“Debemos prepararnos para tiempos difíciles si el conflicto persiste”, dijo Georgieva tras culminar un encuentro entre el FMI y el Banco Mundial en Washington, el cual reúne a líderes gubernamentales y financieros responsables de la política económica que buscan limitar las repercusiones económicas de la guerra.

Esta situación se agravó por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en especial en Teherán, capital y ciudad más poblada de dicho país que prácticamente motivó el cierre del Estrecho de Ormuz, el único paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano abierto y una ruta clave para el transporte de petróleo y los fertilizantes.

Desde entonces, los precios de la energía se han disparado, presionando a los países, especialmente a las economías vulnerables y a aquellas dependientes de las importaciones de petróleo de la región.

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“Nos preocupan los riesgos para la inflación, que se trasladen a los precios de los alimentos si no se reanudan pronto las entregas de fertilizantes a un precio razonable”, mencionó la directora gerente del Fondo Monetario.

Pero a medida que los países tratan de limitar el impacto de la subida de precios para sus ciudadanos, Georgieva instó a los bancos centrales a “esperar y ver” antes de ajustar las tasas de interés.

Precisó que éste era particularmente el caso donde la población tiene expectativas “bien ancladas” de que la inflación se mantendrá bajo control. “Si conseguimos salir rápidamente de la guerra, puede que no sea necesario tomar medidas”, sostuvo.

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Pero admitió que los países cuyos bancos centrales carecen de esa credibilidad podrían verse obligados a enviar señales más contundentes. Por ahora, “seguimos en un momento en el que una resolución más rápida de las hostilidades es posible”, dijo.

Georgieva instó a los países miembros del FMI a llamar a la puerta de la institución si necesitan asistencia financiera durante el conflicto.

“Tenemos 39 programas y una demanda de nuevos programas de al menos una docena de países”, dijo y añadió que “si necesitan ayuda financiera, no duden, actúen rápido, porque cuanto antes actuemos más podremos proteger la economía y la población”.

También remarcó sobre la importancia de la sostenibilidad fiscal a medida que los países toman medidas económicas para ayudar a sus habitantes.

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“Medidas no focalizadas, los controles a la exportación o las rebajas tributarias generalizadas podrían prolongar el dolor de los altos precios”, añadió.

Guerra en Irán: cierre de Ormuz

En tanto, el último sábado, Irán declaró abierto el estrecho de Ormuz al transporte comercial debido al alto el fuego aceptado por EE.UU e Israel. Pero solo duró unas horas. Irán volvió a cerrar el paso por Ormuz afirmando que sigue el asedio a los puertos iraníes por parte de las fuerzas norteamericanas.

El mando central iraní denunció que los estadounidenses “siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo”. La tensión escaló con ataques de lanchas rápidas iraníes contra un petrolero a 37 kilómetros al noreste de Omán, según reportes del Reino Unido.

Horas más tarde, la India confirmó que dos buques con bandera del país fueron atacados al intentar cruzar el estrecho. Ante lo sucedido, Trump afirmó que Irán no puede “chantajear” a Washington.

“Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años”, recalcó en la Casa Blanca.

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Mientras tanto, en lo que se refiere al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, el Mando Central (Centcom) informó que 23 embarcaciones acataron la instrucción de retornar a Teherán.

Estas escaramuzas hacen peligrar la tregua acordada hasta el momento. También se confirma la importancia estratégica del área, crítica para la economía global puesto que por este corredor transita el 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

En suma, EE.UU mantiene el bloqueo naval sobre los puertos de Irán, en medio de declaraciones contradictorias de Trump, y el régimen iraníe asegura que no permitirá el pase por Ormuz sin una paz permanente.

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Siguen las consecuencias

En medio de la situación de crisis, los precios internacionales del petróleo experimentaban reguladoras a coordinarse y ser transparentes en caso de que un “racionamiento” de queroseno resultara necesario, particularmente en Europa.

