La propuesta fue expuesta por Cuba durante una entrevista en Latina. El titular del MEF explicó que el Gobierno optaría por fraccionar el incremento de S/170 para reducir el impacto que tendría sobre las empresas y el mercado laboral.

De acuerdo con el esquema planteado, la RMV pasaría de los actuales S/1.130 a S/1.230 con el primer tramo y posteriormente alcanzaría los S/1.300 en abril de 2027. Sin embargo, el propio ministro indicó que las fechas todavía son tentativas y deberán ser definidas por el Ejecutivo.

El fraccionamiento supone que los trabajadores que actualmente reciben la remuneración mínima no obtendrían los S/170 adicionales de una sola vez. El aumento inicial sería de S/100, mientras que el resto llegaría varios meses después.

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El salario mínimo ya está rezagado

El exviceministro de Promoción del Empleo Fernando Cuadros precisó que la política de remuneración mínima no es competencia del Ministerio de Economía, sino del Ministerio de Trabajo.

“La política de salario mínimo, que incluye sus incrementos, es de competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, no del MEF”, señaló, al recordar lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del sector.

El economista también discrepó con la idea de postergar el incremento. Indicó que, si se aplicaran los criterios técnicos de inflación y productividad del Consejo Nacional de Trabajo, el salario mínimo ya debería ser mayor.

“En enero de 2026 el salario mínimo ya debería haber alcanzado los S/1.371”, afirmó, precisando que existe un desfase respecto a la propuesta del Gobierno.

Incluso sostuvo que el monto de S/1.300 “se quedaría corto” frente a la evolución de la economía. Según sus estimaciones, considerando inflación y productividad, el salario mínimo podría acercarse a S/1.500 hacia 2027.

Efectos sobre el empleo formal

En contraste, el economista y Decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Carlos Adrianzén consideró que la decisión de elevar la RMV es negativa pese a que su aplicación en dos etapas podría reducir el impacto inmediato sobre las empresas.

“Es una pésima idea”, afirmó al ser consultado sobre el cronograma planteado por Cuba. A su juicio, dividir el incremento hace que la medida sea “menos dañina”, pero no elimina sus posibles efectos sobre el mercado laboral.

Adrianzén sostuvo que el aumento puede generar dificultades para determinados trabajadores cuya productividad no alcanza para cubrir el costo de un puesto formal. “El costo formal del puesto va a ir en informalidad o va a quebrar. Tan simple como eso”, señaló al referirse particularmente a las pequeñas empresas.

El economista también cuestionó el argumento de que el impacto sería reducido porque solo una proporción pequeña de trabajadores recibe directamente la RMV.

“Es menos del 3% de la fuerza laboral, eso es cierto, pero a ese poquito le hace daño. El 3% de 20 millones es un montón de gente”, afirmó.

Según su explicación, el problema no radicaría únicamente en cuántas personas reciben actualmente el sueldo mínimo, sino en el efecto que un mayor piso salarial puede tener sobre trabajadores de baja productividad que buscan ingresar o permanecer en el mercado formal.

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Debate sobre impacto en mypes: posiciones opuestas

El impacto sobre las micro y pequeñas empresas es uno de los principales puntos de discusión alrededor del incremento. Para Adrianzén, estas compañías tendrían mayores dificultades para absorber el aumento debido a que muchas no cuentan con estructuras administrativas capaces de compensar el incremento del costo laboral mediante mejoras de productividad.

“Siempre hay estrategias en las cuales tú puedes sustituir un factor por otro. Pero lo usual es que las mypes no tengan una gran gerencia, salvo las excepcionales”, sostuvo.

Sin embargo, Cuadros sostuvo que el incremento no necesariamente afecta la formalidad.

“En las MYPES formales, el salario promedio está por encima de los S/1.700 en microempresas y S/2.800 en pequeñas empresas”, explicó, por lo que —según dijo— un aumento a S/1.300 no tendría impacto negativo significativo.

El economista añadió que el problema de la informalidad no se resuelve congelando el salario mínimo, sino con políticas estructurales.

“No tiene que ver con el salario mínimo. El problema es la estructura productiva del país”, afirmó.

Para Cuadros, la clave para reducir la informalidad está en la diversificación productiva y en políticas que eleven la productividad de las empresas.

Planteó medidas como acceso a financiamiento formal, capacitación laboral, simplificación administrativa, fortalecimiento de la inspección laboral y promoción de sectores intensivos en mano de obra como textiles, agroindustria, turismo y manufactura.

