Durante la ceremonia por el 17.° aniversario del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, Carrera Sáenz explicó que el plan tiene como principales objetivos preservar la capacidad productiva de la industria, proteger el empleo formal y asegurar una recuperación eficiente de las actividades una vez concluida la emergencia.

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El representante empresarial sostuvo que para enfrentar los desafíos que plantea el Fenómeno El Niño será necesario fortalecer el trabajo conjunto entre la industria pesquera, la pesca artesanal, las autoridades competentes y el Gobierno. En ese sentido, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado en beneficio del país. Asimismo, reafirmó el compromiso del gremio de continuar promoviendo una actividad pesquera sostenible, competitiva y responsable.

Exportaciones pesqueras superaron los US$6.656 millones en 2025

En el encuentro, el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura informó que las exportaciones pesqueras alcanzaron los US$6.656 millones durante 2025. De ese monto, la industria dedicada al consumo humano directo registró US$2.264 millones, lo que representó el 48,63% del total de las ventas al exterior. Además, destacó que los elaborados por las empresas asociadas al comité llegan a algunos de los mercados más exigentes del mundo gracias a sus estándares de calidad y al valor agregado de sus productos terminados.

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Asimismo, el primer vicepresidente de la SNI, David Enstein, resaltó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para fortalecer una actividad que genera miles de empleos formales, con una importante participación de mujeres. Por su parte, el expresidente de la SNI, Ricardo Márquez Flores, señaló que la pesca y la acuicultura continuarán siendo motores del empleo regional y exhortó a impulsar su crecimiento mediante reglas claras y seguridad jurídica.

El evento reunió a empresarios del sector y representantes del Gobierno, entre ellos el ministro de Comercio Exterior, Berthin Gómez; el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos; el presidente ejecutivo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Jorge Manuel Paz, así como otras autoridades vinculadas a la actividad pesquera y acuícola.

Con la elaboración de este plan de emergencia, el sector pesquero busca anticiparse a los efectos del Fenómeno El Niño y fortalecer la coordinación entre empresas, autoridades y demás actores involucrados para proteger la producción, el empleo formal y la continuidad de una de las actividades económicas más importantes del país.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.º 270-2026-MINEM/DM, que autoriza la difusión del proyecto normativo y de su exposición de motivos en la sede digital del ministerio para recibir comentarios de la ciudadanía y de las instituciones interesadas.

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Planificación energética buscará garantizar un desarrollo sostenible

Según el MINEM, la iniciativa establece las condiciones, el alcance, las etapas y los plazos que deberán seguirse para la planificación energética del país. La medida busca orientar las decisiones del sector bajo un enfoque que garantice un suministro de energía confiable, continuo y eficiente.

Asimismo, la propuesta se alinea con la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, el Acuerdo de París sobre cambio climático y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030, instrumentos que promueven el desarrollo sostenible y el uso eficiente de la energía.

Proyecto de decreto recibirá aportes durante 20 días

La resolución establece un período de 20 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación, para que entidades públicas, empresas privadas, especialistas y ciudadanos presenten observaciones, sugerencias o comentarios sobre el texto.

Los aportes podrán remitirse mediante la Mesa de Partes del Ministerio de Energía y Minas o a través del correo electrónico habilitado por la entidad para este proceso.

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Dirección General de Eficiencia Energética evaluará los aportes

El MINEM encargó a la Dirección General de Eficiencia Energética la recepción, sistematización y evaluación de todos los comentarios que se reciban durante la consulta pública.

Una vez concluido este proceso, el ministerio analizará las observaciones presentadas para determinar su incorporación en la versión final del decreto supremo que regulará la planificación energética en el país.

Ante esto, la legislación peruana establece que los trabajadores tienen derecho a descansar durante los feriados nacionales sin que ello afecte su remuneración. No obstante, existen actividades que no se detienen, como la minería, la industria, los restaurantes, los hoteles o el comercio, donde parte del personal continúa laborando.

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El abogado laboralista César Puntriano explicó que, cuando un trabajador presta servicios durante un feriado y no recibe un descanso compensatorio, tiene derecho a percibir una remuneración adicional equivalente a dos jornales diarios. En la práctica, precisó, no se trata de pago triple, ya que la remuneración correspondiente al feriado ya está incluida en el sueldo mensual. La misma regla también alcanza a quienes realizan trabajo remoto.

En cambio, si la empresa otorga un descanso sustitutorio en otra fecha, el pago adicional deja de corresponder. Asimismo, el incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción muy grave y puede ser sancionado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) con multas que superan los S/288.000, dependiendo del número de trabajadores afectados.

