal

La revisión anunciada por Galarreta tampoco parte de cero. Durante la discusión de los beneficios para el sector agroexportador, el MEF ya había advertido sobre su impacto en las cuentas públicas y cuestionado que parte de estos incentivos terminara concentrándose en las empresas de mayor tamaño. El proyecto que ahora evalúa el Congreso retoma esa discusión y estima que el conjunto de beneficios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones.

El debate ocurre, además, en un sector que ha ganado un peso considerable en la economía peruana. Entre 2015 y 2025, las exportaciones agrícolas pasaron de US$5.107 millones a US$14.522 millones, mientras que los envíos de productos agropecuarios no tradicionales llegaron a US$12.610 millones.

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Ese crecimiento alimenta las dos posiciones en disputa. Quienes defienden el régimen sostienen que los incentivos ayudan a atraer inversión, generar empleo y mantener la competitividad del sector. Quienes plantean revisarlo consideran que, tras años de expansión, no todas las empresas requieren el mismo nivel de respaldo tributario, especialmente las de mayor tamaño.

Además, la revisión no se limitará a la agroexportación. Galarreta encargó a Elmer Cuba evaluar otras exoneraciones y beneficios tributarios para determinar cuáles conservan una justificación económica y cuáles podrían modificarse.

La apuesta fue planteada por José Carlos Guzmán Zegarra, gerente legal de Olympic Perú, durante la XV Conferencia de Gas Natural Perú 2026. El ejecutivo sostuvo que Piura tiene condiciones para convertirse en el segundo gran eje gasífero del país, después de Camisea, aunque para ello será necesario conectar una mayor oferta con una demanda que también viene creciendo y generar condiciones que permitan sostener las inversiones.

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"Piura ya es parte de la solución de seguridad energética del Perú y tiene potencial para convertirse en el segundo gran eje gasífero del país", señaló.

La región ya cuenta con una base productiva sobre la cual construir esa expansión. Olympic Perú reporta 145 BCF de reservas probadas de gas natural —una medida utilizada para expresar grandes volúmenes del recurso— y elevó su producción de 25 millones de pies cúbicos diarios en 2024 a 40 millones en 2025. Para este año, la compañía prevé alcanzar los 50 millones de pies cúbicos diarios.

La empresa también señala que aporta alrededor del 60% del gas natural que consume Piura, abastece a más de 90.000 familias con producción local y cuenta con más de 100 kilómetros de ductos propios. A ello se suma una capacidad instalada de generación eléctrica de 50 MW.

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Piura tiene gas para crecer, pero requiere más infraestructura

El potencial de Piura no se limita al consumo domiciliario. Una mayor oferta de gas podría atender las necesidades de industrias, transporte y generación eléctrica, actividades que requieren un suministro continuo y competitivo.

Guzmán Zegarra advirtió que ese crecimiento ya encuentra límites en parte de la infraestructura disponible. Mencionó, por ejemplo, las restricciones en la capacidad de transmisión eléctrica, que pueden dificultar la atención de una demanda en expansión.

En ese contexto, el gas natural puede convertirse en una alternativa para acompañar el crecimiento de la actividad económica regional, pero su aprovechamiento dependerá de que producción e infraestructura avancen a la misma velocidad. No se trata únicamente de extraer más gas, sino de contar con los ductos, conexiones y proyectos necesarios para llevarlo hasta donde se necesita.

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"Para que el usuario final pueda acceder a costos similares a los de Lima, es fundamental un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado", sostuvo el gerente legal de Olympic Perú.

La empresa considera que una mayor utilización del gas producido en la propia región también permitiría reducir las brechas de acceso energético entre Lima y otras zonas del país. En la medida en que existan nuevos consumidores y proyectos que utilicen este recurso, las reservas de Piura podrían traducirse en una oferta energética con mayor impacto sobre la economía local.

Nuevas inversiones en gas requieren reglas previsibles

El otro desafío está en atraer nuevas inversiones. La exploración de hidrocarburos requiere capital y plazos largos, por lo que Olympic Perú considera claves tres condiciones: predictibilidad, horizonte e incentivos. "Que las reglas sean claras, que los contratos tengan un horizonte acorde con el tiempo que necesita una inversión de exploración y que existan incentivos vinculados a nuevos compromisos de inversión", explicó Guzmán Zegarra.

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El ejecutivo también planteó una mayor rendición de cuentas de los organismos reguladores. "Es importante que los organismos reguladores expliquen con claridad cuál es la política regulatoria que buscan impulsar y cómo sus decisiones contribuyen a la seguridad energética y al desarrollo del país", señaló.

Piura ya cuenta con reservas, producción y una demanda con potencial de crecimiento. Si esa base se acompaña de nuevas inversiones e infraestructura, la región podría ampliar su aporte al abastecimiento del norte y consolidarse como un eje estratégico del gas natural en el Perú.

La entrada en vigor del acuerdo permitirá dar mayor estabilidad y predictibilidad al intercambio bilateral y garantizará de manera permanente el arancel cero para los productos originarios del Perú. Esto abre nuevas oportunidades para sectores como el agroexportador, que ya tiene presencia en ese mercado con productos como arándanos, uvas y paltas.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) emitirá el decreto supremo que dispondrá la puesta en ejecución del acuerdo y comunicará a las entidades competentes las medidas necesarias para su implementación.

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Exportaciones peruanas a Hong Kong alcanzaron los US$237,8 millones en 2025

Hong Kong ocupa, al 2026, el sexto lugar entre los destinos de las exportaciones peruanas no tradicionales en Asia, por lo que el nuevo acuerdo busca profundizar una relación comercial que ya tiene una importante participación del sector agropecuario.

En 2025, las exportaciones peruanas hacia Hong Kong alcanzaron los US$237,8 millones. El 40,27% correspondió a productos tradicionales, principalmente oro, mientras que el 59,73% fueron envíos no tradicionales, impulsados por productos agropecuarios como arándanos, uvas y paltas.

La eliminación permanente de aranceles permitirá reducir los costos de ingreso de los productos peruanos a ese mercado y mejorar sus condiciones de competencia. Además, el acuerdo puede favorecer la diversificación de la oferta exportadora hacia bienes con mayor valor agregado.

En contraste, las importaciones peruanas desde Hong Kong sumaron US$28,6 millones durante el mismo año. Los sectores con mayor participación fueron el siderúrgico, con 34,3%; el químico, con 22,9%; y el metalmecánico, con 19,2%.

