La información fue recopilada por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) a partir de los reportes oficiales de Perupetro. Los datos muestran que los lotes con mayor producción fueron el Lote 95, ubicado en Loreto, con 10.658 barriles diarios; el Lote X, en Piura, con 8.233 barriles diarios; y el Lote Z-69, también en Piura, con 2.954 barriles diarios. En contraste, varios lotes continúan sin registrar producción, entre ellos el Lote 67, XV, XX y Z-6.

El comportamiento de julio marca una diferencia importante entre la variación mensual y la tendencia de fondo. Mientras que el incremento respecto a junio refleja cierta estabilización operativa en algunos campos, la comparación interanual evidencia una pérdida significativa de capacidad productiva. La propia SPH señaló que la caída frente a julio de 2025 confirma un proceso de reducción sostenida de la producción petrolera nacional.

Una industria cada vez más pequeña

El retroceso actual contrasta con la trayectoria histórica del sector. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Perú llegó a producir más de 190.000 barriles diarios a comienzos de la década de 1980 y todavía superaba los 100.000 barriles diarios en varios años de la década de 1990. La producción actual representa menos de la mitad de los niveles observados hace veinte años y apenas cubre una fracción de la demanda interna de combustibles.

Esta brecha obliga al país a depender crecientemente de las importaciones de diésel, gasolinas y crudo, lo que incrementa la exposición de la economía peruana a las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo y del tipo de cambio. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los combustibles continúan siendo uno de los componentes relevantes de las importaciones de bienes intermedios, por lo que una menor producción local tiene efectos sobre la balanza comercial energética.

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Loreto y Piura sostienen la producción

El Lote 95, operado en la cuenca del Marañón, se ha convertido en el principal soporte de la producción nacional. Su aporte representa cerca de un tercio del total extraído en julio y mantiene a Loreto como la región petrolera más importante del país.

En Piura, los lotes X y Z-69 continúan siendo los principales productores de la costa norte. Sin embargo, los volúmenes de estos campos son insuficientes para compensar la ausencia de otros lotes que permanecen paralizados o en niveles mínimos de actividad.

Uno de los casos más relevantes es el Lote 67, considerado durante años uno de los proyectos con mayor potencial de crecimiento para la Amazonía peruana. La falta de producción en este y otros lotes refleja problemas que van desde retrasos en inversiones hasta dificultades sociales, ambientales y regulatorias que han afectado el desarrollo de nuevos proyectos.

Menos exploración y reservas en descenso

El deterioro de la producción está estrechamente vinculado con la reducción de la actividad exploratoria. Datos de Perupetro muestran que en los últimos años el número de pozos exploratorios perforados ha sido considerablemente menor al registrado en décadas anteriores. La ausencia de nuevos descubrimientos limita la reposición de reservas y reduce las perspectivas de crecimiento de la producción futura.

En su comunicado, la SPH sostuvo que el país necesita un marco regulatorio más predecible, mayor agilidad en la aprobación de permisos y condiciones que faciliten el desarrollo de nuevos proyectos de exploración y producción. La organización advirtió que, sin nuevas inversiones, será difícil incrementar las reservas y reducir la dependencia de las importaciones de hidrocarburos.

La preocupación por las reservas no es menor. El Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos de Perupetro ha mostrado una tendencia decreciente en las reservas probadas de petróleo, lo que limita la capacidad del país para sostener su producción en el mediano plazo.

El contraste con el gas natural

Mientras el petróleo continúa retrocediendo, el gas natural mostró un comportamiento distinto en julio. La producción pasó de 1.551 millones de pies cúbicos diarios en junio a 1.554 millones en julio, lo que representó además un crecimiento de 9,6% respecto al mismo mes del año anterior. Los mayores aportes provinieron de los lotes 88, 56 y 57, ubicados en Cusco.

La diferencia entre ambos hidrocarburos refleja la importancia del proyecto Camisea para la seguridad energética peruana. El gas natural no solo abastece la generación eléctrica, sino también una parte creciente del consumo industrial y del transporte. Sin embargo, el buen desempeño del gas no compensa la caída petrolera, ya que ambos mercados tienen dinámicas y usos distintos.

Impacto fiscal y regional

La menor extracción de petróleo también tiene consecuencias sobre los ingresos públicos. Las regiones productoras reciben recursos a través del canon y sobrecanon petrolero, por lo que una reducción persistente de la producción puede traducirse en menores transferencias para gobiernos regionales y municipales, especialmente en Loreto y Piura.

