En ese contexto, Osiptel señaló que los titulares tienen derecho a solicitar la suspensión temporal de estos servicios sin perder el contrato. Durante el periodo autorizado, las empresas operadoras no deben efectuar cobros por la prestación del servicio, ya que este permanecerá inactivo hasta la fecha de reactivación solicitada por el usuario.

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La solicitud puede presentarse de manera gratuita en cualquier momento a través de cualquiera de los canales de atención de la empresa operadora. El titular solo debe indicar el periodo durante el cual desea suspender el servicio y no está obligado a sustentar el motivo de su pedido.

De acuerdo con la regulación vigente, la suspensión temporal puede solicitarse por un periodo mínimo de 15 días calendario y hasta un máximo de dos meses por cada año de servicio, ya sea de forma consecutiva o alternada, salvo que la empresa establezca condiciones más favorables para el usuario. Una vez presentada la solicitud, la operadora debe hacer efectiva la suspensión de manera inmediata, a menos que el usuario solicite una fecha posterior para su inicio.

Qué aspectos debes considerar antes de solicitar la suspensión temporal

La entidad reguladora recomienda que el usuario precise con exactitud las fechas de inicio y término de la suspensión. En caso contrario, la empresa podría aplicar el plazo máximo de dos meses previsto en la normativa. También aconseja conservar el código o constancia del trámite para atender cualquier inconveniente que pudiera presentarse posteriormente.

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La normativa también contempla la situación de los usuarios que pagan el servicio por adelantado. En esos casos, la empresa debe devolver el monto correspondiente a los días en que el servicio permaneció suspendido. La devolución podrá efectuarse mediante depósito en una cuenta bancaria o aplicarse como descuento en el primer recibo emitido después de la reactivación del servicio.

Una vez concluido el periodo solicitado, la empresa operadora deberá reactivar el servicio e informar previamente al abonado mediante correo electrónico. Si el usuario decide restablecer el servicio antes de la fecha prevista, también puede solicitarlo. Asimismo, si existe un cobro por concepto de reactivación por suspensión, la empresa está obligada a comunicar esa condición al momento de recibir la solicitud, para que el cliente conozca los términos del procedimiento antes de su ejecución.

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Uno de los cambios de mayor impacto recae sobre el sistema financiero. A partir de ahora, los incumplimientos relacionados con la aplicación de tasas de interés o con la liquidación de intereses tendrán una tipificación específica dentro del reglamento cuando generen un perjuicio económico a los clientes.

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La modificación no implica nuevas reglas para fijar las tasas de interés ni altera las condiciones bajo las cuales las entidades otorgan créditos. Lo que cambia es el alcance del régimen sancionador: la SBS podrá castigar de manera expresa estas conductas cuando vulneren la normativa vigente.

Errores en el cobro de intereses podrán ser infracciones graves si afectan económicamente a los clientes

La calificación de la infracción dependerá del perjuicio económico ocasionado. Si este alcanza o supera las 20 UIT (S/110.000), será considerada grave; si llega a 100 UIT (S/550.000) o más, será muy grave, lo que permitirá a la SBS imponer sanciones más severas.

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La actualización también incorpora otras conductas sancionables para las empresas del sistema financiero. Entre ellas, otorgar créditos a personas o empresas vinculadas en condiciones más favorables que las ofrecidas al resto de clientes, incumplir el deber de informar oportunamente a la SBS sobre transferencias y adquisiciones de cartera crediticia, y utilizar modelos de gestión de riesgos sin la aprobación exigida por la regulación.

AFP y aseguradoras también deberán adecuarse a nuevas obligaciones para evitar sanciones

La actualización del reglamento también incorpora nuevas infracciones para las AFP, principalmente en el proceso de evaluación y calificación de invalidez, la acreditación de aportes y la gestión de cobranzas. Entre las conductas sancionables figuran no contar con procedimientos para acreditar los aportes conforme a la normativa, retrasar su registro o no iniciar oportunamente las acciones de cobranza administrativa o judicial. Asimismo, se refuerzan las obligaciones relacionadas con la atención a afiliados y el funcionamiento del Comité Médico de las AFP (COMAFP).

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En el mercado de seguros, la SBS amplía el catálogo de infracciones vinculadas con la protección de los asegurados y la solvencia de las compañías. Podrán ser sancionados, por ejemplo, los rechazos de solicitudes de cobertura sin sustento o fuera de plazo, así como incumplimientos en el registro y valorización de inversiones, retrasos en el pago de productos con componente de ahorro o inversión y obligaciones relacionadas con seguros de caución y fianzas.

