La sesión tuvo como uno de sus principales puntos de tensión la propuesta para eliminar el tope de 114% a las tasas de interés. El informe elaborado por la comisión plantea una opinión técnica desfavorable para esta medida, al considerar que los datos disponibles no demuestran que retirar el límite vaya a mejorar de manera general el acceso al crédito o las condiciones para los usuarios.

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El desacuerdo llevó a Fuerza Popular a intentar modificar la forma en que se evaluaba este punto. La congresista Rosangella Barbarán planteó una cuestión previa para separar la eliminación del tope del resto de materias incluidas en el informe, de modo que pudiera ser discutida de manera independiente.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por 11 votos contra 9. Así, el pedido del Ejecutivo para eliminar el límite de 114% permaneció dentro del informe que recomienda no otorgar las facultades en ese extremo.

¿Por qué la Comisión de Economía rechaza eliminar el tope de 114%?

El informe sostiene que las tasas promedio de los créditos dirigidos a pequeñas y microempresas y de los préstamos de consumo en bancos, financieras y cajas municipales se encuentran por debajo del límite vigente.

La comisión también cuestiona uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sustentar la modificación. Según el Ejecutivo, luego de establecerse el tope las tasas se habrían concentrado alrededor del máximo permitido.

Para la comisión, los datos históricos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no permiten sostener esa conclusión de manera general. Además, señala que incluso antes de la entrada en vigencia del límite las tasas promedio no se ubicaban en el rango de 100% a 150% utilizado como referencia en la exposición de motivos del Gobierno.

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Por ello, el informe concluye que la existencia de operaciones con tasas elevadas no constituye, por sí sola, sustento suficiente para eliminar el límite para todo el mercado.

El documento añade otro argumento: una mayor oferta de crédito no necesariamente beneficia a los usuarios si viene acompañada de una mayor carga financiera o de un incremento del sobreendeudamiento.

Fuerza Popular cuestiona que el rechazo sea en bloque

El debate no se concentró únicamente en las tasas. Fuerza Popular cuestionó que el informe planteara una posición desfavorable para las 16 materias que corresponden a la Comisión de Economía, en lugar de permitir una evaluación diferenciada.

Cecilia Chacón sostuvo que no necesariamente existe respaldo para todas las propuestas del Ejecutivo, pero cuestionó que no se haya abierto una discusión específica sobre cada una de ellas. En esa línea, planteó que, ante las dudas sobre determinadas medidas, correspondía solicitar mayores elementos técnicos, incluida la participación de la SBS en el caso de las tasas.

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La posición no fue compartida por todos los integrantes. Paola Martínez, de Renovación Popular, señaló que su bancada podría respaldar facultades vinculadas con la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno El Niño y la seguridad, pero marcó distancia de otras propuestas, entre ellas la eliminación del tope de tasas, las finanzas abiertas con cuentas para menores de edad y determinadas modificaciones al régimen tributario empresarial.

De esta manera, el debate dejó en evidencia que el rechazo al pedido del Ejecutivo no necesariamente supone una posición uniforme de los parlamentarios sobre las 16 materias.

Votación de facultades queda para el miércoles 16 de septiembre

Tras más de dos horas de discusión, la comisión optó por no votar todavía el informe. Primero se planteó un cuarto intermedio ante la falta de acuerdos, pero finalmente se decidió postergar la votación para el miércoles 16 de septiembre.

El presidente de la comisión, José Marcelo, precisó que la postergación no implica que se haya elaborado un nuevo texto. Por tanto, el documento que se discutió durante la sesión, incluido el rechazo a la eliminación del tope de 114%, será el que llegue a votación, salvo que se produzca alguna modificación antes de esa fecha.

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El pedido del Ejecutivo abarca 16 materias, entre ellas la formalización de micro y pequeñas empresas, factoring, financiamiento de emprendimientos, modernización societaria, financiamiento agrario, tasas de interés, finanzas abiertas, remediación ambiental, asociaciones público-privadas, infraestructura, regímenes tributarios empresariales, aduanas y obras por impuestos.

La decisión de la Comisión de Economía no será definitiva. Si el dictamen es aprobado el miércoles, el pedido continuará su trámite en la Comisión de Constitución, que deberá evaluar la delegación de facultades por 120 días. El último paso será el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá si el Gobierno obtiene o no la autorización para legislar sobre estas materias.

La ONP aprobó el procedimiento mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000087-2026-PE-ONP, publicada el 13 de setiembre de 2026. La norma establece cómo los afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán solicitar estos beneficios y qué participación tendrán las AFP y la ONP en el trámite.

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Las AFP y demás Entidades Administradoras de Fondos (EAF), junto con la ONP, tienen un plazo de hasta 100 días hábiles para adecuar sus procesos internos. Este periodo se cuenta desde el día siguiente de la publicación de la resolución. Culminado ese plazo, los afiliados que cumplan las condiciones podrán presentar sus solicitudes ante su AFP u otra EAF.