“Es importante que las autoridades cuenten con planes bien comunicados y bien coordinados en caso de que el racionamiento se volviera necesario, incluso manteniéndose flexibles en la asignación de franjas horarias en los aeropuertos”, indicó el director general de la IATA, Willie Walsh.

Mientras tanto, la Bolsa de Nueva York cerró al alza el último viernes, y en nuevos máximos históricos, impulsada por la reanudación de la navegación en el estrecho de Ormuz. El índice ampliado S & P 500, referencia en la plaza estadounidense, alcanzó un nuevo máximo, en 7.126,06 puntos (+1,20 %). Y el Nasdaq (+1,52 %) también tocó un techo por tercera sesión consecutiva, mientras que el Dow Jones ganó un 1,79 %.

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Datos

La reapertura de Ormuz y la tregua del conflicto en Líbano parecían posibles en un acuerdo entre Washington y Teherán. Pero todo duró muy poco. Irán volvió a cerrar la ruta naval.

El viernes, Trump dijo que Irán había aceptado entregarle su uranio enriquecido y que nunca volvería a cerrar el estrecho de Ormuz. Irán negó haber aceptado esos pedidos. “La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio”, dijo el vicecanciller Jatibzadeh.

Mientras, el jefe del ejército de Pakistán viajó a Irán y entregó “nuevas propuestas” estadounidenses, según el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. “Aún no ha respondido”, indicó.

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El anuncio fue realizado por el viceministro de la cartera, Miguel Vegas Carrera, durante el evento “Universidad y Estado en acción: Información que se convierte en oportunidades para jóvenes investigadores”, desarrollado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en San Isidro.

“El acceso a datos confiables permite tomar mejores decisiones y diseñar políticas públicas más efectivas, especialmente en favor de la población más vulnerable. Es una prioridad para el Estado fortalecer el uso estratégico de la información laboral”, sostuvo Vegas.

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Acceso a datos para analizar empleo e informalidad

A través de la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL), el MTPE promueve el uso de herramientas como el Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL), que integra datos clave para estudios e indicadores, explicó Miguel Vegas.

Según el viceministro, el sector cuenta con datos acerca de la formalidad e informalidad laboral, así como proyecciones de demanda ocupacional, que ahora estarán al alcance de estudiantes para su análisis académico.

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¿Cuál es la situación del mercado laboral en Perú?

Según la Planilla Electrónica, en enero de 2026 el empleo formal privado alcanzó los 4,5 millones de trabajadores, con un crecimiento del 5% respecto al mismo mes del año anterior.

En contraste, el Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral (RETIL) identifica a 12,4 millones de personas en informalidad, de las cuales 1,1 millones son personas con discapacidad.

Sin embargo, un dato preocupa. El Interactive Adversiting Bureau (IAB Perú) reveló que el 72% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mypes) en nuestro país aún no cuentan con la preparación digital necesaria para poder aprovechar el crecimiento del comercio electrónico.

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¿Por qué es tan esperado el Cyber Wow?

El Cyber Wow es una de las principales vitrinas del comercio digital en nuestro país, con ventas que crecen más de 160% en cada edición, y más de 2,5 millones de operaciones en línea, de acuerdo a IAB Perú.

Para Janeth Rodríguez, vicepresidenta de Revenue Latam de Infobip, el Cyber Wow no solo es una oportunidad para vender, sino también una forma de ver qué tan preparados están los negocios para competir en el mundo digital.

Bajo nivel de digitalización en las mypes

Según el Observatorio PRODUCEmpresarial, las mypes representan el 99,3% del total de empresas en el Perú y generan el 89,1% del empleo privado formal. Además, aportan el 13,6% de las rentas empresariales, lo que refleja su peso en la economía nacional.

Y pese a su relevancia, estas unidades productivas operan con niveles básicos de madurez digital. Esta limitación reduce su capacidad de competir en un entorno donde el comercio electrónico gana cada vez más espacio.

Por su parte, Rodríguez advirtió que este hecho refleja una brecha frente al comportamiento del consumidor.

