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Mediante una carta dirigida a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Educación (Minedu), el Colectivo de Aspirantes al programa de becas sostiene que el requerimiento presupuestal asciende a S/13.492,494, monto que, según indican, permitiría financiar 150 becas para estudios de maestría y doctorado en universidades del exterior.

El documento señala que el pedido no busca crear un nuevo programa ni generar una obligación adicional de gasto, sino recuperar el financiamiento de una convocatoria que, afirman, ya había sido identificada y sustentada por el propio Estado durante el proceso de formulación presupuestaria.

Como alternativa, los aspirantes plantean que el Ejecutivo evalúe una transferencia de partidas mediante decreto supremo, previa identificación de una fuente de financiamiento dentro del presupuesto vigente. También expresan su disposición a aceptar una adjudicación parcial de becas si las restricciones fiscales impiden cubrir la totalidad de la convocatoria prevista para este año.

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Para sustentar la viabilidad de esa alternativa, el colectivo afirma que el sector Educación ha cerrado regularmente los últimos ejercicios fiscales con más de S/1.000 millones de presupuesto no ejecutado. Según la carta, el monto requerido para financiar las 150 becas representa alrededor de 1% de esos recursos, por lo que plantea evaluar si existen partidas disponibles o con menor nivel de ejecución que puedan ser reorientadas legalmente hacia Pronabec sin crear una nueva necesidad de gasto.

La carta también menciona que el Ministerio de Educación había solicitado previamente los recursos para la convocatoria 2026, aunque estos finalmente no fueron incorporados al crédito suplementario aprobado por el Congreso. Asimismo, recuerda que durante el debate presupuestario el propio MEF hizo referencia a la existencia de mecanismos de modificación presupuestaria que podrían ser utilizados por los sectores para atender necesidades de financiamiento durante el ejercicio fiscal.

Transferencia de partidas aparece como alternativa para financiar la convocatoria

El planteamiento del colectivo se centra en el uso de mecanismos previstos en la normativa presupuestaria. En la carta se señala que durante el presente año el Poder Ejecutivo ha autorizado diversas transferencias de partidas mediante decretos supremos y se cita, entre otros, el Decreto Supremo N.° 101-2026-EF, relacionado con recursos del Ministerio de Educación. Sobre esa base, solicitan que el MEF, el Minedu y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) determinen si existe una fuente de financiamiento que permita restituir los recursos para la convocatoria 2026.

El documento precisa que, de existir la habilitación normativa correspondiente, el objetivo sería aprobar una transferencia de partidas mediante decreto supremo. Si esa vía no resultara aplicable, el colectivo solicita que las entidades identifiquen otro mecanismo presupuestario contemplado por la legislación para atender el requerimiento.

La formación de capital humano y los plazos académicos

Además del aspecto presupuestario, la solicitud pone énfasis en las consecuencias que tendría una eventual cancelación de la convocatoria para los profesionales que ya fueron admitidos en universidades del extranjero. El colectivo sostiene que los beneficiarios potenciales accedieron a esas plazas luego de procesos de evaluación y admisión que demandaron años de preparación, certificaciones y una inversión económica asumida por ellos y sus familias.

En ese contexto, la carta señala que el referido programa de becas constituye una política pública orientada a formar capital humano especializado en áreas donde el país presenta brechas de conocimiento. El documento indica que, en convocatorias anteriores, profesionales financiados por el programa se incorporaron posteriormente a instituciones públicas, universidades, centros de investigación, hospitales y empresas privadas, además de participar en iniciativas vinculadas con la investigación científica, la innovación y el diseño de políticas públicas.

Los aspirantes advierten que la principal dificultad no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino también en los calendarios académicos de las universidades internacionales. Según exponen, las fechas para matrícula, acreditación financiera, obtención de documentos migratorios e inicio de clases ya se encuentran próximas a vencer o, en algunos casos, han comenzado a expirar, lo que podría hacer inviable el aprovechamiento de las admisiones obtenidas durante este año.

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Frente a ese escenario, el colectivo solicita la instalación de una mesa de trabajo entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, Pronabec y representantes de los postulantes para evaluar alternativas de financiamiento y establecer un cronograma de decisiones. Entre los pedidos también figura que las entidades determinen, en el plazo más breve posible, si es viable financiar las 150 becas inicialmente previstas o una meta reducida que permita atender parte de la demanda durante el presente ejercicio fiscal.

La carta concluye señalando que la aprobación del crédito suplementario no agotó las opciones para financiar la convocatoria y que el presupuesto público contempla mecanismos de modificación durante el año fiscal. En esa línea, el colectivo solicita que las entidades involucradas evalúen técnicamente las alternativas previstas en la normativa antes de que los plazos de las universidades extranjeras imposibiliten el inicio de los estudios de los postulantes admitidos.

Desde una perspectiva económica, el caso pone sobre la mesa el debate sobre la priorización del gasto público y la capacidad del Estado para reasignar recursos durante la ejecución presupuestal. Las modificaciones presupuestarias mediante transferencias de partidas forman parte de los instrumentos utilizados cada año para financiar nuevas necesidades o reforzar programas existentes, aunque su aplicación depende de la disponibilidad de recursos y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación presupuestaria.

