Según información con corte a diciembre de 2025 consignada en el pronunciamiento, los conceptos pendientes suman S/6.093,5 millones. El monto comprende partidas relacionadas con el crédito fiscal de la Amazonía, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), el sistema de pensiones, remediaciones y abastecimiento de combustible a las Fuerzas Armadas.

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El reclamo se produce después de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunciara un nuevo rumbo para la gestión de Petroperú. Para Fenpetrol, el discurso todavía no encuentra correspondencia en las decisiones adoptadas por la nueva administración.

Uno de los puntos que genera mayor cuestionamiento es la designación de Oliver Stark Preuss como presidente del Directorio de Petroperú. La organización sindical recuerda que Stark integró anteriormente una administración que promovió propuestas orientadas a que la empresa pudiera ser gestionada por operadores privados y que contemplaban el desprendimiento de algunas unidades de negocio.

Para el gremio, esto plantea dudas sobre el alcance de la nueva estrategia: si el objetivo será reforzar el papel de Petroperú como empresa estatal o continuar con una fórmula de reestructuración que, desde su perspectiva, no ha conseguido fortalecerla.

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Petroperú: estos son los S/6.093,5 millones en obligaciones pendientes

La mayor partida identificada por Fenpetrol corresponde a S/3.112 millones por crédito fiscal de la Amazonía. A este monto se suman S/1.863 millones relacionados con la recuperación anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

También figuran S/450 millones por una transferencia al Fondo de Pensiones de la ONP, correspondiente al régimen del Decreto Ley N.° 20530; S/408 millones por remediaciones vinculadas a cortes en el Oleoducto Norperuano; S/200 millones por remediaciones correspondientes a unidades privatizadas; y S/15 millones por abandono técnico de pozos.

El listado se completa con S/45,5 millones pendientes de las Fuerzas Armadas por abastecimiento de combustible. En conjunto, los conceptos mencionados en el documento alcanzan los S/6.093,5 millones.

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Para Fenpetrol, estos montos deben formar parte de la discusión sobre el futuro financiero de Petroperú. La organización considera necesario que el actual Directorio determine si exigirá al Estado el cumplimiento de las obligaciones pendientes y plantea que su recuperación sea incorporada a cualquier estrategia destinada a mejorar la situación financiera de la empresa.

El reclamo adquiere otra dimensión dentro del proceso de reestructuración porque la petrolera ha estado bajo mecanismos de administración o supervisión vinculados a ProInversión. Fenpetrol sostiene que esta estructura limita la autonomía de Petroperú para adoptar decisiones financieras y empresariales.

La federación también cuestiona las declaraciones de Cuba sobre los “resultados impresionantes” de ProInversión. Según el gremio, tras siete meses de implementación del proceso y la asignación de recursos públicos, todavía no existen resultados públicos verificables que acrediten mejoras sustanciales en la eficiencia operativa, la gestión empresarial o la situación financiera de Petroperú.

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Reestructuración de Petroperú: Fenpetrol pide auditoría forense y más autonomía

El sindicato considera que el siguiente paso debería ser revisar qué ocurrió durante las gestiones anteriores y cuánto de los problemas acumulados puede atribuirse a decisiones administrativas, financieras y patrimoniales.

Por ello, Fenpetrol solicita una auditoría forense de Petroperú. El pedido incluye examinar el destino y uso de los recursos públicos comprometidos en los distintos procesos de respaldo económico a la empresa. Además, la organización exige que los anteriores administradores rindan cuentas sobre las decisiones que condujeron a los sucesivos salvatajes económicos otorgados por el Estado.

La posición del gremio no es contraria a una reforma de Petroperú. Fenpetrol sostiene que una reestructuración debería servir para modernizar la gestión, fortalecer el gobierno corporativo y elevar la competitividad de la empresa, pero no para reducir progresivamente su papel o fragmentar sus operaciones.

En concreto, plantea que el Gobierno garantice predictibilidad y respaldo financiero, establezca un plan de reestructuración con objetivos, plazos y resultados verificables, preserve el rol estratégico de Petroperú y fortalezca su autonomía y gobernanza técnica.

El resultado se produce en un momento de reactivación de la agenda comercial dentro de la Alianza del Pacífico, bloque integrado por Perú, Chile, Colombia y México. En mayo, la Cancillería informó que los cuatro países trabajaban en prioridades para fortalecer la proyección internacional del mecanismo.

Alambre de cobre, uvas y paltas lideraron los envíos

Por productos, el alambre de cobre refinado fue la principal partida exportada a los tres mercados. Sus ventas llegaron a US$140 millones 707 mil y aumentaron 13,1% respecto del primer semestre de 2025.

En segundo lugar se ubicaron las uvas frescas, con US$105 millones 254 mil. Este producto registró un crecimiento de 46% en sus envíos. Las paltas ocuparon el tercer lugar, con US$90 millones 366 mil y una expansión de 65,1%.

Estas tres partidas concentraron, en conjunto, alrededor del 21,1% del valor exportado hacia la Alianza del Pacífico durante los primeros seis meses del año.

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El ácido sulfúrico también destacó dentro de la canasta, con US$76 millones 971 mil y un incremento de 32,8%. Otros productos que registraron aumentos fueron el aceite de palma bruto, con 117,1%; la pota, con 93,9%; las barras de hierro, con 65,7%; las placas de plástico, con 32,7%; y las partes de máquinas, con 4,3%.

No todas las partidas tuvieron un comportamiento positivo. Entre los productos del ranking que redujeron sus exportaciones figuran el cacao en polvo, con una caída de 29,6%; los tejidos de punto de algodón teñidos (-20,4%); los neumáticos (-11,9%); las chapas y tiras de cobre refinado (-11,8%); las placas y baldosas (-6,4%); y las galletas dulces (-1,9%).

Chile fue el principal destino de los envíos peruanos

Chile se mantuvo como el principal destino de los productos peruanos no tradicionales dentro del bloque. Entre enero y junio recibió envíos por US$688 millones 559 mil, equivalente al 43,2% del total. El monto representó un incremento de 5,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Colombia ocupó el segundo lugar, con US$497 millones 365 mil y una participación de 31,2%. Sin embargo, fue el mercado que mostró la mayor expansión interanual entre los tres países, con un crecimiento de 16,7%.

México concentró el 25,6% restante, con exportaciones por US$406 millones 874 mil durante los primeros seis meses del año.

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La evolución del mercado mexicano adquiere particular relevancia luego de que Perú y México retomaran sus relaciones diplomáticas tras varios meses de ruptura. El restablecimiento de los vínculos se produjo después de la crisis generada por el asilo concedido por México a la ex primera ministra Betssy Chávez. El nuevo escenario abre nuevamente espacio para la agenda bilateral, aunque el desempeño comercial depende también de las condiciones de demanda y de la competitividad de los productos peruanos.

El anuncio de las cifras coincidió con el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Capítulo Perú del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) para el periodo 2026-2027 a la Asociación de Exportadores.

La agenda empresarial también contempla una mayor integración con los mercados de Asia-Pacífico. El gremio sostuvo que la coordinación entre los países del bloque debería permitir que las empresas aprovechen mejor los acuerdos comerciales existentes y tengan mayores posibilidades de acceder a mercados extrarregionales.

El fortalecimiento de la integración comercial es uno de los temas que continuará en la agenda empresarial del bloque durante el periodo 2026-2027. Entre los planteamientos figura facilitar los procesos aduaneros y avanzar en una mayor compatibilidad de las normas, aspectos que buscan reducir las dificultades que enfrentan las empresas al operar en los mercados de la Alianza del Pacífico.