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WhatsApp, un canal clave en el Cyber Wow

Janeth Rodríguez resaltó el potencial de herramientas como WhatsApp, que se ubica como uno de los principales canales de comunicación entre empresas y clientes en el Perú. Según Ipsos Perú, el 98% de los usuarios de redes sociales en el país usa activamente esta aplicación, lo que la convierte en una plataforma clave para impulsar ventas. La ejecutiva señaló que su alcance la posiciona como un canal estratégico.

Además, explicó que integrar una tienda en WhatsApp permite a las mypes responder consultas, mostrar catálogos, recibir pedidos y gestionar pagos en una sola interfaz, sin redirigir al cliente a otras plataformas.

También indicó que sectores como moda y belleza, gastronomía, electrónica, turismo y servicios pueden aprovechar este canal. Este uso facilita una mejor experiencia del cliente y favorece el aumento de ventas durante campañas como el Cyber Wow.

Durante su participación en la primera Expo Hierbas & Especias (en Tacna), Edgar Vásquez Vela, director del CIEN-ADEX, explicó que el desempeño del sector responde al creciente consumo de alimentos saludables, los acuerdos comerciales y el posicionamiento de la gastronomía nacional. Los envíos superaron los US$600 millones, ubicándose solo por debajo de México.

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Perú en el podio de exportación regional de hierbas

De acuerdo con el CIEN-ADEX, con US$600 millones 900.000, Perú ocupó el año pasado el segundo lugar como exportador de hierbas y especias en América Latina y el Caribe. México lideró el ranking con más de US$1.200 millones, mientras que Brasil, Chile y Guatemala se ubicaron después.

La oferta peruana incluyó principalmente cebollas, páprika y jengibre. En el caso mexicano, destacó la exportación de salsas mixtas, pimientos, ajíes y hierbas mixtas.

Entre el 2000 y el 2025, estos envíos al exterior mostraron un crecimiento sostenido, con una tasa promedio anual de 12,3%. Las principales regiones exportadoras del país son Tacna, Lima, Ica, Junín, La Libertad y Arequipa. Estas zonas concentran la mayor producción destinada a los mercados internacionales. Su desempeño consolidó la presencia peruana en este segmento.

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¿Cuánto creció la exportación de hierbas?

En su disertación en la primera 'Expo Hierbas & Especias', Vásquez Vela informó que en el 2025 la exportación de hierbas, especias y condimentos de Tacna alcanzó US$25.100.000. Esta cifra representó un crecimiento de 29,7% respecto al 2024. Destacaron el orégano, romero y mejorana, así como la páprika, jengibre seco y cúrcuma y el sillao, comino y vinagre.

Los principales destinos fueron Brasil, Unión Europea, Chile, Argentina y Ecuador. “Tacna tiene un amplio potencial de exportación de estos productos”, sostuvo.

La propuesta, revisada por este diario, establece que todas las llamadas y mensajes de texto con fines publicitarios deberán realizarse desde números que comiencen con la serie “500”, lo que permitirá a los usuarios identificar de inmediato que se trata de contenido comercial y no de una comunicación personal o de una emergencia.

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Esto significa que si un usuario recibe una llamada desde un número como “500 XXXXXX” ofreciendo, por ejemplo, tarjetas de crédito, sabrá automáticamente que se trata de una oferta, promoción o campaña publicitaria de un banco o de otra empresa.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 196-2026-MTC/01.03, publicada hoy 17 de abril, y establece un plazo de 15 días calendario para que ciudadanos, empresas y entidades envíen comentarios antes de su aprobación final.

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Llamadas insistentes y sin consentimiento

El MTC advierte que el crecimiento del spam telefónico responde al uso de estrategias comerciales agresivas por parte de empresas, especialmente en sectores como banca, seguros y telecomunicaciones, según remarca una encuesta del Indecopi.

Estas prácticas incluyen llamadas constantes desde call centers, uso de sistemas automatizados (robocalls), rotación de números para evitar bloqueos y contactos insistentes incluso fuera de horario. En muchos casos, estas comunicaciones se realizan sin un consentimiento claro del usuario.

