Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 27 de agosto

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El ministro de la cartera, Juan Sheput, explicó que la propuesta no contempla convertir los seis días de la visita en jornadas no laborables. La idea es concentrar las medidas en las zonas donde se desarrollarán las principales actividades y, eventualmente, establecer un día de descanso para todo el país.

La jornada que concentra mayor atención es el 16 de noviembre, cuando León XIV llegue a Lima para participar en una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, antes de continuar su viaje hacia Argentina y Uruguay.

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Papa León XIV en Perú: ¿qué regiones podrían tener feriado?

Sheput explicó que los tres feriados regionales se definirían tomando en cuenta las zonas directamente involucradas en la visita y, eventualmente, aquellas que puedan recibir un flujo importante de personas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Lambayeque y la posibilidad de considerar también a Piura y La Libertad por el desplazamiento de personas que podría producirse entre estas regiones. Esto no significa que esas tres jurisdicciones ya hayan sido seleccionadas, sino que el Ejecutivo evalúa el impacto de la visita más allá de la ciudad donde se realice cada actividad.

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El ministro también dejó abierta la posibilidad de aplicar tolerancia laboral en determinados lugares y fechas. Esta alternativa permitiría cierta flexibilidad para los trabajadores ante las dificultades de tránsito o desplazamiento, sin que necesariamente se suspenda toda la jornada.

Gobierno evalúa feriado nacional para el 16 de noviembre

La fecha que concentra la mayor atención es el 16 de noviembre. Ese día, León XIV estará en Lima y participará en una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, por lo que el MTPE analiza que el descanso pueda alcanzar a todo el territorio nacional.

Según Sheput, la medida tendría dos objetivos. Por un lado, permitir que personas de distintas partes del país puedan trasladarse a Lima para participar en las actividades del papa. Por otro, facilitar la organización de los desplazamientos y las labores de seguridad alrededor de un evento que congregará a una gran cantidad de asistentes.

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El ministro recordó que el país ya ha recurrido a feriados extraordinarios ante acontecimientos de gran magnitud. Como antecedente mencionó la APEC, cumbre internacional realizada en Lima que estuvo acompañada por días de descanso para facilitar el desplazamiento de las delegaciones y las medidas de seguridad.

La lógica planteada para la visita papal sería similar: reducir el movimiento habitual de personas y vehículos podría facilitar el despliegue operativo durante una jornada que se prevé especialmente concurrida.

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Feriados por visita del papa León XIV todavía no están definidos

Pese al anuncio, todavía no existe una decisión definitiva sobre las fechas ni sobre las regiones que tendrían feriado. Sheput señaló que el tema se encuentra en evaluación y que el MTPE será el encargado de establecer las medidas laborales que correspondan como parte de la organización de la visita.

La decisión se tomará en coordinación con la comisión extraordinaria de alto nivel creada para preparar la llegada del pontífice y presidida por el canciller Carlos Espá. Allí deberán ponderarse no solo las actividades oficiales, sino también el impacto que puedan generar los desplazamientos masivos en cada punto del recorrido.

La controversia tiene efectos directos sobre la industria láctea: qué producto puede comercializarse legalmente como leche evaporada y qué ingredientes pueden utilizarse para elaborarlo.

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El decreto, vigente desde octubre de 2022, establece que la leche evaporada se obtiene mediante la eliminación parcial del agua únicamente de la leche. En términos sencillos, la norma fija que el producto debe partir de leche y obtenerse retirando parte de su agua.

¿Qué cambió para la leche evaporada Gloria?

Con la entrada en vigencia de la norma, la tradicional leche evaporada Gloria de etiqueta azul dejó de comercializarse bajo esa denominación. Desde octubre de 2022, la empresa introdujo una leche reconstituida de etiqueta azul y una nueva leche evaporada de etiqueta morada.

La diferencia está en su elaboración. Mientras la leche evaporada parte de leche y elimina parte de su agua, un producto lácteo reconstituido se obtiene a partir de una forma concentrada o deshidratada a la que se añade agua para recuperar su composición. Esta distinción termina definiendo también qué nombre puede aparecer en el envase.

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AINCUS sostiene que la antigua fórmula de Gloria incorporaba leche en polvo y que su uso dejó de ser compatible con la nueva regulación. La asociación también cuestiona la composición de la actual leche evaporada de etiqueta morada. Según el documento, esta declara leche cruda, leche concentrada al 30% y grasa anhidra de leche entre sus ingredientes, por lo que AINCUS considera que no cumpliría con la definición establecida por el decreto.

Gloria, por su parte, sostiene en su demanda que el decreto vulnera sus derechos constitucionales y busca que sea dejado sin efecto. El proceso ha pasado por las instancias previas sin una decisión favorable para la empresa, de acuerdo con la documentación presentada por AINCUS.

Codex Alimentarius: ¿por qué importa el nombre del producto?

La discusión también tiene como referencia al Codex Alimentarius, que establece definiciones internacionales para los productos lácteos. Entre ellas, señala que el nombre de un alimento debe reflejar su verdadera naturaleza y no inducir a error al consumidor.

Aquí aparece un concepto técnico: los "términos lecheros protegidos". En la práctica, significa que la denominación utilizada en un producto debe corresponder con sus características y composición. Por ello, la diferencia entre leche, producto lácteo y producto lácteo reconstituido tiene una consecuencia comercial concreta.

