El cambio climático le restaría 0,9 puntos porcentuales (pp) al crecimiento del PBI de 2026, frente a los 0,7 pp estimados en el reporte anterior. Para 2027, el impacto subiría de 0,9 a 1,1 pp. El mayor golpe se concentraría en los sectores primarios, especialmente agricultura y pesca.

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El Niño resta crecimiento a la economía peruana en 2026

Durante la presentación del Reporte de Inflación de septiembre, el presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que la revisión responde principalmente al deterioro de las perspectivas para los sectores vinculados directamente con el clima.

"Aquí está la pérdida por sectores(…)aumentado básicamente por sectores primarios", señaló Velarde al mostrar las nuevas estimaciones del impacto de El Niño.

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El cambio de escenario supone un menor desempeño de actividades que ya venían mostrando señales de debilidad. El BCRP estima que la producción agropecuaria pasará de una expansión de 0,3% prevista en junio a una caída de 1,5% este año. En pesca, la contracción proyectada aumenta de 28,3% a 30,7%.

El menor crecimiento de los sectores primarios no significa, sin embargo, que toda la economía pierda dinamismo. La demanda interna —el gasto de hogares, empresas y Gobierno— mantiene una expansión elevada y la inversión privada también presenta mejores perspectivas.

Agricultura y pesca concentran el golpe de El Niño

El sector agropecuario será uno de los principales canales por los que el fenómeno climático impactará en la economía. Según el BCRP, las anomalías de temperatura, lluvias, viento y humedad afectarían los rendimientos y la producción, con especial incidencia en los frutales de la costa, la papa, el arroz y la carne de ave.

"Estamos teniendo realmente un mayor impacto en agricultura, un mayor impacto en pesca", sostuvo Velarde.

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En el caso de la pesca, el problema se concentra en la segunda temporada de anchoveta de la zona centro-norte. Una menor captura reduciría también la producción de harina y aceite de pescado, actividades que forman parte de la manufactura primaria.

El efecto no se limita a estas actividades. El BCRP advierte que las condiciones climáticas adversas también podrían afectar ramas no primarias, como textiles y algunos alimentos vinculados al frío. A ello se suman efectos indirectos: si determinados sectores producen menos, los ingresos de los hogares vinculados a esas actividades también pueden resentirse y terminar afectando el consumo.

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Inversión privada sostiene parte del crecimiento

Pese al recorte del PBI, el escenario que plantea el BCRP mantiene una economía con una demanda interna firme. Para 2026, el organismo elevó su proyección de crecimiento de la inversión privada de 12,5% a 14%, mientras que la demanda interna avanzaría 6,2%, por encima del 5,9% previsto en junio.

Este mejor desempeño ayuda a amortiguar el impacto de las actividades primarias sobre el resultado general. También explica por qué el recorte de la proyección del PBI es de dos décimas y no mayor, pese al deterioro de las perspectivas para agricultura y pesca.

Para 2027, el BCRP espera que la economía crezca 3%. La recuperación de los sectores afectados por El Niño sería parte de ese resultado, aunque el fenómeno todavía tendría un impacto estimado de 1,1 puntos porcentuales sobre el crecimiento de ese año.

La medida tendrá una duración de tres meses y reconoce S/4 por cada galón de gasolina o gasohol que sea considerado válido. El límite es de S/100 mensuales por persona, por lo que el máximo acumulado durante todo el periodo llega a S/300. Ese monto, sin embargo, depende de que el conductor genere el tope mensual con adquisiciones que puedan ser verificadas.

El primer paso está en manos del MEF

La parte que todavía debe ponerse en marcha es el mecanismo mediante el cual se determinará quién puede acceder al beneficio y cuánto recibirá. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene un plazo máximo de 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la medida para aprobar las disposiciones necesarias para su implementación.

El proceso no parte de cero. La norma dispone que distintas entidades públicas entreguen al MEF información necesaria para identificar a los potenciales beneficiarios. Para ello se utilizarán registros de organismos como Reniec, Sunarp, MTC, Sunat, SBS y Osinergmin.

Estas instituciones tienen un plazo de siete días calendario desde la entrada en vigencia para proporcionar la información requerida. Con esos datos se podrá verificar, entre otros aspectos, la identidad del conductor, la información del vehículo y la documentación necesaria para acceder al apoyo.

Una vez reunida esa información, el MEF deberá poner en funcionamiento un aplicativo para el registro de los conductores. El sistema no solo servirá para incorporarlos al mecanismo, sino también para determinar si cumplen las condiciones y calcular el monto que les corresponde.

¿Cuándo comenzarán a contar las compras?

El subsidio no funciona como un bono entregado por adelantado. El monto se determina a partir del combustible adquirido durante el periodo de vigencia y que posteriormente pueda ser validado.

Los tres meses de la medida se dividirán en seis periodos consecutivos de 15 días. Esto significa que las adquisiciones realizadas desde el inicio de la vigencia podrán formar parte del primer tramo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y sean registradas dentro del procedimiento correspondiente.

Para alcanzar los S/100 mensuales, el conductor tendría que acreditar 25 galones válidos, debido a que el reconocimiento es de S/4 por galón. Si registra un volumen menor, el monto calculado será inferior al límite mensual.

Por ello, los S/300 anunciados como máximo no deben entenderse como una suma que todos los beneficiarios recibirán automáticamente. Es el resultado de alcanzar el límite de S/100 en cada uno de los tres meses.