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Servicios y tecnología también ganan espacio con el nuevo acuerdo

El ALC no se limita al comercio de mercancías. También establece reglas para facilitar la participación de empresas peruanas en actividades como tecnologías de la información, software, servicios audiovisuales, consultoría y servicios digitales, con especial potencial para las pequeñas y medianas empresas.

El acuerdo establece un marco jurídico para el comercio de servicios y busca generar mayor confianza entre empresas e inversionistas. Para el Perú, esto supone una oportunidad para ampliar su oferta exportadora más allá de los productos tradicionales y agropecuarios.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que Hong Kong puede convertirse en una plataforma estratégica para acceder a otros mercados asiáticos, debido a su posición como centro comercial, financiero y logístico. Esta apuesta se alinea con el objetivo del Perú de consolidarse como un hub logístico y comercial entre América Latina y Asia.

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Las negociaciones del acuerdo comenzaron en noviembre de 2022 y culminaron sustancialmente el 16 de mayo de 2024, durante una reunión ministerial de APEC.

El tratado fue suscrito el 15 de noviembre de 2024 en Lima, en el marco de la Reunión de Líderes de APEC. Posteriormente, Perú lo ratificó mediante el Decreto Supremo N.º 030-2026-RE, publicado el 15 de julio de 2026.

Con su entrada en vigencia el 1 de setiembre, las empresas peruanas tendrán un nuevo marco para ampliar sus exportaciones hacia Hong Kong y utilizar este mercado como punto de conexión con otras economías de Asia.

La cifra de junio también confirma la trayectoria ascendente registrada durante los primeros meses del año. En mayo, la actividad minera había generado 287.537 empleos directos, 9,4% más que en mayo de 2025. En abril, en tanto, se contabilizaron 282.520 puestos, con un crecimiento interanual de 9,9%.

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El avance del empleo ocurre en un contexto de mayor inversión minera. Entre enero y mayo de 2026, la inversión ejecutada en el sector superó los US$2.633 millones, monto 43,6% superior al registrado en igual periodo del año anterior, según la cartera. El crecimiento estuvo asociado principalmente a los desembolsos en infraestructura, exploración y equipamiento minero.

Arequipa concentra la mayor cantidad de empleos mineros

La distribución territorial muestra una fuerte concentración del empleo minero en determinadas regiones. Arequipa lideró en junio con 44.643 trabajadores, equivalente al 15,3% del total nacional.

Le siguieron La Libertad, con 24.813 puestos (8,5%), e Ica, con 24.535 trabajadores (8,4%). Estas tres regiones reunieron, en conjunto, cerca de una tercera parte de los empleos directos registrados por la minería durante el sexto mes del año.

La participación de Arequipa también se mantiene por encima de la observada en los meses anteriores. En mayo concentró el 16,1% del empleo minero nacional; La Libertad representó el 8,6% e Ica, el 8,4%. En abril, las participaciones fueron de 15,9%, 8,8% y 8,6%, respectivamente.

La evolución regional resulta relevante porque el empleo minero no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Una parte importante de los puestos se concentra en departamentos donde operan grandes unidades productivas y existe actividad vinculada a servicios y contratistas especializados.

Contratistas concentran 72,8% del empleo

Otro aspecto que muestran las estadísticas del Minem es el tipo de empleador. En junio, las empresas contratistas mineras y compañías conexas concentraron el 72,8% del empleo directo, mientras que las empresas mineras generaron el 27,2% restante.

El número de puestos asociados a contratistas aumentó 15,3% interanual, mientras que el empleo generado directamente por las compañías mineras creció 1,3%.

La estructura no es nueva. En mayo, los contratistas representaron el 73% del empleo minero, frente al 27% correspondiente a las compañías; en abril, su participación fue de 72,6%.

Esto significa que el crecimiento de los puestos de trabajo del sector está ocurriendo principalmente fuera de las planillas directas de las compañías mineras. Los datos del informe agrupan dentro de los contratistas a las empresas contratistas mineras y empresas conexas que participan en actividades relacionadas con las operaciones.

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Participación femenina sigue por debajo del 10%

La brecha por género continúa siendo amplia. En junio se registraron 24.055 mujeres trabajando en actividades mineras, equivalentes al 8,3% del empleo directo total. Los hombres, por su parte, sumaron 266.989 puestos y representaron el 91,7%.

Aunque la participación femenina todavía es minoritaria, el número de mujeres empleadas en minería viene aumentando durante el año. En mayo se contabilizaron 23.479 puestos ocupados por mujeres, equivalentes al 8,2% del total. En abril fueron 22.954, el 8,1%.

El incremento de la participación femenina es gradual y parte de una base todavía reducida. Por ello, el aumento del empleo total del sector no ha significado hasta ahora un cambio sustancial en la composición por género.

Inversión minera supera los US$2.600 millones

El comportamiento del empleo se da mientras la inversión minera mantiene tasas de crecimiento elevadas. Según el Minem, los más de US$2.633 millones ejecutados entre enero y mayo significaron un aumento de 43,6% interanual.

Además, la cartera de proyectos mineros presentada por el ministerio en julio comprende 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$64.075 millones. La cartera incluye iniciativas en distintas etapas de desarrollo, por lo que su monto representa inversión potencial y no desembolsos ya ejecutados.

Los registros oficiales también permiten observar que el empleo minero ha mantenido una tendencia creciente desde abril: pasó de 282.520 puestos en ese mes a 287.537 en mayo y posteriormente a 291.044 en junio. El siguiente dato será relevante para determinar si el aumento se sostiene durante el segundo semestre y cómo evoluciona frente al ritmo de inversión registrado hasta mayo.

El dato adquiere relevancia en un mercado donde la falta de vivienda no se limita a la cantidad de inmuebles disponibles. Según el INEI, en 2024 el 2,1% de los hogares del país presentaba déficit cuantitativo de vivienda, es decir, requería una vivienda adicional o adecuada para cubrir sus necesidades habitacionales. A ello se suma un déficit cualitativo de 8%, relacionado con problemas de materiales, hacinamiento o servicios básicos.

La oferta registrada por el Fondo Mivivienda muestra, por tanto, una concentración importante en departamentos fuera de la capital, aunque la disponibilidad no es uniforme entre regiones.

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¿En qué regiones hay más viviendas sociales?

La Libertad encabeza la oferta nacional con 14.974 viviendas, seguida por Lima y Callao, con 13.208. Después aparecen Piura, con 10.142 unidades; Lambayeque, con 10.107; e Ica, con 8.601.