Además, estas campañas suelen apoyarse en bases de datos obtenidas de manera poco transparente, como formularios físicos o digitales donde los consumidores aceptan términos amplios sin leerlos, lo que permite que sean contactados incluso sin haber autorizado expresamente dichas comunicaciones.

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¿Qué cambia con la norma?

El proyecto no solo crea la serie 500, sino que establece reglas para su uso:

• Será una numeración exclusiva para comunicaciones comerciales (no podrá usarse para otros fines).
• El número deberá mostrarse de forma visible al usuario (evitando llamadas ocultas o disfrazadas).
• Los operadores deberán permitir que los usuarios devuelvan la llamada o respondan el mensaje.
• Se creará un registro público con información sobre qué empresas utilizan estos números.

Además, las empresas deberán canalizar sus comunicaciones de manera que el usuario pueda identificar claramente al emisor, reforzando la transparencia en el contacto comercial.

Proyecto contra llamadas spam pone foco en las operadoras

A diferencia de otras medidas centradas en sancionar a las empresas que realizan llamadas no deseadas, la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pone el foco en las operadores de telecomunicaciones (léase Claro, Movistar, Entel, Bitel, entre otros) como los principales responsables de implementar el sistema.

Estas empresas serán las encargadas de asignar la numeración de la serie 500, garantizar que las llamadas y mensajes puedan ser correctamente identificados, y asegurar su trazabilidad (es decir, que se pueda rastrear quién originó la comunicación).

Además, deberán reportar periódicamente al Estado el uso de estos números y cumplir con reglas técnicas, como no asignar nuevos bloques si no han utilizado al menos el 70% de los ya entregados. Esto busca evitar el uso masivo o indiscriminado de numeración para campañas agresivas.

Infracciones

El cumplimiento de estas reglas será supervisado por el MTC y el Indecopi. El uso indebido de esta numeración o el incumplimiento de las obligaciones será considerado infracción muy grave, lo que abre la puerta a sanciones más severas para las empresas.

De aprobarse la norma, las empresas y operadores tendrán un plazo máximo de 90 días calendario para adecuarse a las nuevas disposiciones. Las sanciones se darán por los siguientes motivos: Llamadas publicitarias desde números no autorizados, mensajes sin identificación clara, uso indebido de numeración para ocultar el origen.

La iniciativa también apunta a mejorar la trazabilidad (capacidad de rastrear el origen de una llamada o mensaje), con el fin de evitar el anonimato y reducir prácticas engañosas o agresivas.

Esto se alinea con cambios recientes en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que refuerzan la prohibición de comunicaciones no solicitadas (spam), especialmente aquellas que inducen a error o presionan al usuario.

El proyecto y su exposición de motivos ya están disponibles en la web del MTC. Los interesados pueden enviar opiniones a través de la mesa de partes virtual o por correo electrónico durante el plazo establecido.

La norma parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Ejecutivo para reducir el spam telefónico y mejorar la protección de los usuarios en servicios de telecomunicaciones.

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El mandatario recordó que la paralización se dio tras el escándalo del caso Odebrecht y que en este momento está sometido a un proceso judicial internacional, pero que a su juicio el megaproyecto puede continuar.

“Yo analizando, como abogado, pese al problema del arbitraje (de la obra) puede seguir su curso, no tiene por qué paralizarse”, dijo el mandatario en entrevista con Exitosa.

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Tras este abandono mencionó que “estamos pagando una millonada para que se custodien los tubos que están en la intemperie”.

Consultado sobre si convocaría una nueva licitación para reactivar el proyecto, Balcázar mencionó que “eso lo verá el ministro de Energía y Minas (Waldir Ayasta)” pero que la decisión política es que continúe inmediatamente la obra.