No cualquier compra de combustible será considerada

Uno de los elementos que determinará el pago será la posibilidad de comprobar cada adquisición. La compra debe estar respaldada por un comprobante electrónico y realizarse en un establecimiento que tenga inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

El sistema deberá contrastar la información declarada por el conductor con los registros disponibles. Entre los datos que serán utilizados se encuentran el DNI, la placa del vehículo, el establecimiento donde se realizó la operación, el volumen adquirido, el importe pagado y el número del comprobante.

Esto permite que el cálculo del subsidio esté vinculado a operaciones que puedan ser verificadas y evita que una misma adquisición sea utilizada para generar pagos duplicados. La norma establece, además, que una compra no puede ser atribuida a más de un conductor.

¿Qué deben tener en regla los conductores?

El acceso tampoco depende únicamente de demostrar compras de combustible. El beneficiario debe ser conductor de un vehículo menor de categoría L5 utilizado para el servicio público de transporte de personas en Loreto, Ucayali o Madre de Dios.

Entre las condiciones figura contar con DNI vigente, licencia de conducir Clase B, Categoría II-C, y un SOAT vigente o, cuando corresponda, un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) vigente emitido por una AFOCAT. El vehículo debe estar identificado con la Placa Única Nacional de Rodaje.

La norma permite que un mismo vehículo tenga hasta dos conductores asociados. Esto no significa que ambos puedan utilizar las mismas compras para obtener el beneficio: cada adquisición solo puede generar el reconocimiento correspondiente a un conductor.

El pago llegará después de la validación

Cuando el MEF haya identificado a los beneficiarios y calculado los montos correspondientes, la información será enviada al Banco de la Nación. La entidad podrá utilizar cuentas existentes, abrir nuevas o emplear otras modalidades de pago disponibles, sin generar un costo adicional para los beneficiarios.

El esquema, por tanto, tiene varias etapas antes del desembolso: primero se completa la información de los potenciales beneficiarios; luego se habilita el sistema; posteriormente se registran y validan las compras; y finalmente se determina el monto que será transferido.

La medida cuenta con un presupuesto de hasta S/16 millones 23 mil, financiado con recursos de la Reserva de Contingencia. Su vigencia se extiende por tres meses desde el día siguiente de la publicación, mientras que la norma permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Así, para los conductores de la selva, el dato más importante en los próximos días será la puesta en funcionamiento del mecanismo del MEF. El subsidio ya tiene un monto, un periodo y un procedimiento definidos, pero el momento en que cada mototaxista pueda cobrar dependerá de que complete la ruta de registro, acreditación y validación de sus adquisiciones.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 18 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

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El resultado fue de 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, con lo que la Cámara Alta respaldó la continuidad de Velarde en la presidencia del directorio del BCRP. El informe había sido aprobado previamente por mayoría en la Comisión de Procedimientos Especiales.

La jornada también dejó en evidencia que el respaldo a la permanencia de Velarde no fue uniforme entre las bancadas. Mientras algunos senadores destacaron el desempeño del BCRP en materia de estabilidad monetaria, otros centraron sus intervenciones en cuestionamientos relacionados con la fiscalización, sus vínculos con el sector privado y las decisiones adoptadas durante los últimos años.

Cuestionamientos desde Juntos por el Perú

Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú y presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales, fue quien sustentó ante el Pleno el informe que recomendaba la ratificación. No obstante, durante su intervención dejó constancia de su posición contraria a la continuidad de Velarde.

Desde la misma bancada, Humberto Morales cuestionó el impacto de las decisiones de política monetaria sobre los sectores de menores ingresos. El senador también hizo referencia a los vínculos de Velarde con empresas privadas y sostuvo que entre 2021 y 2022 se produjeron episodios de fuerte movimiento económico y cambiario que, según su interpretación, evidenciaron el peso que tiene el BCRP en la economía.

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"Ese es el poder del BCR", señaló Morales durante su intervención, al referirse al papel de la institución en la estabilidad monetaria y en las fluctuaciones del tipo de cambio.

Otro de los cuestionamientos provino de Bernardo Jaime Quito Sarmiento, también de Juntos por el Perú, quien puso en discusión la extensión del periodo para el que se ratifica al presidente del BCRP.

"¿Depende nuestra economía o la estabilidad monetaria solamente de él?", planteó el senador, al cuestionar que la continuidad de una autoridad pueda concentrar parte del debate sobre la conducción económica del país.

Quito también mencionó la participación del BCRP en las medidas de liquidez implementadas durante la pandemia mediante Reactiva Perú. Sobre este punto, atribuyó al programa resultados que, según sostuvo, habrían favorecido a empresas de gran tamaño y cuestionó la recuperación de recursos vinculados a los créditos que no fueron pagados.

Bancadas respaldaron continuidad de Velarde

En el otro lado del debate, Jaime Delgado, de Ahora Nación, manifestó el respaldo de su bancada a la permanencia del economista.

"Nuestra bancada ha expresado incluso desde la campaña el respaldo a Julio Velarde", afirmó Delgado, quien vinculó su posición con la necesidad de preservar la transparencia y fortalecer al organismo encargado de la política monetaria.

Una posición similar expresó Roger Miguel Asturi Laura, del Partido Cívico Obras, aunque puso énfasis en que la ratificación no implica eliminar los mecanismos de control sobre el funcionario.

"Mi respaldo no significa un cheque en blanco, la autonomía no elimina la fiscalización y la experiencia no exime de rendir cuentas", sostuvo.

Su intervención planteó uno de los puntos centrales que atravesaron la discusión: la autonomía constitucional del BCRP no significa que sus autoridades queden al margen de la fiscalización y del escrutinio público.

