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La dimensión del problema contrasta con los recursos presupuestales asignados durante el año pasado: solo 911 de esas obras, equivalentes al 37,7% del total, contaban con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para 2025. La asignación conjunta fue de S/3.596 millones. Las otras 1.505 no registraban presupuesto modificado para ese año, según el reporte del órgano de control.

En este contexto, el Congreso aprobó el dictamen de la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2025, que plantea crear un Inventario Nacional de Obras Paralizadas. El texto también contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presente un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría y que esta entidad acceda a información tributaria anonimizada de la Sunat, respetando la reserva tributaria.

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Gobierno Nacional concentra S/37.432 millones en obras paralizadas

Aunque los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos, el Gobierno Nacional reúne el mayor monto de inversión comprometida. Según el informe de la Contraloría, las municipalidades y otras entidades locales acumulan 1.693 obras paralizadas, con un costo actualizado de S/10.525 millones. En el nivel nacional hay 386 proyectos, valorizados en S/37.432 millones, mientras que los gobiernos regionales registran 337 obras por S/19.180 millones.

La distribución muestra que el número de obras no necesariamente coincide con el volumen de recursos comprometidos. Los gobiernos locales reúnen el 70,1% de los proyectos paralizados, pero concentran el 15,7% de su costo actualizado. En cambio, el Gobierno Nacional representa el 16% de las obras y el 55,8% de la inversión asociada.

Entre las causas reportadas por las entidades ejecutoras figuran los incumplimientos contractuales, que explican el 26,2% de los casos; la falta de recursos financieros o liquidez, con el 22,9%; las deficiencias de los expedientes técnicos, con el 9,1%; y las controversias, disputas o arbitrajes, con el 8,7%.

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Contraloría identificó 762 obras detenidas en el Banco de Inversiones

La creación del inventario nacional forma parte de las medidas incluidas en el dictamen de la Cuenta General de 2025, que no recibía aprobación parlamentaria desde 2013. La propuesta busca reunir información sobre los proyectos detenidos, mientras que el plan a cargo del MEF apunta a dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Contraloría.

La existencia de registros previos es relevante para evaluar el alcance de la medida. El informe de la Contraloría elaborado con información de Infobras, el Sistema de Seguimiento de Inversiones, el Sistema Integrado de Administración Financiera y el inventario del Banco de Inversiones ya identificaba las 2.416 obras paralizadas. Además, al cierre de 2025, el inventario del Banco de Inversiones registraba 762 obras que continuaban detenidas; de ellas, 466 no contaban con un informe de estado situacional actualizado en el sistema.

El dictamen también plantea que la Contraloría acceda a información tributaria anonimizada de la Sunat, con respeto de la reserva tributaria. Asimismo, el MEF deberá presentar un plan para implementar las recomendaciones del órgano de control, algunas de las cuales, según lo expuesto durante el debate parlamentario, permanecen pendientes desde 2013.

La aprobación de la Cuenta General no equivale a una validación de la gestión de las entidades públicas ni de sus actos administrativos. Tampoco exime a los funcionarios de eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales. El efecto de las medidas dependerá de su implementación y del seguimiento que se realice a las observaciones pendientes.

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La Cuenta General y las cifras del gasto público

La Cuenta General de la República consolida información presupuestaria, financiera y patrimonial de las entidades estatales. De acuerdo con el MEF, durante 2025 el sector público ejecutó S/328.363 millones de presupuesto, equivalente al 93,6% del Presupuesto Institucional Modificado. La inversión pública alcanzó S/61.941 millones, con una ejecución del 83,8% del presupuesto actualizado para ese rubro.

Sin embargo, la auditoría de la Cuenta General encontró resultados distintos según los estados revisados. La Contraloría emitió una opinión sin salvedades sobre el Estado de Tesorería y el Estado de la Deuda Pública; formuló una opinión con salvedades sobre los estados presupuestarios y se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros consolidados.

El MEF informó que se recibió información de 2.536 de las 2.547 entidades consideradas en la Cuenta General, lo que representa una cobertura del 99,6%. Esa proporción da cuenta del alcance de la información reportada, pero no elimina las observaciones de auditoría ni reemplaza el seguimiento que corresponde a las recomendaciones pendientes.