Hasta el momento, las entidades mencionadas en el documento no habían comunicado públicamente una decisión sobre el financiamiento de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario. Mientras tanto, los aspirantes sostienen que una definición en las próximas semanas será determinante para conservar las vacantes obtenidas en universidades del exterior y evitar que la convocatoria quede sin ejecutarse durante el presente año fiscal.

El problema adquiere mayor relevancia si se considera el papel que desempeñan las mujeres en la economía peruana. Muchas son responsables de las finanzas del hogar, otras lideran emprendimientos o participan activamente en el mercado laboral, pero aún enfrentan obstáculos para tomar decisiones económicas con autonomía y acceder a herramientas que fortalezcan sus capacidades financieras.

Ricardo Montero, gerente de Evaluación Analítica y Sostenibilidad de ASBANC, explicó que la necesidad de desarrollar programas especializados surgió tras identificar que las mujeres afrontan desafíos distintos a los de los hombres en materia financiera.

"Identificamos que las mujeres tienen un montón de retos que enfrentan en su vida que son diferentes a los que enfrentan los hombres. Pero no había cursos de educación financiera que abordaran específicamente este tipo de problemáticas", señaló durante una entrevista.

Entre esos desafíos mencionó que las decisiones relacionadas con la maternidad suelen tener un impacto diferente sobre la trayectoria laboral femenina. Asimismo, indicó que muchas mujeres aún no cuentan con plena autonomía para decidir sobre el uso de sus propios recursos económicos.

"Es importante poder generar la confianza y el conocimiento para que las mujeres puedan recuperar su autonomía y poder tomar sus propias decisiones", afirmó Montero.

Los indicadores reflejan esa brecha. Según datos citados por ASBANC, menos del 32% de las mujeres logra establecer y mantener una meta de ahorro, mientras que el 62% de las emprendedoras no accede al crédito formal, una limitación que restringe las posibilidades de expandir sus negocios y fortalecer su independencia económica.

Mujeres emprendedoras enfrentan retos para separar las finanzas del negocio y del hogar

La falta de educación financiera también tiene efectos directos sobre las micro y pequeñas empresas. De acuerdo con Montero, alrededor del 56% de las microempresas del país son lideradas por mujeres, lo que convierte a este segmento en uno de los principales motores de la economía nacional.

Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes es que las emprendedoras administran simultáneamente las finanzas del negocio y las del hogar, sin establecer una separación entre ambas.

"Lo que sucede en muchos de los casos es que las mujeres lideran la microempresa, pero también lideran las finanzas del hogar. Y no siempre hay una diferencia entre la gestión del dinero de la empresa con la gestión del dinero del hogar", explicó el representante de ASBANC.

Añadió que diferenciar ambos ámbitos resulta clave para mejorar tanto la sostenibilidad de los emprendimientos como la economía familiar, pues permite tomar decisiones con información más clara sobre ingresos, gastos e inversiones.

El especialista también sostuvo que la educación financiera no debe responder únicamente al género, sino a las distintas etapas de la vida. En ese sentido, señaló que las necesidades de una trabajadora dependiente son distintas a las de una emprendedora, una trabajadora independiente o una mujer que administra exclusivamente la economía del hogar.

"Más allá de roles, son momentos de la vida de la mujer y decisiones que toman acerca de cómo quiere enfrentar su futuro", indicó Montero.

Bajo esa premisa, ASBANC e Interbank presentaron el curso gratuito 'Finanzas para Mujeres: una guía para decidir mejor tu futuro', disponible en la plataforma Finanzas al Toque. El programa está compuesto por siete módulos que abordan temas como educación financiera básica, organización de las finanzas personales, administración de ingresos independientes, finanzas para emprender, presupuesto familiar y planificación financiera de largo plazo.

Durante la presentación del programa, Montero sostuvo que uno de los principales objetivos es acercar herramientas prácticas que puedan aplicarse en la vida cotidiana.

"Las finanzas pueden generar estrés cuando no se cuenta con herramientas claras para decidir. Por eso, la educación financiera debe ser simple, útil y aplicable a la realidad de cada persona", manifestó.

La iniciativa también contempla alianzas con empresas, organizaciones sociales, comunidades de emprendedoras e instituciones educativas con el propósito de ampliar el alcance del programa y acercar estos contenidos a mujeres de distintas regiones del país.

Para el sistema financiero, reducir la brecha de educación financiera no solo representa una oportunidad para fortalecer la inclusión financiera femenina, sino también para impulsar emprendimientos más sostenibles, mejorar la planificación económica de los hogares y ampliar el acceso a productos financieros formales. En ese contexto, el desarrollo de capacidades para administrar el dinero aparece como un componente cada vez más relevante para la autonomía económica y el crecimiento de las mujeres en el Perú.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 4 de agosto?

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La admisión del recurso no modifica las competencias actuales de Ositrán ni implica un pronunciamiento sobre el fondo del caso. Sin embargo, abre una etapa constitucional que permitirá definir los límites del control estatal cuando una infraestructura desarrollada mediante inversión privada presta un servicio considerado de uso público y de importancia estratégica para el comercio exterior.

