El escenario adquiere relevancia ante la persistencia de las condiciones asociadas a El Niño. El ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y contempla escenarios de intensidad fuerte y extraordinaria hacia los próximos meses, aunque la evolución del fenómeno dependerá de las condiciones del océano y la atmósfera.

El impacto económico no necesariamente se produciría de manera uniforme. Un cultivo puede resultar afectado directamente por lluvias intensas, mientras que otro puede enfrentar problemas para llegar a los mercados debido al deterioro de carreteras. En ambos casos, el resultado puede ser una menor cantidad de productos disponibles para los consumidores.

Costa norte concentra parte importante de la producción

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad aparecen entre las zonas que podrían enfrentar una mayor exposición. De acuerdo con Elgegren, estas cuatro regiones concentran más del 23% de la producción agrícola nacional y tienen una elevada exposición a inundaciones, además de posibles daños en vías de comunicación e infraestructura.

La vulnerabilidad, sin embargo, no se limita a la costa. El especialista señala que en la sierra sur los riesgos están vinculados principalmente con eventuales condiciones de sequía, que pueden afectar la agricultura de secano y la ganadería.

El riesgo climático para el sector agrario tampoco es menor a escala nacional. Según el dato citado por Elgegren, el 39,62% de los distritos del país presenta condiciones de vulnerabilidad frente a eventos climáticos.

El problema para los consumidores aparece cuando un menor volumen de producción coincide con dificultades logísticas. “Si las carreteras se bloquean, los productos tampoco pueden llegar a las ciudades”, explicó Elgegren. En ese escenario, incluso una producción que no haya sido completamente destruida puede terminar llegando en menor cantidad o con mayores costos de transporte.

Limón, mango, arroz y otros alimentos bajo presión

Entre los productos que podrían registrar mayores variaciones figuran el limón, mango, arroz, cebolla, tomate y papa, de acuerdo con la evaluación del economista. El pescado también podría presentar cambios de precio debido a que el calentamiento del mar puede modificar la disponibilidad de determinadas especies.

La experiencia reciente permite dimensionar el mecanismo, aunque no implica que las mismas variaciones vayan a repetirse. Durante el Niño Costero de 2017, las lluvias, inundaciones e interrupciones de carreteras afectaron la producción y el transporte de alimentos. El BCRP reportó que el precio del limón aumentó 133% en agosto de ese año y aportó 0,44 puntos porcentuales a la inflación mensual.

El antecedente también muestra por qué no todos los alimentos reaccionan de la misma manera. El efecto de El Niño sobre el bolsillo depende de la producción disponible, las zonas afectadas, las condiciones de transporte y la posibilidad de sustituir un producto por otro.

Por ello, el rango de 20% a 100% no debe interpretarse como una proyección para toda la canasta alimentaria. Se trata de una estimación para determinados productos y escenarios de afectación de la oferta. El impacto sobre la inflación dependerá de cuánto duren las interrupciones y de la capacidad de los mercados para compensar la menor producción.

¿El impacto llegaría a la inflación?

El canal de transmisión sería relativamente directo: una menor cosecha reduce la oferta, mientras que el encarecimiento del transporte puede elevar el costo de llevar los productos hasta los principales centros de consumo. Si ambos factores ocurren simultáneamente, los precios pueden reaccionar con rapidez.

El BCRP ya ha documentado este tipo de episodios. En 2017, la inflación de marzo alcanzó 1,3%, la tasa mensual más alta desde 1998, en un contexto marcado por las alteraciones climáticas, inundaciones e interrupciones de carreteras. Posteriormente, algunos choques comenzaron a revertirse conforme se recuperó el abastecimiento.

La situación actual debe observarse bajo ese antecedente y no como una repetición automática de 2017. El ENFEN prevé condiciones que podrían favorecer lluvias por encima de lo normal en sectores de la costa norte y central durante los próximos meses.

Para los hogares, el riesgo no está únicamente en cuánto podría subir un producto, sino en cuánto tiempo permanecería elevado su precio. Un incremento temporal puede ser absorbido modificando el consumo o sustituyendo alimentos; uno prolongado, en cambio, puede presionar el presupuesto mensual y trasladarse a las decisiones de compra de las familias.

El desafío para el mercado será entonces evitar que una alteración climática termine convirtiéndose en un problema prolongado de abastecimiento. La evolución de las cosechas, las condiciones de las carreteras y el ingreso efectivo de productos a los principales mercados serán indicadores clave para determinar si el impacto queda concentrado en determinados alimentos o termina teniendo un efecto más amplio sobre el costo de vida.

Durante el primer semestre, Estados Unidos compró US$11 millones en fresa peruana, casi el doble de lo registrado un año atrás: el monto aumentó 96% respecto de los US$5 millones 616 mil de enero a junio de 2025. Así, este país concentró el 52,3% del valor total exportado por Perú, es decir, más de la mitad de los ingresos generados por la venta de esta fruta al mundo.

