Sebastián Maag, gerente de Petroecuador, señaló que Perú figura entre las alternativas que analiza la petrolera estatal por la capacidad de sus refinerías y su adaptación al crudo ecuatoriano. El funcionario explicó en una entrevista con Radio Pública que la empresa busca establecer acuerdos con refinadores de la región y otros mercados para procesar parte de su producción. La declaración fue reportada por el medio ecuatoriano Primicias.

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El mecanismo contempla enviar crudo a una refinería extranjera y recibir productos procesados para cubrir la demanda ecuatoriana. Entre los derivados que busca obtener Petroecuador están el diésel, las gasolinas y el gas licuado de petróleo (GLP).

Para Perú, la eventual operación representaría una oportunidad para captar procesamiento de crudo ecuatoriano y aprovechar la infraestructura de refinación disponible. Una de las instalaciones con mayor capacidad es la Nueva Refinería Talara, diseñada para procesar hasta 95.000 barriles de petróleo por día y producir, entre otros derivados, diésel, gasolinas y GLP.

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Ecuador busca capacidad de refinación fuera de su territorio

La búsqueda de alternativas en el exterior responde a la brecha que mantiene Ecuador entre su producción petrolera y la cantidad de combustibles que puede obtener de sus propias refinerías.

El país cuenta con tres complejos: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi. La primera es la más grande, con una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles diarios, aunque actualmente opera alrededor del 86% de ese nivel tras un mantenimiento realizado en septiembre.

Esmeraldas también concentra la producción de diésel premium para el sector automotor. Según Maag, Ecuador cubre mediante importaciones alrededor del 75% de la demanda de este combustible.

La situación podría añadir presión sobre el abastecimiento debido a los trabajos previstos en la unidad hidrodesulfuradora de Esmeraldas, utilizada para producir diésel. Durante ese periodo, la planta reducirá su producción de este combustible y aumentará la de fuel oil.

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Las otras dos refinerías ecuatorianas tienen una capacidad menor. La Libertad puede procesar 45.000 barriles diarios y produce GLP, gasolinas, diésel, combustible para aviones y fuel oil. Shushufindi, con capacidad para 20.000 barriles por día, tiene una configuración más básica.

¿Qué busca Ecuador con el esquema de intercambio?

Petroecuador plantea utilizar su producción de petróleo para acceder a combustibles que actualmente debe importar. En lugar de concentrar todo el proceso de transformación dentro de Ecuador, la estatal busca aprovechar instalaciones extranjeras que puedan procesar su crudo y entregar derivados adecuados para el consumo local.

El esquema es conocido como swap o intercambio de productos. En este tipo de operación, el crudo se entrega para ser procesado y posteriormente se reciben combustibles equivalentes o acordados entre las partes, de acuerdo con las condiciones comerciales establecidas.

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Maag sostuvo que Petroecuador busca "las alianzas correctas" para abastecer de combustibles a la población a partir del petróleo que produce el país.

Por ahora, Perú es una de las alternativas que están sobre la mesa, pero no se ha definido qué refinería participaría ni se han anunciado volúmenes o condiciones comerciales. El eventual acuerdo dependerá de factores como la capacidad disponible, las características del crudo ecuatoriano, los costos de transporte y refinación y las condiciones que finalmente negocien las empresas.

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La controversia se produce un día después de que el Gobierno informara que el CNTPE había expresado por unanimidad su respaldo a González-Olaechea, luego de una reunión en la que participaron representantes del Estado, trabajadores y empleadores.

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CUT Perú cuestiona validez de la sesión del Consejo Nacional de Trabajo

A través de un manifiesto difundido el 22 de septiembre, la CUT Perú afirmó que lo ocurrido no puede considerarse una sesión válida del CNTPE, pues, según la central sindical, no se habría cumplido con la convocatoria formal ni con el quórum requerido para una reunión del diálogo tripartito.

El CNTPE es el principal espacio institucional de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y los gremios empresariales en materia laboral. El propio Ministerio de Trabajo ha destacado durante 2026 su carácter tripartito y la importancia de preservar su institucionalidad.

La posición de la CUT coloca el foco precisamente en ese procedimiento. Para la central sindical, una reunión en la que participan representantes de los distintos sectores no equivale necesariamente a un acuerdo formal del Consejo si no se cumplen las condiciones establecidas para su funcionamiento.

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Central sindical niega haber respaldado a Javier González-Olaechea

El segundo cuestionamiento apunta directamente al supuesto respaldo unánime a la candidatura peruana para dirigir la OIT durante el periodo 2027-2032. La CUT Perú aseguró que no ha otorgado respaldo alguno a González-Olaechea y calificó como falsa cualquier afirmación que atribuya a la organización una adhesión a su postulación.

La discrepancia contrasta con la versión difundida por el Ejecutivo. Según el reporte oficial, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, presentó la candidatura ante representantes de trabajadores, empleadores y Gobierno y solicitó un pronunciamiento sobre la postulación. El Ministerio señaló que la propuesta recibió respaldo unánime de los participantes presentes.

El Gobierno peruano oficializó la candidatura de González-Olaechea a inicios de septiembre. La elección del próximo director general de la OIT está prevista para noviembre de 2026 en Ginebra.

CUT exige rectificación al ministro Juan Sheput

Ante esta diferencia entre ambas versiones, la CUT Perú exigió al ministro Juan Sheput una rectificación inmediata. El gremio sostuvo que el diálogo social no puede utilizarse para presentar como consensos institucionales posiciones que, según su versión, no fueron aprobadas bajo las reglas correspondientes.