El consumo de cemento habría registrado su mayor crecimiento de los últimos tres meses, mientras que las obras públicas habrían alcanzado su peor resultado en cuatro meses, según el Informe Económico de la Construcción N.° 106, publicado por el gremio. Esta diferencia marcaría un cambio respecto de agosto, cuando ambos indicadores registraron variaciones positivas.

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Construcción habría crecido 10,3% entre enero y septiembre

El desempeño previsto para septiembre se produciría en un marco de varios meses de expansión que habrían llevado al sector a acumular un crecimiento de 10,3% entre enero y septiembre, frente al mismo periodo de 2025. Durante esos nueve meses, el consumo interno de cemento habría aumentado 11,7%, mientras que el avance físico de las obras públicas habría crecido 6,7%, según el informe.

De confirmarse esta proyección, la construcción registraría su mayor crecimiento acumulado para el periodo enero-setiembre desde 2013, si se excluye el rebote económico posterior a la pandemia. La estimación mensual apunta a una pérdida de impulso en las obras públicas hacia el final del periodo, pese a que el balance acumulado del sector se mantendría en terreno positivo.

Los últimos resultados oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) permiten comparar las proyecciones con el desempeño de agosto. Ese mes, la construcción creció 10,34% interanual, el consumo interno de cemento aumentó 7,63% y el avance físico de las obras públicas se expandió 19,33%. Para septiembre, el gremio estima un menor crecimiento general, una aceleración del consumo de cemento y una contracción de las obras públicas.

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S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública quedarían sin ejecutar en 2026

La evolución de las obras públicas también se relaciona con el avance de la inversión pública. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recogidas en el informe, la inversión pública ejecutada creció 8,1% entre enero y septiembre de 2026. Por nivel de gobierno, el gasto aumentó 13,8% en los municipios y 12,2% en los gobiernos regionales. En el Gobierno Nacional, en cambio, avanzó apenas 0,2%.

El estudio estima que al cierre de 2026 quedarían alrededor de S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública sin ejecutar. El monto pendiente pone el foco en la capacidad de las entidades públicas para convertir los recursos presupuestados en gasto efectivo durante los últimos meses del año, mientras el sector enfrenta una posible desaceleración de las obras estatales.

En cuanto a Obras por Impuestos (OxI), al 22 de septiembre se habían adjudicado proyectos por S/9.159 millones, un aumento de 208% frente a 2025, según información de ProInversión incluida en el informe. Capeco proyecta que el monto podría acercarse a S/12.600 millones al cierre del año, lo que representaría un crecimiento de 146% respecto al año anterior.

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Empresas constructoras moderan sus expectativas para 2026

Las expectativas de las empresas constructoras también muestran una revisión a la baja. En su encuesta de octubre, la cámara encontró que la previsión de crecimiento de las operaciones empresariales para todo 2026 pasó de 9,2% en agosto a 8,2%. La variación refleja una perspectiva menos optimista de las compañías consultadas respecto de la que tenían dos meses antes.

En cuanto al crecimiento anual del PBI de la construcción, el gremio redujo su proyección de 9,6% a 8,1%. Otras instituciones mantienen estimaciones distintas: BBVA Research prevé un crecimiento de 10,1%; el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de 9,5%; Macroconsult, de 9,2%; y el MEF, de 8,5%.

Para el quinto bimestre de 2026, las empresas encuestadas por el gremio constructor proyectan un crecimiento de 9,2% en sus operaciones. Por segmentos, la expectativa alcanza el 10% en edificaciones, el 8,7% en infraestructura y el 6,6% en proveedores. Las previsiones corresponden a las operaciones de las empresas consultadas y no a una estimación del PBI sectorial.

Entre los riesgos para el cierre del año, Capeco menciona el aumento de los precios, las tasas de interés y la posibilidad de un Fenómeno El Niño de fuerte intensidad. Estos factores forman parte del escenario que el sector deberá afrontar en los últimos meses de 2026, mientras se esperan los resultados oficiales de septiembre para contrastar las proyecciones del gremio.

En declaraciones a RPP, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, explicó que la magnitud de Talara exige un esquema que permita captar fuertes inversiones y contar con una gestión técnica especializada. Según adelantó, el plan específico para la refinería se presentará en enero de 2027.