¿Cuánto será la pensión mínima y quiénes podrán acceder?

La reforma previsional establece una pensión mínima de S/600 mensuales para los afiliados del SPP que cumplan las condiciones del Pilar Semicontributivo. Para acceder a ella se deben acreditar 240 unidades de aporte (UdA), equivalentes a 20 años de aportes.

También se requiere tener al menos 65 años y cumplir las demás condiciones establecidas en el reglamento. Entre ellas, que el fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) no sea suficiente para financiar por sí solo la pensión correspondiente. En ese caso, el Estado complementa los recursos necesarios.

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Quienes no lleguen a las 240 UdA pueden acceder a una pensión proporcional, siempre que acrediten al menos 120 UdA. El beneficio contempla dos tramos: de 120 a menos de 180 UdA, equivalentes a entre 10 y menos de 15 años de aportes, y de 180 a menos de 240 UdA, correspondientes a entre 15 y menos de 20 años.

Los montos establecidos para estas pensiones proporcionales son de S/300 y S/400 mensuales, respectivamente.

¿Desde cuándo y dónde se podrá solicitar la pensión?

El nuevo procedimiento comenzará una vez culminado el plazo de adecuación de 100 días hábiles. Por ello, las solicitudes podrán empezar a tramitarse hacia fines de enero o inicios de febrero de 2027.

El afiliado deberá iniciar el trámite ante su AFP u otra EAF, donde recibirá información sobre sus unidades de aporte, el saldo de su cuenta y las condiciones para acceder al beneficio. Luego, la solicitud será remitida a la ONP, que evaluará si corresponde otorgar la prestación.

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Otro aspecto que se revisará es el historial de retiros de la CIC. La Ley N.° 32123 establece restricciones para quienes hayan dispuesto de sus fondos desde su entrada en vigencia, aunque contempla excepciones. Estos retiros pueden tener efectos sobre las unidades de aporte consideradas para acceder al beneficio.

La decisión de acogerse al Pilar Semicontributivo es voluntaria. Una vez reconocida la pensión, el acceso al beneficio es irreversible.

Este nuevo procedimiento corresponde a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones. Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones pueden continuar solicitando directamente a la ONP la pensión mínima o proporcional que les corresponda al alcanzar la edad de jubilación.

Katherine Sánchez, integrante del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA y parte del equipo que elaboró el informe, considera que esta diferencia resulta relevante para el debate en el Congreso.

"El proyecto de ley no puede leerse solo. (...) en la exposición de motivos es en donde se han colocado una cantidad de modificaciones legislativas que no están en el cuerpo del proyecto de ley".

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La especialista sostiene que el objetivo de reducir burocracia puede ser legítimo, pero cuestiona que la solución pase por eliminar controles que cumplen una función técnica o preventiva.

Hidrocarburos: derechos preexistentes podrían tensionar la protección de los PIACI

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial). La propuesta plantea modificar las reglas para respetar derechos de aprovechamiento de recursos naturales que hayan sido otorgados antes de la creación de nuevas reservas territoriales.

El problema, según la SPDA, es que la Exposición de Motivos no desarrolla cómo podrían convivir esos derechos con el principio de no contacto que sustenta la protección de los PIACI.

La preocupación no se limita a la existencia de un lote de hidrocarburos en el territorio. La exploración y extracción requieren personal, equipos, plataformas, rutas y otras actividades que pueden generar presión sobre espacios ocupados por pueblos en aislamiento.

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"El problema que tenemos aquí es que las reservas territoriales y, en realidad, todo el sistema de protección de pueblos indígenas en aislamiento (...) se rige por un principio que es el principio de no contacto", explicó Sánchez.

La propuesta podría tener implicancias en zonas de Loreto y Madre de Dios donde existen superposiciones entre reservas y derechos otorgados para actividades extractivas.

Áreas naturales protegidas podrían reducirse para proyectos de interés nacional

Otro cambio que genera preocupación está relacionado con las ANP (Áreas Naturales Protegidas). La Exposición de Motivos plantea modificar la legislación para permitir una reducción física de estas áreas cuando sea necesaria para proyectos declarados de necesidad pública o interés nacional.

Para la SPDA, el problema está en la amplitud de esta excepción y en la ausencia de una evaluación detallada sobre sus consecuencias.

La discusión adquiere especial relevancia en Madre de Dios, donde existen antecedentes de propuestas vinculadas con el potencial hidrocarburífero de la región. Sánchez recordó que algunas iniciativas anteriores llegaron a mencionar zonas como el Parque Nacional del Manu y el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Además, existen áreas donde la superposición involucra valores culturales. La Reserva Comunal Amarakaeri, por ejemplo, tiene una modalidad de cogestión entre pueblos indígenas y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y contiene elementos reconocidos como patrimonio cultural.

Por ello, la especialista considera que cualquier modificación debe partir de una evaluación de los valores ambientales y culturales comprometidos, así como de alternativas menos lesivas.