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El resultado coloca a Estados Unidos muy por encima del resto de destinos. Canadá ocupó el segundo lugar, con US$4 millones 628 mil, mientras que Japón adquirió US$2 millones 419 mil. Más atrás se ubicaron Guatemala, con US$1 millón 034 mil, y Corea del Sur, con US$823 mil. La presencia de estos mercados muestra que, aunque la demanda estadounidense es determinante para el resultado actual, la fresa peruana ya cuenta con una cartera diversificada de compradores.

Estados Unidos concentra más de la mitad de las exportaciones de fresa peruana

La evolución de los destinos va acompañada por una característica particular de la oferta peruana: la gran mayoría de los envíos corresponde a producto congelado. De los US$21 millones exportados hasta junio, US$20 millones 377 mil fueron de fresa congelada, entera o en trozos, equivalente al 97% del total.

Esta presentación tiene una ventaja comercial importante, ya que al congelarse, la fruta puede conservarse durante más tiempo y trasladarse a mercados lejanos sin depender de los plazos mucho más exigentes que supone la comercialización de un producto fresco. En otras palabras, la cadena de frío permite que la fresa peruana llegue a destinos internacionales con una ventana comercial más amplia. En volúmenes bastante menores se exportaron también fresas deshidratadas, frescas y congeladas en pulpa o puré.

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La producción destinada al exterior tiene además un marcado componente regional. Lima lideró las exportaciones con US$9 millones 991 mil, seguida por La Libertad, con US$4 millones 254 mil, y Áncash, con US$3 millones 569 mil. El Callao registró US$2 millones 153 mil, mientras que Ica y Piura aportaron US$640 mil y US$415 mil, respectivamente.

El crecimiento de este año prolonga una tendencia que ya se había consolidado en 2025. Durante el año pasado, Perú exportó más de US$60 millones en fresa, 32,4% más que en 2024. Fueron 35 empresas las que colocaron el producto en 28 mercados internacionales, una expansión que refleja no solo una mayor demanda, sino también la capacidad de los exportadores nacionales para sostener su presencia fuera del país.

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Perú escala en el mercado mundial de la fresa y busca nuevos destinos

La trayectoria reciente ayuda a dimensionar el avance: entre 2021 y 2025, las exportaciones peruanas de fresa crecieron a una tasa promedio anual de 11,5%, lo que llevó al Perú a ocupar el puesto 16 entre los principales proveedores mundiales en 2025.

El mercado internacional movilizó unos US$6.300 millones el año pasado, con Estados Unidos, Alemania y Canadá como principales compradores, mientras España, Egipto y México destacan entre los grandes proveedores. En este escenario, el mercado estadounidense gana peso: sus compras de fresa peruana aumentaron 96% en el primer semestre, impulsando el crecimiento total y consolidando a la fresa congelada como el principal formato de exportación.

Para ampliar estas oportunidades, ADEX realizará el primer Foro Internacional de la Fresa, el 10 y 11 de septiembre en Huacho, con participación de autoridades, empresas y agricultores. El reto es convertir el avance de Estados Unidos en un crecimiento más amplio y sostenido para un producto que ya supera los US$60 millones anuales en exportaciones.

En cada una de estas fechas se tiene previsto bloquear 120.000 equipos. La medida está dirigida a celulares que no figuran en la lista blanca del Renteseg y que están vinculados con personas que anteriormente utilizaron equipos con el IMEI alterado.

El proceso forma parte de las acciones contra el comercio ilegal de celulares. Con los bloqueos programados para este mes, el número de equipos bloqueados entre enero y agosto de 2026 llegará a aproximadamente 2.4 millones. Desde abril de 2025, la cifra acumulada supera los 4.9 millones.

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¿Qué es un IMEI alterado?

El IMEI es el código único que identifica a cada celular en las redes móviles. Cuando ese número es modificado, clonado o alterado, el equipo puede perder su trazabilidad y dificultar la identificación de su origen. Este tipo de manipulación suele estar asociado al comercio ilegal de teléfonos robados o ingresados irregularmente al mercado.

El organismo regulador ha señalado en distintas campañas de seguridad que la alteración del IMEI afecta la efectividad de los sistemas de bloqueo de equipos sustraídos y complica las acciones de rastreo que realizan las autoridades y las empresas operadoras.

¿Para qué sirve el Renteseg?

El Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) concentra la información de los equipos considerados válidos para operar en el país. El sistema permite identificar celulares robados, clonados, con IMEI inválido o que no cumplen con los criterios establecidos para su habilitación en las redes móviles.

La información del registro es alimentada por las empresas operadoras y otras entidades autorizadas, lo que permite a la entidad ordenar bloqueos cuando detecta equipos que presentan inconsistencias o están vinculados con actividades irregulares.

Cómo verificar si tu IMEI coincide

Ante un aviso de bloqueo, se recomienda no esperar a que el equipo quede inhabilitado para iniciar el trámite. Los usuarios pueden comprobar si el IMEI que aparece al marcar *#06# coincide con el número impreso físicamente en la bandeja SIM, la parte posterior del equipo, debajo de la batería u otra zona identificada por el fabricante.