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Sindicatos de Petroperú rechazan concesión de Talara

Frente a la propuesta de concesión, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestionó las condiciones bajo las cuales un operador privado asumiría la administración de Talara.

El gremio pide conocer cuánto invertiría la empresa, cómo recuperaría ese capital y qué garantías tendría el país sobre las tarifas, los márgenes, el abastecimiento y las decisiones operativas. También plantea quién asumiría los riesgos y quién recibiría los beneficios de la operación.

Para la organización, que la refinería siga siendo propiedad de Petroperú no garantiza que el Estado conserve el control efectivo sobre su funcionamiento. Además, sostiene que Talara no debe evaluarse únicamente por su rentabilidad o su aporte al pago de las deudas de la petrolera, sino también por su papel en el abastecimiento nacional de combustibles, la competencia y la seguridad energética.

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Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) sostuvo que entregar la administración de Talara a un operador privado sería una forma de privatización encubierta. La organización pide detener el proceso y cuestiona que ProInversión avance con la reorganización de los activos de Petroperú mientras sigue pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Decreto de Urgencia 010-2025.

Concesión de Talara: qué plantea ProInversión y qué falta definir

Del Carpio explicó que el modelo contempla la participación de un operador privado que aporte capital y asuma la gestión de la refinería, debido a la especialización técnica que requiere su funcionamiento. La meta planteada por ProInversión es que Talara opere adecuadamente y genere flujos de dinero que permitan atender primero las obligaciones financieras de Petroperú.

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El esquema también podría permitir que la empresa estatal participe en las ganancias que genere la operación, en una modalidad comparable a la de las concesiones de aeropuertos y puertos. Sin embargo, los términos concretos todavía están por definirse. Entre los puntos pendientes están las obligaciones del operador, las condiciones para recuperar la inversión y la distribución de los ingresos que produzca la refinería.

Ahí es justo donde se concentran buena parte de las dudas de los sindicatos. Fenpetrol pide que se conozcan las reglas del eventual acuerdo antes de que se tome cualquier decisión, porque, a su juicio, seguir siendo dueño de la refinería no basta si Petroperú pierde la capacidad real de intervenir en cómo se maneja.

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ProInversión alista otros activos de Petroperú para el mercado

Talara no es el único activo de Petroperú que ProInversión busca llevar al mercado. El plan también contempla la Refinería de Conchán, los terminales del sur y las operaciones en la selva, como parte de una reorganización más amplia de la petrolera estatal.

La agencia prevé presentar el modelo para Talara en enero de 2027. Después, los potenciales inversionistas deberán evaluar las condiciones técnicas, financieras, legales y operativas de la refinería antes de decidir si participan.

Los sindicatos exigen que el proceso se detenga hasta que se conozcan las condiciones del eventual contrato. Su principal preocupación es que Petroperú mantenga la propiedad de Talara, pero ceda a un privado las decisiones sobre su funcionamiento.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 28 de octubre

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La CCL estima que las exportaciones peruanas llegarían a US$110.794 millones este año, un incremento de 21,16% respecto de 2025. Con ese resultado, la minería representaría alrededor del 72% del total proyectado para el comercio exterior peruano.

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El plomo registraría el mayor crecimiento proyectado

Entre los productos mineros, el plomo registraría un crecimiento de 81% en 2026. Le seguirían la plata, con un avance de 50%; el oro, con 38%; y el cobre, con 29%, según las estimaciones del Idexcam.

El resultado proyectado para el plomo destaca frente al desempeño de los otros metales considerados, aunque el crecimiento porcentual no determina por sí solo cuál tendrá el mayor valor exportado al cierre del año.

Exportaciones mineras superaron los US$57.000 millones hasta agosto

Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones mineras peruanas sumaron US$57.492 millones, un incremento de 55% frente a los US$37.081 millones registrados en el mismo periodo de 2025, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El cobre encabezó los envíos con US$26.513 millones, equivalentes al 46,1% del valor exportado por la minería durante esos ocho meses. El monto representó un crecimiento interanual de 54,8%.

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El oro ocupó el segundo lugar, con exportaciones por US$21.631 millones y un incremento de 58% respecto de los US$13.693 millones del mismo periodo del año anterior. En conjunto, ambos metales concentraron el 83,7% del valor de las exportaciones mineras acumuladas hasta agosto.