“El problema no va por mantener el salario mínimo congelado, sino por generar empleo formal en sectores productivos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el Estado debe apuntar a que el salario mínimo cubra la canasta básica familiar, que actualmente supera los S/1.800, en línea con el mandato constitucional.

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¿Por qué abril de 2027?

Cuba explicó que el segundo tramo se plantea para abril del próximo año, después del periodo de verano y de los posibles efectos asociados al Fenómeno El Niño. El objetivo sería evitar que el aumento completo coincida con un periodo de mayor incertidumbre climática y económica.

Así, el cronograma tentativo del MEF quedaría dividido en dos momentos: un primer incremento de S/100 hacia noviembre de 2026 y un segundo de S/70 en abril de 2027.

No obstante, mientras el Ejecutivo no publique la norma correspondiente, ambas fechas deben considerarse como una previsión y no como un calendario definitivo.

La RMV vigente de S/1.130 fue establecida en 2025. Llevarla a S/1.300 representaría un incremento acumulado de S/170, equivalente a aproximadamente 15% respecto del monto actual.

El aumento no alcanza a todos los trabajadores

Otro elemento que estará en el centro del debate es el alcance real de la medida. El incremento de la RMV beneficia directamente a quienes se encuentran en empleos formales sujetos a este piso salarial, pero no implica un aumento automático para los trabajadores informales.

Mientras Adrianzén advierte que el alza podría afectar la contratación de trabajadores de baja productividad, Cuadros sostiene que el impacto en las mypes formales sería limitado y que el problema de fondo es estructural.

De esta manera, el cronograma planteado por el MEF abre un debate más amplio: si el incremento del salario mínimo mejora efectivamente los ingresos sin afectar la formalización laboral o si, por el contrario, requiere reformas productivas complementarias para evitar efectos adversos en el empleo.

Las empresas han ido incorporando una gama de responsabilidades y obligaciones (legales), en especial en materia de protección de datos personales y de ciberseguridad, en la medida que se han ido digitalizando y se han transformado digitalmente. 

Y no se debe a la ausencia regulatoria general, sino a la no comprensión por parte de la alta dirección de las empresas en la necesidad del cumplimiento de las mismas para tener ventajas en la competitividad empresarial, frente a otras entidades que no cumplen dichas normativas. En general, mientras los temas de protección de datos personales han ido acompañado de regulaciones duras y de cumplimiento forzoso pero no interiorizado, los estándares en materia de ciberseguridad se han manejado desde lo técnico / tecnológico antes que desde lo estratégico.  Y tomando en cuenta lo expresado por el WEF, el aumento de conectividad y el rápido ritmo de la innovación tendrán en la ciberseguridad uno de sus mayores retos.

Los temas de regulación en materia de protección de datos personales y ciberseguridad se encuentran en plena investigación a nivel internacional, siendo además que la perspectiva es mayoritariamente desde el área técnica y no desde la toma de decisión de la alta gerencia, aunque las normas han asignado cada vez mayor responsabilidades a la alta dirección y al directorio, llegando aún a las responsabilidades penales en algunos casos. Si bien los esfuerzos por tratar de desarrollar un set de herramientas mínimos para los directorios en materia de ciberresiliencia o manuales para que sepan desde los boards como supervisar los riesgos en materia de ciberseguridad, proceso de transformación digital no ha calado profundamente en la estructura empresarial, relegando estos temas como técnicos y no como estratégicos o de continuidad de negocios. 

Los ejercicios de prevención sirven para evitar una diversidad de ataques, el desplegar políticas de mitigación de riesgo, establecimiento de políticas y cumplimiento de estándares, añaden capas de menor inseguridad, pero como bien dijo alguna vez un buen amigo: no hay seguridad, lo que hay son menores niveles de inseguridad.

Y si esto es un tema tan grave, que ataca desde los móviles que tienes en tu casa (y que no guardan más que tu propia información) hasta los activos críticos nacionales (como los recientes ataques al sistema de oleoducto en USA), ¿por qué no se toma la conciencia debida sobre esta problemática?

Resulta aún difícil de entender que no se reporten las brechas que se producen (mismas que ya de por sí demuestran que existen dichas brechas pero que pudieran ayudar a otros a mejorar sus procesos y evitarlas); la mayoría de las organizaciones no denuncian por temor al riesgo reputacional, por el posible impacto en su valor de empresa, en las sanciones que pudieran recibir por no haber cumplido las normativas vigentes. Pero también esta falta de información hace creer que no está ocurriendo nada, o que la situación no es tan grave como parece. 