También existe oferta registrada en San Martín, Áncash, Arequipa, Tacna, Junín, Cusco y Apurímac, entre otras regiones. En conjunto, las cifras muestran que una parte considerable de los proyectos de vivienda social se encuentra fuera del principal mercado inmobiliario del país.

La distribución no es completamente nueva. En abril de 2026, el Ministerio de Vivienda reportó que existían más de 57.600 viviendas sociales disponibles a nivel nacional y que 44.546 estaban ubicadas en regiones, equivalentes al 77,3% del total. En ese momento, además, la mayor parte de la oferta regional correspondía al programa Techo Propio en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

La cifra más reciente eleva la oferta disponible a cerca de 66.000 unidades y lleva la participación del interior del país al 80%, de acuerdo con el reporte difundido por el Fondo Mivivienda.

¿Qué pasa con la oferta de vivienda en Lima?

Aunque Lima y Callao concentran una proporción menor del stock total, todavía reúnen 13.208 viviendas, de las cuales 11.133 pueden ser adquiridas mediante el Crédito Mivivienda.

La oferta se distribuye en distintos distritos de la capital y el Callao. San Miguel registra 1.637 viviendas disponibles, seguido por el Cercado de Lima, con 1.430; Comas, con 1.271; Chorrillos, con 879; San Martín de Porres, con 810; y Callao, con 635.

Esto significa que la oferta de vivienda social en Lima no está concentrada exclusivamente en los distritos periféricos. San Miguel, por ejemplo, figura entre las zonas con mayor número de unidades disponibles, mientras que otros mercados importantes aparecen en distritos con mayor densidad poblacional.

La diferencia entre Lima y las regiones también se observa cuando se separan los programas. En mayo, el Ministerio de Vivienda informó que el 94,85% de la oferta de Techo Propio en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva estaba ubicada en provincias, mientras que el Crédito Mivivienda tenía una distribución más concentrada en Lima y Callao.

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¿Cuánto cuesta una vivienda de interés social?

El precio depende del programa y de las características de la vivienda. El Crédito Mivivienda permite financiar inmuebles dentro de los rangos establecidos por el Fondo Mivivienda y ofrece el Bono del Buen Pagador (BBP), un subsidio que reduce el monto que debe financiar la familia.

La información difundida por el sector señala viviendas dentro de un rango de S/69.900 a S/367.600 para el Crédito Mivivienda. Los valores máximos y condiciones de los programas han sido objeto de modificaciones normativas durante 2026; en junio, por ejemplo, el Ejecutivo publicó decretos supremos en paralelo: uno para actualizar los subsidios del Crédito Mivivienda y otro para elevar los valores máximos de las viviendas del programa Techo Propio en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

El BBP puede representar un apoyo importante para quienes acceden a un crédito hipotecario. En junio de este año, el Ministerio de Vivienda informó que, sumando el Bono Integrador, los subsidios asociados al Crédito Mivivienda podían llegar hasta S/37.900 en el caso de viviendas sostenibles.

El Bono Integrador se dirige a determinados grupos de población vulnerable y se suma al Bono del Buen Pagador. Hasta junio de 2026, el Ministerio informó que 3.427 familias habían recibido este subsidio, con desembolsos acumulados de más de S/12 millones desde su lanzamiento en 2024.

Techo Propio: otra vía para comprar una vivienda

Para hogares de menores ingresos existe el programa Techo Propio, que contempla el Bono Familiar Habitacional (BFH) para la adquisición de una vivienda nueva en proyectos autorizados.

El subsidio es no reembolsable y, de acuerdo con la información oficial difundida durante 2026, puede alcanzar hasta S/47.850 en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

El programa tiene una presencia especialmente fuerte fuera de Lima. En abril, de las 35.782 viviendas disponibles mediante Techo Propio y el Crédito Mivivienda, 33.828 correspondían a viviendas que podían ser financiadas mediante Techo Propio en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

No obstante, el acceso depende de que el hogar cumpla las condiciones establecidas para el programa, entre ellas los requisitos de ingresos, ahorro y no contar con otra vivienda o terreno, además de que el inmueble forme parte de un proyecto autorizado.

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Una oferta mayor no elimina el déficit habitacional

El crecimiento del stock disponible debe diferenciarse de la reducción del déficit habitacional. Que existan decenas de miles de viviendas en oferta no significa que todas sean accesibles para los hogares que necesitan una vivienda ni que estén ubicadas en los lugares donde se concentra la demanda.

El propio INEI distingue entre déficit cuantitativo y cualitativo. En 2024, el primero afectaba al 2,1% de los hogares a nivel nacional y al 2,6% de los hogares urbanos. El déficit cualitativo alcanzaba al 8% de los hogares, con una incidencia mucho mayor en el área rural, donde llegaba al 12,6%.

La diferencia es relevante para entender el mercado. Una familia puede necesitar una vivienda nueva porque no cuenta con una unidad adecuada, pero otra puede tener una vivienda y enfrentar problemas de hacinamiento, materiales precarios o falta de servicios básicos. Los programas de vivienda social atienden principalmente una parte de esas necesidades.

En paralelo, la oferta inmobiliaria también depende de la capacidad de las familias para acceder a financiamiento. Durante el primer trimestre de 2026, el Fondo Mivivienda registró 2.335 créditos hipotecarios, 8,4% más que en el mismo periodo de 2025. Frente al primer trimestre de 2024, el incremento fue de 76,5%.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció que la RMV será uno de los puntos de la Sesión Extraordinaria N.° 49 del CNTPE. La discusión reunirá en una misma instancia a representantes del Gobierno, los trabajadores y los empleadores, aunque todavía no existe un monto definido como resultado de esta convocatoria.

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Entre las centrales sindicales consultadas figuran la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Por el lado empresarial participaron representantes de la Asociación de Exportadores (Adex), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

La discusión tendrá como antecedente una metodología técnica que el propio CNTPE aprobó para orientar las revisiones de la remuneración mínima. Sin embargo, los procesos anteriores muestran que el cálculo no necesariamente se agota en la aplicación de una fórmula.

Sindicatos y empresas tienen posiciones distintas

El titular del MTPE señaló que las primeras reuniones con organizaciones laborales y empresariales evidenciaron posiciones diferentes frente a un eventual incremento de la RMV. Entre las centrales sindicales consultadas figuran la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT).

Del lado empresarial participaron representantes de la Asociación de Exportadores (Adex), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

La próxima sesión del CNTPE permitirá que estas posiciones sean expuestas dentro de una discusión que no se limita al monto de la remuneración mínima. El consejo es una instancia tripartita en la que participan representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores.