“Estamos celebrando varios convenios muy importantes para el sur del Perú y probablemente esta semana estamos destrabando el Gasoducto Sur. Con esas obras que estamos haciendo y la Carretera Central (…) estamos cumpliendo con el mandato que nos dio el Congreso”, aseveró.

Balcázar sobre TGP: “Debe seguir el curso de las investigaciones”

En esa línea, el presidente también se refirió al caso de Transportadora de Gas del Perú (TGP) y a las investigaciones por la rotura del ducto.“El Perú no tiene ningún tipo de responsabilidad. Se tendrá que seguir el curso de las investigaciones pertinentes”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la gestión de la empresa. “No es posible que la empresa haya hecho un solo tubo. Para mí es una negligencia, desde el punto de vista empresarial y gerencial, inaudita. Esperemos que se determinen responsabilidades para tomar decisiones”, agregó.

Como se recuerda, el incidente ocurrido el 1 de marzo evidenció la vulnerabilidad energética del país. Al depender de un único ducto, el Gobierno se vio obligado a racionar el gas natural, lo que generó importantes pérdidas económicas en distintos sectores.

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Gasoducto Sur del Perú podría reactivarse esta semana

El Gasoducto Sur Peruano, proyecto diseñado para transportar gas natural de Cusco hasta las regiones del sur del país, fue adjudicada en 2014 al consorcio liderado por Odebrecht y Enagás. Esto generó grandes expectativas, pues se trataba de una inversión público-privada de más de US$7.300 millones que no implicaba gasto directo para el Estado.

Sin embargo, el escándalo de Lava Jato golpeó al proyecto. Odebrecht perdió acceso al financiamiento, y en 2017 el contrato fue cancelado, dejando la obra con un avance de apenas 37%. Desde entonces, el Estado asumió el costo de supervisión y mantenimiento de los ductos, que ronda los US$45 millones anuales. La reciente deflagración en el ducto de Camisea, en Megantoni (Cusco), ha reactivado el debate sobre la urgencia de retomar la agenda energética y definir el futuro del GSP.

Este producto se encuentra en descorrelacionado de la coyuntura nacional e internacional porque está empujado por la demanda estructural de la vivienda que asciende a aproximadamente 2 millones de personas.

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El fondo proyecta financiar hasta S/200 millones durante el año. Según Simón Vacher, gerente general, el vehículo estará orientado a inversionistas institucionales y clientes afluentes interesados en diversificar su exposición con un producto de alto rendimiento.

El 70% de los recursos se destinará a proyectos para Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), mientras que el 30% financiará iniciativas de la modalidad Sitio Propio del programa Techo Propio. El financiamiento promedio por operación será de alrededor de S/300.000.

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La estrategia apunta a cubrir la etapa inicial de los desarrollos inmobiliarios, que representa entre 5% y 10% del costo total de la obra. “Este segmento presenta una demanda creciente de capital por parte de promotores con una aceleración de la demanda para nuevos proyectos”, señala Simón Vacher.

El vehículo contará con la participación de un fideicomiso administrado por el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de custodiar los fondos. Asimismo, el fondo tendrá una inversión mínima de S/50.000. La firma estima que el ticket promedio para personas naturales superará los S/300.000.

En cuanto a rentabilidad, el vehículo ofrecerá dos estructuras:

• Una alternativa con pago mensual de intereses equivalente a una tasa nominal anual de 15% durante 12 meses.
• Un producto tipo “bullet” con rendimiento de 16,5% anual, que pagará capital e intereses al vencimiento durante 12 meses.

Para el mercado, este movimiento refleja una mayor sofisticación de los vehículos privados orientados a segmentos inmobiliarios específicos, en particular en vivienda social, donde convergen demanda estructural, respaldo estatal y oportunidades de rentabilidad en moneda local.

De un lado, el candidato de izquierda plantea un cambio al modelo económico vigente. Desde la otra orilla, la lideresa naranja, quien postula por cuarta vez, propone mantener el esquema de economía social de mercado con ajustes orientados a la mejora de la competitividad y reducción de trabas burocráticas a las empresas, así como más beneficios tributarios a compañías.