Además, una industria con menor actividad reduce la demanda de servicios asociados —transporte, mantenimiento, perforación y logística— y afecta el empleo vinculado a la cadena de hidrocarburos.

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Los desafíos para revertir la caída

El Gobierno enfrenta varios frentes simultáneos para intentar recuperar la producción. Entre ellos destacan la reactivación de lotes paralizados, la definición de nuevos contratos de exploración y explotación, la mejora de la infraestructura de transporte de crudo en la Amazonía y la reducción de los tiempos administrativos para aprobar inversiones.

No obstante, incluso si se destrabaran algunos proyectos en el corto plazo, el efecto sobre la producción no sería inmediato. La exploración petrolera requiere varios años entre la adjudicación de un lote, la perforación de pozos, la evaluación de reservas y el inicio de la producción comercial.

El resultado de julio deja una señal mixta para el sector. El ligero aumento mensual sugiere que algunos campos mantienen capacidad de recuperación operativa, pero la caída de 23% en términos interanuales confirma que la industria petrolera peruana continúa atravesando una etapa de contracción estructural. Con una producción cercana a 37.000 barriles diarios, el país se mantiene muy lejos de los niveles históricos que permitían cubrir una parte importante de su demanda interna y enfrenta el desafío de decidir si apuesta por reactivar la exploración y el desarrollo de nuevos campos o si asume una dependencia cada vez mayor de los combustibles importados.

Las designaciones fueron publicadas mediante resoluciones supremas en el diario oficial El Peruano, donde se formalizó además la salida de Javier Eduardo Franco Castillo de la jefatura de la SUNAT y el nombramiento de Urteaga en reemplazo de la presidencia encargada que ejercía Luisa Ysila Castillo Soto.

La SUNAT tiene a su cargo la recaudación de tributos internos, la fiscalización de contribuyentes, la cobranza de deudas tributarias y el control aduanero, funciones establecidas en su Ley de Organización y Funciones y en la normativa tributaria vigente. Por su parte, el Tribunal Fiscal actúa como última instancia administrativa en materia tributaria y aduanera, de acuerdo con el Código Tributario peruano.

La relevancia de este cambio simultáneo radica en que ambas instituciones cumplen funciones complementarias: una determina y cobra tributos, mientras la otra revisa las controversias que surgen entre los contribuyentes y la administración tributaria.

El perfil del nuevo jefe de la SUNAT

Según la información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), César Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con especialización en Derecho Tributario y Corporativo. El MEF también señaló que ha desarrollado actividades académicas y profesionales vinculadas a la tributación.

Además, su trayectoria pública incluye haber sido ministro de Pesquería durante el gobierno de Alberto Fujimori, información que puede verificarse en los registros históricos de conformación del Consejo de Ministros de ese periodo.

Clara Urteaga asume el Tribunal Fiscal

El MEF informó que Clara Urteaga es abogada especializada en temas tributarios y que cuenta con estudios de maestría en Tributación y Política Fiscal. Su nombramiento la coloca al frente del órgano encargado de resolver apelaciones relacionadas con impuesto a la renta, IGV, sanciones tributarias, procedimientos de cobranza y controversias aduaneras, competencias previstas en el Código Tributario.

El contexto fiscal

El cambio ocurre en un escenario en el que el Estado busca fortalecer la recaudación tributaria y mantener la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Esta afirmación se sustenta en los documentos oficiales del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2029, publicado por el MEF, donde se plantea una trayectoria de reducción gradual del déficit fiscal y se identifica la mejora de los ingresos tributarios como uno de los componentes necesarios para alcanzar esas metas.

Asimismo, el Perú mantiene una presión tributaria inferior al promedio de los países de la OCDE, de acuerdo con el informe Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2025, elaborado por la OCDE, CEPAL, CIAT y BID. Ese documento muestra que la recaudación tributaria peruana, medida como porcentaje del PBI, se ubica por debajo del promedio de las economías de la OCDE y por debajo de varios países de América Latina y el Caribe.

Informalidad y evasión

Los elevados niveles de informalidad registrados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) representan un desafío para la ampliación de la base tributaria y la capacidad de recaudación del Estado. Los reportes del organismo muestran que una parte importante de los trabajadores y unidades productivas opera fuera del sector formal.

La informalidad reduce la base de contribuyentes y limita la capacidad del Estado para ampliar la recaudación sin incrementar las tasas impositivas a quienes ya cumplen con sus obligaciones tributarias.

Los retos para la nueva gestión de la SUNAT

Entre los desafíos inmediatos figura la modernización de los mecanismos de control digital. La SUNAT ha venido implementando herramientas como la facturación electrónica y los sistemas de cruce de información, avances que pueden verificarse en sus reportes institucionales y comunicados oficiales sobre transformación digital.