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El silencio administrativo podría sustituir evaluaciones y opiniones técnicas

La simplificación también alcanza los procedimientos ambientales. Una de las medidas cuestionadas es la aplicación del silencio administrativo positivo, mecanismo por el cual una solicitud puede considerarse aprobada si la autoridad no emite una respuesta dentro del plazo establecido.

La SPDA considera que este mecanismo resulta particularmente delicado cuando se trata de evaluación ambiental, porque una decisión favorable no necesariamente puede desprenderse del simple vencimiento de un plazo.

"El problema (...) es si por simplificar debemos reducir la obligación del Estado de verificar elementos que en el caso ambiental no tienen que ver con cuestiones estrictamente jurídicas, sino que también tienen que ver con cuestiones técnicas", señaló la especialista.

La propuesta también plantea cambios en las opiniones técnicas vinculantes, que permiten que entidades especializadas intervengan cuando una actividad puede afectar materias bajo su competencia. Entre ellas figuran el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el Ministerio de Cultura del Perú.

Para la SPDA, antes de eliminar estos pasos debería revisarse por qué las entidades demoran en responder. Sánchez señaló que, en el caso del Sernanp, el análisis del presupuesto institucional muestra que no existe una asignación específica para atender estas opiniones, por lo que la labor se realiza con recursos y personal destinados también a otras funciones.

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Concesiones forestales podrían entrar en conflicto con derechos indígenas

En materia forestal, otra propuesta plantea dar prevalencia a los bosques de producción permanente (BPP) y a las concesiones frente a determinados derechos considerados posteriores o incompatibles.

El riesgo, según la SPDA, aparece porque la propuesta no define con precisión qué significa que un derecho sea “posterior” o “incompatible”. Esto puede ser relevante en la Amazonía, donde persisten brechas de titulación y existen comunidades cuyos títulos antiguos todavía no cuentan con una delimitación georreferenciada.

La especialista advierte que, históricamente, esa falta de definición territorial ha generado superposiciones entre concesiones forestales, bosques de producción permanente y territorios indígenas.

Por ello, considera que la prioridad debería ser mejorar los mecanismos de reconocimiento y adecuación territorial antes que establecer reglas que puedan dificultarlos.

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Sánchez plantea que el Congreso revise de manera detallada la Exposición de Motivos antes de aprobar las facultades y que precise los límites de la delegación. Para la SPDA, simplificar no debería equivaler a eliminar controles, sino a identificar por qué los procedimientos existentes no funcionan con la rapidez esperada.

"La toma de decisiones de simplificación de procedimientos tiene que pasar por una evaluación previa sobre qué es lo que realmente está dificultando que las actuales normas funcionen", sostuvo.

La discusión, por tanto, no se limita a reducir plazos, pues también involucra la capacidad del Estado para evaluar impactos ambientales, proteger territorios indígenas y sostener los mecanismos de control que ya forman parte de la institucionalidad ambiental peruana.

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La diferencia frente a una póliza tradicional está en la forma de acreditar el siniestro. En lugar de esperar una inspección para establecer cuánto perdió el asegurado, estos productos utilizan un indicador previamente definido. Si ese parámetro llega al nivel establecido en el contrato, se activa el pago de la suma asegurada.

La regulación quedó establecida mediante la Resolución SBS N.° 02260-2026. Con esta norma se fijan las condiciones para el diseño y comercialización de estos seguros en el mercado peruano.

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¿Cómo funcionará este tipo de seguro?

El mecanismo puede entenderse con un ejemplo. Una póliza podría establecer una cobertura determinada para un terremoto y fijar como condición de activación que el movimiento alcance una magnitud específica en una zona determinada. Si el indicador llega o supera ese umbral, se activa el pago pactado.

Lo mismo podría ocurrir con las lluvias. En lugar de calcular posteriormente los daños ocasionados por las precipitaciones, la póliza puede establecer un nivel de lluvia como parámetro. Cuando la información de la fuente definida en el contrato confirme que se alcanzó ese nivel, se determina la activación de la cobertura.

La norma contempla como posibles riesgos los derivados de fenómenos naturales de carácter meteorológico, climatológico, geológico, geofísico u oceanográfico. Entre los ejemplos figuran terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones y heladas.

El punto central es que el fenómeno debe poder medirse objetivamente. Los parámetros utilizados tendrán que ser verificables, estar respaldados por fuentes independientes y guardar relación con el riesgo que se pretende cubrir. Esto busca evitar que la activación dependa de una evaluación subjetiva de la aseguradora.

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¿Cuándo se recibiría el dinero?

Una de las diferencias más importantes con los seguros tradicionales está en el proceso posterior al evento.

En estos productos interviene un agente de cálculo, encargado de monitorear la información del parámetro, determinar su valor, verificar si se alcanzó el umbral previsto y calcular el pago correspondiente. La empresa aseguradora, a su vez, debe comunicar al asegurado o beneficiario la activación de la cobertura.