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El decreto peruano recoge esta definición para establecer qué puede comercializarse como leche evaporada. AINCUS sostiene que el estándar internacional vigente desde 1971 establece que este producto debe elaborarse únicamente a partir de leche, mediante la eliminación parcial del agua.

La asociación también menciona como antecedente el caso Pura Vida, producto de Gloria cuya comercialización generó una controversia nacional en 2017 por su composición y denominación. Este episodio forma parte de los argumentos que AINCUS presenta contra la empresa, aunque el proceso que ahora debe resolver el TC tiene un objeto específico: determinar si corresponde dejar sin efecto el decreto cuestionado.

TC definirá las reglas para la leche evaporada

Durante el proceso, Gloria solicitó una medida cautelar para continuar produciendo y comercializando su antigua leche evaporada de etiqueta azul mientras se resolvía la demanda. La solicitud fue rechazada y, desde octubre de 2022, el producto dejó de comercializarse bajo esa denominación.

AINCUS también cuestiona una ampliación administrativa que permitió utilizar la etiqueta durante un periodo adicional en 2023. Este argumento forma parte de su posición en el proceso y no constituye una conclusión del TC sobre la legalidad de dicha actuación.

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La decisión del Pleno tendrá un alcance que va más allá de una presentación de Gloria. El fallo definirá cómo se aplican las reglas sobre la denominación de la leche evaporada en el mercado peruano y qué margen tendrá la industria para utilizar leche en polvo u otros componentes en su elaboración.

El expediente involucra además a distintas entidades del Estado y a representantes de los ganaderos y consumidores. Con el caso ya elevado al Pleno, el TC tendrá la última palabra sobre una disputa que enfrenta la posición de Gloria frente a las nuevas reglas establecidas por el Estado.

La diferencia no es menor, ya que mientras una empresa del régimen general tributa con una tasa de 29,5% sobre sus rentas, las agroexportadoras comprendidas en el régimen especial pagan 15%. Para el organismo, este tratamiento dejó de tener una justificación clara para las compañías de mayor tamaño, luego del fuerte crecimiento que ha registrado la actividad durante los últimos años.

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Entre 2011 y 2024, las exportaciones agrícolas aumentaron 363%. Sin embargo, ese crecimiento no se ha reflejado en una mayor recaudación tributaria. En las grandes empresas dedicadas a cultivos de exportación, los impuestos pagados representan apenas el 3% del valor que generan sus actividades, una proporción que el informe considera reducida.

Agroexportadoras pagan 15% de IR y su aporte tributario sigue siendo reducido

Para la organización, mantener una tasa preferencial para empresas que ya tienen capacidad para contribuir termina trasladando una mayor parte de la carga tributaria hacia otras actividades económicas. Por ello, plantea que las grandes agroexportadoras regresen al régimen general, mientras que los incentivos podrían concentrarse en pequeños productores con menor capacidad contributiva.

La tasa reducida, creada en 2001, seguirá vigente hasta 2035. El régimen contempla además otros incentivos, entre ellos la depreciación acelerada para algunas inversiones y beneficios relacionados con el IGV.

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El cuestionamiento ocurre, además, cuando la recaudación peruana continúa siendo baja frente a otros países. El informe calcula que los ingresos tributarios equivalen al 16,3% del PBI, por debajo del promedio de la OCDE, cercano al 35%.

Beneficios tributarios le cuestan al Estado S/1.888 millones al año

El costo de mantener estos tratamientos también aparece en las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con los cálculos citados en el informe, los beneficios tributarios asociados al sector representan una menor recaudación de S/1.888 millones anuales.

La organización sostiene que los incentivos tributarios deberían mantenerse solo cuando resuelvan obstáculos concretos que limiten una actividad, como problemas de infraestructura o capacitación. En el caso de las grandes agroexportadoras, considera que el crecimiento alcanzado durante las últimas décadas hace menos evidente esa necesidad.

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Por esa misma razón, plantea cautela frente a cualquier intento de extender estos beneficios hacia industrias manufactureras vinculadas al agro. Su argumento es que no necesariamente enfrentan las mismas restricciones que la producción agrícola y que ampliar el tratamiento preferencial podría reducir todavía más la base tributaria.

OCDE cuestiona el drawback y pide que la devolución refleje los aranceles reales

La revisión también alcanza al drawback, mecanismo mediante el cual los exportadores reciben una devolución vinculada a los aranceles pagados por insumos importados. El problema está en que el sistema peruano aplica una tasa sobre el valor exportado, en lugar de calcular la devolución exclusivamente sobre los derechos efectivamente pagados.

El organismo encontró que, bajo este esquema, las devoluciones pueden superar ampliamente los aranceles que dieron origen al beneficio. En 2013, por ejemplo, el beneficiario promedio recibió una devolución equivalente a más de tres veces los aranceles pagados; para el 10% de beneficiarios con mayores devoluciones, la relación superó 61 veces.

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Por ello, recomienda reducir la tasa de devolución y avanzar hacia un sistema en el que el beneficio guarde una relación directa con los aranceles realmente pagados. La propuesta, en conjunto con el retiro del IR reducido para las grandes agroexportadoras, apunta a limitar beneficios que, a juicio de la organización, ya no guardan la misma relación con las necesidades que originalmente buscaban atender.

