Desde Pucallpa, el candidato sostuvo que es fundamental respetar la autonomía de la entidad monetaria, que Velarde lidera desde hace dos décadas.

'Nosotros hemos dialogado con el equipo económico y con el propio presidente Castillo, y hemos reafirmado y afianzado su continuidad', declaró a RPP.

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Sánchez Palomino, quien al inicio de la campaña electoral había cuestionado la permanencia de Velarde Flores en el cargo, no descartó sostener un encuentro con el titular del BCRP durante el tramo final de los comicios.

'Evidentemente nos falta dialogar y respetuosamente lo haremos. Creo que no hay que esperar al 28. Muy bien podemos hablar mucho antes con la mayor vocación democrática', añadió.

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Julio Velarde a días de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez: 'No hay una política monetaria de izquierda o derecha'

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, fue reconocido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Durante su intervención, destacó la importancia de preservar la autonomía de la institución como un elemento esencial para garantizar una política monetaria responsable, independientemente de la orientación política del próximo gobierno.

'Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha', afirmó.

La norma establece que los recursos serán transferidos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en el marco de la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 32513. El decreto lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez.

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Recursos destinados a la atención alimentaria

El decreto precisa que la transferencia asciende a S/23.319.205, de los cuales S/20.819.205 corresponden a la provisión del servicio alimentario mediante la gestión de productos y S/2.500.000 a la provisión del servicio alimentario mediante la gestión de raciones. Ambos montos provienen de Recursos Ordinarios asignados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, los recursos serán incorporados en los gobiernos locales dentro de la categoría presupuestaria 'Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos', específicamente para la actividad correspondiente al Programa del Vaso de Leche.

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Procedimiento para la ejecución de la transferencia

La norma dispone que el titular del pliego habilitador y los pliegos habilitados deberán aprobar la desagregación de los recursos mediante resolución dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del decreto supremo. Posteriormente, las resoluciones deberán ser remitidas a los organismos correspondientes conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1440.

Además, las oficinas de presupuesto de las entidades involucradas deberán gestionar las codificaciones necesarias ante la Dirección General de Presupuesto Público y elaborar las respectivas 'Notas de Modificación Presupuestaria'.

Restricciones sobre el uso de los recursos

El decreto supremo establece que los recursos transferidos no podrán ser destinados a fines distintos de aquellos para los cuales fueron autorizados. La disposición señala que cualquier uso diferente generará responsabilidad conforme a la normativa vigente.

El detalle de los gobiernos locales beneficiados y los montos asignados será publicado en los portales institucionales del Midis y del Ministerio de Economía y Finanzas el mismo día de la publicación de la norma en el diario oficial El Peruano.

Durante una entrevista en RPP, Carranza afirmó que el actual escenario fiscal refleja un deterioro progresivo de las finanzas públicas debido a la aprobación de leyes con impacto presupuestal. Según explicó, la preocupación radica en que muchas de estas medidas generan obligaciones permanentes de gasto sin garantizar una fuente clara de financiamiento.

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"El problema es que se sigue aprobando gasto sin medir las consecuencias fiscales de largo plazo", sostuvo el ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas. A su juicio, el país necesita establecer mayores restricciones para evitar que el equilibrio fiscal continúe debilitándose en los próximos años.

Las declaraciones se producen en medio de las advertencias emitidas por el Consejo Fiscal respecto al estado de las cuentas públicas. El organismo alertó recientemente sobre el riesgo de que el Perú pierda su grado de inversión hacia el 2031 si no se corrige el incremento sostenido del gasto y el debilitamiento de las reglas fiscales.

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Carranza indicó que entre 2021 y 2026 se aprobaron más de 260 normas que comprometen recursos públicos de manera permanente. De acuerdo con las estimaciones citadas por el economista, estas disposiciones representarían alrededor de S/36.700 millones anuales en obligaciones fiscales adicionales.

Cuestionamientos al gasto público

Más allá del aumento del gasto, el exministro señaló que el principal problema es la falta de eficiencia en el uso de los recursos estatales. En ese sentido, cuestionó que sectores prioritarios no presenten mejoras pese a los presupuestos asignados durante los últimos años.

Como ejemplo, mencionó que las inversiones en agua y saneamiento no han logrado ampliar adecuadamente la cobertura de servicios, mientras que indicadores sociales como la anemia infantil continúan mostrando cifras preocupantes pese al financiamiento destinado a programas sociales. "El Estado gasta más, pero muchas veces los resultados siguen siendo deficientes", remarcó.

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Asimismo, criticó que parte de los recursos públicos terminen orientándose a contrataciones que responden a intereses políticos antes que a necesidades técnicas. Según sostuvo, el objetivo debería ser asegurar que el gasto llegue efectivamente a las personas vulnerables y contribuya a mejorar servicios esenciales.

En paralelo, Carranza defendió la importancia de preservar la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. Señaló que mantener una política monetaria independiente es clave para evitar decisiones influenciadas por intereses políticos y garantizar estabilidad económica.

Rechazo al aumento del sueldo mínimo

Otro de los temas abordados por el economista fue la propuesta de elevar la Remuneración Mínima Vital a S/1.500, impulsada desde Juntos por el Perú. Carranza consideró que un incremento de esa magnitud podría generar efectos negativos sobre las pequeñas empresas, especialmente aquellas con menor capacidad financiera para absorber mayores costos laborales.

"Muchos trabajadores podrían terminar pasando del empleo formal al informal y perder beneficios sociales", advirtió.

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El exministro sostuvo además que el crecimiento de los salarios debe estar acompañado por mejoras en productividad y expansión económica sostenible. En esa línea, recordó que el sueldo mínimo ya registró incrementos importantes en los últimos años y señaló que, al compararlo con la inflación acumulada, el avance en términos reales ha sido limitado.

Carranza afirmó que el Perú podría haber alcanzado niveles salariales mucho más altos si hubiera mantenido tasas de crecimiento económico cercanas al 7% anual durante los últimos años. Incluso, sostuvo que el país tendría actualmente indicadores comparables con economías de mayor desarrollo en la región.

Para Teresa Mera, exministra del Mincetur, la respuesta está directamente ligada a los escándalos de corrupción de constructoras brasileñas como Odebrecht y OAS, que obligaron al Estado peruano a replantear las condiciones del acuerdo.

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“Lo que el Estado peruano hizo fue evaluar y decidir que había que incorporar cláusulas vinculadas a integridad y anticorrupción más sólidas en el acuerdo para proteger los intereses del Estado peruano”, explicó en conversación con La República.

El impacto del caso Odebrecht en el acuerdo

Según Mera, el proceso de perfeccionamiento del tratado avanzaba tras su negociación entre 2015 y 2016, hasta que estalló el caso Lava Jato. Frente a ello, el Ejecutivo peruano optó por abrir conversaciones con las autoridades brasileñas para reforzar las garantías relacionadas con transparencia, integridad y contratación pública. “Haríamos mal en no aprender y ponernos a buen resguardo de acciones futuras que no se condigan con acciones íntegras”, sostuvo.

La exfuncionaria aseguró que esta posición no responde únicamente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sino que ha sido consensuada junto con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Cancillería.

Pese a que el acuerdo de profundización sigue pendiente, Mera aclaró que la relación comercial entre ambos países ya se encuentra consolidada gracias al acuerdo comercial firmado en 2006, el cual eliminó progresivamente los aranceles hasta llegar a 0% para el intercambio de bienes.

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“Comercialmente estamos bastante bien. Nuestro comercio en 2006 era de 15 millones de dólares y el año pasado ascendió a 1.500 millones de dólares”, afirmó.

Además, destacó que el perfil exportador peruano hacia Brasil ha cambiado en los últimos años. Mientras antes el 80% del comercio estaba concentrado en materias primas y minerales, actualmente las agroexportaciones han ganado terreno.

“Ahora le exportamos a Brasil aceitunas, colorantes naturales, cacao y derivados, orégano y arándanos”, indicó, y precisó que muchos de estos productos provienen del sur del país.

Las observaciones pendientes: inversiones y compras públicas

La principal preocupación del Perú estaría centrada en los capítulos relacionados con inversiones y compras públicas, especialmente por las diferencias en las condiciones de acceso entre empresas peruanas y brasileñas.

Mera señaló que actualmente los inversionistas brasileños pueden participar en licitaciones del Estado peruano, mientras que las empresas peruanas enfrentan mayores restricciones para competir en Brasil.

“Las empresas peruanas, para poder entrar a concursar en una licitación en Brasil, tienen que consorciarse o formar algún tipo de alianza con una empresa brasileña. Hay un trato diferenciado”, advirtió.

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Ante la presión parlamentaria, Mera fue directa sobre las consecuencias de forzar una aprobación sin cerrar primero las negociaciones técnicas: "Económicamente quedaríamos un poco expuestos, porque existen procesos de arbitraje e instancias internacionales vinculadas a los contratos que generaron el problema en 2016 y 2017. Debilitaría nuestra posición".