El dato corresponde a un estudio elaborado por Bumeran a partir de las respuestas de 3.503 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. El informe analiza cómo el contenido publicado en plataformas personales puede influir en la vida profesional y en la percepción que tienen las organizaciones sobre sus trabajadores.

Entre los especialistas que revisan las redes sociales de los candidatos, el 52% señala que busca conocer aspectos de su personalidad e intereses, mientras que otro 52% presta atención a la reputación online. Además, el 30% busca identificar posibles conductas controversiales.

El profesionalismo también aparece entre los criterios considerados: 26% de los especialistas señala que revisa las redes con ese objetivo y otro 26% las utiliza para comprobar si la información presentada por el candidato mantiene coherencia con lo que aparece públicamente en sus perfiles.

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Trabajadores también modifican su comportamiento en redes

La preocupación no se limita a quienes participan en procesos de selección. El 63% de los trabajadores consultados en Perú afirma que controla lo que publica en sus redes sociales por temor a que una publicación pueda tener una repercusión negativa en su carrera laboral.

La proporción es similar en otros países incluidos en el estudio: Chile registra 64%, mientras que Ecuador y Panamá alcanzan 63% y Argentina, 57%.

El informe también señala que el impacto de las publicaciones ya se ha reflejado en experiencias concretas. El 35% de los trabajadores afirma haber experimentado o presenciado algún caso en el que el uso de redes sociales personales tuvo consecuencias negativas en el ámbito laboral. Aunque el porcentaje bajó cuatro puntos frente al 39% registrado en 2025, todavía representa a más de tres de cada diez personas consultadas.

De quienes reportaron este tipo de situaciones, el 79% señala que el caso ocurrió a alguien de su entorno laboral o personal, mientras que el 21% afirma que le sucedió directamente.

La principal consecuencia mencionada fue el deterioro de la reputación laboral, con pérdida de confianza y credibilidad, señalada por el 59%. También se reportaron pérdida de oportunidades de ascenso (34%), pérdida del empleo (22%), cambio de rubro laboral (10%) y pérdida de clientes o potenciales clientes (9%).

Empresas monitorean más las redes, pero pocas tienen reglas específicas

El seguimiento de las redes sociales de los trabajadores también aumentó. El 38% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que realiza algún tipo de monitoreo, frente al 25% registrado en 2025. Esto representa un incremento de 13 puntos porcentuales en un año.

Dentro de ese grupo, el 50% revisa las redes sociales de toda la organización; el 33% monitorea perfiles de personas específicas, como voceros o representantes, y el 17% observa las cuentas de trabajadores que ocupan cargos directivos.

Sin embargo, existe una diferencia entre el interés de las empresas por las redes sociales y la existencia de reglas formales para regular su uso. El 93% de los trabajadores afirma que su organización no cuenta con políticas específicas sobre el uso de sus redes sociales personales. Solo el 7% señala haber recibido información al respecto.

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Entre los especialistas en Recursos Humanos, el 81% también reconoce que sus organizaciones no cuentan con políticas específicas sobre el uso de redes sociales por parte de los trabajadores.

La falta de reglas no significa que el contenido publicado sea considerado irrelevante dentro de las empresas. El 78% de los especialistas considera que determinadas publicaciones de un trabajador pueden afectar su posición dentro de la organización, mientras que el 85% cree que los comentarios o publicaciones personales pueden repercutir en el entorno laboral, la cultura o la imagen organizacional.

Ante una situación de este tipo, el 29% de los especialistas señala que aconsejaría al trabajador sobre el uso responsable de las redes, respetando que se trata de espacios personales. Un 21% afirma que la respuesta dependería de la gravedad del incidente y podría ir desde una conversación informal hasta la desvinculación. Otro 21% aprovecharía el caso para revisar las políticas internas y solo el 18% ofrecería capacitación específica.

Pese al mayor monitoreo, la percepción de los trabajadores es distinta. El 61% considera que no es correcto que las organizaciones evalúen sus redes sociales personales, mientras que el 39% cree que sí debería hacerse.

El estudio muestra así una brecha entre la creciente atención que reciben las redes sociales en el ámbito laboral y la ausencia de políticas específicas en buena parte de las organizaciones. Mientras los perfiles personales adquieren mayor relevancia en la selección y seguimiento de trabajadores, la mayoría de empresas todavía no cuenta con reglas claras sobre cómo abordar este contenido.

El paquete comprende las leyes que modifican las pensiones de maestros jubilados y cesantes y de militares y policías, la homologación del incentivo CAFAE para trabajadores del régimen 276 y la norma que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.

Cuba ha señalado que estas son, entre las numerosas disposiciones aprobadas por el Parlamento anterior, las que pueden “mover la aguja” de las finanzas públicas. Dos ya fueron llevadas al TC por el Colegio de Economistas del Perú y el MEF respaldará esas demandas. Las otras dos serán cuestionadas directamente por el ministerio.

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La controversia tiene una segunda lectura. Las cuatro leyes fueron respaldadas por Fuerza Popular cuando tenía bancada en el Congreso. Ahora, desde el Ejecutivo, el mismo partido busca frenarlas por su impacto fiscal.

Pensiones de maestros, militares y policías concentran el mayor costo

La primera norma cuestionada corresponde a los maestros jubilados y cesantes. Establece que sus pensiones sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala de la carrera magisterial, cuyo monto bordea actualmente los S/3.500.

El Consejo Fiscal calcula que esta medida tendría un costo de al menos S/8.000 millones anuales. Además, advierte que el mecanismo podría generar un esquema similar a una “cédula viva”. En términos sencillos, esto significa que las pensiones podrían quedar vinculadas al aumento de las remuneraciones de los docentes en actividad, haciendo crecer también el gasto del Estado en los jubilados.

La segunda norma modifica el régimen pensionario de militares y policías. Su impacto fiscal neto asciende a S/46.000 millones en valor presente, según el Consejo Fiscal. El valor presente permite calcular cuánto representan hoy obligaciones que el Estado deberá asumir durante varios años.

Ambas normas ya fueron llevadas ante el TC por el Colegio de Economistas del Perú. El MEF ha anunciado que respaldará las acciones y podría presentar sus propias demandas si estas no prosperan.

Las otras dos leyes están relacionadas con trabajadores públicos. La homologación del incentivo único CAFAE para servidores del régimen 276 de gobiernos regionales tendría un costo diferencial de S/2.621 millones anuales, según el Consejo Fiscal.

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La cuarta es la Ley N.° 32563, que reconoce a los trabajadores CAS gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de CTS. El beneficio se aplicará progresivamente: durante 2026 equivale al 10% de la remuneración mensual y aumentará hasta llegar al 100% en 2030. El costo fiscal estimado bordea los S/3.000 millones anuales.

Elmer Cuba ha advertido que, si estas obligaciones se incorporan al presupuesto sin medidas correctivas, el déficit fiscal podría pasar de 1,8% del PBI en 2026 a 3% en 2027 y mantenerse en ese nivel durante el resto del mandato.

Fuerza Popular apoyó las cuatro leyes que ahora busca frenar

El antecedente político aparece con claridad cuando se revisan las votaciones del Congreso anterior. Fuerza Popular aportó 12 votos a favor de la reforma pensionaria de militares y policías; 10 en la ley que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS; 6 en la homologación del CAFAE; y 2 votos a favor y una abstención en la norma sobre pensiones de maestros jubilados.

