El Ejecutivo sostiene que el sistema actual puede generar incentivos para que algunos negocios no crezcan, debido a que pasar de un régimen a otro implica asumir nuevas obligaciones. Sin embargo, durante la exposición no se precisó qué regímenes serían modificados, qué tasas cambiarían ni cómo funcionaría el eventual nuevo esquema.

La propuesta forma parte de una agenda que también busca reducir la informalidad y evasión, ampliar el financiamiento e impulsar la inversión pública y privada, aunque varias medidas aún requieren proyectos, reglamentos o decisiones de inversión.

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Reforma a las mypes: ¿qué plantea el Gobierno y qué falta definir?

El diagnóstico presentado por Galarreta parte de una dificultad que enfrentan las empresas cuando aumentan sus ingresos y deben asumir mayores obligaciones tributarias. Según el Ejecutivo, la estructura actual puede generar incentivos para que algunos negocios eviten superar determinados niveles de ventas, dividan sus operaciones o permanezcan en la informalidad.

Por ello, el Gobierno solicitará facultades para revisar los regímenes tributarios dirigidos a las empresas de menor tamaño. La propuesta busca, según explicó el premier, simplificar las reglas y hacer más gradual la transición a medida que los negocios aumenten su capacidad y sus ingresos.

Pero el anuncio todavía no permite conocer cómo cambiaría la situación de una mype en términos concretos.

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Durante su presentación no se detallaron nuevas tasas del Impuesto a la Renta, límites de ingresos, número de regímenes que permanecerían vigentes ni las condiciones que tendría una empresa para pasar de una categoría a otra. Tampoco se precisó si la reforma implicaría una reducción de la carga tributaria para determinados negocios o, por el contrario, un mayor pago para otros.

Facultades también contemplan cambios en Impuesto a la Renta y aduanas

El pedido de facultades no se limitaría a las mypes. Galarreta anunció también una simplificación de obligaciones formales, modificaciones y precisiones en las reglas del Impuesto a la Renta y una modernización del régimen aduanero, es decir, de las normas relacionadas con el ingreso y salida de mercancías del país.

El Gobierno también plantea revisar algunas exoneraciones tributarias. Sin embargo, tampoco en este punto se identificaron durante el discurso cuáles serían los beneficios que podrían modificarse ni qué efecto tendría esa revisión sobre los sectores actualmente comprendidos.

La agenda tributaria estará acompañada por cuatro comisiones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé crear para abordar la informalidad laboral, el financiamiento de empresas y proyectos, la inversión pública y la evasión tributaria.

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En el caso de la informalidad, el objetivo anunciado es ampliar el número de trabajadores y empresas que ingresan a la economía formal. En financiamiento, el Ejecutivo plantea facilitar el acceso de las empresas a recursos para desarrollar proyectos. En ambos casos, el Gobierno ha planteado hacia dónde quiere llegar, pero todavía no ha precisado con qué medidas lo hará.

Algo similar ocurre en otros puntos de la agenda económica. Para las mypes, por ejemplo, el Gobierno prevé requerimientos por cerca de S/11 millones durante el segundo semestre de 2026 a través de Compras a MYPErú, principalmente para los sectores textil-confecciones, cuero y calzado y metalmecánica.

En el agro, anunció más de S/1.000 millones en desembolsos de AGROPERÚ y AGROBANCO durante 2026, además del destrabe de 75 obras de riego paralizadas, que representan una inversión de S/618,9 millones.

En energía, la meta es incorporar seis proyectos de generación que sumarían 1.096 megavatios hacia julio de 2027. En minería, el Gobierno menciona una cartera de más de US$33.000 millones hasta 2031. Sin embargo, esas inversiones dependen de empresas privadas. Galarreta señaló que el Estado buscará reducir trabas y dar mayor predictibilidad a los proyectos, sin rebajar las exigencias ambientales.

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También se anunció que el Tratado de Libre Comercio con Hong Kong entrará en vigor durante 2026, además de una ampliación de las compras corporativas del Estado.

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La obligación no se limita a empresas de gran tamaño. Para este año, la Sunat estableció que las personas jurídicas con ingresos netos de más de 25 UIT y hasta 50 UIT deben declarar en julio; aquellas con ingresos de más de 10 UIT y hasta 25 UIT, en septiembre; y las que registraron hasta 10 UIT, en noviembre. Las demás personas jurídicas que no estén comprendidas en estos tramos también deberán presentar la declaración en noviembre, independientemente de su nivel de ingresos.

El esquema forma parte de las reglas establecidas por la Resolución de Superintendencia N.° 000168-2025/Sunat, publicada en mayo de 2025, que fijó los sujetos obligados a presentar la declaración en 2025, 2026 y los años siguientes.

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¿Quién es el beneficiario final?

El concepto puede generar confusión porque no necesariamente corresponde al representante legal de una empresa ni a quien aparece formalmente como su gerente. Para la administración tributaria, el beneficiario final es la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla una persona jurídica o ente jurídico, incluso cuando esa propiedad o control se ejerce de manera indirecta mediante una cadena de titularidad.

En el caso de una empresa, uno de los criterios considera a la persona natural que posee, directa o indirectamente, una participación relevante en el capital. Si no es posible determinar al beneficiario mediante el criterio de propiedad, deben revisarse las condiciones de control. La normativa también contempla un criterio residual cuando no pueda identificarse al beneficiario bajo los mecanismos anteriores.

La información que se busca no se limita, por tanto, al nombre del accionista que aparece inmediatamente en una estructura empresarial. La finalidad es conocer quién está al final de la cadena de propiedad o quién ejerce efectivamente el control.

El trámite se realiza por internet

La declaración se presenta mediante el Formulario Virtual N.° 3800, disponible en Sunat Operaciones en Línea (SOL). El contribuyente debe ingresar con su código de usuario y clave SOL, seleccionar la opción correspondiente a las declaraciones informativas y completar la información solicitada.

No todos los casos requieren el mismo procedimiento. La Sunat precisa que, cuando se declara a un solo beneficiario final que reside en el Perú y posee directamente como mínimo el 10% del capital de la persona jurídica, la información puede consignarse directamente en el Formulario 3800.

En otros casos se debe utilizar además el archivo generado mediante el aplicativo Excel habilitado por la administración tributaria. Esto ocurre, por ejemplo, cuando existen varios beneficiarios finales, cuando el beneficiario no reside en el Perú o cuando la propiedad o el control se determina mediante una cadena de titularidad o de control.