La RMV no será el único asunto de la sesión del 3 de setiembre. Según la agenda anunciada por el MTPE, también se abordará la articulación entre trabajadores, empleadores y Estado frente a los efectos del Niño Global, así como los desafíos del futuro del trabajo ante el avance tecnológico y la inteligencia artificial.

¿Qué criterios se han utilizado para calcular la RMV?

El debate sobre el salario mínimo cuenta con una metodología técnica acordada previamente en el CNTPE. En su sesión extraordinaria del 23 de agosto de 2007, el consejo aprobó un mecanismo de revisión periódica de la remuneración mínima basado en dos variables: la inflación subyacente esperada y la variación de la productividad multifactorial.

La primera variable busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento tendencial de los precios, mientras que la segunda incorpora la evolución de la productividad de la economía. De acuerdo con la documentación del MTPE, la fórmula planteada consiste en sumar la inflación subyacente proyectada y el crecimiento de la productividad multifactorial.

No obstante, la aplicación de estos criterios no ha impedido que cada proceso de revisión considere otras variables. Para el incremento de la RMV aprobado en 2022, por ejemplo, el MTPE evaluó también el crecimiento del PBI, la tasa de desempleo, la informalidad laboral y la relación entre la RMV y la remuneración promedio.

Por ello, la discusión que se abrirá en el CNTPE no debería reducirse únicamente a establecer una nueva cifra. El eventual reajuste deberá analizarse en función del contexto económico y laboral en el que se aplicaría, así como de sus posibles efectos sobre el poder adquisitivo, los costos de contratación y el empleo formal.

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El aumento y su impacto en las mypes

El impacto sobre las empresas de menor tamaño será otro de los aspectos relevantes alrededor de un eventual incremento de la RMV. El ministro Sheput había señalado que el Gobierno evalúa un bono para las micro y pequeñas empresas, además de medidas tributarias y de competitividad asociadas al reajuste.

Hasta ahora, sin embargo, no se han detallado públicamente las características de ese eventual beneficio. No se conoce el monto, el universo exacto de empresas que podría recibirlo ni el mecanismo mediante el cual sería financiado.

Este aspecto resulta relevante debido a la estructura del mercado laboral peruano. La información del INEI muestra que la informalidad está especialmente concentrada en unidades económicas pequeñas: en los datos publicados por el instituto, ocho de cada diez trabajadores informales se desempeñaban en empresas de entre uno y cinco trabajadores.

Por ello, el efecto de un eventual reajuste no dependerá únicamente del monto que finalmente se establezca para la RMV. También será determinante la capacidad de las empresas con menor margen financiero para absorber mayores costos laborales sin reducir la contratación formal o trasladar parte de sus costos a los precios.

La sesión del CNTPE del 3 de setiembre permitirá conocer las posiciones de trabajadores, empleadores y Gobierno sobre este punto. El resultado del diálogo será relevante para determinar si existe espacio para avanzar hacia un nuevo monto de la remuneración mínima y bajo qué condiciones podría aplicarse.

El anuncio ocurre casi un año después de que el intento estatal de promover estudios en el Área XCII, donde se encuentra Candamo, terminara afectado por un proceso judicial debido a su superposición con el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Perupetro canceló posteriormente el procedimiento para suscribir el Convenio de Evaluación Técnica (CET) previsto para esa zona.

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Gobierno apunta a explotar Candamo desde 2028

La nueva gestión del Minem no parte de cero. En agosto de 2025, la cartera había presentado un cronograma para el desarrollo de Candamo que contemplaba la calificación de empresas, negociaciones, consulta previa y acuerdos sociales, la emisión de un decreto supremo y la posterior suscripción de un contrato de licencia. La hoja de ruta proyectaba una fase de explotación anticipada desde marzo de 2028 y el inicio de la producción comercial en marzo de 2031.

Ahora, la viceministra ratificó esas fechas ante la XV Conferencia Gas Natural Perú 2026. Según declaró, el Ejecutivo considera necesario avanzar con el desarrollo del yacimiento debido al horizonte limitado de las reservas probadas de gas natural del país.

De acuerdo con la información difundida por la funcionaria, las reservas probadas actuales alcanzarían para unos 13 años y aproximadamente 96% del abastecimiento proviene de Camisea. En ese contexto, la cuenca de Madre de Dios concentra cerca de la mitad de los recursos prospectivos nacionales, con unos 20,4 billones de pies cúbicos (TCF).

No obstante, esos 20,4 TCF corresponden al potencial prospectivo de la cuenca y no a reservas listas para ser extraídas. Para Candamo, Perupetro ha identificado alrededor de 3,6 TCF de recursos contingentes a partir de la perforación realizada en 1999.

La diferencia entre ambas categorías es relevante: la existencia de recursos potenciales no significa que todo ese volumen pueda convertirse automáticamente en producción comercial.

¿Qué pretende cambiar el Gobierno?

La viceministra confirmó que el Ejecutivo incluyó en su pedido de facultades legislativas mecanismos destinados a permitir la exploración y explotación del yacimiento. "Sí, lo hemos incluido. Esperamos que pueda ser válido", señaló a Infobae. El pedido todavía debe ser debatido por el Congreso, por lo que no existe actualmente una autorización legislativa que haya resuelto las restricciones que enfrenta el proyecto.

Cárdenas también planteó una alternativa para el área natural protegida: que una parte de la superficie pueda ser devuelta y que una proporción de los recursos generados por la producción de gas se destine a financiar la conservación de las áreas naturales protegidas.

La funcionaria señaló que el Minem viene trabajando con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para buscar una fórmula que permita desarrollar el yacimiento y, al mismo tiempo, destinar recursos a la protección ambiental.

Por ahora, esta propuesta forma parte del planteamiento del Ejecutivo. No constituye una modificación vigente del régimen de protección del Parque Nacional Bahuaja Sonene ni una autorización para comenzar a extraer hidrocarburos en la zona.

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El antecedente judicial que frenó el avance

En agosto de 2024, Perupetro configuró el Área XCII en la cuenca de Madre de Dios para promover un Convenio de Evaluación Técnica. El acuerdo debía durar dos años y contemplaba estudios geológicos y geofísicos, reprocesamiento de información sísmica, análisis satelitales y otros trabajos de gabinete. La entidad precisó que en esa etapa no estaban previstas perforaciones ni actividades invasivas.