La exfuncionaria también aclaró un punto técnico que suele perderse en el debate político: no todos los acuerdos comerciales pasan por el Congreso para su ratificación. "Hasta el momento ni siquiera se ha determinado si este acuerdo requiere participación del Legislativo", precisó, y puso en cuestión el propio escenario sobre el que se articula la interpelación.

"Los acuerdos negociados de manera apresurada dejan cabos sueltos. El Perú firma cuando considera que todos sus intereses han sido satisfechos, no antes", concluyó.

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Brasil pide aprobar el acuerdo, para reabrir negociaciones

Otro de los puntos revelados por la exministra es que, hasta el momento, el Gobierno brasileño no ha respondido formalmente a las propuestas planteadas por el Perú para actualizar el acuerdo.

Mera indicó que cuando ocupó el cargo de viceministra, en febrero de 2023, el Ejecutivo peruano envió una propuesta oficial para trabajar un protocolo adicional que permitiera reforzar las cláusulas de integridad. Sin embargo, aseguró que la respuesta nunca llegó.

“Hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta formal”, señaló.

Añadió que incluso en febrero de este año se envió una nueva comunicación a las autoridades brasileñas tras la visita del canciller de Brasil al Perú, reiterando la disposición peruana para retomar las conversaciones técnicas.

Al respecto, según información obtenida por La República, Brasil respondió a la Cancillería peruana que no es posible actualizar un acuerdo que aún no ha sido aprobado, ya que ello implicaría reabrir las negociaciones. El Parlamento brasileño ratificó el tratado comercial con Perú en 2016; sin embargo, aún se requiere la aprobación del Congreso peruano para que entre en vigencia.

Una vez que entre en vigencia, de acuerdo con nuestras fuentes, Brasil está dispuesto a discutir nuevos términos para ambas partes. Actualizar un documento no aprobado como plantea el Perú supone reabrir las negociaciones, dicen los brasileños, pero solo a favor de una de las partes. Brasil espera que el Congreso peruano apruebe el tratado de comercio.

"Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha", afirmó durante su discurso.

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El reconocimiento fue entregado por el rector Emilio Ramírez Roca, quien expresó: "Para mí es una profunda satisfacción, en mi condición de rector, entregarle el diploma que lo acredita como Doctor Honoris Causa". La UNSCH, considerada la segunda universidad más antigua del Perú, destacó que, bajo el liderazgo de Velarde, el país ha registrado uno de los periodos de inflación más baja y estable de América Latina.

La ceremonia se realizó desde las 11.00 a. m. en el Centro Cultural de la universidad y contó con la presencia de autoridades, estudiantes y ciudadanos.

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Velarde también se dirigió a los jóvenes y repasó la historia monetaria reciente del país. Destacó que el sol es este martes más sólido que hace dos décadas: "El tipo de cambio hoy en sol está 4% más fuerte de lo que estaba en 2000". Como contrapunto, recordó el colapso de la moneda en el último cuarto del siglo XX: "Entre el setenta y cinco y el 2000, el tipo de cambio se devaluó 10.000 millones por ciento; estoy hablando de diez ceros".

Al retirarse, fue ovacionado y recibió muestras de afecto de residentes de Ayacucho, incluidas imágenes de Jesús Nazareno, patrono de la ciudad.

Ahora, un informe técnico de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal advierte que la Ley N.° 32561 generará un costo fiscal neto adicional de aproximadamente S/46.000 millones en valor presente, además de incrementar la presión sobre el presupuesto público durante las próximas décadas.

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La norma modifica de manera sustancial el sistema de pensiones de militares y policías. Entre los principales cambios figura el incremento de la pensión de retiro hasta el 100% de la remuneración en actividad para quienes cumplan 30 años de servicio, cuando anteriormente el cálculo equivalía al 55%.

También se elevan los beneficios para viudez, orfandad y ascendencia. La pensión de viudez pasa a cubrir el 100%, mientras que las de orfandad y ascendencia alcanzan el 50%. Además, se amplía la cobertura para hijos hasta los 28 años y se eliminan diversas restricciones de acceso al sistema.

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Consejo Fiscal advierte impacto en sostenibilidad fiscal

Según el análisis técnico, el incremento del gasto estatal asociado a esta reforma ascendería a S/38.900 mil millones, mientras que el aporte adicional del Estado al sistema previsional representaría otros S/14.400 mil millones. Aunque los aportes de los propios efectivos también aumentarán, estos solo compensarían parcialmente el impacto fiscal.

La entidad advierte que, para que el régimen resulte sostenible financieramente, la tasa total de aporte debería elevarse hasta el 42% de la remuneración, con una participación estatal cercana al 27%. En la práctica, esto implicaría que el Tesoro Público termine financiando alrededor del 64% de las pensiones bajo el nuevo esquema.

El informe también señala que el gasto anual adicional podría oscilar entre S/1.300 millones en los próximos años y superar los S/16.000 millones dentro de cinco décadas.

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Crecen las críticas por desigualdad previsional

El documento del Consejo Fiscal cuestiona además la fuerte desigualdad entre los distintos sistemas pensionarios del país. Aunque los regímenes militar y policial representan apenas el 9% de los pensionistas, concentran cerca del 50% de los subsidios estatales destinados a pensiones.

Actualmente, el gasto anual para sostener este régimen supera los S/5.600 millones y beneficia a aproximadamente 160.000 personas.

Las diferencias también se reflejan en el monto de las pensiones. Mientras un coronel afiliado a una AFP podría recibir una pensión cercana a S/1.182 bajo un esquema privado tradicional, con la nueva ley el monto podría superar los S/10.000 mensuales, ampliando la brecha frente a jubilados de sectores como salud y educación.

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El Consejo Fiscal también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la norma. Según el informe, la ley fue aprobada sin contar con un estudio actuarial integral y dejando de lado observaciones técnicas del Ejecutivo. Además, advierte posibles 'indicios de inconstitucionalidad' por crear obligaciones permanentes de gasto sin identificar fuentes de financiamiento.

Congreso acumula leyes con impacto fiscal

La Dirección de Estudios Macrofiscales alertó que esta ley forma parte de una tendencia creciente en el Congreso. Entre 2024 y 2026 se aprobaron 268 normas con impacto fiscal adverso, cifra que representa más del doble del promedio registrado en los últimos 15 años.

De acuerdo con el análisis consolidado del Consejo Fiscal, varias de estas iniciativas podrían generar una presión equivalente a un déficit fiscal adicional de hasta 3% del PBI anual.

El reclamo estuvo centrado en el pago de las gratificaciones de julio, las primeras que se otorgarían bajo la Ley 32563, norma que reconoce este beneficio y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS del Decreto Legislativo 1057.

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Gratificación CAS de julio: gremios sostienen que será sueldo íntegro

Las protestas buscaron que el MEF aclare el alcance del pago de la gratificación de julio. Los gremios aseguraron que el beneficio sería equivalente a una remuneración mensual completa.

Según el sindicalista César Espinoza, se habrían alcanzado consensos en torno a sus demandas laborales. Esto se enmarca en lo señalado previamente por el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, quien indicó que se venían evaluando mecanismos responsables y sostenibles que permitan “avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país".

Sin embargo, de acuerdo con la versión difundida, se habría establecido un rechazo “a las propuestas de progresividad y gradualidad de la Ley CAS con Derechos. Por lo tanto, no se alterará el espíritu de la Ley“, explicó Espinoza.

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Crédito suplementario podría facilitar pago de gratificación CAS

Espinoza detalló que el Poder Ejecutivo viene trabajando en la aprobación de un crédito suplementario, el cual forma parte de la agenda de la Presidencia del Consejo de Ministros prevista para este 27 de mayo.

Se evalúa que este mecanismo podría otorgar “mayor flexibilidad para las modificaciones presupuestales destinadas al pago de la gratificación y, con ello, la posibilidad de realizar transferencias presupuestales a entidades que no cuentan con presupuesto”.

De igual manera, dio a conocer la conformación de una Comisión de Seguimiento integrada por especialistas del régimen CAS en materia presupuestal, quienes actuarán en representación del bloque de sindicatos CAS. Este grupo “mantendrán comunicación directa con el MEF, y realizarán el seguimiento permanente a los avances de la implementación de la Ley CAS”, con el objetivo de monitorear de forma continua el cumplimiento de los acuerdos y su ejecución.

Gratificación para trabajadores CAS se pagaría hasta el 15 de julio

El pago de la gratificación para los trabajadores CAS se efectuaría durante el mes de julio, respetando el cronograma habitual establecido por las entidades públicas. Según lo dispuesto en la normativa y las precisiones dadas, las instituciones del Estado tendrían como plazo máximo hasta el 15 de julio para realizar el depósito.

Esta implementación supone un cambio relevante dentro del régimen CAS, debido a que anteriormente este grupo no contaba con el pago de gratificaciones ni con CTS.