Si ambos códigos no coinciden, la operadora deberá realizar una validación adicional para determinar la situación del dispositivo. En caso de que la información sea consistente y el usuario pueda acreditar la procedencia del celular, podrá solicitar su incorporación a la lista blanca del Renteseg antes de la fecha prevista para el bloqueo.

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¿Por qué OSIPTEL puede bloquear tu celular?

El Renteseg identifica los equipos que cumplen con los criterios establecidos para el bloqueo y comunica la orden a las empresas operadoras. A partir de ese momento, las compañías tienen un plazo máximo de dos días hábiles para avisar a sus abonados mediante un mensaje de texto.

El SMS informa al usuario que su equipo será bloqueado dentro de ese mismo periodo y que debe gestionar su registro. Por ello, quienes reciban esta comunicación tienen un plazo limitado para verificar su situación y, si corresponde, regularizar el dispositivo.

La medida no implica que todos los celulares que no aparecen en la lista blanca sean bloqueados. En este proceso también se considera la vinculación del equipo con personas reincidentes en el uso de dispositivos cuyo IMEI fue alterado.

Compré mi celular en Perú, ¿qué debo hacer?

Si el equipo fue adquirido en el país y el usuario considera que el bloqueo no corresponde, deberá acudir a la empresa o establecimiento donde compró el celular y solicitar que el dispositivo sea registrado en la lista blanca del Renteseg.

El objetivo del trámite es acreditar que se trata de un equipo válido y que sus características corresponden con la información registrada.

¿Y si compré el celular en el extranjero?

La situación es diferente cuando se trata de un equipo comprado en otro país para uso personal. En esos casos, el usuario deberá acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil para solicitar la validación e incorporación del dispositivo a la lista de equipos válidos del Renteseg.

Ante un aviso de bloqueo, lo recomendable es no esperar a que el equipo quede inhabilitado para iniciar el trámite. Los usuarios pueden comprobar si el IMEI que aparece al marcar *#06# coincide con el número impreso físicamente en la bandeja SIM, la parte posterior del equipo, debajo de la batería u otra zona identificada por el fabricante.

El gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, explicó que el subsidio corresponde al ámbito de la política fiscal y que su ejecución y diseño están bajo responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el Banco Central, el interés está en determinar cómo esta intervención puede modificar el comportamiento de los precios y las perspectivas de la economía.

“El Banco Central toma su decisión de política monetaria basado en la proyección de la inflación y sus determinantes. Entonces, es una evaluación integral”, señaló Armas durante la presentación del Programa Monetario de agosto.

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BCR no anticipa un cambio automático en la tasa de interés

La inclusión del subsidio dentro del análisis del BCR no significa que la institución vaya a modificar automáticamente su tasa de referencia. Armas remarcó que la política monetaria no responde a una sola variable, sino a la evolución conjunta de los principales indicadores económicos.

“No es que una variable se mueva en un sentido y el Banco Central va a hacer necesariamente el otro. Siempre la evaluación de la política monetaria es una evaluación integral”, explicó.

El funcionario señaló que el BCR considera tanto las medidas fiscales como las proyecciones macroeconómicas antes de definir su posición. Por ello, el subsidio anunciado por el Gobierno será una pieza adicional dentro del análisis, junto con la evolución de la inflación, los precios internacionales de los combustibles y otros factores que puedan afectar las perspectivas económicas.

La precisión resulta relevante porque el subsidio se anuncia en un contexto de presión sobre los precios de los combustibles. En las últimas semanas, el diésel y los gasoholes han registrado incrementos asociados, entre otros factores, al comportamiento de los mercados internacionales.

Adrián Armas cuestiona el alcance de las medidas anteriores

Durante su exposición, Armas también hizo referencia a la respuesta fiscal que se dio frente al anterior episodio de fuerte incremento de los precios de los combustibles. Según explicó, la intervención del Estado fue menor que la observada en otros momentos.

“Las acciones -del Gobierno- sobre el alza fuerte que vimos en el precio de combustibles fueron significativamente menores a lo que la propia historia de la política fiscal nos dice”, sostuvo.

El gerente de Estudios Económicos recordó que en episodios anteriores se utilizaron herramientas como el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo diseñado para amortiguar las variaciones de los precios internacionales en el mercado peruano.

Sin embargo, Armas señaló que el fondo tuvo una participación limitada durante el último incremento. “El fondo de estabilización de combustibles, para todo fin práctico, no está funcionando o está funcionando muy poco”, afirmó.

La observación coloca el actual subsidio en un escenario distinto al de una intervención general sobre los precios de los combustibles. La nueva medida está focalizada en determinados transportistas y busca reducir parte del impacto que tiene el mayor costo del combustible sobre sus operaciones.

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¿A quiénes alcanzará el subsidio anunciado por el Gobierno?

El Ejecutivo informó que el apoyo estará dirigido al transporte de pasajeros, carga pesada, transporte fluvial y mototaxis de la selva. El beneficio será equivalente a entre el 15% y el 20% y tendrá una vigencia inicial de tres meses.

