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El proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), presentado por el Ejecutivo al Congreso, plantea cerrar esa etapa. No habría nuevos inscritos en el Reinfo, los actuales tendrían 18 meses (del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028) para culminar sus trámites y el procedimiento ordinario sería más sencillo. También se crearía una entidad especializada para centralizar gestiones y reforzar la trazabilidad de los minerales.

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Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, y José De Echave, economista e investigador de CooperAcción, analizaron para La República los alcances y las limitaciones del proyecto. Herrera considera que la iniciativa es “una buena base inicial para iniciar una discusión sobre el tema”, aunque advierte que aprobarla no garantiza que el problema se resuelva. De Echave, por su parte, cuestiona que la propuesta deje de lado factores estructurales que frenan la formalización y sostiene que la política pública debe responder a la dimensión que ha alcanzado la informalidad minera.

La diferencia central entre el Reinfo y el procedimiento ordinario es que el primero permite extraer mientras se tramitan los requisitos, y el segundo exige tener las autorizaciones antes de operar. La excepción buscaba facilitar la transición, pero se prolongó diez años.

Según el exministro, el problema no se explica solo por la conducta de los mineros: los trámites ordinarios también sostuvieron el registro. Los describió como "larguísimos" e "insufribles", con exigencias innecesarias o duplicadas y gestiones repartidas entre varias autoridades. De acuerdo con las cifras que maneja, unas 80.000 personas se inscribieron, cerca de 30.000 habrían ejercido la actividad y poco más de 2.000 completaron el proceso.

La propuesta busca que el mecanismo no vuelva a ser una excepción permanente, y promete simplificar el procedimiento ordinario para que quien quiera formalizarse no dependa de un sistema lento y disperso.

El cambio también busca atacar algo más grave, y es que sirva de cobertura para actividades ilegales. Herrera Descalzi separa a los pequeños mineros informales que quieren regularizarse de quienes operan en zonas prohibidas o usan el registro para mover minerales e insumos. Cerrar el mecanismo sin ofrecer una salida viable dejaría atrapados a quienes sí quieren formalizarse; mantenerlo sin controles terminaría beneficiando a quienes encubren actividades ilícitas.

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FORMAPE y trazabilidad: qué cambiaría para la pequeña minería

El proyecto propone crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Tendría una ventanilla única para centralizar gestiones que hoy pasan por distintas instituciones y facilitar el seguimiento de cada expediente.

La trazabilidad, es decir, seguir el recorrido del mineral desde su origen hasta su destino e identificar a quienes participan en la extracción, el transporte y la comercialización, ocupa un lugar central. Para Herrera Descalzi, el control debe abarcar no solo el punto de extracción, sino también las rutas y las plantas de procesamiento.

Aun así, advierte que la propuesta está en una etapa general, pues marca una orientación, pero falta desarrollar los mecanismos concretos. Y una sola entidad no puede con todo: la fiscalización en carreteras involucra a la Policía y al Ministerio del Interior, y las investigaciones y sanciones requieren a otras autoridades.

Por eso el reto no termina con crear una institución o aprobar una ley. "La capacidad del Estado de poder ejecutar lo que está planteando es lo más difícil de todo", afirmó. La coordinación entre sectores, los recursos y la continuidad de los controles decidirán si la propuesta repite los problemas del Reinfo.

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Ley MAPE deja fuera el problema de las concesiones

Para José de Echave, economista e investigador de CooperAcción, la discusión no puede limitarse a mejorar los trámites. La minería artesanal y de pequeña escala cambió de dimensión, impulsada por la rentabilidad del oro, y la producción se dispersó entre más actores mientras ganaba terreno la actividad informal e ilegal.

Los cuatro principales productores de oro pasaron de concentrar cerca del 80% de la producción en 2005 al 31,1% en 2024, según sus cifras, y buena parte de ese espacio lo ocupan hoy pequeños mineros, informales y operadores abiertamente ilegales.

