‘Creo que hay tres o cuatro grandes ejes que tiene que encarar el próximo gobierno, quiera o no quiera, por las buenas o por las malas’, señaló el economista Armando Mendoza en diálogo con La República.

Uno de los principales problemas, según Mendoza, es que el crecimiento económico del país no se ha traducido en mejoras concretas en el bienestar de la población. ‘El Perú viene creciendo a tasas positivas, pero moderadas del 2% o 3%’, explicó, aunque precisó que ese desempeño no ha tenido un efecto significativo en la economía de los hogares.

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En esa línea, advirtió que existe una brecha entre las cifras macroeconómicas y la realidad social. ‘Las cifras en azul al nivel macroeconómico no se están reflejando en la economía de las personas’, sostuvo, al recordar que los ingresos reales aún no recuperan los niveles previos a la pandemia.

Para el economista, el problema no es únicamente el ritmo de crecimiento, sino su calidad y origen. Según explicó, el país sigue dependiendo de factores externos, lo que limita su sostenibilidad en el tiempo.

‘No sea por casualidad o por factores externos, por el famoso viento de cola’, apuntó, al señalar que el desafío es impulsar políticas públicas que permitan diversificar la economía, generar empleo de calidad y fortalecer las cadenas productivas internas.

También mencionó que el crecimiento debe dejar de concentrarse en pocos sectores. En su opinión, actividades como la agroexportación o la minería han mostrado dinamismo, pero no necesariamente han beneficiado al conjunto del aparato productivo ni al mercado laboral en general.

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Pobreza persistente y críticas al enfoque asistencialista

El segundo gran eje que deberá enfrentar el próximo gobierno es la lucha contra la pobreza, que calificó como un problema aún no resuelto. ‘Es inaceptable que seis años después de la pandemia estemos dando bandazos’, afirmó, en referencia a la falta de continuidad y coherencia en las políticas sociales.

Mendoza consideró que el país ha retrocedido en indicadores sociales y que la respuesta estatal ha sido desordenada, muchas veces enfocada en medidas de corto plazo.

En ese sentido, cuestionó el enfoque predominante de los programas sociales, al señalar que en muchos casos se limitan a transferencias monetarias sin una estrategia de desarrollo detrás.

‘No simplemente se limite al tema de que bueno, te doy un bono (…) que en realidad es una visión populista y clientelista’, sostuvo, al advertir que este tipo de políticas pueden terminar debilitando el objetivo de reducción sostenible de la pobreza.

Desde su perspectiva, la política social debe tener una lógica distinta. ‘La ayuda social no como un mecanismo de clientelismo político, sino como una política de desarrollo con claridad, transparencia y efectividad’, remarcó.

Deterioro fiscal y debilitamiento institucional

Otro de los problemas que deberá afrontar el próximo gobierno es el deterioro fiscal, resultado de decisiones que han reducido los ingresos públicos y aumentado las presiones sobre el presupuesto estatal.

‘La disciplina fiscal ha sido saboteada, ha sido literalmente acuchillada por todos lados’, afirmó, al referirse tanto al incremento del gasto público como a la reducción de ingresos tributarios.

Criticó además la proliferación de beneficios fiscales y exoneraciones sin criterios técnicos claros ni exigencias de impacto económico.

‘Se les entrega exoneraciones tributarias para que paguen cero por ciento de impuestos… sin el más mínimo nivel de inversión o empleo’, señaló, en referencia a determinados regímenes especiales.

Para el economista, este escenario ya empieza a generar consecuencias visibles en la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones. ‘La plata ya no alcanza’, advirtió, al señalar que existen señales de presión presupuestaria en diversas áreas del sector público.

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El último gran reto identificado por Mendoza es la crisis institucional que atraviesa el país. A su juicio, no se trata de un problema nuevo, pero sí de uno que se ha profundizado en los últimos años debido a la constante inestabilidad política.