La decisión fue adoptada el miércoles 26 de agosto. De acuerdo con el hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Directorio aprobó que Carlos Adrián Linares Peñaloza represente a Petroperú en la Junta General de Accionistas de Petroperú Invest para suscribir el denominado 'Bridge Credit Agreement' y otorgó facultades para formalizar e implementar la operación.

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Los US$475 millones todavía no han sido desembolsados. El acuerdo permite avanzar con la contratación del crédito para atender las necesidades de corto plazo de Petroperú. El financiamiento forma parte del esquema de apoyo de hasta US$2.000 millones aprobado por el Ejecutivo en mayo.

Petroperú: ¿cuánto del financiamiento de US$2.000 millones podrá utilizar?

El crédito puente está contemplado en el mecanismo establecido mediante el Decreto de Urgencia N.° 003-2026, publicado el 11 de mayo. La norma autorizó operaciones de financiamiento por hasta US$2.000 millones para asegurar la continuidad de Petroperú.

Dentro de ese paquete se estableció un límite de hasta US$500 millones para compromisos contingentes de corto plazo. El monto que ahora busca formalizar la empresa asciende a US$475 millones, US$25 millones por debajo de ese tope.

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El hecho de importancia remitido a la SMV no detalla las condiciones financieras del crédito ni señala una fecha para el desembolso. La comunicación se concentra en las autorizaciones otorgadas para concretar la operación.

Además de Linares Peñaloza, el Directorio autorizó a Luis Alberto Suárez Carlo a suscribir, en representación de Petroperú, los documentos necesarios para formalizar el financiamiento y cualquier instrumento relacionado con la operación.

El crédito avanza mientras el Tribunal Constitucional revisa la reorganización

La autorización del financiamiento ocurre en un momento especialmente sensible para Petroperú. Un día antes, el Tribunal Constitucional dejó al voto las demandas contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado el 31 de diciembre de 2025 y vinculado con la reorganización patrimonial de la empresa.

El proceso constitucional adquiere importancia para el esquema financiero porque el DU 003-2026 está relacionado con la implementación de esa estrategia de reorganización. Por ello, una eventual decisión del TC sobre el decreto anterior podría tener implicancias sobre el marco bajo el cual se viene construyendo la nueva estructura de Petroperú.

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Esta coincidencia temporal entre ambos hechos también ha sido advertida por la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleos del Perú (Fenpetrol). La organización consideró que la decisión del Directorio debe analizarse a la luz del proceso que se encuentra pendiente ante el TC y sostuvo que un eventual pronunciamiento sobre el DU 010-2025 podría modificar las medidas adoptadas para la reestructuración de la empresa.

Trabajadores cuestionan demora y piden explicar los US$25 millones

Fenpetrol cuestionó el tiempo que ha tomado activar el crédito puente y pidió explicar por qué, varios meses después de la aprobación del esquema financiero para Petroperú, recién se autoriza la operación por hasta US$475 millones.

El gremio también puso bajo la lupa los US$25 millones de diferencia frente al límite de US$500 millones establecido para compromisos contingentes de corto plazo. Según Fenpetrol, este monto estaría relacionado con los gastos de estructuración de la operación, por lo que pidió conocer cuánto se destinará a comisiones, asesorías legales, estudios y otros servicios vinculados con la obtención del financiamiento.

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La operación todavía no supone un desembolso. Entre la publicación del DU 003-2026, el 11 de mayo, y el acuerdo de Directorio del 26 de agosto transcurrieron más de tres meses. El siguiente paso será conocer las condiciones definitivas del crédito y la fecha en que los recursos llegarán a Petroperú, así como el costo final de poner en marcha el mecanismo financiero.

La demora en el financiamiento no fue menor. El cronograma aprobado inicialmente contemplaba iniciar el empadronamiento de electores el 3 de agosto de 2026 y realizar las consultas el 11 de abril de 2027. Sin embargo, ante la falta de disponibilidad presupuestal, el JNE terminó trasladando el inicio del empadronamiento al 14 de setiembre y la fecha de las consultas al 25 de julio de 2027.

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JNE y Reniec recibirán S/6.5 millones

Del monto autorizado por el MEF, S/4.230 millones corresponden al JNE y S/2.313 millones a Reniec. La mayor parte se concentra en bienes y servicios: S/3.790 millones para el JNE y S/2.123 millones para Reniec.

El JNE también recibirá S/439.591 para personal y obligaciones sociales, mientras que Reniec tendrá S/190.000 para adquisición de activos no financieros. En total, alrededor de S/5.9 millones, equivalentes al 90,4% de la transferencia, corresponden a bienes y servicios.

El dinero no estaba originalmente disponible en los presupuestos de ambas entidades para estas actividades. El decreto señala que la transferencia se realiza con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF y se sustenta en la solicitud presentada por el JNE para cubrir los gastos preliminares de las consultas.

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Reserva de Contingencia: qué es y qué implica usarla

La Reserva de Contingencia es un margen presupuestario que permite al Estado atender gastos que no pudieron ser previstos o que requieren financiamiento durante el año. Su función es darle al Gobierno capacidad de respuesta frente a necesidades extraordinarias sin tener que modificar constantemente la estructura general del presupuesto.

El riesgo está en que la Reserva tiene precisamente la función de servir como respaldo frente a nuevas necesidades. Por ello, cada transferencia reduce los recursos disponibles para atender otras contingencias que puedan aparecer durante el año, aunque la partida puede volver a ser reforzada mediante modificaciones presupuestarias.