Con la entrada en vigor de la norma, el Estado reconoce estos beneficios laborales para los trabajadores CAS y los acerca a condiciones similares a las de otros regímenes del sector público.

Eso no lo dijo un activista ni un político de oposición. Lo señalaron Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos, y Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, en el primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético, organizado por La República. Sus cifras son concretas y su conclusión es la misma: si el Perú no encuentra nuevas reservas antes de que se agoten las actuales, tendrá que importar gas. Y el gas importado cuesta, según Víctor Murillo, presidente del directorio de Egesur, hasta 15 veces más que el precio interno actual.

¿Qué significa eso en la práctica? Que la tarifa eléctrica —artificialmente baja gracias al gas barato de Camisea— subiría de forma sostenida. Que el transportista que este miércoles llena su tanque con gas natural vehicular a precio accesible volvería a depender de combustibles más caros. Que la industria que usa gas como insumo vería dispararse sus costos de producción. La crisis de marzo, cuando la rotura del ducto en Megantoni generó pérdidas de entre US$3.000 y US$5.000 millones en apenas 13 días, fue un anticipo a pequeña escala de lo que puede ocurrir de forma permanente.

Lo que se agota y lo que no se está haciendo

El inventario real del gas peruano es más preocupante de lo que el debate público reconoce. El lote 88 —el único formalmente comprometido con el mercado interno— tiene aproximadamente 7 TCF de reservas y un consumo anual de 0,5 TCF. Diez o 12 años en el escenario más optimista. Los lotes de exportación —56 y 57— tienen reservas para menos tiempo aún: 0,9 y 1,1 TCF, respectivamente, con un consumo exportador de un cuarto de TCF por año.

El lote 58, que el discurso político presenta como la reserva del futuro, tiene 3,5 TCF y está en manos de una empresa china con derecho contractual a exportarlo libremente. No hay compromiso formal que lo destine al mercado interno.

Sumando los lotes 58 y 88, el escenario más conservador da apenas 15 años de consumo interno. Y eso asumiendo que el sector eléctrico deja de consumir gas como lo hace hoy. Herrera Descalzi fue directo sobre ese punto: "El 60% del gas se consume en el sector eléctrico y no es tan necesario. Se podría reducir drásticamente sustituyéndolo por hidroeléctricas y energías renovables, liberando reservas para hogares, transporte e industria donde el gas es realmente insustituible."

El problema es el tiempo. Construir una hidroeléctrica toma 10 años. Explorar y desarrollar un nuevo yacimiento de gas también. Y el Perú, que pasó de tener más de 80 contratos de exploración activos a no llegar este miércoles a dos dígitos de lotes en exploración, lleva años perdiendo ese tiempo.

El transporte y la industria: los más expuestos

El gas natural no es solo el balón de cocina —cuyo GLP proviene en parte de los líquidos de Camisea, aunque en cantidad limitada, y en parte de importación y refinerías—, sino el combustible que mueve la economía en sus sectores más sensibles.

En Lima hay aproximadamente 500.000 a 600.000 vehículos que funcionan con gas natural vehicular. Son taxis, camiones y buses. Si el gas se encarece por escasez o por necesidad de importarlo, esos vehículos vuelven a la gasolina o el diésel, y el costo del transporte —y, con él, el precio de todo lo que se transporta— sube para toda la cadena. Murillo lo cuantificó con el ejemplo más reciente: "13 o 14 días de interrupción del gas generaron pérdidas de entre 3,000 y 5,000 millones de dólares." Eso con solo Lima afectada. Eso con solo dos semanas.

La industria es igualmente vulnerable. El gas natural es insumo directo de la producción manufacturera, la generación de vapor, los procesos químicos y la petroquímica que el Perú nunca desarrolló, pero todavía podría desarrollar. Sin gas barato y asegurado, ningún proyecto industrial de mediana o gran escala puede planificarse con horizonte de largo plazo. Y sin esa planificación, el país seguirá exportando materias primas en lugar de productos con valor agregado.

Herrera Descalzi lo ilustró con una lámina de cuando era ministro y se firmó el contrato de Camisea: "Dice que lo que teníamos en Camisea era 5.8 veces lo que había en el Mantaro. En el año 2040 lo que teníamos en Camisea va a ser cero. El Mantaro va a seguir vivo y va a poder operar 100 años más. ¿Cuál es el resultado? Hay que crecer en Mantaros." Es decir, la solución para el sector eléctrico existe y tiene nombre. Lo que falta es la decisión política de ejecutarla.

Lo que el próximo gobierno no puede postergar

Los especialistas del foro coincidieron en que el siguiente gobierno tendrá una sola oportunidad y deberá actuar en varios frentes al mismo tiempo desde el primer día.

Primero, decidir sobre el contrato de exportación de Perú LNG que vence en 2028. Herrera Descalzi fue claro: "Lo dejaría librado a que ellos encuentren nuevas reservas en los lotes 56 y 57. No van a tocar el lote 88 porque se requiere por seguridad energética." Renovar ese contrato con las reservas actuales sería hipotecar el mercado interno.

Segundo, reactivar la exploración de forma urgente. "Tenemos reservas probadas de 10 años. Todo eso en el escenario optimista en 10 años para confirmar y desarrollar Candamo", advirtió Herrera Descalzi. Y Gamio fue más directo: "Ya estamos tarde. No hay tiempo que esperar."

Tercero, construir la planta de regasificación que la crisis de marzo demostró que es indispensable. "Si no podemos sacar el gas, tenemos que asegurar el suministro. La planta de regasificación se necesita de todas maneras, ya no hay que esperar a mañana", dijo Herrera Descalzi.

Cuarto, liberar la masificación regional del gas con tarifas promocionales reales. El 80% o 90% de los usuarios de gas natural están en Lima. El error del Congreso al aprobar tarifas solo para pequeños consumidores condenó ese proceso a 20 años en lugar de cinco.

Murillo cerró el foro con la frase que mejor resume la urgencia: "El gas ya se instaló en el Perú y no hay forma de quitarlo. Estamos condenados a buscar o a comprar en el extranjero. Y nos iría muy mal de verdad."

El gas que mueve la economía peruana se acaba en 10 años. El próximo gobierno lo sabe o debería saberlo. Lo que falta saber es si tiene un plan.

Esta medida se aplica a nivel nacional y busca garantizar que las personas comprendan las condiciones de los servicios que contratan, como telefonía móvil, internet, televisión por cable y telefonía fija.

La entidad señaló que esta disposición cobra especial importancia en las zonas donde predominan lenguas como quechua, aimara, ashaninka y shipibo-konibo. Además, precisó que los contratos cortos están redactados en un lenguaje sencillo y claro para facilitar la lectura y comprensión de los usuarios sobre tarifas, características del servicio, derechos y obligaciones.

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Osiptel: contratos en quechua, aimara y otras lenguas serán obligatorios

Según el Osiptel, los operadores de servicio deben poner a disposición contratos cortos en lenguas originarias cuando el usuario lo requiera, incluso de manera digital. Esta obligación no solo aplica para nuevas contrataciones, sino también para trámites como migración de servicio, portabilidad y cambio de titularidad.

La entidad explicó que los contratos cortos, también llamados contratos tipo, tienen entre dos y cuatro páginas y presentan información clara sobre las condiciones del servicio. El objetivo de esta medida es asegurar que el idioma no sea una barrera para que los usuarios accedan a información comprensible sobre los servicios de telecomunicaciones.

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Claro lidera entrega de contratos en lenguas originarias

De acuerdo con el Portal de Información de Usuarios del Osiptel, durante 2025 las compañías emitieron 25.817 contratos cortos en lenguas originarias. Del total, 23.906 correspondieron a contratos en quechua, 942 en aimara, 628 en ashaninka y 341 en shipibo-konibo.

Asimismo, la entidad indicó que Claro concentró el 76,55% de los contratos emitidos, con 19.764 documentos. Le siguieron Bitel con 5.944 contratos y Entel con 109. El organismo supervisor destacó que esta medida contribuye al acceso a información clara y fortalece la protección de los derechos de los usuarios.

Osiptel actualizó contratos cortos para servicios de telecomunicaciones en 2025

El Osiptel recordó que desde 2021 los operadores de telecomunicaciones están obligados a entregar contratos en quechua cuando el usuario lo solicite. Posteriormente, la disposición se amplió para incluir versiones en aimara, ashaninka y shipibo-konibo.

En mayo de 2025, se aprobó una versión actualizada de los contratos cortos en castellano y lenguas originarias para servicios individuales y empaquetados.

Entre las mejoras incorporadas figuran información sobre cobertura del servicio, canales para consultas de saldo y recargas, además de causales de modificación contractual. Según el organismo, esta disposición fortalece la inclusión, la transparencia y la valoración de las lenguas originarias del país.

Con esta publicación se completa la asignación de más de 5.000 becas integrales a nivel nacional, consolidando las adjudicaciones realizadas en etapas previas.