La regulación establece un plazo máximo de 10 días calendario para efectuar el pago una vez comunicada la información del parámetro que activa la cobertura. Esto permitiría que el acceso a los recursos no dependa de una evaluación individual de cada daño.

La posibilidad de contar con dinero rápidamente resulta relevante en un país que mantiene una exposición considerable a fenómenos naturales. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), por ejemplo, viene elaborando escenarios de riesgo para lluvias, inundaciones y movimientos en masa, mientras que sus evaluaciones también contemplan escenarios vinculados con sismos y tsunamis.

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El seguro no necesariamente pagará lo mismo que se perdió

Sin embargo, existe una diferencia que el potencial asegurado tendrá que considerar antes de contratar este tipo de cobertura: el pago no necesariamente será igual al daño económico que haya sufrido.

La propia regulación denomina a esta posibilidad riesgo base. Se produce cuando existe una diferencia entre la pérdida real y el monto recibido, debido a que la indemnización se determina por el parámetro pactado y no por la valorización posterior de los daños.

Por ejemplo, una persona podría contratar una cobertura que establezca un pago de S/20.000 si las lluvias de una determinada intensidad son registradas en su zona. Si se alcanza el umbral, recibirá el monto establecido, incluso si su pérdida efectiva termina siendo menor. Pero también podría ocurrir lo contrario: que los daños sean superiores al pago previsto por la póliza.

Por eso, la SBS exige que esta característica sea explicada al cliente antes de la contratación. La información del producto deberá incluir ejemplos sobre el funcionamiento del seguro, los parámetros y umbrales utilizados y las posibles diferencias entre las pérdidas reales y los pagos derivados de la activación de la cobertura.

No cualquier desastre generará un pago

La aprobación del reglamento tampoco significa que ante cualquier terremoto, inundación o lluvia intensa se activará automáticamente una indemnización.

Para que exista un pago tendrán que cumplirse varias condiciones: debe haber una póliza vigente, el evento debe encontrarse dentro de la cobertura y el parámetro establecido en el contrato debe alcanzar el umbral correspondiente. Además, la cobertura tendrá que estar delimitada geográficamente.

La póliza deberá especificar el evento cubierto, la zona, el parámetro, el umbral, la metodología de cálculo, las fuentes que proporcionarán los datos y la estructura de pagos. La empresa también tendrá que informar al cliente sobre las limitaciones del producto y la existencia del riesgo base.

Esto marca una diferencia importante respecto de la idea de que se trataría simplemente de un seguro que paga cuando ocurre un desastre. En realidad, el pago estará condicionado a que el fenómeno alcance exactamente las características previstas en el contrato.

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¿Quién podrá ofrecerlos?

Las aseguradoras podrán comercializar estos productos directamente y también recurrir a comercializadores bajo la modalidad de bancaseguros. Los corredores de seguros podrán intermediar en la contratación.

La norma, además, impide que las coberturas paramétricas sean incorporadas como parte de productos híbridos junto con coberturas tradicionales. También exige que quienes los comercialicen estén capacitados para explicar cómo se determina el pago y, especialmente, las diferencias que pueden existir entre el daño real y la indemnización.

El nuevo mercado llega en un contexto en el que los riesgos naturales tienen un impacto significativo sobre la economía peruana. Un documento presentado en el Congreso con información del INDECI señala que entre 2000 y 2023 se registraron más de 112.000 emergencias y que más de 22 millones de personas fueron damnificadas o afectadas durante ese periodo. Para el Fenómeno El Niño Costero de 2017, el mismo documento recoge estimaciones de pérdidas superiores a US$3.100 millones.

Además, la propia SBS ha estimado pérdidas potenciales para el sistema asegurador ante lluvias e inundaciones. Un estudio basado en la exposición asegurada de 2022 calculó una pérdida catastrófica potencial de US$264 millones para este tipo de eventos.

Con el reglamento, las aseguradoras cuentan ahora con un marco específico para desarrollar este tipo de productos. El desafío estará en que los parámetros utilizados tengan una relación suficientemente clara con los riesgos que enfrentan los asegurados y en que el consumidor comprenda que la rapidez del pago tiene como contrapartida una cobertura basada en la intensidad del fenómeno y no en la valorización exacta de sus pérdidas.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 14 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

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El cambio no es menor para la actividad económica. Menos desplazamientos significan menos oportunidades de consumo para restaurantes, comercios y otros negocios que dependen del tránsito de personas. Al mismo tiempo, una parte de la población está asumiendo un costo adicional para reducir su exposición al delito, principalmente al reemplazar el transporte público por taxis o aplicativos.

A nivel nacional, 43% de los encuestados procura no salir de su casa o barrio desde las 8 p. m. o incluso antes, mientras que otro 42% fija ese límite desde las 10 p. m. En Lima, el comportamiento es todavía más restrictivo: 90% evita salir a partir de alguna hora y 49% deja de hacerlo desde las 10 p. m.