La norma también actualiza las infracciones aplicables a los ajustadores de siniestros, quienes podrán ser sancionados si incumplen los plazos o las condiciones para presentar sus informes de liquidación y de ajuste.

Los cambios fueron oficializados mediante la Resolución SBS N.° 01923-2026, que modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones. Según la entidad, la actualización busca adecuar la regulación a los nuevos riesgos de los sistemas supervisados y fortalecer las herramientas con las que cuenta para sancionar incumplimientos y proteger a los usuarios.

La medida también alcanza a otros productos de la oferta exportadora nacional, como espárragos, mandarinas y barras y perfiles de cobre refinado, bienes que han ganado espacio en el mercado estadounidense y que ahora deberán asumir un mayor costo de ingreso.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó que el impacto podría sentirse con mayor fuerza en los sectores que han impulsado las exportaciones no tradicionales del país, especialmente la agroexportación, los textiles y algunas manufacturas.

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Aunque la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) excluyó alrededor de 2.000 productos peruanos de la medida, esa excepción cubre aproximadamente el 45% de los envíos nacionales hacia ese destino. El resto, equivalente al 55% de las exportaciones a Estados Unidos y valorizado en US$6.221 millones, quedó sujeto al nuevo arancel.

Para la CCL, el problema no solo está en el pago del impuesto adicional, sino en la posición que tendrán los productos peruanos frente a competidores internacionales. En mercados donde pequeñas diferencias de precio pueden definir una compra, un mayor costo de importación puede reducir la ventaja que hoy tienen varios productos nacionales.

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Arándanos, uvas y textiles enfrentan mayor presión para competir en EE. UU.

El sector agroexportador concentra parte de la preocupación empresarial debido al peso que tienen productos como los arándanos y las uvas dentro de los envíos peruanos hacia Estados Unidos.

En los últimos años, estos productos se convirtieron en algunos de los principales motores de las exportaciones no tradicionales. Su crecimiento permitió ampliar la presencia del Perú en supermercados y cadenas comerciales estadounidenses, pero ahora deberán enfrentar un escenario con mayores costos de acceso.

La misma situación alcanza a los espárragos y las mandarinas, productos que también tienen una importante participación en la canasta agroexportadora. En el caso de la industria textil, los polos de algodón aparecen entre los bienes que podrían perder atractivo frente a proveedores de otros países con mejores condiciones arancelarias.

El cobre refinado también forma parte de la lista de productos afectados. Aunque Perú mantiene una fuerte presencia como exportador minero, el impacto mencionado por la CCL se concentra en productos con algún nivel de transformación, como barras y perfiles de cobre refinado.

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El gremio empresarial señaló que la medida podría afectar la capacidad de las empresas peruanas para mantener sus precios en el mercado estadounidense y generar una presión sobre sectores que sostienen miles de empleos vinculados a la exportación.

La CCL reconoció las gestiones realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante el proceso de evaluación realizado por la USTR y destacó que las conversaciones con las autoridades estadounidenses deben continuar para buscar una revisión de la medida.

Además, precisó que la resolución estadounidense no establece que el Perú exporte mercancías producidas bajo condiciones de trabajo forzoso. La observación de Washington está relacionada con la necesidad de contar con una norma que prohíba expresamente la importación de bienes elaborados bajo esa modalidad.

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CCL pide aprobar ley sobre trabajo forzoso para recuperar acceso comercial

Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Lima instó al nuevo Gobierno y al Congreso a priorizar el proyecto de ley que busca impedir el ingreso de productos vinculados al trabajo forzoso, al considerar que atendería la principal observación de Estados Unidos y fortalecería la posición peruana para negociar una revisión del arancel adicional de 12,5%.

No obstante, el gremio sostiene que esta medida debe formar parte de una estrategia más amplia que permita reducir el impacto del gravamen, ampliar la lista de productos excluidos y evitar que las exportaciones peruanas pierdan competitividad frente a otros países con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.

La medida, publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), reemplaza el arancel temporal de 10% que venció este 24 de julio. El nuevo esquema establece dos niveles de gravamen según la legislación de cada país sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

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En América Latina, México, Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador quedaron sujetos a una tasa de 10%. En tanto, Perú, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela deberán asumir un arancel de 12,5%.

¿Por qué Estados Unidos incluyó al Perú en el arancel de 12,5%?