La SNMPE también destacó el aporte del plomo al crecimiento del sector. Durante el periodo analizado, el incremento de los envíos de este metal se sumó al avance del cobre y el oro, que explicaron la mayor parte del aumento del valor exportado.

Minería contrastaría con el agro y la pesca

Las proyecciones de la CCL para otros sectores muestran resultados menos favorables. Las exportaciones de petróleo y gas natural crecerían 27% en 2026, mientras que los envíos siderometalúrgicos aumentarían 15% y los del sector químico, 8%.

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En contraste, las exportaciones agrícolas registrarían una contracción cercana al 4%, afectadas principalmente por las caídas proyectadas para el cacao y sus derivados (-45%) y el café (-31%). El crecimiento estimado de 10% en los envíos de frutas compensaría parcialmente ese retroceso.

La pesca también registraría un resultado negativo. La CCL calcula una caída de alrededor de 14%, asociada con menores exportaciones de harina de pescado (-34%) y moluscos (-13%).

Para el conjunto del comercio exterior, la CCL identifica riesgos vinculados con la volatilidad de las cotizaciones internacionales, las tensiones geopolíticas, las anomalías climáticas, las restricciones de oferta y los problemas logísticos internos. Estos factores podrían modificar el desempeño de los distintos sectores y el resultado exportador previsto para el cierre de 2026.

La advertencia figura en el Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 105. El documento recoge proyecciones de lluvias fuertes o muy fuertes en la costa norte, con una probabilidad del 90%. Para Lima, estima en 19% la posibilidad de precipitaciones de una intensidad comparable con las registradas en enero de 1970.

Ante este escenario, CAPECO propone que la preparación no se limite a las obras de prevención y que también contemple la atención de las familias que pierdan sus viviendas. Su vicepresidente ejecutivo, Guido Valdivia, propuso articular recursos del sector privado para atender emergencias y organizar la reconstrucción.

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CAPECO propone movilizar recursos privados ante las emergencias

El gremio sostiene que las empresas constructoras cuentan con maquinaria pesada, materiales y suministros que podrían utilizarse en las zonas afectadas por inundaciones y huaicos. También propone incorporar a distribuidoras de productos de consumo masivo para facilitar el abastecimiento de alimentos, agua y medicamentos.

La propuesta busca complementar la capacidad de respuesta del Estado con recursos privados. Sin embargo, el informe advierte que varias obras preventivas siguen pendientes, por lo que la coordinación logística no sustituye la necesidad de avanzar en las intervenciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones.

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Viviendas en zonas de riesgo: proponen identificar cuáles deben reubicarse

En materia habitacional, CAPECO propone elaborar un catastro de viviendas vulnerables para distinguir cuáles pueden reconstruirse en el mismo terreno y cuáles requieren trasladar a sus ocupantes. La identificación permitiría determinar las necesidades de las familias antes de que se produzcan los daños.

El gremio también propone identificar viviendas disponibles en proyectos inmobiliarios de las ciudades afectadas. Esa oferta podría servir como alternativa para las familias que no puedan regresar a sus terrenos, aunque su utilización dependerá de la disponibilidad efectiva de inmuebles y de las condiciones para acceder a ellos.

La experiencia del Fenómeno El Niño costero de 2017 es uno de los antecedentes mencionados en el informe. Según CAPECO, después de ese evento se reconstruyeron más de 20.000 unidades habitacionales y siete de cada diez fueron atendidas mediante la modalidad de construcción en sitio propio.

Este antecedente cobra relevancia para definir las alternativas de reconstrucción: recuperar una vivienda en su ubicación original no sería una opción viable en todos los casos, especialmente cuando las condiciones de riesgo obliguen a evaluar una reubicación.

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Obras por Impuestos y bonos para financiar la reconstrucción

Para financiar las intervenciones, el gremio propone recurrir a mecanismos como Obras por Impuestos y desarrollar programas regionales y municipales de vivienda. También plantea canalizar recursos, incluidos los provenientes del canon, hacia bonos de reconstrucción destinados a las familias afectadas.

El informe no presenta estas propuestas como medidas ya ejecutadas, sino como alternativas para organizar la respuesta ante un eventual desastre. Su aplicación requeriría definir los proyectos prioritarios, los recursos disponibles y las condiciones para atender a los hogares que pierdan sus viviendas.