No se trata, por tanto, de leyes frente a las cuales el fujimorismo parlamentario haya sido un espectador. La bancada participó de su aprobación y, en algunos casos, sus votos fueron parte de la mayoría que permitió sacarlas adelante.

El impacto fiscal de estas medidas tampoco era desconocido. En marzo de 2026, el Consejo Fiscal alertó sobre 11 leyes y autógrafas aprobadas por el Congreso que podían generar obligaciones permanentes de gasto por al menos S/11.400 millones anuales.

El MEF ha optado ahora por concentrar su ofensiva constitucional en cuatro de esas normas. Pero el problema fiscal del Congreso anterior no se limita a las leyes que aumentan el gasto. También hubo medidas que reducen los ingresos del Estado mediante beneficios tributarios.

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Una de ellas es la Ley N.° 32434, conocida como “Ley Chlimper 2.0”, que establece un régimen tributario especial para determinadas empresas del sector agrario y agroexportador.

Uno de sus principales beneficios es la reducción del Impuesto a la Renta de 29,5% a 15% para empresas con facturación anual superior a S/8,4 millones que se encuentren comprendidas en el régimen. La tasa reducida se mantendrá hasta 2035 y el retorno a la tasa general está previsto para 2036.

La norma también contempla depreciación acelerada para determinadas obras de riego, deducciones vinculadas con compras a pequeños productores y otros beneficios tributarios.

El impacto sobre las cuentas públicas tampoco es menor. Una estimación del MEF recogida por el Consejo Fiscal calcula un costo fiscal de S/1.170 millones para la norma. Otros cálculos oficiales han situado el impacto en alrededor de S/1.880 millones anuales, dependiendo de los componentes considerados.

La diferencia se explica porque no todas las estimaciones consideran los mismos componentes del régimen. En cualquier caso, el efecto fiscal es concreto: el Estado deja de recaudar recursos que habría obtenido bajo el régimen general.

Pese a ello, la Ley 32434 no forma parte de las cuatro normas que el Gobierno ha anunciado que llevará al TC.

Ley Agraria: ¿por qué el MEF no la llevará al Tribunal Constitucional?

La Ley Agraria tampoco es ajena a Fuerza Popular. En septiembre de 2024, la bancada presentó el Proyecto de Ley N.° 8924-2024-CR, una de las iniciativas que luego fueron acumuladas y terminaron formando parte del dictamen que dio origen a la Ley N.° 32434.

La norma fue aprobada finalmente con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones.

Ahora, desde el Ejecutivo, Fuerza Popular busca cuestionar cuatro leyes que su propia bancada ayudó a aprobar por el impacto que tendrán sobre el gasto público, pero deja fuera, al menos en esta primera ofensiva, una norma que reduce la recaudación tributaria durante una década y que también nació de una propuesta fujimorista.

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No son medidas iguales. Las cuatro leyes cuestionadas crean obligaciones directas para el Estado, mientras que la Ley Agraria reduce los ingresos tributarios mediante un régimen especial. Pero ambas terminan afectando el espacio que tiene el Estado para financiar sus obligaciones.

Por eso, la discusión no pasa únicamente por cuánto cuesta cada ley, sino por qué criterio está utilizando el MEF para determinar cuáles pueden “mover la aguja” de las finanzas públicas y ameritan una acción ante el Tribunal Constitucional.

En cada una de estas fechas se tiene previsto bloquear 120.000 equipos. La medida está dirigida a celulares que no figuran en la lista blanca del Renteseg y que están vinculados con personas que anteriormente utilizaron equipos con el IMEI alterado.

El proceso forma parte de las acciones contra el comercio ilegal de celulares. Con los bloqueos programados para este mes, el número de equipos bloqueados entre enero y agosto de 2026 llegará a aproximadamente 2.4 millones. Desde abril de 2025, la cifra acumulada supera los 4.9 millones.

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¿Qué es un IMEI alterado?

El IMEI es el código único que identifica a cada celular en las redes móviles. Cuando ese número es modificado, clonado o alterado, el equipo puede perder su trazabilidad y dificultar la identificación de su origen. Este tipo de manipulación suele estar asociado al comercio ilegal de teléfonos robados o ingresados irregularmente al mercado.

El organismo regulador ha señalado en distintas campañas de seguridad que la alteración del IMEI afecta la efectividad de los sistemas de bloqueo de equipos sustraídos y complica las acciones de rastreo que realizan las autoridades y las empresas operadoras.

¿Para qué sirve el Renteseg?

El Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) concentra la información de los equipos considerados válidos para operar en el país. El sistema permite identificar celulares robados, clonados, con IMEI inválido o que no cumplen con los criterios establecidos para su habilitación en las redes móviles.

La información del registro es alimentada por las empresas operadoras y otras entidades autorizadas, lo que permite a la entidad ordenar bloqueos cuando detecta equipos que presentan inconsistencias o están vinculados con actividades irregulares.

Cómo verificar si tu IMEI coincide

Ante un aviso de bloqueo, lo recomendable es no esperar a que el equipo quede inhabilitado para iniciar el trámite. Los usuarios pueden comprobar si el IMEI que aparece al marcar *#06# coincide con el número impreso físicamente en la bandeja SIM, la parte posterior del equipo, debajo de la batería u otra zona identificada por el fabricante.

Si ambos códigos no coinciden, la operadora deberá realizar una validación adicional para determinar la situación del dispositivo. En caso de que la información sea consistente y el usuario pueda acreditar la procedencia del celular, podrá solicitar su incorporación a la lista blanca del Renteseg antes de la fecha prevista para el bloqueo.

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¿Por qué OSIPTEL puede bloquear tu celular?

El Renteseg identifica los equipos que cumplen con los criterios establecidos para el bloqueo y comunica la orden a las empresas operadoras. A partir de ese momento, las compañías tienen un plazo máximo de dos días hábiles para avisar a sus abonados mediante un mensaje de texto.

El SMS informa al usuario que su equipo será bloqueado dentro de ese mismo periodo y que debe gestionar su registro. Por ello, quienes reciban esta comunicación tienen un plazo limitado para verificar su situación y, si corresponde, regularizar el dispositivo.

La medida no implica que todos los celulares que no aparecen en la lista blanca sean bloqueados. En este proceso también se considera la vinculación del equipo con personas reincidentes en el uso de dispositivos cuyo IMEI fue alterado.

Compré mi celular en Perú, ¿qué debo hacer?

Si el equipo fue adquirido en el país y el usuario considera que el bloqueo no corresponde, deberá acudir a la empresa o establecimiento donde compró el celular y solicitar que el dispositivo sea registrado en la lista blanca del Renteseg.

El objetivo del trámite es acreditar que se trata de un equipo válido y que sus características corresponden con la información registrada.

¿Y si compré el celular en el extranjero?

La situación es distinta cuando se trata de un equipo comprado en otro país para uso personal. En esos casos, el usuario deberá acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil para solicitar la validación e incorporación del dispositivo a la lista de equipos válidos del Renteseg.

Ante un aviso de bloqueo, lo recomendable es no esperar a que el equipo quede inhabilitado para iniciar el trámite. Los usuarios pueden comprobar si el IMEI que aparece al marcar *#06# coincide con el número impreso físicamente en la bandeja SIM, la parte posterior del equipo, debajo de la batería u otra zona identificada por el fabricante.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 11 de agosto?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

• Compra: S/3,798
• Venta: S/3,887

Interbank

• Compra: S/3,755
• Venta: S/3,885

Banco de la Nación

• Compra: S/3,760
• Venta: S/3,850

BBVA

• Compra: S/3,747
• Venta: S/3,954

Scotiabank

• Compra: S/3,751
• Venta: S/3,927

La empresa comunicó a sus clientes que esta solicitud se encuentra actualmente en evaluación. Si obtiene el visto bueno del regulador, Integra podrá ampliar sus actividades hacia el mercado de seguros y pensiones, con una oferta de productos que vaya más allá de la jubilación.