El problema fue que el área incluía una superficie superpuesta con el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

La controversia llegó al Poder Judicial mediante una demanda de cumplimiento contra el Minem y Perupetro. El proceso cuestionó que el Estado promoviera actividades hidrocarburíferas en una zona sometida a un régimen de protección especial.

La justicia terminó ordenando que las entidades estatales respetaran las restricciones aplicables al parque en sus actos de promoción hidrocarburífera. La decisión fue confirmada posteriormente en segunda instancia.

El efecto concreto fue que Perupetro canceló el procedimiento para suscribir el CET del Área XCII.

Candamo no tiene actualmente un contrato de explotación

Perupetro informa que entre los Convenios de Evaluación Técnica vigentes a julio de 2026 aparece el Área XCIII, también ubicada en Madre de Dios, pero no el Área XCII.

Por tanto, el proceso cancelado en torno al Área XCII no ha sido reemplazado hasta ahora por un nuevo convenio técnico vigente para Candamo.

El Gobierno plantea ahora una ruta distinta: modificar el marco que considera necesario, resolver la situación vinculada con el área protegida y posteriormente avanzar hacia la selección de empresas y la contratación.

Cárdenas señaló que, cuando anteriormente se presentó la iniciativa, QatarEnergy había mostrado interés y solicitado información, aunque hasta la fecha no ha renovado ese acercamiento ni presentado una propuesta formal para desarrollar Candamo.

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El gas tendría que llegar a la costa

Incluso si el Ejecutivo consigue superar el obstáculo legal, Candamo enfrenta otro desafío: el transporte del gas.

La viceministra explicó que quien desarrolle el yacimiento deberá asumir la construcción de las facilidades necesarias y de un ducto para trasladar el gas hacia la costa. Esto supone que el proyecto no depende únicamente de confirmar la disponibilidad del recurso y obtener derechos para explotarlo.

La infraestructura de transporte será necesaria para conectar la producción de Madre de Dios con los mercados. Cárdenas también mencionó que el desarrollo requiere exploración y facilidades de superficie antes de alcanzar una operación comercial.

Así, el objetivo de producción comercial para 2031 está sujeto a una cadena de decisiones que todavía no se han completado.

El cronograma todavía depende del Congreso

El anuncio de Cárdenas establece una meta política y sectorial, pero las fechas de 2028 y 2031 todavía dependen de que se cumplan las etapas necesarias para que el proyecto pueda ejecutarse.

El primer punto será el trámite de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. El Congreso ya inició el periodo parlamentario 2026-2027 y la Comisión Permanente fue instalada el 19 de agosto. Entre sus atribuciones se encuentra ejercer las facultades legislativas que el Congreso le delegue, aunque no puede recibir la facultad de aprobar leyes autoritativas de delegación al propio Ejecutivo.

Después deberán definirse las condiciones jurídicas y ambientales para intervenir en el área, avanzar con los procedimientos correspondientes, seleccionar al operador y establecer el contrato. A ello se suma la construcción de la infraestructura necesaria para transportar el gas.

Por ahora, el dato concreto es que la administración de Keiko Fujimori ha decidido volver a colocar Candamo entre sus prioridades gasíferas y la viceministra Iris Cárdenas ha ratificado un inicio de explotación para 2028 y producción comercial para 2031. La forma en que el Ejecutivo logre compatibilizar ese objetivo con el antecedente judicial y el régimen del Parque Nacional Bahuaja Sonene será el siguiente punto que deberá definirse en el proceso.

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La audiencia se realizará de manera acumulada, debido a que ambas demandas cuestionan el mismo dispositivo. La decisión del TC se producirá mientras, en paralelo, avanza en el Poder Judicial un proceso de amparo presentado por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) contra la aplicación del decreto y sus posibles efectos sobre los trabajadores de Petroperú.

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El cuestionamiento surge por el alcance de los cambios que el Ejecutivo introdujo en la empresa estatal. El DU 010-2025 fue publicado el 31 de diciembre de 2025 y plantea una reorganización patrimonial de la empresa estatal. Entre sus medidas contempla cambios en su estructura, disposiciones sobre el personal y una participación de ProInversión en la definición y promoción de bloques patrimoniales.

Petroperú llega al TC: ¿qué cuestionan las demandas contra el decreto?

La Defensoría del Pueblo sostiene que el DU 010-2025 no reúne las condiciones constitucionales para justificar un decreto de urgencia, pues introduce cambios estructurales en Petroperú sin una situación extraordinaria e imprevisible que los sustente. También cuestiona que la norma incorpore a la petrolera al régimen de promoción de la inversión privada del Decreto Legislativo 674, pese a que la Ley 28244 la excluía expresamente de este esquema.

La Municipalidad Provincial de Talara, por su parte, observa las disposiciones vinculadas con la reorganización de Petroperú y sus trabajadores. Entre ellas figura la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, que contempla medidas de reconversión y reducción de personal, así como cambios en la estructura orgánica de la empresa.

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El cuestionamiento de Talara tiene además un componente económico. La actividad petrolera mantiene una relación directa con la provincia, por lo que una reducción de personal o una modificación importante de las operaciones de Petroperú podría repercutir en el empleo y en la actividad económica local.

El debate que llegará al TC, por tanto, no se limita a la situación financiera de la petrolera. El tribunal deberá determinar si el Ejecutivo podía utilizar un decreto de urgencia para establecer modificaciones que afectan el régimen y la estructura de una empresa estatal.

Fenpetrol lleva al Poder Judicial la disputa por la reestructuración de Petroperú

Mientras el TC revisará la constitucionalidad del decreto, Fenpetrol abrió otro frente en el Poder Judicial. La organización presentó una demanda de amparo ante el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, ProInversión y Petroperú.

El proceso, identificado con el expediente N.° 00216-2026-0-1801-JR-DC-05, fue admitido a trámite y tiene una audiencia única programada para el próximo 5 de octubre de 2026.

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Fenpetrol busca que el DU 010-2025 no sea aplicado en los aspectos que, según sostiene, afectan los derechos de los trabajadores. Entre sus cuestionamientos están las medidas vinculadas con la reducción de personal, los ceses colectivos y los cambios que podría generar la reorganización de la empresa.

A diferencia de las demandas que verá el TC, el proceso de amparo busca proteger derechos constitucionales frente a la aplicación de una norma. Por eso, ambos procesos pueden avanzar de manera paralela: mientras el TC analiza si el decreto es compatible con la Constitución, el Poder Judicial evaluará los efectos que su aplicación podría generar sobre los trabajadores.

El gremio también cuestiona el papel asignado a ProInversión dentro del proceso y advierte que la reorganización podría terminar afectando el control estatal sobre determinadas unidades de negocio de Petroperú.