La decisión responde a una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite al Gobierno estadounidense adoptar medidas comerciales cuando considera que las políticas de otros países afectan sus intereses.

El análisis se enfocó en las normas que cada país aplica para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, entendido como aquel realizado bajo amenazas, coerción o sin el consentimiento libre de los trabajadores.

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La investigación comenzó el 12 de marzo de 2026 e incluyó a economías que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses. Tras evaluar la legislación de cada país, la USTR determinó que algunas economías cuentan con prohibiciones expresas o compromisos asumidos en acuerdos comerciales para restringir el ingreso de este tipo de mercancías. Esos países recibirán un arancel de 10%.

En cambio, los países que no cuentan con una regulación equivalente, entre ellos el Perú, afrontarán un gravamen de 12,5%.

La resolución también establece excepciones para determinadas materias primas consideradas esenciales para el abastecimiento de Estados Unidos, así como para productos que ya tienen aranceles bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional, además del equipaje acompañado, las donaciones y los materiales informativos.

Mincetur: más de 2.000 productos peruanos quedaron fuera del nuevo arancel

Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) precisó que la medida no fue aplicada únicamente al Perú, sino a un grupo de 60 economías equivalentes a 86 países y territorios aduaneros, que concentraron el 99,4% de las importaciones estadounidenses durante 2025.

La entidad también aclaró que el arancel no alcanzará a todas las exportaciones peruanas. La resolución establece exclusiones para más de 2.000 productos, que representaron alrededor del 45% del valor de las importaciones estadounidenses provenientes del Perú.

De esta manera, una parte importante del intercambio comercial continuará ingresando al mercado estadounidense sin este recargo.

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Otro aspecto que resaltó el ministerio es que la decisión estadounidense no concluye que el Perú exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos nacionales elaborados bajo esas condiciones.

Según explicó el Mincetur, la investigación estuvo enfocada en determinar si el país cuenta con una prohibición específica para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y si dicha normativa se aplica de manera efectiva.

El ministerio recordó que el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que prohíbe expresamente la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Según la cartera, la aprobación de esta iniciativa fortalecería el marco legal peruano y atendería la principal observación formulada por la USTR.

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Asimismo, indicó que participó en todas las etapas de la investigación, presentando información técnica sobre las acciones adoptadas por el Perú en esta materia. También refirió que viene evaluando los posibles efectos de la medida junto con otras entidades del Estado y gremios empresariales.

Mientras tanto, aseguró que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses para sustentar los avances normativos del país y promover una revisión de la decisión.

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La aplicación del nuevo esquema estará a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que supervisará el ingreso de mercancías y continuará emitiendo órdenes de retención cuando existan indicios de que un producto fue elaborado mediante trabajo forzoso.

Según la administración de Donald Trump, estos aranceles permanecerán vigentes hasta que los países incluidos adopten normas equivalentes para restringir la importación de este tipo de bienes.

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De acuerdo con el gremio, este avance respondería a una mayor disposición de las familias para realizar compras durante julio, favorecida por el pago de gratificaciones y aguinaldos, así como por las estrategias que vienen aplicando las pequeñas empresas para adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores.

Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, señaló que las expectativas para esta campaña son positivas, aunque mantienen una mirada prudente debido a que el ritmo de recuperación del consumo todavía es progresivo.

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“Para aprovechar este escenario, las pymes han fortalecido sus canales de venta digital, además vienen optimizando la atención al cliente y desarrollando estrategias comerciales con el fin de adaptarse con mayor rapidez a las condiciones del mercado”, indicó.

En los últimos años, muchas pequeñas empresas han acelerado su transformación digital, incorporando herramientas como redes sociales, plataformas de comercio electrónico y servicios de delivery, alternativas que les permiten llegar a más clientes y responder con mayor rapidez a la demanda.

Fiestas Patrias impulsaría ventas de comercio, gastronomía y turismo interno

Los sectores que tendrían un mejor desempeño durante la campaña serían comercio, gastronomía, turismo interno, confecciones, calzado, tecnología y servicios, según la estimación del gremio empresarial.

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La expectativa responde a que durante las celebraciones por Fiestas Patrias suele incrementarse la demanda de productos y servicios vinculados al consumo familiar, como prendas de vestir, artículos para el hogar, equipos tecnológicos, viajes, restaurantes y actividades recreativas.

En el caso del turismo interno, las pequeñas empresas vinculadas a hospedajes, transporte, alimentación y experiencias locales podrían beneficiarse del mayor movimiento de viajeros durante el feriado largo.