Otro reto será mantener un equilibrio entre fiscalización y facilitación del cumplimiento tributario. Diversos análisis del Banco Mundial y de organismos especializados en administración tributaria han señalado que sistemas tributarios más eficientes combinan controles efectivos con procedimientos menos complejos para los contribuyentes, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

En el ámbito aduanero, la SUNAT enfrenta el desafío de reforzar los controles contra el contrabando y otras modalidades de fraude vinculadas al comercio exterior, un tema abordado en reportes de la propia entidad y en estudios sobre comercio exterior.

El desafío del Tribunal Fiscal

Respecto del Tribunal Fiscal, uno de los temas más sensibles es la acumulación de expedientes pendientes de resolución. La existencia de una carga procesal significativa puede verificarse en las memorias institucionales y reportes de gestión del propio Tribunal Fiscal, donde se detalla el volumen de expedientes ingresados, resueltos y pendientes en cada ejercicio.

La demora en la resolución de controversias tributarias tiene efectos sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad para los contribuyentes, aspecto que ha sido señalado en estudios de política tributaria elaborados por especialistas y centros de investigación económica.

Un cambio con efectos más amplios

Aunque el MEF destacó en su comunicado la experiencia profesional, la gestión pública y la trayectoria académica de los nuevos funcionarios, el efecto de estas designaciones dependerá de las medidas concretas que adopten para mejorar la eficiencia de la recaudación, reducir la litigiosidad tributaria y fortalecer la capacidad operativa de ambas instituciones.

La importancia de este relevo trasciende el ámbito administrativo. La SUNAT influye directamente en los ingresos fiscales, mientras que el Tribunal Fiscal incide en la resolución de disputas tributarias y aduaneras que afectan a empresas de distintos sectores económicos.

Por ello, la renovación simultánea de ambas entidades marca el inicio de una etapa que será observada por contribuyentes, gremios empresariales, estudios tributarios y analistas económicos, especialmente en un contexto en el que el Perú busca mejorar la eficiencia de su sistema tributario, ampliar su base de recaudación y reducir los niveles de informalidad que aún limitan el crecimiento de los ingresos fiscales.

Ellos integrarán el órgano responsable de definir la política monetaria del país, incluyendo decisiones sobre la tasa de interés de referencia, el control de la inflación y la administración de las reservas internacionales.

Los nombramientos forman parte del proceso de renovación del Directorio del BCR correspondiente al nuevo período presidencial. Dos de los tres economistas designados no llegan por primera vez al Directorio del Banco Central: Luis Palomino y Gustavo Yamada ya integraron este órgano durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2021).

Dos regresan al Directorio del Banco Central

Luis Miguel Palomino Bonilla fue designado miembro del Directorio en agosto de 2016 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente ocupó la vicepresidencia del organismo. Economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Finanzas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, también fue economista jefe para América Latina de Merrill Lynch, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) y consultor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Por su parte, Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki también cuenta con experiencia previa dentro del Banco Central. En 2013 fue elegido director por el Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala y, tres años después, volvió a integrar el Directorio como representante del Poder Ejecutivo durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski.

Yamada es economista, doctor en Economía, profesor principal de la Universidad del Pacífico e investigador especializado en mercado laboral, pobreza, productividad, capital humano y crecimiento económico. A lo largo de su carrera ha desarrollado consultorías para organismos como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Inés Marylin Choy Chong representa el componente de continuidad dentro del Directorio del BCR. Economista y funcionaria de carrera de la institución desde 1977, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el Banco Central. Entre 2020 y 2021 se desempeñó como gerenta general del BCR y, desde noviembre de 2021, integra el Directorio, del cual también fue vicepresidenta.

Renovación del Directorio aún no concluye

La resolución publicada designa a los tres representantes del Poder Ejecutivo. La conformación definitiva del Directorio dependerá de las designaciones que correspondan al Congreso y del procedimiento constitucional para la designación y ratificación de la Presidencia del Banco Central.

La composición final del Directorio será observada por los mercados y los agentes económicos debido al papel que desempeña el BCR en la conducción de la política monetaria y en la preservación de la estabilidad macroeconómica del país.

Más allá de los nombramientos, el retorno de Luis Palomino y Gustavo Yamada supone la reincorporación de dos economistas que ya participaron en las decisiones del Banco Central durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, experiencia que vuelve a colocarlos en uno de los órganos técnicos con mayor influencia sobre la economía peruana.