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También alcanza a fondos y patrimonios

La obligación no se circunscribe a las sociedades comerciales tradicionales. También comprende a determinados entes jurídicos domiciliados en el Perú, entre ellos patrimonios autónomos, fideicomisos y fondos de inversión o fondos mutuos, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.

Para estos casos, el periodo de presentación correspondiente es noviembre de 2026. La Sunat también establece que los entes jurídicos constituidos en el país e inscritos en el RUC entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre de 2026 deberán cumplir con la declaración en las fechas correspondientes al periodo noviembre de 2026.

La obligación tiene su origen en el Decreto Legislativo N.° 1372, publicado en 2018, y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 003-2019-EF. Estas normas establecieron el deber de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la identidad de sus beneficiarios finales y definieron los mecanismos para obtener, conservar y utilizar esa información.

El objetivo está relacionado con la transparencia de las estructuras de propiedad y control y con las obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria. La información también forma parte de las herramientas utilizadas en la prevención de la evasión y elusión fiscal y del lavado de activos.

Un punto que deben considerar los contribuyentes es que la declaración no tiene que presentarse necesariamente todos los años. La propia Sunat señala que debe actualizarse cuando la información declarada cambie.

Para quienes tienen vencimiento en los próximos meses, el calendario ya está definido: julio para el tramo de más de 25 hasta 50 UIT, septiembre para quienes superan 10 UIT y llegan hasta 25 UIT, y noviembre para quienes tienen ingresos de hasta 10 UIT y para los demás sujetos comprendidos en los supuestos establecidos por la resolución.

Solo en junio se ejecutaron US$662 millones, el monto mensual más alto del año y 39,1% superior al registrado en junio de 2025. Frente a mayo, el incremento fue de 10,6%. Los mayores avances interanuales se produjeron en Desarrollo y Preparación, con 113,5%; Infraestructura, con 84,9%; y Otros, con 76,6%. También aumentaron Planta de Beneficio (11,4%) y Exploración (2,8%).

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La composición del crecimiento es relevante porque muestra que el mayor gasto no necesariamente significa que nuevas minas estén entrando inmediatamente en producción. Parte del dinero se dirige a sostener o ampliar unidades existentes, una dinámica que permite mantener capacidad productiva mientras los proyectos de mayor escala atraviesan sus distintas etapas de evaluación, permisos y construcción.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya había registrado este cambio de ritmo durante el primer trimestre. Entre enero y marzo, la inversión minera llegó a US$1.500 millones, US$456 millones más que en el mismo periodo de 2025. En ese momento, Southern Peru, Shougang, Las Bambas y Antamina concentraron los mayores desembolsos.

El dinero se concentra en pocas compañías

El ranking empresarial del primer semestre vuelve a mostrar una alta concentración de la inversión en grandes operaciones mineras.

Southern Peru Copper Corporation aparece en el primer lugar, impulsada por desembolsos en la acumulación Toquepala 1 y la planta de beneficio Concentradora de Botiflaca, además de inversiones en infraestructura, desarrollo, preparación y equipamiento.

En segundo lugar figura Shougang Hierro Perú, cuya inversión creció 135,4% interanual, principalmente por mayores desembolsos en la planta de beneficio Acumulación San Nicolás y en la unidad económica administrativa CPS 1.

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Minera Las Bambas ocupa la tercera posición, con inversiones vinculadas a sus unidades Ferrobamba y Chalcobamba. El caso de Las Bambas resulta especialmente relevante por el tamaño de los desembolsos que requiere mantener y ampliar una operación de esta escala.

La concentración no es nueva. Al cierre del primer trimestre, Southern había invertido US$188 millones, Shougang US$153 millones y Las Bambas US$144 millones. En conjunto con Antamina, las cuatro compañías explicaban 40% de la inversión minera ejecutada en ese periodo.

Esto significa que una parte considerable del crecimiento registrado durante el año depende de decisiones de inversión tomadas por un grupo relativamente reducido de empresas. Por ello, el aumento de la cifra agregada no debería confundirse automáticamente con una expansión generalizada de toda la actividad minera.

Hay proyectos, pero no todos están listos para producir

El otro dato que permite poner el resultado en contexto es la cartera de proyectos. La edición 2026 del Minem contempla 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$64.075 millones. Sin embargo, ese monto corresponde a una cartera de iniciativas en diferentes etapas, no a dinero que esté siendo ejecutado actualmente.

La diferencia es importante. Entre una propuesta incluida en una cartera y una operación que empieza a producir pueden pasar varios años. Los proyectos atraviesan exploración, estudios de factibilidad, evaluación ambiental, permisos, construcción y puesta en marcha. Por eso, el valor total de la cartera funciona como una referencia del potencial futuro, pero no equivale a inversión asegurada.

En paralelo, el Minem reportó en marzo una cartera de 69 proyectos de exploración por US$757 millones. La exploración es precisamente una de las etapas que determina cuánto del potencial geológico puede convertirse posteriormente en nuevas operaciones.

El BCRP también contempla un escenario de mayor inversión minera para 2026-2027, asociado principalmente con proyectos como Tía María, Reposición Antamina y Reposición Ferrobamba. En 2025, la inversión minera ascendió a US$6.225 millones, según el banco central.

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El desafío no termina con invertir

El crecimiento de 42,7% llega en un momento en que el sector minero mantiene un peso importante en la economía peruana, pero también enfrenta obstáculos para convertir proyectos en producción efectiva.

El incremento de los desembolsos en infraestructura y desarrollo indica que las empresas están destinando más recursos a sus operaciones. No obstante, para que ese esfuerzo se traduzca en mayor producción, exportaciones, empleo y recaudación, los proyectos deben avanzar más allá de las etapas de inversión y sostener su actividad en el tiempo.

Otro elemento es la distribución territorial. La cartera de proyectos abarca 19 departamentos, pero la ejecución efectiva continúa dependiendo de la ubicación de las grandes operaciones y de la capacidad de cada proyecto para superar sus etapas administrativas, ambientales y sociales.

Los recursos fiscales asociados a la minería también tienen una dimensión regional. Entre enero y abril de 2026, el Minem reportó más de S/15.000 millones en ingresos fiscales provenientes de la actividad minera y transferencias superiores a S/4.121 millones por canon, regalías mineras y derecho de vigencia y penalidad.