Asimismo, el sector gastronómico espera una mayor afluencia de consumidores que buscan celebrar estas fechas fuera del hogar, mientras que los negocios de confecciones y calzado podrían registrar un aumento de pedidos por la renovación de prendas y compras asociadas a las actividades patrióticas.

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Ojeda explicó que el consumidor actual no solo prioriza el precio, sino también la calidad y la experiencia de compra. Por ello, las pymes vienen enfocándose en ofrecer promociones atractivas, mejorar la atención y diferenciarse frente a la competencia.

“El consumidor busca buenas ofertas, calidad y una buena experiencia de compra. Las pequeñas empresas han entendido eso y están apostando por innovar y ofrecer un mejor servicio para diferenciarse”, sostuvo.

Pymes prevén mayor gasto por hogar y más empleos temporales durante julio

El gremio estimó que el gasto promedio durante la campaña de Fiestas Patrias se ubicaría entre S/250 y S/450 por hogar, aunque este monto dependerá del nivel de ingresos de las familias y del tipo de productos o servicios adquiridos.

Este comportamiento estaría acompañado por una mayor presencia de promociones, facilidades de pago y campañas comerciales impulsadas por los negocios para captar clientes durante una de las temporadas de mayor movimiento del año.

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Además del impulso en ventas, la campaña de Fiestas Patrias también tendría un efecto positivo en el empleo. La CCL estima que las contrataciones temporales crecerían entre 8% y 12%, principalmente en comercio, restaurantes, hoteles, transporte, logística, confecciones y producción de alimentos, sectores que suelen reforzar sus equipos durante los periodos de mayor demanda.

“Las pequeñas empresas siguen siendo el principal motor del empleo en el país. Cuando una pyme vende más, también tiene mayores posibilidades de contratar más trabajadores y dinamizar las economías locales”, afirmó Ojeda.

La medida amplía el universo de potenciales beneficiarios de programas como Techo Propio, que otorga el Bono Familiar Habitacional (BFH) para la adquisición de vivienda nueva. Aunque la norma no crea un subsidio adicional ni modifica los montos vigentes, sí abre la posibilidad de que más personas que viven solas accedan a mecanismos de apoyo estatal para la compra de una vivienda.

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Además de las familias unipersonales, el reglamento reconoce otras formas de organización familiar, como las nucleares, extendidas, compuestas, ensambladas e integradas. Asimismo, establece que los beneficiarios de subsidios habitacionales directos e indirectos podrán acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS) siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa correspondiente.

Techo Propio y subsidios de hasta S/52.250: qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios

La incorporación de las familias unipersonales no elimina las condiciones exigidas para acceder a los programas de vivienda social. Entre los principales requisitos figura no ser propietario de una vivienda, terreno o aires independizados destinados a uso habitacional, así como no haber recibido anteriormente apoyo habitacional por parte del Estado.

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La norma también dispone que las viviendas adquiridas mediante estos programas deberán encontrarse registradas en el Registro Nacional de Vivienda (Renavi). Además, los beneficiarios no podrán vender, alquilar ni transferir el inmueble durante los primeros cinco años posteriores a su adquisición, periodo en el que deberá mantenerse como residencia principal.

En cuanto a los montos del Bono Familiar Habitacional, estos varían según la modalidad de acceso. Para la compra de una vivienda unifamiliar, el subsidio puede alcanzar los S/52.250, siempre que el valor del inmueble no supere los S/109.100. En el caso de departamentos, el bono asciende a S/47.850 para viviendas valorizadas hasta en S/136.100.

Asimismo, quienes opten por construir en un terreno propio podrán acceder a un bono de S/33.000, monto que puede incrementarse en determinadas regiones del país. Para el mejoramiento de una vivienda, el subsidio vigente es de S/12.650.

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Por otro lado, el reglamento incorpora ajustes para adecuarse a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de la política de vivienda social y adecuar el marco normativo vigente.

No obstante, la implementación de los cambios no será inmediata. El Ministerio de Vivienda contará con un plazo de hasta 180 días para adecuar los reglamentos operativos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones. Ese proceso definirá la forma en que las familias unipersonales podrán incorporarse a programas como Techo Propio y acceder a los beneficios previstos por el Estado.

Los resultados muestran que las desvinculaciones respondieron principalmente a decisiones de contención de gastos. El 46% de las áreas de Recursos Humanos identificó la reducción de costos como la principal causa de los despidos. A ello se suman el desempeño insuficiente del personal (44%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (20%), la situación económica general (16%), otros factores (10%) y los procesos de fusión o adquisición (6%).