A su juicio, el proyecto no responde a esa transformación porque se centra en la pequeña minería y la minería artesanal sin abordar la informalidad que las rodea. Además, objeta que se plantee separado de la Ley General de Minería: "Muchos de los cuellos de botella están en la ley general de minería y no van a ser solucionados en una ley MAPE".

Uno de esos cuellos de botella es el acceso a las concesiones, ya que quienes buscan formalizarse suelen depender de la autorización de los titulares para trabajar legalmente en sus territorios. Según el análisis, de los 22 millones de hectáreas concesionadas, unos 3 millones estarían en uso. El investigador propone discutir mecanismos para que parte de las áreas no utilizadas pueda aprovecharse, bajo condiciones, por mineros que quieran formalizarse.

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Presupuesto y fiscalización ponen a prueba la propuesta

Para De Echave, no basta con cambiar las reglas si el Estado no tiene recursos para hacerlas cumplir. Cuestiona que se destinen alrededor de S/14 millones a la formalización de una actividad que, según las estimaciones que cita, mueve unos US$15.000 millones. También advierte que los operativos contra la minería ilegal pierden fuerza cuando disminuyen los efectivos y los recursos: se retira el personal y, al poco tiempo, las operaciones vuelven a instalarse. Por eso, considera necesario diferenciar a quienes buscan formalizarse de quienes trabajan en zonas prohibidas o recurren a la violencia, y mantener el control sobre toda la ruta del mineral, desde su extracción hasta su procesamiento y transporte.

Herrera Descalzi también advierte que la aprobación no garantiza que la ley funcione. Su principal preocupación es que las medidas se cumplan. "La ley MAPE es el dicho, y el hecho es que consiga sus objetivos", sostuvo.

El problema estará en hacer cumplir las nuevas reglas. No basta con vigilar dónde se extrae el mineral; también hay que controlar los camiones que lo transportan y las plantas donde se procesa, algunas de las cuales declaran volúmenes de oro que, según el exministro, merecen especial atención. Esa tarea tampoco depende solo del Ministerio de Energía y Minas. En las carreteras intervienen la Policía y el Ministerio del Interior, mientras que el Poder Judicial también tiene un papel cuando se debe determinar si una operación actúa dentro de la ley.

Para Herrera Descalzi, contar con un marco legal que ordene la actividad sería un primer paso. La prueba vendrá después, cuando se vea si los mineros logran formalizarse y si el Estado consigue impedir que quienes operan al margen de la ley sigan aprovechando las brechas del sistema.

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Las observaciones iniciales fueron recogidas en la Resolución N.° 8853-2026/CCO-INDECOPI y corresponden a desembolsos incluidos en informes trimestrales entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Según la entidad, los documentos presentados no permitieron sustentar suficientemente diversos pagos ni identificar con claridad algunos proveedores o los servicios vinculados con esos gastos.

Los conceptos observados incluyen consultorías, combustible, pagos a comunidades, servicios básicos, comedor, insumos y asesorías legales. También se cuestionaron desembolsos que excedían los límites presupuestarios o que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado.

La liquidación de Doe Run Perú se prolonga desde hace aproximadamente 14 años, en un proceso que aún enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de los recursos y la documentación de los gastos. En ese contexto, las sanciones impuestas a la anterior liquidadora se centran en desembolsos que no pudieron ser acreditados ante la autoridad concursal.

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Gastos fuera del presupuesto superaron los US$5 millones

Entre los principales cuestionamientos figuran gastos no presupuestados por S/2,82 millones y US$5,09 millones, que, según el procedimiento, se habrían realizado sin la aprobación de la junta de acreedores. Estos representaban el 64,27% del total de gastos observados.

Dentro de ese grupo se encuentran pagos atribuidos a comunidades campesinas por S/1,8 millones y más de US$1,6 millones que no contaban con sustento formal suficiente.

También se observaron cerca de US$1,14 millones por consultorías relacionadas con el procedimiento concursal y con autorizaciones, licencias y permisos para operaciones mineras. A ello se sumaron US$141.600 por servicios informáticos y custodia de archivos digitales, así como US$148.680 por archivo físico e inventario.