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Walter Francisco Gago Rodríguez, también del Partido Cívico Obras, destacó por su parte el comportamiento de la inflación peruana durante las últimas dos décadas. Según señaló, desde 2006 la inflación se ha mantenido entre las más bajas de la región, situación que, desde su perspectiva, ha favorecido al consumidor.

Gago también sostuvo que la moneda peruana ha ganado reconocimiento internacional por su solidez, argumento utilizado para respaldar la continuidad de la actual conducción del Banco Central.

Patricia Juárez, de Fuerza Popular, respondió los cuestionamientos formulados durante el debate y puso énfasis en los requisitos legales para ocupar la presidencia del BCRP. Señaló que la normativa no establece como condición contar con una maestría, un doctorado o una inscripción en la Sunedu para ejercer el cargo.

La senadora también destacó la estabilidad económica alcanzada frente a distintas crisis internacionales como uno de los elementos considerados en la discusión sobre la continuidad de Velarde.

¿Qué viene para el BCRP después de la ratificación?

Con la votación del Senado, queda respaldada la continuidad de Julio Velarde como presidente del directorio del BCRP durante el nuevo periodo de cinco años. El Poder Ejecutivo ya había ratificado su designación mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM, publicada el 21 de agosto, por lo que la decisión de la Cámara Alta completó el procedimiento previsto para su continuidad.

No obstante, el proceso para completar el nuevo directorio del Banco Central todavía continúa. El Senado debe elegir a tres integrantes que corresponden a la Cámara Alta. La Comisión de Procedimientos Especiales estableció un cronograma que contempla la evaluación de la trayectoria académica y profesional de los postulantes, entrevistas personales entre el 22 y el 24 de septiembre y la presentación del informe final el 7 de octubre.

De esta manera, la ratificación de Velarde resuelve uno de los principales pendientes para la conformación del directorio del BCRP para el periodo 2026-2031, pero todavía queda por definir quiénes ocuparán los tres puestos que corresponde elegir al Senado.

El debate de este miércoles deja, además, dos elementos sobre la mesa: el reconocimiento de la estabilidad monetaria como uno de los principales argumentos para respaldar la continuidad de Velarde y, al mismo tiempo, el pedido de algunos parlamentarios para que la autonomía del BCRP vaya acompañada de una mayor fiscalización sobre las decisiones de sus autoridades.

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Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Senado, Cuba sostuvo que la magnitud del fenómeno, que calificó como un evento fuerte y de una intensidad que no se veía posiblemente en 50 años, impedirá que la economía alcance una expansión de 4% este año. El MEF mantiene una proyección de crecimiento de 3,4% para 2026, aunque el ministro advirtió que un agravamiento del Niño podría afectar el resultado del cuarto trimestre de este año y del primero de 2027.

La afirmación del ministro debe distinguirse de una clasificación estadística. El INEI no utiliza “recesión” como una categoría específica para esos tres sectores. Lo que sí muestran sus registros es una caída pronunciada de actividades vinculadas a la pesca, la agricultura y la manufactura, mientras otras ramas de la economía continúan creciendo.

Pesca: el mayor golpe detrás de la advertencia

La situación de la pesca es la que presenta el deterioro más evidente. Los datos oficiales de julio muestran que la actividad pesquera cayó 27,44% respecto del mismo mes de 2025, con lo que el retroceso se prolongó durante el tercer trimestre.

El principal factor está en la anchoveta. En julio se capturaron apenas 2.496 toneladas, frente a las 292.148 toneladas del mismo mes del año pasado. La diferencia representa una caída de 99,1%, asociada a la suspensión de la pesca de anchoveta en la zona norte-centro.

El problema no termina en los desembarques. La anchoveta es una materia prima fundamental para la elaboración de harina y aceite de pescado, por lo que una menor captura también afecta actividades industriales relacionadas con su procesamiento.

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La magnitud del retroceso ya había quedado reflejada en las cuentas nacionales del segundo trimestre. Entre abril y junio, Pesca y Acuicultura se contrajo 48,7%, mientras que la pesca marítima cayó 50%. Por eso, cuando Cuba señala a la pesca como uno de los sectores que ya se encuentra en una situación recesiva, su afirmación se produce sobre una actividad que acumula varios meses de resultados negativos.

Además, el escenario climático no apunta todavía a una recuperación inmediata. La actualización más reciente del ENFEN elevó a 85% la probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria durante septiembre en la región Niño 1+2. Para octubre la probabilidad llega a 82% y para noviembre a 78%.

Agro: el retroceso no es igual en toda la actividad

La situación del agro es menos uniforme. En este caso, la afirmación de Cuba requiere observar qué componentes de la actividad están cayendo y cuáles todavía mantienen resultados positivos.

En junio, el sector agropecuario cayó 8,12%. El retroceso estuvo concentrado principalmente en la actividad agrícola, afectada por condiciones climatológicas adversas. En contraste, el subsector pecuario mantuvo un resultado positivo. El INEI había señalado que los problemas climáticos estaban afectando el desarrollo de determinados cultivos.

Esto significa que hablar del agro como un bloque en recesión puede ocultar diferencias importantes entre actividades y regiones. Una menor producción agrícola no implica necesariamente que toda la actividad agropecuaria esté retrocediendo al mismo ritmo.

Sin embargo, el riesgo que advierte el ministro sí aumenta debido a la evolución esperada del fenómeno. El ENFEN prevé temperaturas del aire superiores a lo normal durante septiembre-noviembre y mayores probabilidades de lluvias por encima de lo habitual en la costa norte. El organismo también contempla que las condiciones anómalas puedan prolongarse hasta el otoño de 2027.