La propuesta de Sanchez apunta directamente al corazón del régimen económico (los artículos 58, 60, 62, 63 y 66), que, según su diagnóstico encorsetan la capacidad del Estado para intervenir en la economía, gestionar recursos naturales y desarrollar empresas públicas. Por otro lado, descarta propuesta alguna de “expropiación y atentado contra la propiedad privada”.

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Cambios en el capítulo económico de la Constitución

En particular, el “heredero de Pedro Castillo” cuestiona el artículo 58 de la carta magna por relegar al Estado a un rol meramente orientador, sin capacidad de acción directa en sectores estratégicos y el artículo 62, al que atribuye blindar los contratos ley incluso cuando resulten lesivos para el interés nacional.

A ello suma la crítica al artículo 63, que equipara la inversión nacional y extranjera, lo que, según sostiene, termina colocando a los productores locales en desventaja frente a grandes corporaciones.

Bajo este escenario, Sánchez propone una economía mixta con fuerte presencia estatal, donde los recursos naturales como gas, petróleo, agua, energía y puertos sean gestionados directamente o bajo alianzas público-privadas, pero con control estatal.

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Impuestos a las sobreganancias

Su plan también plantea cambiar bases del modelo actual, como el respaldo a los contratos-ley y los regímenes tributarios especiales, e incorporar impuestos a las sobreganancias y a la fortuna. También apunta a romper con la lógica primario-exportadora mediante industrialización, sustitución de importaciones y la creación de complejos industriales descentralizados.

En el sector agrario, propone un giro hacia la seguridad alimentaria, priorizando el mercado interno con planes nacionales de cultivos, compras estatales a pequeños productores y el fortalecimiento de cooperativas. La meta es que el 50% de agricultores se integre en esquemas asociativos y que sus ingresos se dupliquen mediante acceso a tecnología, riego y financiamiento.

En minería, su propuesta apunta a transformar la pequeña minería informal a través de cooperativas, recortar los plazos de concesión de 30 a 5 años, recuperar concesiones extinguidas para el Estado y desarrollar “parques mineros” bajo esquemas de copropiedad inicial.

A ello se suma un mayor rol estatal en la comercialización del oro, con el objetivo de asegurar trazabilidad y control de la producción. Como metas, plantea elevar las regalías mineras, aumentar la presión tributaria hasta el 25% del PBI y expandir la participación de la industria en la economía, en línea con su apuesta por un cambio del modelo de desarrollo.

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Alivio regulatorio, inversiones y beneficios tributarios a empresas

A contraparte, Keiko Fujimori plantea una estrategia centrada en la formalización masiva, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y la reducción de trabas burocráticas a las empresas. Una de sus propuestas es la implementación de la “Licencia 0”, que eliminaría costos y trámites para abrir un negocio mediante una ventanilla única digital interoperable con entidades como Sunat, Sunarp e Indecopi.

Su plan también incluye la apertura inmediata de negocios con RUC y declaración jurada, la estandarización de inspecciones para reducir discrecionalidad y la prohibición de sanciones duplicadas (como cierre y multa).

Además, plantea formalizar progresivamente el comercio ambulatorio mediante una ley específica que reconozca esta actividad, establezca derechos y defina rutas de transición hacia la formalidad.

En ese marco, propone crear una Comisión de Alto Nivel para el Autoempleo y la Formalización Inclusiva, así como limitar decomisos y desalojos arbitrarios por parte de municipios, priorizando el ordenamiento urbano sin afectar los ingresos de los trabajadores.

En financiamiento, plantea un Fondo para el Crecimiento MYPE, sistemas de crédito para mujeres emprendedoras, capital semilla para jóvenes y fondos de garantía para mercados y talleres. También propone exonerar del Impuesto a la Renta por tres años a jóvenes emprendedores y otorgar créditos tributarios a empresas que contraten practicantes.