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La central sindical señaló que no cuestiona el diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado, pero insistió en que cualquier acuerdo del CNTPE debe respetar las reglas de funcionamiento del organismo. La disputa por la candidatura de González-Olaechea deja así abierta la diferencia entre lo que el Gobierno presentó como un respaldo unánime y lo que la CUT reconoce como posición propia.

Para Víctor Murillo, exviceministro de Hidrocarburos y exintegrante del directorio de Petroperú, estos cuestionamientos deben revisarse, pero el debate también debería definir qué metas de conexión e infraestructura se exigirán para que la masificación del gas avance en el centro y sur del país.

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Murillo, quien actualmente asesora al Gobierno Regional de Huancavelica y participó en el proceso de masificación del gas en esa región, considera que no se puede evaluar una nueva red bajo los mismos criterios que una infraestructura consolidada como la de Lima. Sin embargo, esa diferencia tampoco debería servir para aceptar sin modificaciones las metas planteadas por Cálidda.

“A mí me parece de todos modos insuficiente esa cantidad que hasta ahora se habla”, señaló al referirse al número de usuarios previsto para las siete regiones. A su juicio, el Estado debería revisar los montos involucrados y exigir una expansión mayor.

Gas natural en regiones: llevar una red desde cero tiene costos distintos

Uno de los principales argumentos de Murillo es que la realidad de las regiones no es comparable con la de Lima, donde existe una red desarrollada y una base amplia de usuarios. En localidades que todavía no cuentan con infraestructura, primero hay que instalar redes, habilitar plantas, conseguir terrenos, tramitar permisos y desarrollar progresivamente la demanda.

“No es lo mismo masificar en zonas desde cero, que masificar en lugares donde ya hay, como Lima”, explicó.

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Sin embargo, eso no significa que la empresa deba quedar liberada de mayores exigencias. “Yo no estoy justificando que el costo, o la cantidad que está proponiendo Cálidda, sea solamente 300.000 o solamente 500.000. Quizás puede hacer más”, sostuvo.

Para el exviceministro, la discusión debería separar dos asuntos: cuánto cuesta realmente construir las nuevas redes y qué nivel de expansión debe exigirse dentro de un eventual acuerdo.

La extensión de la concesión y el financiamiento de las regiones

Murillo considera que los ingresos asociados a una eventual ampliación de la concesión en Lima y Callao deberían contribuir a financiar la expansión del gas natural en las regiones. Su planteamiento parte de una comparación con el proceso que permitió desarrollar la infraestructura gasífera que abastece a Lima.

“Los fondos que pueden generar los diez años de ampliación del contrato, yo creo que perfectamente deben servir para hacer la masificación en esas siete regiones”, afirmó.

Su propuesta no se limita a financiar conexiones domiciliarias. Considera que el compromiso debería abarcar las plantas necesarias, las redes y la conexión de los usuarios en las localidades contempladas.

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“Con estos ingresos, Cálidda ya como concesionario de estas siete regiones debería instalar todas las plantas que se necesitan, y una cantidad muy importante de redes, y hacer la conexión a los usuarios”, sostuvo.

En esa línea, Murillo considera que las metas actuales pueden ser revisadas para alcanzar un mayor número de usuarios. El objetivo, según explicó, debería ser que la extensión de la concesión tenga un efecto concreto sobre la infraestructura regional y no quede únicamente como una ampliación del servicio en Lima y Callao.

Incluso plantea que la política de masificación debería mirar más allá de las siete regiones incluidas actualmente. “No solo las siete, debería hacerse en todo el Perú”, señaló.

GLP en regiones: el alto costo que se busca reducir con la masificación del gas

El exviceministro cuestionó que la falta de rentabilidad inmediata en algunas regiones termine justificando una política basada únicamente en subsidiar el balón de GLP. Las zonas alejadas y con menor densidad de usuarios tienen mayores costos de infraestructura, pero, a su juicio, eso no debería cerrar la discusión sobre su acceso al gas natural.

Su alternativa es recurrir a mecanismos de subsidio cruzado, es decir, utilizar recursos generados en mercados con mayor escala para financiar servicios en zonas donde la inversión no resulta rentable por sí sola.

Murillo recordó que la infraestructura que permitió la llegada del gas a Lima contó con un mecanismo de financiamiento que involucró a usuarios de todo el país. “Todo el Perú pagó el tubo para que llegue a Lima”, afirmó, en referencia a la Garantía de Red Principal utilizada para financiar el gasoducto.

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Desde su perspectiva, una lógica similar podría aplicarse ahora para ampliar la cobertura hacia las regiones. El argumento no es que los costos de la expansión deban ignorarse, sino que deben evaluarse junto con los beneficios que puede generar el acceso a un combustible más barato para los hogares, el transporte y las actividades productivas.

Por ello, su posición frente a la adenda no es aprobarla sin reparos ni descartarla de plano. Plantea revisar sus costos, discutir las condiciones técnicas de las nuevas instalaciones y, sobre todo, elevar las metas de conexión para que la expansión regional tenga un alcance mayor.

“Creo que con la adenda, con estos ajustes, deberíamos emprender y no perder más tiempo” con la masificación, concluyó.

En declaraciones a RPP, durante las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, Cuba sostuvo que el Ejecutivo tendrá que buscar respaldo legislativo para las medidas que requieren modificar el marco legal. “El plan B es simplemente ir al Congreso”, afirmó.

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El ministro precisó que el Gobierno presentaría proyectos de ley para promover la formalización, aunque reconoció que su aprobación dependerá de convencer a los legisladores con argumentos. “Tendremos que ir al Congreso a presentar normas para bajar la informalidad. Ahí tenemos que ir a convencer con argumentos y va a demorar más tiempo que las facultades, pero no hay otro camino”, señaló.