De acuerdo con lo anunciado por el MEF, el primer mecanismo para el transporte urbano comenzará a aplicarse desde este sábado, mientras que la implementación para el transporte fluvial y los mototaxistas de la selva requerirá un plazo mayor debido al proceso de registro de los beneficiarios.

El diseño focalizado busca que el apoyo llegue directamente a actividades particularmente expuestas al incremento del diésel y otros combustibles. No obstante, todavía será relevante observar cuánto del beneficio termina reflejándose en menores costos para los operadores y cuánto llega finalmente a los usuarios mediante las tarifas de transporte.

El subsidio también tendrá una lectura fiscal

Otro aspecto que deberá observarse es el costo que tendrá la medida para las cuentas públicas. Al tratarse de una intervención fiscal, su costo y la duración definitiva serán variables relevantes para determinar su impacto sobre las cuentas públicas.

Armas evitó presentar el subsidio como una decisión del BCR y remarcó la separación entre las funciones de ambas instituciones. Mientras el MEF determina las medidas de política fiscal, el Banco Central incorpora sus posibles consecuencias dentro de su evaluación macroeconómica.

Por ello, el efecto sobre la inflación será uno de los puntos que seguirá el ente emisor. Si la medida logra reducir parte de la presión sobre los costos del transporte, podría contribuir a moderar determinados precios. Sin embargo, el resultado dependerá también de la evolución internacional del petróleo, del comportamiento de los combustibles en el mercado local y de la forma en que el beneficio sea trasladado a los costos de los operadores.

En ese escenario, el mensaje de Armas no supone un respaldo ni un rechazo del BCR al subsidio. La institución evaluará sus consecuencias junto con el resto de factores que determinan la inflación y la actividad económica. La decisión sobre la medida corresponde al Gobierno, mientras que sus efectos pasarán a formar parte de la información que el Banco Central utilice para definir su política monetaria.

La nueva compañía tendrá la forma de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio y su primer gerente general será Carlos Enriquez Cuéllar. Petroperú encargará a su Gerencia General completar los trámites necesarios para su formalización, inscripción y organización.

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¿Qué es Petroperú Invest y para qué servirá?

La creación de esta sociedad no supone, por sí misma, una nueva petrolera que vaya a operar refinerías, producir combustibles o desarrollar actividades comerciales independientes. Su función está vinculada al mecanismo financiero diseñado para canalizar recursos destinados a la continuidad operativa de Petroperú.

El Decreto de Urgencia, publicado en mayo, autorizó a Petroperú a participar en la constitución de un VPE, de manera individual o junto con terceros, incluidas entidades financieras nacionales o internacionales. La norma establece que esta estructura puede tener a Petroperú como único accionista, precisamente la fórmula adoptada para Petroperú Invest.

El esquema contempla que los recursos sean canalizados mediante uno o más fideicomisos. ProInversión tiene un papel central en la operación, pues la norma le encarga liderar, estructurar y acompañar la constitución e implementación del vehículo. Además, será la entidad autorizada para instruir la utilización de los recursos depositados en los fideicomisos.

¿De dónde saldrán los recursos?

El mecanismo está relacionado con una autorización para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asuma compromisos contingentes con entidades nacionales o internacionales por hasta US$2.000 millones, además de los costos financieros asociados.

El dinero tiene un destino específico. El decreto establece que debe utilizarse exclusivamente para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, incluyendo el financiamiento de capital de trabajo, la recomposición de inventarios de combustibles e insumos y los servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.

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El diseño es relevante porque Petroperú ha enfrentado durante los últimos años restricciones para acceder a financiamiento y dificultades para cubrir sus necesidades de capital de trabajo. El propio decreto reconoce el deterioro de la liquidez y del patrimonio de la compañía como parte del contexto que llevó al Ejecutivo a aprobar medidas extraordinarias.

La situación financiera, sin embargo, mostró una mejora en el primer semestre de 2026. Petroperú reportó una utilidad neta de US$121 millones entre enero y junio, frente a una pérdida de US$278 millones en el mismo periodo de 2025. Al cierre de junio, el déficit de capital de trabajo se ubicó en US$1.427 millones, menor a los US$2.296 millones registrados en diciembre del año pasado.

Esto significa que la creación de Petroperú Invest sucede mientras la empresa presenta una recuperación en algunos indicadores, pero todavía mantiene una necesidad importante de financiamiento para sostener la compra de crudo, combustibles y otros insumos.

El papel del fideicomiso

Como parte de la operación, el Directorio también aprobó la designación de TMF Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria como fiduciario del fideicomiso de administración previsto en el Decreto de Urgencia N.° 003-2026. El encargo fue realizado a pedido de ProInversión y contempla que la Gerencia General de Petroperú suscriba el contrato correspondiente.

De esta manera, Petroperú Invest y el fideicomiso cumplen funciones distintas dentro de una misma estructura: la primera será el vehículo societario creado para la operación, mientras que el segundo permitirá administrar y canalizar los flujos bajo las condiciones establecidas por la norma.