Cientos de compañías alrededor del mundo son afectadas diariamente con diversos tipos de incidentes informáticos, desde desactualizaciones de software que abren brechas hasta ataques con fuerza bruta, pasando por ataques desde dentro de las organizaciones hasta ransomware. Miles de dólares en rescate que al final termina en chantaje. Miles de dólares en inversión para evitar dichos ataques; miles en inversión para desplegar políticas de ciberseguridad. Es cierto que esta temática ha generado una gama de nuevos empleos (que aún falta mucho por desarrollar en Perú y requiere de la cooperación de expertos y empresas que vienen de otros países porque no nos damos abasto).

Y las preguntas son ¿Y la alta dirección cómo se está involucrando?, ¿cuántas organizaciones tienen en su directorio una persona que ve estos temas?, que ya es normal por ejemplo en la banca; ¿cuántas organizaciones dependen de sistemas informáticos propios (o de terceros) para la continuidad de su negocio y no invierten en ciberseguridad?; ¿cuántas organizaciones consideran el tema de ciberseguridad como un mero adjunto a la unidad de tecnología?; ¿cuántos prefieren pagar un rescate por no tener adecuadas políticas de ciberseguridad a invertir para evitar estas acciones?; y si miramos al Estado, que tiene como obligatorio primero la ISO 17799 y luego el 27000 sobre ciberseguridad, en efecto ¿Cuántas cumplen realmente estas medidas mínimas para resguardar la información de la ciudadanía que tienen en su custodia o para resguardar la información que sirve para sus funciones?.

La verdad es que los datos que podemos encontrar no nos ayudan. No se puede comprender cómo la alta dirección de las organizaciones no afronta esta problemática, pero peor aún, no lo entenderán hasta que les ocurra.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

• Compra: S/3,798
• Venta: S/3,887

Interbank

• Compra: S/3,755
• Venta: S/3,885

Banco de la Nación

• Compra: S/3,760
• Venta: S/3,850

BBVA

• Compra: S/3,747
• Venta: S/3,954

Scotiabank

• Compra: S/3,751
• Venta: S/3,927

Ellos integrarán el órgano responsable de definir la política monetaria del país, incluyendo decisiones sobre la tasa de interés de referencia, el control de la inflación y la administración de las reservas internacionales.

Los nombramientos forman parte del proceso de renovación del Directorio del BCR correspondiente al nuevo período presidencial. Dos de los tres economistas designados no llegan por primera vez al Directorio del Banco Central: Luis Palomino y Gustavo Yamada ya integraron este órgano durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2021).

Dos regresan al Directorio del Banco Central

Luis Miguel Palomino Bonilla fue designado miembro del Directorio en agosto de 2016 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente ocupó la vicepresidencia del organismo. Economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Finanzas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, también fue economista jefe para América Latina de Merrill Lynch, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) y consultor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Por su parte, Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki también cuenta con experiencia dentro del Banco Central. En 2013 fue elegido director por el Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala y, tres años después, volvió a integrar el Directorio como representante del Poder Ejecutivo durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski.

Yamada es economista, doctor en Economía, profesor principal de la Universidad del Pacífico e investigador especializado en mercado laboral, pobreza, productividad, capital humano y crecimiento económico. A lo largo de su carrera ha desarrollado consultorías para organismos como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Inés Marylin Choy Chong representa el componente de continuidad dentro del Directorio del BCR. Economista y funcionaria de carrera de la institución desde 1977, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el Banco Central. Entre 2020 y 2021 se desempeñó como gerenta general del BCR y, desde noviembre de 2021, integra el Directorio, del cual también fue vicepresidenta.

Renovación del Directorio aún no concluye

La resolución designa a los tres representantes del Poder Ejecutivo. La conformación definitiva del Directorio dependerá de las designaciones que correspondan al Congreso y del procedimiento constitucional para la designación y ratificación de la Presidencia del Banco Central.

La composición final del Directorio será observada por los mercados y los agentes económicos debido al papel que desempeña el BCR en la conducción de la política monetaria y en la preservación de la estabilidad macroeconómica del país.

Más allá de los nombramientos, el retorno de Luis Palomino y Gustavo Yamada supone la reincorporación de dos economistas que ya participaron en las decisiones del Banco Central durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, experiencia que vuelve a colocarlos en uno de los órganos técnicos con mayor influencia sobre la economía peruana.