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Un nombramiento con impacto económico

La renovación del Directorio del BCR suele ser observada con atención debido a que este órgano define las principales decisiones de política monetaria. Entre sus atribuciones se encuentran fijar la tasa de interés de referencia, aprobar las políticas necesarias para preservar la estabilidad de precios, administrar las reservas internacionales y adoptar decisiones relacionadas con la emisión monetaria.

Las decisiones que adopte el Directorio pueden influir en variables como el costo del crédito, el comportamiento del tipo de cambio, las expectativas de inflación y las condiciones de financiamiento para hogares y empresas.

Además, el inicio de un nuevo período presidencial suele venir acompañado de expectativas sobre la continuidad o eventuales cambios en la conducción de la política monetaria, particularmente en un contexto en el que la estabilidad macroeconómica continúa siendo uno de los principales activos del país.

Los nombramientos conforman el primer paso para completar la nueva composición del Directorio del Banco Central durante el actual gobierno. En las próximas semanas también se espera conocer la conformación definitiva del órgano, incluyendo a los representantes que corresponden designar al Congreso y las decisiones respecto a la presidencia del BCR.

La integración final del Directorio será seguida de cerca por inversionistas, entidades financieras, gremios empresariales y analistas económicos, debido al papel que desempeña el Banco Central en la estabilidad monetaria y financiera del Perú.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este jueves 6 de agosto?

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¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este miércoles 5 de agosto?

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De acuerdo con el calendario oficial, los primeros en recibir el abono serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mientras que los demás regímenes pensionarios y los trabajadores de la administración pública accederán a sus depósitos en fechas posteriores. Conocer el cronograma permitirá identificar el día previsto para el pago según el régimen al que pertenece cada beneficiario.

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Cronograma de pago para pensionistas de la ONP en agosto de 2026

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 cobrarán sus pensiones de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. El calendario oficial contempla las siguientes fechas:

• lunes 10 de agosto: apellidos de la A a la C.
• martes 11 de agosto: apellidos de la D a la L.
• miércoles 12 de agosto: apellidos de la M a la Q.
• jueves 13 de agosto: apellidos de la R a la Z.
• Del 17 al 26 de agosto: pago a domicilio para los beneficiarios que cuentan con este servicio.
• viernes 14 de agosto: depósito para pensionistas de convenios internacionales y de los regímenes comprendidos en la Ley N.° 27803, Decreto Ley N.° 18846, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N.° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).

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Fechas de pago para pensionistas de la Ley N.° 20530 y trabajadores del sector público

Los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 20530 recibirán el depósito de acuerdo con la entidad pública a la que pertenecen:

• viernes 14 de agosto: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.
• lunes 17 de agosto: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.
• martes 18 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
• miércoles 19 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Junta Nacional de Justicia (JNJ), Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.

En el caso de las remuneraciones de los trabajadores de la administración pública, el cronograma de depósitos será el siguiente:

• jueves 20 de agosto: Educación (incluidas universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.
• viernes 21 de agosto: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores.
• lunes 24 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además de Reniec.
• martes 25 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El cronograma fue establecido por el MEF para el año fiscal 2026 y será aplicado por el Banco de la Nación durante agosto. Antes de acudir a una agencia o realizar una operación, los beneficiarios pueden verificar la fecha correspondiente a su régimen o entidad para conocer cuándo estará disponible el depósito.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI. El texto dispone una evaluación integral del ministerio con el objetivo de identificar problemas de gestión y proponer eventuales medidas de reforma institucional

De acuerdo con la norma, la revisión estará a cargo de la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Midagri, que deberá elaborar un diagnóstico sobre la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector.

Qué aspectos estarán bajo evaluación

El decreto señala que el análisis incluirá varios frentes: planeamiento estratégico, gestión presupuestal, ejecución de inversiones públicas, mecanismos de integridad y control interno, además de otros aspectos considerados necesarios para determinar posibles acciones de mejora.

El alcance de la medida no se limita a la sede central del ministerio. También comprende a sus unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, que deberán proporcionar información y apoyo técnico durante el proceso de evaluación.

Esto significa que la medida podría involucrar áreas vinculadas a infraestructura de riego, desarrollo rural, agricultura familiar y programas de apoyo productivo, aunque el decreto no especifica qué dependencias serían objeto de cambios concretos.

Un proceso que puede derivar en reformas posteriores

La disposición establece un plazo de 120 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación. Durante ese periodo se deberá elaborar el diagnóstico y formular propuestas de reforma.