El Ministerio de Educación (Minedu) señala que esta entrega se realiza dentro de una convocatoria organizada en distintas modalidades de postulación, según el tipo de institución educativa elegida por cada participante.

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Beca 18-2026: resultados del segundo momento de Pronabec

Los resultados del segundo momento de Beca 18-2026 ya están disponibles en la plataforma virtual del Pronabec, donde se detalla la relación de postulantes seleccionados en esta etapa. La publicación responde al cierre del proceso de evaluación de este bloque de la convocatoria.

Los postulantes que figuren como ganadores deberán completar la etapa de aceptación dentro del plazo establecido, que va del 26 de mayo al 1 de junio. Este procedimiento es obligatorio, ya que la falta de aceptación implica la pérdida de la vacante y de todos los beneficios asignados dentro del programa. La relación final de becarios se difundirá a partir del 2 de junio e incluirá a quienes hayan realizado de forma adecuada el proceso de aceptación.

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Así es el proceso de selección y beneficios estudiantiles para Beca 18

El proceso de asignación de Beca 18 se desarrolla bajo un esquema meritocrático y descentralizado, en el que se combinan los resultados del Examen Nacional de Preselección con bonificaciones adicionales. Estas bonificaciones consideran condiciones de vulnerabilidad y la elección de carreras vinculadas a alta demanda laboral.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, indicó que "Beca 18 reconoce la excelencia académica para fortalecer la inversión en capital humano según las necesidades del país". Asimismo, el programa contempla un paquete de beneficios que cubre costos educativos y de permanencia durante la formación superior, garantizando condiciones para la continuidad de estudios.

Proponen ampliar Beca 18 y modernizar educación técnica

En el debate de equipos técnicos del domingo 24 de mayo, en el bloque de Juventud y Deporte de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, Fuerza Popular presentó propuestas enfocadas en mejorar las oportunidades para los jóvenes.

Rosangella Barbarán planteó la modernización de la educación técnica, la ampliación de Beca 18 hasta 20.000 beneficiarios y la adecuación de la formación a las necesidades regionales.

También propuso cambios institucionales, como el traslado del Instituto Peruano del Deporte a la PCM, la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL) y el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de la Juventud bajo la Presidencia del Consejo de Ministros.

El proyecto señala que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrían disponer de parte de sus fondos para aliviar la economía familiar, pagar deudas, impulsar pequeños negocios y enfrentar el impacto de la recesión. Además, propone desembolsos más acelerado que en iniciativas anteriores.

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Retiro AFP de 4 UIT: proyecto plantea liberar hasta S/21.400 a afiliados

La propuesta fue presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, integrante de Somos Perú. El legislador ya había participado en iniciativas previas relacionadas con retiros de AFP, incluidas propuestas que formaron parte del dictamen del octavo retiro.

El proyecto de ley propone que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT, lo que equivale aproximadamente a S/21.400, según el cálculo referencial del documento. Este retiro sería totalmente voluntario, por lo que cada afiliado decidiría si accede o no a su dinero.

La iniciativa busca responder a lo que denomina una crisis económica prolongada en el país, marcada por la recesión, la inestabilidad política, la delincuencia, la inflación y los impactos de fenómenos climáticos. Según el texto, la liberación de fondos permitiría a las familias cubrir gastos urgentes, pagar obligaciones financieras y reactivar el consumo interno.

El proyecto señala: "Tiene como finalidad mitigar y aliviar los efectos de la crisis económica familiar, por causas de la recesión económica producidas por la convulsión social, inestabilidad política y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global". Además, Pazo Nunura no lo presenta como urgente, pero el texto sugiere esa condición por el contexto económico y climático.

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Así funcionaría el cronograma de pagos del proyecto del retiro AFP

Una de las principales diferencias de esta propuesta frente a retiros anteriores es el cronograma acelerado de pago. El retiro de las 4 UIT se realizaría en dos partes: primero se entregaría hasta 2 UIT a los 30 días de presentada la solicitud, y el segundo desembolso se realizaría 30 días después del primero, con lo que se completaría el monto total en aproximadamente 60 días.

El proyecto establece que los afiliados tendrían un plazo de 90 días calendario para presentar su solicitud luego de la publicación del reglamento. El pedido podría hacerse de manera virtual, remota o presencial, y el afiliado incluso podría desistir antes de que se realice el desembolso. Además, el retiro sería por única vez.

Solo deudas por alimentos permitirían retener hasta el 30% del dinero

El proyecto señala que los fondos retirados tendrían carácter intangible, lo que significa que no podrían ser embargados, retenidos ni descontados por vía judicial o administrativa. La única excepción contemplada es por deudas de alimentos, caso en el que se permitiría retener hasta el 30% del monto retirado.

En cuanto a su impacto económico, el documento afirma que los retiros anteriores ayudaron a dinamizar el consumo, pagar deudas y sostener a pequeñas empresas durante crisis pasadas. Sin embargo, también reconoce críticas que advierten que este tipo de medidas reduce el ahorro previsional futuro y afecta las pensiones, aunque se argumenta que el beneficio inmediato para las familias sería mayor en el corto plazo.

Retiro AFP 2026: estos son los 9 proyectos de ley que buscan liberar hasta S/22.000

• Primer proyecto: plantea el noveno retiro de AFP con un acceso de hasta 4 UIT (S/22.000). Además, propone la devolución total de los fondos a los herederos de afiliados fallecidos. La iniciativa fue presentada por Américo Gonza Castillo, integrante de Perú Libre, el 12 de febrero.
• Segundo proyecto: propone un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. Fue impulsado por Darwin Espinoza Vargas, miembro de Podemos Perú, el 18 de febrero.
• Tercer proyecto: busca autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/22.000) para afiliados al sistema privado de pensiones. La propuesta fue presentada por Alfredo Pariona Sinche, de Bancada Socialista, el 23 de febrero.
• Cuarto proyecto: contempla un retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/22.000). La iniciativa corresponde a Miguel Ángel Ciccia Vásquez, integrante de Renovación Popular, y fue presentada el 20 de marzo.
• Quinto proyecto: propone permitir el acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) de los fondos AFP. El proyecto fue presentado por Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, el 7 de abril.
• Sexto proyecto: plantea un retiro de hasta 4 UIT (S/22.000), pero distribuido en tres partes. Fue impulsado por Guido Bellido Ugarte, de Podemos Perú, el 30 de abril.
• Séptimo proyecto: propone el acceso de hasta 4 UIT mediante tres desembolsos. La iniciativa fue presentada por Paul Silvio Gutiérrez Ticona, de Somos Perú, el 6 de mayo.
• Octavo proyecto: también busca liberar hasta 4 UIT en tres partes. La propuesta corresponde a Margot Palacios Huamán y fue presentada el 7 de mayo.
• Noveno proyecto: plantea el retiro de hasta 4 UIT en dos partes, con un cronograma más rápido de entrega. La iniciativa fue presentada por José Bernardo Pazo, integrante de Somos Perú, el 21 de mayo.

La conversión representa un nuevo paso para una institución con más de 25 años de experiencia y más de 2.5 millones de clientes atendidos. La entidad explicó que esta nueva etapa busca consolidar una propuesta enfocada en finanzas personales simples, ágiles y seguras, alineadas con las nuevas necesidades de los usuarios y con una mayor apuesta por la digitalización.

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SBS autoriza conversión de Financiera Efectiva en banco digital

La autorización otorgada por la SBS forma parte de un proceso de transformación que Financiera Efectiva inició en 2021, periodo en el que realizó inversiones para fortalecer sus capacidades tecnológicas, optimizar procesos y ampliar su portafolio de productos financieros. Con ello, la entidad busca consolidar un modelo de banca digital centrado en la experiencia del usuario.

Juan Carlos Del Alcázar, gerente general de Efectibank, señaló que “esta conversión nos permite consolidar nuestro proceso de transformación digital, evolucionando nuestra propuesta de valor, siendo aliados del crecimiento de nuestros clientes en todo su ciclo financiero, desde el crédito de consumo hasta el ahorro y diversos medios de pago”.

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Efectibank tendrá presencia física y digital en todo el Perú

La nueva etapa de Efectibank estará respaldada por una red de atención con presencia nacional. Actualmente, cuenta con agencias especiales dentro de las 220 tiendas del Grupo EFE, entre ellas Tiendas Efe, La Curacao y Motocorp, además de más de 800 puntos de contacto en establecimientos aliados vinculados a tecnología, motos y mejoramiento del hogar.

Esta infraestructura complementará la estrategia digital del banco y permitirá ampliar el acceso a servicios financieros que históricamente enfrentaron mayores barreras de inclusión. La entidad indicó que combinará sus capacidades digitales con su presencia física para acercar productos financieros a más usuarios en distintas zonas del país.