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Puntriano advirtió, además, que uno de los principales conflictos laborales ocurre cuando algunas empresas no reconocen correctamente la sobretasa por laborar durante un feriado. A ello se suma la situación de los trabajadores informales, quienes en la práctica continúan trabajando sin acceder a estos beneficios.

Empresas y sindicatos discrepan sobre el impacto de los feriados

El incremento de feriados aprobado en los últimos años también ha generado posiciones encontradas entre el sector empresarial y los sindicatos. Para la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el aumento de días no laborables ha elevado los costos de producción, especialmente en actividades donde detener las operaciones no es una opción.

"Cada feriado implica una reducción de producción en sectores donde la producción no se puede parar", afirmó Antonio Castillo, director institucional del gremio.

Explicó que industrias como la agroindustria, la siderurgia, la cerámica y parte del sector manufacturero deben mantener una producción continua, por lo que un feriado implica mayores costos laborales y una menor producción efectiva.

Según las estimaciones de la SNI, los cuatro feriados incorporados durante los dos últimos años representarían una reducción cercana a 0,3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a aproximadamente S/3.000 millones en producción que dejaría de generarse.

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Castillo sostuvo que el impacto también alcanza a pequeños negocios y trabajadores independientes que dependen de la actividad económica diaria. En ese sentido, planteó revisar el calendario nacional y evaluar que algunas fechas conmemorativas permanezcan como celebraciones cívicas, pero sin convertirse necesariamente en días no laborables.

La visión es distinta desde la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Para el gremio sindical, los feriados forman parte de los derechos laborales y permiten que los trabajadores recuperen energías, fortalezcan la convivencia familiar y dispongan de espacios para el descanso.

"El descanso es un derecho ganado por los trabajadores para poder compartir con sus familias y recuperar sus energías", sostuvo Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP.

El dirigente indicó que la organización respalda las medidas que amplían los espacios de descanso, aunque considera que estos beneficios deberían aplicarse de manera uniforme entre trabajadores del sector público y privado.

Explicó que, cuando se decretan días no laborables para el sector público, muchos trabajadores del sector privado terminan recuperando posteriormente esas horas, lo que, a su juicio, genera un tratamiento desigual entre ambos regímenes laborales.

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El turismo ve en los feriados una oportunidad para dinamizar la economía

Mientras empresas y sindicatos mantienen posiciones enfrentadas, el sector turismo considera que los feriados largos representan uno de los principales motores del turismo interno.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante Semana Santa de 2026 cerca de 1,9 millones de turistas nacionales recorrieron el país y generaron un impacto económico de US$228,5 millones, con un gasto promedio de S/500 por persona.

Para Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), el debate no debería centrarse en reducir el número de feriados, sino en aprovecharlos mejor.

Afirmó que estos periodos impulsan el movimiento de hoteles, restaurantes, empresas de transporte, agencias de viaje, guías turísticos, comercios y emprendimientos familiares, contribuyendo a distribuir ingresos en distintas regiones del país. Asimismo, recordó que un solo feriado largo puede generar entre US$135 millones y más de US$220 millones en actividad económica, dependiendo de la temporada y de la duración del descanso.

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¿Se deberían reducir los feriados?

Desde una perspectiva legal, César Puntriano considera que el actual calendario de feriados merece una revisión.

El especialista recordó que entre 1991 y 2021 el Perú mantuvo 12 feriados nacionales y que recién entre 2021 y 2023 se incorporaron cuatro nuevas fechas de carácter cívico-militar. En su opinión, estas conmemoraciones podrían mantenerse sin necesidad de convertirse en días de descanso obligatorio.

Añadió que diversos organismos, como el Banco Central de Reserva (BCR), han advertido que un exceso de feriados puede tener efectos sobre la actividad económica, aunque también reconocen beneficios para la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, así como para el turismo. Entre las alternativas planteadas figuran trasladar algunos feriados a los lunes o viernes, o convertir ciertas fechas en celebraciones sin descanso obligatorio.

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Cualquier modificación, sin embargo, requerirá una ley aprobada por el Congreso, ya que los feriados nacionales están regulados por normas con rango de ley. Mientras ese debate continúa, el país mantiene posiciones divididas entre quienes priorizan la competitividad económica, quienes defienden el derecho al descanso y quienes ven en los feriados una oportunidad para impulsar el desarrollo del turismo interno.

