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El resultado acumulado hasta agosto muestra una mayor participación de los gobiernos subnacionales. La ejecución de las regiones aumentó 13,2%, mientras que la correspondiente a las municipalidades creció 14%. En el Gobierno nacional, en cambio, el incremento fue de 5,1%, según las cifras recogidas en el IEC.

El documento señala además que el nivel alcanzado hasta agosto constituye el más alto de los últimos 15 años para ese periodo. No obstante, el ritmo registrado hasta entonces todavía no permitiría utilizar la totalidad del presupuesto disponible antes del cierre del ejercicio.

Regiones y municipios aceleran la inversión pública

El mayor dinamismo de los gobiernos regionales y locales explica buena parte del crecimiento registrado este año. El monto ejecutado pasó de S/31.728 millones en enero-agosto de 2025 a S/34.945 millones en el mismo periodo de 2026, según las cifras del MEF recogidas en el IEC.

Este resultado se produce en un contexto de distintas proyecciones para la inversión pública. El BCRP mantuvo en 1% su estimación de crecimiento para 2026, mientras que el MEF redujo la suya de 1,1% a 0%. Para 2027, el BCRP elevó su proyección de 2,5% a 3,5%, mientras que el MEF la incrementó de 3% a 3,7%.

La diferencia entre el desempeño acumulado hasta agosto y el resultado que podría alcanzarse al finalizar el año también se observa al revisar la situación de los principales programas de inversión, donde los niveles de utilización del presupuesto son dispares.

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¿Dónde está concentrado el presupuesto pendiente?

El comportamiento de los principales programas de inversión muestra diferencias importantes. En agosto, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tenía un presupuesto institucional modificado (PIM) de aproximadamente S/3.260 millones y había ejecutado S/2.290 millones, equivalente al 70% de sus recursos. En el caso del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), la ejecución llegaba al 74%, con S/1.080 millones ejecutados de un PIM de S/1.450 millones.

El IEC advierte que, pese a esos niveles de avance, ANIN y PRONIS podrían quedarse sin presupuesto hacia mediados de noviembre, debido al ritmo de ejecución observado. En ambos casos, por tanto, el punto de atención no está únicamente en cuánto pueden ejecutar hasta diciembre, sino en cuánto presupuesto tendrían disponible para continuar financiando inversiones durante la parte final del año.

En otros programas, el margen pendiente es mayor. Provías registraba una ejecución de 64%, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llegaba a 56%. El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) había utilizado el 47% de su PIM. En contraste, Agua Segura presentaba un avance de 81%, por lo que el IEC estima que podría culminar la utilización de su presupuesto en octubre.

También aparecen diferencias en programas como el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), con 41% de ejecución; la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con 59%, equivalente a S/0,19 mil millones ejecutados de un PIM de S/0,32 mil millones; PRONIED, con 67%; y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), con 61%.

El informe precisa que una reducción de recursos en PRONIED y ATU permitiría a ambos programas terminar de utilizar su presupuesto hacia el cierre del año, mientras que los demás mantendrían saldos pendientes.

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El reto para los últimos meses del año

La estimación de S/18.500 millones refleja que el mayor monto ejecutado hasta agosto no necesariamente se traducirá en la utilización completa del presupuesto destinado a inversión pública durante 2026. La situación varía entre entidades: mientras algunas se acercan al límite de los fondos disponibles, otras todavía tienen una proporción considerable de su PIM pendiente.

Los casos de ANIN, PRONIS y Agua Segura muestran que algunos programas podrían alcanzar niveles elevados de utilización presupuestal antes de diciembre. En cambio, entidades como PSI, PNSU, MML y PNSR mantienen mayores márgenes de ejecución pendientes para los últimos meses del ejercicio.

Así, el resultado de cierre dependerá de la capacidad de las entidades para concretar las inversiones que tienen en cartera y del comportamiento del presupuesto disponible en cada programa. La evolución de estos montos será determinante para establecer cuánto de la inversión prevista para 2026 termina efectivamente ejecutándose.

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La contribución al SNP equivale al 13% de la remuneración o ingreso asegurable. Con la nueva RMV, el cálculo es de S/159,90, por lo que el aporte mínimo queda establecido en S/160.

En términos mensuales, el aumento representa S/13,10 adicionales para quienes realizan sus aportes exactamente sobre la remuneración mínima. No obstante, ese no será el importe que pagarán todos los afiliados: la contribución crece en función de la remuneración o ingreso que se utilice como base.

Por ejemplo, un afiliado con una remuneración asegurable de S/1.500 aportará S/195, mientras que sobre una base de S/2.000 la contribución será de S/260. El piso de S/160 se aplica cuando la base alcanza únicamente la nueva RMV.

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El cambio alcanza a dependientes e independientes

El ajuste no está circunscrito a quienes trabajan por cuenta propia. En el caso de los trabajadores dependientes, el aporte previsional es retenido de su remuneración y el empleador se encarga de declararlo y pagarlo.

Los independientes que realizan aportes facultativos, en cambio, deben efectuar directamente la contribución correspondiente. La ONP informó que actualmente 22.239 trabajadores independientes realizan sus propios aportes al SNP.

Para este grupo, el ingreso declarado como base de cálculo no puede ser inferior a la RMV. Si una persona trabaja por cuenta propia y declara S/1.230 como ingreso asegurable, su contribución será de S/160. Si declara una cantidad mayor, se aplica el 13% sobre ese monto.

La diferencia entre ambas modalidades también determina quién debe encargarse del pago. Mientras que el trabajador dependiente realiza el aporte mediante la retención efectuada en planilla, el independiente debe gestionar directamente la contribución del periodo que corresponda.

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¿Cómo pueden pagar los independientes?

Los afiliados que realizan el trámite por cuenta propia tienen opciones digitales y presenciales. Entre las primeras se encuentra la plataforma de Operaciones en Línea de la Sunat.

También pueden acudir a los agentes Interbank, donde deben utilizar el código de servicio 0600203, presentar su documento de identidad e indicar el monto que desean pagar. Otra alternativa son las ventanillas del Banco de la Nación, en las que se debe proporcionar el número de documento, el periodo correspondiente y el importe.

Para el aporte correspondiente a octubre, el plazo llega hasta el 30 de noviembre de 2026, debido a que la contribución vence el último día del mes siguiente al periodo que se paga.