La estructura también busca separar la administración de estos recursos de las operaciones financieras habituales de Petroperú. El decreto dispone que los fondos provenientes de la operación sean manejados a través de fideicomisos y establece controles sobre su utilización.

El plazo de vigencia del Decreto de Urgencia N.° 003-2026 llega hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ello, la constitución de Petroperú Invest forma parte de un mecanismo excepcional y vinculado a las medidas adoptadas este año para enfrentar las necesidades financieras de la petrolera y preservar el abastecimiento de hidrocarburos.

La nueva sociedad tendrá que completar ahora su inscripción y organización para que la estructura pueda operar. A partir de allí, el acceso efectivo a los recursos dependerá de la implementación del esquema financiero y de las condiciones que se establezcan con las entidades participantes.

El esquema fue establecido mediante el Decreto de Urgencia N.°007-2026 y contempla dos modalidades. La primera, denominada Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional), está dirigida a los servicios regulares de pasajeros de ámbito nacional, regional y provincial, además del transporte terrestre de mercancías. En tanto, el META-Lima y Callao comprende a los operadores del transporte público regular habilitados por la ATU y calcula el apoyo en función del kilometraje efectivamente recorrido.

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Subsidio será calculado según el combustible adquirido

En el caso del META-Nacional, el Estado reconocerá S/4 por cada galón de diésel B5 o diésel B20 de uso vehicular comprado por los transportistas que cumplan las condiciones establecidas. El beneficio se aplicará en tres periodos: del 16 de agosto al 15 de septiembre, del 16 de septiembre al 15 de octubre y del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2026.

El monto no se calculará sobre una estimación del consumo, sino sobre el volumen efectivamente adquirido. Para sustentar las compras, los beneficiarios deberán presentar comprobantes de pago electrónicos emitidos por proveedores que tengan inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

El acceso tampoco será automático para cualquier propietario de un vehículo. Entre las condiciones figuran contar con autorización vigente para prestar el servicio, tener vehículos habilitados y mantener el RUC activo y en condición de habido. La validación de la información estará a cargo de distintas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, SUNAT y Osinergmin.

El pago se realizará mediante el Banco de la Nación u otras empresas del sistema financiero. Los recursos podrán ser depositados en cuentas existentes, nuevas cuentas o tarjetas a nombre de los beneficiarios.

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Lima y Callao tendrán un cálculo diferente

Para el transporte público regular autorizado por la ATU, el subsidio no estará vinculado directamente con los galones comprados. El META-Lima y Callao utilizará como referencia el kilometraje efectivamente recorrido y validado mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM).

Los montos serán de S/0.50 por kilómetro para ómnibus, S/0.40 para minibuses y S/0.30 para microbuses. Este mecanismo también tendrá una vigencia de tres meses y busca relacionar el desembolso con la prestación efectiva del servicio.

La norma establece además restricciones para evitar que un mismo vehículo genere pagos duplicados por un mismo concepto. Los operadores que se encuentren bajo la competencia de la ATU no podrán acogerse al META-Nacional y, si corresponde, deberán hacerlo exclusivamente mediante el mecanismo diseñado para Lima y Callao.

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¿Cómo se distribuirán los S/105 millones?

El financiamiento se dividirá entre ambos programas. Hasta S/60 millones serán destinados al META-Nacional, mientras que otros S/45 millones corresponderán al mecanismo para Lima y Callao. Los recursos provendrán de transferencias con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y, en el segundo caso, también tendrán como destino la ATU.

La decisión se produce en un contexto de incremento de los precios de referencia del diésel durante julio y agosto, en medio de una mayor volatilidad del mercado energético internacional. El aumento de este insumo repercute directamente sobre los costos que enfrentan las empresas y transportistas, especialmente en actividades donde el combustible representa una parte relevante del gasto operativo.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el Gobierno optó por un esquema focalizado en lugar de un subsidio generalizado. La medida, según explicó, busca dirigir los recursos hacia los transportistas que cumplan con las condiciones previstas en la norma.

El impacto final dependerá, entre otros factores, del número de transportistas que cumplan los requisitos y del volumen de combustible o kilometraje que sea reconocido durante los tres meses de vigencia.

Cuba señaló que el Ejecutivo no puede asumir una obligación presupuestal creada por el Parlamento y adelantó que se recurrirá a las instancias correspondientes para cuestionar la norma. “No hay manera que un Gobierno pueda cumplir lo que el Congreso anterior ha aprobado. Ya el Tribunal Constitucional ha fallado para el futuro”, sostuvo.

El ministro se refería a la disposición que establece que los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. La norma fue aprobada por insistencia y publicada en abril de este año.

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Cuba cuestiona el impacto fiscal

Para el titular del MEF, el debate no se limita al aumento que recibirían los docentes retirados. Cuba sostuvo que la medida compromete recursos públicos de manera permanente y puede afectar el manejo de las cuentas fiscales.