El cambio no significa que Integra vaya a dejar de ser AFP ni que los fondos de sus afiliados vayan a pasar a otro esquema. La compañía remarcó que continuará administrando las cuentas individuales de capitalización y los fondos previsionales con normalidad.

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¿Por qué AFP Integra quiere ampliar su negocio?

La posibilidad surge a partir del nuevo marco creado por la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. La reforma introdujo cambios en la estructura del sistema y abrió la puerta a una mayor participación de empresas financieras y aseguradoras. La SBS ya había planteado un marco para permitir que compañías del sistema financiero y de seguros puedan participar como administradoras de fondos de pensiones.

En ese nuevo escenario, Integra busca aprovechar el espacio para ofrecer productos adicionales a sus clientes.

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La primera pieza de esta estrategia son las rentas particulares. Dicho de manera sencilla, se trata de productos que permiten obtener pagos periódicos a partir de un capital, bajo determinadas condiciones. No son lo mismo que una cuenta individual de AFP ni significan que los actuales fondos previsionales vayan a convertirse automáticamente en este tipo de producto.

Por ahora, Integra no ha informado las características comerciales que tendrían estas rentas ni cuándo podrían comenzar a ofrecerse. Primero debe terminar el proceso de evaluación ante la SBS.

Integra seguirá funcionando como AFP mientras espera la autorización

La eventual transformación del negocio no supone el cierre de AFP Integra ni un cambio automático para sus afiliados.

La empresa señala que sus cuentas individuales de capitalización, la administración de los fondos de pensiones y la relación con sus clientes continuarán normalmente.

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Lo que cambiaría, si la SBS aprueba la solicitud, es el alcance de sus operaciones. Integra podría sumar productos de seguros y pensiones a su actual negocio previsional y, con ello, convertirse en una compañía con una oferta financiera más amplia.

La propia empresa describe este paso como parte de una estrategia de largo plazo para ofrecer soluciones más integrales a sus clientes, apoyándose en la experiencia acumulada durante más de tres décadas.

La propuesta fue expuesta por Cuba durante una entrevista en Latina. El titular del MEF explicó que el Gobierno optaría por fraccionar el incremento de S/170 para reducir el impacto que tendría sobre las empresas y el mercado laboral.

De acuerdo con el esquema planteado, la RMV pasaría de los actuales S/1.130 a S/1.230 con el primer tramo y posteriormente alcanzaría los S/1.300 en abril de 2027. Sin embargo, el propio ministro indicó que las fechas todavía son tentativas y deberán ser definidas por el Ejecutivo.

El fraccionamiento supone que los trabajadores que actualmente reciben la remuneración mínima no obtendrían los S/170 adicionales de una sola vez. El aumento inicial sería de S/100, mientras que el resto llegaría varios meses después.

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El salario mínimo ya está rezagado

El exviceministro de Promoción del Empleo Fernando Cuadros precisó que la política de remuneración mínima no es competencia del Ministerio de Economía, sino del Ministerio de Trabajo.

“La política de salario mínimo, que incluye sus incrementos, es de competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, no del MEF”, señaló, al recordar lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del sector.

El economista también discrepó con la idea de postergar el incremento. Indicó que, si se aplicaran los criterios técnicos de inflación y productividad del Consejo Nacional de Trabajo, el salario mínimo ya debería ser mayor.

“En enero de 2026 el salario mínimo ya debería haber alcanzado los S/1.371”, afirmó, precisando que existe un desfase respecto a la propuesta del Gobierno.

Incluso sostuvo que el monto de S/1.300 “se quedaría corto” frente a la evolución de la economía. Según sus estimaciones, considerando inflación y productividad, el salario mínimo podría acercarse a S/1.500 hacia 2027.

Efectos sobre el empleo formal

En contraste, el economista y Decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Carlos Adrianzén consideró que la decisión de elevar la RMV es negativa pese a que su aplicación en dos etapas podría reducir el impacto inmediato sobre las empresas.

“Es una pésima idea”, afirmó al ser consultado sobre el cronograma planteado por Cuba. A su juicio, dividir el incremento hace que la medida sea “menos dañina”, pero no elimina sus posibles efectos sobre el mercado laboral.

Adrianzén sostuvo que el aumento puede generar dificultades para determinados trabajadores cuya productividad no alcanza para cubrir el costo de un puesto formal. “El costo formal del puesto va a ir en informalidad o va a quebrar. Tan simple como eso”, señaló al referirse particularmente a las pequeñas empresas.

El economista también cuestionó el argumento de que el impacto sería reducido porque solo una proporción pequeña de trabajadores recibe directamente la RMV.

“Es menos del 3% de la fuerza laboral, eso es cierto, pero a ese poquito le hace daño. El 3% de 20 millones es un montón de gente”, afirmó.

Según su explicación, el problema no radicaría únicamente en cuántas personas reciben actualmente el sueldo mínimo, sino en el efecto que un mayor piso salarial puede tener sobre trabajadores de baja productividad que buscan ingresar o permanecer en el mercado formal.

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Debate sobre impacto en mypes: posiciones opuestas

El impacto sobre las micro y pequeñas empresas es uno de los principales puntos de discusión alrededor del incremento. Para Adrianzén, estas compañías tendrían mayores dificultades para absorber el aumento debido a que muchas no cuentan con estructuras administrativas capaces de compensar el incremento del costo laboral mediante mejoras de productividad.

“Siempre hay estrategias en las cuales tú puedes sustituir un factor por otro. Pero lo usual es que las mypes no tengan una gran gerencia, salvo las excepcionales”, sostuvo.

Sin embargo, Cuadros sostuvo que el incremento no necesariamente afecta la formalidad.

“En las MYPES formales, el salario promedio está por encima de los S/1.700 en microempresas y S/2.800 en pequeñas empresas”, explicó, por lo que —según dijo— un aumento a S/1.300 no tendría impacto negativo significativo.

El economista añadió que el problema de la informalidad no se resuelve congelando el salario mínimo, sino con políticas estructurales.

“No tiene que ver con el salario mínimo. El problema es la estructura productiva del país”, afirmó.

Para Cuadros, la clave para reducir la informalidad está en la diversificación productiva y en políticas que eleven la productividad de las empresas.

Planteó medidas como acceso a financiamiento formal, capacitación laboral, simplificación administrativa, fortalecimiento de la inspección laboral y promoción de sectores intensivos en mano de obra como textiles, agroindustria, turismo y manufactura.

“El problema no va por mantener el salario mínimo congelado, sino por generar empleo formal en sectores productivos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el Estado debe apuntar a que el salario mínimo cubra la canasta básica familiar, que actualmente supera los S/1.800, en línea con el mandato constitucional.

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¿Por qué abril de 2027?

Cuba explicó que el segundo tramo se plantea para abril del próximo año, después del periodo de verano y de los posibles efectos asociados al Fenómeno El Niño. El objetivo sería evitar que el aumento completo coincida con un periodo de mayor incertidumbre climática y económica.

Así, el cronograma tentativo del MEF quedaría dividido en dos momentos: un primer incremento de S/100 hacia noviembre de 2026 y un segundo de S/70 en abril de 2027.