Este calendario es especialmente relevante para los trabajadores independientes, ya que la responsabilidad de efectuar la contribución recae directamente sobre ellos. Un pago realizado después del plazo no debe confundirse con el periodo al que corresponde: el importe de S/160 está asociado al aporte generado en octubre, independientemente de que se cancele durante noviembre.

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La RMV tendrá otro aumento en 2027

El monto de S/160 tampoco necesariamente será el último piso de contribución derivado de la actual modificación de la RMV. El decreto que dispone el aumento establece un segundo incremento de S/70 durante el primer semestre de 2027, con lo que la remuneración mínima llegaría a S/1.300.

Si ese segundo tramo entra en vigencia, el aporte calculado sobre la RMV también aumentaría. El 13% de S/1.300 equivale a S/169 mensuales, siempre que la base mínima prevista para entonces se mantenga bajo las mismas reglas.

Así, el efecto sobre el SNP se produce de manera directa cada vez que cambia el piso salarial utilizado para determinar la contribución. Para los afiliados cuya remuneración o ingreso asegurable se encuentra por encima de ese nivel, el importe dependerá de su propia base de cálculo.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 30 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
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Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
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Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

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¿Cómo será el proceso?

La elección no será automática. Durante el periodo establecido, las administradoras deberán brindar información para que cada afiliado pueda comparar las dos alternativas antes de comunicar su decisión.

La SBS dispuso que las empresas administradoras de fondos implementen una estrategia de comunicación, información y orientación sobre las características de cada esquema, los efectos de la migración, los plazos, los medios para ejercer la opción y el funcionamiento del periodo de transición.

Un elemento central del procedimiento será la información personalizada. Las administradoras deberán poner a disposición del afiliado una comparación que incluya las comisiones que pagaría bajo cada alternativa, el saldo acumulado proyectado y la suma de aportes y comisiones descontados de la remuneración.

De esta manera, el trabajador no tendrá que basar su decisión únicamente en el porcentaje de comisión. La comparación deberá mostrar cómo evolucionaría su cuenta bajo cada modalidad, considerando las variables utilizadas para realizar las proyecciones.

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¿Qué diferencia hay entre ambas comisiones?

La comisión sobre remuneración —también conocida como comisión sobre flujo— se calcula como un porcentaje del ingreso del afiliado. En cambio, bajo la comisión sobre saldo, el cobro se realiza sobre el saldo afecto administrado por la AFP. La SBS reconoce actualmente ambos esquemas dentro del SPP.

La diferencia adquiere importancia porque el monto que se paga puede evolucionar de manera distinta a lo largo de la vida laboral. En el esquema sobre remuneración, el cobro está vinculado al ingreso mensual; mientras que en el de saldo, la base sobre la que se calcula la comisión está relacionada con los recursos sujetos al nuevo esquema.

Actualmente, por ejemplo, las tasas de comisión sobre flujo que cobran las cuatro AFP van desde 1,47% hasta 1,69% de la remuneración bruta mensual, según la información de la SBS correspondiente a setiembre de 2026. En paralelo, las comisiones anuales sobre saldo vigentes para los esquemas respectivos se ubican entre 0,68% y 1,25%.

Sin embargo, estas tasas actuales no permiten por sí solas determinar qué esquema resultará más conveniente para cada afiliado. La comparación depende, entre otros factores, del nivel de remuneración, los años que faltan para la jubilación, el saldo acumulado y la evolución de los nuevos aportes.

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El dinero acumulado antes del cambio queda fuera

Uno de los puntos más relevantes de la nueva regulación es el tratamiento del fondo que el afiliado ya tiene acumulado.

Si una persona decide migrar, el saldo existente hasta la fecha en que la modificación se haga efectiva será considerado saldo inafecto. Esto significa que ese dinero no pasará a ser la base para calcular la comisión sobre saldo. La rentabilidad que genere ese fondo también permanecerá fuera del cobro.

En cambio, los nuevos aportes realizados desde el momento en que corresponda aplicar el nuevo esquema formarán el saldo afecto. Sobre estos recursos sí se calculará la comisión correspondiente.

La diferencia es importante porque la migración no equivale a tomar todo el ahorro acumulado durante la vida laboral y someterlo nuevamente al cobro. El cambio modifica la forma en que se aplicará la comisión hacia adelante.

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Habrá siete años de transición

El paso de una modalidad a otra tampoco será inmediato. La SBS estableció una transición de siete años, durante la cual coexistirán los dos componentes de cobro.

En ese periodo se aplicará una comisión mixta, con una parte vinculada a la remuneración y otra asociada al saldo afecto. El componente sobre remuneración disminuirá progresivamente hasta desaparecer. Una vez concluida la transición, quedará únicamente la comisión sobre saldo para los recursos que correspondan.

De este modo, el mecanismo llevará de manera gradual a los afiliados que opten por el cambio desde el esquema sobre remuneración hacia el cobro basado en el saldo generado posteriormente.

La reforma previsional ya había establecido una transición hacia este tipo de comisión para los nuevos afiliados. De hecho, la información vigente de la SBS muestra que, desde febrero de 2023, en el esquema de comisión mixta el componente sobre flujo llegó a 0%, por lo que para esos afiliados quedó únicamente el componente sobre saldo.

La nueva regulación aborda ahora la situación de quienes permanecieron en la comisión sobre remuneración y les permite decidir si continúan allí o se incorporan progresivamente al esquema sobre saldo.

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Durante el anuncio en Palacio de Gobierno, Sheput sostuvo que los anteriores incrementos de la RMV fueron realizados de manera improvisada y defendió que el actual proceso responde a un consenso alcanzado entre los actores involucrados.

"No es una medida populista", afirmó el titular del Ministerio de Trabajo al referirse al aumento, al tiempo que señaló que existe una preocupación entre los ciudadanos porque el crecimiento de la economía no se ha reflejado en la misma magnitud en sus remuneraciones.

Sheput también destacó el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). El organismo informó que trabajadores y empleadores coincidieron en la necesidad de elevar la RMV a S/1.300, aunque siguen las conversaciones sobre la fecha y la forma de aplicación.

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Bono transitorio para las MYPE

El ministro de Economía, Elmer Cuba, sostuvo que el momento actual resulta adecuado para realizar el incremento e informó que uno de los objetivos es evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios.