El uso de la Reserva también debe diferenciarse de un aumento del déficit fiscal. Transferir recursos desde esta partida no significa automáticamente que el déficit aumente, porque se trata de una modificación dentro del presupuesto. El problema fiscal aparecería si el Estado asume nuevos gastos sin ingresos suficientes para financiarlos, lo que puede generar una mayor necesidad de financiamiento.

Falta de recursos ya había obligado a mover el cronograma

El antecedente que acompaña la transferencia es la advertencia formulada por Reniec en julio. La entidad comunicó al JNE que necesitaba contar previamente con los recursos para contratar personal, desplegar operaciones en campo, procesar información y actualizar y depurar los padrones electorales.

Según el acuerdo del JNE que modificó el cronograma, los tres organismos del sistema electoral evaluaron el problema el 24 de julio y concluyeron que la falta de disponibilidad oportuna del financiamiento integral generaba riesgos operativos, administrativos y logísticos para cumplir con las actividades previstas.

Por ello, el JNE dispuso continuar las gestiones ante el MEF y la Presidencia del Consejo de Ministros para asegurar los recursos necesarios. La transferencia aprobada este miércoles responde a ese pedido.

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Cinco consultas están pendientes

Los procesos para los que se habilitarán los recursos están relacionados con anexiones, creación distrital y delimitación territorial. No se trata de las elecciones regionales y municipales de octubre, sino de consultas específicas sobre la organización territorial.

El financiamiento permitirá que JNE y Reniec desarrollen las actividades previas necesarias para estos procesos, cuyo nuevo cronograma establece que el empadronamiento se realizará entre el 14 de setiembre y el 20 de noviembre de este año. La aprobación definitiva del padrón está prevista para el 7 de abril de 2027 y la consulta para el 25 de julio.

Transferencia ocurre mientras MEF busca ordenar el gasto

La decisión se produce en un escenario fiscal en el que el MEF viene planteando medidas para contener y ordenar las cuentas públicas. A julio, el déficit fiscal anualizado se ubicó en 1% del PBI, de acuerdo con información difundida por el propio ministerio.

En ese contexto, los S/6,5 millones no representan por sí mismos un gasto irregular ni una partida de libre disposición: la Ley de Presupuesto 2026 permite excepcionalmente al MEF realizar modificaciones presupuestarias con cargo a la Reserva de Contingencia para financiar gastos asociados a procesos electorales. El propio decreto establece, además, que los recursos deberán utilizarse exclusivamente para el objetivo autorizado.

Sin embargo, el episodio deja un problema de programación presupuestaria: una actividad ya convocada tuvo que ser reprogramada antes de que se aseguraran los recursos necesarios para su ejecución. Ahora, con la transferencia aprobada, el JNE y Reniec deberán iniciar las actividades que quedaron pendientes y cumplir el nuevo cronograma establecido para las consultas territoriales.

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El titular del MEF explicó que la propuesta apunta a que la tributación tenga como referencia la renta obtenida por los negocios y no únicamente el nivel de ventas. El planteamiento forma parte de la revisión de los regímenes tributarios que actualmente utilizan las empresas de menor tamaño.

"Va a ser un régimen basado en rentas, no en ventas", señaló Cuba al explicar la orientación que tendrá la reforma. El ministro también indicó que su cartera trabaja en los nuevos parámetros que definirán el funcionamiento del sistema.

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¿Qué cambiaría con la propuesta del MEF?

El cambio anunciado apunta principalmente a modificar la manera en que se calcula la obligación tributaria. Actualmente, el sistema peruano tiene distintos regímenes con reglas propias, entre ellos el Nuevo RUS, el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario y el Régimen General.

El planteamiento del MEF busca establecer una estructura que tome en cuenta la renta generada por el negocio. Sin embargo, Cuba todavía no ha presentado los nuevos montos, tasas, límites de ingresos ni categorías que reemplazarían a los actuales.

Por ello, el anuncio no significa que desde este mes cambien las condiciones del Nuevo RUS. Los contribuyentes continúan sujetos a las reglas vigentes hasta que se aprueben las modificaciones correspondientes.

El Régimen Especial de Renta (RER) también está en la mira del MEF. Cuba ha cuestionado que bajo este esquema el Impuesto a la Renta se determine aplicando una tasa de 1,5% sobre los ingresos netos mensuales. Para el ministro, este mecanismo no necesariamente refleja la rentabilidad efectiva de un negocio, por lo que plantea revisar su funcionamiento.

A diferencia del Nuevo RUS, el RER permite emitir facturas y está dirigido a personas naturales y jurídicas con actividades empresariales que cumplen determinados límites. Actualmente, sus ingresos netos anuales o adquisiciones no deben superar S/525.000, además de otros requisitos establecidos por la Sunat.

Cuba también ha cuestionado la antigüedad de los regímenes. El ministro señaló que el RUS y el RER tienen más de 30 años y consideró que ha llegado el momento de modificar su diseño.

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Más herramientas para fiscalizar la evasión

Otro elemento señalado por Cuba para implementar la reforma tributaria es el cambio en la capacidad de la Sunat para fiscalizar. La expansión de la facturación electrónica permite a la administración tributaria acceder a información sobre las operaciones de los negocios y utilizarla para contrastar lo declarado por los contribuyentes.

