El resultado se produjo junto con un aumento de la población ocupada en la capital, que se acercó a los 6 millones de personas. En paralelo, los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestran que la creación de puestos formales también mantiene una trayectoria positiva a nivel nacional, aunque se trata de indicadores diferentes y que permiten observar distintas dimensiones del empleo.

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Desempleo mantiene tendencia descendente en Lima

Según el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del INEI, la tasa de desempleo alcanzó 4,7% durante el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2026. La cifra representa una reducción considerable frente al 9,4% registrado en el primer trimestre de 2022.

En términos absolutos, 294.100 personas buscaron activamente un empleo durante el periodo analizado en Lima Metropolitana. Este grupo representa una parte de la población económicamente activa que no logró incorporarse a un puesto de trabajo pese a encontrarse disponible y realizando acciones para conseguirlo.

La evolución del desempleo coincide con un aumento significativo de la población ocupada. Entre mayo y julio, 5 millones 988.700 personas tenían un empleo en Lima Metropolitana, 7,7% más que en similar trimestre móvil de 2025. El incremento equivale a 425.800 personas adicionales.

Mujeres concentran mayor tasa de desempleo

El descenso del indicador general no fue igual para hombres y mujeres. Del total de personas desempleadas en Lima, 163.000 fueron mujeres, equivalentes al 55,4%, mientras que 131.100 fueron hombres, el 44,6%.

La diferencia también se refleja en las tasas. El desempleo femenino llegó a 5,5%, mientras que el masculino se ubicó en 3,9%.

El dato resulta relevante para analizar la evolución del mercado laboral más allá de la cifra general. Aunque la tasa de desempleo de Lima alcanzó su menor nivel desde 2022, las condiciones de acceso al trabajo continúan presentando diferencias entre determinados grupos de la población.

La mejora de los indicadores laborales también alcanzó los ingresos. De acuerdo con el INEI, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana aumentó 4,6%, hasta superar los S/2.300.

A ello se suma el comportamiento de la masa salarial. Durante el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2026, esta aumentó 13,8% respecto de similar periodo del año anterior.

La masa salarial comprende el conjunto de remuneraciones acumuladas por los trabajadores dependientes e independientes, tanto por su actividad principal como secundaria, durante los tres meses considerados en el trimestre móvil.

Su crecimiento está relacionado con la evolución simultánea del número de personas ocupadas y de sus ingresos. En este caso, el aumento de 7,7% de la población ocupada en Lima se produce junto con una mayor masa salarial y un incremento del ingreso promedio.

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Empleo formal crece 4,2% a nivel nacional

Fuera de Lima, el mercado laboral también presenta señales de expansión, aunque con un indicador distinto. El empleo formal a nivel nacional aumentó 4,2% interanual en junio de 2026, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Con este resultado, se incorporaron 251.000 puestos de trabajo formales en comparación con junio de 2025. El BCRP señaló que el ritmo de crecimiento se mantiene en niveles similares a los observados durante los meses anteriores.

El comportamiento del empleo formal es relevante porque permite observar la evolución de los puestos registrados en el mercado laboral formal del país, mientras que la tasa de desempleo del INEI mide la proporción de personas que no tienen trabajo y buscan activamente uno. Por ello, ambos indicadores no deben interpretarse como equivalentes.

Servicios, agro y comercio lideran creación de puestos

Dentro del sector privado, el empleo formal registró un crecimiento interanual de 5,6% en junio, ligeramente superior al 5,4% observado en mayo.

El mayor aporte en términos de nuevos puestos provino de servicios, agropecuario y comercio. El sector servicios agregó alrededor de 99.000 puestos respecto de junio de 2025, mientras que el agropecuario sumó 49.000 y comercio incorporó 43.000.

El sector agropecuario destacó además por su ritmo de expansión: el empleo formal en esta actividad aumentó 11,9% interanual. La minería presentó una tasa todavía mayor, de 12,4%, aunque su aporte absoluto fue menor, con unos 17.000 puestos adicionales.

La combinación de estos datos permite observar dos movimientos paralelos en el mercado laboral peruano. En Lima Metropolitana, la menor tasa de desempleo está acompañada por un incremento de la población ocupada, mientras que en el conjunto del país el empleo formal continúa aumentando y encuentra sus principales motores en actividades como servicios, agropecuario y comercio.