La decisión también incorpora un mecanismo de apoyo para las micro y pequeñas empresas. El Gobierno anunció que entregarán, a fines de octubre, un bono transitorio de S/100 por cada trabajador para las MYPE que tengan entre 2 a 10 colaboradores, destinado a compensar inicialmente el mayor costo asociado al aumento de las remuneraciones. En esa línea, Cuba indicó que el subsidio se entregará a aproximadamente 144.000 MYPE y alcanzará a 300.000 trabajadores.

El esquema anunciado previamente por el MEF contempla un primer incremento de S/100, con lo que la RMV pasaría de S/1.130 a S/1.230, mientras que los S/70 restantes permitirían alcanzar los S/1.300 en una segunda etapa. Cuba había explicado que la gradualidad busca reducir el impacto sobre la inflación y los costos de las pequeñas empresas.

Sustentos del MEF

Cuba señaló que el incremento de la Remuneración Mínima Vital se sustenta en tres factores económicos clave: la evolución positiva del mercado laboral, los niveles récord en las expectativas de contratación de las empresas y la necesidad de proteger el poder adquisitivo frente a una inflación cercana al 4%.

El titular del sector destacó la solidez del mercado laboral actual al señalar que el sector formal viene generando nuevos puestos de trabajo de manera afortunadamente positiva para el país.

A este dinamismo se suman las proyecciones del empresariado. El titular de la cartera señaló que, según la última encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las expectativas de contratación laboral en el país han alcanzado sus máximos históricos, lo que anticipa que el ritmo de empleo formal se mantendrá al alza.

Finalmente, el ministro explicó que la inflación —que ronda el 4% debido al encarecimiento internacional del petróleo— es la tercera razón detrás de la medida. Con este ajuste técnico, el Ejecutivo busca levantar un escudo para evitar que los salarios de los trabajadores se deterioren y pierdan valor real frente al costo de vida.

Por su parte, el premier Luis Galarreta señaló que la aprobación del pedido de facultades legislativas será necesaria para avanzar en medidas orientadas a fortalecer la formalización de las MYPE. En ese sentido, exhortó al Congreso a acelerar el trámite de la solicitud del Ejecutivo, al considerar que contar con estas herramientas permitirá impulsar cambios en el marco laboral y generar mejores condiciones para que los pequeños negocios puedan incorporarse y permanecer en la formalidad.

El apoyo a la prqueña y mediana empresa ya había sido contemplado cuando Fujimori anunció el incremento de la RMV en julio. En aquella oportunidad, el Ejecutivo señaló que el bono sería entregado por única vez y tendría como objetivo facilitar la adaptación de las empresas al nuevo costo laboral y favorecer la formalización.

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La concentración contrasta con la expansión del número de compañías que participan en el comercio exterior. Entre enero y julio, el país registró 7.731 empresas exportadoras, cifra que representa un nuevo máximo histórico para ese periodo de los últimos 27 años. El número aumentó 3,4% frente al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por el incremento de empresas grandes, microempresas y medianas.

Esto significa que el crecimiento de la base exportadora no se ha traducido en una distribución proporcional del valor de los envíos. Una parte importante de las ventas externas continúa concentrada en un grupo reducido de compañías, mientras miles de empresas participan con montos relativamente menores.

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El peso de las principales exportadoras

La concentración aumenta conforme se amplía el grupo analizado. Según CIEN-ADEX, las 20 principales empresas representaron el 50,8% del valor exportado entre enero y julio; las 50 primeras concentraron el 64,6%, mientras que las 100 principales llegaron al 72,8%. En términos monetarios, las 100 compañías acumularon US$46.245,9 millones de los US$63.521,2 millones exportados en el periodo.

El informe identifica además una fuerte especialización dentro del grupo de mayor peso. Las 10 principales empresas exportadoras enviaron, en promedio, cinco productos cada una y, en conjunto, abarcaron 28 productos. Esto representa apenas el 0,8% de los 3.671 productos exportados por el país durante los primeros siete meses del año.

La minería explica buena parte de esta concentración. Ocho de las 10 principales empresas realizaron envíos de concentrados de cobre y, en conjunto, concentraron el 81,2% del valor exportado de ese producto. Esto muestra que el peso de las grandes compañías no está distribuido de manera uniforme entre todas las actividades exportadoras, sino que tiene una relación importante con sectores de alto valor por operación, particularmente la minería.

El destino también presenta una elevada concentración. En promedio, cada empresa del top 10 realizó envíos a siete mercados. En conjunto llegaron a 20 mercados, pero China concentró el 63,5% del valor exportado por este grupo, según el reporte.

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Más empresas, pero con una participación reducida

El récord de empresas exportadoras tiene como principal característica el peso de las compañías de menor tamaño. De las 7.731 empresas registradas entre enero y julio, 6.904 fueron MYPES, equivalentes al 89,3% del total. Las microempresas representaron el 56,4%, mientras que las pequeñas alcanzaron el 32,9%. Las grandes empresas, en cambio, representaron 7,5% y las medianas, 3,2%.

La composición cambia cuando se observa el valor de los envíos. Las grandes empresas generaron 93,2% del valor exportado en julio de 2026, frente al 4,4% de las pequeñas, 2,1% de las medianas y 0,4% de las microempresas. Para ese mes, el valor total exportado por las empresas alcanzó US$9.858,8 millones, un crecimiento interanual de 34,8%.

CIEN-ADEX señala que esta diferencia evidencia una elevada atomización del empresariado exportador: las MYPES constituyen la gran mayoría de empresas que venden al exterior, pero su participación en el valor total continúa siendo reducida. En julio, las MYPES representaron 96,1% del número de empresas exportadoras, pero solo 4,8% del valor exportado.

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El núcleo estable representa la mayor parte del valor

Otro indicador del grado de concentración aparece al clasificar a las empresas según la continuidad de sus exportaciones. A julio de 2026, 1.494 empresas eran consideradas consolidadas, es decir, habían exportado de manera ininterrumpida durante los últimos 10 años. Este grupo representó 19,3% del total de empresas exportadoras.

Pese a ser una minoría dentro del universo exportador, las empresas consolidadas aportaron 74,2% del valor exportado entre enero y julio. Las empresas emergentes e intermitentes concentraron en conjunto 22%, mientras que las nuevas representaron 3,8%.

La estructura muestra así dos fenómenos simultáneos: por un lado, cada vez participan más empresas en las exportaciones peruanas; por otro, el grueso del valor continúa dependiendo de compañías con mayor escala y permanencia en los mercados internacionales.