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ProInversión y el futuro de Petroperú: trabajadores cuestionan el nuevo esquema

La participación de ProInversión genera reparos entre los trabajadores de Petroperú. Fenpetrol cuestiona que una entidad vinculada a la promoción de la inversión privada asuma un papel en la reorganización de la petrolera, al considerar que el esquema podría facilitar la participación privada en determinadas unidades de negocio.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) también han cuestionado el enfoque del DU 010-2025 y advertido sobre los riesgos de modificar la estructura de Petroperú sin una evaluación jurídica y técnica suficiente.

El punto de fondo es qué ocurrirá con el control de la empresa estatal. Para Fenpetrol, las medidas previstas podrían abrir el camino a la privatización de determinadas unidades o activos de Petroperú, una posibilidad que el gremio rechaza por el papel de la petrolera en el abastecimiento nacional de combustibles y la seguridad energética.

La distribución de estos fondos tiene un impacto directo en los presupuestos de los gobiernos subnacionales que los reciben, aunque el monto que corresponde a cada territorio depende de las reglas establecidas para cada mecanismo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que el Canon Minero representa la participación de los gobiernos regionales y locales en los ingresos y rentas obtenidos por el Estado a partir de la explotación de recursos minerales.

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Canon Minero concentra la mayor parte de los recursos

El Canon Minero concentra más de S/9.564 millones del total transferido hasta julio. El monto representa un aumento de 36,8% respecto de lo transferido en 2025, según los datos del ministerio.

Una parte importante del comportamiento anual del Canon Minero se explica por su calendario de distribución. Los recursos provenientes del Impuesto a la Renta se transfieren a los gobiernos regionales y locales en una sola armada en junio, según la metodología del MEF.

Esto evidencia por qué el flujo de recursos relacionados con la minería puede mostrar variaciones importantes a lo largo del año y no necesariamente sigue una trayectoria mensual uniforme.

Las Regalías Mineras Legales y Contractuales acumularon más de S/3.251 millones hasta julio. Este concepto constituye el segundo mayor componente de las transferencias contabilizadas durante el año.

A ello se suman más de S/279 millones por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad. Este mecanismo corresponde a pagos efectuados por los titulares de concesiones mineras y cuenta con reglas específicas de distribución entre las entidades vinculadas al territorio donde se ubican los derechos mineros. El MEF precisa que el Derecho de Vigencia constituye un pago anual a cargo de los concesionarios mineros.

Cuatro regiones concentran casi la mitad

La distribución territorial muestra una concentración significativa. Áncash recibió más de S/2.226 millones, ubicándose en el primer lugar entre los departamentos. Le siguieron Arequipa, con más de S/1.488 millones; Apurímac, con más de S/1.446 millones; y Cajamarca, con más de S/1.250 millones.

En conjunto, estas cuatro regiones concentran aproximadamente 49% del total de transferencias mineras registradas en 2026. El resultado refleja la incidencia que tienen las principales zonas productoras sobre la distribución de recursos vinculados con la explotación minera.

Áncash ya había destacado en los registros sectoriales anteriores por el volumen de recursos provenientes de la actividad minera. A nivel nacional, la cartera reportó que las transferencias generadas por el sector habían alcanzado más de S/4.168 millones al cierre de mayo, considerando Canon Minero, Regalías Mineras y Derecho de Vigencia y Penalidad.

El incremento posterior está marcado principalmente por el desembolso correspondiente al Canon Minero, cuyo calendario de transferencia concentra una parte importante de los recursos durante el año.

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¿A dónde pueden ir estos recursos?

La relevancia de estas transferencias no está únicamente en el monto acumulado, sino en su incorporación a los presupuestos de los gobiernos subnacionales. Los recursos pueden contribuir al financiamiento de proyectos y servicios públicos dentro de las reglas establecidas para cada fuente.

El MEF establece que la distribución del canon entre gobiernos regionales y locales considera criterios como la población y las necesidades básicas insatisfechas, así como el territorio donde se explota el recurso. En el caso minero, cuando una unidad productiva involucra distintas circunscripciones, la distribución considera, entre otros criterios, el valor de venta del concentrado correspondiente.

Por ello, recibir mayores transferencias no significa que todos los municipios o regiones vinculados con la minería obtengan montos equivalentes. La distribución depende de los criterios y porcentajes fijados por la normativa vigente.

El volumen alcanzado durante 2026 también se produce en un contexto de elevada actividad minera. La propia entidad ha señalado en reportes anteriores que la evolución de los precios internacionales de los metales y la continuidad de las operaciones han contribuido a sostener niveles elevados de recaudación y transferencias.

Mientras los gobiernos regionales y municipales incorporan estos recursos a sus presupuestos, el siguiente dato a observar será la evolución de las transferencias durante los siguientes meses, especialmente por el comportamiento de las regalías y de los pagos asociados a la actividad minera.

El monto definitivo del presupuesto del próximo año todavía no ha sido presentado oficialmente. Como referencia, la Ley N.° 32513 aprobó para 2026 un presupuesto de S/257.561 millones, por lo que la cifra que se discute para 2027 tendrá que definirse a partir de las proyecciones de ingresos, crecimiento económico y necesidades de gasto del Estado.

La definición entra en una fase decisiva. Desde el 17 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, viene sosteniendo reuniones con los titulares y equipos técnicos de distintos ministerios para revisar sus demandas presupuestales. El objetivo es determinar qué requerimientos pueden incorporarse al proyecto que el Ejecutivo debe remitir al Congreso antes del 30 de agosto.

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¿Cuánto más podría tener el Estado en 2027?

El dato que marcará la discusión será el crecimiento del presupuesto respecto a 2026. Un aumento nominal no significa necesariamente que el Gobierno disponga de la misma cantidad de dinero adicional para nuevas políticas.

Una parte importante de los recursos está comprometida en remuneraciones, pensiones, transferencias, bienes y servicios, servicio de la deuda e inversiones que ya cuentan con programación. Por ello, el margen efectivo para crear nuevas partidas puede ser considerablemente menor que el incremento nominal del presupuesto.

La estructura del presupuesto de 2026 permite dimensionar el tamaño de los recursos que administra el Estado. La Ley N.° 32513 fijó en S/257.561 millones el Presupuesto del Sector Público para este año, monto que incluye los recursos asignados al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

Para 2027, no obstante, el margen de maniobra no dependerá únicamente de cuánto aumente el presupuesto total, sino de cómo se distribuyan los nuevos recursos y cuánto de ellos quede comprometido en obligaciones existentes. Si una mayor proporción se destina a gastos permanentes, será menor el espacio disponible para nuevas inversiones o programas.