Para los próximos meses, el comportamiento de estos indicadores estará condicionado por la evolución de las actividades económicas que concentran la mayor cantidad de trabajadores. En Lima, los próximos informes del INEI permitirán verificar si la tasa de desempleo permanece por debajo de los niveles registrados durante los últimos años, mientras que los reportes del BCRP mostrarán si el crecimiento del empleo formal mantiene el ritmo observado hasta junio.

La estabilidad aparece como el principal refugio frente a esa incertidumbre. El 43% de los trabajadores señala que es justamente lo que más valora de su empleo actual, por encima del clima laboral y los compañeros (21%), las oportunidades de crecimiento profesional (24%) y la posibilidad de ser creativo (12%).

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La tendencia no es exclusiva del Perú, pues este temor alcanza al 87% de los trabajadores en Panamá, al 85% en Ecuador, al 81% en Chile y al 80% en Argentina.

Miedo a cambiar de trabajo: 31% de peruanos teme dar el salto

La inseguridad no termina en el temor a perder el empleo, ya que el 31% de los trabajadores peruanos reconoce que también le da miedo buscar uno nuevo, principalmente por la posibilidad de no encontrar una oferta atractiva y estable dentro de su sector, una preocupación que menciona el 37%.

También existe una preocupación más concreta: el 11% teme que la nueva empresa atraviese recortes o despidos poco después de su ingreso. Otro 10% evita cambiar por no perder los beneficios acumulados con su antigüedad y un 7% teme dejar atrás los años construidos en su actual posición.

Ese comportamiento se relaciona con el llamado Job Hugging, término que describe la tendencia de aferrarse al puesto actual por miedo a la incertidumbre. No significa necesariamente que una persona esté satisfecha con su trabajo. De hecho, puede permanecer en un puesto precisamente porque percibe que renunciar es más peligroso que continuar allí.

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La contradicción se vuelve más evidente cuando se observa que el 79% de los talentos dice estar pensando en cambiar de trabajo. Sin embargo, seis de cada diez revisan ofertas laborales, pero nunca llegan a postular. La mayoría de quienes evalúan un cambio lo hace desde hace menos de seis meses, aunque un 13% lleva entre uno y tres años o más considerando esa posibilidad.

Seis de cada 10 sienten que su carrera está estancada

La permanencia por seguridad convive con una sensación de falta de avance, puesto que el 62% de los trabajadores peruanos considera que su carrera laboral está estancada, aunque se trata del porcentaje más bajo entre los cinco países analizados. En Argentina, por ejemplo, la cifra llega al 75%.

Además, el 43% de los trabajadores peruanos afirma que no está motivado en su empleo actual. Entre quienes muestran poco o ningún compromiso, la principal razón es no sentirse valorados (29%), seguida de la falta de motivación (26%). También aparecen factores como un entorno laboral tóxico (12%), la incomodidad con los valores de la organización (14%), el agotamiento laboral (8%) y el rechazo directo hacia el trabajo que realizan (9%).

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El Job Hugging podría crecer en los próximos años

Aunque el 46% de los trabajadores peruanos se identifica directamente con el Job Hugging, el fenómeno también se refleja en el miedo a cambiar, la búsqueda de estabilidad y la cautela ante nuevas oportunidades. De quienes lo reconocen, el 24% lleva más de un año en esta situación.

La tendencia podría mantenerse: el 89% de especialistas prevé que aumentará en los próximos años, principalmente por el temor a no encontrar otro empleo (28%), perder estabilidad (24%), la incertidumbre global (14%) y el contexto económico (8%). El estudio, realizado entre 4.646 trabajadores y especialistas de RR. HH. de cinco países, evidencia una tensión: muchos quieren cambiar de empleo, pero temen hacerlo cuando perciben un futuro laboral incierto.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

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Interbank

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Scotiabank

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• Venta: S/3,927

El Ejecutivo sostiene que el sistema actual puede generar incentivos para que algunos negocios no crezcan, debido a que pasar de un régimen a otro implica asumir nuevas obligaciones. Sin embargo, durante la exposición no se precisó qué regímenes serían modificados, qué tasas cambiarían ni cómo funcionaría el eventual nuevo esquema.

La propuesta forma parte de una agenda que también busca reducir la informalidad y evasión, ampliar el financiamiento e impulsar la inversión pública y privada, aunque varias medidas aún requieren proyectos, reglamentos o decisiones de inversión.