El proceso enfrenta dos interpretaciones jurídicas distintas. Por un lado, Cosco sostiene que el puerto fue construido bajo un esquema de inversión privada y no mediante una concesión otorgada por el Estado, por lo que considera que no corresponde aplicar el mismo régimen regulatorio previsto para otras infraestructuras portuarias administradas bajo concesión.

Por el otro, Ositrán sostiene que su competencia no depende de quién sea el propietario de la infraestructura, sino del servicio que esta presta. Bajo ese criterio, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay forma parte de la infraestructura de transporte de uso público debido a su papel dentro del sistema logístico y del comercio exterior, por lo que corresponde ejercer funciones de supervisión para garantizar el cumplimiento del marco regulatorio.

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¿Qué deberá resolver el Tribunal Constitucional?

La controversia no se limita a determinar si Ositrán puede supervisar el puerto de Chancay. El Tribunal Constitucional deberá establecer qué criterio prevalece cuando confluyen derechos vinculados a la inversión privada y las potestades regulatorias del Estado sobre servicios considerados de interés público.

Cosco sostiene que la aplicación de determinadas facultades regulatorias podría alterar las condiciones bajo las cuales se desarrolló el proyecto y afectar principios constitucionales como la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Desde su posición, el régimen aplicable a una infraestructura privada no debería equipararse al de una obra entregada en concesión.

En cambio, el Estado sostiene que la naturaleza privada del proyecto no elimina el interés público del servicio que presta. Según Ositrán, el objetivo de la supervisión es garantizar condiciones adecuadas de operación, proteger a los usuarios y asegurar el funcionamiento del sistema portuario conforme a la normativa vigente.

La decisión del Tribunal Constitucional permitirá precisar hasta dónde puede llegar la intervención regulatoria del Estado cuando una infraestructura privada cumple funciones esenciales para el transporte y el comercio exterior.

El fallo judicial que dio origen a la revisión constitucional

La controversia llegó a esta etapa luego de que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocara una sentencia favorable a Cosco y declarara improcedente la demanda de amparo presentada contra Ositrán.

Para la Sala, las discrepancias sobre el ejercicio de las facultades regulatorias deben resolverse mediante las vías administrativas y judiciales previstas por la legislación, salvo que exista una afectación directa de derechos constitucionales. Asimismo, consideró que el carácter privado del terminal no excluye automáticamente la supervisión estatal cuando la infraestructura presta un servicio de uso público.

Tras esa decisión, Cosco interpuso un recurso de agravio constitucional, cuya admisión permitirá que el Tribunal Constitucional analice los argumentos planteados por la empresa.

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Indecopi mantiene otra evaluación sobre el puerto

El puerto de Chancay también enfrenta otra controversia institucional. Paralelamente, Indecopi continúa evaluando las condiciones de competencia en diversos servicios portuarios luego de que el Poder Judicial declarara infundada la demanda presentada por Cosco contra las actuaciones del organismo.

El análisis comprende servicios relacionados con el embarque y descarga de contenedores, la atención de naves portacontenedores, las operaciones con contenedores vacíos y los servicios de transbordo. El objetivo es determinar si existen mercados donde puedan presentarse condiciones de falta de competencia y si corresponde aplicar medidas regulatorias.

Aunque ambos procesos son independientes, reflejan el debate sobre el marco institucional aplicable al primer megapuerto desarrollado íntegramente mediante inversión privada en el país.

Un precedente para la inversión en infraestructura

El caso del puerto de Chancay se ha convertido en una de las principales controversias regulatorias vinculadas a una inversión extranjera en infraestructura en el Perú. El terminal, operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú —empresa integrada por la china Cosco Shipping Ports y la peruana Volcan—, busca consolidarse como un punto estratégico para conectar Sudamérica con los mercados asiáticos.

Más allá del resultado del litigio, la sentencia que emita el Tribunal Constitucional podría convertirse en un precedente para futuros proyectos de infraestructura desarrollados con capital privado. El criterio que establezca permitirá definir cuándo la naturaleza estratégica de un servicio justifica la intervención regulatoria del Estado y cuáles son los límites constitucionales de esa supervisión.

Mientras el proceso constitucional continúa, Ositrán mantiene vigentes sus facultades sobre el terminal. La decisión final no solo resolverá el conflicto entre ambas partes, sino que también servirá de referencia para el desarrollo de futuras inversiones privadas en sectores regulados del país.

Durante una entrevista en Best TV, Sheput sostuvo que está dispuesto a acudir a universidades para explicar la importancia de acceder a un empleo formal desde el inicio de la vida laboral. A su juicio, la formalidad no solo implica cumplir con obligaciones administrativas, sino acceder a beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, seguro de salud y una futura pensión.

El ministro también indicó que la reducción de la informalidad requiere fortalecer a las MYPE mediante una mejora de su productividad y una disminución de los costos que dificultan su crecimiento. Entre esos factores mencionó la inseguridad ciudadana y las extorsiones, que obligan a numerosos pequeños negocios a destinar recursos adicionales para proteger sus operaciones.

No obstante, la propuesta abre nuevamente el debate sobre cuáles son los principales obstáculos que impiden que más empresas y trabajadores ingresen a la formalidad.