Esta mayor disponibilidad de información es relevante para una reforma que pretende modificar la forma de calcular los impuestos. También puede facilitar la detección de diferencias entre las ventas, los gastos y la renta declarada por las empresas.

El MEF ha planteado además medidas específicas para enfrentar la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta. El Gobierno sostiene que existe un margen importante para elevar el cumplimiento tributario, aunque la eficacia de estas herramientas dependerá de la fiscalización que efectivamente realice la administración tributaria.

¿Cuánto pagan actualmente los contribuyentes del Nuevo RUS?

El régimen contempla actualmente dos categorías. Los negocios cuyos ingresos brutos o adquisiciones mensuales no superan los S/5.000 pagan una cuota mensual de S/20. Para quienes superan ese monto, pero no exceden los S/8.000, la cuota es de S/50.

El límite anual de ingresos brutos o adquisiciones es de S/96.000. La Sunat señala que el Nuevo RUS está dirigido principalmente a personas naturales con pequeños negocios que venden bienes o prestan servicios a consumidores finales.

Una de las principales diferencias frente a otros regímenes es su estructura simplificada. Los contribuyentes realizan un pago mensual fijo y cuentan con menores obligaciones formales que quienes se encuentran en otros esquemas tributarios.

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Todavía no hay una nueva cuota para el Nuevo RUS

Uno de los aspectos que el MEF aún debe precisar es cómo se aplicará el nuevo criterio a los negocios de menor tamaño. No se ha informado una nueva cuota mensual ni se han establecido nuevos límites de ingresos para permanecer en el Nuevo RUS.

Tampoco se ha definido si las actuales categorías de S/20 y S/50 se mantendrán, serán modificadas o serán reemplazadas por otro mecanismo de cálculo.

Hasta que exista una norma que disponga lo contrario, las condiciones actuales del Nuevo RUS continúan vigentes. El cambio anunciado por el MEF se encuentra todavía en la etapa de elaboración de la propuesta.

La definición de los nuevos parámetros será determinante para los más de 2 millones de contribuyentes que utilizan este régimen, especialmente porque el criterio anunciado por Cuba —tributar sobre la renta y no sobre las ventas— podría modificar la forma en que los pequeños negocios calculan sus obligaciones frente al Estado.

La cifra de junio también confirma la trayectoria ascendente registrada durante los primeros meses del año. En mayo, la actividad minera había generado 287.537 empleos directos, 9,4% más que en mayo de 2025. En abril, en tanto, se contabilizaron 282.520 puestos, con un crecimiento interanual de 9,9%.

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El avance del empleo ocurre en un contexto de mayor inversión minera. Entre enero y mayo de 2026, la inversión ejecutada en el sector superó los US$2.633 millones, monto 43,6% superior al registrado en igual periodo del año anterior, según la cartera. El crecimiento estuvo asociado principalmente a los desembolsos en infraestructura, exploración y equipamiento minero.

Arequipa concentra la mayor cantidad de empleos mineros

La distribución territorial muestra una fuerte concentración del empleo minero en determinadas regiones. Arequipa lideró en junio con 44.643 trabajadores, equivalente al 15,3% del total nacional.

Le siguieron La Libertad, con 24.813 puestos (8,5%), e Ica, con 24.535 trabajadores (8,4%). Estas tres regiones reunieron, en conjunto, cerca de una tercera parte de los empleos directos registrados por la minería durante el sexto mes del año.

La participación de Arequipa también se mantiene por encima de la observada en los meses anteriores. En mayo concentró el 16,1% del empleo minero nacional; La Libertad representó el 8,6% e Ica, el 8,4%. En abril, las participaciones fueron de 15,9%, 8,8% y 8,6%, respectivamente.

La evolución regional resulta relevante porque el empleo minero no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Una parte importante de los puestos se concentra en departamentos donde operan grandes unidades productivas y existe actividad vinculada a servicios y contratistas especializados.

Contratistas concentran 72,8% del empleo

Otro aspecto que muestran las estadísticas del Minem es el tipo de empleador. En junio, las empresas contratistas mineras y compañías conexas concentraron el 72,8% del empleo directo, mientras que las empresas mineras generaron el 27,2% restante.

El número de puestos asociados a contratistas aumentó 15,3% interanual, mientras que el empleo generado directamente por las compañías mineras creció 1,3%.

La estructura no es nueva. En mayo, los contratistas representaron el 73% del empleo minero, frente al 27% correspondiente a las compañías; en abril, su participación fue de 72,6%.

Esto significa que el crecimiento de los puestos de trabajo del sector está ocurriendo principalmente fuera de las planillas directas de las compañías mineras. Los datos del informe agrupan dentro de los contratistas a las empresas contratistas mineras y empresas conexas que participan en actividades relacionadas con las operaciones.

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Participación femenina sigue por debajo del 10%

La brecha por género continúa siendo amplia. En junio se registraron 24.055 mujeres trabajando en actividades mineras, equivalentes al 8,3% del empleo directo total. Los hombres, por su parte, sumaron 266.989 puestos y representaron el 91,7%.

Aunque la participación femenina todavía es minoritaria, el número de mujeres empleadas en minería viene aumentando durante el año. En mayo se contabilizaron 23.479 puestos ocupados por mujeres, equivalentes al 8,2% del total. En abril fueron 22.954, el 8,1%.