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Reforma a las mypes: ¿qué plantea el Gobierno y qué falta definir?

El diagnóstico presentado por Galarreta parte de una dificultad que enfrentan las empresas cuando aumentan sus ingresos y deben asumir mayores obligaciones tributarias. Según el Ejecutivo, la estructura actual puede generar incentivos para que algunos negocios eviten superar determinados niveles de ventas, dividan sus operaciones o permanezcan en la informalidad.

Por ello, el Gobierno solicitará facultades para revisar los regímenes tributarios dirigidos a las empresas de menor tamaño. La propuesta busca, según explicó el premier, simplificar las reglas y hacer más gradual la transición a medida que los negocios aumenten su capacidad y sus ingresos.

Pero el anuncio todavía no permite conocer cómo cambiaría la situación de una mype en términos concretos.

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Durante su presentación no se detallaron nuevas tasas del Impuesto a la Renta, límites de ingresos, número de regímenes que permanecerían vigentes ni las condiciones que tendría una empresa para pasar de una categoría a otra. Tampoco se precisó si la reforma implicaría una reducción de la carga tributaria para determinados negocios o, por el contrario, un mayor pago para otros.

Facultades también contemplan cambios en Impuesto a la Renta y aduanas

El pedido de facultades no se limitaría a las mypes. Galarreta anunció también una simplificación de obligaciones formales, modificaciones y precisiones en las reglas del Impuesto a la Renta y una modernización del régimen aduanero, es decir, de las normas relacionadas con el ingreso y salida de mercancías del país.

El Gobierno también plantea revisar algunas exoneraciones tributarias. Sin embargo, tampoco en este punto se identificaron durante el discurso cuáles serían los beneficios que podrían modificarse ni qué efecto tendría esa revisión sobre los sectores actualmente comprendidos.

La agenda tributaria estará acompañada por cuatro comisiones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé crear para abordar la informalidad laboral, el financiamiento de empresas y proyectos, la inversión pública y la evasión tributaria.

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En el caso de la informalidad, el objetivo anunciado es ampliar el número de trabajadores y empresas que ingresan a la economía formal. En financiamiento, el Ejecutivo plantea facilitar el acceso de las empresas a recursos para desarrollar proyectos. En ambos casos, el Gobierno ha planteado hacia dónde quiere llegar, pero todavía no ha precisado con qué medidas lo hará.

Algo similar ocurre en otros puntos de la agenda económica. Para las mypes, por ejemplo, el Gobierno prevé requerimientos por cerca de S/11 millones durante el segundo semestre de 2026 a través de Compras a MYPErú, principalmente para los sectores textil-confecciones, cuero y calzado y metalmecánica.

En el agro, anunció más de S/1.000 millones en desembolsos de AGROPERÚ y AGROBANCO durante 2026, además del destrabe de 75 obras de riego paralizadas, que representan una inversión de S/618,9 millones.

En energía, la meta es incorporar seis proyectos de generación que sumarían 1.096 megavatios hacia julio de 2027. En minería, el Gobierno menciona una cartera de más de US$33.000 millones hasta 2031. Sin embargo, esas inversiones dependen de empresas privadas. Galarreta señaló que el Estado buscará reducir trabas y dar mayor predictibilidad a los proyectos, sin rebajar las exigencias ambientales.

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También se anunció que el Tratado de Libre Comercio con Hong Kong entrará en vigor durante 2026, además de una ampliación de las compras corporativas del Estado.

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La obligación no se limita a empresas de gran tamaño. Para este año, la Sunat estableció que las personas jurídicas con ingresos netos de más de 25 UIT y hasta 50 UIT deben declarar en julio; aquellas con ingresos de más de 10 UIT y hasta 25 UIT, en septiembre; y las que registraron hasta 10 UIT, en noviembre. Las demás personas jurídicas que no estén comprendidas en estos tramos también deberán presentar la declaración en noviembre, independientemente de su nivel de ingresos.

El esquema forma parte de las reglas establecidas por la Resolución de Superintendencia N.° 000168-2025/Sunat, publicada en mayo de 2025, que fijó los sujetos obligados a presentar la declaración en 2025, 2026 y los años siguientes.

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¿Quién es el beneficiario final?

