El resultado estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de los alimentos, aunque el transporte también presionó el presupuesto de los hogares debido al aumento de los combustibles y las tarifas de algunos servicios.

En el décimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57%, con lo que acumuló una variación de 4,88% entre enero y octubre. La cifra anual se ubicó por encima del 4,2% que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyectó para la inflación al cierre de 2026.

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Alimentos concentraron más de dos tercios del alza de octubre

El encarecimiento de los alimentos concentró el 68% del aumento mensual de la inflación en Lima. Dentro de esta división, el bonito tuvo la mayor incidencia en el IPC, con un alza de 26,9% en su precio, seguido del choclo, que registró el mayor incremento porcentual, de 45,29%.

También subieron con fuerza la zanahoria y la arveja verde, mientras que el pescado acumuló un incremento de 11,7% en octubre. El INEI atribuyó la menor oferta de productos hidrobiológicos a los oleajes anómalos en el litoral y al calentamiento del mar. En el caso del choclo, incidió también el mayor costo de los fertilizantes.

Por el contrario, bajaron los precios de los huevos, el pollo, el tomate y la papaya, aunque estas reducciones no compensaron el impacto de los alimentos que presionaron al alza el indicador.

El transporte acumula una subida de casi 16% en doce meses

Después de los alimentos, el transporte fue uno de los rubros que más contribuyó a la inflación de octubre. Sus precios aumentaron 0,77% y representaron el 18,42% de la variación mensual del indicador, en un mes en el que se encarecieron tanto los combustibles como algunos servicios de traslado de pasajeros.

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Entre los principales incrementos figuraron el gas licuado de petróleo vehicular (GLP), con 5,8%, y el gasohol, con 3,8%, mientras que el diésel subió 1,7%. El INEI relacionó estas variaciones con el aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo, que también repercutió en otros componentes de la movilidad.

A ello se sumaron las tarifas de los pasajes aéreos internacionales, que aumentaron 4,4%, y los nacionales, con 3,7%; el transporte en ómnibus interprovincial subió 3,1%, mientras que el servicio de taxi avanzó 0,8%.

Con estos resultados, el transporte acumuló una inflación de 15,75% en los últimos doce meses, una presión que se refleja en los gastos cotidianos de quienes necesitan movilizarse dentro y fuera de la capital.

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Gas, electricidad y otros servicios también presionaron el gasto familiar

El encarecimiento también alcanzó otros gastos del hogar. La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 0,39% en octubre, impulsada por el gas doméstico, que aumentó 0,9%, y las tarifas eléctricas, que avanzaron 0,5% tras el ajuste aplicado el 4 de octubre.

A ello se sumó el alza de 0,22% en restaurantes y hoteles, cuyos precios acumularon un incremento de 4,49% en los últimos doce meses.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó 0,16% en octubre, muy por debajo del 0,57% del índice general. Esta brecha evidencia que el encarecimiento de los alimentos y los combustibles fue determinante en el resultado del mes y golpeó directamente gastos cotidianos de las familias.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 1 de noviembre

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

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Banco de la Nación

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BBVA

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De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), 7.530 familias necesitan acceder al Bono Familiar Habitacional durante el último trimestre de 2026 para concretar la adquisición y recibir las viviendas que ya habían comprado.

José Salardi, director ejecutivo de Codip, explicó a La República que al cierre de septiembre solo se habían desembolsado 8.366 bonos antes de que se agotaran los recursos. Para atender la demanda pendiente, el gremio estima que faltan unos S/379 millones. Salardi recordó que cerca del 40% de los desembolsos del año se hace entre octubre y diciembre, y que la demanda viene creciendo alrededor de 15% al año.

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El problema no afecta solo a quienes todavía buscan vivienda. Ana Cecilia Gálvez, gerente general de Codip, advirtió que hay compradores que ya hicieron todo lo que les pedían. Cumplieron los requisitos, pagaron la cuota inicial, tienen el crédito hipotecario aprobado y firmaron la minuta de compraventa. Aun así no pueden recibir las llaves, porque el Estado se quedó sin recursos para completar el subsidio.

"Esas familias ya tenían el bono aprobado, pero se acabó. (...) Tienen el crédito hipotecario aprobado por el banco, ya firmaron su minuta y no le van a entregar su casa", señaló.

Presupuesto de Techo Propio y Mivivienda acumula recortes desde 2025

La reducción prevista para 2027 no es un hecho aislado. Según cifras de Capeco, los recursos para subsidios habitacionales bajaron de S/1.500 millones en 2025 a S/1.200 millones en 2026, y el próximo año serían menos de S/600 millones.

A eso se suma cómo se repartiría el recorte. El proyecto de Presupuesto Público 2027 plantea reducir 53% los recursos de Techo Propio y 60% los de Mivivienda frente a 2026. En la práctica, ambos programas tendrán menos capacidad para financiar los beneficios que ayudan a las familias de menores ingresos a comprar una vivienda o acceder a un crédito.