El estudio fue realizado entre el 20 y el 23 de agosto a 1.217 personas a nivel urbano-rural. De acuerdo con sus resultados, las restricciones nocturnas alcanzan a alrededor de 22 millones de peruanos.

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El costo de sentirse seguro

La inseguridad también está modificando la forma en que las personas se movilizan. El 26% de los usuarios del transporte público señala que dejó de llevar objetos de valor o efectivo, mientras que 24% procura viajar acompañado. Otro 16% ha optado por utilizar taxi o aplicativos en algunos desplazamientos, aunque ello implique pagar más.

Ese último grupo equivale a poco más de 4,17 millones de personas. Además, 16% dejó de utilizar el transporte público durante la noche y 4% abandonó completamente este medio.

El efecto tampoco es igual entre los hogares. El porcentaje de personas que sale menos llega a 47% en el NSE B, pero sube a 59% en el C y a 65% en el D. En el transporte ocurre algo similar: los sectores de mayores ingresos tienen mayor posibilidad de sustituir un viaje en bus por un taxi o aplicativo, mientras que en los NSE D y E adquiere mayor importancia viajar acompañado.

Así, el temor al delito no representa el mismo costo para todos. Para algunos hogares supone pagar más por movilizarse; para otros, reducir desplazamientos o modificar horarios.

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El impacto alcanza también a los negocios. Según el mismo estudio, la proporción de empresas que identifica un efecto negativo de la inseguridad pasó de 32% en 2025 a 45% en 2026. En el NSE C, el indicador aumentó de 42% a 56%.

La relación entre inseguridad y actividad económica no se limita, por tanto, a las pérdidas provocadas directamente por robos, extorsiones u otros delitos. También aparece en la reducción de clientes, en los cambios de horario y en el mayor gasto que realizan los consumidores para disminuir el riesgo.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe, resume el cambio de comportamiento observado en la encuesta:

“La inseguridad dejó de ser una percepción para convertirse en el organizador de la vida cotidiana de los peruanos. Cuando 22 millones de personas dejan de salir de noche, estamos ante una pérdida de calidad de vida que no aparece en las cifras oficiales, pero que es igual de real”.

El resultado se conoce, además, en un momento en que la seguridad continúa ocupando un lugar central en la agenda pública. El INEI publicó el 3 de septiembre su más reciente informe de Estadísticas de Seguridad Ciudadana, correspondiente al semestre móvil febrero-julio de 2026.

La mayoría no espera que el problema mejore

La percepción sobre los próximos meses tampoco apunta a una recuperación rápida. El 66% de los encuestados considera que la delincuencia seguirá igual o empeorará durante los próximos 12 meses. El 35% cree que la situación permanecerá sin cambios y 31% anticipa un deterioro.

Solo 27% espera una mejora. La diferencia territorial también resulta significativa. En Lima, 31% considera que la delincuencia mejorará, mientras que en el interior del país las expectativas son menos favorables. El sur concentra la mayor proporción de personas que prevé un empeoramiento.

Las respuestas sobre las medidas que deberían adoptarse se encuentran divididas. El 35% prioriza unidades policiales especializadas en extorsión con mayor capacidad de inteligencia e investigación; 33% plantea aumentar las penas para extorsionadores y sicarios, mientras que 31% menciona recuperar el control de los penales o incrementar el número de policías en las calles.

El escenario se desarrolla mientras el Ejecutivo mantiene medidas extraordinarias en Lima y el Callao. El 28 de agosto declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días, con acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente al avance de la criminalidad.

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Extorsión: más presencia territorial, pero pocos presos adicionales

Otro de los datos que permite dimensionar el problema aparece en la extorsión. El número de personas privadas de libertad por este delito pasó de 1.186 en diciembre de 2024 a 1.661 en junio de 2026. Son 475 internos adicionales en casi dos años.

No obstante, estos representan 1,6% de la población penitenciaria, el mismo porcentaje registrado en 2016. La diferencia está en el alcance del delito: según el estudio, hace una década la extorsión estaba concentrada en la costa norte, mientras que actualmente se registra en todas las regiones.

Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del informe, cuestionó la diferencia entre la expansión territorial del delito y el número de personas encarceladas por extorsión.

“Ese es el mejor indicador del fracaso frente al crimen organizado: las denuncias se disparan, el delito se expande a todo el país y los presos por extorsión apenas se mueven. Recién en junio volvimos a alcanzar el 1,6% de la población penal que ya teníamos en el 2016, con la diferencia de que entonces la extorsión solo ocurría en la costa norte y hoy ocurre en todo el país”, advirtió.

El reporte contabilizó además 1.866 eventos del Índice del Crimen y la Violencia entre enero y agosto de 2026. La Libertad, Ica y Piura concentraron las mayores cifras absolutas, mientras que Tumbes, Madre de Dios e Ica registraron las tasas más altas al considerar su población.