El concepto puede generar confusión porque no necesariamente corresponde al representante legal de una empresa ni a quien aparece formalmente como su gerente. Para la administración tributaria, el beneficiario final es la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla una persona jurídica o ente jurídico, incluso cuando esa propiedad o control se ejerce de manera indirecta mediante una cadena de titularidad.

En el caso de una empresa, uno de los criterios considera a la persona natural que posee, directa o indirectamente, una participación relevante en el capital. Si no es posible determinar al beneficiario mediante el criterio de propiedad, deben revisarse las condiciones de control. La normativa también contempla un criterio residual cuando no pueda identificarse al beneficiario bajo los mecanismos anteriores.

La información que se busca no se limita, por tanto, al nombre del accionista que aparece inmediatamente en una estructura empresarial. La finalidad es conocer quién está al final de la cadena de propiedad o quién ejerce efectivamente el control.

El trámite se realiza por internet

La declaración se presenta mediante el Formulario Virtual N.° 3800, disponible en Sunat Operaciones en Línea (SOL). El contribuyente debe ingresar con su código de usuario y clave SOL, seleccionar la opción correspondiente a las declaraciones informativas y completar la información solicitada.

No todos los casos requieren el mismo procedimiento. La Sunat precisa que, cuando se declara a un solo beneficiario final que reside en el Perú y posee directamente como mínimo el 10% del capital de la persona jurídica, la información puede consignarse directamente en el Formulario 3800.

En otros casos se debe utilizar además el archivo generado mediante el aplicativo Excel habilitado por la administración tributaria. Esto ocurre, por ejemplo, cuando existen varios beneficiarios finales, cuando el beneficiario no reside en el Perú o cuando la propiedad o el control se determina mediante una cadena de titularidad o de control.

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También alcanza a fondos y patrimonios

La obligación no se circunscribe a las sociedades comerciales tradicionales. También comprende a determinados entes jurídicos domiciliados en el Perú, entre ellos patrimonios autónomos, fideicomisos y fondos de inversión o fondos mutuos, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.

Para estos casos, el periodo de presentación correspondiente es noviembre de 2026. La Sunat también establece que los entes jurídicos constituidos en el país e inscritos en el RUC entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre de 2026 deberán cumplir con la declaración en las fechas correspondientes al periodo noviembre de 2026.

La obligación tiene su origen en el Decreto Legislativo N.° 1372, publicado en 2018, y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 003-2019-EF. Estas normas establecieron el deber de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la identidad de sus beneficiarios finales y definieron los mecanismos para obtener, conservar y utilizar esa información.

El objetivo está relacionado con la transparencia de las estructuras de propiedad y control y con las obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria. La información también forma parte de las herramientas utilizadas en la prevención de la evasión y elusión fiscal y del lavado de activos.

Un punto que deben considerar los contribuyentes es que la declaración no tiene que presentarse necesariamente todos los años. La propia Sunat señala que debe actualizarse cuando la información declarada cambie.

Para quienes tienen vencimiento en los próximos meses, el calendario ya está definido: julio para el tramo de más de 25 hasta 50 UIT, septiembre para quienes superan 10 UIT y llegan hasta 25 UIT, y noviembre para quienes tienen ingresos de hasta 10 UIT y para los demás sujetos comprendidos en los supuestos establecidos por la resolución.

Solo en junio se ejecutaron US$662 millones, el monto mensual más alto del año y 39,1% superior al registrado en junio de 2025. Frente a mayo, el incremento fue de 10,6%. Los mayores avances interanuales se produjeron en Desarrollo y Preparación, con 113,5%; Infraestructura, con 84,9%; y Otros, con 76,6%. También aumentaron Planta de Beneficio (11,4%) y Exploración (2,8%).

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La composición del crecimiento es relevante porque muestra que el mayor gasto no necesariamente significa que nuevas minas estén entrando inmediatamente en producción. Parte del dinero se dirige a sostener o ampliar unidades existentes, una dinámica que permite mantener capacidad productiva mientras los proyectos de mayor escala atraviesan sus distintas etapas de evaluación, permisos y construcción.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya había registrado este cambio de ritmo durante el primer trimestre. Entre enero y marzo, la inversión minera llegó a US$1.500 millones, US$456 millones más que en el mismo periodo de 2025. En ese momento, Southern Peru, Shougang, Las Bambas y Antamina concentraron los mayores desembolsos.