MEF busca reformar el sistema tributario y laboral de las microempresas

Cuba explicó que el pedido de facultades legislativas apunta a tres reformas. La primera contempla modificar el sistema tributario de las microempresas, cuyo diseño actual, según el ministro, no funciona adecuadamente para la tributación, el desarrollo de los negocios ni la formalización laboral.

La segunda iniciativa plantea revisar los regímenes laborales que se aplican a este segmento empresarial. El titular del MEF consideró que las reglas vigentes no han conseguido impulsar la formalización de las microempresas, por lo que el Ejecutivo busca introducir cambios.

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Ambas reformas forman parte de la estrategia del Gobierno para reducir la informalidad, uno de los objetivos que requeriría modificaciones legales y, por tanto, respaldo del Congreso si no se aprueba la delegación de facultades.

Elmer Cuba plantea acelerar la ejecución de proyectos bajo APP

La tercera reforma busca agilizar los procesos de las asociaciones público-privadas (APP), especialmente el tiempo que transcurre entre la adjudicación de un proyecto y el inicio de las obras.

Cuba cuestionó que, incluso después de que se define al ganador de una concesión, todavía deban cumplirse diversos procedimientos a cargo del Estado que retrasan la ejecución.

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“La idea es acortar los tiempos, que el postor que ganó pueda ejecutar las obras y todos los gastos previos, y después se las reconoce”, explicó el ministro.

La propuesta apunta a modificar esa secuencia para que el adjudicatario pueda avanzar con los gastos y trabajos previos, que posteriormente serían reconocidos, en lugar de esperar a que el Estado complete todos los procesos posteriores a la adjudicación.

¿Qué medidas puede aplicar el Gobierno sin facultades?

El titular de la cartera aclaró que no todas las acciones previstas por el Ejecutivo dependen de una nueva ley. Entre ellas mencionó mejoras en la gestión de la inversión pública y medidas para reducir la evasión tributaria y el incumplimiento en el pago del IGV y del impuesto a la renta.

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Estas acciones pueden avanzar sin una delegación legislativa, a diferencia de las reformas tributarias, laborales y de APP que el Gobierno pretende impulsar mediante cambios normativos.

De no obtener las facultades, el Ejecutivo tendría que presentar estas iniciativas directamente ante el Parlamento y conseguir su aprobación por separado, un proceso que, según reconoció Cuba, tomaría más tiempo.

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La Ley 32123 establece que, para determinados beneficios del Sistema Privado de Pensiones (SPP), primero se utilizan los recursos de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) y, cuando corresponda, el Bono de Reconocimiento. Si ese dinero no alcanza para financiar la prestación, el Estado cubre la diferencia bajo las condiciones establecidas por la reforma. En otras palabras, una parte del riesgo que antes recaía en el ahorro acumulado por el trabajador pasa a ser compartida con el Estado.

El cambio adquiere una dimensión económica y política porque modifica la relación entre ahorro individual y garantía estatal. Víctor Andrés García Belaunde, excongresista, cuestionó, en entrevista con La República, precisamente este punto al señalar: “Las AFP fueron creadas para que el Estado no tenga que hacerse cargo de los pensionistas”.

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El nuevo respaldo estatal cambia la lógica del sistema privado

El sistema privado no queda convertido en un esquema equivalente a la ONP. Los fondos continúan acumulándose en cuentas individuales y la administración permanece a cargo de las AFP. El sistema mantiene la capitalización individual y la administración privada de los fondos, pero incorpora una mayor participación estatal en el respaldo de determinadas pensiones.

García Belaunde resumió su cuestionamiento en una frase publicada en sus redes sociales: "Empezó el subsidio del Estado al negocio privado de las AFP para fijar una pensión mínima". Su crítica apunta a que, con la reforma, el Estado adquiere una mayor responsabilidad en el respaldo de las pensiones dentro del sistema privado.

La legislación, sin embargo, establece que esos recursos estatales están destinados a complementar la prestación previsional del afiliado y no a financiar los gastos operativos de las AFP. La administración privada de los fondos y el cobro de comisiones continúan bajo las reglas del SPP.

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El costo de administrar el ahorro vuelve a estar bajo la lupa

El cuestionamiento también alcanza a los costos que enfrentan los trabajadores dentro del sistema privado. Para setiembre de 2026, las AFP que mantienen el esquema de comisión por flujo aplican una tasa sobre la remuneración, mientras que también existe el esquema de comisión sobre saldo. A ello se suma la prima del seguro previsional.

Según la información de la SBS, las comisiones sobre remuneración vigentes en setiembre se ubican en 1,47% para Habitat, 1,55% para Integra, 1,60% para Prima y 1,69% para Profuturo. La tasa de aporte obligatorio al fondo es de 10% de la remuneración, mientras que la prima del seguro previsional es un concepto separado.

Este punto es relevante porque el problema de las pensiones no depende únicamente de cuánto aporta mensualmente un trabajador. También influyen los años de contribución, la continuidad laboral, el nivel de remuneración, la rentabilidad obtenida por el fondo y los costos asociados al sistema.

García Belaunde sostiene que las AFP deberían ser sometidas a una revisión más profunda de sus costos y del funcionamiento del modelo. Su cuestionamiento apunta a que el trabajador asume durante su vida laboral los efectos de una baja densidad de aportes o de un fondo reducido.

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La discusión también alcanza la relación entre economía y política

La crítica del excongresista se extiende a la relación entre el sistema privado de pensiones y las decisiones públicas. García Belaunde cuestionó la influencia que pueden ejercer los grandes actores económicos sobre las políticas vinculadas al sector.