No obstante, mientras el Ejecutivo no publique la norma correspondiente, ambas fechas deben considerarse como una previsión y no como un calendario definitivo.

La RMV vigente de S/1.130 fue establecida en 2025. Llevarla a S/1.300 representaría un incremento acumulado de S/170, equivalente a aproximadamente 15% respecto del monto actual.

El aumento no alcanza a todos los trabajadores

Otro elemento que estará en el centro del debate es el alcance real de la medida. El incremento de la RMV beneficia directamente a quienes se encuentran en empleos formales sujetos a este piso salarial, pero no implica un aumento automático para los trabajadores informales.

Mientras Adrianzén advierte que el alza podría afectar la contratación de trabajadores de baja productividad, Cuadros sostiene que el impacto en las mypes formales sería limitado y que el problema de fondo es estructural.

De esta manera, el cronograma planteado por el MEF abre un debate más amplio: si el incremento del salario mínimo mejora efectivamente los ingresos sin afectar la formalización laboral o si, por el contrario, requiere reformas productivas complementarias para evitar efectos adversos en el empleo.

Las empresas han ido incorporando una gama de responsabilidades y obligaciones (legales), en especial en materia de protección de datos personales y de ciberseguridad, en la medida que se han ido digitalizando y se han transformado digitalmente. 

Y no se debe a la ausencia regulatoria general, sino a la no comprensión por parte de la alta dirección de las empresas en la necesidad del cumplimiento de las mismas para tener ventajas en la competitividad empresarial, frente a otras entidades que no cumplen dichas normativas. En general, mientras los temas de protección de datos personales han ido acompañado de regulaciones duras y de cumplimiento forzoso pero no interiorizado, los estándares en materia de ciberseguridad se han manejado desde lo técnico / tecnológico antes que desde lo estratégico.  Y tomando en cuenta lo expresado por el WEF, el aumento de conectividad y el rápido ritmo de la innovación tendrán en la ciberseguridad uno de sus mayores retos.

Los temas de regulación en materia de protección de datos personales y ciberseguridad se encuentran en plena investigación a nivel internacional, siendo además que la perspectiva es mayoritariamente desde el área técnica y no desde la toma de decisión de la alta gerencia, aunque las normas han asignado cada vez mayor responsabilidades a la alta dirección y al directorio, llegando aún a las responsabilidades penales en algunos casos. Si bien los esfuerzos por tratar de desarrollar un set de herramientas mínimos para los directorios en materia de ciberresiliencia o manuales para que sepan desde los boards como supervisar los riesgos en materia de ciberseguridad, proceso de transformación digital no ha calado profundamente en la estructura empresarial, relegando estos temas como técnicos y no como estratégicos o de continuidad de negocios. 

Los ejercicios de prevención sirven para evitar una diversidad de ataques, el desplegar políticas de mitigación de riesgo, establecimiento de políticas y cumplimiento de estándares, añaden capas de menor inseguridad, pero como bien dijo alguna vez un buen amigo: no hay seguridad, lo que hay son menores niveles de inseguridad.

Y si esto es un tema tan grave, que ataca desde los móviles que tienes en tu casa (y que no guardan más que tu propia información) hasta los activos críticos nacionales (como los recientes ataques al sistema de oleoducto en USA), ¿por qué no se toma la conciencia debida sobre esta problemática?

Resulta aún difícil de entender que no se reporten las brechas que se producen (mismas que ya de por sí demuestran que existen dichas brechas pero que pudieran ayudar a otros a mejorar sus procesos y evitarlas); la mayoría de las organizaciones no denuncian por temor al riesgo reputacional, por el posible impacto en su valor de empresa, en las sanciones que pudieran recibir por no haber cumplido las normativas vigentes. Pero también esta falta de información hace creer que no está ocurriendo nada, o que la situación no es tan grave como parece. 

Cientos de compañías alrededor del mundo son afectadas diariamente con diversos tipos de incidentes informáticos, desde desactualizaciones de software que abren brechas hasta ataques con fuerza bruta, pasando por ataques desde dentro de las organizaciones hasta ransomware. Miles de dólares en rescate que al final termina en chantaje. Miles de dólares en inversión para evitar dichos ataques; miles en inversión para desplegar políticas de ciberseguridad. Es cierto que esta temática ha generado una gama de nuevos empleos (que aún falta mucho por desarrollar en Perú y requiere de la cooperación de expertos y empresas que vienen de otros países porque no nos damos abasto).

Y las preguntas son ¿Y la alta dirección cómo se está involucrando?, ¿cuántas organizaciones tienen en su directorio una persona que ve estos temas?, que ya es normal por ejemplo en la banca; ¿cuántas organizaciones dependen de sistemas informáticos propios (o de terceros) para la continuidad de su negocio y no invierten en ciberseguridad?; ¿cuántas organizaciones consideran el tema de ciberseguridad como un mero adjunto a la unidad de tecnología?; ¿cuántos prefieren pagar un rescate por no tener adecuadas políticas de ciberseguridad a invertir para evitar estas acciones?; y si miramos al Estado, que tiene como obligatorio primero la ISO 17799 y luego el 27000 sobre ciberseguridad, en efecto ¿Cuántas cumplen realmente estas medidas mínimas para resguardar la información de la ciudadanía que tienen en su custodia o para resguardar la información que sirve para sus funciones?.

La verdad es que los datos que podemos encontrar no nos ayudan. No se puede comprender cómo la alta dirección de las organizaciones no afronta esta problemática, pero peor aún, no lo entenderán hasta que les ocurra.

Ellos integrarán el órgano responsable de definir la política monetaria del país, incluyendo decisiones sobre la tasa de interés de referencia, el control de la inflación y la administración de las reservas internacionales.

Los nombramientos forman parte del proceso de renovación del Directorio del BCR correspondiente al nuevo período presidencial. Dos de los tres economistas designados no llegan por primera vez al Directorio del Banco Central: Luis Palomino y Gustavo Yamada ya integraron este órgano durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2021).

Dos regresan al Directorio del Banco Central

Luis Miguel Palomino Bonilla fue designado miembro del Directorio en agosto de 2016 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente ocupó la vicepresidencia del organismo. Economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Finanzas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, también fue economista jefe para América Latina de Merrill Lynch, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) y consultor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Por su parte, Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki también cuenta con experiencia dentro del Banco Central. En 2013 fue elegido director por el Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala y, tres años después, volvió a integrar el Directorio como representante del Poder Ejecutivo durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski.

Yamada es economista, doctor en Economía, profesor principal de la Universidad del Pacífico e investigador especializado en mercado laboral, pobreza, productividad, capital humano y crecimiento económico. A lo largo de su carrera ha desarrollado consultorías para organismos como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Inés Marylin Choy Chong representa el componente de continuidad dentro del Directorio del BCR. Economista y funcionaria de carrera de la institución desde 1977, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el Banco Central. Entre 2020 y 2021 se desempeñó como gerenta general del BCR y, desde noviembre de 2021, integra el Directorio, del cual también fue vicepresidenta.

Renovación del Directorio aún no concluye

La resolución designa a los tres representantes del Poder Ejecutivo. La conformación definitiva del Directorio dependerá de las designaciones que correspondan al Congreso y del procedimiento constitucional para la designación y ratificación de la Presidencia del Banco Central.

La composición final del Directorio será observada por los mercados y los agentes económicos debido al papel que desempeña el BCR en la conducción de la política monetaria y en la preservación de la estabilidad macroeconómica del país.