Además, incluye la creación de un Servicio Nacional de Defensa Jurídica del Emprendedor para brindar asesoría legal gratuita, así como el fortalecimiento de Compras MyPerú con un presupuesto anual mínimo de S/ 1.000 millones para asegurar demanda a las MYPE.

En el ámbito productivo, impulsa la formación de clústeres (concentración geográfica de empresas) regionales en sectores como textil, calzado, metalmecánica y agroindustria, junto con la modernización de parques industriales . Asimismo, plantea la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales a empresas, orientadas a impulsar la producción industrial de mayor valor agregado, como textiles especializados, metalmecánica, industria farmacéutica y agroindustria.

También plantea un Plan Nacional de Logística MYPE , con el objetivo de que el 70% de estas empresas accedan a comercio electrónico al 2030.

En transporte, Fujimori plantea finalizar megaobras como la nueva carretera central y Longitudinal de la Sierra Tramo 4. En ferrocarriles, busca culminar la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, así como ejecutar la Línea 3, 4, 5 y 6. Por otro lado, afirma que promoverá la construcción del Tren Bioceánico Perú–Brasil, clave para la integración sudamericana, así como corredores ferroviarios de carga minera y agrícola que conecten con Chancay, Callao, Salaverry e Ilo.

Por último, prevé constuir nuevos aeropuertos regionales en Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Puno, Huancavelica y Huancayo.

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Propuestas de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en pensiones y remuneraciones

En materia previsional, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) plantea incrementos directos en pensiones y transferencias: la pensión mínima de la ONP subiría de S/600 a S/800 y la máxima a S/1.100, además de duplicar montos en programas como Pensión 65 y Contigo.

Su propuesta también plantea ajustar las pensiones cada año y otorgar bonos adicionales a poblaciones vulnerables.

En contraste, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) apuesta por una redistribución del crecimiento, con aumento de pensiones y salarios, aunque sin detallar montos previsionales.

En cuanto al sueldo mínimo, plantea elevarlo a no menos de S/2.000 a través de una auditoria social por contratos de concesión.

Aumento de sueldo a docentes a S/5.500

También plantea que el sueldo a docentes no sea menor a 1 UIT (S/5.500), financiado mediante una reforma tributaria que incluye impuestos a sobreganancias y grandes fortunas, así como la eliminación de exoneraciones tributarias que son regresivas en favor de las grandes empresas.

Su planteamiento se complementa con un mayor gasto social, incluyendo 50.000 viviendas financiadas por el Banco de la Nación, así como la ampliación de Beca 18 hasta alcanzar 120.000 beneficiarios y programas de inserción laboral juvenil en el sector público.

En una entrevista con Bloomberg, el economista, quien ha liderado el ente emisor durante dos décadas, señaló que, “en principio no” consideraría quedarse por un nuevo período. Sin embargo, dejó entrever que podría reconsiderarlo si se lo solicitan. “Lo pensaría”, afirmó.

Velarde también precisó que no ha participado en conversaciones sobre su posible sucesor, aunque no descartó ofrecer recomendaciones si le son requeridas. El año pasado, indicó que vería con buenos ojos a dos funcionarios del banco central: gerente central de Estudios Económicos Adrián Armas y el gerente general Paul Castillo.

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Julio Velarde: “Puedo irme, pero la autonomía se mantiene” 

Más allá de su permanencia, se mostró confiado en la solidez institucional del BCRP. “Puedo irme, pero la autonomía se mantiene”, sostuvo, destacando que esta independencia está “demasiado establecida” ante la opinión pública. 

En el plano económico, el titular del BCRP reafirmó su postura prudente frente al escenario global, especialmente por el conflicto en Medio Oriente. Considera que sería “prematuro” subir las tasas de interés ante lo que percibe como un shock temporal en los precios de la energía. 

“Lo prudente es esperar un poco”, indicó desde Washington, en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No obstante, dejó abierta la posibilidad de cambiar de postura: “Puedo cambiar de opinión en dos semanas”.