La percepción de los trabajadores coincide con la reportada por las empresas. El estudio indica que el 71% de los talentos afirmó que en la organización donde trabaja hubo despidos durante el primer semestre, mientras que el 11% señaló haber perdido su empleo en ese mismo periodo.

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En la comparación regional incluida en el estudio, Panamá registró el mayor porcentaje de organizaciones que reportaron despidos (86%), seguida por Chile (71%), mientras que Perú y Ecuador alcanzaron el 68% y Argentina registró el 67%.

Aunque el estudio evidencia un incremento de las desvinculaciones respecto del año pasado, también recoge las perspectivas que tienen las empresas para los próximos meses. Las proyecciones reflejan un escenario en el que las organizaciones priorizan la continuidad de sus operaciones y evalúan con cautela sus decisiones sobre contratación y crecimiento de personal.

Qué revela el estudio sobre despidos, contrataciones y aumentos salariales

Las expectativas para el resto del año muestran que el 42% de las organizaciones planea mantener su plantilla actual, mientras que el 35% prevé incorporar más trabajadores y el 23% anticipa una reducción de personal. En cuanto al comportamiento del mercado laboral, el 45% considera que la evolución será positiva, el 41% espera un desempeño regular y el 14% proyecta un escenario negativo.

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El estudio también analiza las perspectivas salariales y encuentra que casi siete de cada diez empresas (69%) no tienen previsto otorgar aumentos de remuneraciones durante el segundo semestre. Solo el 31% planea realizar incrementos y, dentro de ese grupo, dos tercios prevén aumentos reales, mientras que el resto contempla ajustes por inflación o una combinación de ambos mecanismos.

Del lado de los trabajadores, el informe señala que el 65% no recibió un incremento salarial durante la primera mitad del año, frente a un 35% que sí obtuvo una mejora en sus ingresos. Entre quienes recibieron un aumento, el 72% indicó que se trató de un incremento real, mientras que otros reportaron actualizaciones por inflación o ambos tipos de ajuste.

Los resultados del estudio muestran que las empresas mantienen una estrategia de cautela frente al mercado laboral. Si bien una parte importante proyecta conservar o ampliar sus equipos de trabajo en los próximos meses, la investigación refleja que las empresas mantienen una postura cautelosa al definir sus políticas de contratación y remuneraciones, en un contexto en el que buscan sostener sus operaciones.

El comportamiento de la producción fue, sin embargo, desigual entre las regiones. Seis departamentos registraron incrementos en la extracción y, en conjunto, aportaron el 36,2% de la producción nacional de cobre en mayo. Áncash encabezó el crecimiento con un aumento de 69,4%, seguido por Lima (31,6%), Huánuco (7,5%), Arequipa (5,6%), Huancavelica (3,0%) y Pasco (1,4%). Estos resultados compensaron los descensos registrados en otras zonas productoras del país.

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Áncash registró el mayor incremento de la producción cuprífera en el país, con una expansión de 69,4% respecto a mayo de 2025. El INEI atribuye este resultado principalmente a la mayor extracción realizada por Antamina, una de las principales operaciones cupríferas del país.

En el mismo periodo, el departamento también reportó un incremento en la producción de oro y molibdeno. En contraste, la extracción de zinc, plomo y plata mostró una disminución, reflejando un comportamiento distinto entre los principales minerales explotados en la región.

Arequipa también contribuyó al resultado nacional al registrar un aumento de 5,6% en la producción de cobre. Según el informe, este desempeño estuvo sustentado en una mayor extracción de Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Bateas y Minera Titán del Perú, ubicando al departamento entre las regiones que registraron variaciones positivas durante el mes.

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Ocho regiones redujeron su producción de cobre

Aunque la producción nacional mostró un crecimiento, ocho departamentos registraron una disminución en la extracción de cobre frente a mayo de 2025. La mayor caída correspondió a Puno (-52,0%), seguida por Cajamarca (-22,2%) e Ica (-22,2%). También se observaron retrocesos en Cusco (-14,8%), Tacna (-10,2%), Moquegua (-6,6%), Apurímac (-5,3%) y Junín (-2,0%).

El informe precisa que, en Apurímac, la reducción estuvo vinculada a una menor producción de Minera Las Bambas. En Cajamarca, el descenso en la extracción de cobre estuvo acompañado por una reducción en la producción de oro, mientras que las demás regiones registraron menores volúmenes de producción respecto al mismo mes del año anterior.