La cifra de inversión, por tanto, cuenta solo una parte de la historia. El salto hasta los US$3.304 millones muestra una aceleración clara de los desembolsos, pero el resultado económico de este ciclo dependerá de cuánto de ese capital termine ampliando la producción y cuánto permanezca destinado al sostenimiento de operaciones existentes.

Mientras tanto, las compañías que concentran las mayores inversiones continúan definiendo buena parte del ritmo del sector. En junio, con US$662 millones ejecutados en un solo mes, el mercado minero volvió a colocar sobre la mesa una pregunta que va más allá del monto anunciado: cuánto de esta inversión terminará convirtiéndose en nueva capacidad productiva y en qué plazo.

La iniciativa se sustenta en el artículo 16 de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que establece que los aportes, tanto obligatorios como voluntarios, pueden efectuarse mediante aplicativos móviles, billeteras móviles, agentes bancarios u otros mecanismos innovadores, de acuerdo con las normas que se desarrollen para su aplicación.

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¿Qué propone la SBS para pagar los aportes?

El proyecto incorpora un nuevo artículo al Compendio de Normas Reglamentarias del SPP para establecer que empleadores, trabajadores dependientes e independientes y terceros puedan realizar aportes previsionales mediante billeteras digitales, otros aplicativos digitales, cajeros corresponsales u otros mecanismos permitidos por la regulación vigente.

Esto abre la puerta a que el pago de una contribución previsional pueda efectuar se utilizando canales digitales que ya forman parte de las operaciones financieras cotidianas, en lugar de concentrar el proceso en los mecanismos tradicionales de recaudación.

La propuesta también define a las denominadas instituciones intermediarias. Estas serían las entidades de servicios de pago contempladas en la Circular N.° 0022-2025-BCRP, siempre que suscriban los convenios correspondientes con las Empresas Administradoras de Fondos (EAF).

Los convenios deberán establecer las condiciones y plazos del servicio. Entre otros puntos, la institución intermediaria tendrá que transferir los recursos recaudados a más tardar el segundo día hábil posterior al pago y cumplir con disposiciones relacionadas con la recepción, validación, registro, custodia y transferencia de los aportes.

Bancos y financieras: ¿qué papel tendrán?

La propuesta mantiene la posibilidad de que la recaudación de los aportes sea realizada por las EAF o, en su nombre, por empresas bancarias, financieras u otras entidades autorizadas por la SBS que operen en el país. Para ello, deberán existir convenios entre la administradora y la institución recaudadora.

Estos acuerdos tendrán que establecer, entre otros aspectos, los servicios que brindará la entidad, la retribución correspondiente y las condiciones para transferir los recursos. El proyecto señala que el dinero recaudado deberá ser abonado el mismo día en las cuentas establecidas para tal finalidad.

Además, el costo del servicio de recaudación será asumido por la EAF que lo solicite. El proyecto establece expresamente que este gasto no podrá trasladarse al afiliado, al fondo de pensiones ni al empleador.

Otro punto planteado por la SBS es evitar acuerdos de exclusividad. Las instituciones recaudadoras deberán mantener condiciones equivalentes de precio, calidad y plazos cuando celebren convenios con otras EAF que puedan solicitar el servicio. Tampoco podrán establecer mecanismos que generen un trato preferencial para determinados afiliados o empleadores.

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Normas de seguridad para los aportes

La ampliación de los canales de pago no supone únicamente incorporar nuevas plataformas. El proyecto establece exigencias relacionadas con la seguridad de las operaciones, la continuidad del servicio y la protección de la información.

Las instituciones intermediarias deberán cumplir las disposiciones de la SBS sobre gestión del riesgo operacional, continuidad operativa, seguridad de la información y ciberseguridad que correspondan a los servicios que proporcionen.

El objetivo declarado por la Superintendencia es que los aportes realizados mediante estos nuevos mecanismos puedan ser identificados y acreditados correctamente en las cuentas individuales de capitalización (CIC) de los afiliados.

La Resolución SBS N.° 01651-2026 autorizó la publicación del proyecto para consulta pública. El plazo establecido fue de 15 días calendario para que ciudadanos, entidades y demás interesados presenten comentarios y observaciones. Por ahora, se trata de una propuesta normativa y no de una regla definitiva.

La discusión sobre los canales de pago se produce mientras el nuevo marco previsional busca incorporar progresivamente mecanismos que permitan ampliar la cobertura y facilitar la realización de aportes. En ese escenario, la principal modificación planteada por la SBS se encuentra en la forma de ingresar el dinero al sistema y en los controles que deberán cumplir los actores que intervengan en esa operación.

El escenario adquiere relevancia ante la persistencia de las condiciones asociadas a El Niño. El ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y contempla escenarios de intensidad fuerte y extraordinaria hacia los próximos meses, aunque la evolución del fenómeno dependerá de las condiciones del océano y la atmósfera.

El impacto económico no necesariamente se produciría de manera uniforme. Un cultivo puede resultar afectado directamente por lluvias intensas, mientras que otro puede enfrentar problemas para llegar a los mercados debido al deterioro de carreteras. En ambos casos, el resultado puede ser una menor cantidad de productos disponibles para los consumidores.

Costa norte concentra parte importante de la producción

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad aparecen entre las zonas que podrían enfrentar una mayor exposición. De acuerdo con Elgegren, estas cuatro regiones concentran más del 23% de la producción agrícola nacional y tienen una elevada exposición a inundaciones, además de posibles daños en vías de comunicación e infraestructura.

La vulnerabilidad, sin embargo, no se limita a la costa. El especialista indica que en la sierra sur los riesgos están vinculados principalmente con eventuales condiciones de sequía, que pueden afectar la agricultura de secano y la ganadería.

El riesgo climático para el sector agrario tampoco es menor a escala nacional. Según el dato citado por Elgegren, el 39,62% de los distritos del país presenta condiciones de vulnerabilidad frente a eventos climáticos.

El problema para los consumidores aparece cuando un menor volumen de producción coincide con dificultades logísticas. “Si las carreteras se bloquean, los productos tampoco pueden llegar a las ciudades”, explicó Elgegren. En ese escenario, incluso una producción que no haya sido completamente destruida puede terminar llegando en menor cantidad o con mayores costos de transporte.