Esa situación, añadió, se refleja en la alta rotación de autoridades en sectores del Estado. El Ministerio del Interior es uno de los casos más evidentes, con numerosos cambios de titulares en un corto periodo, lo que dificulta la continuidad de las políticas públicas.

Frente a este escenario, advirtió que la próxima administración no podrá darse el lujo de postergar decisiones. La acumulación de problemas económicos, sociales e institucionales reducirá su margen de acción desde el primer día de gobierno. 'La realidad se los va a imponer', sostuvo, al considerar que las respuestas deberán llegar con rapidez ante las demandas que enfrenta el país.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

La solicitud puede presentarse de manera virtual mediante la plataforma habilitada por la entidad o, de forma excepcional, en las oficinas correspondientes. Para acceder al beneficio, el ciudadano debe sustentar la causal de su ausencia con documentos que acrediten la situación y, cuando corresponda, efectuar el pago de la tasa establecida para el trámite.

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¿Cómo solicitar la dispensa o justificación de multa electoral? Paso a paso

Para realizar el trámite, el ciudadano debe seguir los siguientes pasos:

• Ingresar al Sistema de Dispensa Virtual (SISDIV) habilitado por el JNE. https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login
• Si no tiene un usuario o cuenta, debes crearte uno.
• Completar la solicitud de dispensa o justificación correspondiente.
• Adjuntar los documentos que acrediten la causal invocada.
• Presentar una copia del DNI cuando la causal corresponda a pérdida o robo del documento.
• Realizar el pago de S/ 25.90 con el código 01465 cuando la normativa lo exija.
• Cargar o acreditar el comprobante de pago dentro de la solicitud.
• Enviar el trámite para su evaluación por parte de la autoridad electoral.

El pago puede efectuarse en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante los canales virtuales autorizados. En los casos en que una persona registre simultáneamente omisión al sufragio e inasistencia como miembro de mesa, solo deberá cancelar una única tasa por el proceso electoral correspondiente.

Para que la solicitud sea admitida, la documentación presentada debe estar directamente relacionada con la fecha de la elección. Además, si alguno de los documentos fue emitido en un idioma extranjero, deberá incluir una traducción al español conforme a las disposiciones aplicables para este procedimiento.

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¿Quiénes pueden tramitar la dispensa electoral para no pagar multa por no votar?

La dispensa o justificación está disponible para ciudadanos que no pudieron sufragar o cumplir con la instalación de la mesa de sufragio debido a situaciones contempladas por la normativa electoral. Entre ellas figuran quienes viajaron al extranjero por estudios o motivos de salud, así como las personas que realizaron labores de transporte aéreo, terrestre o marítimo durante la fecha de la elección.

Asimismo, pueden acceder al trámite quienes fueron afectados por desastres naturales o de origen humano, presentaron problemas de salud, sufrieron el robo o pérdida de su DNI, estuvieron privados de su libertad o registran alguna discapacidad. También se consideran causales válidas el fallecimiento de familiares directos, errores en el padrón electoral, funciones electorales desempeñadas durante la jornada y otras circunstancias excepcionales debidamente sustentadas.

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La norma, publicada este 2 de junio, busca garantizar la participación electoral sin afectar el vínculo laboral de los ciudadanos que intervengan en el proceso o deban desplazarse fuera de su lugar de trabajo para sufragar.

Trabajadores podrán ausentarse hasta cuatro días si deben viajar para votar

Uno de los principales alcances del decreto está dirigido a los trabajadores de los sectores público y privado que laboran en una localidad distinta a aquella donde les corresponde votar. En estos casos, quienes acrediten haber sufragado podrán dejar de laborar los días viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio del 2026.

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Sin embargo, la norma precisa que los días laborables estarán sujetos a compensación. En el sector privado, la recuperación de horas deberá acordarse entre empleador y trabajador. Si no existe acuerdo, la decisión quedará en manos del empleador.