En esa línea, relacionó los aportes económicos realizados por AFP, bancos y otras entidades financieras durante las campañas electorales con las decisiones que posteriormente pueden adoptar los gobiernos. "¿Por ideología? ¿O como una póliza de seguros para que una vez que ganen, les devuelvan el servicio?", cuestionó al referirse a la posibilidad de que esos aportes tengan como expectativa una retribución posterior desde el poder.

Ese componente resulta especialmente relevante porque el Estado no solo regula las comisiones y las condiciones de afiliación, sino que también establece las reglas para el uso de los fondos y las prestaciones previsionales.

Por ello, la discusión sobre el sistema privado no se limita a determinar si las AFP deben administrar los fondos. También involucra cuánto riesgo debe permanecer en el trabajador y cómo se distribuye esa responsabilidad dentro del nuevo esquema previsional.

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¿Qué significa para el afiliado?

El cambio no implica que el Estado pase a financiar todas las pensiones del sistema privado ni que las AFP dejen de operar bajo el modelo de cuentas individuales. Para el afiliado, el efecto estará vinculado a la suficiencia de sus aportes y a las condiciones que establezca la reforma para acceder a una prestación con respaldo público. El ahorro acumulado seguirá siendo determinante para definir la pensión, pero el nuevo esquema incorpora una garantía estatal en los casos previstos por la ley.

La ONP, por su parte, continúa funcionando bajo un esquema diferente: sus pensiones se financian dentro de un sistema de reparto y fondo común, mientras que las AFP mantienen cuentas individuales de capitalización. La diferencia entre ambos modelos, por tanto, no desaparece, aunque el nuevo esquema introduce un mayor componente de garantía pública dentro del SPP.

El cambio también tendrá una dimensión fiscal. El monto que finalmente deba asumir el Estado dependerá de cuántos afiliados accedan a las prestaciones con respaldo público y de la diferencia entre el fondo acumulado por cada trabajador y el beneficio que corresponda según las reglas del nuevo sistema. La magnitud de ese compromiso será, por ello, uno de los elementos a observar cuando la reforma entre plenamente en aplicación.

La disposición fue aprobada mediante la Resolución SBS N.° 02326-2026, que modifica el Título V del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Con ello, los aportes podrán ser canalizados mediante distintos mecanismos digitales ofrecidos por entidades autorizadas.

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Aportes a las AFP podrán pagarse con billeteras digitales

La nueva regulación permite que las Empresas Administradoras de Fondos (EAF) suscriban convenios con instituciones que ofrezcan servicios de pago. En este grupo se encuentran las empresas del sistema financiero, las entidades de servicios de pago y las empresas de servicios complementarios y conexos.

A través de estos acuerdos se podrán implementar mecanismos como billeteras digitales y aplicativos para realizar los aportes. Los convenios deberán establecer las condiciones y los plazos bajo los cuales se prestará el servicio de recaudación.

El cambio amplía los canales disponibles para cumplir con una obligación previsional que tradicionalmente se ha realizado mediante mecanismos definidos por las propias administradoras. La incorporación de opciones digitales busca hacer más sencillo el proceso de pago, especialmente para quienes ya utilizan este tipo de herramientas para sus operaciones financieras cotidianas.

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¿Qué controles tendrán los nuevos canales de pago?

La posibilidad de utilizar nuevos medios digitales también estará sujeta a reglas de supervisión. La SBS establece que los servicios deberán cumplir con las disposiciones vigentes sobre gestión del riesgo operacional y gobierno corporativo.

El riesgo operacional comprende, entre otros aspectos, las posibles fallas en sistemas, procesos o procedimientos que puedan afectar una operación. En este caso, las entidades que intervengan en la recaudación deberán contar con mecanismos para gestionar estos riesgos y asegurar el funcionamiento del servicio.

La modificación fue elaborada en coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el marco de la adecuación de las reglas del sistema previsional a la Ley N.° 32123.

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SBS establece protección para los datos de los afiliados

La resolución también fija disposiciones sobre el uso de los datos personales de los afiliados. La información no podrá ser utilizada sin autorización expresa del titular, salvo en los casos permitidos por la normativa vigente.

La precisión toma relevancia ante la participación de nuevas entidades en el proceso de pago. Para concretar una operación mediante una billetera digital o aplicativo, pueden intervenir distintos proveedores, por lo que la regulación establece límites sobre el tratamiento de la información de los afiliados.

Con esta modificación, la SBS incorpora los canales digitales al esquema de recaudación de aportes del SPP, como parte de la implementación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y de las disposiciones que buscan ampliar el acceso al sistema de pensiones.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 23 de septiembre

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Las categorías vinculadas al hogar registraron los mayores avances. Entre enero y junio, las ventas de artículos y equipos domésticos crecieron 17,2%, mientras que el equipamiento del hogar aumentó 17,7%, de acuerdo con las cifras difundidas por Accep. En moda y calzado, el incremento acumulado fue de 6%.

El comportamiento de estos segmentos también encuentra respaldo en los resultados del comercio minorista. El Ministerio de la Producción (Produce) informó que las ventas del comercio interno alcanzaron S/52.487 millones en 2025, un crecimiento de 5,2% frente al año anterior. Dentro de ese resultado, el equipamiento del hogar, las tiendas por departamento y las farmacias estuvieron entre las actividades con mayores avances.

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Para la campaña de este fin de semana, el cambio de temporada podría añadir presión para reducir inventarios de otoño-invierno en algunas tiendas de moda y calzado. Esto puede traducirse en promociones más agresivas, aunque el descuento anunciado no necesariamente determina por sí mismo el beneficio para el consumidor.

Una campaña que llega con mayor movimiento

La edición de este año reunirá a más de 90 centros comerciales y cerca de 9.000 tiendas a nivel nacional. El organismo estima que el evento recibirá más de 7 millones de visitas.