Para el abogado laboralista César Puntriano, el país ya cuenta con un régimen laboral especial para las micro y pequeñas empresas que reduce significativamente los costos de contratación respecto del régimen general, pero ello no ha sido suficiente para revertir los altos niveles de informalidad.

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"Ya tenemos un marco laboral menos costoso para las micro y pequeñas empresas (...). Sin embargo, este régimen no ha tenido el éxito esperado y eso lo demuestran los altos índices de informalidad, que están por encima del 70%", señaló a La República.

El abogado considera que el problema no se limita a las normas laborales. A su juicio, la formalización requiere una estrategia integral que también abarque aspectos tributarios, administrativos y de seguridad ciudadana.

"El problema no es solo laboral (...). Tiene que ir de la mano con otros aspectos: el tema tributario, la operación de Sunafil, las licencias municipales, los trámites y, por supuesto, la seguridad. Todo eso desincentiva la inversión formal", afirmó.

Ese análisis coincide parcialmente con el diagnóstico planteado por el propio ministro respecto al impacto que tiene la delincuencia sobre las MYPE, aunque amplía el foco hacia otros factores que también afectan la competitividad empresarial.

Jóvenes y mercado laboral

Uno de los puntos centrales de la propuesta del MTPE es el empleo juvenil. Sheput sostiene que el Estado debe promover una cultura de la formalidad entre quienes ingresan por primera vez al mercado laboral para que comprendan la importancia del ahorro previsional y de los beneficios laborales.

Puntriano coincide en que el empleo juvenil merece un tratamiento específico, aunque considera que las políticas deberían ir más allá de campañas informativas.

El abogado recordó que el país mantiene alrededor de 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, situación que, según señaló, incrementa los riesgos de exclusión y delincuencia. En ese contexto, planteó volver a debatir un régimen laboral juvenil similar al aprobado en 2014, conocido como la Ley Pulpín, aunque acompañado de una mejor estrategia de comunicación y mayores garantías para los trabajadores.

Salario mínimo bajo discusión

Durante la entrevista, Sheput también confirmó que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 constituye una meta del Ejecutivo y precisó que su discusión se desarrollará conforme a ley en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

Sin embargo, este anuncio también genera interrogantes respecto a su impacto sobre las empresas de menor tamaño.

Para Puntriano existe una aparente contradicción entre la intención de fortalecer a las MYPE y elevar el salario mínimo en un contexto donde muchas aún enfrentan dificultades para operar.

"Por un lado se dice que se va a fortalecer a las MYPE (...) y por otro lado se aumenta el salario mínimo. Eso golpea directamente a la microempresa", sostuvo.

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Asimismo, sostuvo que cualquier incremento de la remuneración mínima debería sustentarse en criterios objetivos vinculados con la inflación y la productividad, tal como contempla el marco vigente. "No debería ser solamente para que la gente se contente, porque el costo es mayor al beneficio; entonces hay que analizarlo bien", afirmó.

El reto de una reforma integral

Respecto a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, Puntriano consideró que cualquier reforma laboral debería enfocarse en ampliar la formalización sin afectar los derechos de quienes ya cuentan con empleo formal.

"Hay que pensar en los que no tienen. Esos que tienen cero, aunque sea darles una parte", señaló al referirse a la posibilidad de crear regímenes especiales dirigidos a trabajadores informales, pero sin reducir los beneficios de quienes ya los poseen.

Mientras el Ejecutivo plantea que la productividad de las MYPE y el empleo juvenil serán los ejes para reducir la informalidad, el debate también incorpora la necesidad de abordar problemas estructurales como la inseguridad, la carga administrativa, la fiscalización y el acceso al financiamiento. El resultado de esa discusión marcará el alcance que puedan tener las futuras reformas laborales en un país donde la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos para el crecimiento económico y el mercado de trabajo.

El número de empresas peruanas que exportaron bienes entre enero y mayo de este año alcanzó las 6.860, cifra que representa un crecimiento de 3,7% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 6.618 compañías con ventas al exterior. El incremento refleja una mayor participación empresarial en el comercio internacional, aunque también deja en evidencia que la actividad exportadora continúa concentrada en un grupo reducido de grandes firmas y enfrenta dificultades para mantener una base exportadora estable.

Aunque las micro y pequeñas empresas representan más del 90% del universo de exportadores, su participación cambia significativamente cuando se analiza el valor de los envíos. Las grandes empresas concentraron el 92,2% del monto exportado durante los primeros cinco meses del año, con ventas por US$41.606 millones. En contraste, las pequeñas empresas aportaron el 4,6%; las medianas, el 2,7%; y las microempresas apenas el 0,5%.

Esta diferencia refleja una característica histórica de la estructura exportadora peruana: existe una amplia base de empresas que logra acceder a mercados internacionales, pero el grueso de las exportaciones continúa dependiendo de compañías de gran tamaño, especialmente de sectores como la minería tradicional, la agroindustria y la metalmecánica, que lideraron el crecimiento del número de exportadores durante el periodo analizado.

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Más de 2.000 empresas dejaron de exportar en Perú pese al crecimiento del sector

Sin embargo, el aumento de empresas exportadoras no implica necesariamente una mayor consolidación del sector. El mismo informe revela que 2.069 empresas dejaron de exportar entre enero y mayo debido a factores internos y externos que afectaron su competitividad. La cifra evidencia la elevada rotación que caracteriza al comercio exterior peruano, donde numerosas empresas ingresan al mercado internacional, pero otras pierden continuidad por dificultades para sostener sus operaciones o mantener presencia en el exterior.