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Diversificación todavía limitada

El reporte también encuentra diferencias en la capacidad de las empresas para diversificar sus productos y mercados. El 80,6% de las exportadoras realizó envíos desde un solo sector productivo, mientras que únicamente 3,2% operó en cuatro o más sectores.

Por productos, 55,3% de las empresas exportó solo uno, mientras que 30,6% envió entre dos y cinco productos. Solo 8,3% comercializó 10 o más productos en el exterior.

Una situación similar se observa en los destinos: 4.016 empresas, equivalentes al 51,9% del total, realizaron envíos a un solo mercado durante enero-julio. En contraste, apenas 376 empresas, el 4,9%, llegaron a 10 o más países de destino.

El dato más revelador es que 2.615 empresas, el 33,8% del total, exportaron un único producto hacia un único destino. La cifra permite dimensionar que el récord de empresas exportadoras convive con una base empresarial amplia, pero todavía con niveles importantes de concentración tanto por valor como por productos y mercados.

En total, se subastarán 58 propiedades que no son consideradas estratégicas para la compañía como parte de su reorganización patrimonial. La segunda convocatoria comprende 10 inmuebles valorizados en alrededor de US$23 millones, mientras que las siguientes incluirán las propiedades restantes.

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La venta de estos inmuebles forma parte de una reorganización más amplia. El proceso también contempla separar los principales negocios de Petroperú en bloques patrimoniales, con la posibilidad de incorporar capital privado para recuperar el valor de determinados activos y participar en su gestión.

Petroperú busca capital privado para recuperar el valor de sus activos

Los terminales del sur serán el primer bloque en ser evaluado bajo este esquema. ProInversión realizó el análisis entre marzo y julio y tiene previsto aprobar el plan de promoción específico en septiembre.

El modelo plantea que Petroperú permanezca junto al inversionista privado, pero que este último aporte principalmente los recursos necesarios para recuperar el valor del activo y participe en su administración. La propuesta forma parte de la reorganización patrimonial encargada a ProInversión mediante el Decreto de Urgencia 010-2025.

“Lo que se busca es que un privado, conjuntamente con Petroperú, gestione el activo y que principalmente sea el privado quien inyecte los recursos dinerarios necesarios para que este activo restablezca su valor”, explicó Ángel Delgado, director del proyecto en ProInversión, durante su presentación ante la comisión.

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El mismo esquema podría extenderse a otras unidades de negocio, entre ellas las refinerías y terminales de la Amazonía y los lotes petroleros. En el caso del Lote 192, se busca incorporar un socio estratégico para su operación.

ProInversión niega privatización, pero el esquema abre la gestión a privados

Durante la sesión, ProInversión fue enfática en marcar distancia con una venta de Petroperú como empresa. "Petroperú no se va a privatizar, no está en proceso de privatización", afirmó su representante ante los congresistas.

Sin embargo, el esquema presentado contempla que inversionistas privados aporten recursos y participen en la gestión de determinados activos junto con la petrolera estatal. La fórmula se definirá para cada bloque patrimonial, de acuerdo con las características y necesidades de inversión de cada negocio. En paralelo, los inmuebles que no son considerados estratégicos serán vendidos mediante subastas.

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Talara será el último activo en entrar al proceso

La refinería de Talara quedará para una etapa posterior. ProInversión prevé presentar su plan de promoción a comienzos del próximo año, debido a la complejidad y el peso que tiene esta infraestructura dentro de Petroperú.

"Talara es el activo más valioso y más complejo de la compañía, y por eso requiere un análisis mucho más profundo", sostuvo el representante de ProInversión.

Por ello, la refinería no será incluida en los primeros bloques que se definan. Antes, la entidad deberá completar el análisis de los demás negocios y establecer las condiciones bajo las cuales podría participar capital privado.

"En ningún momento en el mensaje presidencial dijo 1.230. No se habló de dos tramos, de dos etapas", sostuvo Villanueva.

El dirigente señaló que dejar una parte del aumento para una segunda etapa, sujeta a las condiciones que genere el fenómeno El Niño, introduce incertidumbre sobre cuándo se completará el incremento. Frente a ello, planteó la necesidad de contar con un mecanismo que permita establecer de manera periódica cuándo y cuánto debe subir el salario mínimo.

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Villanueva considera que la RMV debería acercarse a S/1.700

Al referirse al nivel que debería alcanzar la remuneración mínima, Villanueva consideró que un monto de S/1.700 sería más cercano a la realidad, tomando como referencia la inflación, el costo de la canasta básica familiar y otros indicadores económicos.

“Lo idóneo, por lo menos más próximo, acercándose a la realidad, sería de 1.700 soles”, afirmó.

El presidente de la CGTP recordó que en 2007 se discutió en el Consejo Nacional de Trabajo el desfase entre la remuneración mínima y el costo de vida. Según explicó, la revisión del salario debería considerar estos factores para evitar que los aumentos se definan sin una periodicidad clara.

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CGTP cuestiona cambios laborales vía facultades legislativas

Durante la entrevista, Villanueva también se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y manifestó su rechazo a eventuales modificaciones que impliquen una mayor flexibilización de las normas laborales.

El dirigente sostuvo que cualquier cambio en esta materia debería discutirse en el Consejo Nacional de Trabajo, con participación de trabajadores y empleadores. “En materia laboral hemos dicho que no”, afirmó.

La posición de la CGTP, según explicó, es que estas reformas sean debatidas en ese espacio institucional antes de modificar las reglas que rigen las relaciones laborales.

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Villanueva informó además que la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú convocó a una movilización para el jueves 1 de octubre. La protesta está vinculada con la presentación de su proyecto de convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo.

La medida forma parte de la negociación colectiva por rama de actividad, mediante la cual los trabajadores del sector buscan discutir sus condiciones laborales y remunerativas con los empleadores.

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Cuadros señaló a La República que el proyecto y su exposición de motivos hacen referencia a los “elevados costos laborales” que enfrentarían las empresas para contratar formalmente a jóvenes, además de plantear una revisión de los mecanismos de contratación y del sistema de beneficios laborales de esta población. A su juicio, esa formulación permite anticipar que la propuesta podría terminar reduciendo determinados beneficios como mecanismo para incentivar la contratación.

El planteamiento adquiere relevancia porque el Gobierno ha vinculado la reforma laboral con la necesidad de aumentar el empleo formal entre los jóvenes. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, ha señalado que una eventual reforma debe permitir que más jóvenes accedan a empleos formales con cobertura de salud y protección previsional. Asimismo, en julio afirmó que volvería a defender la denominada Ley Pulpín, que establecía un régimen laboral especial para jóvenes de 18 a 24 años y fue derogada en 2015.