Para los productores, esto significa que el efecto económico dependerá del cultivo, la ubicación y la duración de las anomalías. La prolongación del fenómeno puede afectar rendimientos, calendarios agrícolas y decisiones de siembra, aunque el impacto no será necesariamente uniforme.

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Textil: el problema se refleja dentro de la manufactura

El tercer sector mencionado por Cuba es el textil. Aquí la relación con El Niño es diferente a la de la pesca o el agro, porque el impacto se produce principalmente a través de las condiciones de producción y la disponibilidad de determinadas materias primas.

El INEI ya había reportado en los meses anteriores una contracción de la manufactura vinculada, entre otros factores climáticos, con la disponibilidad de especies hidrobiológicas y el ciclo de producción de algunas industrias, incluida la textil. En junio, la manufactura registró una caída de 6,19%.

Cuba planteó además una respuesta específica para este sector. Señaló que se venía conversando con el Ministerio de la Producción para declarar en emergencia al sector textil, de modo que las empresas afectadas puedan acceder a mecanismos de flexibilización o reprogramación de sus créditos a través del sistema financiero.

Aquí también es importante separar la evaluación del ministro de la medición estadística. El INEI registra la evolución de la manufactura y sus ramas, pero no establece oficialmente que el sector textil se encuentre en recesión. Esa es la caracterización realizada por Cuba a partir de la situación que enfrenta la actividad.

El PBI crece, pero no todos los sectores acompañan

La principal duda que deja la advertencia de Cuba es cómo pueden coexistir una supuesta situación recesiva en tres actividades y un crecimiento positivo de la economía peruana.

El dato publicado este martes por el INEI ofrece parte de la respuesta. La producción nacional aumentó 3,56% en julio frente al mismo mes de 2025 y acumuló un crecimiento de 3,13% entre enero y julio. Es decir, el deterioro de algunos sectores todavía está siendo compensado por otras actividades.

La diferencia ya se había observado durante el segundo trimestre. Mientras Pesca y Acuicultura cayó 48,7%, la construcción creció 8,9% y el comercio avanzó 7,3%. También registraron resultados positivos electricidad, gas y agua, alojamiento y restaurantes y otros servicios.

Por ello, los datos disponibles no permiten afirmar que la economía peruana esté en recesión. La advertencia de Cuba se refiere a sectores específicos que están enfrentando un deterioro considerable, mientras el resultado agregado continúa siendo positivo.

El riesgo está en que las actividades que hoy compensan las pérdidas no mantengan ese ritmo si el fenómeno climático se prolonga o afecta a más ramas productivas.

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El riesgo que mira el MEF está en 2027

La preocupación de Cuba no se limita al resultado de este año. El ministro señaló que un agravamiento del Fenómeno El Niño podría reducir el crecimiento durante el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

Esta advertencia coincide con el último escenario del ENFEN, que elevó las probabilidades de un Niño Costero extraordinario para los siguientes meses y proyecta que las anomalías puedan prolongarse hasta 2027.

Así, el dato de julio introduce un matiz importante: la economía peruana todavía crece y acumuló 3,13% en los primeros siete meses, pero ese resultado agregado no elimina el fuerte deterioro que enfrentan determinadas actividades. La pesca es el caso más evidente; el agro presenta un impacto desigual y el textil recibe el golpe dentro de una manufactura que también viene registrando retrocesos.

La advertencia de Elmer Cuba, por tanto, no describe una recesión de toda la economía, sino el deterioro de sectores concretos que podría terminar teniendo un efecto mayor sobre el PBI si El Niño mantiene la intensidad prevista para los próximos meses.

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“Crecer el cierre del año entre 3 y 5% es lo esperado”, sostuvo Passalacqua al evaluar el comportamiento del retail durante el primer semestre y las perspectivas para la campaña de fin de año.

Las cifras presentadas por el gremio muestran, en paralelo, el peso que mantiene esta actividad en la economía. Las ventas formales del retail alcanzaron S/27.478 millones en el primer semestre de 2026, equivalente al 9,1% del PBI semestral, mientras que el empleo directo registrado por Produce llegó a 122.069 trabajadores a junio, un incremento interanual de 6,1%.

Mundial impulsó las ventas y Navidad será la próxima prueba

Para Passalacqua, el desempeño de este año estuvo marcado por factores que fueron más allá del comportamiento habitual de las campañas comerciales. La presidenta del gremio señaló que, pese al escenario político, el Mundial representó un impulso relevante para el consumo.

"El pico que nos alivió, aparte de lo político, fue el tema del Mundial", afirmó. Según su evaluación, durante junio se registró un crecimiento de entre 10% y 12%, comportamiento que, a su juicio, no se había observado en un junio anterior.

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No todas las campañas tuvieron el mismo resultado. La representante empresarial indicó que las ventas por el Día del Padre y el Día de la Madre estuvieron por debajo de las metas previstas, con retrocesos de aproximadamente 3% a 4% en determinados casos.

El gremio, no obstante, identifica una expansión más extendida entre las distintas categorías. En el primer semestre, los libros y productos especializados registraron el mayor incremento acumulado, con 20,6%; seguidos por equipamiento del hogar, con 17,7%; tiendas por departamento, con 11,5%; supermercados, con 11,4%; farmacias y cosmética, con 10,3%; y ferretería, con 8,8%.

El siguiente gran indicador será la campaña navideña. Passalacqua considera que noviembre permitirá medir con mayor claridad la disposición de los consumidores.