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Otro desembolso cuestionado fue el de US$734.299 por asesoría contable para Representaciones Milán S.A.C. La documentación presentada no permitió sustentar suficientemente ese gasto ante la autoridad concursal.

Las observaciones también alcanzaron los pagos por alquiler de oficinas. Aunque el presupuesto establecía un máximo de US$4.000 mensuales, se reportaron desembolsos de US$12.000 al mes, el triple del límite previsto.

En asesoría legal se registraron gastos por S/30.000 y US$531.857. Según las observaciones del procedimiento, cerca del 80% del monto en dólares habría correspondido al Estudio Almerco y excedido lo presupuestado. Asimismo, se cuestionó un desembolso de US$1.506.392 registrado bajo el concepto de honorarios.

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Consultores A-1 solo acreditó el 10% y entregó documentación incompleta

La Resolución N.° 10853-2026/CCO-INDECOPI determinó que Consultores A-1 había sustentado US$921.919,84 de los gastos observados en esa moneda, alrededor del 10%. Tras la revisión, permanecieron sin acreditar US$8.133.660,16 y S/2.947.347,32.

Consultores A-1 cuestionó las observaciones de Indecopi y sostuvo que la mayoría de los gastos no reconocidos correspondían al mantenimiento de la unidad minera Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). En una carta del 22 de octubre dirigida al presidente encargado de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, la empresa afirmó que los desembolsos fueron informados a la Comisión de Procedimientos Concursales en coordinación con el supervisor concursal, quien, según su versión, no formuló objeciones, lo que a su juicio evidenciaría una aprobación tácita. También cuestionó que se exigiera un visto previo del supervisor sin que el convenio de liquidación hubiera detallado el procedimiento para obtenerlo.

La revisión también comprendió la documentación entregada a los liquidadores posteriores, Alva Legal y Marco Eusebio Chávez Magán. Parte de los documentos solicitados para sustentar los gastos observados no figuraba entre los registros transferidos, según los antecedentes del procedimiento.

La falta de esos documentos dificultó contrastar determinados desembolsos de la gestión anterior. Consultores A-1 señaló, en una carta del 22 de octubre, que aún se encontraba dentro del plazo para apelar la decisión de Indecopi. La empresa dispone de 15 días hábiles desde la notificación correspondiente para presentar ese recurso.

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El cambio contractual se produce en medio de los esfuerzos por reactivar uno de los principales yacimientos petroleros del país. El acuerdo entre Petroperú, Petroloreto y Perupetro establece las condiciones para desarrollar las operaciones durante los próximos 27 años, con un programa de trabajo que requiere una inversión mínima de US$230 millones.

La nueva distribución modifica nuevamente la estructura del contrato. El 17 de octubre, mediante el Decreto Supremo N.° 021-2026-EM, el Gobierno autorizó que Petroperú recuperara el 61% de participación que mantenía Altamesa Energy Perú. Con esa transferencia, la petrolera estatal volvió a concentrar la totalidad del contrato, luego de haber cedido la mayoría de su participación en 2024.

Sin embargo, la recuperación del control total duró menos de una semana antes de que se aprobara la incorporación de Petroloreto. La nueva modificación permite que la empresa privada asuma la mayoría de la participación y la responsabilidad de operar el lote, mientras Petroperú permanece como socio.

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Lote 192 requiere al menos US$230 millones para reactivar sus operaciones

El programa de trabajo contempla la rehabilitación de instalaciones, la reactivación de pozos existentes y la perforación de nuevos pozos de desarrollo y exploración. Estas labores forman parte de las acciones necesarias para retomar gradualmente las operaciones petroleras.

La inversión mínima prevista asciende a US$230 millones, según informó Perupetro tras la suscripción de la modificación contractual.

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La puesta en marcha dependerá de la ejecución de los trabajos técnicos y de la recuperación de la infraestructura necesaria para producir crudo. Por ello, el principal desafío de la nueva asociación será convertir el cambio contractual en avances operativos concretos.