En términos prácticos, el Ejecutivo tendrá cuatro meses para determinar si existen duplicidades de funciones, problemas de coordinación, retrasos en la ejecución de inversiones o deficiencias en los procesos administrativos del sector.

Cualquier modificación concreta —como cambios en direcciones generales, creación o eliminación de oficinas, o ajustes en programas— requeriría normas adicionales. El decreto publicado este miércoles no modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Midagri ni altera la composición de sus viceministerios.

Los problemas que arrastra el sector

La evaluación del ministerio también coincide con un contexto en el que diversos proyectos de riego e infraestructura hidráulica han registrado observaciones por retrasos, ampliaciones de plazo y deficiencias técnicas.

La Contraloría General de la República ha emitido alertas de control sobre obras vinculadas al sector agrario, mientras que la plataforma de Consulta Amigable del MEF permite verificar diferencias en los niveles de ejecución presupuestal entre las unidades ejecutoras y proyectos especiales asociados al Midagri. Ambos sistemas son de acceso público y permiten contrastar el desempeño de las inversiones del sector.

El contexto político de la decisión

La reorganización se produce poco después del inicio de la gestión del ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz, quien asumió recientemente la conducción del sector. La decisión ocurre en un momento en que el Gobierno viene realizando ajustes en distintas entidades públicas y revisiones de su estructura administrativa.

El Midagri es una de las carteras con mayor presencia territorial debido a su relación con gobiernos regionales, juntas de usuarios, proyectos de irrigación y programas orientados a pequeños productores. Por ello, cualquier reforma en su organización puede tener efectos sobre la ejecución de obras y servicios vinculados al agro.

Presupuesto y ejecución de proyectos

Uno de los puntos relevantes del decreto es que el proceso deberá realizarse sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las actividades vinculadas al diagnóstico y a la formulación de propuestas deberán financiarse con el presupuesto institucional ya asignado al ministerio para 2026.

La inclusión de la ejecución de inversiones públicas dentro de los aspectos a evaluar resulta especialmente significativa en un sector donde los proyectos de riego y desarrollo rural suelen enfrentar observaciones por retrasos, sobrecostos o baja capacidad de ejecución.

En los últimos años, distintos proyectos especiales de irrigación han requerido reestructuraciones, cambios de gestión o revisiones de contratos, lo que ha mantenido el debate sobre la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura agraria de gran escala.

La medida coincide además con la preparación de un pedido de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo para emitir decretos legislativos durante 120 días en materias vinculadas con reactivación económica, simplificación administrativa, infraestructura y gestión de recursos hídricos. Aunque se trata de una iniciativa distinta al Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, ambos procesos se desarrollan de manera paralela y podrían influir en la política agraria y de riego en los próximos meses.

Qué se sabe hasta ahora

Con la información disponible, el principal efecto inmediato de la norma es el inicio formal de un proceso de revisión institucional. No se han anunciado todavía cambios específicos en viceministerios, direcciones, programas o proyectos especiales.

La evaluación de la cartera abre un periodo de incertidumbre sobre el alcance real de las reformas que podrían proponerse una vez concluido el diagnóstico. Por ahora, el decreto funciona más como una habilitación para revisar el funcionamiento del ministerio que como una reforma estructural ya definida.

El resultado de ese proceso dependerá de las conclusiones que presente la Oficina de Modernización y de las decisiones que adopte posteriormente el Ejecutivo respecto a la organización y gestión del principal ministerio encargado de la política agraria y de riego del país.

Aunque el volumen de solicitudes evidencia un mayor interés por explorar nuevos yacimientos, ello no implica que todas esas áreas terminarán convirtiéndose en proyectos mineros. Detrás de cada petitorio existe un proceso técnico, económico y geológico que puede extenderse durante varios años antes de determinar si un depósito tiene el potencial suficiente para ser explotado.

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, explica que la exploración minera comienza mucho antes de perforar un terreno. "La exploración no se hace en cualquier terreno. Se hace en un terreno que ha sido ubicado, que ha sido evaluado y en el cual hay indicios favorables de que se pueden encontrar minerales", señaló durante una entrevista. Añadió que esos indicios pueden provenir de afloramientos, estudios geológicos o análisis superficiales que permiten identificar zonas con mayor probabilidad de contener recursos minerales.

El especialista remarca que el verdadero objetivo de la exploración no es comprobar si existe algún mineral, sino determinar si este se encuentra en una concentración y volumen suficientes para justificar una inversión de gran escala. Esa evaluación incluye estudios geológicos, perforaciones, análisis de laboratorio y estimaciones económicas.