En el sector público, cada entidad determinará la forma en que se recuperarán las jornadas no trabajadas, procurando mantener la continuidad de los servicios que brinda a la ciudadanía.

Elecciones 2026: ¿Qué beneficios recibirán los miembros de mesa?

El decreto también desarrolla las medidas para quienes participen como miembros de mesa durante la segunda vuelta presidencial. Los ciudadanos que fueron seleccionados mediante sorteo, completaron el proceso de capacitación y cumplan efectivamente la función tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, beneficio ya contemplado en la Ley Orgánica de Elecciones.

Este descanso podrá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a la jornada electoral, de común acuerdo entre el trabajador y el empleador.

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Por otro lado, los miembros de mesa sorteados que no completaron la capacitación, pero sí desempeñen la función el día de la elección, recibirán un día de descanso remunerado compensable el lunes 8 de junio.

El mismo beneficio alcanzará a los ciudadanos que sean designados el mismo día de la elección para integrar una mesa de sufragio debido a la ausencia de titulares o suplentes.

En ambos casos, las horas dejadas de laborar deberán compensarse dentro de los diez días calendario posteriores o cuando lo determine el empleador según las necesidades del servicio.

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Elecciones 2026: ¿cuáles serán las facilidades para quienes trabajen el domingo de elecciones?

La norma también contempla medidas para los trabajadores cuya jornada coincida con el domingo 7 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial.

Estos trabajadores tendrán derecho a períodos de tolerancia, antes o durante la jornada laboral, para acudir a votar.

Asimismo, quienes actúen como miembros de mesa estarán facultados para no asistir a laborar ese día, sin perjuicio de los beneficios adicionales que les corresponden por su participación en el proceso electoral.

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Para acceder a las facilidades previstas para miembros de mesa, los ciudadanos deberán presentar el Certificado de Participación emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), documento que acreditará el cumplimiento efectivo de dicha función.

Las medidas forman parte de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo para garantizar la participación de los electores en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez buscarán alcanzar la Presidencia de la República.

Según el gremio empresarial, esta decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría retrasar o incluso paralizar la ejecución de la principal vía de acceso de alto estándar al nuevo terminal aéreo, con lo que afectaría directamente su operación eficiente y su rol como infraestructura estratégica para posicionar al Perú como un hub logístico, comercial y turístico en la región.

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La CCL advirtió que resulta contradictorio que el país continúe impulsando inversiones multimillonarias en la modernización del Aeropuerto Jorge Chávez, el Puerto del Callao y otros proyectos estratégicos, mientras se pone en riesgo la obra que permitirá su adecuada conexión con la ciudad y con los principales corredores logísticos nacionales. En esa línea, el gremio remarcó que la infraestructura vial de acceso no es un componente secundario, sino una pieza clave para garantizar la funcionalidad del sistema aeroportuario en su conjunto.

Asimismo, la organización señaló que una eventual paralización del proyecto tendría consecuencias directas sobre el comercio exterior, el turismo, la logística de carga, los viajes de negocios y la atracción de inversiones. En su análisis, también alertó sobre el impacto negativo que esta situación podría generar en la imagen internacional del país, al proyectar incertidumbre respecto a la continuidad de proyectos estratégicos y a la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura de gran escala.

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En esa misma línea, la CCL sostuvo que el proyecto Vía Expresa Santa Rosa se enmarca dentro de los esfuerzos articulados de diversas entidades públicas, como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción, PROMPERÚ y ProInversión, junto con el sector privado, para consolidar al Perú como un centro logístico y de negocios competitivo en Sudamérica. Por ello, consideró que su eventual paralización iría en sentido contrario a esa estrategia de desarrollo.

El gremio recordó además que la obra ya cuenta con estudios aprobados, contratos adjudicados, empresas contratistas seleccionadas y una inversión pública significativa ejecutada. Advirtió que cualquier paralización del proyecto podría generar mayores costos, retrasos en los plazos previstos y eventuales contingencias contractuales que terminarían impactando los recursos del Estado.