El incremento de la participación femenina es gradual y parte de una base todavía reducida. Por ello, el aumento del empleo total del sector no ha significado hasta ahora un cambio sustancial en la composición por género.

Inversión minera supera los US$2.600 millones

El comportamiento del empleo se da mientras la inversión minera mantiene tasas de crecimiento elevadas. Según el Minem, los más de US$2.633 millones ejecutados entre enero y mayo significaron un aumento de 43,6% interanual.

Asimismo, la cartera de proyectos mineros presentada por el ministerio en julio comprende 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$64.075 millones. La cartera incluye iniciativas en distintas etapas de desarrollo, por lo que su monto representa inversión potencial y no desembolsos ya ejecutados.

Los registros oficiales también permiten observar que el empleo minero ha mantenido una tendencia creciente desde abril: pasó de 282.520 puestos en ese mes a 287.537 en mayo y posteriormente a 291.044 en junio. El siguiente dato será relevante para determinar si el aumento se sostiene durante el segundo semestre y cómo evoluciona frente al ritmo de inversión registrado hasta mayo.

El anuncio modifica el escenario que enfrentan los mineros que permanecen en el proceso de regularización. En lugar de una nueva ampliación del registro como única salida, el Ejecutivo plantea que la situación de los productores sea abordada bajo las reglas de una nueva ley, cuyo contenido todavía se encuentra en elaboración.

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La definición tendrá que darse antes del cierre del año. El Reinfo vence el 31 de diciembre y el proyecto del Minem recién estaría terminado en noviembre, por lo que la discusión sobre la nueva regulación quedará estrechamente vinculada al trámite que siga la iniciativa en el Congreso.

Comisión interna prepara nueva propuesta

Shinno informó que el ministerio conformó una comisión interna para elaborar la propuesta. El grupo deberá definir las nuevas reglas para la pequeña minería y minería artesanal y establecer cómo continuará el proceso de quienes ya se encuentran encaminados hacia el cumplimiento normativo.

El ministro sostuvo que la nueva regulación debe considerar las características de este tipo de actividad y evitar que los pequeños productores enfrenten exigencias diseñadas para operaciones de mayor escala.

“Desde el punto de vista de la formalización, darles un mejor espacio o atención a aquellos que ya han avanzado a través del Reinfo para que puedan concluirlo”, señaló a Gestión.

La comisión trabajará durante las próximas semanas con la expectativa de que el proyecto esté listo en noviembre. El plazo es relevante porque el actual proceso de adecuación vence el 31 de diciembre de 2026.

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¿Qué pasará con el Reinfo?

El Gobierno todavía no confirma una nueva ampliación del Reinfo. Shinno evitó señalar que el registro vaya a continuar automáticamente y vinculó su futuro con las reglas que establezca la nueva Ley MAPE.

El escenario que evalúa el Ejecutivo no necesariamente supone que todos los inscritos permanezcan bajo el mismo mecanismo. La nueva legislación podría establecer condiciones para que continúen quienes hayan demostrado avances en su regularización, mientras que los casos sin progreso tendrían un tratamiento distinto.

La reforma alcanzará a los mineros que continúan dentro del proceso de regularización. Tras la depuración realizada en 2025, el Minem informó que 31.560 pequeños mineros y mineros artesanales podían continuar en el proceso.

Congreso tendrá que definir los tiempos

El Ejecutivo enfrenta, a su vez, un problema de plazos. Aunque el Minem espera tener su propuesta en noviembre, el proyecto tendría que pasar por el Congreso si se presenta como iniciativa legislativa del Gobierno.

Esto dejaría pocas semanas entre la presentación de la propuesta y el vencimiento del actual proceso de formalidad. El propio Shinno reconoció que el tiempo disponible es reducido para que el Parlamento discuta y apruebe una nueva regulación antes de que termine el año.

El escenario también se cruza con las iniciativas que ya existen en el Congreso para modificar el proceso de legalización. Algunas plantean extender su vigencia mientras se aprueba una nueva Ley MAPE, por lo que el debate parlamentario podría definir si habrá una etapa de transición entre el régimen actual y la nueva normativa.

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Nueva ley apunta a cambiar las reglas de formalización

La propuesta que prepara el Minem no se limitaría a establecer qué ocurrirá con el Reinfo. El Ejecutivo plantea revisar las condiciones bajo las cuales los pequeños productores pueden avanzar hacia la formalidad, con requisitos diferenciados según el tipo y escala de actividad.

También está pendiente definir qué ocurrirá con los mineros que fueron excluidos del registro y mantienen recursos o procedimientos administrativos en trámite. El ministerio evalúa que la nueva legislación establezca un tratamiento para estos casos, en lugar de mantener indefinidamente abierto el padrón.

El Gobierno también ha planteado contar con información más precisa sobre quiénes realizan efectivamente actividad minera. En ese marco, el censo de los inscritos aparece como una de las herramientas para depurar la información y determinar quiénes continúan realmente en el proceso.

El nuevo esquema no solo estará relacionado con la permanencia o salida del Reinfo. El Minem también plantea fortalecer el control sobre las plantas de beneficio y mejorar la trazabilidad del mineral, con el objetivo de diferenciar la producción proveniente de actividades en proceso de adecuación de aquella vinculada con operaciones ilegales.