De acuerdo con el exministro, el riesgo inherente a esta etapa es elevado. "De cada diez proyectos que se escoge para exploración, uno pasa a la siguiente etapa", indicó. Incluso recordó que un gran yacimiento en operación puede ser el resultado de cientos o miles de exploraciones previas que nunca llegaron a desarrollarse comercialmente.

Este escenario ayuda a entender por qué el incremento de los petitorios no garantiza un aumento inmediato de la producción minera. Obtener una concesión otorga el derecho exclusivo para explorar un área, pero todavía es necesario demostrar que el recurso existe en condiciones que hagan viable su explotación.

Altos precios del cobre y la transición energética reactivan la exploración minera

El incremento de las solicitudes para acceder a nuevas concesiones ocurre en un contexto de elevados precios internacionales del cobre y el oro. Según la información difundida por Ingemmet, la entidad proyecta que este año el país superará los 11.000 petitorios mineros, impulsados principalmente por la demanda de estos metales en los mercados internacionales.

Para el ex titular de Minem, este comportamiento responde principalmente a un cambio estructural de la economía mundial más que a una coyuntura local.

"Es un buen indicador, pero más que un indicador del Perú es un indicador de la época", sostuvo al explicar que el mundo atraviesa un proceso de sustitución de los combustibles fósiles por tecnologías basadas en energías renovables, vehículos eléctricos y nuevos sistemas de almacenamiento energético.

A su juicio, esa transformación tecnológica está incrementando la demanda por una gama cada vez mayor de minerales. Mientras hace algunas décadas la industria dependía principalmente del hierro, el cobre o el aluminio, hoy la fabricación de equipos electrónicos, baterías, infraestructura energética y tecnologías de punta requiere una variedad mucho más amplia de elementos minerales.

"La transición energética es el gran consumidor de minerales", afirmó el exministro al explicar que este proceso está modificando las decisiones de inversión de las empresas mineras en distintas partes del mundo.

Otro factor que influye en el interés por nuevas exploraciones es la evolución de la calidad de los yacimientos disponibles. El exfuncionario sostiene que los depósitos de mayor ley mineral fueron explotados en décadas anteriores, por lo que actualmente las empresas enfrentan proyectos con menores concentraciones de metal y mayores costos de producción.

Ello obliga a incorporar nuevas tecnologías que permitan reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de los procesos. Sin embargo, además del componente técnico, cada proyecto debe evaluar aspectos como infraestructura disponible, acceso al agua y la energía, transporte, costos ambientales, obligaciones tributarias y condiciones sociales antes de iniciar una eventual explotación.

En ese contexto, el Perú mantiene una ventaja comparativa por su potencial geológico. Las áreas liberadas por el Estado cuentan con información previa elaborada por Ingemmet, lo que brinda a los inversionistas una referencia inicial sobre el potencial mineral existente antes de decidir si presentan un petitorio.

Para el especialista en temas mineros, además de la riqueza mineral, el país posee una larga tradición en esta actividad. "El Perú es favorable en cuanto a geología. El Perú tiene buenos antecedentes, es un país muy rico en minerales, pero también tiene una tradición minera", expresó. Agregó que las empresas encuentran mano de obra especializada, proveedores y servicios vinculados al sector, factores que también forman parte de la evaluación cuando deciden dónde desarrollar nuevos proyectos.

El exministro recordó que la posición del Perú en los rankings internacionales de atractivo para la inversión minera ha mostrado variaciones durante la última década. Según explicó, la caída registrada en algunos años no respondió a una menor disponibilidad de recursos minerales, sino a factores relacionados con gobernabilidad, estabilidad institucional y seguridad, variables que suelen ser consideradas por las compañías al momento de definir sus inversiones.

Mientras tanto, el crecimiento de los petitorios refleja que el interés por identificar nuevos yacimientos continúa vigente en un escenario internacional marcado por la creciente demanda de minerales estratégicos. No obstante, entre la presentación de una solicitud de concesión y el inicio de una operación minera existe un largo camino de estudios, permisos e inversiones, por lo que los resultados de las decisiones que hoy adoptan las empresas recién podrían observarse hacia el final de la próxima década. Como resume Herrera Descalzi, las inversiones en exploración responden a una visión de largo plazo y sus efectos solo se materializan después de varios años de evaluación y desarrollo.

La cartera señaló que, pese al ligero retroceso frente al 2025, el resultado continúa siendo superior al registrado en el primer semestre de 2019, antes de la emergencia sanitaria mundial, cuando el país recibía un flujo menor de visitantes internacionales. Esto refleja que el turismo mantiene una recuperación gradual, aunque todavía enfrenta desafíos vinculados a la conectividad aérea, la competencia regional y el contexto económico internacional.