El dinero se concentra en pocas compañías

El ranking empresarial del primer semestre vuelve a mostrar una alta concentración de la inversión en grandes operaciones mineras.

Southern Peru Copper Corporation aparece en el primer lugar, impulsada por desembolsos en la acumulación Toquepala 1 y la planta de beneficio Concentradora de Botiflaca, además de inversiones en infraestructura, desarrollo, preparación y equipamiento.

En segundo lugar figura Shougang Hierro Perú, cuya inversión creció 135,4% interanual, principalmente por mayores desembolsos en la planta de beneficio Acumulación San Nicolás y en la unidad económica administrativa CPS 1.

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Minera Las Bambas ocupa la tercera posición, con inversiones vinculadas a sus unidades Ferrobamba y Chalcobamba. El caso de Las Bambas resulta especialmente relevante por el tamaño de los desembolsos que requiere mantener y ampliar una operación de esta escala.

La concentración no es nueva. Al cierre del primer trimestre, Southern había invertido US$188 millones, Shougang US$153 millones y Las Bambas US$144 millones. En conjunto con Antamina, las cuatro compañías explicaban 40% de la inversión minera ejecutada en ese periodo.

Esto significa que una parte considerable del crecimiento registrado durante el año depende de decisiones de inversión tomadas por un grupo relativamente reducido de empresas. Por ello, el aumento de la cifra agregada no debería confundirse automáticamente con una expansión generalizada de toda la actividad minera.

Hay proyectos, pero no todos están listos para producir

El otro dato que permite poner el resultado en contexto es la cartera de proyectos. La edición 2026 del Minem contempla 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$64.075 millones. Sin embargo, ese monto corresponde a una cartera de iniciativas en diferentes etapas, no a dinero que esté siendo ejecutado actualmente.

La diferencia es importante. Entre una propuesta incluida en una cartera y una operación que empieza a producir pueden pasar varios años. Los proyectos atraviesan exploración, estudios de factibilidad, evaluación ambiental, permisos, construcción y puesta en marcha. Por eso, el valor total de la cartera funciona como una referencia del potencial futuro, pero no equivale a inversión asegurada.

En paralelo, el Minem reportó en marzo una cartera de 69 proyectos de exploración por US$757 millones. La exploración es precisamente una de las etapas que determina cuánto del potencial geológico puede convertirse posteriormente en nuevas operaciones.

El BCRP también contempla un escenario de mayor inversión minera para 2026-2027, asociado principalmente con proyectos como Tía María, Reposición Antamina y Reposición Ferrobamba. En 2025, la inversión minera ascendió a US$6.225 millones, según el banco central.

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El desafío no termina con invertir

El crecimiento de 42,7% llega en un momento en que el sector minero mantiene un peso importante en la economía peruana, pero también enfrenta obstáculos para convertir proyectos en producción efectiva.

El incremento de los desembolsos en infraestructura y desarrollo indica que las empresas están destinando más recursos a sus operaciones. No obstante, para que ese esfuerzo se traduzca en mayor producción, exportaciones, empleo y recaudación, los proyectos deben avanzar más allá de las etapas de inversión y sostener su actividad en el tiempo.

Otro elemento es la distribución territorial. La cartera de proyectos abarca 19 departamentos, pero la ejecución efectiva continúa dependiendo de la ubicación de las grandes operaciones y de la capacidad de cada proyecto para superar sus etapas administrativas, ambientales y sociales.

Los recursos fiscales asociados a la minería también tienen una dimensión regional. Entre enero y abril de 2026, el Minem reportó más de S/15.000 millones en ingresos fiscales provenientes de la actividad minera y transferencias superiores a S/4.121 millones por canon, regalías mineras y derecho de vigencia y penalidad.

La cifra de inversión, por tanto, cuenta solo una parte de la historia. El salto hasta los US$3.304 millones muestra una aceleración clara de los desembolsos, pero el resultado económico de este ciclo dependerá de cuánto de ese capital termine ampliando la producción y cuánto permanezca destinado al sostenimiento de operaciones existentes.

Mientras tanto, las compañías que concentran las mayores inversiones continúan definiendo buena parte del ritmo del sector. En junio, con US$662 millones ejecutados en un solo mes, el mercado minero volvió a colocar sobre la mesa una pregunta que va más allá del monto anunciado: cuánto de esta inversión terminará convirtiéndose en nueva capacidad productiva y en qué plazo.