Datos:

• 4 nuevos feriados se incorporaron al calendario nacional entre 2021 y 2023.
• Más de S/288.000 pueden alcanzar las multas por incumplir el pago correspondiente por laborar en feriados.
• 0,3 puntos porcentuales del PBI sería la reducción atribuible a los cuatro nuevos feriados, según la SNI.
• S/3.000 millones en producción dejarían de generarse por esos cuatro feriados, según la SNI.
• 1,9 millones de turistas nacionales viajaron durante Semana Santa de 2026, según el Mincetur.
• US$228,5 millones fue el impacto económico generado en Semana Santa de 2026, según el Mincetur.
• S/500 fue el gasto promedio por turista durante Semana Santa de 2026, según el Mincetur.
• Entre US$135 millones y más de US$220 millones puede generar un solo feriado largo en actividad económica.
• 12 feriados nacionales tuvo el Perú entre 1991 y 2021, antes de las últimas incorporaciones.

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No obstante, especialistas advierten que el potencial geológico, por sí solo, no garantiza el éxito. La capacidad del Estado para agilizar permisos, ofrecer estabilidad jurídica y generar condiciones atractivas para la inversión privada será determinante para que estos recursos se conviertan en empleo, exportaciones y desarrollo regional.

Macusani podría colocar al Perú en el mapa del litio

El exministro de Energía y Minas y consultor internacional, Rómulo Mucho Mamani, señaló a La República que el litio y el uranio han adquirido un carácter estratégico debido al avance de la transición energética y la creciente demanda internacional de minerales críticos.

"Existen estos elementos, tanto el uranio como el litio. Ambos hoy tienen una importancia estratégica porque son minerales que pocos países disponen en el mundo", afirmó.

Según explicó, el proyecto Macusani podría contar con reservas superiores a 5 millones de toneladas de litio, volumen que permitiría al Perú dejar de ser un actor emergente para integrarse al grupo de grandes productores mundiales.

"Podría haber reservas importantes mayores a cinco o seis millones de toneladas, lo que también nos pondría en el mapa, que ya no sería el Triángulo del Litio, sino el Cuadrilátero del Litio", precisó.

Sin embargo, indicó que el principal obstáculo continúa siendo la demora en los procesos administrativos.

"Que los permisos avancen para que la empresa cumpla con todos los requisitos establecidos y pueda recibir la aprobación del Gobierno", manifestó al señalar que la rapidez en las autorizaciones será decisiva para concretar las inversiones.

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El desafío es industrializar los recursos y generar mayor valor agregado

Carlos Herrera Descalzi, ingeniero y exministro de Energía y Minas, consideró que el verdadero reto para el país no consiste únicamente en extraer minerales, sino en desarrollar industrias que permitan aprovechar una mayor parte de la cadena productiva.

"Los minerales, más que tener un ámbito local, tienen un ámbito nacional y, más que nacional, tienen un ámbito universal", sostuvo.

En ese sentido, explicó a La República que el litio representa una oportunidad para impulsar industrias vinculadas a la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento energético, mientras que el uranio tiene aplicaciones en generación eléctrica, medicina e industria, aunque requiere elevados estándares tecnológicos y regulatorios.

Asimismo, remarcó que la competitividad dependerá tanto de la calidad de los yacimientos como de las condiciones que ofrezca el país a los inversionistas.

"Los países que son sólo productores de materias primas aprovechan solamente la primera parte. El reto del Perú es participar más en el resto de la cadena para poder mejorar su economía", afirmó.

También advirtió que la excesiva burocracia resta competitividad frente a otros mercados mineros.

"Se requiere un Estado que acompañe, no un Estado que estorbe", puntualizó.

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Gobierno apuesta por convertir los minerales en desarrollo

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, afirmó que el aprovechamiento del litio y el uranio debe convertirse en una herramienta para impulsar el desarrollo económico de las regiones y mejorar la calidad de vida de la población.

"Nuestra aspiración va más allá del aprovechamiento de estos recursos. Nuestro objetivo es que esa riqueza se traduzca en oportunidades reales de desarrollo para esta parte del país", señaló.

Asimismo, sostuvo que la estrategia del Gobierno busca impulsar cadenas de valor que permitan al Perú dejar de depender exclusivamente de la exportación de materias primas.

"Nuestra visión es que el Perú no sea solamente un proveedor de materias primas, sino un país capaz de agregar valor a sus recursos, desarrollar nuevas industrias y consolidarse como un centro regional de innovación energética", indicó.

El escenario internacional refuerza estas perspectivas. Mientras Australia lidera la producción mundial de litio y Chile y Argentina consolidan su posición en Sudamérica, países como China, Estados Unidos y Francia incrementan sus inversiones en energía nuclear, impulsando una mayor demanda de uranio para las próximas décadas.