Banca digital para peruanos y migrantes en el país

Efectibank señaló que la digitalización será el eje transversal de su propuesta integral, al facilitar el acceso a servicios financieros mediante canales remotos y plataformas tecnológicas. Lo que busca es responder a las tendencias de la banca moderna con servicios más ágiles, simples y accesibles para los usuarios.

Con más de 25 años de experiencia en crédito de consumo y microfinanzas, además del respaldo del Grupo EFE, la banca digital apunta a consolidarse como una alternativa financiera orientada tanto a peruanos como a migrantes. Su nueva etapa como banco también estará enfocada en fortalecer la inclusión financiera y ampliar el alcance de sus servicios a nivel nacional.

Efectibank: así competirá el nuevo banco digital frente a BCP e Interbank

Banco de Crédito del Perú (BCP) e Interbank son bancos mucho más grandes y consolidados que Banco Efectiva, ahora conocido comercialmente como Efectibank. Ambos tienen millones de clientes, una amplia red de agencias y cajeros, además de ecosistemas digitales ya posicionados como Yape en el caso del BCP y Plin junto al ecosistema Intercorp en Interbank.

El nuevo banco digital plantea una estrategia distinta, centrada en la agilidad, la digitalización y los créditos de consumo con procesos simplificados. Su objetivo es captar usuarios que prefieren operar desde el celular y realizar gestiones rápidas, sin trámites complejos. Aunque aún no cuenta con la escala ni la infraestructura del BCP o Interbank, su conversión le permitirá ampliar su oferta y consolidarse como una opción digital muy útil.

La información fue confirmada por el titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas, durante declaraciones brindadas a Exitosa. El ministro aclaró que el Gobierno no tiene previsto llevar la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) y explicó que actualmente la discusión gira en torno a cómo se aplicará el pago y cuál será el monto que recibirán los trabajadores CAS en julio.

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CAS 2026: “Habrá gratificación, pero se evalúa el monto”, señala Rodolfo Acuña

El ministro Acuña explicó que sí habrá pago de gratificación para los CAS, aunque todavía se analiza cuánto dinero podrán entregar las entidades públicas. Según indicó, la aplicación de la ley tendría un mecanismo de gradualidad debido a las limitaciones presupuestales de algunas instituciones del Estado.

“Ha habido una confusión. Yo señalé que se podría evaluar, después del proceso electoral. Eso no le corresponde, sino al Consejo de Ministros, quien lleva las normas al Tribunal Constitucional, y si considera o no un escenario de una observación”, aclaró.

Además, señaló que la principal discusión actualmente no es si habrá gratificación, sino el monto que finalmente se pagará. La ley aprobada establece que el beneficio debería equivaler a la remuneración que perciben los trabajadores CAS y no a un aguinaldo fijo de S/300 como ocurre en otros regímenes del sector público.

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Pago de gratificación CAS: MEF plantea aplicación gradual del beneficio

El titular del MEF detalló que algunas entidades públicas ya cuentan con recursos para asumir el pago completo de la gratificación, pero reconoció que no todas tienen la misma capacidad presupuestal. Por ello, el Ejecutivo evalúa aplicar la norma de manera progresiva para evitar impactos en el equilibrio fiscal.

Según Acuña, el pago inicial podría ser menor al monto que establece la ley y posteriormente incrementarse de forma gradual. Esta propuesta sería presentada mediante normas que el Ejecutivo enviará al Congreso para definir el mecanismo de implementación del beneficio.

“Los mecanismos de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso, para suavizar o implementar gradualmente las normas. Porque existen algunas entidades que pueden decir que tienen el espacio para atender (el pago de gratificación), pero no son todas”.

Además, el MEF reafirmó mediante un comunicado que no presentará demandas de inconstitucionalidad contra las normas aprobadas por el Congreso vinculadas a mejoras remunerativas y beneficios laborales para los trabajadores estatales.

“En ese sentido, el MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, señaló la entidad.

Trabajadores CAS: ¿en qué fecha se pagaría la gratificación?

El pago de la gratificación para trabajadores CAS se realizaría en julio, siguiendo el cronograma habitual. De acuerdo con lo señalado en la norma y las precisiones brindadas, las entidades estatales tendrían como fecha límite la mitad del mes para efectuar el depósito correspondiente.

Esto significa que podrían recibir el beneficio hasta el 15 de julio. La implementación de esta medida representa un cambio importante para este régimen laboral, ya que anteriormente estos servidores no contaban ni con gratificaciones ni con CTS.

Con la entrada en vigencia de la norma, el Estado reconoce estos beneficios laborales para los CAS en condiciones similares a otros regímenes públicos. Sin embargo, el monto definitivo del primer pago todavía dependerá de las disposiciones que apruebe el Ejecutivo respecto a la gradualidad planteada por el MEF.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, aseguró a este diario que Machu Picchu “está teniendo una pérdida de más de 300 millones de dólares”, monto que —según indicó— termina concentrándose en manos privadas sin traducirse en mejoras para el territorio ni para las comunidades locales.

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“Esos 300 millones de dólares jamás se van a resumir en lo que significa el territorio y los habitantes, solo se resumirá en el bolsillo de los privados”, declaró durante una entrevista concedida tras el pronunciamiento de New7Wonders.

El gobernador sostuvo que las observaciones de la organización internacional no están relacionadas con el estado arqueológico del santuario histórico ni con su conservación ambiental, competencias que recaen en el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y la Unesco, sino con la experiencia turística y el modelo comercial instalado alrededor del destino.

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Según explicó, la principal preocupación de New7Wonders estaría vinculada a la calidad del servicio ferroviario, el trato al visitante, la sobrecarga comercial en Aguas Calientes y las deficiencias en transporte, hotelería y organización turística.

“El problema es comercial, es de privados”, afirmó Salcedo. “Desde el momento en que ingresan al Valle Sagrado y suben al tren, ellos ya no ven el buen servicio ni el buen trato que espera el visitante”, agregó.

El gobernador también cuestionó que el destino se haya convertido en una “ciudadela excesivamente comercial”, donde —según dijo— se prioriza la rentabilidad económica antes que la calidad de la experiencia del turista.

Gobernador cuestiona distribución económica del turismo en Machu Picchu

Durante sus declaraciones, Salcedo criticó que los ingresos generados por Machu Picchu no se reflejen en mejores condiciones de vida para la población local ni en infraestructura básica para el distrito.

Indicó que, pese a la elevada recaudación por boletaje, las comunidades cercanas continúan enfrentando problemas de pobreza y falta de servicios esenciales. “En Machu Picchu no hay un centro de salud. No se han generado oportunidades de desarrollo para los habitantes de las comunidades que se encuentran dentro de la jurisdicción de Machu Picchu”, manifestó.

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El gobernador aseguró además que la Dirección Desconcentrada de Cultura recauda aproximadamente S/250 millones al año por la venta de entradas al santuario histórico. Sin embargo, cuestionó que solo una parte mínima de esos recursos se destine directamente a la preservación del sitio. “Solo 7 millones se invierten en la preservación de Machu Picchu”, sostuvo.

Cusco propone autoridad autónoma para Machu Picchu

Frente a este escenario, Salcedo volvió a plantear la creación de una autoridad autónoma para Machu Picchu, integrada por distintos sectores del Ejecutivo y autoridades locales.

El gobernador explicó que la propuesta no busca que la administración quede únicamente en manos del Gobierno Regional del Cusco o de los municipios locales, sino construir un organismo con participación multisectorial.

“Lo que he dicho es que participe el premier, que participen ya no tres ministerios sino cinco ministerios”, señaló.

La propuesta contempla incluir a los ministerios de Cultura, Ambiente y Turismo, además de Vivienda y Transportes, con el objetivo de tomar decisiones integrales sobre infraestructura, conservación, desarrollo territorial y gestión turística.

Según Salcedo, la administración fragmentada actual ha impedido resolver problemas vinculados al transporte, la seguridad, los servicios turísticos y la planificación urbana en Machu Picchu Pueblo.

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Finalmente, reconoció que las observaciones de New7Wonders sí podrían afectar la reputación internacional de Machu Picchu y del Perú como destino turístico. “Claro que sí afecta”, afirmó, aunque precisó que Cusco ya logró recuperar y superar las cifras turísticas registradas antes de la pandemia.

El gobernador añadió que las críticas internacionales reflejan problemas históricos que, según dijo, han sido ignorados por el Gobierno central y por actores empresariales vinculados al turismo.

“Quienes administran el servicio de transporte y hotelería son eminentemente privados y ven a Machu Picchu más como un aspecto monetario desde el lado empresarial”, concluyó.

Según el informe “Un encuentro de oportunidades: la movilidad humana de Venezuela y el desarrollo del Perú” indica que el 70% de esta población está en edad de trabajar y una de cada tres personas cuenta con estudios universitarios.

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Venezolanos en Perú aportan US$530 millones al año y 1,3% del PBI

El análisis del Banco Mundial y ACNUR estima que los venezolanos en el país aportan cerca de US$530 millones anuales a la economía nacional, cifra equivalente al 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI). Este dato se enmarca en el impacto económico que genera su participación activa en distintos sectores.