Más allá de los nombramientos, el retorno de Luis Palomino y Gustavo Yamada supone la reincorporación de dos economistas que ya participaron en las decisiones del Banco Central durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, experiencia que vuelve a colocarlos en uno de los órganos técnicos con mayor influencia sobre la economía peruana.

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Un nombramiento con impacto económico

La renovación del Directorio del BCR suele ser observada con atención debido a que este órgano define las principales decisiones de política monetaria. Entre sus atribuciones se encuentran fijar la tasa de interés de referencia, aprobar las políticas necesarias para preservar la estabilidad de precios, administrar las reservas internacionales y adoptar decisiones relacionadas con la emisión monetaria.

Las decisiones que adopte el Directorio pueden influir en variables como el costo del crédito, el comportamiento del tipo de cambio, las expectativas de inflación y las condiciones de financiamiento para hogares y empresas.

Además, el inicio de un nuevo período presidencial suele venir acompañado de expectativas sobre la continuidad o eventuales cambios en la conducción de la política monetaria, particularmente en un contexto en el que la estabilidad macroeconómica continúa siendo uno de los principales activos del país.

Los nombramientos conforman el primer paso para completar la nueva composición del Directorio del Banco Central durante el actual gobierno. En las próximas semanas también se espera conocer la conformación definitiva del órgano, incluyendo a los representantes que corresponden designar al Congreso y las decisiones respecto a la presidencia del BCR.

La integración final del Directorio será seguida de cerca por inversionistas, entidades financieras, gremios empresariales y analistas económicos, debido al papel que desempeña el Banco Central en la estabilidad monetaria y financiera del Perú.

La nueva estructura combina funcionarios con experiencia en política económica, tributación y administración pública. Más allá de los perfiles, el desafío central será responder a una economía que aún muestra señales de desaceleración en algunos sectores y enfrenta presiones por un mayor gasto público.

Elmer Cuba asume en un escenario fiscal exigente

El nuevo ministro llega al MEF después de una trayectoria vinculada al análisis macroeconómico y la consultoría. Su gestión estará condicionada por la necesidad de mantener el equilibrio entre disciplina fiscal y crecimiento económico.

Cuba estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido director del Banco Central de Reserva y socio de la consultora Macroconsult, además de desempeñarse como profesor universitario y autor de trabajos de investigación económica.

Entre los temas más sensibles figuran la reducción del déficit fiscal, el cumplimiento de las reglas macrofiscales, la recuperación de la recaudación tributaria y la ejecución de proyectos de infraestructura que han mostrado retrasos en distintos niveles de gobierno.

A ello se suma la presión por destrabar inversiones privadas en minería, energía, transporte y construcción, sectores que tienen un peso importante en la actividad económica y el empleo formal.

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Fabrizio Orrego y el manejo de la política económica

Uno de los cambios más relevantes en la estructura de la cartera es la designación de Fabrizio Orrego Peche como viceministro de Economía. Desde ese cargo tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de la política macroeconómica, el seguimiento de las proyecciones de crecimiento y la supervisión de la inversión pública.

Orrego ha desarrollado su carrera en áreas técnicas vinculadas al análisis macroeconómico y la política monetaria. Antes de su designación en el MEF se desempeñó en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), donde ocupó cargos relacionados con el análisis de política monetaria y políticas estructurales, además de participar en labores de coordinación técnica con organismos internacionales.

Su despacho también deberá participar en la evaluación de medidas orientadas a mejorar la competitividad, la productividad y el clima de inversión. En un contexto de menor expansión económica, las decisiones sobre gasto de capital y priorización de proyectos serán determinantes para el desempeño de la economía en los próximos trimestres.

Erick Lahura retorna a Hacienda

En el Viceministerio de Hacienda regresa Erick Wilfredo Lahura Serrano, quien asume nuevamente el cargo en áreas vinculadas al presupuesto público, endeudamiento, tesorería y gestión de los ingresos del Estado.

Lahura es economista por la PUCP, cuenta con un PhD en Economía por la University of London y estudios de posgrado en la London School of Economics (LSE). Su trayectoria en el sector público incluye cargos en el Banco Central de Reserva, la Sunat, el Banco de la Nación y el propio Ministerio de Economía y Finanzas, con especialización en política fiscal, regulación financiera y análisis macroeconómico.

Su retorno introduce un elemento de experiencia técnica en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, el contexto actual obliga a enfrentar una combinación compleja: mayores demandas de gasto en infraestructura, seguridad y programas sociales, junto con la necesidad de evitar un deterioro adicional de las cuentas fiscales.

La coordinación entre Hacienda y Economía será clave para definir cuánto espacio existe para expandir el gasto sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Kitty Trinidad asume la Secretaría General

Otro de los cambios importantes es el ingreso de Kitty Elisa Trinidad Guerrero como secretaria general del MEF. Desde esa posición tendrá a su cargo la coordinación administrativa y operativa de la cartera, la articulación de los órganos de apoyo y la continuidad de los procesos internos del ministerio. Aunque se trata de un cargo menos expuesto públicamente, su función resulta clave para el funcionamiento institucional del sector, especialmente en una etapa de reorganización de la alta dirección y de necesidad de mantener la ejecución administrativa sin retrasos.

Luis Arias Minaya en el Gabinete de Asesores

La nueva plana mayor también incorporó a Luis Alberto Arias Minaya como jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. Su experiencia previa en administración tributaria y finanzas públicas lo ubica en una posición influyente dentro del entorno inmediato del ministro.

Arias es economista y fue superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Su trayectoria ha estado vinculada al diseño de política tributaria, administración fiscal y análisis de finanzas públicas, ámbitos en los que ha ocupado diversos cargos técnicos y de gestión en el Estado peruano.

Desde ese cargo participará en la evaluación de propuestas relacionadas con ingresos fiscales, eficiencia tributaria y sostenibilidad de las finanzas públicas, temas que han ganado importancia ante la necesidad de financiar mayores obligaciones del Estado.

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Los principales retos del nuevo equipo

La nueva conducción del MEF enfrenta una agenda amplia y con poco margen de error. Entre los desafíos más urgentes destacan:

• Reducir el déficit fiscal y encaminarlo hacia las metas establecidas en las reglas fiscales.
• Mejorar la ejecución de la inversión pública, especialmente en proyectos de infraestructura que presentan retrasos.
• Recuperar la recaudación tributaria en un contexto de menor dinamismo de algunos sectores productivos.
• Fortalecer la confianza de inversionistas y empresas para impulsar nuevos proyectos privados.
• Coordinar con gobiernos regionales y municipales para evitar que los recursos presupuestados queden sin ejecutar.

La capacidad del equipo para avanzar en estos frentes será observada por los mercados, el sector empresarial y los organismos internacionales, especialmente en un periodo en el que el crecimiento económico depende en buena medida de la inversión y de la calidad del gasto público.

Más allá de los cambios de nombres, la nueva plana mayor del MEF tendrá que demostrar si puede traducir su experiencia técnica en resultados concretos: mayor ejecución de inversión, cuentas fiscales más ordenadas y un entorno económico que permita sostener la actividad productiva sin aumentar los desequilibrios fiscales.

Durante una conferencia de prensa, Cuba señaló que el nivel de incumplimiento tributario del país supera el promedio de América Latina y el Caribe. La situación, según explicó, contrasta con el desempeño que el Perú suele mostrar en otros indicadores de la economía.