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El antecedente de la Ley Pulpín

La referencia a la Ley Pulpín no es casual. La Ley N.° 30288 creó en 2014 un régimen laboral especial y temporal para jóvenes de 18 a 24 años, con determinadas reglas diferenciadas respecto del régimen general. La norma fue posteriormente derogada en 2015.

Cuadros considera que el proyecto actual podría avanzar nuevamente hacia un esquema de ese tipo, aunque precisa que el problema del empleo juvenil no se resolvería únicamente reduciendo los costos laborales. “Este tipo de esquemas ya se aplicaban en el Perú”, sostuvo, al referirse a los distintos regímenes laborales especiales implementados desde la década de 1990.

Según su análisis, la existencia de modalidades con menores costos laborales no habría conseguido modificar de manera sustancial la informalidad. Por ello, considera que insistir en esa herramienta sin atender las características de la economía peruana dejaría sin abordar las causas estructurales de la baja generación de empleo asalariado formal.

El punto central de su argumento es que la economía peruana tiene una estructura productiva concentrada en actividades primarias, mientras que una parte importante del sector servicios presenta baja productividad y concentra trabajadores independientes. En ese contexto, sostiene que una política orientada exclusivamente a abaratar la contratación no sería suficiente para generar puestos de trabajo formales a gran escala.

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Subsidios en lugar de recortar beneficios

Como alternativa a reducir beneficios laborales para abaratar la contratación juvenil, Cuadros plantea que el Estado reduzca el costo sin disminuir sus derechos laborales. La alternativa incluida en el análisis del GEPS consiste en establecer incentivos económicos para que las micro y pequeñas empresas incorporen a jóvenes a planilla bajo condiciones formales y estables.

El mecanismo propuesto sería un subsidio parcial y gradual a las contribuciones que realizan empleadores y trabajadores a los sistemas de protección social. En concreto, Cuadros propone subsidiar el 9% correspondiente al aporte del empleador a EsSalud y el 13% del aporte previsional del trabajador, bajo un esquema que debería ser definido según los criterios de focalización y permanencia establecidos por la política.

La condición, según explicó, sería que las MYPE contraten a los jóvenes formalmente, en planilla, con todos sus derechos laborales. El subsidio podría ser mayor cuando la contratación sea estable y menor cuando se trate de empleos temporales que, por la naturaleza de la actividad, requieran esa modalidad.

“Sin recorte de beneficios laborales”, remarcó Cuadros al explicar la propuesta, que busca reducir el costo que enfrenta la empresa sin trasladar ese ajuste al trabajador.

El planteamiento también incorpora un componente específico para las mujeres jóvenes, debido a las mayores dificultades que, según Cuadros, enfrentan para acceder a un empleo formal. De esta manera, el subsidio podría incluir un incentivo adicional para las empresas que contraten a jóvenes mujeres bajo las condiciones establecidas.

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La propuesta sería gradual y focalizada

A diferencia de una reducción permanente de beneficios laborales, la propuesta supone que el menor costo para las empresas sea compensado con recursos públicos. El aporte que dejarían de realizar empleadores o trabajadores, dentro del esquema subsidiado, sería cubierto por el Tesoro Público.

Cuadros plantea que el mecanismo tendría que diseñarse de manera focalizada y gradual para evitar que el beneficio termine subsidiando contrataciones que se habrían producido incluso sin el incentivo. Por ello, considera necesario establecer condiciones relacionadas con la edad, el tamaño de la empresa, la duración del vínculo laboral y la estabilidad de la contratación.

Para Cuadros, además, una política de empleo juvenil debería formar parte de una estrategia más amplia de transformación productiva. Su planteamiento incluye impulsar procesos de industrialización y diversificación económica capaces de generar actividades con mayor productividad y demanda de trabajadores asalariados.

De esta manera, el análisis del GEPS no se limita a cuestionar el contenido laboral del pedido de facultades. También plantea una alternativa concreta para el empleo juvenil: utilizar recursos públicos para reducir temporalmente los costos de formalización de las MYPE, pero condicionando el beneficio a la contratación de jóvenes con empleo formal, estable y con protección laboral completa.

Salmón se refirió al tema durante el WAGA 2026, la Asamblea General Anual de ACI-LAC y ACI World , que se desarrolla en Lima. El ejecutivo explicó que el mercado de conexiones internacionales en el Jorge Chávez está concentrado principalmente en tres aerolíneas y sostuvo que el rechazo a la tarifa no representa una posición conjunta de toda la industria.

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“Entonces no es un reclamo de la industria, es una disposición particular de una línea aérea respecto de una condición que considera, ellos la consideran no adecuada”.

LAP propone bajar la tarifa de US$10,05 a US$6,40

La propuesta de LAP consiste en reducir la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional de US$10,05 a US$6,40 más IGV por pasajero, una rebaja de alrededor de 36%. La iniciativa fue planteada con la condición de que las aerolíneas incorporen el cobro directamente en el precio del boleto, en lugar de trasladar al pasajero la necesidad de realizar un pago adicional durante su conexión.

Para Salmón, el cobro está asociado a los servicios e infraestructura que utiliza el pasajero durante su conexión y no constituye una tarifa creada unilateralmente por LAP. Recordó que su aplicación pasó por un procedimiento regulatorio y que las condiciones para su implementación estaban contempladas desde años atrás en el contrato de concesión.

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"A pesar de ese proceso público, las aerolíneas no han aceptado la tarifa". La TUUA de transferencia internacional fue fijada por Ositrán en US$10,05 más IGV. El cobro comenzó a aplicarse en diciembre de 2025 para los pasajeros que realizan conexiones internacionales en Lima.

TUUA: Aerolíneas y Gobierno mantienen conversaciones por el cobro

El director ejecutivo de LAP indicó que la propuesta fue presentada hacia el final del Gobierno anterior y que las reuniones no se han detenido con la nueva administración. Según explicó, el Ministerio de Transportes también ha trasladado la oferta a las aerolíneas.

Sin embargo, el punto de desacuerdo permanece. LAP plantea que la reducción de la tarifa vaya acompañada de su incorporación en el boleto aéreo, mientras que las aerolíneas mantienen su posición frente al cobro de la TUUA de transferencia.