Asimismo, el informe detalla que por cada sol invertido por el Estado peruano en esta población, se genera un retorno fiscal de S/2,6. Laura Almirall, representante de ACNUR en el Perú, señaló que “estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”.

Con esto se puede entender mejor cómo se integran las personas refugiadas, pero que su valor no debe reducirse a lo económico. También resalta que tienen acceso a derechos básicos y al rehacer sus vidas pueden portar a la sociedad que los recibe.

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ACNUR: 7.9 millones de venezolanos migraron y 1.64 millones residen en Perú

ACNUR indica que alrededor de 7.9 millones de venezolanos salieron de su país en busca de protección y mejores condiciones de vida, de los cuales 6.7 millones permanecen en América Latina y el Caribe. Este flujo migratorio posiciona a la región como principal espacio de acogida.

En el caso peruano, residen aproximadamente 1.64 millones de venezolanos, quienes acceden al empleo formal, el emprendimiento y la estabilidad económica como mecanismos para integrarse. Según el informe, estas condiciones permiten su participación activa en las comunidades de acogida y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Impacto de la migración venezolana en el Perú, según el Banco Mundial

El informe destaca que gran parte de esta población se encuentra en edad de trabajar y con altos niveles de formación, lo que favoreció su inserción en sectores como comercio y servicios.

Sin embargo, también evidencia la necesidad de fortalecer la formalización laboral y el reconocimiento de estudios profesionales, ya que muchos migrantes con educación superior no logran ejercer plenamente sus carreras.

Asimismo, indica que la integración de esta población no depende solo del empleo, sino también del acceso a la regularización migratoria. Precisa que con ello se podría reducir situaciones de vulnerabilidad y facilita una participación más estable en la sociedad.

Según informó, el beneficio alcanzará a más de 824.000 usuarios en todo el país y forma parte del cronograma oficial aprobado para este año. El Midis precisó que la mayoría de beneficiarios podrá retirar el dinero en agencias del Banco de la Nación (BN), agentes corresponsales y cajeros Multired, mientras que en las zonas rurales seguirán operando los "carritos pagadores" y "avioncitos pagadores" mediante las Empresas de Transporte de Valores (ETV).

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Pago de Pensión 65 2026: fechas oficiales y modalidades de cobro

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el Midis, “el tercer desembolso del año —correspondiente al padrón mayo-junio— comenzará el lunes 1 de junio de 2026”. Ese día iniciará el retiro para los usuarios que cobran a través de la red bancaria habitual.

El programa social también informó que los beneficiarios que viven en localidades alejadas y reciben el subsidio mediante las ETV podrán acceder al pago desde el jueves 9 de julio de 2026. Este sistema busca garantizar la entrega del dinero en comunidades donde no existen agencias bancarias cercanas.

Asimismo, el cronograma anual de pagos incluye nuevas fechas para los siguientes padrones:

• Padrón IV: 3 de agosto y 10 de septiembre de 2026.
• Padrón V: 5 de octubre y 11 de noviembre de 2026.
• Padrón VI: 30 de noviembre de 2026 y 8 de enero de 2027.

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Consulta con DNI para saber si eres beneficiario de Pensión 65

Las personas interesadas en verificar si forman parte del padrón de beneficiarios pueden realizar la consulta virtual utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI). Para ello, deben ingresar a la plataforma oficial de consulta ciudadana de Pensión 65, colocar el número de DNI, digitar el código de verificación y hacer clic en la opción "Buscar".

Tras completar el procedimiento, el sistema indicará si la persona figura en el padrón activo del programa social. Asimismo, el servicio digital permite verificar si existe alguna suspensión temporal del beneficio o consultar información vinculada a la afiliación al programa.

Requisitos para acceder al subsidio de S/350 y cambio de lugar de pago

Las autoridades recordaron que Pensión 65 está dirigido exclusivamente a adultos mayores de 65 años que se encuentren en condición de pobreza extrema y que no reciban ingresos por jubilación o pensión. La clasificación socioeconómica es evaluada mediante el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

El Midis señaló que quienes todavía no forman parte del programa pueden iniciar el trámite de afiliación en la municipalidad de su distrito presentando su DNI y completando el Formulario 1000 de declaración jurada.

Además, informó que los usuarios tienen la posibilidad de solicitar el cambio de lugar de pago enviando un correo electrónico a la central de atención del programa con su número de DNI, teléfono de contacto y dirección actual. Según cifras oficiales, Lima y Cajamarca continúan siendo las regiones con mayor cantidad de beneficiarios.

El organismo supervisor informó que la investigación sobre la deflagración ocurrida el pasado 1 de marzo en una estación de válvulas del sistema de ductos de Camisea se encuentra en su etapa final. Sin embargo, precisó que no puede concluirse porque el Ministerio Público todavía no dispone las acciones requeridas para continuar con la evaluación técnica especializada de las muestras almacenadas en Lurín desde el 26 de marzo de 2026.

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Según detalló la entidad, los estudios de laboratorio sobre las piezas metálicas de la tubería afectada son 'imprescindibles' para establecer las causas del incidente y culminar el proceso de fiscalización.

Ante este escenario, Osinergmin informó que recurrió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que, en el marco de sus competencias, exhorten a la Fiscalía de la Nación a acelerar las diligencias pendientes.

La entidad sostuvo que ello permitirá culminar la evaluación técnica 'a la brevedad', cerrar la etapa de fiscalización y aplicar las medidas correspondientes conforme a ley.

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Camisea: Osinergmin ya emitió tres informes sobre el caso

El organismo recordó además que ya emitió tres informes vinculados al incidente en el sistema de transporte de gas de Camisea. El primero, difundido en marzo, concluyó que el concesionario no logró acreditar condiciones excepcionales que justificaran una prórroga por fuerza mayor.

Asimismo, señaló que el segundo y tercer informe, elaborados a fines de abril, identificaron incumplimientos contractuales relacionados con el suministro insuficiente de flujo y presión de gas natural entre el 1 y el 13 de marzo de 2026, periodo en el que se vio afectada la atención de la demanda máxima.

De acuerdo con Osinergmin, ambos documentos fueron remitidos al Minem, en su calidad de concedente, para que adopte las acciones correspondientes.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 27 de mayo?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

La PAST será una plataforma digital única que permitirá integrar información previsional, facilitar la elección de régimen y ejecutar traslados entre sistemas. Además, funcionará bajo estándares de seguridad, interoperabilidad y protección de datos personales, con el objetivo de brindar procesos más eficientes, transparentes y trazables para los afiliados.

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Plataforma PAST de pensiones: cómo funcionará el sistema de afiliación

La Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST) será el sistema central donde se concentrará toda la información relacionada con afiliaciones, aportes y cambios de régimen previsional. Su finalidad es simplificar el acceso de la ciudadanía a los servicios del sistema de pensiones.

La herramienta permitirá que se realicen procesos de elección, afiliación y traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Además, operará bajo la gestión de la ONP, con gobernanza conjunta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), garantizando el intercambio de información en tiempo real.

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SBS y ONP impulsan la modernización del sistema previsional

La SBS explica que los acuerdos firmados con ONP buscan fortalecer la articulación del sistema previsional mediante la creación de mecanismos de coordinación y el intercambio de información entre ambas entidades. “El acuerdo marco busca establecer los mecanismos y dinámicas de gobernanza producto de una mayor interacción entre la SBS y la ONP, mientras que el convenio específico busca garantizar el intercambio seguro y en tiempo real de información entre ambas entidades”.

Además, la implementación de la PAST se sustenta en estos dos convenios, uno de coordinación institucional y otro operativo de intercambio de información, con una vigencia inicial de tres años.

Esto significa un avance en la reforma previsional, al mejorar la interoperabilidad entre entidades públicas y privadas del sistema de pensiones. La SBS precisa que “estos acuerdos constituyen uno de los principales hitos en la implementación de la reforma previsional orientada a fortalecer la interoperabilidad entre las entidades públicas y privadas vinculadas al sistema de pensiones”, destacando su impacto en la modernización del sistema.

“La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá procesos más seguros”

La PAST se enmarca dentro de la reforma previsional impulsada por la Ley N.° 32123. También incluye la implementación del Pilar Semicontributivo.

“La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá brindar a los ciudadanos procesos de afiliación y traslados más seguros, transparentes y eficientes. Con la PAST estamos construyendo una plataforma moderna que fortalece la confianza de las personas en el sistema previsional y mejora la calidad de los servicios públicos digitales”, destacó el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacsa.

Afiliaciones en PAST contarán con mayor seguridad y trazabilidad

El diseño de la PAST incorpora principios de seguridad de la información, confidencialidad y trazabilidad en cada proceso, asegurando que las decisiones de afiliación o traslado queden registradas y puedan ser verificadas.