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Un nombramiento con impacto económico

La renovación del Directorio del BCR suele ser observada con atención debido a que este órgano define las principales decisiones de política monetaria. Entre sus atribuciones se encuentran fijar la tasa de interés de referencia, aprobar las políticas necesarias para preservar la estabilidad de precios, administrar las reservas internacionales y adoptar decisiones relacionadas con la emisión monetaria.

Las decisiones que adopte el Directorio pueden influir en variables como el costo del crédito, el comportamiento del tipo de cambio, las expectativas de inflación y las condiciones de financiamiento para hogares y empresas.

Además, el inicio de un nuevo período presidencial suele venir acompañado de expectativas sobre la continuidad o eventuales cambios en la conducción de la política monetaria, particularmente en un contexto en el que la estabilidad macroeconómica continúa siendo uno de los principales activos del país.

Los nombramientos conforman el primer paso para completar la nueva composición del Directorio del Banco Central durante el actual gobierno. En las próximas semanas también se espera conocer la conformación definitiva del órgano, incluyendo a los representantes que corresponden designar al Congreso y las decisiones respecto a la presidencia del BCR.

La integración final del Directorio será seguida de cerca por inversionistas, entidades financieras, gremios empresariales y analistas económicos, debido al papel que desempeña el Banco Central en la estabilidad monetaria y financiera del Perú.

La nueva estructura combina funcionarios con experiencia en política económica, tributación y administración pública. Más allá de los perfiles, el desafío central será responder a una economía que aún muestra señales de desaceleración en algunos sectores y enfrenta presiones por un mayor gasto público.

Elmer Cuba asume en un escenario fiscal exigente

El nuevo ministro llega al MEF después de una trayectoria vinculada al análisis macroeconómico y la consultoría. Su gestión estará condicionada por la necesidad de mantener el equilibrio entre disciplina fiscal y crecimiento económico.

Cuba estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido director del Banco Central de Reserva y socio de la consultora Macroconsult, además de desempeñarse como profesor universitario y autor de trabajos de investigación económica.

Entre los temas más sensibles figuran la reducción del déficit fiscal, el cumplimiento de las reglas macrofiscales, la recuperación de la recaudación tributaria y la ejecución de proyectos de infraestructura que han mostrado retrasos en distintos niveles de gobierno.

A ello se suma la presión por destrabar inversiones privadas en minería, energía, transporte y construcción, sectores que tienen un peso importante en la actividad económica y el empleo formal.

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Fabrizio Orrego y el manejo de la política económica

Uno de los cambios más relevantes en la estructura de la cartera es la designación de Fabrizio Orrego Peche como viceministro de Economía. Desde ese cargo tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de la política macroeconómica, el seguimiento de las proyecciones de crecimiento y la supervisión de la inversión pública.

Orrego ha desarrollado su carrera en áreas técnicas vinculadas al análisis macroeconómico y la política monetaria. Antes de su designación en el MEF se desempeñó en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), donde ocupó cargos relacionados con el análisis de política monetaria y políticas estructurales, además de participar en labores de coordinación técnica con organismos internacionales.

Su despacho también deberá participar en la evaluación de medidas orientadas a mejorar la competitividad, la productividad y el clima de inversión. En un contexto de menor expansión económica, las decisiones sobre gasto de capital y priorización de proyectos serán determinantes para el desempeño de la economía en los próximos trimestres.

Erick Lahura retorna a Hacienda

En el Viceministerio de Hacienda regresa Erick Wilfredo Lahura Serrano, quien asume nuevamente el cargo en áreas vinculadas al presupuesto público, endeudamiento, tesorería y gestión de los ingresos del Estado.

Lahura es economista por la PUCP, cuenta con un PhD en Economía por la University of London y estudios de posgrado en la London School of Economics (LSE). Su trayectoria en el sector público incluye cargos en el Banco Central de Reserva, la Sunat, el Banco de la Nación y el propio Ministerio de Economía y Finanzas, con especialización en política fiscal, regulación financiera y análisis macroeconómico.

Su retorno introduce un elemento de experiencia técnica en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, el contexto actual obliga a enfrentar una combinación compleja: mayores demandas de gasto en infraestructura, seguridad y programas sociales, junto con la necesidad de evitar un deterioro adicional de las cuentas fiscales.

La coordinación entre Hacienda y Economía será clave para definir cuánto espacio existe para expandir el gasto sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Kitty Trinidad asume la Secretaría General

Otro de los cambios importantes es el ingreso de Kitty Elisa Trinidad Guerrero como secretaria general del MEF. Desde esa posición tendrá a su cargo la coordinación administrativa y operativa de la cartera, la articulación de los órganos de apoyo y la continuidad de los procesos internos del ministerio. Aunque se trata de un cargo menos expuesto públicamente, su función resulta clave para el funcionamiento institucional del sector, especialmente en una etapa de reorganización de la alta dirección y de necesidad de mantener la ejecución administrativa sin retrasos.