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"Y en este momento no hay una respuesta positiva porque la posición de ellos es cero".

El conflicto también está relacionado con la forma en que actualmente se realiza el pago. Los pasajeros que llegan a Lima para continuar su viaje hacia otro destino internacional pueden efectuar la transacción mediante los mecanismos habilitados por el aeropuerto, pero LAP sostiene que lo adecuado sería que el importe forme parte del precio del pasaje.

La propia concesionaria ya había señalado que esta modalidad genera una carga adicional para quienes realizan conexiones, al obligarlos a gestionar el pago durante su paso por el aeropuerto.

Por ahora, las conversaciones entre LAP, el Gobierno y las aerolíneas continúan, aunque Salmón señaló que la propuesta de reducción todavía no ha recibido una respuesta positiva del sector aéreo.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 29 de septiembre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

El ingreso amplía la presencia en Perú de uno de los principales grupos financieros de Brasil, que ya opera en el mercado local mediante negocios de banca de inversión, intermediación bursátil y administración de fondos.

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BTG Pactual podrá captar depósitos y otorgar créditos

Con la licencia, la entidad podrá realizar las operaciones correspondientes a una empresa bancaria, entre ellas captar depósitos y otorgar créditos, además de las demás actividades permitidas por la normativa del sistema financiero y sujetas a supervisión.

La entidad tendrá como público objetivo a empresas y corporaciones, personas de alto patrimonio e inversionistas institucionales. Su oferta estará orientada a negocios de banca mayorista, tesorería y banca de inversión, por lo que su estrategia no estará centrada principalmente en clientes de consumo masivo.

Para la constitución del banco se estableció un compromiso de capital de US$100 millones, monto informado durante el proceso de autorización y previsto para ser desembolsado una vez obtenida la licencia de funcionamiento.

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Un proceso que comenzó en julio de 2025

El procedimiento se inició en julio de 2025, cuando Banco BTG Pactual Chile presentó ante el organismo supervisor la solicitud para organizar una empresa bancaria en Perú.

En enero de 2026, la SBS autorizó la organización de Banco BTG Pactual Perú S.A. mediante la Resolución SBS N.° 0129-2026. Esta decisión correspondía a una etapa previa y no permitía todavía iniciar operaciones bancarias.

Posteriormente, el 13 de abril de 2026, BTG Pactual presentó ante la SBS la solicitud de autorización de funcionamiento, según un Hecho de Importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El pedido quedó sujeto a la evaluación del regulador y al cumplimiento de las exigencias correspondientes.

Con la licencia de funcionamiento, el grupo financiero completó el proceso regulatorio para constituirse como banco en el Perú, aunque todavía debe culminar los preparativos para iniciar sus operaciones.

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Los cuatro bancos más grandes concentran 69% de los activos

El ingreso de BTG Pactual se produce en un sistema financiero donde los cuatro bancos de mayor tamaño concentran una parte significativa de los activos. Según el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero de la SBS, a marzo de 2026 los activos del sistema alcanzaron S/710 mil millones, de los cuales el 69% correspondía a los cuatro bancos con mayor nivel de activos, denominados por la SBS como los 'cuatro bancos grandes'.

La cifra corresponde a los activos totales del sistema financiero, y no a una participación del 69% en la cartera de créditos. El resto de los activos se distribuye entre las demás entidades que operan en el sistema.

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La SBS cambia las reglas para nuevas entidades

En agosto de 2026, la SBS modificó el Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros. La reforma estableció tres modalidades de autorización: estándar, para empresas no captadoras y especial, según el perfil de riesgo y el modelo de negocio de cada solicitante.

El nuevo esquema también contempla plazos diferenciados para las etapas de organización y funcionamiento. Según el organismo supervisor, la modificación busca agilizar los procedimientos de autorización sin reducir los estándares prudenciales, la protección de los ahorristas ni la solidez del sistema financiero.

Durante 2026, otras entidades también avanzaron en sus respectivos procesos. En marzo, la SBS autorizó la organización de Revolut Bank Perú, un banco de operación 100% digital, y de Kori Financiera. En junio, el organismo otorgó la autorización de funcionamiento a Prex Perú Empresa de Créditos.

Actualmente, el Jorge Chávez moviliza 25,5 millones de pasajeros al año y ocupa el sexto lugar entre los aeropuertos con mayor tráfico de América Latina y el Caribe. La cifra representa una parte importante de los 43 millones de pasajeros que utilizaron el sistema aeroportuario peruano durante 2025.

Para Salmón, el problema no está únicamente dentro del aeropuerto. La mayor capacidad del Jorge Chávez necesita carreteras, transporte masivo y aeropuertos regionales capaces de absorber el crecimiento. Si esa red no avanza al mismo ritmo, el país corre el riesgo de crear un cuello de botella alrededor de su principal puerta de entrada.

"Una falencia importante que tiene en general el Estado peruano es la falta de planificación y previsión para entender cómo las distintas infraestructuras tienen que estar de la mano", afirmó.

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Jorge Chávez ya mueve 25,5 millones de pasajeros, pero el reto está fuera del terminal

El peso del Jorge Chávez dentro de la aviación peruana explica por qué las conexiones se han vuelto un tema estratégico. Según ACI-LAC, el terminal limeño concentra buena parte del tráfico nacional y ya compite con los principales aeropuertos de São Paulo, Bogotá, Ciudad de México y Santiago.

Con esa posición, LAP sostiene que el siguiente desafío no consiste en ampliar nuevamente el terminal, sino en evitar que el resto del sistema limite su funcionamiento.

Uno de los ejemplos está en los aeropuertos regionales. Salmón explicó que algunos apenas pueden recibir dos aeronaves de manera simultánea. Cuando llega un vuelo internacional, la plataforma puede quedar ocupada durante varias horas, reduciendo la capacidad disponible para otras operaciones.

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"Esa mayor capacidad que se crea no va a dar los resultados necesarios si los aeropuertos regionales en el Perú tampoco crecen de la misma manera", sostuvo.

Según el ejecutivo, existe una cartera de inversiones para esos terminales, aunque insistió en que los procesos de aprobación deben acelerarse para evitar nuevos retrasos.

Metro, puentes temporales y accesos: las obras pendientes del nuevo Jorge Chávez

Asimismo, señaló que la infraestructura vial definitiva no estuvo lista cuando empezó a operar el nuevo terminal, por lo que fue necesario habilitar puentes temporales y realizar obras adicionales para mantener el tránsito. Estas soluciones permiten atender el flujo actual, pero la conexión definitiva sigue pendiente.