Los especialistas coinciden en que el Perú dispone de una ventaja geológica que pocos países poseen, pero advierten que el verdadero desafío será transformar ese potencial en proyectos concretos. Para ello será indispensable ofrecer estabilidad jurídica, agilizar los permisos, atraer inversiones y desarrollar industrias con mayor valor agregado. De lograrse estos objetivos, el litio y el uranio podrían convertirse en nuevos motores del crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo sostenible de las regiones del sur del país.

En la práctica, quienes cumplan los requisitos podrán ingresar determinados bienes sin pagar los tributos de importación; es decir, los impuestos que normalmente gravan el ingreso de mercancías provenientes del exterior.

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¿Qué bienes pueden ingresar sin pagar impuestos?

La ley permite importar bienes valorizados en conjunto hasta US$ 450.000, distribuidos en tres categorías. El beneficio comprende, en primer lugar, el ingreso de menaje de casa, como muebles, electrodomésticos y otros artículos de uso doméstico, por un valor de hasta US$ 50.000.

Asimismo, los migrantes retornados podrán importar un vehículo valorizado hasta en US$50.000, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

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La mayor exoneración está destinada a quienes buscan emprender o reanudar una actividad económica en el país. En ese caso, podrán ingresar maquinaria, equipos, herramientas y otros bienes de capital por un valor de hasta US$350.000. Este último concepto hace referencia a los bienes utilizados para producir otros bienes o prestar servicios, como maquinaria industrial, equipos especializados o instrumentos de trabajo.

En total, el valor máximo de los bienes que pueden acogerse al beneficio asciende a US$ 450.000. Cabe precisar que la ley no crea nuevas exoneraciones, sino que prorroga un régimen que estaba próximo a vencer, garantizando su continuidad hasta fines de 2029. La norma entrará en vigencia el 14 de julio de 2026.

Prórroga busca facilitar el retorno de peruanos y promover nuevos emprendimientos

El propósito de este régimen es reducir las dificultades económicas que enfrentan muchos peruanos cuando deciden regresar definitivamente al Perú después de varios años de residencia en el extranjero.

Al eliminar el pago de determinados tributos de importación, la norma facilita el traslado del patrimonio familiar y, al mismo tiempo, incentiva que quienes vuelvan puedan instalar un negocio o retomar su actividad profesional con menores costos iniciales.

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Además de aliviar la carga tributaria, la prórroga ofrece mayor seguridad a quienes tienen previsto retornar en los próximos años, ya que asegura que estos beneficios seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2029.

Para acceder a las exoneraciones, los interesados deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado y realizar el procedimiento correspondiente ante las autoridades competentes.

La iniciativa busca incorporar recursos adicionales al Presupuesto Público para financiar inversiones, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y atender nuevas necesidades de gasto durante este año. Entre los temas que aún deberán definirse figura la fórmula para implementar el pago de gratificaciones a los trabajadores del régimen CAS, además de pedidos para financiar obras de infraestructura, becas y recursos vinculados a la prevención frente al Fenómeno El Niño.

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La sesión, que sería la última del actual Parlamento unicameral, reabrió la discusión sobre las gratificaciones para los trabajadores CAS después de que la Comisión de Presupuesto retirara la disposición que planteaba reconocer de manera gradual este beneficio junto con la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Esa decisión respondió a las observaciones formuladas por el MEF, que advirtió que la propuesta no contaba con una fuente de financiamiento permanente y podía generar un mayor impacto sobre las cuentas fiscales. Ante ese escenario, el grupo de trabajo se comprometió a elaborar una alternativa que permitiera avanzar con el beneficio sin poner en riesgo la sostenibilidad del presupuesto público.

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Tras más de dos horas de intervenciones de congresistas de distintas bancadas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, solicitó, inicialmente, un cuarto intermedio hasta las 9:00 p.m. para consensuar una nueva versión del texto junto con el equipo técnico del MEF e incorporar los principales pedidos planteados durante el debate.

Crédito suplementario financiará obras, elecciones y recursos para gobiernos regionales

Durante la exposición, Soto explicó que el crédito suplementario permitirá evitar la paralización de proyectos de inversión pública en distintas regiones del país y asegurar el soporte logístico para las Elecciones Regionales y Municipales de octubre del 2026.

El legislador indicó que el pedido de recursos responde, además, a un déficit operativo que viene afectando áreas consideradas prioritarias, como los servicios de salud, la administración de justicia, la seguridad ciudadana y el sistema educativo.