Gálvez cuestionó que el financiamiento se recorte año tras año cuando el Gobierno debería ampliar la producción de vivienda formal. Recordó que durante la campaña y al inicio de su gestión, la presidenta ofreció construir 1 millón 252.000 viviendas. Para lograrlo en cinco años, el país tendría que producir unas 250.000 al año. Sin embargo, según las cifras recolectadas, la oferta formal actual ronda las 58.000 a 60.000 viviendas anuales.

El golpe también lo sienten las constructoras y los trabajadores de estos proyectos. Codip estima que frenar las entregas pendientes podría costarle S/584 millones a la cadena productiva.

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Fenómeno El Niño: menos vivienda formal y más exposición a zonas de riesgo

La preocupación por el financiamiento habitacional cobra otra dimensión ante el riesgo del Fenómeno de El Niño. Sin ese apoyo, muchas familias no solo se quedan sin la posibilidad de comprar una casa, sino que terminan en viviendas sin servicios básicos, sin permisos y sin condiciones de seguridad.

Para Gálvez, el peligro no está en las inmobiliarias formales, que sí llegan preparadas, sino en las casas levantadas sobre terrenos ocupados de manera informal. Muchas de ellas carecen de cimientos adecuados, drenaje e impermeabilización en los techos, y eso las deja muy expuestas a las lluvias intensas.

"No me preocuparía porque la vivienda formal esté preparada o no preparada, porque va a estar. Lo que me preocupa es la informal", afirmó.

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La ejecutiva explicó que una vivienda formal debe cumplir con el Código Nacional de Edificaciones, contar con servicios públicos y tener detrás al desarrollador, que responde por fallas estructurales y acabados. En las construcciones informales, en cambio, pueden faltar elementos básicos para resistir lluvias prolongadas, como canaletas o sistemas para evacuar el agua de los techos.

A eso se suma la falta de suelo urbano habilitado. Según Gálvez, el 93% del suelo que se genera en el país proviene de invasiones, terrenos que muchas veces no tienen agua, desagüe, pistas, veredas ni alumbrado y que no están listos para recibir proyectos formales.

El riesgo se concentra en el norte. La confederación estima que cerca del 65% de los bonos pendientes está en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote, ciudades expuestas a las lluvias e inundaciones que trae El Niño. Por eso el gremio advierte que menos subsidios pueden empujar a más familias hacia terrenos sin servicios o en zonas de riesgo, con un costo que terminarían pagando tanto los hogares como el Estado cuando llegue la emergencia.

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Codip plantea financiar los subsidios con una política habitacional de largo plazo

Frente a este escenario, Gálvez considera que el Gobierno debe dejar de tratar los subsidios habitacionales como un gasto anual y pasar a una política de inversión de largo plazo, con un presupuesto plurianual a diez años que evite depender de ampliaciones de último momento.

La representante de Codip sostuvo que el Estado podría recurrir al endeudamiento: la deuda pública peruana ronda el 34% del PBI y habría margen para elevarla y cerrar la brecha habitacional. "Desde el momento en que el Estado vea esto como una inversión, va a poder accionar un esquema de endeudamiento que permita generar un presupuesto a diez años", explicó.

Capeco añade que estos recursos retornan al Estado mediante impuestos y menores gastos en asentamientos informales, y pide aumentar el financiamiento e incluir fondos para reconstruir viviendas afectadas por El Niño.

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La discusión presupuestal para 2027 tendrá que considerar la distancia entre las metas anunciadas y la capacidad real de los programas. Según el Ministerio de Vivienda ante la Comisión de Presupuesto, se proyecta que 27.053 familias de los niveles C, D y E accedan a soluciones habitacionales urbanas con el Bono Familiar Habitacional, y que en 2027 se beneficie a 10.820 familias mediante Vivienda Nueva y Construcción en Sitio Propio.

Mientras tanto, las familias que ya comprometieron sus ahorros siguen pendientes de una ampliación presupuestal. Codip señaló que, hasta responder a este diario, no había recibido respuesta concreta del Ministerio de Vivienda ni del MEF.

Esta reducción de los recursos no solo pone en cuestión cuántos bonos podrán entregarse el próximo año. También deja abierta una pregunta sobre la capacidad del Estado para sostener una política de vivienda formal en un país donde la oferta todavía está lejos de cubrir las necesidades de la población.

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Durante 2025, los transportistas accedieron a montos reconocidos por S/74,05 millones por concepto de devolución del ISC, según los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Devolución del ISC: porcentaje baja de 8,42% en julio a 6,87% en setiembre

Mediante la Resolución de Superintendencia N.° 000207-2026/SUNAT, la entidad estableció los porcentajes de participación del ISC en el precio por galón de diésel B5 y B20. Para julio, el valor es de 8,42%; para agosto, de 7,12%; y para setiembre, de 6,87%.

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Estos porcentajes se utilizan para determinar el límite máximo de devolución. El beneficio equivale al 70% del ISC incorporado en el precio del combustible adquirido por los transportistas.

La medida comprende a las empresas autorizadas para prestar el servicio de transporte público terrestre de pasajeros en los ámbitos nacional, regional y provincial, así como el transporte público terrestre de carga. El combustible debe ser diésel B5 o B20 con un contenido de azufre no mayor a 50 partes por millón.