Perupetro señaló que su participación en el proceso comprendió la calificación del socio propuesto por Petroperú. La evaluación incluyó documentación financiera auditada y otros requisitos establecidos en la normativa para verificar la capacidad económica, financiera, técnica y legal de la empresa.

La selección, negociación y propuesta del socio estratégico correspondieron a Petroperú, mientras que Perupetro intervino en la evaluación de los requisitos exigidos para su incorporación al contrato.

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¿Dónde se ubica el Lote 192 y por qué es importante?

El yacimiento se ubica en la región Loreto y comprende áreas de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, así como de Tigre y Trompeteros, en la provincia de Loreto. De acuerdo con información difundida por Petroperú, cuenta con reservas estimadas superiores a los 120 millones de barriles.

La dimensión de estos recursos convierte al lote en un activo relevante para la actividad petrolera nacional. No obstante, el volumen de reservas estimadas no equivale a petróleo disponible para su extracción inmediata: para aprovecharlo se requieren inversiones, trabajos de rehabilitación y perforación, además de condiciones operativas que permitan sostener la producción.

La evolución del Lote 192 dependerá de que la asociación ejecute el programa de inversión previsto y consiga reactivar progresivamente la producción en la Amazonía peruana.

El anuncio se produce en el marco de las medidas económicas que prepara el Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno El Niño y las presiones sobre el costo de vida. Sin embargo, aún falta conocer cómo se concretará la entrega del dinero a los pensionistas.

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¿Qué falta conocer sobre el pago del bono de la ONP?

Hasta el momento, no se ha informado la fecha exacta del depósito ni la modalidad que se utilizará para entregar el beneficio. Tampoco se han publicado instrucciones específicas sobre la necesidad de realizar algún trámite o presentar documentación adicional.

Estos detalles son necesarios para los pensionistas que buscan saber cuándo podrán disponer del dinero y si deben efectuar alguna gestión previa. Mientras no se publiquen las condiciones operativas, no corresponde asumir que será necesario inscribirse ni dar por confirmado un procedimiento de pago determinado.

La información difundida hasta ahora permite identificar el monto aproximado, la población beneficiaria y el mes previsto para la entrega, pero no establece un cronograma por grupos de pensionistas ni precisa cómo se resolverán eventuales incidencias en el cobro. La ONP y el Ministerio de Economía y Finanzas deberán comunicar esas condiciones para que los beneficiarios conozcan el procedimiento aplicable.

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¿Qué cambios ha recibido la ONP?

Durante 2026 se aplicaron modificaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Entre ellos, el incremento del tope máximo de las pensiones hasta S/1.000 y un reajuste de hasta S/100 para determinados beneficiarios. Esta última medida alcanzó a más de 237.000 pensionistas.

La diferencia entre ambos tipos de apoyo es importante: los reajustes previsionales cambian el monto que reciben los beneficiarios comprendidos en la medida, mientras que el bono anunciado para diciembre constituye un ingreso excepcional. Por tanto, su entrega no implica por sí misma una nueva modificación de la pensión mensual.

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¿Qué otros bonos anunció el Gobierno?

El Ejecutivo también anunció una asignación de S/2.500 millones para bonos destinados a familias vulnerables. Entre los grupos considerados figuran hogares del sur andino expuestos a pérdidas de ganado y cultivos, familias afectadas por las lluvias en el norte y personas perjudicadas por huaicos y desbordes de ríos.

El ministro Elmer Cuba explicó que la distribución de estas ayudas dependerá de la magnitud de los daños y de la identificación de la población afectada. Para estos grupos, todavía deben precisarse los montos individuales y los criterios de asignación.

El bono para los jubilados de la ONP tiene, por ahora, dos datos definidos en el anuncio: un monto cercano a S/200 y una entrega prevista para diciembre. La fecha exacta, la modalidad de pago y los pasos que deberán seguir los beneficiarios continúan pendientes de información oficial.