“Los indicadores de evasión tributaria, de incumplimiento tributario del IGV y de renta en Perú son demasiado altos”, afirmó el ministro.

Cuba señaló que, mientras el país mantiene mejores resultados relativos en materia monetaria y fiscal, el comportamiento de la recaudación presenta una situación diferente. En ese contexto, planteó la necesidad de reforzar las acciones destinadas a lograr que los contribuyentes cumplan con las obligaciones que ya establece la legislación.

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¿Quiénes integrarán la comisión contra la evasión?

El ministro indicó que la comisión tendrá carácter presidencial y estará encabezada por Manuel Estela, exfuncionario vinculado a la administración tributaria durante la década de 1990. También mencionó a Luis Alberto Arias como parte del grupo.

Sin embargo, durante el anuncio no se detallaron todavía todas las funciones que tendrá la comisión, el plazo para presentar sus propuestas ni las modificaciones normativas que eventualmente podrían plantearse. Estos elementos serán relevantes para determinar si el grupo de trabajo representará una nueva estrategia de fiscalización o si buscará reforzar herramientas que ya utiliza la administración tributaria.

La Sunat cuenta actualmente con mecanismos destinados a detectar inconsistencias y mejorar el control de las operaciones económicas, entre ellos la facturación electrónica, el cruce de información y herramientas de gestión de riesgo tributario. El desafío planteado por el MEF es elevar el nivel de cumplimiento y reducir los espacios en los que se producen operaciones no declaradas.

Cuba advierte a personas y empresas

El anuncio de la comisión estuvo acompañado de una advertencia dirigida a los contribuyentes que no declaren correctamente sus ingresos. Cuba pidió a las personas naturales que regularicen su situación y cumplan con sus obligaciones tributarias.

“Hay personas naturales que me están escuchando que por favor pónganse al día con sus ingresos, declaren sus ingresos. Si no lo hacen, van a enfrentar el peso de la ley”, manifestó.

El ministro también puso el foco en empresas medianas que, según señaló, recurren a mecanismos de doble contabilidad para reducir el monto de impuestos que deben pagar.

“Hay empresas medianas que tienen doble contabilidad y están evadiendo IGV y están evadiendo renta”, indicó.

La diferencia entre ambos casos resulta relevante para la estrategia anunciada por el MEF. Mientras la falta de declaración de ingresos puede ser detectada mediante los mecanismos de fiscalización tributaria, prácticas como la doble contabilidad requieren controles sobre la información financiera y comercial de las empresas.

El reto de recaudar más sin aumentar las tasas

Cuba sostuvo que la estrategia anunciada no parte de un incremento de las tasas tributarias. El objetivo, según explicó, es lograr que los contribuyentes paguen los impuestos que ya les corresponden de acuerdo con las normas vigentes.

“No les estamos cambiando las tasas, estamos haciendo que paguen lo que corresponde por las leyes peruanas”, afirmó.

La posición planteada por el MEF coloca el aumento del cumplimiento tributario como una vía para elevar los ingresos del Estado sin modificar las tasas de los principales impuestos. Esto implica que una parte del resultado dependerá de la capacidad de la administración tributaria para identificar actividades no declaradas, verificar la información presentada por los contribuyentes y hacer efectivas las sanciones cuando corresponda.

La evasión también tiene un impacto sobre la competencia entre empresas. Un negocio que no declara parte de sus ventas o reduce artificialmente sus obligaciones tributarias puede operar con una estructura de costos distinta frente a otro que cumple con el pago de sus impuestos. Por ello, una mayor fiscalización no solo tiene un efecto sobre la recaudación, sino también sobre las condiciones en las que compiten los agentes económicos.

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Una política que ya cuenta con herramientas de fiscalización

La nueva comisión no parte de cero. Durante los últimos años, la Sunat ha ampliado el uso de herramientas digitales para mejorar el control tributario y obtener información sobre las operaciones de personas y empresas.

La facturación electrónica es una de las principales herramientas incorporadas al sistema tributario. Su masificación permite a la administración disponer de información sobre las operaciones comerciales y utilizarla para contrastar los ingresos declarados por los contribuyentes.

A ello se suma el intercambio de información y el uso de mecanismos de gestión de riesgo, con los que la administración tributaria puede concentrar sus acciones de fiscalización en contribuyentes u operaciones que presenten mayores señales de incumplimiento.

Estas medidas fueron impulsadas durante diferentes administraciones y forman parte de un proceso de modernización de la fiscalización tributaria que antecede al anuncio realizado por Cuba. Por ello, uno de los puntos que deberá definirse será qué elementos adicionales incorporará la comisión presidencial frente a las herramientas que ya están disponibles.

Antecedentes de las medidas contra la evasión

La reducción de la evasión y el aumento de la recaudación han formado parte de las agendas económicas de los últimos gobiernos. Las estrategias han combinado medidas de fiscalización, digitalización y ampliación de la información disponible para la Sunat.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, el Ejecutivo impulsó medidas orientadas a fortalecer la recaudación y combatir la evasión y la elusión tributaria, dentro de una propuesta más amplia de reforma tributaria. Posteriormente, durante la gestión de Dina Boluarte, se mantuvo el énfasis en la digitalización de los procesos y el fortalecimiento de las herramientas de control de la administración tributaria.

El anuncio de Cuba se incorpora a esa línea de políticas, aunque con la creación de una comisión presidencial como nuevo mecanismo de coordinación. Su alcance dependerá de las propuestas que formule, de las facultades que finalmente se le otorguen y de si sus recomendaciones se traducen en cambios concretos en la fiscalización y el cumplimiento tributario.

Por ahora, el MEF ha establecido como prioridad reducir la evasión de IGV y renta sin modificar sus tasas. El siguiente paso será conocer las medidas específicas con las que la nueva comisión buscará convertir ese objetivo en resultados efectivos de recaudación.

Además, no se ha precisado la oportunidad en que se realizará dicho incremento ni se ha hecho referencia a la necesaria institucionalización del mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima del CNT vía una norma del Ejecutivo que lo convierta en vinculante y elimine cualquier manejo arbitrario del referido instrumento.

Adicionalmente al anuncio del incremento de la remuneración mínima, el gobierno viene elaborando un proyecto normativo de solicitud de delegación de facultades para legislar en diversas materias, cuya versión preliminar se ha hecho pública.

Lamentablemente, el proyecto de ley en mención contiene un conjunto de medidas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, como veremos a continuación.

Nuevo régimen laboral general con derechos recortados

El proyecto normativo plantea habilitar al gobierno a crear un nuevo y único régimen laboral general donde se establezca un acceso progresivo a los derechos laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada, horas extras, seguridad social, utilidades, etc.) en función del nivel remunerativo de los trabajadores; y se flexibilice la protección contra el despido.

De esta manera, los trabajadores con remuneraciones más elevadas accederían a una mayor proporción de los beneficios laborales que aquellos con niveles remunerativos bajos, lo cual resulta claramente regresivo y absurdo.

En la práctica, esto implicaría recortar los actuales derechos laborales correspondientes a los trabajadores de ingresos bajos y medios en la mediana y gran empresa, es decir, una especie de extensión de los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa a segmentos de mayores dimensiones.

Retorno de la ley Pulpín

El proyecto de ley de solicitud de facultades para legislar también propone dictar medidas en relación con los mecanismos de contratación laboral y régimen de beneficios laborales de la población juvenil, dada la supuesta existencia de sobre costos laborales, las cuales irían en la línea de recortar derechos laborales y mecanismos de protección contra el despido arbitrario, como sucedió en el 2014 con la derogada Ley 30288, conocida popularmente como la ley Pulpín.