En Lima Metropolitana se contabilizaron 575 eventos y otros 149 en el Callao. El informe también registra 251 casos de violencia contra transportistas, además de 21 atentados con explosivos y 33 ráfagas de bala contra vehículos.

Más allá de estas cifras, el efecto económico de la inseguridad aparece en decisiones que ocurren todos los días: salir menos, dejar de utilizar determinados servicios, pagar más por un traslado o adelantar el regreso a casa. El resultado es que el delito no solo representa un riesgo para las personas y los negocios, sino que también está modificando la manera en que una parte importante de los peruanos consume y se moviliza.

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La inseguridad no es un problema exclusivo de las bodegas. Un estudio de Ipsos para ComexPerú, denominado 'Empresas y Estado: diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento', señala que el 52% de las microempresas identifica la inseguridad como su principal obstáculo para crecer. El dato permite dimensionar el problema más allá de un solo tipo de negocio.

Para las bodegas, la exposición es particularmente relevante porque buena parte de su actividad se desarrolla directamente frente al público. La extorsión puede convertirse en un costo adicional para negocios que dependen de sus ventas diarias y que cuentan con menor margen financiero para absorber pérdidas.

Carla Campos, presidenta de Agremub, señaló que los negocios administrados por mujeres se encuentran entre los más afectados por este escenario, debido a que la actividad comercial constituye su fuente de ingresos y la de sus familias.

"Es un paso necesario, pero se requieren acciones concretas y rápidas para frenar esta ola de inseguridad", sostuvo Campos.

La declaración se produjo luego de la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031. El documento incluye como uno de sus lineamientos reducir la afectación de personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada.

El punto es relevante para las bodegas porque la política no se limita a la seguridad de las personas: incorpora expresamente a las unidades económicas entre las afectadas por la criminalidad. No obstante, se trata de un lineamiento de política pública y no de una medida que, por sí misma, garantice una reducción inmediata de las extorsiones.

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El crédito también condiciona la capacidad de resistir

La inseguridad encuentra a las bodegas con otra limitación: el acceso al financiamiento. Agremub señala que al menos el 88% de estos negocios no logra acceder a créditos bancarios.

Para un establecimiento pequeño, la falta de financiamiento formal puede dificultar la compra de mercadería, la reposición de productos o la atención de gastos extraordinarios. El problema adquiere mayor importancia cuando el negocio enfrenta simultáneamente menores ventas o mayores costos derivados de la inseguridad.

Campos planteó la creación de mecanismos de garantía que permitan ampliar el acceso de las bodegas al sistema financiero formal.

"Es urgente crear un mecanismo de garantías que rompa con ese círculo vicioso, que impulse su acceso al financiamiento formal", afirmó.

La propuesta corresponde al planteamiento del gremio y no constituye una medida aprobada. El dato del 88%, por su parte, proviene de Agremub, por lo que no debe confundirse con una estadística oficial del sistema financiero.

La combinación entre inseguridad y restricciones de financiamiento puede ser especialmente relevante para los negocios que operan con márgenes reducidos. Si una bodega pierde ingresos por una reducción de clientes o debe asumir gastos extraordinarios, su capacidad para sostener el negocio dependerá también de la liquidez disponible.

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El Niño añade otro riesgo para las bodegas

El escenario climático también cambió frente a los primeros meses del año. El ENFEN mantiene la condición de Alerta de El Niño Costero y, en su comunicado del 28 de agosto, señaló que existe una alta probabilidad de que el fenómeno persista hasta el verano de 2027. Para la región Niño 1+2, el organismo estima una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027 con una probabilidad de al menos 62%.

El pronóstico también contempla temperaturas muy por encima de lo normal en toda la costa durante setiembre-noviembre y una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo habitual en la costa norte. El ENFEN recomienda considerar estos escenarios para las acciones de reducción del riesgo y preparación ante la temporada de lluvias.

Para las bodegas, el impacto no necesariamente tendría que producirse dentro del establecimiento. Problemas en carreteras, interrupciones del transporte o dificultades para trasladar productos pueden afectar el abastecimiento y elevar los costos logísticos.

A ello podría sumarse una reducción de las ventas en zonas afectadas por inundaciones u otros eventos asociados al fenómeno. El efecto final, no obstante, dependerá de la intensidad y localización de los impactos climáticos, por lo que no corresponde atribuir de antemano un número determinado de cierres exclusivamente al FEN.

Campos considera que el comercio minorista debería ser tomado en cuenta dentro de las medidas de prevención por su participación en el abastecimiento de los hogares.

"Las bodegas somos un eslabón clave en la cadena de abastecimiento. Si no se hace lo suficiente para mitigar el impacto que el FEN puede tener en nuestro sector, las consecuencias se van a ver directamente reflejadas en la economía del país", enfatizó.

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¿Qué hay detrás de la cifra de 6.000 cierres?