La iniciativa se sustenta en el artículo 16 de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que establece que los aportes, tanto obligatorios como voluntarios, pueden efectuarse mediante aplicativos móviles, billeteras móviles, agentes bancarios u otros mecanismos innovadores, de acuerdo con las normas que se desarrollen para su aplicación.

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¿Qué propone la SBS para pagar los aportes?

El proyecto incorpora un nuevo artículo al Compendio de Normas Reglamentarias del SPP para establecer que empleadores, trabajadores dependientes e independientes y terceros puedan realizar aportes previsionales mediante billeteras digitales, otros aplicativos digitales, cajeros corresponsales u otros mecanismos permitidos por la regulación vigente.

Esto abre la puerta a que el pago de una contribución previsional pueda efectuar se utilizando canales digitales que ya forman parte de las operaciones financieras cotidianas, en lugar de concentrar el proceso en los mecanismos tradicionales de recaudación.

La propuesta también define a las denominadas instituciones intermediarias. Estas serían las entidades de servicios de pago contempladas en la Circular N.° 0022-2025-BCRP, siempre que suscriban los convenios correspondientes con las Empresas Administradoras de Fondos (EAF).

Los convenios deberán establecer las condiciones y plazos del servicio. Entre otros puntos, la institución intermediaria tendrá que transferir los recursos recaudados a más tardar el segundo día hábil posterior al pago y cumplir con disposiciones relacionadas con la recepción, validación, registro, custodia y transferencia de los aportes.

Bancos y financieras: ¿qué papel tendrán?

La propuesta mantiene la posibilidad de que la recaudación de los aportes sea realizada por las EAF o, en su nombre, por empresas bancarias, financieras u otras entidades autorizadas por la SBS que operen en el país. Para ello, deberán existir convenios entre la administradora y la institución recaudadora.

Estos acuerdos tendrán que establecer, entre otros aspectos, los servicios que brindará la entidad, la retribución correspondiente y las condiciones para transferir los recursos. El proyecto señala que el dinero recaudado deberá ser abonado el mismo día en las cuentas establecidas para tal finalidad.

Además, el costo del servicio de recaudación será asumido por la EAF que lo solicite. El proyecto establece expresamente que este gasto no podrá trasladarse al afiliado, al fondo de pensiones ni al empleador.

Otro punto planteado por la SBS es evitar acuerdos de exclusividad. Las instituciones recaudadoras deberán mantener condiciones equivalentes de precio, calidad y plazos cuando celebren convenios con otras EAF que puedan solicitar el servicio. Tampoco podrán establecer mecanismos que generen un trato preferencial para determinados afiliados o empleadores.

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Normas de seguridad para los aportes

La ampliación de los canales de pago no supone únicamente incorporar nuevas plataformas. El proyecto establece exigencias relacionadas con la seguridad de las operaciones, la continuidad del servicio y la protección de la información.

Las instituciones intermediarias deberán cumplir las disposiciones de la SBS sobre gestión del riesgo operacional, continuidad operativa, seguridad de la información y ciberseguridad que correspondan a los servicios que proporcionen.

El objetivo declarado por la Superintendencia es que los aportes realizados mediante estos nuevos mecanismos puedan ser identificados y acreditados correctamente en las cuentas individuales de capitalización (CIC) de los afiliados.

La Resolución SBS N.° 01651-2026 autorizó la publicación del proyecto para consulta pública. El plazo establecido fue de 15 días calendario para que ciudadanos, entidades y demás interesados presenten comentarios y observaciones. Por ahora, se trata de una propuesta normativa y no de una regla definitiva.

La discusión sobre los canales de pago se produce mientras el nuevo marco previsional busca incorporar progresivamente mecanismos que permitan ampliar la cobertura y facilitar la realización de aportes. En ese escenario, la principal modificación planteada por la SBS se encuentra en la forma de ingresar el dinero al sistema y en los controles que deberán cumplir los actores que intervengan en esa operación.

El escenario adquiere relevancia ante la persistencia de las condiciones asociadas a El Niño. El ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y contempla escenarios de intensidad fuerte y extraordinaria hacia los próximos meses, aunque la evolución del fenómeno dependerá de las condiciones del océano y la atmósfera.