Limón, mango, arroz y otros alimentos bajo presión

Entre los productos que podrían registrar mayores variaciones figuran el limón, mango, arroz, cebolla, tomate y papa, de acuerdo con la evaluación del economista. El pescado también podría presentar cambios de precio debido a que el calentamiento del mar puede modificar la disponibilidad de determinadas especies.

La experiencia reciente permite dimensionar el mecanismo, aunque no implica que las mismas variaciones vayan a repetirse. Durante el Niño Costero de 2017, las lluvias, inundaciones e interrupciones de carreteras afectaron la producción y el transporte de alimentos. El BCRP reportó que el precio del limón aumentó 133% en agosto de ese año y aportó 0,44 puntos porcentuales a la inflación mensual.

El antecedente también muestra por qué no todos los alimentos reaccionan de la misma manera. El efecto de El Niño sobre el bolsillo depende de la producción disponible, las zonas afectadas, las condiciones de transporte y la posibilidad de sustituir un producto por otro.

Por ello, el rango de 20% a 100% no debe interpretarse como una proyección para toda la canasta alimentaria. Se trata de una estimación para determinados productos y escenarios de afectación de la oferta. El impacto sobre la inflación dependerá de cuánto duren las interrupciones y de la capacidad de los mercados para compensar la menor producción.

¿El impacto llegaría a la inflación?

El canal de transmisión sería relativamente directo: una menor cosecha reduce la oferta, mientras que el encarecimiento del transporte puede elevar el costo de llevar los productos hasta los principales centros de consumo. Si ambos factores ocurren simultáneamente, los precios pueden reaccionar con rapidez.

El BCRP ya ha documentado este tipo de episodios. En 2017, la inflación de marzo alcanzó 1,3%, la tasa mensual más alta desde 1998, en un contexto marcado por las alteraciones climáticas, inundaciones e interrupciones de carreteras. Posteriormente, algunos choques comenzaron a revertirse conforme se recuperó el abastecimiento.

La situación actual debe observarse bajo ese antecedente y no como una repetición automática de 2017. El ENFEN prevé condiciones que podrían favorecer lluvias por encima de lo normal en sectores de la costa norte y central durante los próximos meses.

Para los hogares, el riesgo no está únicamente en cuánto podría subir un producto, sino en cuánto tiempo permanecería elevado su precio. Un incremento temporal puede ser absorbido modificando el consumo o sustituyendo alimentos; uno prolongado, en cambio, puede presionar el presupuesto mensual y trasladarse a las decisiones de compra de las familias.

El desafío para el mercado será entonces evitar que una alteración climática termine convirtiéndose en un problema prolongado de abastecimiento. La evolución de las cosechas, las condiciones de las carreteras y el ingreso efectivo de productos a los principales mercados serán indicadores clave para determinar si el impacto queda concentrado en determinados alimentos o termina teniendo un efecto más amplio sobre el costo de vida.

La alerta cobra mayor relevancia porque el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que más de 9,3 millones de personas resultarían afectadas, principalmente en Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque e Ica.

"Este escenario obliga al país a replantear la forma en que protege uno de los principales activos que sustentan su economía azul: el mar y las actividades que dependen de él. Por ello, el Plan de Contingencia anunciado en el mensaje a la Nación por parte del Ejecutivo como respuesta a El Niño debe incorporar un enfoque claro de economía azul que fortalezca la prevención y la capacidad de respuesta de sectores estratégicos como la pesca, la acuicultura, el turismo y la conservación de la biodiversidad marina", expresó Dávila.

Riesgo económico creciente

El especialista recordó que el cambio climático y la acidificación del océano están incrementando la frecuencia e intensidad de El Niño. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) proyecta un 80% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de este año, mientras que la revista científica Nature advierte que podría convertirse en el episodio más intenso de los últimos 150 años.

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En el Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) estima que el impacto podría reducir el crecimiento del PBI entre 1 y 1,5 puntos porcentuales, con pérdidas de 16.000 a 18.000 millones de soles.

"En el ámbito pesquero, la política pública debería incorporar un enfoque adaptativo, sustentado en un marco regulatorio flexible que permita a los pescadores diversificar sus capturas según la disponibilidad de los recursos. El Niño modifica la distribución de las especies y la adaptación debe convertirse en un principio permanente de la gestión pesquera para fortalecer la resiliencia del sector, donde más de 55.000 personas se dedican a la pesca artesanal", sostuvo Dávila.

Diversificar ingresos

Dávila señaló que la adaptación también debe extenderse a las comunidades costeras. Explicó que depender exclusivamente de la pesca incrementa la vulnerabilidad frente a la variabilidad climática, por lo que consideró necesario impulsar alternativas económicas que permitan mantener los ingresos familiares cuando disminuya la disponibilidad de recursos hidrobiológicos.

"Actividades complementarias como el turismo comunitario, la gastronomía local y los programas públicos de diversificación o reconversión laboral pueden generar fuentes alternativas de ingreso y fortalecer la resiliencia económica de miles de familias", afirmó.

Biodiversidad en peligro

La conservación de la biodiversidad marina debe ocupar un lugar central en esta estrategia.

Dávila destaca que el Perú pasó de albergar alrededor de 3,5 millones de aves guaneras a finales de 2022 a apenas 500 mil ejemplares en la actualidad, una reducción cercana al 85% en menos de tres años. Añadió que el calentamiento del mar disminuyó la disponibilidad de anchoveta y que los brotes de gripe aviar agravaron el deterioro de las poblaciones.

Como resultado, aves, mamíferos marinos y otras especies aún no logran recuperar sus poblaciones, lo que deteriora la salud del ecosistema y puede afectar actividades económicas.

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"El Estado debe fortalecer sus políticas de conservación mediante planes de recuperación para las especies más vulnerables, monitoreo científico permanente, sistemas de alerta temprana, centros de rescate y rehabilitación de fauna marina, y medidas que reduzcan las presiones sobre sus hábitats", enfatizó.

Impacto en agricultura y turismo

La disminución de las aves guaneras también amenaza la producción de guano de islas, insumo del que dependen más de 13.000 productores de cultivos como el café, cacao y papa.

Asimismo, la reducción de aves y mamíferos marinos afecta el atractivo turístico de la Reserva Nacional de Paracas y de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, donde la observación de fauna es uno de los principales motivos de visita y una importante fuente de ingresos para las economías locales.