Otro aspecto que refleja esa fragilidad es la limitada diversificación de mercados. Según el reporte, el 55,1% de las empresas exportó únicamente a un destino, mientras que apenas el 4,6% logró colocar sus productos en diez o más mercados. A ello se suma que 2.579 compañías enviaron un solo producto a un único país durante el periodo evaluado.

Esta concentración aumenta la exposición de las empresas frente a cambios en la demanda internacional, restricciones sanitarias o modificaciones en las políticas comerciales de los países compradores. Un ejemplo citado por Adex corresponde a las empresas que exportan únicamente a México. Del total de 70 compañías que tuvieron como único mercado ese país, 15 concentraron sus envíos exclusivamente en páprika, una situación que evidencia el riesgo que representa depender de un solo producto y un solo destino.

La diversificación de mercados y de la oferta exportable se mantiene como uno de los principales retos para ampliar la competitividad del sector. En los últimos años, el Perú ha ampliado su red de acuerdos comerciales y acceso preferencial a distintos mercados; sin embargo, una parte importante de las pequeñas empresas todavía enfrenta dificultades para aprovechar esas oportunidades debido a limitaciones de financiamiento, capacidad productiva, certificaciones internacionales y logística.

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¿Por qué las exportaciones peruanas siguen dependiendo de un grupo de grandes empresas?

Los datos también muestran que pocas empresas logran mantenerse de forma sostenida en el comercio exterior. Entre enero y mayo, solo 282 compañías registraron exportaciones ininterrumpidas desde el año 2000. De ese grupo, 126 fueron grandes empresas, 88 pequeñas, 53 microempresas y apenas 15 medianas, lo que refleja que la permanencia en los mercados internacionales continúa siendo un desafío, especialmente para las empresas de menor tamaño.

La concentración también se observa al analizar el valor exportado por empresa. Las diez principales compañías explicaron el 39,5% de los despachos totales al exterior. Si se amplía el análisis, las 20 mayores empresas reunieron el 50,6% del valor exportado, mientras que las primeras 100 alcanzaron el 72,9%. Esto significa que una parte importante del desempeño exportador peruano sigue dependiendo de un número relativamente reducido de actores.

Este escenario coincide con un contexto internacional marcado por una recuperación desigual del comercio global. Organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) han advertido que la incertidumbre generada por las tensiones geopolíticas, los cambios en las políticas arancelarias y la desaceleración económica en algunos mercados continúan afectando las perspectivas del comercio internacional, especialmente para las economías exportadoras con alta concentración de productos básicos.

En el caso peruano, la diversificación de mercados, el fortalecimiento de las cadenas productivas y el incremento de la productividad aparecen como algunos de los principales desafíos para ampliar la participación de más empresas en el comercio exterior de manera sostenida. A ello se suma la necesidad de mejorar el acceso al financiamiento, facilitar los procesos de internacionalización y reducir los costos logísticos, factores que suelen tener un mayor impacto sobre las micro y pequeñas empresas.

Si bien el crecimiento de 3,7% en el número de empresas exportadoras representa una señal positiva para la actividad económica, los datos muestran que el reto no pasa únicamente por incorporar nuevos actores al comercio exterior. La elevada concentración de las exportaciones en un reducido grupo de grandes compañías, la salida de más de dos mil empresas del mercado internacional y la limitada diversificación de productos y destinos evidencian que consolidar una base exportadora más amplia y sostenible sigue siendo una de las principales tareas pendientes para el sector exportador peruano.

Las cifras del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) reflejan ese escenario. La entidad proyecta que durante 2026 se superarán los 11.000 petitorios mineros a nivel nacional, luego de que hasta el 24 de julio ya se registraran 7.756 solicitudes, una cifra que, de mantenerse la tendencia, marcaría un nuevo récord para el país.

El dato supera incluso el desempeño de 2025, cuando se contabilizaron 10.989 petitorios, el mayor registro de las últimas décadas. Para Ingemmet, el comportamiento responde principalmente al interés de empresas e inversionistas por desarrollar nuevos proyectos en un contexto de elevados precios internacionales del cobre y el oro.

El organismo también señala que el catastro minero nacional registra actualmente 16.586 petitorios en trámite y cerca de 42.000 concesiones mineras vigentes. En conjunto, estas representan el 12,8% del territorio nacional, mientras que los petitorios abarcan alrededor del 4,8%, cifras que, según la entidad, desvirtúan la percepción de que la mayor parte del territorio peruano ya se encuentra concesionado.

El contexto internacional favorece a la minería peruana

El aumento del interés por nuevas concesiones coincide con un escenario internacional favorable para los países productores de minerales. En su más reciente evaluación de la economía peruana, el FMI resalta que las perspectivas positivas de la minería ofrecen al Perú un espacio fiscal adecuado para abordar sus problemas estructurales.

El organismo considera que la demanda mundial de cobre continuará elevada debido a la transición energética, la expansión de las redes eléctricas y el crecimiento de la infraestructura necesaria para tecnologías como la inteligencia artificial. Ese escenario representa una oportunidad para un país que figura entre los principales productores mundiales de cobre.