La proyección de entre 5.000 y 6.000 bodegas que dejarían de operar durante 2026 debe leerse como una estimación y no como un registro oficial de establecimientos cerrados. Tampoco permite determinar qué proporción de esos negocios cerraría exclusivamente por criminalidad, por factores climáticos o por problemas financieros.

El contraste con 2025 sí muestra la magnitud del cambio: si se concreta la proyección, los cierres prácticamente duplicarían los poco más de 3.000 registrados el año pasado, según las cifras citadas por Agremub.

Además, el impacto potencial del FEN no es un riesgo hipotético completamente desligado de la economía. El propio ENFEN advierte que los eventos de El Niño pueden generar lluvias intensas en determinadas zonas del país y afectar sectores socioeconómicos, mientras mantiene el monitoreo de sus consecuencias hidrológicas y sobre otras actividades productivas.

Por ahora, la información disponible permite identificar tres presiones sobre estos pequeños comercios: una criminalidad que ya es considerada una barrera para el crecimiento de las microempresas, dificultades de acceso al financiamiento formal y un escenario climático que podría complicar el transporte y el abastecimiento durante los próximos meses.

La cifra definitiva de cierres dependerá de cómo evolucionen esos factores y de la capacidad de los negocios para absorber sus efectos hasta el final del año.

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El objetivo se plantea sobre una recaudación que viene mostrando una evolución favorable durante 2026. Entre enero y agosto, los ingresos tributarios del Gobierno Central sumaron S/138.484 millones, un crecimiento real de 14,1% respecto del mismo periodo del año pasado. Solo en agosto ingresaron S/18.179 millones, 17,3% más que en igual mes de 2025. Con ello, la recaudación acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.

Pero el aumento de este año no responde únicamente a una mayor eficiencia de la administración tributaria. La propia SUNAT identifica factores económicos que han favorecido los ingresos: el crecimiento de la actividad y de la demanda interna, un incremento de 20,2% de las importaciones en agosto y los mayores precios internacionales del cobre, oro y zinc. Estos elementos amplían las bases sobre las que se calculan impuestos como el IGV y el Impuesto a la Renta.

El punto de partida para los S/214.000 millones

El comportamiento de los principales tributos ayuda a explicar la situación. En agosto, el IGV recaudó S/9.564 millones, 13,7% más que un año antes. El componente vinculado a las importaciones aumentó 19,8%, mientras que el IGV interno creció 9,2%.

El Impuesto a la Renta, por su parte, alcanzó S/6.980 millones y aumentó 11,4%. Dentro de este resultado destacó el incremento de los pagos a cuenta de las rentas empresariales de tercera categoría del Régimen General y del Régimen Mype Tributario, que crecieron 43,5%.

La comparación, no obstante, tiene un elemento que debe considerarse. En agosto de 2025 se registraron pagos extraordinarios por más de S/1.600 millones asociados al Impuesto a la Renta de sujetos no domiciliados y multas producto de acciones de control. Por ello, parte del crecimiento de este año se observa frente a una base de comparación que ya había sido elevada.

El escenario también estuvo favorecido por el comercio exterior. Los tributos aduaneros llegaron a S/4.873 millones en agosto, un incremento real de 18,8%. Esto muestra que una parte importante del aumento de los ingresos está vinculada con la actividad económica y no exclusivamente con nuevas medidas tributarias.

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SUNAT apunta a cerrar brechas de incumplimiento

El reto para 2027 será mantener ese ritmo cuando las condiciones económicas pueden ser diferentes. Por ello, la administración tributaria plantea concentrar sus acciones de fiscalización en actividades donde identifica mayores niveles de incumplimiento y un impacto fiscal relevante.

Entre los sectores mencionados por SUNAT están la minería, la enajenación de acciones y los contratos asociativos. La estrategia contempla utilizar la información disponible sobre las operaciones de los contribuyentes para seleccionar los casos que requieren mayor control.

La digitalización adquiere importancia precisamente por la cantidad de información que ya genera el sistema tributario. SUNAT informó que el 97% de las ventas se registra mediante comprobantes de pago electrónicos y que una proporción similar de las declaraciones tributarias se presenta de manera virtual. Además, el 98% de los nuevos inscritos al RUC utiliza el mecanismo digital de inscripción.

Esto permite que la administración tributaria tenga más elementos para contrastar lo declarado por un contribuyente con las operaciones que registra. El desafío será convertir esa información en una reducción efectiva del incumplimiento y no solamente en una mayor capacidad de procesamiento de datos.

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Una meta que debe financiar el presupuesto

Los más de S/214.000 millones proyectados por SUNAT forman parte del escenario de ingresos con el que se sostiene el Presupuesto Público 2027, cuyo monto total asciende a S/266.506 millones. El proyecto contempla S/178.142 millones de gasto corriente, S/57.143 millones de gasto de capital y S/31.221 millones destinados al servicio de la deuda.