Algo similar ocurre con el transporte masivo. El nuevo Jorge Chávez aún no tiene una estación de Metro integrada al terminal. LAP dejó reservado un espacio para esa futura conexión dentro de su Plan Maestro, pero la construcción depende de decisiones y proyectos que corresponden al Estado.

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El ejecutivo señaló que las obras que necesita el aeropuerto no avanzan al mismo ritmo que el propio terminal. El concesionario puede dejar prevista la infraestructura, pero hay proyectos externos que requieren sus propios procesos y plazos.

LAP cuestiona demoras del Estado en las APP y pide una coordinación permanente

La crítica también alcanzó al funcionamiento de las Asociaciones Público-Privadas (APP), mecanismo bajo el cual se desarrollan buena parte de las inversiones aeroportuarias del país.

Según explicó, uno de los obstáculos recurrentes aparece cuando el Estado no cumple los compromisos que le corresponden dentro de los contratos, lo que termina retrasando proyectos que ya cuentan con financiamiento privado.

"En todas las inversiones, en todas las APP que pueda caer en el Perú, siempre había una demora y usualmente una demora como consecuencia de demoras en el gobierno en cumplir sus partes", señaló.

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Como alternativa, planteó establecer un comité permanente entre el Ministerio de Transportes y el sector aeroportuario para anticipar problemas antes de que afecten las obras.

"Yo soy un ferviente creyente de que los ministros de Transporte debieran tener una suerte de comité consultivo o comité permanente con los concesionarios del sector".

Durante WAGA 2026, Salmón sostuvo que la mayor capacidad del terminal solo podrá aprovecharse plenamente si las vías de acceso, el transporte masivo y los aeropuertos regionales avanzan de manera articulada.

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La economista, integrante del equipo técnico económico de Juntos por el Perú, advirtió que el pedido de facultades del Ejecutivo podría abrir espacio para incorporar nuevos tratamientos preferenciales sin que previamente se revisen aquellos que ya generan un costo para el Estado.

El planteamiento forma parte del análisis elaborado por el Grupo de Economía Política y Social (GEPS) sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. El documento cuestiona, entre otros aspectos, el alcance de las atribuciones planteadas en materia tributaria y el nivel de precisión con el que se delimitan los cambios que podrían aprobarse.

"Lo que habría que hacer es racionalizar los beneficios tributarios y eso es lo que le recomienda la OCDE en el informe para el Perú", sostuvo Eyzaguirre.

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¿Qué cuestiona el GEPS sobre las facultades tributarias?

El informe considera que la delegación solicitada en materia tributaria tiene un alcance amplio. Eyzaguirre explicó que el proyecto plantea modificar, simplificar y optimizar el régimen tributario de manera general, además de adecuar normas del Código Tributario.

La exposición de motivos hace referencia a una racionalización de los regímenes tributarios, pero no precisa completamente cuáles serían modificados ni bajo qué condiciones. A ello se suman los cambios previstos para los regímenes de las micro y pequeñas empresas.

Para el GEPS, esta formulación podría dejar un margen de acción mayor al contenido desarrollado específicamente. "Finalmente el Ejecutivo podría introducir modificaciones que vayan más allá de lo que está especificado en la exposición de motivos", señaló Eyzaguirre.

La observación adquiere relevancia en un contexto en el que, de acuerdo con la economista, se han aprobado o extendido distintos beneficios tributarios sin una evaluación suficiente de sus resultados.

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S/27.000 millones en gasto tributario

El monto mencionado por Eyzaguirre corresponde al gasto tributario, es decir, a los ingresos que el Estado deja de recaudar como consecuencia de determinados tratamientos preferenciales. El Marco Macroeconómico Multianual recoge también una estimación del orden de S/27.000 millones.

La preocupación del GEPS está relacionada con el efecto acumulado de estos mecanismos y con la posibilidad de que se incorporen otros sin una revisión de los existentes.

"Nos preocupa que se pueda abrir la puerta a nuevos beneficios tributarios sin poder revisar los ya existentes, que muchos de ellos realmente consideramos no son pertinentes", afirmó.

La revisión planteada implica determinar si cada beneficio mantiene una justificación económica, si cumplió el objetivo para el que fue creado y si el costo fiscal continúa siendo razonable frente a sus resultados.

La observación coincide con uno de los puntos incluidos en la reciente revisión de política tributaria de la OCDE. El organismo señala que Perú ha incrementado la aprobación de gastos tributarios y advierte sobre los riesgos fiscales de nuevos mecanismos, además de recomendar evaluaciones de impacto para determinar su efectividad.

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Agroexportación y turismo, entre los casos observados

Durante el conversatorio, Eyzaguirre mencionó la agroexportación y el turismo como ejemplos de sectores cuyos tratamientos tributarios deberían ser evaluados.

En el caso de la agroexportación, el argumento se relaciona con el tiempo que lleva vigente el régimen y con el grado de consolidación alcanzado por esta actividad.

"Un beneficio tributario en primer lugar es temporal, y el régimen de la agroexportación ya tiene varias décadas", afirmó.

Desde su perspectiva, los incentivos deberían estar vinculados con objetivos concretos y responder a necesidades de actividades que todavía requieran consolidarse. El análisis, por tanto, plantea revisar si las condiciones que justificaron determinados mecanismos continúan presentes.

También se refirió a los beneficios concedidos al sector turismo durante la pandemia. Aquellas medidas fueron adoptadas en un contexto de fuerte caída de la actividad, pero Eyzaguirre considera que las circunstancias actuales son diferentes.

"Hoy ya estamos en 2026, es otro escenario", señaló.

La economista añadió que también debería determinarse qué tipo de empresas terminó aprovechando esos mecanismos, debido a que algunos beneficios podrían haber alcanzado a compañías que ya contaban con una posición consolidada.

El GEPS plantea además revisar la creación de nuevas zonas económicas especiales y otros tratamientos preferenciales bajo criterios de transparencia, sustento técnico y cumplimiento de objetivos.

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Falta de transparencia sobre los beneficiarios

Otro aspecto abordado por Eyzaguirre fue la información disponible sobre quiénes reciben los beneficios tributarios.

Mientras el gasto presupuestario cuenta con mecanismos de seguimiento sobre su asignación y ejecución, el gasto tributario aparece principalmente mediante cifras agregadas por sectores o conceptos.