En ese contexto, el FMI sostiene que el Perú dispone del espacio necesario para impulsar reformas que permitan aprovechar este ciclo antes de que cambien las condiciones internacionales. Entre sus recomendaciones figura acelerar las inversiones productivas, mejorar la eficiencia del gasto público y remover los obstáculos que limitan el crecimiento potencial de la economía.

Menores plazos para obtener concesiones

Otro aspecto que podría contribuir a dinamizar la actividad minera es la reducción de los tiempos para obtener un título de concesión.

Según Ingemmet, el plazo promedio pasó de 12,8 meses para los petitorios presentados en 2021 a 5,8 meses para los formulados en 2025, resultado atribuido a la automatización de procedimientos internos. Además, alrededor del 63% de las solicitudes concluyen con el otorgamiento del título de concesión, mientras que el resto culmina por abandono, cancelación u otras causales previstas en la normativa.

La entidad también informó sobre la reciente incorporación de aproximadamente 289.100 hectáreas mediante nuevas Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP), espacios que estarán disponibles para nuevas solicitudes y que podrían mantener el dinamismo observado durante el segundo semestre del año.

El desafío es transformar el interés en inversión

Pese al contexto favorable, el FMI advierte que el país aún enfrenta desafíos estructurales que podrían limitar el aprovechamiento del ciclo de altos precios de los metales.

Entre ellos identifica el crecimiento de la minería ilegal, fenómeno que considera una amenaza para la inversión formal, la seguridad y la gobernanza. El organismo también señala que persisten barreras regulatorias que dificultan la formalización de empresas y reducen la productividad de la economía.

Asimismo, el FMI prevé que la economía peruana mantendrá un crecimiento positivo durante 2026, respaldado por los elevados precios de los metales y la recuperación gradual de la inversión privada, aunque advierte que la incertidumbre política, los eventos climáticos y el avance de la minería ilegal continúan siendo factores de riesgo para el mediano plazo.

En ese escenario, el incremento de los petitorios mineros constituye una señal de confianza en el potencial geológico del país y en las perspectivas del mercado internacional. Sin embargo, el verdadero impacto sobre la economía dependerá de que esas solicitudes logren convertirse en proyectos de exploración, nuevas operaciones y mayores exportaciones.

El récord proyectado por Ingemmet y el diagnóstico del FMI convergen en un mismo mensaje: el Perú atraviesa un momento favorable para la minería, pero capitalizar esa oportunidad requerirá acelerar inversiones, mejorar las condiciones para su ejecución y enfrentar los problemas estructurales que aún limitan el desarrollo del sector y de la economía en su conjunto.

La discusión fue abordada en el más reciente episodio de un podcast del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el que participaron David Hernández, presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y Roberto Vélez, gerente general de la Asociación A Movernos.

Durante la conversación, ambos coincidieron en que los problemas del Metropolitano y de los corredores complementarios no se explican únicamente por la falta de buses o infraestructura, sino también por deficiencias en la gestión del sistema y por la persistencia de la informalidad en el transporte público.

Uno de los puntos más llamativos fue la referencia al costo de postergar inversiones. Hernández señaló que una línea de metro podría requerir una inversión cercana a US$10.000 millones, pero que las pérdidas económicas derivadas de no contar con esa infraestructura podrían ser incluso mayores con el paso de los años.

La advertencia cobra relevancia en una ciudad donde el tiempo de viaje se ha convertido en un problema económico. Según datos del Banco Mundial, las ciudades con sistemas de transporte ineficientes sufren reducciones en productividad debido a mayores tiempos de desplazamiento, consumo de combustible y contaminación.

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Viajes de más de una hora y media

El problema no es menor. La Encuesta Lima Cómo Vamos ha mostrado en sus últimos reportes que una proporción importante de limeños tarda más de 90 minutos diarios en desplazarse entre su vivienda y su centro de trabajo o estudios. En algunos distritos periféricos, los viajes superan las dos horas por sentido.

Esto implica menos tiempo disponible para trabajar, estudiar, descansar o realizar actividades familiares. Además, incrementa los costos de transporte para los hogares, especialmente para los de menores ingresos, que suelen vivir más lejos de los principales centros de empleo.

La OCDE ha señalado en diversos estudios sobre movilidad urbana que la congestión puede representar pérdidas equivalentes a entre 2% y 4% del PBI de una ciudad o región metropolitana, dependiendo de la intensidad del problema y de la dependencia del transporte motorizado.

En el caso de Lima, cuyo producto bruto interno representa una parte sustancial de la economía peruana, incluso una pérdida de 2% implicaría miles de millones de soles al año.

Vélez explicó que una flota de aproximadamente 30 buses puede demandar una inversión cercana a US$6 millones.

El problema, según indicó, es que muchos operadores reciben autorizaciones de operación por periodos muy cortos, de apenas seis meses o un año. Con ese horizonte, resulta difícil acceder a financiamiento o justificar inversiones de largo plazo.

La situación contrasta con los esquemas utilizados en sistemas de transporte masivo de otras ciudades de América Latina, donde las concesiones suelen otorgarse por 10, 15 o hasta 20 años, permitiendo amortizar la compra de vehículos y garantizar estándares de servicio.