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 “Si la situación se prolonga, podría afectar las proyecciones de moderación en los costos de energía”

En esa línea, el aumento de los precios del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas como el conflicto con Irán, mantiene en alerta a los bancos centrales del mundo. Velarde advirtió que, si la situación se prolonga, podría afectar las proyecciones de moderación en los costos de energía. 

En Perú, la inflación anual alcanzó 3,8% en marzo, superando por primera vez en dos años el límite superior del rango objetivo del BCRP. Este incremento responde al alza global del petróleo, problemas internos en el suministro de gas y condiciones climáticas adversas. 

A pesar de ello, el banco decidió mantener la tasa de interés en 4,25% por séptima vez consecutiva. La próxima decisión se tomará el 14 de mayo. 

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Además, subrayó que, aunque la inflación general ha subido, los indicadores subyacentes —que excluyen alimentos y energía— permanecen estables. Sin embargo, advirtió un riesgo: “Con una demanda fuerte, es más fácil trasladar precios a los consumidores”, especialmente en sectores como el transporte. 

Mientras tanto, la incertidumbre global sigue marcando la pauta. “A todos les conviene que esto se arregle”, concluyó, en referencia a las tensiones internacionales.

La norma, oficializada mediante la Resolución SBS N.º 1120-2026, establece las reglas que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán aplicar para evaluar estas solicitudes, reconociendo las particularidades y los riesgos propios de la actividad pesquera.

Con este reglamento, la SBS busca dar mayor claridad y previsibilidad al proceso de jubilación de los pescadores, reducir demoras y asegurar una atención más adecuada, de modo que los trabajadores y sus beneficiarios puedan acceder a sus derechos previsionales en mejores condiciones.

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Dos modalidades de jubilación, incluida pensión complementaria financiada por el Estado 

El reglamento contempla dos modalidades de acceso a la jubilación. La primera corresponde a la jubilación como trabajador pesquero en el SPP, que permite al afiliado optar por cualquiera de las alternativas vigentes en el sistema privado, como el retiro del fondo acumulado y/o el acceso a una pensión bajo las modalidades de renta vitalicia o retiro programado. 

La segunda modalidad es la Pensión de Rescate Complementaria (PRC), un mecanismo mediante el cual el Estado garantiza el financiamiento vitalicio de la pensión cuando el monto que otorgue el SPP resulte menor al que el trabajador habría percibido en la extinta Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Este beneficio está dirigido a los exafiliados de dicha caja que migraron al sistema privado y cuya pensión se vea reducida como consecuencia de ese cambio.

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Ambas modalidades aplican a los trabajadores que hayan cumplido 55 años de edad, acrediten al menos 25 años de labores en la actividad pesquera y cuenten con un mínimo de 375 semanas de aportes, sumando los realizados en el SPP y en la antigua caja, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N.º 024-2025-EF, que modificó el reglamento de la Ley N.º 30003. 

AFP deberán garantizar orientación, pago oportuno y coordinación con la ONP 

Con el objetivo de que el trabajador pesquero tenga un proceso de jubilación más claro y sin complicaciones, el reglamento establece nuevas obligaciones para las AFP, que deberán asumir un rol más activo en la orientación al afiliado. Esto incluye brindar información clara y constante, así como acompañamiento durante todas las etapas del trámite para acceder a los beneficios previsionales.

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La norma también garantiza que el pago de la pensión se realice desde el momento en que el trabajador se jubila. En los casos en que corresponda, este pago podrá ser complementado de manera temporal con la Pensión de Rescate Complementaria, mientras la Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirma el acceso definitivo a dicho beneficio, evitando así que el afiliado pase periodos sin ingresos.

Asimismo, el reglamento establece medidas para mejorar la coordinación entre las AFP y la ONP, con el fin de agilizar la evaluación de los expedientes y dar mayor certeza a los trabajadores pesqueros sobre sus trámites. La SBS será la entidad encargada de supervisar que estas disposiciones se cumplan y que las AFP mantengan adecuados estándares de información, orientación y calidad de servicio.