Seguridad: una prioridad que puede requerir gasto permanente

La seguridad ciudadana es uno de los sectores que llega a la discusión presupuestal con mayores expectativas de recursos. El Gobierno de Keiko Fujimori ha colocado la lucha contra la delincuencia entre sus principales líneas de acción y varias de las medidas anunciadas tienen un impacto directo sobre las cuentas públicas.

La construcción o ampliación de infraestructura penitenciaria, el equipamiento policial, la adquisición de vehículos y tecnología, el incremento de capacidades operativas y la contratación de personal son algunos de los gastos que podrían requerir financiamiento.

El primer ministro Luis Galarreta presentó ante el Congreso una serie de medidas vinculadas con seguridad que incluyen nuevos establecimientos penitenciarios de alta seguridad y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas. El costo fiscal de estas iniciativas dependerá de cuáles sean aprobadas y ejecutadas.

Esto plantea una diferencia frente a un gasto temporal: una inversión inicial en infraestructura puede convertirse posteriormente en mayores costos de operación, mantenimiento y personal. El MEF deberá considerar esa continuidad cuando evalúe los pedidos de Interior, Justicia y Defensa.

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El Niño añade otra presión sobre el presupuesto

La preparación ante el fenómeno El Niño representa una segunda fuente de presión para las cuentas públicas. En este caso, el desafío no se limita a financiar la atención de una emergencia, sino también las obras y acciones preventivas necesarias para reducir sus efectos.

El fenómeno puede afectar carreteras, puentes, infraestructura de agua y saneamiento, agricultura y servicios públicos, generando requerimientos adicionales durante el año. Si las condiciones climáticas empeoran, el Estado podría verse obligado a realizar modificaciones presupuestarias para atender daños que no hayan sido contemplados inicialmente.

El MEF ya ha advertido que el escenario de El Niño debe ser tomado en cuenta en la planificación fiscal. El entonces ministro de Economía, Rodolfo Acuña, informó en julio que la ley de crédito suplementario permitía reorientar cerca de S/3.000 millones para acciones vinculadas al fenómeno El Niño., dependiendo de las necesidades y de la situación fiscal.

La incorporación de prevención en el presupuesto 2027 permitiría, en principio, anticipar parte de esos gastos. Sin embargo, también puede significar que recursos que de otro modo se dirigirían a nuevas inversiones tengan que reservarse para infraestructura y respuesta ante emergencias.

Salud, educación y programas sociales también reclaman recursos

La competencia por fondos no se limita a seguridad y prevención climática. Salud, educación y protección social forman parte de las demandas que el Ejecutivo debe evaluar para el próximo ejercicio.

Los sectores de Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social ya participan en el proceso de formulación presupuestaria. A ello se suman Transportes, Vivienda, Producción, Trabajo, Ambiente, Cultura, Mujer, Agricultura, Energía y Minas, entre otros.

Cada cartera llega con proyectos, programas y necesidades propias. El problema para el MEF es que el presupuesto no crece necesariamente al mismo ritmo que las demandas de las entidades públicas.

La situación obliga a establecer una jerarquía de gasto. Una partida adicional destinada a seguridad, por ejemplo, compite con la posibilidad de ampliar recursos para infraestructura educativa, establecimientos de salud, carreteras o programas sociales si los ingresos públicos no crecen lo suficiente para financiar todos los requerimientos.

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El déficit fiscal será el límite

El otro factor que condicionará el Presupuesto 2027 es la trayectoria del déficit fiscal. Las reglas establecidas contemplan una reducción del déficit a 1,4% del PBI en 2027, después de un límite de 1,8% para este año y antes de alcanzar 1% desde 2028.

A junio de 2026, el déficit fiscal anualizado se ubicó en 1,3% del PBI, de acuerdo con información del MEF. El resultado se encontraba por debajo del límite establecido para este año, aunque ello no implica que ese espacio pueda trasladarse automáticamente a un mayor gasto.

El Gobierno deberá considerar además la evolución de la recaudación tributaria, el crecimiento económico y las obligaciones financieras del Estado. Si los ingresos no alcanzan las previsiones, el margen para ampliar el gasto será menor.

En ese contexto, el debate sobre el presupuesto no se reduce a determinar si el monto será mayor que los S/257.561 millones de 2026. La pregunta será cuánto de ese aumento podrá utilizarse para nuevas políticas y cuánto deberá cubrir compromisos que ya existen.

¿Qué ocurrirá después?

El MEF debe culminar la evaluación de los pedidos sectoriales y preparar el proyecto que será enviado al Congreso. Las reuniones iniciadas esta semana involucran a prácticamente todo el gabinete y buscan definir qué requerimientos tienen sustento suficiente para ser incluidos en la propuesta.

Una vez presentado el proyecto, el Congreso discutirá la distribución planteada por el Ejecutivo. En esa etapa pueden aparecer nuevas presiones de gasto desde las regiones, municipalidades y bancadas parlamentarias, particularmente en inversión pública y obras de infraestructura.

El resultado final permitirá conocer si el incremento presupuestal, en caso de producirse, será suficiente para financiar simultáneamente las nuevas prioridades del Gobierno.

La cifra global será el primer dato a mirar, pero no el único. Si el presupuesto de 2027 supera los S/257.561 millones, habrá que revisar cuánto de ese incremento termina en seguridad, prevención ante El Niño e inversión y cuánto se absorbe por remuneraciones, transferencias, obligaciones permanentes y deuda. Esa composición mostrará cuánto margen real tendrá el Gobierno para ejecutar nuevas políticas durante su primer año completo de gestión.

La propuesta no planteaba crear un nuevo feriado nacional ni eliminar horas de trabajo. El mecanismo aprobado por el Congreso contemplaba que las horas no laboradas durante el sábado fueran compensadas dentro de los diez días naturales siguientes o en la oportunidad que determinara el empleador. Además, buscaba impedir que acuerdos laborales, decisiones empresariales o condiciones de trabajo generaran discriminación por motivos religiosos.

La autógrafa correspondía al Proyecto de Ley 4610/2022-CR, iniciativa presentada por el entonces congresista Juan Burgos Oliveros. El Pleno la aprobó en primera votación en noviembre de 2025, con 68 votos a favor, dos en contra y 19 abstenciones. Posteriormente, la Comisión Permanente aprobó el texto en segunda votación el 9 de julio de 2026, con 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.