La diferencia entre la meta tributaria y el presupuesto total también permite dimensionar su importancia: los ingresos administrados por SUNAT constituyen una de las principales fuentes para financiar el gasto público, pero alcanzar la proyección dependerá de que el crecimiento observado en 2026 pueda sostenerse y de que las acciones contra el incumplimiento logren generar ingresos adicionales.

Por ahora, el resultado de agosto muestra una base favorable. Sin embargo, los S/13.500 millones adicionales que se esperan para 2027 no están garantizados por el crecimiento registrado este año: deberán sostenerse la actividad económica, los ingresos empresariales y el consumo, además de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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La fecha y las condiciones están contenidas en el Reglamento Operativo de Traslados, aprobado por la ONP. La norma desarrolla las reglas previstas en la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

¿Qué pasará con los aportes si una persona cambia de ONP a AFP?

Para quienes se encuentren en la ONP y decidan pasar al sistema privado, el reglamento establece que sus aportes realizados en el SNP serán reconocidos mediante Unidades de Aporte (UdA). La ONP deberá evaluar los aportes efectivos y emitir un Reporte Situacional del SNP (RESIT-SNP), que será remitido a la AFP correspondiente.

Además, los afiliados que pasen del SNP al SPP podrán solicitar un Bono de Reconocimiento (BdR) por los aportes realizados en la ONP, siempre que cumplan las condiciones establecidas en las normas que regulan este beneficio. La regulación también contempla una alternativa para determinados afiliados que cumplan los requisitos para acceder a una pensión garantizada.

Esto significa que los años de aportes realizados en la ONP no desaparecen simplemente por el cambio de régimen. Sin embargo, el reconocimiento no equivale a que todo ese dinero sea depositado de inmediato en una cuenta individual de AFP: el mecanismo previsto es el reconocimiento de las aportaciones y, cuando corresponda, el Bono de Reconocimiento.

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¿Y qué ocurre con el dinero de la AFP si el afiliado pasa a la ONP?

En el sentido contrario, el mecanismo es diferente. Si una persona afiliada a una AFP solicita su traslado al Sistema Nacional de Pensiones, la administradora deberá transferir el 100% del saldo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) correspondiente a los aportes obligatorios al Fondo Consolidado de Reservas (FCR) administrado por la ONP.

El reglamento también establece que la AFP debe entregar información sobre el historial de aportaciones, los aportes en cobranza, el saldo de la CIC y otros datos necesarios para que la ONP determine las Unidades de Aporte que serán reconocidas al afiliado.

Los aportes voluntarios con finalidad previsional tienen un tratamiento distinto. El reglamento señala que ese saldo no se transfiere inmediatamente al FCR, sino que permanece bajo las condiciones establecidas para su transferencia al momento de la jubilación.

Por ello, el cambio de régimen no debe entenderse como un retiro del dinero acumulado en una AFP ni como un depósito equivalente en una cuenta personal dentro de la ONP. Cada sistema reconoce los aportes bajo mecanismos diferentes.

¿Cada cuánto se podrá cambiar entre ONP y AFP?

El primer traslado podrá solicitarse en cualquier momento a partir del 1 de junio de 2027. Después de ese primer cambio, si el afiliado desea volver a trasladarse entre sistemas, deberá permanecer al menos 24 meses en el régimen al que se haya cambiado.

La regulación busca evitar que el afiliado pueda alternar entre la ONP y las AFP de manera continua en periodos muy cortos. La permanencia mínima será aplicable a los traslados posteriores, de acuerdo con las condiciones establecidas por el reglamento operativo.

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¿Quiénes no podrán cambiar de sistema?

La posibilidad de traslado no se aplicará a todas las personas. Los pensionistas de jubilación e invalidez, tanto de la ONP como del sistema privado, no podrán trasladarse entre regímenes.

La restricción responde a que se trata de personas que ya reciben una prestación previsional. Por ello, el nuevo mecanismo está dirigido principalmente a afiliados que todavía se encuentran en etapa de acumulación de aportes.

El trámite será mediante una plataforma digital

Las solicitudes se canalizarán mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), que concentrará la información necesaria para realizar el traslado entre ambos regímenes.

La plataforma permitirá consultar información vinculada con la situación previsional del afiliado y será utilizada para procesar los cambios entre el SNP y el SPP. El objetivo es que la decisión se tome con información sobre las condiciones y beneficios de cada sistema antes de concretar el traslado.

El proceso de asesoría, recepción y atención de solicitudes comenzará el 1 de junio de 2027. La SBS, además, emitirá normas complementarias para la implementación del mecanismo junto con la ONP.

Así, la principal novedad para los afiliados no es solo que podrán cambiar de sistema previsional, sino que la reforma establece cómo se reconocerán los aportes acumulados en cada régimen. Para quienes evalúen trasladarse, conocer ese tratamiento será clave para comparar las consecuencias de pasar de la ONP a una AFP o de una AFP a la ONP.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 13 de septiembre

BCP

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