En esa línea, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, explicó el alcance del modelo de implementación y control del sistema. “La reforma plantea un sistema previsional más integrado y transparente. Estos convenios nos permiten asegurar que los puntos operacionales de contacto, el intercambio de información y los procesos de elección, afiliación y traslado se desarrollen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los afiliados”, puntualizó.

Según la norma publicada el 14 de abril en el diario oficial El Peruano, el bono tendrá carácter mensual y vitalicio, pero no es remunerativo ni pensionable ni forma parte de beneficios laborales. Su entrega será progresiva y dependerá de la edad o condición de cada beneficiario, tras cumplir el proceso de validación establecido por las instituciones correspondientes.

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Requisitos del bono de S/1.130 para veteranos de las FF. AA.

Para acceder al bono, los licenciados deben haber realizado el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 y estar reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024, conforme a lo establecido en la Ley 30826.

Además, la norma precisa condiciones específicas según cada institución militar. En el Ejército del Perú, deben haber culminado el servicio como recluta, soldado, cabo, sargento segundo o sargento primero. En la Marina de Guerra del Perú, como grumete, marinero o cabo en sus diferentes rangos. En la Fuerza Aérea del Perú, como aviador, cabo, sargento primero o sargento segundo.

También se exige haber servido en zonas de emergencia y haber participado en acciones de pacificación validadas por la institución armada correspondiente. Asimismo, el tiempo de servicio debe haber sido de 12 a 24 meses consecutivos, cumpliendo así el periodo mínimo requerido por la norma.

Finalmente, los solicitantes no deben contar con antecedentes policiales, penales o judiciales ni figurar como deudores alimentarios. Estas condiciones son obligatorias para acceder al beneficio económico.

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¿Cómo acceder al bono de las FF. AA.? Conoce el trámite, los plazos y el registro

El proceso para acceder a la bonificación inicia con la solicitud ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entidad donde los licenciados deben presentar su pedido una vez que la ley entre en vigor. Este procedimiento estará habilitado hasta el 31 de julio de 2027.

Tras la evaluación y aprobación, el expediente pasa al Ministerio de Defensa (Mindef), que es el encargado de registrar al beneficiario en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Este registro debe realizarse en un plazo no mayor de 90 días calendario, lo que permite que el beneficiario quede incorporado oficialmente al sistema estatal que gestiona los pagos del bono.

Bono de S/1.130: cronograma de pago según edad

El pago del bono de S/1.130 se realizará de forma mensual y vitalicia una vez aprobada la solicitud y completado el registro en el sistema estatal. Sin embargo, su implementación será progresiva y estará organizada por grupos de edad.

Primer año

• Beneficiarios mayores de 60 años
• Personas con discapacidad permanente

Segundo año

• Beneficiarios de 55 a 59 años

Tercer año

• Beneficiarios de 50 a 54 años

Cuarto año

• Beneficiarios de 45 a 49 años

Quinto año

• Beneficiarios de 40 a 44 años

Cierre del proceso

• La incorporación continuará de forma gradual hasta incluir a todos los beneficiarios seleccionados dentro del sistema de pago.

La herramienta busca responder al aumento del uso de pagos digitales entre menores de edad y brindar a las familias una alternativa más segura para gestionar el dinero de sus hijos. La empresa señaló que el perfil estará conectado al del adulto responsable, quien podrá supervisar movimientos, consultar saldos y administrar la cuenta desde su celular.

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¿Qué podrán hacer los menores con Yape Hijos?

Con esta nueva modalidad, los usuarios menores de edad podrán enviar y recibir dinero, pagar y cobrar con código QR, realizar recargas de celular y cargar saldo para el Metropolitano y corredores complementarios.

Sin embargo, el sistema contará con límites predefinidos: los menores podrán enviar hasta S/500 diarios y recibir un máximo de S/1.000 mensuales. Estos montos no podrán modificarse.

Además, tendrán acceso a Aprende con Yape, un espacio orientado a fomentar la educación financiera y el uso responsable del dinero desde edades tempranas.

“Con Yape Hijos buscamos que los menores vayan ganando autonomía financiera de forma gradual”, señaló Micaela Elías, gerente de Propuesta de Valor de Pagos de Yape.

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Padres podrán supervisar movimientos y administrar hasta cinco cuentas

La aplicación permitirá que madres y padres administren hasta cinco perfiles “Hijos” desde una misma cuenta principal. También podrán revisar movimientos recientes y eliminar la cuenta cuando lo consideren necesario.

Como medida de seguridad, los yapeos realizados desde la cuenta del menor mostrarán únicamente el nombre del adulto responsable y no el del hijo.

¿Cómo activar Yape Hijos?

Para habilitar esta función, el adulto debe contar con una cuenta Yape adicional, aparte de su cuenta principal, y descargar la aplicación en el celular del menor.

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En caso de no tener una cuenta extra, deberá crearla utilizando otro número de celular y un correo electrónico distinto. Luego, desde la sección 'Hijos', podrá seleccionar la cuenta, asignarle un apodo interno e ingresar la fecha de nacimiento del menor para completar la migración.

La empresa precisó que los usuarios de Yape con cuenta BCP podrán crear las cuentas adicionales directamente desde la aplicación. En cambio, quienes usan Yape solo con DNI deberán acercarse a una agencia del Banco de Crédito del Perú para abrir la cuenta que será vinculada al perfil del menor.

En el encuentro participaron delegados de 12 sindicatos, tanto de manera presencial como virtual. Los trabajadores esperaban respuestas sobre dos temas que han generado inquietud en las últimas semanas: la mayor participación de ProInversión en decisiones de la empresa y la situación de beneficios laborales, como las utilidades y el seguro médico. Sin embargo, aseguran que la reunión terminó profundizando la incertidumbre dentro de la compañía.

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Trabajadores de Petroperú cuestionan mayor control de ProInversión

Fuentes vinculadas a Petroperú indicaron que esta fue la segunda reunión convocada por Lizarzaburu desde que asumió la presidencia del directorio hace aproximadamente tres semanas.

La primera reunión ocurrió antes de la publicación del Decreto de Urgencia 003-2026, norma vinculada al financiamiento de la empresa estatal y que fortaleció la participación de ProInversión dentro de Petroperú. En ese momento, los trabajadores buscaban conocer la posición de la nueva administración respecto al futuro de la petrolera y el alcance de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

En medio de ese escenario, durante los últimos días se produjo un evidente crispamiento entre áreas administrativas de Petroperú y ProInversión respecto a los límites de intervención de la entidad en las operaciones de la empresa.

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"Petroperú es una empresa que todos los días compra y vende combustibles. Los trabajadores consideran que no puede estar sujeta permanentemente a una entidad externa no especializada para tomar decisiones operativas", señalaron.

Según indicaron, durante la reunión Lizarzaburu reafirmó que ProInversión será "un aliado" y "el brazo derecho" de Petroperú, mensaje que fue interpretado por distintos trabajadores como una señal de pérdida de autonomía dentro de la empresa estatal.

Sostienen que el malestar aumentó luego de que Petroperú y ProInversión emitieran recientemente un pronunciamiento conjunto, interpretado internamente como una cesión de funciones estratégicas hacia la entidad estatal.

Trabajadores denuncian vulneración de beneficios laborales en Petroperú

Otro de los temas que generó mayor rechazo fue la situación de los beneficios laborales.

Según lo expuesto durante la reunión, existía un fondo destinado al pago de utilidades para los trabajadores; sin embargo, la empresa habría decidido utilizar esos recursos para la compra de combustibles y crudo debido a la urgencia financiera que enfrenta la petrolera.

"Hemos esperado 30 días para el pago de las utilidades y ahora nos dicen que se pagará cuando ingrese plata a la empresa", indicaron.

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Los trabajadores consideran que esta decisión vulnera derechos laborales y cuestionan que no exista una fecha concreta para el desembolso de este beneficio.

Otro punto sensible fue la situación del Programa de Asistencia Médica Familiar (PAMF), seguro privado financiado parcialmente mediante descuentos salariales. Según denunciaron, algunas clínicas habrían suspendido la atención a trabajadores y sus familias debido a retrasos en los pagos por parte de Petroperú. "La explicación que se dio es que este seguro le genera gastos a la empresa", indicaron.

La situación ha generado preocupación debido a que gran parte del personal desarrolla labores consideradas de alto riesgo en refinerías, oleoductos y operaciones petroleras en distintas regiones del país.

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la situación de la asignación familiar. De acuerdo con los trabajadores, este beneficio laboral no se habría pagado durante décadas dentro de la empresa, situación que incluso motivó denuncias ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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Durante la reunión, Lizarzaburu manifestó que esto se pagará a partir de junio. Sin embargo, como es sabido, este beneficio laboral es el 10% de la Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir S/113, "un caramelito que el presidente Lizarzaburu pretende entregar a los trabajadores en compensación por el recorte de derechos laborales".