El estudio muestra que el visitante internacional no necesariamente llega con un itinerario cerrado con mucha anticipación. El 84% compró los servicios de su viaje con menos de cuatro meses de antelación y el 67% contrató cada servicio por separado. Este comportamiento tiene implicancias para hoteles, restaurantes, agencias, transporte y operadores turísticos, que compiten por captar una parte del presupuesto del viajero incluso después de que este decidió visitar el Perú.

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PromPerú reporta que, al cierre de 2025, las divisas generadas por los viajes al país se ubicaron 14% por encima del nivel de 2019, mientras que los arribos internacionales todavía representaban el 78% de aquel año. La diferencia plantea una lectura distinta sobre la recuperación: el turismo aún no recupera completamente su volumen, pero los visitantes que llegan están dejando más recursos en la economía.

El indicador resulta especialmente relevante para una actividad cuyo impacto no se concentra únicamente en los establecimientos turísticos. El dinero que gasta un extranjero durante sus 10 noches puede terminar en restaurantes, comercios, servicios de transporte, entradas a atractivos, artesanías y otros negocios vinculados directa o indirectamente con el turismo.

Lima sigue siendo el principal punto de concentración

La distribución de los visitantes continúa siendo uno de los principales problemas para ampliar el impacto económico del turismo. Lima concentra el 79% de las visitas, mientras que Cusco alcanza el 37%. Luego aparecen Tacna (17%), Ica (15%), Arequipa (12%) y Puno (10%).

Las cifras muestran el peso que mantienen los destinos tradicionales. Lima concentra buena parte de los servicios asociados a la llegada internacional, mientras Cusco continúa funcionando como uno de los principales motores del turismo cultural del país.

El desafío está en conseguir que una mayor proporción del gasto se desplace hacia otros territorios. No basta con que el visitante llegue al Perú: para los negocios de las regiones resulta determinante que permanezca, consuma y agregue nuevos destinos a su recorrido.

En esa disputa también entran actividades vinculadas con naturaleza, aventura, bienestar y turismo comunitario. El propio perfil del visitante muestra que existe demanda por experiencias distintas a las de los circuitos tradicionales, aunque convertir ese interés en mayor gasto regional requiere infraestructura, conectividad y servicios capaces de sostener una estadía más larga.

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Gastronomía: casi todos los visitantes tienen contacto con ella

La gastronomía aparece como la actividad con mayor participación entre los turistas extranjeros. El 98% realizó actividades gastronómicas, mientras que el 96% participó en actividades culturales. Las compras alcanzaron al 87% de los visitantes y el entretenimiento al 76%.

La naturaleza estuvo presente en el 52% de los viajes y las actividades de aventura en el 46%.

En la práctica, esto significa que la experiencia gastronómica no está limitada a restaurantes de alta gama. Entre las actividades identificadas destacan las visitas a restaurantes regionales, mientras que en las compras aparecen recuerdos de viaje, artesanías y productos de alpaca.

El dato también ayuda a entender por qué el turismo puede generar movimiento en sectores que no son exclusivamente turísticos. Un visitante que come, compra artesanía, utiliza transporte local y paga por actividades culturales distribuye su gasto entre distintos negocios.

Vacaciones son el principal motivo de viaje

Las vacaciones explicaron el 65% de las llegadas, muy por encima de los viajes por negocios, que representaron el 17%, y de las visitas a familiares y amigos, con el 13%.

En cuanto a la forma de viajar, el 40% de los turistas llegó solo. Otro 24% lo hizo acompañado de amigos o familiares sin niños y 23% viajó en pareja.

Estos datos dibujan un mercado en el que una parte importante de los visitantes toma decisiones de consumo de manera individual o en grupos pequeños. También ayudan a explicar el crecimiento de la contratación separada de servicios: vuelos, alojamiento, transporte y actividades pueden adquirirse en momentos diferentes y mediante distintos canales.

El comportamiento coincide con la transformación que ha experimentado la compra de viajes. El turista extranjero tiene más herramientas para comparar precios y organizar su recorrido por cuenta propia, lo que reduce la dependencia de los paquetes tradicionales.

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Chile y Estados Unidos lideran los mercados emisores

Por países de procedencia, Chile y Estados Unidos se mantienen como los principales mercados emisores, seguidos por Ecuador, Brasil, Bolivia y Colombia. España aparece como el principal mercado europeo dentro de los diez primeros.

La composición del mercado también importa para el negocio turístico. La cercanía geográfica convierte a varios países sudamericanos en fuentes relevantes de visitantes, mientras que Estados Unidos mantiene un peso importante entre los mercados de larga distancia.

Más que una recuperación completa, las cifras muestran un sector todavía en proceso de recomposición. El país recibe menos turistas que antes de la pandemia, pero cada visitante genera un gasto promedio que contribuye a que las divisas ya hayan superado el nivel de 2019.

La pregunta económica queda abierta en las regiones que todavía captan una proporción menor de ese gasto. Con una permanencia promedio de 10 noches, el margen no está solamente en atraer al turista que llega al Perú, sino en lograr que esas noches incluyan más destinos, más servicios locales y más consumo fuera de los circuitos que ya concentran la demanda.

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La RMV funciona como un piso legal para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Actualmente se encuentra en S/1.130, monto vigente desde el 1 de enero de 2025 tras el incremento de S/105 establecido por el Decreto Supremo N.° 006-2024-TR.

La presidenta Keiko Fujimori anunció el 28 de julio que este piso subiría a S/1.300. Posteriormente, el ministro de Economía, Elmer Cuba, indicó que el incremento se aplicaría en dos etapas: una primera de S/100 y una segunda de S/70. La propuesta todavía requiere definir su aplicación y pasar por el proceso correspondiente.

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¿Los trabajadores que ganan más de S/1.300 recibirán un aumento?

No necesariamente. Si el nuevo piso salarial queda establecido en S/1.300, un trabajador que ya percibe una cantidad superior seguirá por encima de la RMV. La norma que eleva el mínimo no establece, por ese solo hecho, que todas las remuneraciones deban incrementarse en la misma proporción.

El punto de atención aparece cuando las diferencias entre los salarios de distintos puestos se reducen. Por ejemplo, una empresa podría tener una escala en la que un trabajador recién incorporado percibe S/1.300, otro con mayor experiencia recibe S/1.400 y un puesto con más responsabilidades tiene una remuneración de S/1.600.