El impacto económico no necesariamente se produciría de manera uniforme. Un cultivo puede resultar afectado directamente por lluvias intensas, mientras que otro puede enfrentar problemas para llegar a los mercados debido al deterioro de carreteras. En ambos casos, el resultado puede ser una menor cantidad de productos disponibles para los consumidores.

Costa norte concentra parte importante de la producción

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad aparecen entre las zonas que podrían enfrentar una mayor exposición. De acuerdo con Elgegren, estas cuatro regiones concentran más del 23% de la producción agrícola nacional y tienen una elevada exposición a inundaciones, además de posibles daños en vías de comunicación e infraestructura.

La vulnerabilidad, sin embargo, no se limita a la costa. El especialista indica que en la sierra sur los riesgos están vinculados principalmente con eventuales condiciones de sequía, que pueden afectar la agricultura de secano y la ganadería.

El riesgo climático para el sector agrario tampoco es menor a escala nacional. Según el dato citado por Elgegren, el 39,62% de los distritos del país presenta condiciones de vulnerabilidad frente a eventos climáticos.

El problema para los consumidores aparece cuando un menor volumen de producción coincide con dificultades logísticas. “Si las carreteras se bloquean, los productos tampoco pueden llegar a las ciudades”, explicó Elgegren. En ese escenario, incluso una producción que no haya sido completamente destruida puede terminar llegando en menor cantidad o con mayores costos de transporte.

Limón, mango, arroz y otros alimentos bajo presión

Entre los productos que podrían registrar mayores variaciones figuran el limón, mango, arroz, cebolla, tomate y papa, de acuerdo con la evaluación del economista. El pescado también podría presentar cambios de precio debido a que el calentamiento del mar puede modificar la disponibilidad de determinadas especies.

La experiencia reciente permite dimensionar el mecanismo, aunque no implica que las mismas variaciones vayan a repetirse. Durante el Niño Costero de 2017, las lluvias, inundaciones e interrupciones de carreteras afectaron la producción y el transporte de alimentos. El BCRP reportó que el precio del limón aumentó 133% en agosto de ese año y aportó 0,44 puntos porcentuales a la inflación mensual.

El antecedente también muestra por qué no todos los alimentos reaccionan de la misma manera. El efecto de El Niño sobre el bolsillo depende de la producción disponible, las zonas afectadas, las condiciones de transporte y la posibilidad de sustituir un producto por otro.

Por ello, el rango de 20% a 100% no debe interpretarse como una proyección para toda la canasta alimentaria. Se trata de una estimación para determinados productos y escenarios de afectación de la oferta. El impacto sobre la inflación dependerá de cuánto duren las interrupciones y de la capacidad de los mercados para compensar la menor producción.

¿El impacto llegaría a la inflación?

El canal de transmisión sería relativamente directo: una menor cosecha reduce la oferta, mientras que el encarecimiento del transporte puede elevar el costo de llevar los productos hasta los principales centros de consumo. Si ambos factores ocurren simultáneamente, los precios pueden reaccionar con rapidez.

El BCRP ya ha documentado este tipo de episodios. En 2017, la inflación de marzo alcanzó 1,3%, la tasa mensual más alta desde 1998, en un contexto marcado por las alteraciones climáticas, inundaciones e interrupciones de carreteras. Posteriormente, algunos choques comenzaron a revertirse conforme se recuperó el abastecimiento.

La situación actual debe observarse bajo ese antecedente y no como una repetición automática de 2017. El ENFEN prevé condiciones que podrían favorecer lluvias por encima de lo normal en sectores de la costa norte y central durante los próximos meses.

Para los hogares, el riesgo no está únicamente en cuánto podría subir un producto, sino en cuánto tiempo permanecería elevado su precio. Un incremento temporal puede ser absorbido modificando el consumo o sustituyendo alimentos; uno prolongado, en cambio, puede presionar el presupuesto mensual y trasladarse a las decisiones de compra de las familias.

El desafío para el mercado será entonces evitar que una alteración climática termine convirtiéndose en un problema prolongado de abastecimiento. La evolución de las cosechas, las condiciones de las carreteras y el ingreso efectivo de productos a los principales mercados serán indicadores clave para determinar si el impacto queda concentrado en determinados alimentos o termina teniendo un efecto más amplio sobre el costo de vida.