Crece preocupación por posibles medidas de fuerza en Petroperú

Otro aspecto que generó alarma entre los trabajadores fue el anuncio de que lo discutido durante la reunión sería formalizado mediante un acta que posteriormente sería elevada al directorio para su aprobación.

Según las fuentes, existe inquietud de que ese documento pueda interpretarse como una validación de las medidas anunciadas por la administración, pese a que los trabajadores expresaron su desacuerdo durante el encuentro.

"Lo que probablemente suceda en los próximos días es que se adopten medidas de fuerza", advirtieron.

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Señalaron que, si bien reconocen la compleja situación de Petroperú, consideran que las decisiones vinculadas a beneficios laborales deben ser discutidas y negociadas, y no aplicadas de manera unilateral.

"La situación financiera puede conversarse o negociarse, pero no se puede simplemente decir que no se va a pagar y que recién se hará cuando mejore la empresa. Eso termina rompiendo el clima laboral", indicaron.

En medio de este escenario, también pidieron investigar cómo se están priorizando los pagos a proveedores y advirtieron que existe preocupación sobre eventuales ceses colectivos, especialmente entre trabajadores sindicalizados.

Este medio solicitó los descargos de Petroperú sobre los cuestionamientos expuestos en esta nota y está a la espera de una respuesta.

Aunque el Estado informó públicamente que entregaría 20.000 becas, finalmente solo se habilitaron 5.184 plazas mediante la Resolución Jefatural N.° 033-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC. La demanda, presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita la nulidad de dicha resolución y el financiamiento de todas las becas originalmente prometidas.

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Más de 97.000 jóvenes rindieron el Examen Nacional de Preselección bajo la expectativa generada por el propio Estado. Sin embargo, según denuncian los demandantes, el proceso estuvo marcado por cambios constantes en el cronograma, retrasos e irregularidades administrativas que terminaron afectando a miles de postulantes.

La defensa legal está a cargo de José Saldaña Cuba, quien explicó a La República que la demanda fue presentada contra el Gobierno peruano, el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 'Es una demanda de amparo solicitando la restitución del programa Beca 18 y las 20.000 becas ofrecidas', señaló en conversación con este medio.

Beca 18: estudiantes acusan vulneración al derecho a la educación

Según explicó Saldaña, la demanda agrupa a tres sectores afectados directamente por el recorte. El primero está conformado por estudiantes preseleccionados que esperaban acceder a las becas para iniciar estudios superiores este año. El segundo incluye a jóvenes que rindieron el examen, pero quedaron fuera tras la reducción de vacantes. Finalmente, también participan actuales beneficiarios del programa, quienes buscan defender Beca 18 como política pública. 'Estamos especialmente defendiendo a 90.000 jóvenes que tenían esa expectativa en el Perú', afirmó el abogado.

Los demandantes sostienen que el recorte vulnera principios constitucionales vinculados al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, especialmente para jóvenes en situación de pobreza o de zonas históricamente excluidas.

'El derecho a la educación es un derecho social y la obligación del Estado es garantizarlo progresivamente. Nunca puede retroceder en lo que ya se ha avanzado', sostuvo Saldaña.

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En esa misma línea, Silvana Rojas, una de las demandantes del proceso, aseguró a este diario que la reducción de plazas afecta principalmente a estudiantes que dependen completamente del programa para acceder a educación superior.

'Consideramos que hay una grave vulneración al derecho a la igualdad y la no discriminación. Quienes acceden a este programa son personas de comunidades campesinas, nativas y rurales', manifestó.

Rojas recordó que muchos beneficiarios de Beca 18 provienen de contextos de pobreza o vulnerabilidad extrema, por lo que la beca representa una oportunidad única para cambiar sus condiciones de vida. 'El derecho a la educación no es un gasto, es una inversión a largo plazo', afirmó.

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Cuestionan manejo del presupuesto e irregularidades en el proceso

La demanda también cuestiona la forma en que el Ejecutivo manejó el presupuesto destinado a Pronabec y denuncia presuntas irregularidades durante el desarrollo de la convocatoria. 'Hemos identificado una tremenda irresponsabilidad e incompetencia al momento de asignar el presupuesto', señaló Saldaña.

Según explicó, el anteproyecto presupuestal enviado por el Minedu no contemplaba adecuadamente los recursos necesarios para garantizar las 20.000 becas anunciadas. 'Incluso cuando hubo reclamos, el Ministerio de Economía respondió que ya no había posibilidad de subsanarlo', indicó.

Por su parte, Rojas sostuvo que los postulantes no recibieron información clara durante el proceso y que las respuestas brindadas por las autoridades fueron insuficientes frente a la magnitud del problema.

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'Nunca se dio una explicación clara, justificada y detallada sobre las responsabilidades de los funcionarios ni sobre por qué ocurrió el recorte', afirmó.

La representante estudiantil también cuestionó que el ajuste presupuestal afectara a la educación mientras otros sectores recibían mayores recursos por parte del Estado. 'Vemos que se recorta presupuesto a un sector tan clave como educación, pero al mismo tiempo se incrementan partidas para otros sectores', sostuvo.

Buscan sentar un precedente para futuras convocatorias

Además de exigir la restitución de las becas correspondientes a esta convocatoria, los demandantes buscan que el Poder Judicial establezca medidas que eviten futuros recortes al programa.

'Estamos planteando una reforma estructural para que no se vuelva a desfinanciar de esa manera y se garanticen como mínimo las 20.000 becas comprometidas', explicó Saldaña.

La acción legal ocurre en un contexto de creciente dificultad para acceder a estudios superiores en el país. Mientras las universidades públicas enfrentan problemas institucionales y presupuestales, las privadas continúan elevando sus costos, situación que golpea especialmente a estudiantes de bajos recursos.

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En ese escenario, Beca 18 se ha convertido en una de las principales políticas de inclusión educativa en el Perú, especialmente para jóvenes del VRAEM, Huallaga, comunidades campesinas y pueblos indígenas.

Rojas aseguró que la demanda también busca sentar un precedente frente a decisiones estatales que, según indicó, afectan derechos fundamentales de miles de jóvenes. 'Queremos que estas decisiones discrecionales en sectores claves como educación no vuelvan a darse afectando derechos', concluyó.

Según el estudio '¿Qué pasa con el salario?' de Bumeran, el 72% de trabajadores en Perú asegura que su sueldo dura menos de dos semanas. Dentro de este grupo, el 30% afirma que apenas recibe su salario lo destina completamente al pago de cuentas, mientras que el 19% señala que el dinero solo le alcanza para dos semanas.

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Además, el 15% asegura que su sueldo dura menos de una semana y el 8% menciona que apenas logra cubrir gastos durante siete días. En contraste, solo el 14% afirma que el salario le alcanza tres semanas y otro 14% asegura llegar a fin de mes.

La percepción sobre los ingresos también refleja el complicado escenario económico que enfrentan muchos hogares. El 83% de trabajadores considera que su salario no es suficiente para cubrir necesidades básicas, aunque el estudio muestra una ligera mejora respecto a 2025.

Actualmente, el 23% de las personas encuestadas considera que su poder adquisitivo mejoró en los últimos meses, siete puntos porcentuales más que el año pasado, cuando solo el 16% tenía esa percepción.

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“El estudio evidencia que una gran parte de los trabajadores peruanos aún enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas con su salario. Aunque el panorama sigue siendo desafiante, se observa una ligera mejora en la percepción económica”, señaló Diego Tala.

Perú: el sueldo se agota antes de la quincena para la mayoría de trabajadores

El informe también revela cuáles son los gastos que más golpean el bolsillo de los peruanos. El 38% de trabajadores identifica al alquiler como su principal gasto mensual, seguido de la alimentación con 26% y el pago de deudas con 15%.

Otros gastos importantes son educación con 8%, transporte con 6% y salud con 3%. Además, el 72% de trabajadores asegura que brinda apoyo económico a familiares o personas cercanas, ya sea de manera ocasional o regular.

La situación económica también ha incrementado el nivel de endeudamiento. Actualmente, el 83% de trabajadores peruanos afirma tener algún tipo de deuda, tres puntos porcentuales más que en 2025.

Alquiler, deudas y falta de ahorro presionan la economía de los peruanos

Ahorrar sigue siendo una meta difícil de alcanzar para la mayoría. El 84% de trabajadores asegura que no puede guardar parte de sus ingresos, porcentaje que se mantiene igual al registrado el año pasado.

Entre quienes no logran ahorrar, la mitad afirma que el salario no es suficiente. Otros mencionan las deudas y la cantidad de gastos mensuales como las principales razones.

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En el grupo que sí consigue ahorrar, la mayoría apenas logra separar pequeños porcentajes de su sueldo. El 28% guarda menos del 5% de sus ingresos y el 25% entre el 5% y el 10%. Pese al panorama económico, el 100% de trabajadores encuestados aseguró que le gustaría recibir un aumento salarial. De obtenerlo, el 41% destinaría el aumento al pago de deudas, el 30% al ahorro y el 23% a inversiones.