Luis Arias Minaya en el Gabinete de Asesores

La nueva plana mayor también incorporó a Luis Alberto Arias Minaya como jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. Su experiencia previa en administración tributaria y finanzas públicas lo ubica en una posición influyente dentro del entorno inmediato del ministro.

Arias es economista y fue superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Su trayectoria ha estado vinculada al diseño de política tributaria, administración fiscal y análisis de finanzas públicas, ámbitos en los que ha ocupado diversos cargos técnicos y de gestión en el Estado peruano.

Desde ese cargo participará en la evaluación de propuestas relacionadas con ingresos fiscales, eficiencia tributaria y sostenibilidad de las finanzas públicas, temas que han ganado importancia ante la necesidad de financiar mayores obligaciones del Estado.

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Los principales retos del nuevo equipo

La nueva conducción del MEF enfrenta una agenda amplia y con poco margen de error. Entre los desafíos más urgentes destacan:

• Reducir el déficit fiscal y encaminarlo hacia las metas establecidas en las reglas fiscales.
• Mejorar la ejecución de la inversión pública, especialmente en proyectos de infraestructura que presentan retrasos.
• Recuperar la recaudación tributaria en un contexto de menor dinamismo de algunos sectores productivos.
• Fortalecer la confianza de inversionistas y empresas para impulsar nuevos proyectos privados.
• Coordinar con gobiernos regionales y municipales para evitar que los recursos presupuestados queden sin ejecutar.

La capacidad del equipo para avanzar en estos frentes será observada por los mercados, el sector empresarial y los organismos internacionales, especialmente en un periodo en el que el crecimiento económico depende en buena medida de la inversión y de la calidad del gasto público.

Más allá de los cambios de nombres, la nueva plana mayor del MEF tendrá que demostrar si puede traducir su experiencia técnica en resultados concretos: mayor ejecución de inversión, cuentas fiscales más ordenadas y un entorno económico que permita sostener la actividad productiva sin aumentar los desequilibrios fiscales.

Durante una conferencia de prensa, Cuba señaló que el nivel de incumplimiento tributario del país supera el promedio de América Latina y el Caribe. La situación, según explicó, contrasta con el desempeño que el Perú suele mostrar en otros indicadores de la economía.

“Los indicadores de evasión tributaria, de incumplimiento tributario del IGV y de renta en Perú son demasiado altos”, afirmó el ministro.

Cuba señaló que, mientras el país mantiene mejores resultados relativos en materia monetaria y fiscal, el comportamiento de la recaudación presenta una situación diferente. En ese contexto, planteó la necesidad de reforzar las acciones destinadas a lograr que los contribuyentes cumplan con las obligaciones que ya establece la legislación.

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¿Quiénes integrarán la comisión contra la evasión?

El ministro indicó que la comisión tendrá carácter presidencial y estará encabezada por Manuel Estela, exfuncionario vinculado a la administración tributaria durante la década de 1990. También mencionó a Luis Alberto Arias como parte del grupo.

Sin embargo, durante el anuncio no se detallaron todavía todas las funciones que tendrá la comisión, el plazo para presentar sus propuestas ni las modificaciones normativas que eventualmente podrían plantearse. Estos elementos serán relevantes para determinar si el grupo de trabajo representará una nueva estrategia de fiscalización o si buscará reforzar herramientas que ya utiliza la administración tributaria.

La Sunat cuenta actualmente con mecanismos destinados a detectar inconsistencias y mejorar el control de las operaciones económicas, entre ellos la facturación electrónica, el cruce de información y herramientas de gestión de riesgo tributario. El desafío planteado por el MEF es elevar el nivel de cumplimiento y reducir los espacios en los que se producen operaciones no declaradas.

Cuba advierte a personas y empresas

El anuncio de la comisión estuvo acompañado de una advertencia dirigida a los contribuyentes que no declaren correctamente sus ingresos. Cuba pidió a las personas naturales que regularicen su situación y cumplan con sus obligaciones tributarias.

“Hay personas naturales que me están escuchando que por favor pónganse al día con sus ingresos, declaren sus ingresos. Si no lo hacen, van a enfrentar el peso de la ley”, manifestó.