El riesgo también alcanza a la infraestructura y las actividades productivas. Para el verano de 2027, el Cenepred identificó 112 distritos con riesgo muy alto de inundación, donde viven 3,57 millones de personas y se ubican más de un millón de viviendas. En esas zonas también hay 4.631 locales educativos, 638 establecimientos de salud y cerca de 798.000 hectáreas de superficie agrícola expuestas.

La necesidad de ampliar los servicios de cuidado podría aumentar con el envejecimiento de la población. Las personas de 60 años o más representaban el 14,8% de la población peruana en 2025 y llegarían al 24,1% en 2050, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) citados en el estudio de la OIT.

El informe Los cuidados en el Perú: mapa de la oferta pública y perfil de las personas que cuidan identificó 12 programas vinculados a esta actividad, gestionados por distintas entidades y niveles de gobierno. Sin embargo, solo siete brindan cuidados directos y cuatro de ellos se dirigen exclusivamente a la primera infancia. La OIT advierte que la oferta está fragmentada y carece de una instancia que articule los servicios.

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El estudio también identificó a 29.826 personas cuidadoras en los servicios públicos analizados, de las cuales 29.105 participan en programas dirigidos a la primera infancia. Nueve de cada diez realizan estas labores bajo modalidades de voluntariado, sin vínculo laboral ni pensión, y el 88% son mujeres. La OIT plantea reconocer y profesionalizar estas actividades, además de mejorar las condiciones de quienes sostienen los servicios.

Rocío Valencia, coordinadora del Proyecto Abriendo Puertas de la organización, señaló a La República que la información recopilada mediante solicitudes de acceso a la información pública presenta limitaciones para conocer la distribución territorial de los servicios y las condiciones de quienes trabajan en ellos.

La representante planteó avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados que coordine los programas existentes, permita identificar las necesidades de cada región y promueva la formación y protección social de las personas cuidadoras. Según la OIT, las iniciativas para crear este sistema fueron archivadas en julio de 2026 y el país todavía no cuenta con uno.

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El cuidado no remunerado y la brecha entre mujeres y hombres

Entre 2010 y 2024, la diferencia diaria entre el tiempo que mujeres y hombres destinan al cuidado no remunerado pasó de una hora y cuatro minutos a una hora y 45 minutos. La brecha aumentó pese a que las mujeres también incrementaron sus horas de trabajo remunerado.

En los hogares con niñas y niños menores de tres años, las mujeres dedican seis horas y seis minutos diarios al cuidado no remunerado, casi el triple que los hombres, quienes destinan dos horas y 12 minutos. Además, ellas registran una jornada remunerada de seis horas y 37 minutos, frente a las nueve horas y 12 minutos de los hombres.

La distribución desigual también se observa entre las personas que necesitan apoyo para sus propias actividades cotidianas. Según el estudio de la OIT, el 72,8% de las personas de 70 años o más realiza labores domésticas o de cuidado no remuneradas. Entre las personas con discapacidad, las mujeres destinan cinco horas y 37 minutos diarios a estas tareas, frente a dos horas y 37 minutos de los hombres.

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Para Valencia, esta distribución evidencia que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha estado acompañada de una reducción equivalente de sus responsabilidades domésticas. La OIT propone repartir las tareas entre mujeres y hombres, los hogares, el Estado, las empresas y las comunidades.

Personas con discapacidad también asumen tareas de cuidado

La presidenta de la Asociación Luchando Contra Viento y Marea, Bárbara Ventura, advirtió que las personas con discapacidad también cuidan a sus familiares, pero necesitan apoyos para desarrollar estas actividades sin comprometer su autonomía.

Ventura señaló en una entrevista con este medio que, en su caso, requiere asistencia personal para actividades cotidianas como levantarse, cambiarse y bañarse. Por ello, pidió impulsar un Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos con presupuesto público, mejores condiciones para quienes cuidan y servicios como centros de día y de respiro para las familias.

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La dirigente también destacó la importancia de formar asistentes personales y capacitar a los familiares que realizan cuidados sin remuneración. Sostuvo que las propias personas con discapacidad deben participar en el diseño de las políticas que las involucran.