En esa línea, la Cámara de Comercio de Lima pidió al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar el financiamiento necesario para asegurar la continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa. Según señaló, la nueva infraestructura es clave para conectar de manera eficiente al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y evitar que una obra estratégica opere sin un acceso vial acorde con su capacidad y demanda.

Las afirmaciones, realizadas durante una entrevista concedida a Cadena de Noticias Talara TV, generaron una rápida reacción de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol), que advirtió sobre una eventual “privatización encubierta” y solicitó al presidente José María Balcázar la derogatoria del Decreto de Urgencia 010-2025, norma que otorgó a ProInversión facultades para conducir la reorganización de Petroperú.

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Aunque Delgado insistió en que la propiedad de la Refinería de Talara permanecerá en manos del Estado, sus declaraciones ofrecieron uno de los mayores niveles de detalle conocidos hasta ahora sobre el esquema que se busca implementar para el principal activo de la empresa.

“La titularidad, o sea, la propiedad de todos los activos de Petroperú van a permanecer en manos del Estado peruano”, afirmó.

Sin embargo, precisó que la intención es incorporar a una empresa especializada que asuma la operación de la refinería y ejecute nuevas inversiones para mejorar su desempeño financiero. “Lo que se va a buscar es que un privado pueda operar la refinería”, señaló.

ProInversión busca operador privado para Talara y evalúa contratos de largo plazo

Durante la entrevista, Delgado explicó que la estrategia de reorganización contempla la participación de un operador internacional con experiencia en refinación y capacidad financiera para ejecutar inversiones adicionales en la Refinería de Talara.

“El compromiso es buscar a un privado de clase mundial para que lo opere de una manera bastante eficiente y adicionalmente también que haga las inversiones necesarias para que la refinería no solamente recupere su valor, sino que este valor se incremente”, sostuvo.

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Según indicó, Petroperú enfrenta limitaciones financieras que dificultan realizar inversiones y trabajos de mantenimiento requeridos en sus activos, por lo que se considera necesaria la participación de un socio con experiencia en la gestión de este tipo de infraestructura.

La declaración más relevante de la entrevista llegó cuando el funcionario describió el modelo que actualmente se encuentra bajo evaluación.

“Conceptualmente lo que se va a buscar es un contrato a largo plazo donde el privado sea el que haga las inversiones y también opere la Refinería de Talara”, afirmó.

Consultado sobre los mecanismos que podrían utilizarse, Delgado señaló que existen distintas alternativas en evaluación.

“Puede ser un contrato de inversión público-privado de 30 años, un contrato de concesión, puede ser un contrato de gerencia. Todo eso es un abanico de posibilidades que están sobre la mesa para evaluar”, manifestó.

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Asimismo, reveló que ProInversión espera culminar en los próximos meses la evaluación técnica y financiera de los activos de Petroperú para posteriormente salir al mercado en busca del operador.

“Acabado este tiempo, ya vamos a lanzar el concurso con la modalidad específica, con las condiciones y los criterios justamente para buscar este operador”, declaró.

Incluso, al ser consultado sobre la posibilidad de incorporar participación accionaria privada en la Refinería de Talara, el funcionario reconoció que esa alternativa no ha sido descartada.

“Esa opción podría estar sobre la mesa. Habría que evaluarla”, respondió.

Fenpetrol rechaza propuesta y pide frenar la reorganización de Petroperú

Las declaraciones de Delgado provocaron la reacción de Fenpetrol, que remitió una carta al presidente de la República expresando su rechazo al proceso de reorganización impulsado por ProInversión.

En el documento, la federación cuestiona que la operación y las inversiones de instalaciones estratégicas puedan quedar bajo control privado mediante contratos de largo plazo, aun cuando la propiedad continúe siendo estatal.