"El primer termómetro van a ser los cibers", comentó en referencia a las jornadas de comercio electrónico y a eventos como el 'Black Friday'. Para la dirigente, el comportamiento de estas campañas servirá para anticipar cómo podría desenvolverse la Navidad.

El Niño obliga a revisar compras y abastecimiento

El principal riesgo para los próximos meses está relacionado con el clima. El gremio identifica al fenómeno El Niño entre los factores que podrían afectar la continuidad de las operaciones, especialmente por sus efectos sobre carreteras, abastecimiento y costos logísticos.

En este escenario, Passalacqua señaló que las empresas deben utilizar la información disponible para anticiparse a posibles interrupciones.

"La recomendación es que ya hay data, ya sabemos por dónde va a llegar, ya sabemos los departamentos y las provincias que se van a ver afectadas", explicó.

Una de las medidas planteadas es ajustar las compras destinadas a los primeros meses de 2027. La lógica es evitar acumular inventarios que posteriormente puedan tener dificultades para ser movilizados o comercializados en las zonas afectadas.

"Debes prevenir que esta compra debe ser menor, si todavía no la has hecho. Debes prevenir el tema estratégico logístico", sostuvo.

El riesgo no se limita al nivel de ventas. Una interrupción en las rutas de transporte puede encarecer el traslado de productos o dificultar su llegada a establecimientos comerciales. Por ello, el sector también viene planteando alternativas para mantener el abastecimiento.

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Retail pide destrabar el cabotaje ante posibles problemas de transporte

En materia logística, Passalacqua señaló que desde la CCL se viene impulsando una discusión sobre el cabotaje como alternativa para movilizar mercancías.

La representante empresarial sostuvo que existe una limitación relacionada con las condiciones para que embarcaciones extranjeras puedan participar en este mecanismo. En su opinión, destrabar esta alternativa permitiría contar con una vía adicional de transporte en caso de que las carreteras resulten afectadas.

"El cabotaje va a permitir traer del norte y llegar al norte o al sur igual", señaló.

La preocupación adquiere mayor relevancia debido a que el propio gremio considera que El Niño puede convertirse en un riesgo para la continuidad operativa y no únicamente en un problema asociado a la demanda.

Más de US$522 millones en nuevos proyectos retail

Mientras las empresas preparan medidas para enfrentar los riesgos climáticos, el sector también mantiene proyectos de expansión. El gremio reporta US$522 millones de inversión anunciada en cinco nuevos proyectos retail.

Entre las iniciativas figuran Cencosud San Juan de Lurigancho, con una inversión estimada de US$230 millones; Marina City Center, por US$100 millones; Plaza Center Trujillo, por US$146 millones; Jockey Premium Outlet, con US$20 millones; y The Square, en Surco, con una inversión cercana a US$26 millones.

Passalacqua explicó que la apertura de nuevos centros comerciales puede generar un efecto sobre el movimiento comercial de las zonas donde se instalan. Según su referencia, un nuevo establecimiento puede elevar entre 15% y 20% el movimiento de su área de influencia, aunque su consolidación requiere tiempo.

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Seguridad y clima, los pedidos para el próximo gobierno

Además del impacto climático, el sector identifica la seguridad ciudadana como uno de los principales factores que pueden condicionar la actividad comercial durante los próximos meses. En particular, Passalacqua mencionó el riesgo de robos y extorsiones durante la campaña navideña.

"Lo primero, la seguridad", respondió al ser consultada sobre las prioridades que debería asumir el próximo gobierno.

El gremio coloca a la seguridad ciudadana, El Niño, la logística y el abastecimiento entre los principales desafíos para el retail. Al mismo tiempo, las expectativas empresariales permanecen en terreno positivo: la expectativa del sector a 12 meses alcanza 69 puntos y la de demanda llega a 74,6, ambas por encima del umbral de 50 puntos considerado optimista.

Así, el cierre de 2026 tendrá dos variables que avanzarán en paralelo: una campaña comercial que el sector espera que reactive el consumo y una temporada climática que podría poner a prueba la capacidad logística de las empresas. Para el retail, el resultado de los próximos meses dependerá no solo de cuánto compre el consumidor, sino también de que los productos puedan llegar a los establecimientos y mantenerse disponibles.

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Para el Mg. Mario Vergara Silva, docente de Posgrado de ESAN, comparar solamente los saldos actuales puede llevar a una conclusión incompleta. “Comparar el saldo actual solo muestra una foto del presente, mientras que evaluar la pensión proyecta tu seguridad financiera futura”, explicó.

¿Qué cambia si pasas de la ONP a una AFP?

Uno de los primeros aspectos que debe conocer el afiliado es qué ocurre con los aportes que ya realizó. En el Sistema Privado de Pensiones (SPP), el trabajador tiene una Cuenta Individual de Capitalización (CIC), mientras que en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) los aportes se gestionan bajo las reglas del régimen público.

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Por ello, cuando una persona pasa de la ONP a una AFP, el dinero que aportó anteriormente no se deposita directamente y en efectivo en su nueva cuenta individual. La normativa establece un mecanismo para reconocer los aportes realizados en el SNP y contempla la posibilidad de acceder a un Bono de Reconocimiento cuando se cumplen los requisitos establecidos.

“Los aportes que ya realizaste al Sistema Nacional de Pensiones de la ONP no se transfieren de manera inmediata a tu nueva cuenta individual en la AFP, ya que el dinero de la ONP va a un fondo común”, señaló Vergara.

El especialista también puso como ejemplo el efecto de la pérdida de poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Según explicó, un monto nominal acumulado años atrás no tiene necesariamente el mismo valor real actualmente debido a factores como la inflación.