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El retroceso de los envíos coincide con un escenario comercial más desfavorable en Estados Unidos, mercado al que se dirigía la mayor parte de la producción nacional. De acuerdo con información difundida por ADEX, los aranceles aplicados a la joyería peruana aumentaron de 10% a 12,5% desde el 24 de julio de 2026, lo que afecta las condiciones de acceso frente a competidores que enfrentan tasas menores.

México aumenta sus compras de joyería peruana

Los despachos a Estados Unidos cayeron 74,1% en los primeros ocho meses del año, al pasar de US$74 millones 672.000 a US$19 millones 308.000. Pese a mantener el primer lugar entre los compradores, ese país concentró el 51,3% de los envíos, una participación que refleja la exposición del sector a los cambios en las condiciones comerciales de ese mercado.

En contraste, México recibió joyería y orfebrería peruana por US$12 millones 962.000, un crecimiento de 37,5% frente al mismo periodo de 2025. Sus compras representaron el 34,4% del total exportado, por lo que se convirtió en el segundo destino más importante para las empresas nacionales.

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Sin embargo, el avance mexicano todavía no compensa la contracción estadounidense. Ambos países concentraron el 85,7% de los envíos, de modo que la actividad continúa dependiendo de dos mercados para colocar la mayor parte de su producción.

Otros destinos registraron resultados distintos. Las exportaciones a Ecuador crecieron 183,8% y las dirigidas a España aumentaron 38,1%. Bolivia también anotó un avance de 3,2%. En cambio, los despachos a Chile disminuyeron 51%; Canadá, 36,4%; Argentina, 61,1%; Reino Unido, 24,1%, y Francia, 47,9%.

En total, la joyería y orfebrería peruana llegó a 44 destinos entre enero y agosto. No obstante, el comportamiento desigual de los compradores muestra que ampliar la presencia internacional requiere consolidar mercados capaces de sostener la demanda, además de incorporar nuevos destinos.

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Perú retrocede en el mercado internacional de joyería

El desempeño exportador se produce en un contexto internacional complejo. Según el reporte Joyería: Evolución del Mercado Internacional y Nacional, elaborado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX), el mercado mundial de joyería alcanzó US$101.400 millones en 2025, una contracción de 12,8% frente al año anterior.

Suiza, India e Italia encabezaron las exportaciones mundiales, mientras que Hong Kong, Estados Unidos y Suiza figuraron entre los principales compradores. En ese escenario, Perú ocupó el puesto 42 del ranking mundial de exportadores de joyería y el quinto lugar en América Latina y el Caribe, por detrás de México, República Dominicana, Bolivia y Panamá.

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Frente a esta competencia, la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla Goyzueta, señaló que las empresas necesitan mejorar su acceso al financiamiento, asegurar el abastecimiento de materias primas e incorporar tecnología para optimizar sus procesos productivos.

El gremio también plantea impulsar diseños propios y productos con mayor valor agregado, aprovechando recursos nacionales como el ópalo andino y otras piedras preciosas. La estrategia busca diferenciar las piezas peruanas en el exterior y reducir la dependencia de mercados que concentran una parte importante de las ventas.

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El ahorro estimado por ProInversión responde a la reducción del precio por barril y de los costos de transporte. No obstante, Talara aún opera al 64% de su capacidad de destilación, según informó Petroperú a La República, por lo que la refinería también debe avanzar en su recuperación operativa para alcanzar el nivel de procesamiento previsto.

La petrolera estatal espera superar los 80.000 barriles diarios de procesamiento hacia fines de este año. Para alcanzar esa meta, todavía debe completar la puesta en operación de Flexicoking, unidad cuyos trabajos de inspección y mantenimiento culminaron recientemente.

Esta recuperación también se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la gestión de la petrolera. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) sostuvo que las restricciones de liquidez limitaron la compra de crudo y cuestionó los resultados de la intervención de ProInversión. El gremio también pidió aclarar el destino del crédito puente de US$475 millones otorgado a la empresa. Sus críticas se refieren al financiamiento y a la estrategia de recuperación de Petroperú, no específicamente a los contratos con Ecuador.