“De todas maneras, lo que es ilegal es que los congresos tengan una iniciativa de gasto. Lo normal en los países capitalistas y en el mercado es que el Ejecutivo maneja el gasto. Y acá se ha violado la Constitución”, afirmó.

El ministro agregó que la posición del Gobierno también responde a consideraciones macroeconómicas. “Y además, macroeconómicamente hablando, pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país”, señaló durante la entrevista.

El impacto fiscal había sido advertido previamente por el Consejo Fiscal. En un comunicado publicado en marzo, el organismo señaló que la medida incrementaría la planilla de pensiones y generaría demandas permanentes de recursos al Tesoro Público. Su estimación apuntó a un costo de al menos S/8.000 millones adicionales por año.

El Consejo Fiscal también advirtió que el mecanismo de actualización previsto en la norma podría generar un efecto de nivelación entre las pensiones y las remuneraciones de los docentes en actividad. Esto ocurriría porque el beneficio está vinculado con la RIM de la primera escala magisterial, de modo que una modificación de esa remuneración tendría efectos sobre el monto pensionario.

¿Qué cuestiona el MEF?

Cuba insistió en que el problema no es únicamente el monto que recibirían los maestros jubilados, sino la forma en que se creó la obligación. “Vamos a interponer nuestras acciones para no cumplir algo que es ilegal”, manifestó.

El ministro también consideró que la disposición genera una diferencia frente a otros trabajadores del sector público. “Es injusto con el esfuerzo pensionario y los demás colegas del sector público”, señaló.

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La norma fue reconsiderada por el Congreso después de las observaciones formuladas por el Ejecutivo y finalmente promulgada por insistencia. El texto establece que el beneficio alcanza a docentes jubilados y cesantes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva comprendidos en los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944 y, de acuerdo con la disposición, también a afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

Uno de los puntos que preocupa al MEF es precisamente el carácter permanente del beneficio. No se trata de una transferencia extraordinaria o de un pago por única vez, sino de una modificación de las condiciones pensionarias que comprometería recursos públicos en los siguientes años.

Ejecutivo prepara acciones contra la norma

Ante la consulta sobre si el MEF permitirá que los docentes jubilados comiencen a recibir la pensión establecida por la norma, Cuba respondió que el Ejecutivo prepara acciones para evitar su aplicación.

“No vamos a cumplir lo que son los constitucionales ilegales y además se rompe el criterio fiscal y además no permite que el gobierno que acaba de entrar cumpla su promesa que está en otro lado”, sostuvo.

El ministro hizo referencia así a dos aspectos que, según su posición, deben considerarse de manera conjunta: las restricciones constitucionales sobre el gasto y el impacto que una nueva obligación previsional tendría sobre el presupuesto.

La disposición estableció que el Poder Ejecutivo debía aprobar su reglamento en un plazo de 90 días desde su entrada en vigencia. Asimismo, dejó en manos del MEF, en coordinación con el Ministerio de Educación, el establecimiento de las pensiones equivalentes a la primera escala magisterial.

Con el rechazo del MEF y el anuncio de acciones legales, la aplicación del incremento pensionario queda en el centro de una disputa entre el Ejecutivo y el Congreso anterior. Para Cuba, la discusión no solo involucra la mejora de los ingresos de los maestros retirados, sino también quién puede crear obligaciones de gasto y bajo qué condiciones pueden incorporarse nuevos compromisos al presupuesto público.

La startup busca facilitar una de las partes más complejas de comprar una vivienda: saber cuánto puede financiar realmente una persona antes de empezar a buscar un inmueble. Su plataforma permite adelantar la evaluación de la capacidad crediticia y tomar ese monto como referencia para la búsqueda.

El proceso habitual suele darse al revés. El comprador identifica un proyecto, revisa precios, visita una vivienda y recién después enfrenta la evaluación del banco. Si su capacidad de pago no alcanza, debe volver a empezar la búsqueda.

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Las personas suelen buscar primero la propiedad, pero sin saber si califican para un crédito ni si ese inmueble está realmente a su alcance, explicó Fabrizio Canoci, cofundador de HipoTech.

HipoTech busca que el crédito hipotecario se evalúe antes de elegir el departamento

La plataforma permite que el usuario registre sus datos mediante la web o la aplicación y obtenga un Score HipoTech, una evaluación inicial de su perfil financiero. En términos sencillos, se trata de una referencia sobre su capacidad para asumir un crédito hipotecario y no de una aprobación definitiva del banco.

La empresa señala que este primer resultado puede obtenerse en menos de un minuto y que, posteriormente, la información es enviada a las entidades financieras asociadas para obtener respuestas de precalificación en un plazo máximo de 48 horas.

La precalificación bancaria tampoco equivale al desembolso de un préstamo. Es una evaluación previa que permite conocer si el perfil del comprador podría acceder a financiamiento y bajo qué condiciones aproximadas, antes de avanzar en todo el proceso de compra.

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La diferencia puede ser importante para quien compara distintas opciones de vivienda. Según HipoTech, una evaluación que tradicionalmente puede tomar alrededor de dos semanas —y prolongarse hasta un mes cuando se consultan alternativas en diferentes entidades— puede resolverse en menos tiempo mediante su plataforma.