“S/10 mil soles en el 2007 no tendrán el mismo poder adquisitivo el día de hoy después de 20 años”, sostuvo.

En la AFP, por otro lado, los nuevos aportes ingresan a una cuenta individual y son invertidos. Por ello, el saldo puede aumentar con la rentabilidad, pero también experimentar fluctuaciones asociadas al comportamiento de los mercados financieros.

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¿Qué ocurre si el cambio es de AFP a ONP?

La Ley 32123 establece que quienes pasan del SPP al SNP deben transferir el 100% de su CIC correspondiente a los aportes obligatorios con fin previsional, además de considerar el valor del Bono de Reconocimiento o título correspondiente, cuando exista.

El reglamento operativo precisa que, en estos casos, las AFP deben transferir el 100% del saldo acumulado por aportes obligatorios de la CIC al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales administrado por la ONP.

“Significa transferir la totalidad de los fondos acumulados en tu cuenta privada directo al fondo común del Estado”, explicó Vergara.

No obstante, debe hacerse una precisión: la pensión mínima del SNP es de S/600, mientras que el monto máximo aplicable al régimen del Decreto Ley 19990 puede llegar a S/1.000, de acuerdo con las condiciones previstas. Por tanto, no corresponde afirmar que todo afiliado que pase a la ONP recibirá necesariamente S/600.

La reforma, además, contempla prestaciones mínimas y proporcionales dentro del pilar semicontributivo. Recientemente, la ONP aprobó el procedimiento para que determinados afiliados del SPP puedan acceder a una pensión mínima o proporcional si cumplen los requisitos establecidos.

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Los 5 datos que debes revisar antes de elegir

1. Edad y años que faltan para jubilarte

La edad legal de jubilación es un dato central para comparar ambas alternativas. El tiempo que queda hasta los 65 años determinará cuántos años más podrá realizar aportes el trabajador y, en el caso de una AFP, cuánto tiempo tendrá el fondo para generar rentabilidad.

No enfrenta la misma situación una persona joven que recién comienza su vida laboral que alguien que está a pocos años de jubilarse.

En el primer caso existe un horizonte mayor para acumular recursos y enfrentar periodos de volatilidad de los mercados. En el segundo, adquieren mayor importancia el saldo existente, los aportes reconocidos y la pensión que podría obtener.

2. Historial de aportes y estabilidad laboral

El segundo dato es saber exactamente cuánto tiempo se ha aportado y qué periodos están reconocidos.

En el SNP, las Unidades de Aporte son relevantes para determinar las prestaciones. La normativa señala que para los afiliados trasladados se contabilizan las UdA acumuladas en cada régimen considerando únicamente los aportes efectivamente pagados.

Vergara considera fundamental revisar este historial antes de tomar una decisión. En el caso de una persona con periodos prolongados sin aportes, la evaluación puede ser distinta frente a un trabajador con una trayectoria laboral estable.

En la AFP, el dinero permanece asociado a la cuenta individual del afiliado y los aportes efectuados incrementan el fondo, junto con la rentabilidad obtenida.

3. Nivel y estabilidad de los ingresos

El sueldo también es determinante.

En el sistema público existen montos mínimos y máximos establecidos por las normas correspondientes. En el SPP, en cambio, la pensión está relacionada con el fondo acumulado, los aportes realizados, la rentabilidad y la modalidad de jubilación elegida.

Por ello, un trabajador con ingresos altos y una trayectoria laboral estable puede tener una capacidad de acumulación diferente a quien tiene ingresos bajos o periodos frecuentes sin aportes.

“Dos personas con exactamente el mismo dinero acumulado hoy recibirán pensiones muy diferentes según el sistema donde se jubilen”, explicó Vergara.

La regularidad también importa. No basta con conocer cuánto gana actualmente una persona: debe observarse cómo han evolucionado sus ingresos y cuál es la probabilidad de mantener aportes durante los próximos años.

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4. Pensión proyectada y no solo saldo actual

Tener S/50.000 o S/100.000 acumulados en una cuenta no permite, por sí solo, concluir cuánto recibirá una persona cuando se jubile.

El trabajador debe observar cómo se convertirían esos recursos en una prestación previsional y qué condiciones aplican en cada sistema.

En una AFP, el fondo continuará sujeto a aportes y rentabilidad mientras permanezca activo. En el sistema público, el cálculo responde a las reglas del SNP, los años reconocidos y la remuneración de referencia, entre otros factores. La propia ONP señala que el monto de la pensión depende principalmente de los años de aportes y de la remuneración de referencia.

Por eso, Vergara plantea que el análisis debe ser prospectivo: no solamente cuánto dinero existe hoy, sino qué prestación podría obtenerse al momento del retiro.

5. El tiempo mínimo antes de volver a trasladarse

El nuevo mecanismo permite realizar el primer traslado en cualquier momento desde el inicio del proceso, pero los cambios posteriores estarán sujetos a una permanencia mínima de 24 meses.

La regla resulta relevante porque limita la posibilidad de cambiar nuevamente de sistema inmediatamente después de haber tomado una decisión. El reglamento establece que el proceso será informado y voluntario, y que el afiliado podrá consultar las implicancias del traslado a través de la PAST.

Además, quienes ya reciben una pensión de jubilación o invalidez no pueden trasladarse entre ambos regímenes.

La reforma previsional busca que el traslado entre ambos sistemas sea una decisión informada y transparente. Desde el 1 de junio de 2027, la PAST concentrará el proceso y permitirá consultar la información necesaria antes de formalizar la solicitud.