La campaña se desarrolla además en un contexto favorable para el sector. La asociación proyecta que las ventas de los centros comerciales superarán los S/40.000 millones durante 2026, mientras que la ocupación de sus espacios comerciales llegaría a aproximadamente 97%.

Además de hogar, tecnología, moda y calzado, la oferta incluirá productos de belleza y cuidado personal, así como actividades vinculadas con gastronomía y entretenimiento. En este último grupo, las ventas de bebidas registraron un incremento de 16,4% durante el primer semestre, según las cifras proporcionadas por el gremio.

Para los consumidores, el incremento de promociones también plantea la necesidad de comparar precios antes de comprar. Más allá del porcentaje anunciado, conviene revisar el precio previo, las condiciones de la oferta, su vigencia, disponibilidad y las políticas de cambio o devolución.

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Provincias aumentan su peso en el retail

El otro elemento que diferencia esta edición es el mayor dinamismo esperado fuera de Lima. Accep proyecta que las visitas aumenten 24,6% en Cusco, 21,2% en Arequipa y 19,9% en Chiclayo frente al año anterior. Para Lima, la expectativa de crecimiento es de 15,7%.

Arequipa concentraría alrededor de 400.000 visitas y ventas cercanas a S/17 millones, mientras que Chiclayo proyecta aproximadamente S/10 millones durante la campaña.

La evolución de estas ciudades forma parte de un cambio más amplio en el mercado. Según la asociación, las regiones ya representan 51% de las ventas de los centros comerciales, mientras que Lima concentra el 49%. Hace poco más de una década, la distribución era de aproximadamente 30% para las provincias y 70% para la capital.

El desplazamiento del consumo también está acompañado por nuevos proyectos. Las empresas asociadas al organismo tienen comprometidos S/816 millones en inversiones para 2026-2027, destinados a ampliaciones, remodelaciones y nuevos centros comerciales.

El margen para expandir este formato todavía es amplio. La densidad de superficie de centros comerciales en Perú llega a 9,4 metros cuadrados por cada 100 habitantes, frente a 26,5 metros cuadrados en Chile, según las cifras difundidas por la asociación.

Así, el resultado del Día del Shopping permitirá observar no solo si se cumple la expectativa de S/320 millones, sino también qué categorías terminan captando el gasto y qué ciudades explican una mayor parte del movimiento comercial.

Esta advertencia preocupa mucho más a economías expuestas a fenómenos como El Niño, cuyos efectos pueden interrumpir el transporte, alterar la logística y dificultar el normal funcionamiento de las operaciones. Para las compañías, estas contingencias no solo implican posibles pérdidas de ingresos, sino también mayores necesidades de capital de trabajo, es decir, recursos para cubrir sus gastos cotidianos mientras mantienen en marcha el negocio.

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El impacto puede extenderse al financiamiento. Cuando los eventos climáticos vuelven más inciertos los ingresos y elevan los costos, las empresas pueden enfrentar condiciones más exigentes para acceder al crédito. Moody’s advierte que este escenario podría hacer que los prestamistas sean más selectivos, aunque el análisis citado no precisa qué sectores o países de la región enfrentarían las mayores restricciones.

Riesgo climático presiona los costos y las finanzas empresariales

La exposición al riesgo climático no se limita a los daños físicos que un evento pueda causar en una instalación o infraestructura. Las interrupciones en el transporte y la logística también pueden afectar la llegada de insumos, retrasar entregas y alterar los flujos de ingresos. En esas circunstancias, las empresas deben afrontar gastos adicionales justo cuando su capacidad para generar caja puede verse comprometida.

Frente a este panorama, la gestión del riesgo requiere evaluar tanto la continuidad de las operaciones como las consecuencias que una contingencia puede tener sobre clientes, trabajadores, proveedores y comunidades. Una interrupción en la cadena de pagos o en el suministro, por ejemplo, puede trasladar las dificultades de una compañía a otras organizaciones vinculadas con su actividad.

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Directivos deben anticipar impactos en sus grupos de interés

Para Juan Quesada, consejero delegado de Mosaiq y experto internacional que participará el 29 de octubre en Reputation Day 2026, las empresas deben incorporar esta dimensión en sus decisiones. La diplomacia corporativa, sostiene, permite interpretar los cambios del entorno y anticipar riesgos considerando tanto las necesidades del negocio como las de sus grupos de interés.

El especialista plantea que las organizaciones deben escuchar las preocupaciones de clientes, colaboradores, proveedores y comunidades, así como preparar respuestas coherentes con sus capacidades y responsabilidades. Una crisis climática también puede abrir espacios para que las empresas contribuyan a atender necesidades concretas, pero las acciones deben guardar relación con su actividad y no responder únicamente a una búsqueda de visibilidad.

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La reputación también entra en la gestión del riesgo climático

Quesada sostiene que la reputación debe formar parte de la planificación empresarial y no activarse únicamente cuando estalla una crisis. La manera en que una compañía responde ante sus grupos de interés puede influir en la confianza que mantiene con ellos, especialmente cuando sus decisiones tienen consecuencias económicas y sociales.

"La reputación es un valor intangible que, en algunas circunstancias, vale tanto como los activos de cualquier compañía", señala el especialista. A su juicio, la cooperación y la comunicación con los grupos de interés se convierten en retos centrales para las empresas que deben operar en escenarios marcados por impactos climáticos y sociales.

Reputation Day 2026 se realizará el 29 de octubre en el Hotel NHOW Lima y reunirá a líderes empresariales y especialistas para analizar los desafíos de la reputación, la comunicación y la confianza.