Antes del cambio, las distancias eran de S/270 entre el primer y segundo puesto y de S/470 entre el mínimo y el tercero, tomando como referencia una RMV de S/1.130. Con el nuevo piso, la diferencia entre trabajadores que ocupan distintos niveles puede reducirse.

Ese fenómeno es conocido como compresión salarial y puede llevar a las empresas a revisar sus bandas de remuneración. El debate no se limita, por tanto, a cuánto deberá cobrar quien actualmente gana el mínimo, sino también a cómo quedarán las diferencias entre trabajadores con distinta experiencia, funciones, especialización o responsabilidad.

Jimmy Huatuco, líder de Implementaciones en Buk Perú, señaló que el incremento no supone necesariamente elevar todos los sueldos en la misma proporción, sino revisar si las diferencias existentes entre puestos mantienen una justificación vinculada con sus responsabilidades y características.

¿Qué pueden hacer las empresas con sus escalas salariales?

Una empresa que tenga trabajadores con remuneraciones cercanas a la nueva RMV deberá identificar qué puestos quedarían afectados directamente y cuáles podrían experimentar una reducción de su distancia salarial respecto del nivel inferior.

El análisis puede incluir las bandas salariales utilizadas para cada puesto, los criterios empleados para establecerlas y la posición que ocupa cada trabajador dentro de ellas. También puede considerar la experiencia, las funciones asignadas, el nivel de responsabilidad y las remuneraciones que se pagan por puestos comparables.

Esto no significa que exista una obligación general de subir los salarios de todos los trabajadores que ya ganan más de S/1.300. El ajuste dependerá de las decisiones salariales de cada empleador, salvo que exista una disposición legal, contractual o colectiva que establezca un incremento determinado.

La experiencia del último aumento de la RMV muestra que el cambio del piso también puede trasladarse a otros costos laborales. En documentos oficiales publicados durante 2025, entidades públicas registraron modificaciones de contratos de servicios de vigilancia y limpieza debido al incremento de la remuneración mínima de S/1.025 a S/1.130.

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El aumento también modifica otros conceptos vinculados a la RMV

La remuneración mínima no es un monto aislado dentro de la legislación laboral peruana. Algunos beneficios o conceptos utilizan la RMV como referencia para determinar su valor.

Un ejemplo es la asignación familiar, cuyo monto equivale al 10% de la Remuneración Mínima Vital vigente. Por ello, cuando aumenta la RMV, también se modifica el monto correspondiente a este beneficio para los trabajadores que cumplen las condiciones previstas por la legislación.

De esta manera, el impacto de una nueva RMV puede aparecer en la planilla de una empresa incluso cuando parte de sus trabajadores ya recibe salarios superiores al mínimo. El efecto dependerá de los conceptos remunerativos y beneficios que estén vinculados legalmente a ese valor.

El Banco Central de Reserva mantiene la RMV y el ingreso promedio del sector formal privado entre sus principales series de remuneraciones. En febrero de 2026, la RMV registrada era de S/1.130, mientras que el ingreso promedio del sector formal privado alcanzaba S/3.102, de acuerdo con información elaborada a partir de datos de INEI, MTPE y Sunat.

La diferencia entre ambos valores muestra que en el mercado formal existe una amplia distribución de remuneraciones y que el aumento del piso no equivale a una actualización automática de toda la escala salarial.

Para las empresas, uno de los puntos que quedará por definir es cómo se implementará finalmente el aumento anunciado y qué disposiciones acompañarán su entrada en vigencia. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó que la propuesta será discutida en el Consejo Nacional de Trabajo, espacio que reúne a representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores.

Mientras se establece el nuevo esquema, las remuneraciones que superan el mínimo mantienen sus condiciones pactadas. El cambio en la RMV adquiere relevancia para esos trabajadores cuando la empresa decide revisar sus escalas, cuando existe una regla específica que vincula su remuneración con el mínimo o cuando otros conceptos de la planilla toman la RMV como referencia.

“Sabemos que la reunión se va a concretar, se está confirmando día y hora de la próxima semana. Es la próxima semana que va a darse la reunión”, señaló Castro durante la entrevista.

La reunión se produce después de que, según Castro, el ministro de Economía modificara su posición inicial frente a la norma que establece el incremento de las pensiones de los maestros. El dirigente sostuvo que al inicio Cuba había señalado que se trataba de un acto ilegal y que no procesaría su aplicación.

“Primero, nosotros valoramos el hecho que haya retrocedido. Inicialmente decía que era un acto ilegal y que no lo iba a procesar. Finalmente ha planteado una reunión con el SUTEP para ver temas de pensiones y señala que el Gobierno evalúa un incremento, pero de manera racional”, manifestó.

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SUTEP espera escuchar propuesta del MEF

Castro evitó adelantar qué monto o porcentaje de incremento planteará el SUTEP. Según explicó, el gremio quiere escuchar primero la propuesta que llevará el Ministerio de Economía a la reunión y, a partir de ello, definir su posición.

“Nosotros queremos escuchar la propuesta que tiene el Ministerio de Economía al respecto y, en atención a ello, plantear nuestra posición”, afirmó.

El dirigente señaló que el sindicato reconoce que el Estado enfrenta otras prioridades presupuestales. Mencionó entre ellas la inseguridad ciudadana y las acciones de prevención y logística frente al fenómeno El Niño.

En ese contexto, Castro sostuvo que la negociación debe partir del diálogo y contemplar posibles concesiones de ambas partes.

“El diálogo implica para efecto tener acuerdos con cesiones y nosotros queremos escuchar la propuesta del Gobierno y en atención a ello plantear nuestra posición y finalmente lo que sí esperamos es llegar a acuerdos”, señaló.

De esta manera, el SUTEP todavía no ha establecido públicamente una cifra alternativa frente al monto contemplado en la norma. La posición que llevará a la reunión dependerá, según Castro, de la propuesta que presente el MEF.

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Castro plantea revisar exoneraciones tributarias

Durante la entrevista, el secretario general del SUTEP también mencionó posibles mecanismos para obtener recursos que permitan atender el reclamo pensionario. Su planteamiento incluye revisar determinados beneficios tributarios.

Castro sostuvo que desde 2017 unos 426.000 maestros vienen aportando impuesto a la renta de quinta categoría y cuestionó que los esfuerzos para financiar una eventual mejora pensionaria recaigan únicamente sobre los trabajadores.