En consecuencia, comparar AFP y ONP exige mirar más allá del saldo que aparece actualmente en una cuenta. La edad, la trayectoria de aportes, el nivel de ingresos y la pensión proyectada pueden cambiar sustancialmente el resultado de la evaluación para cada trabajador.

Este avance se da en un contexto que favorece la expansión de esta actividad. El precio internacional del oro sigue en niveles récord, mientras el Estado enfrenta dificultades para frenar la minería ilegal. Si la tendencia continúa, el volumen de oro de origen ilegal podría superar las 120 toneladas al cierre del año, advierte el IPE.

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Oro ilegal ya representa el 54% de las exportaciones del Perú

Entre enero y junio de 2026, las exportaciones de oro de origen ilegal crecieron 19,4%, mientras que los envíos de origen legal disminuyeron 5,9%. La diferencia llevó a que el oro ilegal superara al legal en 8,7 toneladas durante el primer semestre y concentrara el 54% del volumen exportado.

El IPE estima que esta proporción podría mantenerse al cierre del año. Sus cálculos apuntan a un volumen de entre 110 y más de 120 toneladas de oro ilegal, equivalente a entre 52% y 55% de todas las exportaciones peruanas del metal.

El resultado marca un cambio importante en la composición de las exportaciones auríferas. Recordemos que en 2025, el IPE había advertido que el oro ilegal podía alcanzar niveles similares al de origen legal, en un contexto de fuerte expansión de esta actividad.

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El precio récord del oro eleva el negocio ilegal hasta US$18.000 millones

El aumento de la cotización internacional ha convertido al oro en un incentivo todavía mayor para la extracción ilegal. En lo que va del año, el precio promedio se ubicó en unos US$4.500 por onza, 44% por encima del promedio registrado en el mismo periodo de 2025, cuando rondó los US$3.125.

Con estos precios y el volumen proyectado, el valor de las exportaciones de oro ilegal llegaría a por lo menos US$16.000 millones y podría superar los US$18.000 millones. El instituto calcula que el monto mínimo sería casi nueve veces superior al registrado una década atrás y 39% mayor que los US$11.500 millones estimados para 2025.

Reinfo mantiene abierto el debate sobre la formalización minera

Uno de los principales cuestionamientos del IPE apunta al funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado para facilitar el tránsito de los mineros informales hacia la legalidad. Según el instituto, solo alrededor del 2% de los inscritos habría culminado el proceso, pese a sus sucesivas ampliaciones.

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El análisis advierte que esta situación dificulta el control de actividades que permanecen dentro del proceso de formalización y que pueden avanzar sobre zonas restringidas, como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas.

El IPE también identifica riesgos para operaciones formales como Poderosa y Las Bambas, además de proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. En conjunto, estima más de US$12.000 millones en inversiones expuestas.

Ante ello, el reporte plantea reformar el esquema con plazos definidos, mayor fiscalización y trazabilidad del oro. El Ejecutivo, por su parte, ha solicitado facultades para modificar las reglas de formalización y prepara una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 17 de septiembre

BCP

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En 2025, el 7,4% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado alguna vez embarazada. En las zonas rurales, la proporción llegó al 16,3%, mientras que en la Amazonía alcanzó el 14,6%, frente al 5,4% de las áreas urbanas, según los datos presentados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El impacto económico de esta situación ya fue estimado por el organismo. Un estudio realizado para 2019 calculó en S/1.159,5 millones el costo de oportunidad asociado al embarazo y la maternidad adolescente, debido a las oportunidades que se dejan de generar en educación, empleo e ingresos.

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Sebastián García, especialista en población y análisis de datos del UNFPA en el Perú, explicó a La República que la estimación busca medir precisamente ese potencial que la economía deja de aprovechar cuando las adolescentes no pueden desarrollar plenamente sus trayectorias.

"Estamos mostrando solamente el costo de oportunidad desde la óptica de no aprovechar el potencial de las jóvenes y de las adolescentes en el país", señaló.

Amazonía concentra las mayores brechas de embarazo adolescente

La reducción tampoco ha sido homogénea. García señaló que en Lima los nacimientos de madres adolescentes cayeron casi 50% entre 2019 y 2025, mientras que otras regiones avanzaron a un ritmo menor.

La diferencia se nota cada vez más al observar la incidencia. Aunque Lima concentra el mayor número absoluto de casos por su peso poblacional, varias regiones amazónicas registran una proporción mucho mayor de nacimientos entre adolescentes.

"En Loreto, uno de cada cuatro partos es de una adolescente de 15 a 19 años", indicó García.

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El dato se suma a otra señal: cerca de tres de cada cuatro embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años no fueron intencionales, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Para el especialista, la tendencia nacional muestra avances, pero también deja claro que estos no llegan de la misma manera a todos los territorios.

"Hay avances, en general el embarazo adolescente y los nacidos vivos de adolescentes están bajando en todo el país, solo que a diferentes velocidades", sostuvo.

Las diferencias territoriales también importan desde el punto de vista económico. Una menor incidencia no solo significa menos embarazos, sino más posibilidades de que las adolescentes continúen estudiando y lleguen posteriormente al mercado laboral en mejores condiciones.

Prevenir el embarazo adolescente puede generar retornos económicos

La prevención, por ello, no pasa únicamente por atender los embarazos que ya ocurrieron. García identifica como parte de la respuesta un mayor acceso a métodos anticonceptivos modernos, información y servicios de salud sexual para adolescentes.