Se insiste en recortar beneficios laborales como un supuesto incentivo a la generación de empleo formal, a pesar del fracaso de dicho enfoque en los últimos 36 años.

Enfoque orientador de la inspección laboral

El gobierno también plantea acceder a facultades legislativas que le permitan establecer que la SUNAFIL siga un enfoque preventivo y orientador, lo cual podría implicar descuidar su rol central de fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, sobre todo en un contexto de escasez presupuestal.

Flexibilización del despido

El Poder Ejecutivo busca flexibilizar los despidos por causas objetivas (económicas, tecnológicas, estructurales, etc.), reduciendo el requisito mínimo de 10% de trabajadores afectados para poder realizar ceses colectivos e incluso permitiendo ceses individuales.

Ello desequilibraría aún más el poder de negociación en favor de los empleadores y generaría mayor precariedad laboral en los empleos formales, sobre todo si no viene acompañado de medidas que limiten la contratación temporal y la tercerización laboral, que promuevan la contratación estable, así como el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva, entre otros.

Flexibilización de beneficios laborales

El gobierno pretende flexibilizar la normativa sobre beneficios laborales (vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones, CTS, etc.) permitiendo acuerdos sobre su aplicación entre trabajadores y empleadores a nivel individual o por negociación colectiva.

Evidentemente, en un país con solo un cinco% de afiliación sindical en el sector privado formal, los supuestos acuerdos básicamente se darían a nivel individual, siendo bastante sencillo para los empleadores terminar imponiendo sus posiciones, dado su mayor poder de negociación.

Bonos por productividad

El gobierno fujimorista también busca promover los bonos por productividad, así como otros incentivos por desempeño, quitándoles el carácter remunerativo, lo cual implicaría que dejen de ser considerados como base de cálculo para los beneficios laborales, así como para los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, perjudicando claramente a los trabajadores.

Desprotección de trabajadores de dirección y confianza

El Poder Ejecutivo plantea eliminar el derecho a la indemnización por despido por pérdida de confianza correspondiente a los trabajadores de dirección o confianza, lo que resultaría especialmente perjudicial si tomamos en cuenta la arbitrariedad con que se vienen asignando las referidas categorías ocupacionales en el sector privado.

Reducción de feriados

El actual gobierno también pretende modificar la normativa de feriados no laborables con el fin de reducir su número bajo un supuesto criterio de racionalización.

Lo que en realidad se buscaría con esta medida es evitar el triple pago remunerativo que se genera cuando un trabajador labora en día feriado y no goza de descanso compensatorio considerando que la gran mayoría de los trabajadores formales privados forman parte de los sectores comercio y servicios, donde se suele trabajar los feriados.

Cabe agregar que es falso que Perú sea el país con mayor cantidad de feriados no laborables en Latinoamérica o con más días de vacaciones (considerando los días hábiles).

Despidos masivos en el Estado

Otro aspecto que el fujimorismo busca aprobar vía facultades legislativas delegadas es tener la habilitación para ofrecer incentivos económicos para la salida “voluntaria” de trabajadores públicos, lo cual muestra una clara intención de reducir el tamaño del Estado peruano, el cual ya resulta bastante pequeño si lo comparamos con el estándar de los países desarrollados.

Necesitamos implementar la reforma del servicio civil normada por la Ley 30057 para comenzar a mejorar las condiciones laborales en el Estado y la calidad de los servicios públicos, no despedir masivamente y arbitrariamente a los trabajadores estatales.

Epílogo

Del análisis realizado se desprende claramente que el nuevo gobierno plantea aplicar una reforma laboral para seguir recortando derechos laborales, desproteger aún más a los trabajadores, abaratar la mano de obra, empoderar más a los empleadores, precarizar el empleo formal y reducir el tamaño del Estado. Se trata de una continuación de la nefasta reforma laboral implementada en la década del noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La bancada de oposición, que cuenta con mayoría y dirige la Cámara de diputados, no puede otorgar al gobierno fujimorista facultades para legislar contra el interés y bienestar de la gran mayoría de ciudadanos, solo en aspectos laborales, sino también tributarios, ambientales, de orden interno, etc.

En entrevista con RPP, Sheput cuestionó la manera en que se han realizado las adquisiciones de medicinas y sostuvo que la revisión deberá determinar cómo se llegó a una situación de desabastecimiento pese al gasto ejecutado.

"No puede ser que se haya estado comprando de la manera como se ha venido comprando las medicinas por montos debajo de las ocho unidades impositivas tributarias a precios carísimos y generando desabastecimiento y un gasto innecesario", afirmó.

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El ministro planteó que la auditoría debe permitir conocer qué ocurrió con estos procesos de compra y determinar si existieron fallas en la gestión. La denuncia, por ahora, forma parte de los cuestionamientos expresados por Sheput y deberá ser contrastada mediante la revisión que anunció. El punto central será determinar si los mecanismos utilizados para adquirir medicamentos terminaron elevando los costos y, al mismo tiempo, provocando problemas de disponibilidad.

EsSalud: Sheput califica de “desastre” la situación y pone bajo revisión compras de medicinas

El anuncio de la auditoría ocurre en medio del cambio de mando en EsSalud. El Ejecutivo removió a Jaime Moreno Eustaquio de la presidencia ejecutiva y encargó temporalmente la conducción de la institución a Hilda Sandoval Cornejo.

Precisamente, Sheput señaló que la nueva presidenta ejecutiva recién asumiría el control de la entidad y que será ella quien, junto con las instancias correspondientes, determine el alcance de las medidas necesarias.

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El ministro fue particularmente crítico al describir el estado en que encuentra la institución. "El estado en que estamos encontrando salud no es un estado de excelencia ni de caridad, sino es un desastre y eso lo sabe cualquier persona que nos esté escuchando", sostuvo.

Entre los asuntos inmediatos mencionados por Sheput están la atención de operaciones y la provisión de medicamentos. El abastecimiento resulta especialmente sensible porque sus efectos terminan trasladándose directamente a los asegurados cuando una medicina no está disponible o una atención médica se posterga.

La auditoría anunciada deberá establecer qué ocurrió con las compras y cuál fue el impacto de las decisiones adoptadas. Hasta que concluya esa revisión, las afirmaciones del ministro sobre los procesos de adquisición deben entenderse como cuestionamientos que serán materia de investigación.

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El cambio en la presidencia ejecutiva también se produce en un contexto de alta rotación de autoridades en EsSalud. Para la actual gestión, esta inestabilidad dificulta la continuidad de políticas y la ejecución de reformas que requieren resultados sostenidos.

Gobierno evalúa declarar en emergencia a EsSalud tras intento de junio

La eventual declaratoria de emergencia todavía no está definida. Sheput explicó que la decisión deberá ser evaluada por la nueva administración una vez que Sandoval tome el control de la institución.

Consultado directamente sobre si EsSalud será declarado en emergencia, el ministro respondió que todavía se debe determinar si esa categoría es la herramienta adecuada para enfrentar la situación.

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Sheput reveló además que una declaratoria de emergencia ya fue planteada en junio, aunque finalmente no prosperó. Según su versión, aquella propuesta estaba relacionada con la posibilidad de realizar importantes compras de medicamentos sin que existiera una planificación adecuada.

El ministro afirmó que el proceso terminó deteniéndose después de que la prensa informara sobre el caso. La nueva administración tendrá ahora que evaluar si corresponde retomar una medida de ese tipo y bajo qué condiciones.