El ministro también puso el foco en empresas medianas que, según señaló, recurren a mecanismos de doble contabilidad para reducir el monto de impuestos que deben pagar.

“Hay empresas medianas que tienen doble contabilidad y están evadiendo IGV y están evadiendo renta”, indicó.

La diferencia entre ambos casos resulta relevante para la estrategia anunciada por el MEF. Mientras la falta de declaración de ingresos puede ser detectada mediante los mecanismos de fiscalización tributaria, prácticas como la doble contabilidad requieren controles sobre la información financiera y comercial de las empresas.

El reto de recaudar más sin aumentar las tasas

Cuba sostuvo que la estrategia anunciada no parte de un incremento de las tasas tributarias. El objetivo, según explicó, es lograr que los contribuyentes paguen los impuestos que ya les corresponden de acuerdo con las normas vigentes.

“No les estamos cambiando las tasas, estamos haciendo que paguen lo que corresponde por las leyes peruanas”, afirmó.

La posición planteada por el MEF coloca el aumento del cumplimiento tributario como una vía para elevar los ingresos del Estado sin modificar las tasas de los principales impuestos. Esto implica que una parte del resultado dependerá de la capacidad de la administración tributaria para identificar actividades no declaradas, verificar la información presentada por los contribuyentes y hacer efectivas las sanciones cuando corresponda.

La evasión también tiene un impacto sobre la competencia entre empresas. Un negocio que no declara parte de sus ventas o reduce artificialmente sus obligaciones tributarias puede operar con una estructura de costos distinta frente a otro que cumple con el pago de sus impuestos. Por ello, una mayor fiscalización no solo tiene un efecto sobre la recaudación, sino también sobre las condiciones en las que compiten los agentes económicos.

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Una política que ya cuenta con herramientas de fiscalización

La nueva comisión no parte de cero. Durante los últimos años, la Sunat ha ampliado el uso de herramientas digitales para mejorar el control tributario y obtener información sobre las operaciones de personas y empresas.

La facturación electrónica es una de las principales herramientas incorporadas al sistema tributario. Su masificación permite a la administración disponer de información sobre las operaciones comerciales y utilizarla para contrastar los ingresos declarados por los contribuyentes.

A ello se suma el intercambio de información y el uso de mecanismos de gestión de riesgo, con los que la administración tributaria puede concentrar sus acciones de fiscalización en contribuyentes u operaciones que presenten mayores señales de incumplimiento.

Estas medidas fueron impulsadas durante diferentes administraciones y forman parte de un proceso de modernización de la fiscalización tributaria que antecede al anuncio realizado por Cuba. Por ello, uno de los puntos que deberá definirse será qué elementos adicionales incorporará la comisión presidencial frente a las herramientas que ya están disponibles.

Antecedentes de las medidas contra la evasión

La reducción de la evasión y el aumento de la recaudación han formado parte de las agendas económicas de los últimos gobiernos. Las estrategias han combinado medidas de fiscalización, digitalización y ampliación de la información disponible para la Sunat.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, el Ejecutivo impulsó medidas orientadas a fortalecer la recaudación y combatir la evasión y la elusión tributaria, dentro de una propuesta más amplia de reforma tributaria. Posteriormente, durante la gestión de Dina Boluarte, se mantuvo el énfasis en la digitalización de los procesos y el fortalecimiento de las herramientas de control de la administración tributaria.

El anuncio de Cuba se incorpora a esa línea de políticas, aunque con la creación de una comisión presidencial como nuevo mecanismo de coordinación. Su alcance dependerá de las propuestas que formule, de las facultades que finalmente se le otorguen y de si sus recomendaciones se traducen en cambios concretos en la fiscalización y el cumplimiento tributario.

Por ahora, el MEF ha establecido como prioridad reducir la evasión de IGV y renta sin modificar sus tasas. El siguiente paso será conocer las medidas específicas con las que la nueva comisión buscará convertir ese objetivo en resultados efectivos de recaudación.

Además, no se ha precisado la oportunidad en que se realizará dicho incremento ni se ha hecho referencia a la necesaria institucionalización del mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima del CNT vía una norma del Ejecutivo que lo convierta en vinculante y elimine cualquier manejo arbitrario del referido instrumento.

Adicionalmente al anuncio del incremento de la remuneración mínima, el gobierno viene elaborando un proyecto normativo de solicitud de delegación de facultades para legislar en diversas materias, cuya versión preliminar se ha hecho pública.

Lamentablemente, el proyecto de ley en mención contiene un conjunto de medidas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, como veremos a continuación.