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Con este primer tramo, el sueldo mínimo pasaría de los actuales S/1.130 a S/1.230. Los S/70 restantes se aplicarían en una segunda etapa durante el primer semestre de 2027, con una fecha que todavía estará condicionada por la evolución del fenómeno El Niño y su impacto sobre la actividad económica y el empleo.

El escenario marca un avance respecto de la primera sesión del CNTPE. En esa reunión, realizada a comienzos de septiembre, trabajadores y empleadores coincidieron en la necesidad de elevar la RMV hasta S/1.300, pero mantuvieron pendiente la definición sobre cuándo y cómo debía ejecutarse el incremento.

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Primer tramo llevaría la RMV a S/1.230

Sheput precisó que el primer aumento será de S/100 y que su anuncio quedará en manos de la presidenta una vez que retorne de Estados Unidos. El ministro sostuvo que la medida podría entrar en vigencia en octubre o noviembre.

"El aumento del primer tramo será de S/100 y anunciado por la presidenta a la brevedad posible. No hay nada improvisado en esta medida", declaró Sheput tras la sesión del CNT.

Esta modalidad había sido adelantada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Elmer Cuba explicó en agosto que el Gobierno optó por dividir el incremento en dos etapas para moderar sus posibles efectos sobre la inflación y los costos de las pequeñas empresas.

¿Cuándo se completarán los S/1.300?

El segundo tramo contempla los S/70 que faltan para alcanzar el monto anunciado por el Ejecutivo. De acuerdo con Sheput, este incremento se evaluará para el primer semestre de 2027.

La fecha no está cerrada. El ministro señaló que la decisión estará vinculada, entre otros factores, con la evolución del fenómeno El Niño y sus posibles efectos sobre la economía y el empleo.

Esto introduce una diferencia entre los dos momentos del aumento. El primer tramo ya tiene una ventana temporal planteada —octubre o noviembre— y será anunciado por la presidenta; en cambio, la segunda subida todavía depende de las condiciones que se observen durante los siguientes meses.

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En términos nominales, el incremento total será de S/170 respecto de la RMV actual. Eso representa un aumento de 15%, una vez que se complete el segundo tramo.

El MEF ya había explicado que la decisión de fraccionar el incremento respondía a la intención de evitar que una subida de S/170 en un solo momento genere presiones adicionales sobre los precios o sobre los costos de las micro y pequeñas empresas.

¿Qué acordó finalmente el Consejo Nacional del Trabajo?

El CNTPE no decidió por sí solo el monto de S/1.300 durante la reunión de septiembre. Lo que hizo fue permitir que el proceso avance con coincidencia entre los representantes de trabajadores y empleadores respecto de la necesidad de elevar la RMV hasta ese nivel.

El acuerdo alcanzado el 3 de septiembre estableció que ambos sectores respaldaban el incremento, pero continuarían las conversaciones para determinar la fecha y la forma de aplicación.

La segunda sesión permitió avanzar sobre esos aspectos y el Gobierno ahora plantea concretar el primer tramo en el corto plazo. De esta manera, el debate dejó de estar concentrado únicamente en si debía producirse un aumento y pasó a la implementación de la propuesta.

El CNTPE también viene trabajando en una metodología para futuras actualizaciones de la remuneración mínima. No obstante, este mecanismo no debe confundirse con el aumento actualmente en proceso: todavía se encuentra en elaboración y no determina el incremento de S/100 anunciado para este año.

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Una fórmula para los próximos aumentos

Durante la última reunión, Sheput informó además que el CNTPE comenzó a diseñar una fórmula para determinar futuros reajustes de la RMV. El ministro explicó que esta metodología incorporaría criterios como la productividad y el contexto económico.

La idea ya tenía un antecedente en el proceso iniciado dentro del propio CNTPE. En septiembre, el organismo había acordado encargar a una comisión especializada la elaboración de una propuesta para institucionalizar el procedimiento y la metodología de actualización de la remuneración mínima.

Por ahora, esa discusión no modifica el cronograma planteado para llegar a S/1.300. Su eventual aplicación correspondería a futuras revisiones de la RMV y todavía requiere definir los indicadores, la periodicidad y la forma en que se combinarán las variables económicas y laborales.

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Pero el récord de las cuentas externas no significa que ese monto ingrese directamente a los bolsillos de los peruanos. La bonanza se transmite a la economía por diferentes vías y una de ellas es el mercado cambiario. Una mayor entrada de dólares incrementa la oferta de esta moneda y puede contribuir a evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.

Fernando Cuadros, economista y exviceministro de Promoción del Empleo, sostuvo a La República que ese es uno de los primeros efectos que pueden sentirse en la economía doméstica. “El incremento de exportaciones genere un mayor ingreso de dólares en el país, una mayor disposición, oferta de dólares, y eso contribuiría a reducir o en todo caso evitar que se incremente demasiado el dólar”, explicó.

Un tipo de cambio más estable puede moderar el encarecimiento de productos importados y de bienes cuyos costos están vinculados al mercado internacional. En un escenario de presiones sobre los precios, este mecanismo puede ayudar a contener parte del impacto, aunque no significa que el aumento de las exportaciones se convierta automáticamente en menores precios para los consumidores.

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El reto es que el mayor dinamismo genere más ingresos

El otro canal está relacionado con la actividad económica. Los sectores que exportan más pueden aumentar sus ingresos, invertir y generar puestos de trabajo, pero el efecto sobre el conjunto de los hogares dependerá de cuánto de ese crecimiento llegue a los trabajadores y de las condiciones en las que se incorporen al mercado laboral.

Cuadros considera que el escenario favorable para las exportaciones debería acompañarse de medidas que permitan fortalecer los ingresos de los trabajadores. Entre ellas, planteó elevar el salario mínimo a S/1.300 en un solo tramo.