"Hay exoneraciones tributarias que este año debe ver el Congreso (...) de tal manera que las empresas en esta lógica de justicia tributaria dejen en el Tesoro Público más de 20.000 millones de soles", declaró.

El dirigente también incluyó en su propuesta al sector privado de educación.

“Y sumado a ello, consideramos que las personas u organizaciones que están en la educación privada también deben pagar un impuesto del cual están liberados desde siempre”, añadió.

Castro presentó estas medidas como alternativas que, desde la posición del sindicato, podrían contribuir a generar recursos para atender la demanda de los docentes jubilados. No obstante, el dirigente no planteó durante la entrevista que estas medidas ya formen parte de una propuesta acordada con el Ministerio de Economía.

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Convenio colectivo y presupuesto de 2027

La reunión con Cuba también servirá, según Castro, para abordar otros compromisos asumidos por el Gobierno con el magisterio.

El secretario general del SUTEP recordó que el sindicato suscribió un convenio colectivo con el Gobierno el 15 de julio. De acuerdo con su explicación, el documento incluye acuerdos sobre mejores condiciones laborales, infraestructura educativa, alimentación de los alumnos y capacitación de los trabajadores.

El gremio espera que esos compromisos sean considerados en el proyecto de Presupuesto Público para 2027 que el Ejecutivo debe enviar al Congreso.

“Nosotros esperamos que estos acuerdos contenidos en el convenio colectivo estén traducidos en la propuesta que el Ejecutivo de acuerdo a ley va a hacer llegar al Congreso de la República el 30 de agosto de proyecto de presupuesto de la República para el año 2027”, sostuvo Castro.

La referencia al 30 de agosto corresponde, según lo explicado por el dirigente, a la fecha en que el Ejecutivo remitirá al Parlamento su propuesta de presupuesto para el próximo año. Lo que espera el SUTEP es que los compromisos incluidos en el convenio colectivo del 15 de julio tengan reflejo en ese proyecto presupuestal.

Para Castro, el documento será relevante porque mostrará cómo se traducen presupuestalmente los compromisos asumidos con los trabajadores del sector educación.

SUTEP también espera dialogar con el Ministerio de Trabajo

El dirigente también fue consultado por las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Sheput, sobre una eventual conversación con docentes y auxiliares de educación.

Castro señaló que el sindicato está dispuesto a dialogar con las autoridades que planteen esa vía. Sin embargo, sostuvo que esas conversaciones deben servir para discutir tanto los derechos laborales como los problemas que enfrenta el sector educativo. “Nosotros vamos a conversar con todos aquellos que planteen el diálogo como necesidad”, afirmó.

El secretario general del SUTEP agregó que el gremio busca participar en la discusión de las soluciones para el sector y no contribuir a una mayor confrontación.

Durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026, Shinno explicó que el Gobierno ya revisó los proyectos que integran la cartera minera y que su despacho buscará establecer contacto con las empresas responsables para conocer la situación de cada iniciativa y determinar cuáles tienen condiciones para avanzar.

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“Personalmente conozco la cartera, he revisado cada uno de los proyectos, y vamos a llamar a distintas empresas sabiendo que varios de ellos pueden tener avances significativos e incluso podríamos inaugurar operaciones durante este quinquenio”, declaró.

El planteamiento del Minem apunta, por tanto, a identificar los proyectos que puedan avanzar en sus diferentes etapas durante los próximos cinco años.

Gobierno busca atender demandas de las comunidades antes de que escalen los conflictos

El ministro planteó que acelerar las inversiones no debería ser el único indicador para evaluar el desarrollo de la actividad extractiva. Durante su intervención, puso énfasis en la necesidad de que los beneficios de la minería puedan ser percibidos por las poblaciones de las zonas donde se encuentran los recursos.

“La verdadera riqueza se mide en el bienestar, la paz social y el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos”, afirmó Shinno.

En esa línea, el titular del Minem planteó modificar la manera en que el Estado aborda las tensiones sociales relacionadas con los proyectos mineros. La propuesta consiste en intervenir antes de que los conflictos lleguen a convertirse en protestas o paralizaciones, a partir de una identificación anticipada de las necesidades de cada territorio.

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El Gobierno busca que ese trabajo involucre a empresas, autoridades locales, comunidades y al propio Estado. La idea es que las decisiones sobre el desarrollo de una zona no se tomen únicamente desde el Gobierno central o en función de los intereses de una compañía, sino considerando también las demandas de las poblaciones directamente vinculadas con la actividad.

Este enfoque es denominado por el Minem como “gobernanza territorial”. Para Shinno, uno de los principales desafíos consiste en que la población pueda identificar de manera concreta qué beneficios genera la explotación de los recursos en su localidad.

“La gente necesita ver tangiblemente el beneficio que trae la actividad extractiva”, sostuvo.

El avance de la minería ilegal preocupa al sector

El otro frente señalado por Shinno fue el avance de la minería ilegal, particularmente en zonas de la Amazonía y los Andes. El ministro advirtió que esta actividad genera impactos sobre los ecosistemas y afecta a comunidades nativas y campesinas, además de estar vinculada con economías criminales.

“Proteger la sostenibilidad del país implica obligatoriamente erradicar la ilegalidad”, afirmó.

La posición del Gobierno coloca así la lucha contra la minería ilegal como uno de los retos que deberá enfrentar el sector en los próximos años, junto con la búsqueda de condiciones que permitan reducir las tensiones alrededor de los proyectos formales.

Las declaraciones de Shinno se produjeron durante la apertura del GESS 2026, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que se desarrolla del 18 al 20 de agosto en el Centro de Convenciones de Lima.

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El presidente del IIMP, Juan Carlos Ortiz, coincidió en que la viabilidad de nuevos proyectos dependerá de la capacidad de empresas, autoridades y comunidades para construir acuerdos en los territorios donde se desarrollará la actividad minera.

Por su parte, Tamiko Hasegawa, presidenta del GESS 2026, señaló que esta relación deberá mantenerse también con las nuevas autoridades que asumirán tras las próximas elecciones regionales y municipales.

El desafío para el Gobierno será conseguir que los proyectos que logren avanzar encuentren condiciones sociales y territoriales que permitan su desarrollo, mientras se atienden problemas como la minería ilegal y las demandas de las poblaciones de las zonas de influencia.

El avance peruano fue muy superior al crecimiento de las exportaciones brasileñas de este producto. En el primer semestre, Brasil envió al exterior 11.000 toneladas de material genético avícola, 11,3% más que en el mismo periodo de 2025. En valor, los embarques alcanzaron US$128 millones, un incremento de 16,6%, según datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex).