Transportistas deben presentar hasta tres tipos de documentos para solicitar el reembolso

Los transportistas pueden presentar el Formulario N.° 4949 o el Formulario Virtual N.° 1649, mediante SUNAT Operaciones en Línea o en los Centros de Servicios al Contribuyente. La solicitud debe estar acompañada de la información que sustenta las compras de combustible.

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Entre los documentos requeridos figuran las relaciones de comprobantes electrónicos y notas de crédito vinculadas a la adquisición de diésel. Para el transporte de carga también se solicita información de las guías de remisión y las placas de rodaje de los vehículos. En el transporte regular de pasajeros se requiere la relación de manifiestos correspondiente a los servicios prestados.

La información debe prepararse y validarse mediante el Programa Validador SUNAT (PVS). Los transportistas también deben contar con autorización vigente, vehículos que cumplan los límites de antigüedad establecidos y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente.

La SUNAT tiene un plazo de 90 días calendario para resolver las solicitudes. La devolución se realiza mediante Notas de Crédito Negociables u otro medio habilitado. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, según la Ley N.° 32540.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 31 de octubre

BCP

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El documento plantea dos escenarios para el próximo año. En el primero, con un Niño extraordinario hasta el segundo trimestre de 2027 y una ejecución del 50% de las medidas fiscales vinculadas a mantenimiento e infraestructura, el PBI crecería 3%. En el segundo, que contempla la prolongación del fenómeno hasta el tercer o cuarto trimestre, un menor crecimiento mundial y una ejecución de apenas 30% de dichas medidas, la expansión económica se limitaría al 2%.

Julio del Castillo, economista y docente de la Facultad de Economía, explicó a La República que los principales canales de transmisión del fenómeno serán el incremento de los precios y la interrupción de las rutas de transporte. Ambos efectos impactarían tanto el abastecimiento de los mercados como el desenvolvimiento de las actividades económicas.

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El norte del país concentraría el mayor impacto económico

Las regiones del norte serían las más perjudicadas por el volumen de precipitaciones, las inundaciones y los desbordes. Según Del Castillo, estos eventos pueden ocasionar el cierre de establecimientos comerciales y la paralización de las vías de comunicación, lo que dificultaría el traslado de productos hacia los centros de comercialización y otras zonas del país.

El informe también identifica riesgos diferenciados según la región. En Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, las principales amenazas son las lluvias intensas y las inundaciones, con consecuencias para la agricultura de exportación, la pesca y el transporte. En Lima, Callao, Áncash e Ica, los huaicos podrían interrumpir las cadenas logísticas y generar problemas de abastecimiento e inflación de alimentos.

A ello se suma el impacto sobre los precios. Del Castillo advirtió que el encarecimiento de los productos ya comenzó a observarse y que esta presión podría acentuarse durante el primer trimestre de 2027. La interrupción de las rutas de transporte dificultaría la distribución de alimentos y otros bienes, mientras que las pérdidas en las actividades productivas reducirían el dinamismo de las economías regionales.

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Inversión privada crecería 6,5% en 2027 ante postergación de proyectos

El impacto del fenómeno también alcanzaría las decisiones empresariales. Aunque las expectativas económicas todavía se mantienen en terreno optimista, el economista señaló que las condiciones de incertidumbre pueden llevar a las empresas a postergar sus inversiones hasta que concluya la emergencia climática.

Del Castillo estimó que la inversión privada cerraría 2026 con un crecimiento superior al 14%, mientras que para 2027 avanzaría alrededor del 6,5%. Si bien continuaría expandiéndose, lo haría a un ritmo considerablemente menor.

El informe de la Universidad de Lima muestra que las expectativas empresariales todavía se encuentran en terreno optimista. En septiembre, las expectativas sobre la economía a tres meses alcanzaron los 57 puntos y las de 12 meses llegaron a 68 puntos, por encima del umbral de 50 que separa el optimismo del pesimismo.

Para Del Castillo, la postergación de proyectos podría dar paso a una recuperación de las decisiones de inversión en 2028, siempre que durante el próximo año se logre contener la crisis y reducir sus efectos sobre la actividad económica.

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Obras paralizadas dejan a las regiones menos preparadas ante El Niño

La ejecución de infraestructura también será determinante para reducir las pérdidas económicas. El economista advirtió que las obras que no lleguen a concluirse dejarán a distintas localidades sin la preparación necesaria para enfrentar las lluvias, inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno climático.

Por ello, consideró necesario avanzar con la identificación y el destrabe de los proyectos paralizados, además de establecer mecanismos de coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades para reactivar las intervenciones pendientes.

El informe también plantea acelerar la cartera de inversiones para el periodo 2026-2029, que incluye proyectos de infraestructura vial, saneamiento, hospitales y transporte. Entre las iniciativas figuran Chinecas, con una inversión estimada de US$5.046 millones, y 17 proyectos de conservación de la Red Vial Nacional, por US$3.130 millones.