Uno de los principales componentes de la iniciativa es el fortalecimiento de los presupuestos regionales y municipales. El artículo 27 del proyecto autoriza a los gobiernos subnacionales a incorporar S/5.435 millones provenientes de mayores ingresos por canon, sobrecanon y regalías. Estos recursos corresponden principalmente a la distribución de ingresos generados por actividades extractivas, como la minería y los hidrocarburos, y solo pueden destinarse a proyectos de inversión y obras públicas.

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Los S/4.160 millones restantes del crédito suplementario se financiarán mediante S/2.900 millones de recursos ordinarios del Tesoro Público y S/1.260 millones obtenidos a través de la emisión de bonos soberanos, mecanismo mediante el cual el Estado obtiene financiamiento en el mercado para cubrir necesidades presupuestales.

"La verdadera responsabilidad fiscal no radica en congelar el presupuesto ante la realidad, sino en gestionar los recursos con eficiencia", sostuvo Soto durante su intervención.

Congreso plantea ajustes al dictamen mientras insiste en incluir las gratificaciones para trabajadores CAS

Aunque el respaldo al crédito suplementario fue mayoritario, el debate estuvo marcado por una serie de pedidos para incorporar proyectos específicos de infraestructura en diferentes regiones del país.

El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) solicitó destinar recursos para mejorar instituciones educativas en Puno, mientras que Maricarmen Alva (Acción Popular) pidió garantizar financiamiento para la Beca Generación del Bicentenario, programa que permite a estudiantes peruanos realizar estudios de posgrado en universidades del extranjero.

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En tanto, Roberto Kamiche (APP) y Luis Aragón (Acción Popular) plantearon incluir obras de agua potable y alcantarillado en Vilcashuamán (Ayacucho), el distrito de Singa (Huánuco) y la provincia de Jaén (Cajamarca).

Por su parte, Jorge Morante (Somos Perú) solicitó priorizar el mejoramiento de establecimientos de salud en Caballococha y Santa Rosa, en la región Loreto. A ello se sumaron los pedidos de Karol Paredes (Avanza País) y Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular), quienes plantearon financiar la construcción de puentes en San Martín y Junín, respectivamente.

Todos estos planteamientos serán evaluados durante el cuarto intermedio solicitado por la Comisión de Presupuesto, que trabajará con el equipo técnico del MEF en una nueva versión del dictamen antes de que la Comisión Permanente reanude la discusión.

Cabe recordar que la tasa de interés de referencia es el principal instrumento de política monetaria del BCRP. En términos simples, influye en el costo del dinero para bancos, empresas y familias. Precisamente por ese impacto, el Directorio decidió mantenerla en 4,25% tras evaluar la evolución reciente de la inflación, la actividad económica y el contexto internacional.

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BCRP: inflación continúa cediendo, aunque persisten riesgos que podrían presionar los precios

El BCRP informó que la inflación mensual fue de 0,23% en junio, mientras que la inflación sin alimentos y energía, un indicador que permite medir la tendencia de fondo de los precios, se ubicó en 0,08%. El resultado del mes estuvo impulsado principalmente por el alza del pescado debido a los oleajes anómalos registrados en el litoral peruano.

En términos anuales, la inflación pasó de 3,9% en mayo a 4,0% en junio, mientras que la inflación subyacente aumentó de 4,4% a 4,5%. Según el banco emisor, este comportamiento responde, sobre todo, al incremento de los combustibles entre marzo y abril y a su impacto en los costos del transporte. Sin embargo, al excluir ese rubro, la inflación se mantiene en 1,6% anual, por debajo del 2% desde abril del año pasado.

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Otro dato que respaldó la decisión del Directorio fue la reducción de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, que bajaron de 2,9% a 2,8% y continúan dentro del rango meta del BCRP. No obstante, la entidad advirtió que un fenómeno de El Niño más intenso o un agravamiento de las tensiones en Medio Oriente podrían volver a presionar los precios de los alimentos y los combustibles.

Economía peruana mantiene un desempeño favorable, según el BCRP

El Banco Central también señaló que los indicadores adelantados de junio reflejan que la actividad económica mantiene un buen desempeño y que las expectativas empresariales continúan en terreno optimista. A nivel internacional, si bien los precios del petróleo han retrocedido por una mayor normalización del mercado de hidrocarburos, la incertidumbre geopolítica aún persiste.

Si bien la inflación muestra señales de estabilización, el banco emisor considera que aún es prematuro bajar la guardia. Por ello, continuará evaluando el comportamiento de los precios y de la economía antes de adoptar cualquier cambio en su política monetaria. Su siguiente revisión del Programa Monetario se realizará el 13 de agosto del 2026.