"En el caso del gasto tributario, es decir, de los beneficios tributarios, eso no es transparente", sostuvo.

La economista explicó que el Marco Macroeconómico Multianual permite conocer cuánto se deja de recaudar por determinados sectores en términos agregados, pero no ofrece el mismo nivel de detalle sobre las empresas que reciben esos tratamientos.

"Solo sabemos a través del anexo del Marco Macroeconómico Multianual cuánto recibe en suma cada sector de forma agregada", explicó.

Para Eyzaguirre, esa falta de información puede tener consecuencias sobre la percepción de equidad del sistema tributario. Si un contribuyente desconoce quiénes reciben un tratamiento preferencial, puede percibir diferencias que afectan su disposición a cumplir con sus obligaciones.

"Veo que los de al costado no pagan impuestos y tienen beneficios", afirmó al explicar esa situación.

La OCDE también plantea mejorar la transparencia en la medición de los gastos tributarios y señala que ampliar la información disponible permitiría evaluar mejor su costo y efectividad.

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Alarco: la brecha de recaudación llega a cinco puntos del PBI

La intervención de Germán Alarco incorporó otra dimensión al análisis del GEPS: la capacidad de recaudación del Estado peruano frente a otros países de la región.

El economista señaló que Perú registró una presión tributaria equivalente al 16,3% del PBI en 2024, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe alcanzó el 21,7%, de acuerdo con las estadísticas de la OCDE.

A partir de esa diferencia, Alarco calculó una brecha cercana a cinco puntos porcentuales del PBI. Con el tamaño de la economía que mencionó durante el conversatorio, estimó que esa diferencia equivaldría a unos US$15.000 millones anuales.

"Tenemos un problema de recursos insuficientes", afirmó Alarco.

El investigador vinculó esta situación con las limitaciones para financiar infraestructura y servicios públicos, aunque también señaló que existe un problema relacionado con la calidad del gasto.

El cálculo de los US$15.000 millones corresponde a la estimación expuesta por Alarco durante el conversatorio. No se trata de una cifra publicada por la OCDE como una brecha que Perú pueda recuperar íntegramente.

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Facultades tributarias y desarrollo productivo

Alarco también adelantó que el GEPS trabaja otros documentos relacionados con las facultades solicitadas por el Ejecutivo, entre ellos uno referido a la diversificación productiva.

Su planteamiento en este punto se centró en las condiciones que deberían acompañar las políticas de promoción económica. Según explicó, el apoyo estatal debería estar vinculado con compromisos concretos de los sectores o empresas beneficiadas.

La idea planteada por el investigador es que las facilidades otorgadas desde el sector público tengan objetivos verificables y estén vinculadas con resultados concretos.

El análisis del GEPS sobre las facultades legislativas coloca así el foco en dos aspectos de la política tributaria: el margen que tendría el Ejecutivo para modificar las reglas una vez aprobada la delegación y la necesidad de evaluar los beneficios que ya representan un costo para el fisco.

En el caso de las MYPE, el informe añade que una reorganización de los regímenes tributarios no resolvería por sí sola la informalidad si no se acompaña de medidas relacionadas con crédito, productividad, servicios estatales y educación financiera. A ello se suma la necesidad de verificar si los incentivos vigentes están cumpliendo los objetivos que justificaron su creación.

La proporción fue similar a la registrada por las juntas de instalación y superior al 25% correspondiente a procesos de reestructuración patrimonial. Esta última alternativa busca que la empresa continúe operando mientras reorganiza sus deudas y aplica medidas para recuperar su capacidad de pago.

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Empresas en crisis: estos son algunos casos registrados

Entre los casos identificados en el reporte figura Radio Miraflores S.A. en Liquidación, cuya junta de acreedores evaluó el informe de gestión de su liquidadora y una modificación de su convenio de salida. También aparece Solventes Pacífico E.I.R.L., que atraviesa un proceso orientado al cese definitivo de sus actividades.

Otro caso es el de San Simón Equipos S.A., donde los acreedores debían evaluar un cambio en el destino de la compañía: pasar de un plan de reestructuración patrimonial a la disolución y liquidación definitiva.

El movimiento también alcanza a empresas que recientemente ingresaron al sistema concursal administrado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). El Radar Concursal identifica casos en sectores como tecnología, servicios, minería y construcción. Entre ellos figuran Corporación Lavado S.A.C., vinculada al sector construcción, y SBL Antracita S.A.C., del rubro minero.

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Reestructuración patrimonial: cuándo una empresa puede evitar el cierre

Una empresa con problemas financieros no necesariamente debe cerrar. La reestructuración patrimonial busca mantener el negocio en funcionamiento mientras se reorganizan sus obligaciones y se establece una ruta para pagar las deudas.

Richard Almerco Soto, abogado especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial, explica que para optar por esta vía debe existir una posibilidad concreta de recuperar la empresa. Esto supone revisar sus problemas operativos, financieros y patrimoniales antes de sentarse a negociar con los acreedores.

"La reestructuración de una empresa que atraviesa un proceso concursal o una crisis económica y financiera nace de la voluntad de sus accionistas y de una visión de largo plazo orientada a recuperar su viabilidad", sostiene.

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El especialista añade que una empresa en funcionamiento puede tener un valor superior al que se obtendría vendiendo sus activos por separado. Por eso, la continuidad puede resultar conveniente si el negocio todavía tiene capacidad para generar ingresos y cumplir, bajo nuevas condiciones, con sus obligaciones.

¿Qué define si una empresa continúa o se liquida?

La diferencia pasa por la viabilidad del negocio. Cuando la empresa todavía puede generar ingresos para sostener sus operaciones y pagar sus deudas de manera gradual, la reestructuración le abre una opción para seguir funcionando. Si ese margen ya no existe, corresponde la liquidación.

Para Almerco, los accionistas, administradores y asesores deben presentar un plan que muestre cómo se corregirán los problemas que llevaron a la crisis y de qué manera se recuperará la capacidad de pago.

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"Los acreedores requieren conocer una propuesta seria y técnicamente consistente, pero el principal convencido de la reestructuración debe ser quien dirige la empresa", afirma.

El último periodo dejó un panorama dividido entre empresas que buscan reordenar sus deudas para seguir operando y otras que ya entran en la etapa de disolución y liquidación porque mantener el negocio dejó de ser una opción.