Una vez que conoce su capacidad de compra, el usuario puede revisar proyectos inmobiliarios que se encuentren dentro de ese rango. Actualmente, HipoTech reporta 3.523 usuarios y más de 125 proyectos inmobiliarios en su plataforma, además de conexiones con los principales bancos del país.

Más de S/35 millones desembolsados y un nuevo reto: salir de Lima

Los S/35 millones corresponden a créditos efectivamente desembolsados, es decir, operaciones que llegaron a concretarse y no solo solicitudes o precalificaciones. En las 78 operaciones realizadas, el préstamo promedio fue de aproximadamente S/480 mil.

Para el usuario, el servicio no tiene costo. HipoTech genera ingresos a través de las comisiones que pagan las inmobiliarias cuando se concreta la venta de alguno de los proyectos asociados. Así, el costo del servicio recae en el desarrollador y no directamente en quien busca financiamiento.

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La startup fue seleccionada por ProInnóvate para recibir financiamiento destinado al desarrollo de su solución tecnológica. Tras concretar sus primeras operaciones, ahora apunta a ampliar su red de proyectos y llevar el servicio fuera de Lima.

El reto será sumar proyectos y entidades financieras en otras ciudades para acompañar esa expansión. La apuesta de HipoTech es que la evaluación financiera deje de ser uno de los últimos pasos al comprar una vivienda y pase a ser el primero: saber cuánto puede pagar el comprador antes de decidir qué vivienda buscar.

El modelo, que comenzó en 2008, cuenta actualmente con 536 organizaciones autosostenibles y cerca de 9.000 socios. En conjunto, han acumulado S/27,7 millones de capital social, es decir, recursos aportados por los propios integrantes que sirven para financiar nuevos préstamos dentro de cada grupo.

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Hasta ahora, han colocado 66.119 préstamos por S/115,4 millones y registran una morosidad de apenas 1%. El resultado destaca porque se trata de organizaciones que operan principalmente en comunidades rurales, donde el acceso al crédito tradicional puede ser más limitado.

Este año, el modelo busca dar otro salto: se prevé crear 260 nuevas organizaciones en distritos y provincias de Cajamarca. Con ello se ampliará el número de comunidades que cuentan con este mecanismo de financiamiento y se apunta a superar los 5.000 emprendimientos productivos financiados.

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UNICAs en Cajamarca: cómo el ahorro de las familias se convierte en crédito para sus propios negocios

Cada grupo reúne normalmente entre 10 y 30 familias de una misma comunidad. Los integrantes realizan aportes y obtienen acciones dentro de la organización. Con ese dinero se forma un fondo común que luego permite otorgar préstamos a los propios socios.

La diferencia frente a un crédito convencional está precisamente ahí: el dinero nace del ahorro de los integrantes y vuelve a la comunidad en forma de financiamiento. Son ellos mismos quienes acuerdan las condiciones de los préstamos, como el monto, el plazo y la tasa de interés.

En 18 años, este mecanismo ha permitido financiar más de 3.400 iniciativas, desde negocios familiares hasta actividades vinculadas a la economía local. La cifra muestra que los fondos acumulados no permanecen inmóviles: circulan entre los socios y terminan convertidos en capital para pequeñas actividades económicas.

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"Las UNICAs han demostrado que cuando las personas cuentan con herramientas, acompañamiento y confianza, son capaces de generar sus propias oportunidades de desarrollo", señaló Fernando Cabanillas, director y gerente país de Newmont en Perú.

El modelo también incluye capacitación y asistencia técnica para la administración del dinero. Esto permite que los integrantes no solo accedan a un préstamo, sino que aprendan a manejar los recursos y organizar sus actividades productivas.

La expansión prevista para este año forma parte de una nueva etapa denominada UNICA: Territorios que Crecen, que contempla la incorporación de 260 nuevos grupos con financiamiento del Fondo Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (FIDER).

Más mujeres participan en las decisiones económicas de las UNICAs

El crecimiento de esta red también ha cambiado quiénes participan en la administración del dinero. Actualmente, seis de cada diez socios son mujeres, mientras que una de cada cuatro posiciones directivas está ocupada por ellas.

Para muchas, el ingreso a estas organizaciones significó además su primer acceso a un crédito. El dinero puede servir para poner en marcha un pequeño negocio, comprar mercadería, invertir en una actividad productiva o ampliar una fuente de ingresos que ya existía.

Pero la participación no termina en el acceso al financiamiento. Las socias también intervienen en las decisiones sobre los recursos y en la definición de quién recibe los préstamos y bajo qué condiciones.

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La experiencia acumulada en Cajamarca muestra así una particularidad del modelo: el capital no llega desde fuera, sino que se construye dentro de las propias comunidades. Los S/27,7 millones acumulados son el resultado de los aportes de los socios y de la circulación de ese dinero a través de los préstamos.