La ENDES no permite determinar por sí sola las causas de los embarazos no intencionales. Sin embargo, el especialista mencionó entre las posibles explicaciones el acceso limitado a información y a métodos anticonceptivos gratuitos, así como los tabúes alrededor de la sexualidad durante la adolescencia.

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Desde la perspectiva económica, invertir en prevención puede tener un retorno considerable. La evidencia regional presentada por el UNFPA estima que por cada US$1 destinado a prevenir el embarazo adolescente pueden generarse entre US$15 y US$40 en retornos sociales y económicos.

Evitar una maternidad temprana puede ayudar a que más adolescentes continúen sus estudios, accedan al mercado laboral y construyan mayores ingresos a lo largo de su vida. Para el UNFPA, ese potencial forma parte del llamado bono demográfico femenino, que se refiere al aporte que pueden generar las mujeres cuando tienen mayores oportunidades para estudiar, trabajar y participar en la economía.

La convocatoria anterior fue declarada desierta en septiembre de 2025, luego de que no se presentaran ofertas para asumir el lote. Con el nuevo concurso, Perupetro vuelve a intentar atraer empresas interesadas en operar uno de los bloques petroleros que mantiene producción en el norte del país.

El nuevo contrato tendrá una vigencia de 30 años y la selección del operador no dependerá únicamente de una propuesta económica. El principal criterio será el Programa de Trabajo que presente cada empresa, es decir, las actividades que se comprometa a ejecutar para mantener y desarrollar la producción.

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Entre las obligaciones previstas están la reparación de pozos existentes y la perforación de nuevos pozos de desarrollo y exploración. Con ello, Perupetro busca que el futuro operador no solo continúe con las operaciones actuales, sino que destine recursos para incrementar la producción del bloque.

El Lote Z-69 comprende 127.056 hectáreas de la plataforma continental de la cuenca Talara, frente a las provincias de Talara, Paita y Sechura, en Piura.

Según los datos de Perupetro, en diciembre de 2025 el lote registró una producción fiscalizada promedio de 3.369 barriles de petróleo por día, además de 8,59 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

Las empresas interesadas podrán presentar sus cartas de interés hasta el 11 de diciembre de 2026. Después se desarrollará la etapa de calificación para determinar qué compañías podrán continuar en competencia.

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Petroperú podrá mantener 25% y venderá activos por US$15,1 millones

Una de las condiciones centrales del nuevo proceso es la participación que podrá conservar Petroperú. La empresa estatal podrá quedarse con hasta 25% del futuro contrato, siempre que cumpla con los requisitos de calificación y suscriba un compromiso de asociación con la empresa que resulte ganadora.

Pero Petroperú también deberá desprenderse de parte de los activos vinculados a la operación del lote. Las bases contemplan la venta al nuevo operador de bienes de propiedad de la estatal valorizados en US$15,1 millones.

La operación se realizará bajo la modalidad “tal como están y donde están”, mientras que el pago de estos activos se efectuará en cinco cuotas anuales.

No todos los bienes pasarán a manos del nuevo operador. Siete activos de Petroperú permanecerán bajo propiedad de la estatal, aunque estarán sujetos a un esquema de uso compartido con el futuro operador. Además, un activo de propiedad de Perupetro también tendrá este régimen.

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Perupetro elegirá al nuevo operador en febrero de 2027

El cronograma establece que el 3 de febrero de 2027 se presentarán las propuestas y se abrirá el primer paquete. El segundo paquete será abierto el 8 de febrero, fecha en la que también se realizará la evaluación y está previsto otorgar la Buena Pro.

El calendario busca que la transición pueda concretarse antes del vencimiento del contrato que actualmente mantiene Petroperú. Para ello, primero deberá determinarse qué empresas cumplen con los requisitos para participar y luego cuál presenta el programa de trabajo que obtenga la mejor calificación.

La decisión se produjo después de un debate en el que Fuerza Popular intentó modificar la forma en que se votaría el pedido. Uno de los principales puntos de discrepancia fue la propuesta para eliminar el tope de 114% a las tasas de interés, pero también hubo diferencias sobre otras medidas incluidas en el paquete.

El resultado corresponde a la Comisión de Economía y deberá seguir el trámite parlamentario antes de una decisión definitiva sobre la delegación de facultades.

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Comisión de Economía rechaza las facultades solicitadas por el Ejecutivo

El informe sometido a votación planteaba una opinión desfavorable al pedido del Gobierno en las materias que corresponden a la Comisión de Economía. Entre ellas se encuentran asuntos vinculados con las micro y pequeñas empresas, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.

La solicitud del Ejecutivo también comprende medidas relacionadas con la seguridad ciudadana y la atención de los efectos del Fenómeno El Niño. El Gobierno ha sostenido que necesita estas herramientas para acelerar la respuesta del Estado frente a esas situaciones.

Con la aprobación del informe, la comisión mantuvo su posición de no recomendar la delegación de facultades en los temas bajo su competencia.

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Fuerza Popular intentó separar los puntos de mayor desacuerdo

Antes de la votación final, Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, presentó una cuestión previa para que se evaluara por separado parte de las propuestas incluidas en el pedido. La intención era evitar que los temas que generaban mayores discrepancias quedaran dentro de un solo bloque.

La primera propuesta buscaba que se considerara un informe técnico favorable a otorgar las facultades. Sin embargo, fue rechazada por 10 votos.

Barbarán volvió a plantear una segunda cuestión previa, esta vez para dividir la votación de los distintos extremos del pedido. La iniciativa tampoco consiguió respaldo y fue rechazada por 11 votos. Con ello, la comisión terminó evaluando el pedido en su conjunto y aprobó el informe desfavorable.