La falta de estabilidad regulatoria no solo afecta a los operadores, sino también a los usuarios, porque retrasa la incorporación de buses más modernos, menos contaminantes y con mejores condiciones de accesibilidad.

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Metro de Lima, Metropolitano y corredores: el costo económico de retrasar proyectos

La necesidad de ampliar el transporte masivo también ha sido reconocida por organismos internacionales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que las inversiones en movilidad urbana generan beneficios que van más allá del transporte, al reducir costos logísticos, mejorar el acceso al empleo y elevar la competitividad de las ciudades.

La necesidad de ampliar el transporte masivo cobra relevancia en un contexto en el que la Línea 1 del Metro de Lima opera con una elevada demanda de pasajeros. En paralelo, la Línea 2 continúa en construcción y está diseñada para unir Ate con el Callao mediante un sistema subterráneo de gran capacidad.

Sin embargo, el avance de los proyectos de transporte ha estado marcado por retrasos y sobrecostos. Para los especialistas, cada año de demora implica mantener a millones de personas atrapadas en un sistema saturado y dependiente de vehículos informales.

El Metropolitano, por su parte, enfrenta problemas de hacinamiento en horas punta, insuficiencia de buses y limitaciones operativas en estaciones clave. Los corredores complementarios tampoco han logrado reemplazar por completo a las rutas tradicionales de transporte informal.

Informalidad y desorden urbano

La ATU estima que una parte importante de los viajes urbanos todavía se realiza en servicios informales o en vehículos que operan fuera de los estándares requeridos.

La informalidad tiene efectos económicos directos: genera competencia desleal para los operadores formales, dificulta la planificación de rutas, incrementa la congestión y reduce la recaudación tributaria asociada al sector transporte.

Además, complica la integración tarifaria y tecnológica entre el Metro, el Metropolitano y los corredores, una de las metas pendientes para construir un verdadero sistema integrado de transporte.

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Los especialistas coincidieron en que el desafío no se resolverá únicamente con nuevas líneas de metro o con la compra de más buses.

Hernández planteó la necesidad de fortalecer la gestión del sistema, mejorar la coordinación entre los distintos modos de transporte y generar condiciones estables para atraer inversión privada de largo plazo.

Vélez agregó que ordenar la operación resulta tan importante como ampliar la infraestructura. Sin reglas claras y previsibilidad contractual, los operadores tendrán dificultades para modernizar sus flotas y elevar la calidad del servicio.

Un problema que afecta a toda la economía

El impacto del transporte deficiente no se limita a los usuarios. Las empresas también enfrentan mayores costos por tardanzas, dificultades para contratar personal que vive lejos de los centros de trabajo y pérdidas de eficiencia en la distribución de bienes y servicios.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha advertido que las grandes áreas metropolitanas latinoamericanas necesitan priorizar sistemas de transporte público de alta capacidad para evitar que la expansión urbana siga aumentando las desigualdades territoriales y los costos económicos asociados a la congestión.

En Lima, donde residen más de 10 millones de personas, la movilidad se ha convertido en un tema estructural para el desarrollo económico. La capital concentra una parte significativa del empleo formal, de la actividad empresarial y de los servicios públicos del país.

La nueva estructura combina funcionarios con experiencia en política económica, tributación y administración pública. Más allá de los perfiles, el desafío central será responder a una economía que aún muestra señales de desaceleración en algunos sectores y enfrenta presiones por un mayor gasto público.

Elmer Cuba asume en un escenario fiscal exigente

El nuevo ministro llega al MEF después de una trayectoria vinculada al análisis macroeconómico y la consultoría. Su gestión estará condicionada por la necesidad de mantener el equilibrio entre disciplina fiscal y crecimiento económico.

Cuba estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido director del Banco Central de Reserva y socio de la consultora Macroconsult, además de desempeñarse como profesor universitario y autor de trabajos de investigación económica.

Entre los temas más sensibles figuran la reducción del déficit fiscal, el cumplimiento de las reglas macrofiscales, la recuperación de la recaudación tributaria y la ejecución de proyectos de infraestructura que han mostrado retrasos en distintos niveles de gobierno.

A ello se suma la presión por destrabar inversiones privadas en minería, energía, transporte y construcción, sectores que tienen un peso importante en la actividad económica y el empleo formal.

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Fabrizio Orrego y el manejo de la política económica

Uno de los cambios más relevantes en la estructura de la cartera es la designación de Fabrizio Orrego Peche como viceministro de Economía. Desde ese cargo tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de la política macroeconómica, el seguimiento de las proyecciones de crecimiento y la supervisión de la inversión pública.

Orrego ha desarrollado su carrera en áreas técnicas vinculadas al análisis macroeconómico y la política monetaria. Antes de su designación en el MEF se desempeñó en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), donde ocupó cargos relacionados con el análisis de política monetaria y políticas estructurales, además de participar en labores de coordinación técnica con organismos internacionales.

Su despacho también deberá participar en la evaluación de medidas orientadas a mejorar la competitividad, la productividad y el clima de inversión. En un contexto de menor expansión económica, las decisiones sobre gasto de capital y priorización de proyectos serán determinantes para el desempeño de la economía en los próximos trimestres.