“Uno de los sectores donde se paga el salario mínimo es el de la exportación”, señaló el especialista, al considerar que el incremento de los ingresos laborales permitiría reducir el impacto que tienen las presiones inflacionarias sobre el poder adquisitivo.

No obstante, existe otro mecanismo que puede determinar cuánto de la bonanza termina beneficiando a la población: la recaudación tributaria.

La Sunat informó que la recaudación tributaria creció 20,4% interanual en julio y 17,3% en agosto de 2026. El aumento muestra una mejora de los ingresos fiscales, aunque Cuadros considera que todavía existe margen para que el Estado capture una mayor parte del dinamismo generado por determinadas actividades económicas.

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Eliminar exoneraciones podría elevar los ingresos del Estado

Uno de los planteamientos centrales del especialista es revisar las exoneraciones tributarias, particularmente las vinculadas con el sector agroexportador.

Cuadros recordó que las empresas agroexportadoras tienen una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, por debajo de la tasa general, pese al fuerte crecimiento que registra esta actividad en los últimos años.

"Se dejan de percibir 2.000 millones de soles al año" por las exoneraciones vinculadas a la agroexportación, sostuvo.

Por ello, planteó que una eliminación progresiva de estos beneficios permitiría incrementar la recaudación y generar recursos que posteriormente podrían destinarse a servicios públicos y otras necesidades de la población.

El punto es relevante porque permite explicar una de las razones por las que el buen desempeño exportador no necesariamente se refleja en una mejora equivalente de los servicios que reciben los ciudadanos. Que una actividad incremente sus ventas al exterior no significa que el Estado recaude automáticamente en la misma proporción.

La discusión, por tanto, no se limita a cuánto exporta el país, sino también a cuánto de esa expansión termina generando ingresos fiscales y cuál es el destino de esos recursos.

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Cuadros también propuso evaluar una mayor tributación sobre las rentas extraordinarias de la minería. “El sector que más está beneficiando de esta situación” debería contribuir más, sostuvo, y recordó que, según su interpretación de un informe reciente de la OCDE, existiría margen para elevar la carga tributaria minera sin afectar necesariamente su competitividad.

Esta última afirmación corresponde al planteamiento del especialista y debe distinguirse de los datos oficiales sobre la balanza comercial: el superávit refleja el resultado del intercambio con el exterior, mientras que la discusión tributaria corresponde a cómo el Estado puede captar una parte de los ingresos generados por la actividad económica.

¿Qué podría hacer el Estado para que el beneficio llegue más a los hogares?

La propuesta de Cuadros no se limita a modificar impuestos. Su planteamiento combina mayores ingresos fiscales con medidas dirigidas a reducir el impacto del aumento de precios.

Una de ellas es utilizar recursos adicionales para mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos. La otra consiste en reactivar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo que, según el especialista, permitiría amortiguar el impacto del petróleo sobre los precios internos.

"Esa mayor recaudación tributaria podría traducirse en una mejora de la calidad de los servicios públicos y de su cobertura", señaló.

El efecto sobre los hogares podría darse por dos caminos. Por un lado, mediante servicios públicos con mayor cobertura. Por otro, a través de mecanismos que reduzcan el traslado de los costos de los combustibles hacia el transporte y los alimentos.

Cuadros también planteó una reforma tributaria que incluya la eliminación de exoneraciones consideradas ineficientes, mayores tasas para sectores con mayores rentas o patrimonio y una ampliación de la base de contribuyentes.

"Debería plantear una reforma tributaria", sostuvo. A su juicio, esta debería incluir "eliminar exoneraciones tributarias ineficientes, aplicar mayores tasas impositivas a los sectores con mayores rentas o mayor patrimonio y ampliar la base de contribuyentes".

De aplicarse, estas medidas no significarían que los US$45.759 millones del superávit pasen directamente a manos del Estado. Su objetivo sería distinto: aumentar la capacidad de recaudación sobre una economía que genera mayores ingresos y utilizar esos recursos mediante el presupuesto público.

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Combustibles y El Niño pueden reducir el efecto positivo

El contexto en el que se produce el superávit también es determinante. La economía enfrenta presiones provenientes del precio internacional del petróleo y el riesgo de que el fenómeno de El Niño afecte la producción y el transporte.

Cuadros advierte que un deterioro de la producción agropecuaria podría reducir la oferta de algunos alimentos y elevar sus precios. Al mismo tiempo, los daños sobre carreteras e infraestructura pueden incrementar los costos de traslado.

"Todo eso llevaría a un mayor impacto en la inflación", afirmó.

Por eso, desde su perspectiva, una mayor recaudación debería servir también para financiar medidas preventivas frente al fenómeno climático. El especialista considera insuficientes los recursos y acciones destinados actualmente a reducir sus efectos y plantea acelerar las labores de prevención, especialmente en las zonas que podrían resultar más afectadas.

La presión sobre los precios podría complicar aún más la percepción de los hogares. Incluso si las exportaciones continúan creciendo y el país mantiene un elevado superávit comercial, una familia puede no percibir una mejora en su economía si sus ingresos crecen menos que sus gastos o si el costo de alimentos, transporte y combustibles aumenta.

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La bonanza externa no garantiza por sí sola mayor bienestar

El superávit comercial constituye una señal favorable para la posición externa del Perú, pero su magnitud no permite concluir por sí sola que los hogares estén recibiendo el mismo beneficio.

El principal efecto inmediato pasa por el ingreso de divisas y su incidencia sobre el tipo de cambio. Para que el resultado exportador tenga una transmisión más amplia, entran en juego el empleo, las remuneraciones, la recaudación y el gasto público.