De acuerdo con el reporte estadístico de Mincetur, Chile se mantuvo como el principal país emisor de turistas hacia el Perú durante los primeros seis meses del año. Desde ese mercado llegaron 350.217 visitantes, equivalente al 21,5% del total de ingresos internacionales. Sin embargo, el flujo registró una disminución de 3,9% respecto al mismo periodo de 2025.

En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con aproximadamente 320.000 visitantes, que representaron el 19,6% del total y mostraron un crecimiento de 3% frente al año anterior. El mercado estadounidense continúa siendo uno de los principales impulsores del turismo de larga distancia hacia el país.

Completaron la lista de los principales emisores Ecuador, con cerca de 128.000 turistas; Bolivia, con 84.000; Colombia, con 83.000; y Brasil, con 82.000 visitantes. En conjunto, estos seis mercados concentraron el 64,3% del total de llegadas internacionales registradas entre enero y junio.

Sudamérica continúa siendo el principal mercado para el turismo peruano

El informe de Mincetur también muestra que Sudamérica continúa siendo la principal región de origen de los turistas que llegan al Perú. Entre enero y junio arribaron 802.591 viajeros residentes en países sudamericanos, cifra equivalente al 49,2% del total de visitantes internacionales registrados durante el semestre.

La importancia de este mercado responde, en gran medida, a la cercanía geográfica, los menores costos de viaje y la amplia conectividad terrestre y aérea existente con países vecinos como Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Estos factores han permitido que el turismo regional mantenga una participación predominante dentro de la demanda internacional.

Por otro lado, las estadísticas oficiales indican que 61,9% de los peruanos residentes que viajaron al extranjero durante el primer semestre tuvo como destino algún país de Sudamérica, lo que confirma que la región continúa siendo el principal mercado tanto para el turismo receptivo como para el emisivo.

El desempeño del turismo internacional también está estrechamente vinculado con la recuperación del transporte aéreo. Datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) muestran que el tráfico mundial de pasajeros continúa creciendo respecto a los niveles previos a la pandemia, aunque con un ritmo más moderado debido a factores como la desaceleración económica en algunos mercados y el aumento de los costos operativos de las aerolíneas. En ese contexto, mantener y ampliar las rutas internacionales resulta clave para fortalecer el ingreso de visitantes al Perú.

Asimismo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) viene impulsando campañas de promoción en mercados prioritarios como Estados Unidos, Chile, Brasil y Europa, además de participar en ferias internacionales con el objetivo de incrementar la llegada de viajeros y diversificar la oferta turística nacional.

El turismo constituye una actividad con impacto directo en diversos sectores de la economía, como el transporte, la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios. Por ello, la evolución de los flujos internacionales es seguida de cerca tanto por las autoridades como por los gremios empresariales, que consideran necesario continuar fortaleciendo la promoción del destino Perú, mejorar la conectividad y consolidar las condiciones de seguridad para sostener la recuperación del sector.

Las cifras del primer semestre muestran que el país mantiene un volumen importante de visitantes internacionales, aunque el leve descenso frente al año anterior evidencia que la recuperación todavía enfrenta retos. La evolución de los próximos meses será determinante para conocer si el turismo logra cerrar el 2026 con un crecimiento respecto al 2025 o si la actividad consolida una etapa de estabilización tras la recuperación posterior a la pandemia.

Mediante una carta dirigida a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Educación (Minedu), el Colectivo de Aspirantes al programa de becas sostiene que el requerimiento presupuestal asciende a S/13.492,494, monto que, según indican, permitiría financiar 150 becas para estudios de maestría y doctorado en universidades del exterior.

El documento señala que el pedido no busca crear un nuevo programa ni generar una obligación adicional de gasto, sino recuperar el financiamiento de una convocatoria que, afirman, ya había sido identificada y sustentada por el propio Estado durante el proceso de formulación presupuestaria.

Como alternativa, los aspirantes plantean que el Ejecutivo evalúe una transferencia de partidas mediante decreto supremo, previa identificación de una fuente de financiamiento dentro del presupuesto vigente. También expresan su disposición a aceptar una adjudicación parcial de becas si las restricciones fiscales impiden cubrir la totalidad de la convocatoria prevista para este año.