Erick Lahura retorna a Hacienda

En el Viceministerio de Hacienda regresa Erick Wilfredo Lahura Serrano, quien asume nuevamente el cargo en áreas vinculadas al presupuesto público, endeudamiento, tesorería y gestión de los ingresos del Estado.

Lahura es economista por la PUCP, cuenta con un PhD en Economía por la University of London y estudios de posgrado en la London School of Economics (LSE). Su trayectoria en el sector público incluye cargos en el Banco Central de Reserva, la Sunat, el Banco de la Nación y el propio Ministerio de Economía y Finanzas, con especialización en política fiscal, regulación financiera y análisis macroeconómico.

Su retorno introduce un elemento de experiencia técnica en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, el contexto actual obliga a enfrentar una combinación compleja: mayores demandas de gasto en infraestructura, seguridad y programas sociales, junto con la necesidad de evitar un deterioro adicional de las cuentas fiscales.

La coordinación entre Hacienda y Economía será clave para definir cuánto espacio existe para expandir el gasto sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Kitty Trinidad asume la Secretaría General

Otro de los cambios importantes es el ingreso de Kitty Elisa Trinidad Guerrero como secretaria general del MEF. Desde esa posición tendrá a su cargo la coordinación administrativa y operativa de la cartera, la articulación de los órganos de apoyo y la continuidad de los procesos internos del ministerio. Aunque se trata de un cargo menos expuesto públicamente, su función resulta clave para el funcionamiento institucional del sector, especialmente en una etapa de reorganización de la alta dirección y de necesidad de mantener la ejecución administrativa sin retrasos.

Luis Arias Minaya en el Gabinete de Asesores

La nueva plana mayor también incorporó a Luis Alberto Arias Minaya como jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. Su experiencia previa en administración tributaria y finanzas públicas lo ubica en una posición influyente dentro del entorno inmediato del ministro.

Arias es economista y fue superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Su trayectoria ha estado vinculada al diseño de política tributaria, administración fiscal y análisis de finanzas públicas, ámbitos en los que ha ocupado diversos cargos técnicos y de gestión en el Estado peruano.

Desde ese puesto participará en la evaluación de propuestas relacionadas con ingresos fiscales, eficiencia tributaria y sostenibilidad de las finanzas públicas, temas que han ganado importancia ante la necesidad de financiar mayores obligaciones del Estado.

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Los principales retos del nuevo equipo

La nueva conducción del MEF enfrenta una agenda amplia y con poco margen de error. Entre los desafíos más urgentes destacan:

• Reducir el déficit fiscal y encaminarlo hacia las metas establecidas en las reglas fiscales.
• Mejorar la ejecución de la inversión pública, especialmente en proyectos de infraestructura que presentan retrasos.
• Recuperar la recaudación tributaria en un contexto de menor dinamismo de algunos sectores productivos.
• Fortalecer la confianza de inversionistas y empresas para impulsar nuevos proyectos privados.
• Coordinar con gobiernos regionales y municipales para evitar que los recursos presupuestados queden sin ejecutar.

La capacidad del equipo para avanzar en estos frentes será observada de cerca por los mercados, el sector empresarial y los organismos internacionales, especialmente en un periodo en el que el crecimiento económico depende en buena medida de la inversión y de la calidad del gasto público.

Más allá de los cambios de nombres, la nueva plana mayor del MEF tendrá que demostrar si puede traducir su experiencia técnica en resultados concretos: mayor ejecución de inversión, cuentas fiscales más ordenadas y un entorno económico que permita sostener la actividad productiva sin aumentar los desequilibrios fiscales.

La idea principal es que las políticas por aplicar se basen en evidencia y que el Plan por aplicar ya como gobierno, incorporen estrategias y acciones que, de implementarse, realmente contribuyan a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Necesitamos discutir lo realmente importante hoy, anotando que las políticas públicas son acciones del Estado para   resolver o tratar problemas de la sociedad. Estando definidos estos cuando la    situación presente difiere de la situación ideal deseada.

Qué duda cabe que un problema principal por enfrentar, es la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, también el desarrollo de políticas para lograr un crecimiento económico con responsabilidad fiscal considerando actuar proactivamente frente al fenómeno del Niño global y costero cuya intensidad aumentará en los siguientes meses.  También, se debe definir cómo debe posicionarse el país ante las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Importa saber cómo adoptar con eficiencia los Desarrollos tecnológicos correspondientes a la denominada 4ª Revolución industrial  (IA, Biotecnología, Nanotecnología, etc.) adicionalmente cómo recuperar la vigencia de la institucionalidad, reducir la informalidad, reducir la pobreza, promoción de las Pymes entre otros retos.  ¿Nos hemos puesto a pensar en las magnitudes y tipología normativa requerida (Ley, DS, RM) (no sujeta al control del Poder Ejecutivo) para enfrentar estos desafíos? ¿Qué sabemos sobre la indispensable coherencia interna que debe existir en la normatividad a desarrollar?

Está claro que las políticas por aplicar son mucho más que un listado de buenas intenciones, de su implementación y efectividad, dependerá la credibilidad de la administración entrante y la gobernabilidad del país también.