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¿Por qué el Ejecutivo observó la propuesta?

Uno de los argumentos centrales del Gobierno es que el ordenamiento peruano ya reconoce el derecho de las personas a observar los días considerados sagrados por su religión. La Ley N.° 29635, Ley de Libertad Religiosa, establece que toda persona puede conmemorar festividades y guardar el día de descanso que considere sagrado, pero precisa que ese derecho debe armonizarse con los derechos de los trabajadores y con los de la empresa o la administración pública.

El reglamento de esa ley también contempla la protección de los días sagrados, de descanso o de guardar dentro de las relaciones laborales. El Ministerio de Justicia ha señalado que este marco busca garantizar el ejercicio de la libertad religiosa tanto en su dimensión individual como colectiva.

El punto de controversia está precisamente en cómo se aplica esa protección cuando entra en conflicto con la organización de una jornada laboral. El Ejecutivo considera que establecer expresamente el sábado como día no laborable compensable podría generar una superposición con una legislación que ya reconoce el derecho al descanso religioso.

Pero el Congreso llegó a una conclusión distinta. Durante la discusión parlamentaria se sostuvo que la legislación vigente resulta insuficiente para resolver de manera objetiva determinadas situaciones laborales, debido a que el poder de dirección del empleador puede terminar imponiéndose frente a la necesidad de un trabajador de observar un día considerado sagrado.

El punto económico: no era un feriado remunerado

Una diferencia importante frente a los feriados nacionales es que la iniciativa no establecía un día adicional de descanso pagado. El sábado habría sido no laborable compensable. Es decir, el trabajador dejaría de prestar servicios ese día, pero tendría que recuperar posteriormente las horas correspondientes.

Por ello, el impacto económico de la medida no puede equipararse automáticamente al de un nuevo feriado nacional. En este caso, el debate se concentra más en la reorganización de las jornadas y en la capacidad de las empresas y entidades públicas para distribuir las horas de trabajo.

El Ejecutivo, no obstante, observa que incluso una medida compensable puede afectar la planificación de las actividades. La objeción apunta a que las empresas necesitan organizar turnos, horarios y operaciones de acuerdo con sus necesidades productivas y que cualquier modificación obligatoria de la jornada debe establecer reglas suficientemente claras y previsibles.

La discusión adquiere relevancia en un país donde la productividad laboral y los costos de formalización forman parte de los principales debates económicos. Un nuevo mecanismo de adaptación de horarios puede tener efectos distintos dependiendo del tipo de actividad: no es lo mismo reorganizar las horas de un trabajador administrativo que modificar turnos en una fábrica, un establecimiento comercial, una empresa de transporte o una actividad que funciona de manera continua.

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La propuesta buscaba proteger principalmente a quienes guardan el sábado

El proyecto no establecía que todos los trabajadores pudieran dejar de laborar los sábados. El beneficio estaba condicionado a que la persona perteneciera a una confesión religiosa cuyo día de descanso o de guardar coincidiera con esa jornada y a que comunicara esa condición al empleador. La pertenencia debía acreditarse mediante una constancia expedida por la autoridad correspondiente de la confesión religiosa.

Además, el texto aprobado por el Congreso incorporaba una prohibición expresa de prácticas discriminatorias por motivos religiosos en materia de remuneración, jornada y otras condiciones laborales.

Este punto es relevante porque el debate no se limita a decidir si una persona puede descansar un sábado. También plantea qué ocurre cuando el ejercicio de una convicción religiosa puede influir en su contratación, horario o permanencia en un puesto de trabajo.

El Tribunal Constitucional ya ha reconocido que la libertad religiosa comprende la posibilidad de guardar el día considerado sagrado por una confesión. En una sentencia, el TC recordó que la legislación debe armonizar ese derecho con los derechos de los trabajadores, las empresas y la administración pública.

El debate se cruza con la discusión sobre los feriados

La observación llega, además, en un momento en que el Gobierno y el sector empresarial discuten qué hacer con la cantidad de días no laborables en el país.

La diferencia es importante: la propuesta sobre el sábado no creaba un feriado nacional. Sin embargo, políticamente el debate aparece dentro de una discusión más amplia sobre cuánto tiempo debe dejar de trabajarse, cómo se recuperan las horas y cuál es el efecto de los descansos sobre la productividad.

Documentos parlamentarios que han analizado el régimen de feriados han recogido la preocupación empresarial por el impacto de los días no laborables sobre la productividad, los costos laborales y la competitividad. En uno de esos análisis se advierte que el Perú ya se encuentra entre las economías con una elevada cantidad de días de descanso remunerado.

La diferencia en este caso es que el sábado religioso no habría significado necesariamente un aumento de días pagados sin trabajar. El trabajador tendría que recuperar las horas. Por eso, mezclar ambos debates sin hacer esta precisión podría llevar a interpretar la iniciativa como un nuevo feriado, cuando jurídicamente no lo era.

¿Qué puede ocurrir ahora con la propuesta?

La observación del Ejecutivo no significa que el proyecto haya quedado archivado de manera automática. El Congreso debe evaluar las objeciones formuladas por el Gobierno y puede modificar el texto, aceptar las observaciones o insistir en la autógrafa, conforme al procedimiento parlamentario.

Mientras no concluya ese procedimiento y no exista una norma promulgada y publicada, los empleadores no están obligados a reconocer el nuevo mecanismo aprobado por el Congreso. Continúa vigente el régimen establecido por la Ley de Libertad Religiosa y su reglamento.

El desenlace también tendrá una lectura política. La autógrafa fue aprobada por una mayoría amplia en el Parlamento anterior y terminó llegando al Ejecutivo durante las primeras semanas de la administración de Fujimori. Su eventual insistencia obligaría al Gobierno a defender ante el Congreso las razones laborales y económicas utilizadas para observarla.

Así, el conflicto no se limita a una discusión sobre quién trabaja o no trabaja los sábados. Lo que está en juego es hasta dónde debe llegar la obligación de las empresas de adaptar sus jornadas para garantizar derechos fundamentales y cuánto margen debe conservar el empleador para organizar la actividad productiva.

En términos económicos, la discusión deberá resolver una pregunta concreta: si las horas se recuperan, ¿la protección de la libertad religiosa genera realmente un costo laboral adicional o principalmente una obligación de reorganizar la jornada? La respuesta dependerá de cómo se diseñen las reglas y, sobre todo, de si el Congreso modifica la propuesta para atender las objeciones planteadas por el Ejecutivo.