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Para sustentar la viabilidad de esa alternativa, el colectivo afirma que el sector Educación ha cerrado regularmente los últimos ejercicios fiscales con más de S/1.000 millones de presupuesto no ejecutado. Según la carta, el monto requerido para financiar las 150 becas representa alrededor de 1% de esos recursos, por lo que plantea evaluar si existen partidas disponibles o con menor nivel de ejecución que puedan ser reorientadas legalmente hacia Pronabec sin crear una nueva necesidad de gasto.

La carta también menciona que el Ministerio de Educación había solicitado previamente los recursos para la convocatoria 2026, aunque estos finalmente no fueron incorporados al crédito suplementario aprobado por el Congreso. Asimismo, recuerda que durante el debate presupuestario el propio MEF hizo referencia a la existencia de mecanismos de modificación presupuestaria que podrían ser utilizados por los sectores para atender necesidades de financiamiento durante el ejercicio fiscal.

Transferencia de partidas aparece como alternativa para financiar la convocatoria

El planteamiento del colectivo se centra en el uso de mecanismos previstos en la normativa presupuestaria. En la carta se señala que durante el presente año el Poder Ejecutivo ha autorizado diversas transferencias de partidas mediante decretos supremos y se cita, entre otros, el Decreto Supremo N.° 101-2026-EF, relacionado con recursos del Ministerio de Educación. Sobre esa base, solicitan que el MEF, el Minedu y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) determinen si existe una fuente de financiamiento que permita restituir los recursos para la convocatoria 2026.

El documento precisa que, de existir la habilitación normativa correspondiente, el objetivo sería aprobar una transferencia de partidas mediante decreto supremo. Si esa vía no resultara aplicable, el colectivo solicita que las entidades identifiquen otro mecanismo presupuestario contemplado por la legislación para atender el requerimiento.

La formación de capital humano y los plazos académicos

Además del aspecto presupuestario, la solicitud pone énfasis en las consecuencias que tendría una eventual cancelación de la convocatoria para los profesionales que ya fueron admitidos en universidades del extranjero. El colectivo sostiene que los beneficiarios potenciales accedieron a esas plazas luego de procesos de evaluación y admisión que demandaron años de preparación, certificaciones y una inversión económica asumida por ellos y sus familias.

En ese contexto, la carta señala que el referido programa de becas constituye una política pública orientada a formar capital humano especializado en áreas donde el país presenta brechas de conocimiento. El documento indica que, en convocatorias anteriores, profesionales financiados por el programa se incorporaron posteriormente a instituciones públicas, universidades, centros de investigación, hospitales y empresas privadas, además de participar en iniciativas vinculadas con la investigación científica, la innovación y el diseño de políticas públicas.

Los aspirantes advierten que la principal dificultad no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino también en los calendarios académicos de las universidades internacionales. Según exponen, las fechas para matrícula, acreditación financiera, obtención de documentos migratorios e inicio de clases ya se encuentran próximas a vencer o, en algunos casos, han comenzado a expirar, lo que podría hacer inviable el aprovechamiento de las admisiones obtenidas durante este año.

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Frente a ese escenario, el colectivo solicita la instalación de una mesa de trabajo entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, Pronabec y representantes de los postulantes para evaluar alternativas de financiamiento y establecer un cronograma de decisiones. Entre los pedidos también figura que las entidades determinen, en el plazo más breve posible, si es viable financiar las 150 becas inicialmente previstas o una meta reducida que permita atender parte de la demanda durante el presente ejercicio fiscal.

La carta concluye señalando que la aprobación del crédito suplementario no agotó las opciones para financiar la convocatoria y que el presupuesto público contempla mecanismos de modificación durante el año fiscal. En esa línea, el colectivo solicita que las entidades involucradas evalúen técnicamente las alternativas previstas en la normativa antes de que los plazos de las universidades extranjeras imposibiliten el inicio de los estudios de los postulantes admitidos.

Desde una perspectiva económica, el caso pone sobre la mesa el debate sobre la priorización del gasto público y la capacidad del Estado para reasignar recursos durante la ejecución presupuestal. Las modificaciones presupuestarias mediante transferencias de partidas forman parte de los instrumentos utilizados cada año para financiar nuevas necesidades o reforzar programas existentes, aunque su aplicación depende de la disponibilidad de recursos y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación presupuestaria.

Hasta el momento, las entidades mencionadas en el documento no habían comunicado públicamente una decisión sobre el financiamiento de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario. Mientras tanto, los aspirantes sostienen que una definición en las próximas semanas será determinante para conservar las vacantes obtenidas en universidades del exterior y evitar que la convocatoria quede sin ejecutarse durante el presente año fiscal.