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Compra directa busca reducir los costos del crudo

Los contratos fueron adjudicados en concursos internacionales convocados por Petroecuador. El primero comprende 4,32 millones de barriles durante seis meses y el segundo, 11,88 millones durante once meses. Las entregas están programadas entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027.

Según ProInversión, la adquisición directa permitirá reducir entre US$8 y US$10 el costo por barril frente a compras anteriores. La entidad calcula un ahorro de aproximadamente US$3 millones por cargamento y proyecta que el beneficio podría alcanzar hasta US$180 millones anuales.

El transporte también tendría un impacto en los costos. ProInversión señala que el recorrido del crudo pasaría de aproximadamente 17 días a unos tres días, mientras que el flete se reduciría de entre US$7 millones y US$8 millones a alrededor de US$1,8 millones por buque.

La petrolera estatal estima que el traslado hasta Talara o Bayóvar tomará entre tres y cuatro días. La cercanía del proveedor ecuatoriano evitará el tránsito por el Canal de Panamá y facilitará la programación de las entregas y la reposición de inventarios. Según la empresa, esta ventaja adquiere importancia ante posibles contingencias logísticas asociadas al fenómeno de El Niño.

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Talara busca elevar su procesamiento

La Nueva Refinería Talara tiene una capacidad de destilación de 95.000 barriles diarios. Al operar al 64%, su nivel actual equivale a unos 60.800 barriles por día. Petroperú prevé superar los 80.000 barriles diarios al cierre de 2026, aunque esta meta todavía depende de la evolución de sus operaciones.

La empresa indicó que los trabajos programados de inspección y mantenimiento de Flexicoking culminaron con éxito y que la unidad continúa en maniobras de arranque. Su puesta en funcionamiento será progresiva, conforme a los protocolos técnicos y de seguridad.

La recuperación de esta unidad es relevante para aumentar el procesamiento y mejorar el aprovechamiento de la materia prima. No obstante, contar con un mayor volumen de crudo no garantiza por sí solo que la refinería alcance la meta prevista: también debe consolidar su capacidad operativa.

La operación también marca la reanudación de las relaciones comerciales entre Petroperú y Petroecuador después de cuatro años. El acuerdo busca diversificar el abastecimiento de la refinería y reducir su exposición a los costos logísticos de proveedores más distantes.

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Petroperú recupera el 100% del contrato del Lote 192

La compra de petróleo ecuatoriano se produce mientras Petroperú mantiene pendiente la reactivación del Lote 192, ubicado en Loreto. El yacimiento, cuya producción está paralizada desde febrero de 2020, debía desarrollarse bajo un esquema que incorporaba a Altamesa Energy Perú como socio privado. Sin embargo, la empresa comunicó en enero de 2025 su intención de transferir el 61% de su participación contractual por su situación económica y financiera, según información recogida en los estados financieros auditados de Perupetro.

El programa de trabajo del lote contemplaba la perforación de 41 pozos de desarrollo y uno exploratorio. No obstante, la salida de Altamesa modificó las condiciones previstas para ejecutar esas actividades y obligó a revisar la estructura contractual. En octubre de 2026, el Gobierno aprobó la transferencia de la participación de la empresa a Petroperú, que volvió a concentrar el 100% del contrato.

La modificación, sin embargo, no equivale a la reanudación de la producción. La norma no establece una nueva fecha de inicio de operaciones ni precisa cuánto crudo podría aportar el yacimiento una vez reactivado. Por ahora, el desarrollo del Lote 192 y su eventual contribución al abastecimiento de Talara dependen de la ejecución de las actividades pendientes y de las condiciones para retomar la explotación.

El impacto de los contratos se conocerá conforme se ejecuten las entregas y se concreten los ahorros previstos. A la par, Petroperú deberá demostrar que puede recuperar su capacidad de procesamiento en medio de los cuestionamientos de Fenpetrol sobre la gestión financiera de la empresa y el papel de ProInversión.

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