La diferencia está en lo que significa ese producto. No se trata de pollo que llega a los mercados para ser consumido, sino de un insumo que se encuentra al comienzo de la cadena y permite producir las aves que posteriormente serán destinadas a carne o huevos.

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Perú más que duplica sus compras de genética avícola brasileña

El material genético avícola comprende principalmente pollitos de un día y huevos fértiles destinados a la reproducción. A partir de ellos se obtienen las aves reproductoras que luego generan los pollitos utilizados por las granjas comerciales.

Por eso, el aumento de las importaciones puede leerse también como una señal de lo que ocurre dentro de la industria peruana. Una mayor compra de genética no implica que el pollo brasileño esté desplazando al producido en Perú: en este caso, el insumo importado se incorpora al proceso productivo local.

Para Estevão Carvalho, gerente ejecutivo de Mercados de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), el crecimiento responde principalmente a la reposición de planteles y a la ampliación de la capacidad productiva de las empresas peruanas.

"La importación de pollitos de un día y huevos fértiles destinados a la reproducción se ha convertido en una herramienta importante para acelerar la capacidad productiva y elevar los estándares de eficiencia zootécnica del país", explicó a La República.

El contexto de la demanda peruana ayuda a entender esta dinámica. El consumo de carne de pollo supera los 50 kilos por habitante al año, uno de los niveles más elevados del mundo. Para atender ese mercado, las empresas deben renovar continuamente sus planteles y buscar mejoras en el rendimiento de las aves.

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La genética es parte de esa búsqueda. Las líneas utilizadas en la producción pueden favorecer características como un crecimiento más eficiente, una mejor conversión alimenticia o un mayor rendimiento de carne. En términos simples, la conversión alimenticia indica cuánto alimento necesita un ave para alcanzar determinado peso, un indicador relevante porque la alimentación representa uno de los principales costos de la actividad.

Carvalho considera que este factor pesa más que un eventual cambio de proveedores. La lectura de la ABPA es que el incremento responde sobre todo a una combinación de expansión y modernización de la avicultura peruana.

Brasil espera que el flujo de genética siga creciendo

El salto de 112,5% registrado en el primer semestre no significa que las compras vayan necesariamente a duplicarse otra vez durante los próximos meses. La adquisición de genética está vinculada a los ciclos de reposición y a las decisiones de inversión de las empresas.

Aun así, Brasil espera cerrar el año con un resultado positivo. Carvalho señaló que la expectativa de la ABPA es mantener un flujo favorable de embarques hacia Perú durante el segundo semestre, aunque el ritmo podría moderarse frente al registrado hasta junio.

"Los fundamentos del mercado indican condiciones favorables para que 2026 cierre con una expansión significativa de las exportaciones brasileñas de genética avícola al Perú", sostuvo.

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Brasil tiene además una ventaja como proveedor regional. Las empresas de genética instaladas en su territorio funcionan como plataformas de suministro para distintos mercados de Sudamérica y cuentan con escala, logística y estándares sanitarios que les permiten atender esa demanda.

Para Perú, el vínculo resulta particularmente relevante porque se trata de una importación que termina fortaleciendo la producción local. La genética brasileña entra al país, pero el producto final se genera posteriormente dentro de la propia cadena avícola peruana.

La genética es estratégica, pero Brasil ve más espacio en el cerdo

La apuesta comercial de Brasil con Perú no termina en la avicultura. La ABPA considera que existen oportunidades distintas según el producto.

En pollo, Brasil ya tiene una presencia consolidada como proveedor externo. Sin embargo, Perú cuenta con una industria local fuerte y prácticamente autosuficiente, por lo que los productos brasileños tienen mayor espacio en determinados cortes, materias primas para procesamiento, productos industrializados y abastecimiento para food service.

En carne de cerdo, el panorama es distinto, ya que el consumo peruano viene creciendo y el mercado importador todavía tiene margen para ampliar su participación.

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Carvalho considera que este producto representa actualmente la principal oportunidad de expansión comercial de Brasil en Perú. "Si consideramos el potencial de expansión comercial y el crecimiento en volumen, la carne de cerdo se perfila como la principal oportunidad para las exportaciones brasileñas al Perú en los próximos años", afirmó.

La diferencia entre ambos negocios es reveladora. La genética avícola es el segmento más estratégico por su contenido tecnológico y su relación con la productividad de las granjas; el cerdo, en cambio, ofrece un espacio mayor para aumentar los volúmenes de exportación.

Los ovoproductos también aparecen como una oportunidad, aunque todavía más acotada. Brasil no está autorizado para exportar huevo in natura al Perú, pero sí puede vender productos como huevo líquido y huevo en polvo para la industria alimentaria.

Una relación comercial que busca complementar a la industria peruana

El interés brasileño por Perú se enmarca en una demanda mundial de proteína que seguirá creciendo. Durante el Salón Internacional de Proteína Animal (SIAVS) 2026, realizado del 4 al 6 de agosto en São Paulo, Ricardo Santin, presidente de la ABPA, señaló que todavía existe una amplia población con un consumo de proteína animal por debajo del promedio.

"Hay un gran espacio para el crecimiento y para que llevemos comida a la gente. Todavía tenemos cerca de 2.000 millones de personas que no consumen la cantidad promedio de proteína animal y, hacia 2050, vamos a tener una población mucho mayor", sostuvo Santin.

Su planteamiento ayuda a colocar el caso peruano dentro de una tendencia más amplia, pero sin perder de vista una diferencia importante: el crecimiento de las exportaciones brasileñas no necesariamente supone sustituir la producción de otros países.

En el caso peruano, la propia explicación de la ABPA apunta más bien a una relación complementaria. La genética importada contribuye a que las empresas locales produzcan; el pollo brasileño atiende determinados segmentos, y el cerdo aparece como un mercado donde todavía existe espacio para aumentar el comercio.

En el primer semestre, Perú aumentó más del doble sus compras de genética avícola brasileña, en un momento en el que Brasil también incrementó 11,3% sus exportaciones de este producto a nivel mundial.

El comportamiento de los próximos meses permitirá determinar si este aumento responde a una mayor demanda puntual o si refleja nuevas inversiones de la industria avícola peruana para ampliar su producción y mejorar su productividad.