Nuevo régimen laboral general con derechos recortados

El proyecto normativo plantea habilitar al gobierno a crear un nuevo y único régimen laboral general donde se establezca un acceso progresivo a los derechos laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada, horas extras, seguridad social, utilidades, etc.) en función del nivel remunerativo de los trabajadores; y se flexibilice la protección contra el despido.

De esta manera, los trabajadores con remuneraciones más elevadas accederían a una mayor proporción de los beneficios laborales que aquellos con niveles remunerativos bajos, lo cual resulta claramente regresivo y absurdo.

En la práctica, esto implicaría recortar los actuales derechos laborales correspondientes a los trabajadores de ingresos bajos y medios en la mediana y gran empresa, es decir, una especie de extensión de los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa a segmentos de mayores dimensiones.

Retorno de la ley Pulpín

El proyecto de ley de solicitud de facultades para legislar también propone dictar medidas en relación con los mecanismos de contratación laboral y régimen de beneficios laborales de la población juvenil, dada la supuesta existencia de sobre costos laborales, las cuales irían en la línea de recortar derechos laborales y mecanismos de protección contra el despido arbitrario, como sucedió en el 2014 con la derogada Ley 30288, conocida popularmente como la ley Pulpín.

Se insiste en recortar beneficios laborales como un supuesto incentivo a la generación de empleo formal, a pesar del fracaso de dicho enfoque en los últimos 36 años.

Enfoque orientador de la inspección laboral

El gobierno también plantea acceder a facultades legislativas que le permitan establecer que la SUNAFIL siga un enfoque preventivo y orientador, lo cual podría implicar descuidar su rol central de fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, sobre todo en un contexto de escasez presupuestal.

Flexibilización del despido

El Poder Ejecutivo busca flexibilizar los despidos por causas objetivas (económicas, tecnológicas, estructurales, etc.), reduciendo el requisito mínimo de 10% de trabajadores afectados para poder realizar ceses colectivos e incluso permitiendo ceses individuales.

Ello desequilibraría aún más el poder de negociación en favor de los empleadores y generaría mayor precariedad laboral en los empleos formales, sobre todo si no viene acompañado de medidas que limiten la contratación temporal y la tercerización laboral, que promuevan la contratación estable, así como el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva, entre otros.

Flexibilización de beneficios laborales

El gobierno pretende flexibilizar la normativa sobre beneficios laborales (vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones, CTS, etc.) permitiendo acuerdos sobre su aplicación entre trabajadores y empleadores a nivel individual o por negociación colectiva.

Evidentemente, en un país con solo un cinco% de afiliación sindical en el sector privado formal, los supuestos acuerdos básicamente se darían a nivel individual, siendo bastante sencillo para los empleadores terminar imponiendo sus posiciones, dado su mayor poder de negociación.

Bonos por productividad

El gobierno fujimorista también busca promover los bonos por productividad, así como otros incentivos por desempeño, quitándoles el carácter remunerativo, lo cual implicaría que dejen de ser considerados como base de cálculo para los beneficios laborales, así como para los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, perjudicando claramente a los trabajadores.

Desprotección de trabajadores de dirección y confianza

El Poder Ejecutivo plantea eliminar el derecho a la indemnización por despido por pérdida de confianza correspondiente a los trabajadores de dirección o confianza, lo que resultaría especialmente perjudicial si tomamos en cuenta la arbitrariedad con que se vienen asignando las referidas categorías ocupacionales en el sector privado.

Reducción de feriados

El actual gobierno también pretende modificar la normativa de feriados no laborables con el fin de reducir su número bajo un supuesto criterio de racionalización.

Lo que en realidad se buscaría con esta medida es evitar el triple pago remunerativo que se genera cuando un trabajador labora en día feriado y no goza de descanso compensatorio considerando que la gran mayoría de los trabajadores formales privados forman parte de los sectores comercio y servicios, donde se suele trabajar los feriados.

Cabe agregar que es falso que Perú sea el país con mayor cantidad de feriados no laborables en Latinoamérica o con más días de vacaciones (considerando los días hábiles).

Despidos masivos en el Estado

Otro aspecto que el fujimorismo busca aprobar vía facultades legislativas delegadas es tener la habilitación para ofrecer incentivos económicos para la salida “voluntaria” de trabajadores públicos, lo cual muestra una clara intención de reducir el tamaño del Estado peruano, el cual ya resulta bastante pequeño si lo comparamos con el estándar de los países desarrollados.