La formación de personas cuidadoras presenta, además, una brecha específica. Valencia explicó que la OIT desarrolla instrumentos para certificar competencias laborales y formar a trabajadoras del hogar y personas dedicadas al cuidado de niñas, niños y adultos mayores. Sin embargo, señaló que el proyecto todavía no ha desarrollado esos instrumentos para quienes atienden a personas con discapacidad.

La campaña «Todo funciona porque alguien cuida», presentada por la OIT en la antesala del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, busca visibilizar el aporte económico y social de estas labores y promover una distribución más equitativa de las responsabilidades.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sustentó la iniciativa ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Según explicó, el Ejecutivo busca dejar atrás los mecanismos temporales y establecer reglas permanentes para el sector, con el objetivo de que sus operadores puedan integrarse a las cadenas formales de producción y comercialización.

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Ley MAPE plantea mecanismos para acceder a concesiones mineras extinguidas

Entre los problemas que arrastra la formalización minera hay uno que la simple inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no resuelve, contar con un área donde trabajar. La iniciativa intenta atender una parte de esa dificultad con una salida para los casos en que las zonas declaradas por los mineros en proceso de formalización coinciden con derechos mineros extinguidos. En esos supuestos, el proyecto plantea reservar temporalmente ciertas áreas y establecer un derecho de preferencia, siempre bajo las condiciones que fije la norma.

Cabe recordar lo que exige la formalización, ya que no basta con estar en el registro. El operador debe acreditar que puede desarrollar su actividad en el área que declaró y cumplir con las exigencias administrativas y ambientales. Y si trabaja sobre la concesión de un tercero, muchas veces necesita además un contrato de explotación con el titular, un acuerdo que no depende solo de él.

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Por eso, acceder a derechos mineros extinguidos podría abrir una alternativa en ciertos casos. Esto no significa que cualquier área quede libre ni que un inscrito pueda quedarse con una concesión de manera automática. El alcance final va a depender de los requisitos que se establezcan, de la situación particular de cada derecho minero y de cómo se resuelvan las solicitudes cuando varias coincidan sobre una misma zona.

Contratos de explotación: incentivos para los dueños de concesiones

El proyecto también busca facilitar los acuerdos entre pequeños mineros y titulares de concesiones vigentes. Para ello, plantea beneficios a quienes suscriban contratos de explotación por un periodo mínimo de tres años.

Según explicó Shinno, los titulares que celebren estos convenios podrían pagar el derecho de vigencia con la tarifa correspondiente a los pequeños productores mineros y quedar exentos de determinadas penalidades en el área comprendida en el acuerdo.

Este punto concentró parte de las observaciones formuladas durante el debate de la iniciativa. La discusión giró en torno a qué garantías existen para que los contratos se concreten y si el Estado debería contar con mecanismos adicionales para facilitar el acceso a concesiones sin actividad.

La propuesta también delimita las responsabilidades ambientales según exista o no un contrato vigente. Cuando hay un acuerdo, el operador respondería por las infracciones derivadas de su propia actividad. Si no existe contrato, el titular de la concesión podría asumir responsabilidad solidaria si la autoridad acredita su participación en los hechos. Este requisito fue cuestionado durante la sesión por las dificultades que podría generar para establecer responsabilidades ante un daño ambiental.

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Formape asumiría permisos ambientales y trazabilidad del mineral

La Ley MAPE plantea crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), una entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas que concentraría buena parte de la operación del sistema: evaluaría los instrumentos de gestión ambiental, autorizaría el inicio o reinicio de operaciones y administraría los sistemas de información y trazabilidad.

Esa trazabilidad, que es el seguimiento del mineral a lo largo de su recorrido, no se limitaría al productor. La idea es registrar el camino completo, desde el origen y el traslado hasta la recepción, el procesamiento y la venta, de modo que también queden dentro del radar los acopiadores, transportistas y comercializadores.

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Además, el proyecto suma una ventanilla única que centralizaría los trámites y una casilla electrónica para comunicarse con los operadores. A eso se agrega la autorización expresa para que el Banco de la Nación ofrezca servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales, una medida con la que se busca incluirlos en el sistema financiero y, al mismo tiempo, seguir el rastro de sus transacciones.

Mientras el Formape no esté en funcionamiento, el Minem se encargará del régimen de consolidación y el Ejecutivo tendrá 120 días para presentar la propuesta que defina cómo se organizará el nuevo organismo y qué funciones tendrá.