“Si bien PROINVERSIÓN ha manifestado que no se trata de una privatización directa, la propuesta de concesión por un plazo de 30 años para la operación y la realización de inversiones en instalaciones estratégicas como la Refinería de Talara constituye, a nuestro juicio, una privatización encubierta”, sostiene la organización sindical.

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La federación considera que una medida de este tipo podría afectar el carácter estratégico de Petroperú y advierte riesgos para la soberanía energética y la estabilidad laboral de los trabajadores.

Asimismo, rechazó una afirmación realizada por Delgado respecto al diálogo con las organizaciones sindicales. Mientras el funcionario aseguró haber sostenido reuniones con sindicatos para explicar el proceso de reorganización, Fenpetrol sostuvo que no ha participado en ninguna instancia de coordinación con ProInversión.

“En ningún momento se ha sostenido reunión, diálogo o coordinación alguna con Fenpetrol ni con los sindicatos afiliados a nuestra Federación”, indicó la organización en su comunicación al Ejecutivo.

Además de cuestionar la reorganización, la federación pidió la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025 y de las normas vinculadas al proceso de reestructuración de Petroperú.

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El gremio también solicitó al Gobierno concretar el aval financiero de US$2.000 millones para garantizar la liquidez y continuidad operativa de la empresa, compromiso que, según señala, aún no se ha materializado pese a haber sido anunciado semanas atrás.

Con ello, el debate sobre el futuro de la Refinería de Talara vuelve a instalarse en el centro de la discusión energética. Mientras ProInversión sostiene que la incorporación de un operador especializado permitirá mejorar la eficiencia y atraer inversiones sin perder la propiedad estatal, los trabajadores consideran que entregar la operación de largo plazo de la principal instalación de Petroperú supone, en los hechos, una forma de privatización que el Gobierno debería detener.

Durante una entrevista en el programa 'Que no se te olvide' de La República, Sánchez sostuvo que su agrupación respalda la independencia de la autoridad monetaria y consideró que este ha sido uno de los pilares de la estabilidad económica del país.

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"Hemos reafirmado nosotros, como dice la Constitución, la política de Estado de la autonomía del Banco Central de Reserva. Es algo que hay que defender y ha demostrado resultados muy buenos para el país", señaló.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo añadió que también defiende la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para atraer inversiones. "Defendemos la necesaria política de Estado de la estabilidad macroeconómica. Son aspectos fundamentales que permiten que fluya inversión privada", indicó.

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Respeto a acuerdos internacionales e inversión privada

Sánchez afirmó que su agrupación mantendrá el respeto a los acuerdos internacionales suscritos por el Perú y destacó su experiencia en la negociación de tratados comerciales durante su gestión en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

"Nosotros creemos en la inversión privada, pero para expandir esos beneficios queremos que haya también la participación de los microempresarios y de la industria nacional", manifestó.

En ese contexto, señaló que uno de los objetivos de su propuesta económica es promover una mayor transformación productiva de los recursos que exporta el país.

"Basta de vender solamente materias primas. No podemos generar ni siquiera un hilo de nuestro cobre, ni siquiera un valor agregado de nuestra agricultura", expresó.

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Plantea cambios en la actividad minera y la formalización

El candidato también planteó la necesidad de establecer nuevas condiciones para el desarrollo de la actividad minera, incluyendo mayores estándares ambientales y acciones contra la ilegalidad.

"Estamos hablando de una nueva minería, como un nuevo pacto que permita estándares ambientales, lucha frontal contra la ilegalidad y garantizar el derecho al trabajo", sostuvo.

Además, consideró que la elevada informalidad laboral representa uno de los principales desafíos de la economía peruana.

"El 70% de informalidad es un pecado social muy grande y para revertirlo tenemos que garantizar estabilidad económica", afirmó.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que diversos gremios empresariales y analistas económicos vienen evaluando las propuestas de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales de 2026, especialmente en temas relacionados con la inversión privada, la estabilidad fiscal y el crecimiento económico.