El comportamiento de la actividad cuprífera se dio en un contexto de crecimiento de la producción nacional durante mayo de 2026. El Panorama Económico Departamental señala que el sector Minería e Hidrocarburos fue una de las actividades que contribuyó al avance de la economía ese mes, junto con el incremento de las exportaciones de productos tradicionales, entre ellos los minerales. En ese escenario, el mayor volumen de extracción registrado en varias de las principales operaciones mineras permitió compensar parcialmente las caídas observadas en otros departamentos y sostener el resultado positivo de la producción nacional de cobre.

La alerta cobra fuerza luego de que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantuviera el estado de alerta y no descartara que el evento alcance una magnitud extraordinaria durante los próximos meses. De concretarse este escenario, los efectos se sentirían en diversas regiones agrícolas del país, especialmente en aquellas donde la producción depende de las lluvias y donde la infraestructura de riego presenta mayores niveles de vulnerabilidad.

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El impacto no se limitaría a los campos de cultivo. Una reducción de la producción agrícola podría afectar la disponibilidad de alimentos y generar presiones sobre los precios de productos básicos de la canasta familiar.

Las proyecciones recogidas por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) describen un panorama complejo para los próximos meses. Mientras algunas zonas del norte y la Amazonía enfrentarían lluvias por encima de sus niveles habituales, regiones de la sierra centro y sur podrían verse afectadas por periodos de sequía que comprometerían el desarrollo de las campañas agrícolas.

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Papa, maíz y quinua: los cultivos que podrían resentir con mayor fuerza un Niño intenso

La posible alteración de los ciclos climáticos amenaza a varios de los principales cultivos destinados al consumo nacional. Entre ellos figuran la papa, el maíz, la quinua, frutas y diversas leguminosas que forman parte de la dieta diaria de millones de peruanos. Dependiendo de la intensidad del fenómeno, los rendimientos agrícolas podrían disminuir entre 30% y 60%.

La situación resulta especialmente delicada en la sierra peruana. Cerca del 64% de la superficie cultivada corresponde a agricultura de secano, una modalidad productiva que depende directamente de las precipitaciones para sostener sus cultivos. Cuando las lluvias disminuyen o se presentan fuera de temporada, las posibilidades de compensar la pérdida de agua son limitadas.

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Los riesgos también alcanzan a la infraestructura que sostiene la actividad agrícola. El desborde de ríos, los huaicos y la acumulación de sedimentos pueden afectar canales, bocatomas y sistemas de irrigación, dificultando el acceso al agua para miles de productores y retrasando la recuperación de las zonas afectadas.

Los antecedentes permiten dimensionar la magnitud de estos eventos, ya que durante el Fenómeno El Niño de 1983 se registraron más de 520.000 hectáreas agrícolas afectadas o destruidas. En 1998, la cifra superó las 205.000 hectáreas. Años más tarde, el Niño Costero de 2017 dejó alrededor de 51.000 hectáreas dañadas y pérdidas estimadas en US$380 millones para el sector agrario.

La producción agrícola en riesgo y el posible impacto en el precio de los alimentos

Las consecuencias de una menor producción agrícola podrían sentirse rápidamente en los mercados. Cuando disminuye la oferta de alimentos, los precios tienden a elevarse, afectando especialmente a los hogares que destinan una mayor parte de sus ingresos a la compra de productos básicos.

Uno de los productos más sensibles es la papa. Bajo un escenario de afectación del 50%, la oferta disponible para abastecer los mercados podría reducirse en aproximadamente 1,8 millones de toneladas. La disminución de este cultivo tendría efectos directos tanto en los ingresos de los productores como en el gasto de los consumidores.

Las proyecciones también consideran afectaciones sobre el arroz y diversos granos andinos, entre ellos la quinua, el maíz amiláceo, el trigo y la cebada.

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Ante este escenario, las organizaciones agrarias plantean acelerar las medidas de prevención y fortalecer los mecanismos de protección para los productores. Entre las propuestas figuran programas de financiamiento, ampliación de la cobertura del seguro agrario, rehabilitación de infraestructura hidráulica y acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de alimentos en las zonas que puedan resultar afectadas.

La evolución del fenómeno climático durante los próximos meses será determinante para el sector. En un país donde siete de cada diez alimentos provienen de la agricultura familiar, la capacidad de reducir los daños no solo influirá en la producción rural, sino también en la estabilidad de los precios y en la seguridad alimentaria de millones de peruanos.