Necesitamos implementar la reforma del servicio civil normada por la Ley 30057 para comenzar a mejorar las condiciones laborales en el Estado y la calidad de los servicios públicos, no despedir masivamente y arbitrariamente a los trabajadores estatales.

Epílogo

Del análisis realizado se desprende claramente que el nuevo gobierno plantea aplicar una reforma laboral para seguir recortando derechos laborales, desproteger aún más a los trabajadores, abaratar la mano de obra, empoderar más a los empleadores, precarizar el empleo formal y reducir el tamaño del Estado. Se trata de una continuación de la nefasta reforma laboral implementada en la década del noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La bancada de oposición, que cuenta con mayoría y dirige la Cámara de diputados, no puede otorgar al gobierno fujimorista facultades para legislar contra el interés y bienestar de la gran mayoría de ciudadanos, solo en aspectos laborales, sino también tributarios, ambientales, de orden interno, etc.

En entrevista con RPP, Sheput cuestionó la manera en que se han realizado las adquisiciones de medicinas y sostuvo que la revisión deberá determinar cómo se llegó a una situación de desabastecimiento pese al gasto ejecutado.

"No puede ser que se haya estado comprando de la manera como se ha venido comprando las medicinas por montos debajo de las ocho unidades impositivas tributarias a precios carísimos y generando desabastecimiento y un gasto innecesario", afirmó.

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El ministro planteó que la auditoría debe permitir conocer qué ocurrió con estos procesos de compra y determinar si existieron fallas en la gestión. La denuncia, por ahora, forma parte de los cuestionamientos expresados por Sheput y deberá ser contrastada mediante la revisión que anunció. El punto central será determinar si los mecanismos utilizados para adquirir medicamentos terminaron elevando los costos y, al mismo tiempo, provocando problemas de disponibilidad.

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El anuncio de la auditoría ocurre en medio del cambio de mando en EsSalud. El Ejecutivo removió a Jaime Moreno Eustaquio de la presidencia ejecutiva y encargó temporalmente la conducción de la institución a Hilda Sandoval Cornejo.

Precisamente, Sheput señaló que la nueva presidenta ejecutiva recién asumiría el control de la entidad y que será ella quien, junto con las instancias correspondientes, determine el alcance de las medidas necesarias.

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El ministro fue particularmente crítico al describir el estado en que encuentra la institución. "El estado en que estamos encontrando salud no es un estado de excelencia ni de caridad, sino es un desastre y eso lo sabe cualquier persona que nos esté escuchando", sostuvo.

Entre los asuntos inmediatos mencionados por Sheput están la atención de operaciones y la provisión de medicamentos. El abastecimiento resulta especialmente sensible porque sus efectos terminan trasladándose directamente a los asegurados cuando una medicina no está disponible o una atención médica se posterga.

La auditoría anunciada deberá establecer qué ocurrió con las compras y cuál fue el impacto de las decisiones adoptadas. Hasta que concluya esa revisión, las afirmaciones del ministro sobre los procesos de adquisición deben entenderse como cuestionamientos que serán materia de investigación.

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El cambio en la presidencia ejecutiva también se produce en un contexto de alta rotación de autoridades en EsSalud. Para la actual gestión, esta inestabilidad dificulta la continuidad de políticas y la ejecución de reformas que requieren resultados sostenidos.

Gobierno evalúa declarar en emergencia a EsSalud tras intento de junio

La eventual declaratoria de emergencia todavía no está definida. Sheput explicó que la decisión deberá ser evaluada por la nueva administración una vez que Sandoval tome el control de la institución.

Consultado directamente sobre si EsSalud será declarado en emergencia, el ministro respondió que todavía se debe determinar si esa categoría es la herramienta adecuada para enfrentar la situación.

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Sheput reveló además que una declaratoria de emergencia ya fue planteada en junio, aunque finalmente no prosperó. Según su versión, aquella propuesta estaba relacionada con la posibilidad de realizar importantes compras de medicamentos sin que existiera una planificación adecuada.

El ministro afirmó que el proceso terminó deteniéndose después de que la prensa informara sobre el caso. La nueva administración tendrá ahora que evaluar si corresponde retomar una medida de ese tipo y bajo qué condiciones.

Economía

08 Ago 2026 | 11:52 h

Precio del dólar en Perú hoy, sábado 8 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

• Ministro de Economía asegura que no se reducirán feriados y que sueldo mínimo se aumentará en dos etapas

Precio del dólar hoy, sábado 8 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Isabel Nomberto

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¿Cuál es el precio del dólar hoy, 8 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,390 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este domingo 9 de agosto?

BCP

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