La disposición, vigente desde el 24 de agosto, establece criterios para que las empresas del sistema financiero puedan adecuar las condiciones de los contratos a los nuevos flujos de ingresos que razonablemente se esperan del cliente. La modificación, bajo determinadas condiciones, no será considerada una refinanciación.

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¿Qué cambia para quienes tienen un crédito?

La principal diferencia es que un cliente que enfrente una afectación temporal no necesariamente tendrá que asumir el tratamiento de una refinanciación si requiere modificar su cronograma. La entidad financiera podrá evaluar la situación y, si corresponde, ajustar las condiciones del préstamo.

Esto puede traducirse, dependiendo del caso, en una ampliación del plazo o una modificación del cronograma para adecuar las cuotas a la capacidad de pago temporalmente afectada. No obstante, la medida no implica una suspensión general de las deudas ni obliga a los bancos y cajas a reprogramar automáticamente todos los créditos.

La SBS establece que la modificación debe responder a una circunstancia excepcional y temporal. Además, no debe existir evidencia de que el deudor atraviesa un deterioro permanente de su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Por ello, la evaluación de cada caso continúa siendo un elemento central.

Entre los factores considerados figuran la clasificación de riesgo del cliente —principalmente las categorías Normal o Con Problemas Potenciales—, los días de atraso que registre el crédito, la extensión permitida respecto del plazo original y el número de modificaciones que pueden realizarse. Los criterios varían de acuerdo con el tipo de financiamiento, diferenciándose entre créditos minoristas y no minoristas.

Medidas especiales para zonas declaradas en emergencia

La disposición incorpora, además, flexibilizaciones adicionales para deudores que se encuentren afectados por declaratorias de estado de emergencia regional o sectorial vinculadas con las circunstancias que puedan impactar su capacidad de pago.

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que establece medidas para ejecutar intervenciones ante el peligro inminente generado por intensas precipitaciones vinculadas con este fenómeno.

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El impacto económico de un evento climático de esta naturaleza no se limita a los daños directos sobre infraestructura. Una interrupción de actividades puede reducir temporalmente los ingresos de agricultores, comerciantes, transportistas, pequeñas empresas y trabajadores independientes, dificultando el cumplimiento de cuotas que fueron pactadas bajo condiciones económicas distintas.

Precisamente por ello, la SBS diferencia entre una dificultad coyuntural y un problema estructural de solvencia. El objetivo de la flexibilización es atender el primer escenario sin que la modificación contractual sea registrada automáticamente como una refinanciación.

SBS ya aplicó medidas similares ante emergencias

No se trata de un mecanismo completamente nuevo para el sistema financiero peruano. Durante el Fenómeno de El Niño Costero de 2017, la SBS permitió medidas excepcionales para determinados créditos de personas y micro y pequeñas empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia.

En aquella oportunidad, las entidades pudieron reprogramar determinados créditos minoristas sin que ello significara un deterioro de la calidad crediticia, siempre que se cumplieran condiciones específicas. Entre ellas se encontraba que el crédito estuviera al día cuando se declaraba la emergencia y que la extensión del plazo no superara determinados límites.

Una medida similar volvió a habilitarse en 2019, cuando diversas zonas del país fueron afectadas por fenómenos climatológicos. En ese caso, la SBS precisó que la reprogramación de créditos minoristas podía efectuarse sin que constituyera una refinanciación, bajo las condiciones establecidas por el regulador.

La diferencia ahora es que el nuevo oficio establece un marco temporal de flexibilización asociado a situaciones excepcionales que afecten la capacidad de pago y contempla disposiciones específicas para deudores perjudicados por emergencias regionales y sectoriales.

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¿Qué deben hacer los deudores?

La medida no significa que el cliente pueda dejar de pagar unilateralmente. Quien enfrente dificultades debe coordinar con la entidad financiera con la que mantiene el crédito y someterse a la evaluación correspondiente.

La SBS señaló que estas disposiciones fueron trabajadas en coordinación con entidades del Ejecutivo ante el posible impacto del Fenómeno El Niño. El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, indicó que se realizaron reuniones con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el equipo técnico del MEF para abordar las posibles consecuencias del fenómeno climático.

El punto clave será, por tanto, diferenciar a los deudores cuya capacidad de pago se vio afectada temporalmente de aquellos que ya presentaban un deterioro permanente. Para los primeros, la modificación del cronograma puede servir como un mecanismo para evitar que una interrupción de ingresos termine generando atrasos y un deterioro de su perfil crediticio.

Además, la experiencia de 2017 muestra que este tipo de medidas busca funcionar como una herramienta de contención del riesgo: permite que el sistema financiero absorba temporalmente parte del impacto de una emergencia sin convertir automáticamente a todos los afectados en clientes refinanciados.

La aplicación concreta dependerá de las condiciones de cada crédito y de la evaluación que realice la entidad financiera. Por ello, la flexibilización anunciada por la SBS debe entenderse como una facultad regulada para adecuar temporalmente los pagos, y no como una condonación de deudas o un periodo general de gracia.

El cobre fue el principal producto minero exportado durante los primeros seis meses del año. Los envíos sumaron US$19.455 millones, 53,3% más que en el primer semestre de 2025, cuando llegaron a US$12.692 millones. Con ese resultado, el metal representó 46,1% del valor total de las exportaciones mineras.