Con las 260 nuevas organizaciones previstas para este año, la red ampliará su presencia en la región. El reto será que los nuevos grupos logren mantener sus fondos, recuperar los créditos y seguir convirtiendo el ahorro de las familias en recursos para sus propios negocios.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

• Compra: S/3,798
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Interbank

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BBVA

• Compra: S/3,747
• Venta: S/3,954

Scotiabank

• Compra: S/3,751
• Venta: S/3,927

El resultado de junio deja, sin embargo, una economía bastante menos uniforme de lo que su cifra sugiere. Mientras construcción y comercio avanzaron con fuerza y sostuvieron la actividad, pesca, agropecuario y manufactura terminaron en negativo. La desaceleración también es visible en la secuencia de los últimos meses: el crecimiento pasó de 3,81% en abril a 2,18% en mayo y 1,75% en junio.

La pesca registró el mayor desplome, con una caída de 51,94%, pero no fue la que más golpeó al resultado mensual debido a su reducido peso dentro de la economía. La manufactura, que retrocedió 6,19%, tuvo un impacto mayor y fue el sector que más restó al crecimiento de junio. El agropecuario también terminó entre los principales lastres, mientras que comercio y construcción concentraron buena parte del impulso.

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Construcción y comercio sostuvieron el avance

La construcción creció 9,04% en junio y volvió a ser uno de los principales motores de la economía. El consumo interno de cemento aumentó 12,54%, impulsado por obras privadas como ampliaciones de plantas manufactureras, proyectos de electrificación, centros mineros y construcción de viviendas.

La obra pública tuvo un comportamiento bastante más modesto, pues la ejecución física apenas aumentó 1,18%, con una mayor inversión de los gobiernos locales y regionales.

Entre las obras que contribuyeron al resultado, el INEI menciona el mejoramiento del Hospital Camaná, en Arequipa, y la carretera Santa María–Santa Teresa–Puente Hidroeléctrico Machu Picchu, en Cusco. El comportamiento de la construcción se complementó con el avance del comercio, que creció 7,81% y encontró uno de sus principales impulsos en la venta de vehículos livianos y pesados, además de motocicletas. El rubro automotriz aumentó 30,97%, mientras que el comercio mayorista se apoyó en la venta de combustibles, maquinaria pesada y materiales de construcción.

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Otros servicios acompañaron esta expansión, aunque con resultados más moderados. Alojamiento y restaurantes crecieron 5,04%, con un aumento de 8,22% en el servicio de bebidas, asociado en parte a la transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol 2026.

En telecomunicaciones y otros servicios de información, el crecimiento fue apenas de 0,38%, aunque hubo actividades con un comportamiento bastante más dinámico. La programación y transmisión de televisión y radio aumentó 15,49%, impulsada por la cobertura del Mundial y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El sector financiero, a su vez, creció 1,52% y acumuló tres meses consecutivos de expansión, con un aumento de 8,74% en los créditos de consumo de la banca múltiple. Durante junio, la tasa de referencia del Banco Central permaneció en 4,25%.

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La anchoveta explica el desplome de la pesca

El mayor retroceso de junio estuvo en la pesca, que cayó 51,94% debido principalmente a la menor extracción destinada al consumo humano indirecto, es decir, la anchoveta utilizada para producir harina y aceite de pescado. El desembarque de esta especie pasó de 462.302 toneladas en junio de 2025 a apenas 629 toneladas este año, una reducción de 99,9%, luego de que el Ministerio de la Producción suspendiera temporalmente su captura para proteger la biomasa.

La pesca destinada al consumo humano directo tuvo un comportamiento distinto y creció 9,49%, pero su avance fue insuficiente para compensar la caída de la anchoveta. El retroceso, además, no quedó limitado al sector pesquero: también golpeó a la manufactura, que cayó 6,19%.

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La caída de estas actividades ayuda a explicar por qué el crecimiento de junio fue más débil que el registrado en los meses anteriores. La pesca y la manufactura están estrechamente vinculadas a la producción industrial, de modo que un menor desembarque de anchoveta termina repercutiendo también en las plantas que procesan el recurso.

El agro también retrocedió y la minería perdió ritmo

El sector agropecuario cayó 8,12% en junio, principalmente por el retroceso de la actividad agrícola, afectada por las condiciones climáticas asociadas a la Alerta de El Niño Costero. Entre los cultivos más golpeados estuvieron la aceituna, el arroz cáscara y la cebolla. La actividad pecuaria, en cambio, creció 1,69% y amortiguó parcialmente la caída.

Minería e hidrocarburos también retrocedieron, con una contracción de 2,18%, debido principalmente a una menor producción de zinc, cobre, plata, plomo y oro.

Con ello, la economía acumuló un crecimiento de 3,05% en el primer semestre, aunque con una pérdida de ritmo en los últimos meses. Los analistas consultados por el Banco Central de Reserva mantienen una proyección de crecimiento de 3,3% para 2026. El resultado deja una expansión todavía positiva, pero sostenida por pocos sectores, mientras pesca, agro y manufactura enfrentan retrocesos que podrían pesar sobre el segundo semestre si se prolongan.

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