En ese punto se encuentra uno de los principales desafíos: que una mayor generación de riqueza en los sectores vinculados a las exportaciones también incremente la capacidad del Estado para financiar servicios y políticas que reduzcan las presiones sobre los hogares.

Para Cuadros, además de revisar las exoneraciones y la tributación de los sectores con mayores rentas, el Gobierno debería adoptar medidas para proteger el poder adquisitivo, entre ellas el aumento del salario mínimo y la reactivación del fondo de combustibles.

El debate, entonces, no pasa únicamente por celebrar que el Perú acumule US$45.759 millones de superávit comercial. También por determinar qué mecanismos permiten que una economía que obtiene mayores ingresos del exterior convierta parte de esa expansión en más recaudación, mejores servicios, ingresos laborales y menor presión sobre los gastos cotidianos de las familias.

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La entidad evaluadora considera que el entorno político posterior a las elecciones de junio podría reducir el riesgo de nuevas interrupciones en la gestión gubernamental y favorecer una formulación de políticas más predecible. Esto, a su vez, tendría efectos sobre la confianza empresarial y la inversión privada. No obstante, Moody’s precisa que todavía no observa una mejora estructural en la calidad institucional del país.

Uno de los principales puntos de atención está precisamente en la capacidad del Estado para convertir los proyectos anunciados en inversiones efectivamente ejecutadas. La agencia identifica una cartera importante de iniciativas mineras y de infraestructura que podría ampliar la capacidad productiva, generar mayores exportaciones y elevar los ingresos públicos.

Inversión minera e infraestructura sostendrían el crecimiento

Moody’s proyecta que la inversión será uno de los principales motores de la economía peruana durante los próximos años. En particular, los proyectos vinculados con minería, infraestructura, energía y transporte podrían generar efectos sobre la construcción y el potencial productivo.

El organismo de calificación, sin embargo, mantiene su previsión por debajo de las expectativas de las autoridades debido a los riesgos para concretar estas iniciativas. Entre ellos menciona los retrasos en la obtención de permisos, la oposición social, la minería ilegal y las debilidades en la implementación de políticas.

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Para 2028-2031, Moody’s estima un crecimiento promedio cercano al 3,5%. Pero advierte que alcanzar ese ritmo dependerá de que la cartera anunciada pase de la etapa de planificación a la construcción y, posteriormente, se traduzca en una mayor capacidad productiva.

El punto resulta relevante porque el organismo evaluador no considera que el crecimiento por sí mismo sea suficiente para mejorar la fortaleza económica del país. Para ello también será necesario observar avances sostenidos en productividad, instituciones y gestión estatal.

El Niño será un riesgo, aunque no cambiaría el panorama de mediano plazo

El fenómeno de El Niño constituye otro factor que podría afectar el desempeño económico durante 2026 y 2027. Moody’s contempla impactos temporales sobre la agricultura, pesca, transporte y otras infraestructuras.

La magnitud del efecto dependerá, según la calificadora, de los daños que se produzcan en la infraestructura, la velocidad de la reconstrucción y la capacidad de preservar la actividad productiva.

Pese a este riesgo, Moody’s considera que los colchones fiscales de Perú reducen la posibilidad de una contracción prolongada y no espera que El Niño tenga un impacto significativo sobre el potencial de crecimiento a mediano plazo.

Esto se explica, en parte, por la posición fiscal del país. La deuda pública peruana se mantiene entre las más bajas dentro del grupo de soberanos con calificación Baa y la agencia estima que permanecerá alrededor del 30% del PBI hacia los próximos años.

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La presión sobre el gasto público es uno de los principales riesgos

El nivel relativamente bajo de deuda constituye una fortaleza, pero Moody’s advierte que la situación podría cambiar si continúan aumentando los compromisos permanentes de gasto.

Asimismo, señala que medidas aprobadas por el Congreso en los últimos años, relacionadas con mayores remuneraciones y prestaciones del sector público, podrían reducir los recursos disponibles para inversión y para responder ante nuevos shocks si no existen ingresos que compensen esos mayores desembolsos.

Por ello, la trayectoria fiscal dependerá de cuánto logre contenerse el crecimiento de las obligaciones permanentes y de la capacidad para elevar la recaudación tributaria.

Moody’s también advierte sobre el riesgo de utilizar ingresos temporales vinculados con los precios de los commodities para financiar gastos permanentes. En su evaluación, esta práctica podría debilitar la trayectoria fiscal en el mediano plazo.

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¿Qué tendría que pasar para que Perú mejore su calificación?

La agencia establece también las condiciones que podrían generar una presión al alza sobre la nota soberana. Entre ellas se encuentran una mayor estabilidad política acompañada de mejoras en el control de la corrupción, el sistema judicial y la eficiencia del sector público.

También sería relevante demostrar que instituciones más sólidas permiten incrementar la inversión privada, elevar el potencial de crecimiento y mejorar la recaudación tributaria.

En ese sentido, la estabilidad política es presentada por Moody’s como una oportunidad, pero no como un resultado suficiente. La entidad evaluadora sostiene que una mejora duradera en la eficacia de las políticas requerirá tiempo y evidencia concreta de reformas.

El escenario también tiene un riesgo contrario. Un nuevo deterioro de la estabilidad política que afecte la inversión, el crecimiento o la gestión fiscal podría ejercer presión negativa sobre la calificación. Lo mismo ocurriría si las presiones estructurales sobre el gasto terminan deteriorando de manera sostenida las cuentas fiscales y los indicadores de deuda.

Así, aunque Perú mantiene su Baa1 y cuenta con una posición fiscal que le permite absorber determinados shocks, Moody’s plantea que el siguiente desafío no está únicamente en preservar esas fortalezas, sino en demostrar que pueden convertirse en mayor inversión, productividad y una gestión estatal más eficiente.