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El oro ocupó el segundo lugar, con exportaciones por US$15.808 millones, monto que significó un crecimiento de 62% respecto de los US$9.760 millones del mismo periodo del año anterior. Su participación llegó a 37,4% del valor de los envíos mineros.

En conjunto, cobre y oro concentraron más de ocho de cada diez dólares generados por las exportaciones mineras durante el semestre. El incremento del valor exportado estuvo relacionado no solo con las cantidades comercializadas, sino también con la evolución de las cotizaciones internacionales.

¿Qué ocurrió en junio?

El comportamiento de junio muestra con mayor claridad el peso de los precios internacionales. Las exportaciones mineras alcanzaron US$6.429 millones, 35,2% por encima de los US$4.757 millones obtenidos en junio de 2025.

En el caso del cobre, los envíos llegaron a US$2.626 millones, 18% más que un año antes. No obstante, el aumento del valor no estuvo acompañado por un mayor volumen: este se contrajo 16,9%, mientras que el precio del metal aumentó 41,9%. El BCRP mantiene series diferenciadas de valor, volumen y precio para las exportaciones cupríferas, lo que permite observar esta diferencia entre cantidad comercializada y valor obtenido.

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El oro tuvo una evolución distinta. En junio se exportaron US$2.655 millones, 45% más que los US$1.831 millones de junio de 2025. En este caso, tanto el volumen como la cotización contribuyeron al resultado: el primero creció 15% y el precio aumentó 26,1%.

El peso de la minería también se refleja en el conjunto de las ventas peruanas al exterior. De acuerdo con la SNMPE, las exportaciones mineras representaron 74,8% de los envíos totales del país durante enero-junio. La estadística del BCRP clasifica estas operaciones dentro de las exportaciones tradicionales y registra por separado los valores correspondientes a cobre, oro, plomo, zinc, molibdeno y otros productos mineros.

Este comportamiento hace que la evolución de los precios internacionales tenga una incidencia importante sobre el valor de las exportaciones peruanas. En junio, por ejemplo, el incremento del precio del cobre permitió compensar la menor cantidad enviada, mientras que en el oro coincidieron mayores cotizaciones y volumen exportado.

Detrás de esa cifra aparece una marcada diferencia entre el tamaño de las empresas y el peso que tienen en el comercio exterior. Las micro y pequeñas empresas representan el 89,9% de las firmas exportadoras, pero las grandes compañías, que son una minoría, concentran el 93,4% del valor total enviado al exterior.

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Mypes dominan el número de exportadoras, pero las grandes concentran el negocio

La composición muestra que el tejido exportador peruano está formado principalmente por negocios pequeños. De las 7.288 empresas que realizaron envíos durante el semestre, 4.193 fueron microempresas y 2.356 pequeñas. Las grandes, en cambio, fueron 494.

La situación cambia por completo cuando se mira el valor de las operaciones. Las grandes empresas acumularon US$50.479 millones, mientras que las microempresas apenas representaron el 0,4% del monto exportado.

Esta diferencia está relacionada con la escala con la que cada empresa puede operar. Las compañías grandes suelen contar con una mayor capacidad productiva, financiera y logística para atender pedidos de gran volumen y mantener relaciones comerciales de largo plazo.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, advirtió durante la inauguración del ADEX Innovation Summit 2026 que la pérdida de competitividad está afectando especialmente a las actividades de mayor valor agregado. Entre las dificultades que enfrentan las empresas mencionó el acceso limitado a financiamiento y asistencia técnica, además de una baja diversificación.

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Más empresas ingresan al comercio exterior, pero otras no logran mantenerse

El aumento de exportadoras también esconde un movimiento importante. Durante el primer semestre, 2.170 empresas dejaron de realizar envíos al exterior, y casi todas fueron mipymes. Al mismo tiempo, otras 2.381 compañías comenzaron a exportar.

La situación también varía según la actividad. La agroindustria fue el sector que reunió a más empresas exportadoras, seguido por la minería tradicional, la metalmecánica y la industria química. En varios de estos rubros conviven grandes compañías con negocios de menor escala, aunque el peso económico de las primeras continúa siendo considerablemente mayor.

Para ADEX, el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas empresas al comercio exterior, sino en fortalecer las condiciones para que puedan consolidarse. En esa línea, el gremio anunció la creación de una Gerencia de Innovación que buscará identificar experiencias aplicadas en otros países y evaluar cómo podrían adaptarse al entorno peruano.

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La mayoría de exportadoras todavía depende de un solo destino

La concentración también se observa en los mercados de destino. Más de la mitad de las empresas exportadoras realizó envíos a un solo país, mientras un grupo reducido consiguió colocar sus productos en diez o más mercados.

Esta limitada diversificación puede convertirse en una vulnerabilidad para las empresas, especialmente las de menor tamaño. Depender de un único destino significa que un cambio en la demanda, una nueva exigencia comercial o una dificultad logística puede tener un impacto directo sobre sus ventas externas.

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Estados Unidos fue el mercado que recibió productos de más empresas peruanas durante el periodo, seguido por la Unión Europea, Chile, India y Ecuador.

Así, el comercio exterior peruano enfrenta una doble tarea: ampliar la cantidad de empresas que consiguen exportar y, al mismo tiempo, conseguir que una mayor parte de ellas pueda permanecer, crecer y diversificar sus mercados.