La comparación regional es contundente, pues según las proyecciones presentadas en el evento, Perú crecería más que Brasil (2,0%), Chile (1,5%) y México (1,1%) en 2026, y también por encima del promedio latinoamericano, estimado en 2,5%. En 2027, el país volvería a ubicarse entre las economías con mayor expansión de la región. Esa resiliencia se apoya en un entorno macroeconómico relativamente estable: inflación contenida, un tipo de cambio menos volátil que el de sus vecinos y un elevado nivel de reservas internacionales. Sin embargo, el propio diagnóstico presentado en el evento sugiere que el dato de crecimiento no cuenta toda la historia.

Perú crecería más que Brasil y Chile, pero el motor ya no es el mismo

La economía peruana seguirá creciendo, pero el panorama dista de una nueva bonanza. El análisis presentado en Inside Perú 2026 muestra un cambio en la composición del crecimiento: pesca, agro, minería e hidrocarburos pierden fuerza, mientras servicios, construcción, comercio y consumo privado ganan peso.

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La diferencia es importante. Los sectores no primarios crecerían alrededor de 3,6% este año, mientras que el PBI primario retrocedería cerca de 2%. Es decir, el avance de la economía descansaría cada vez menos en las actividades ligadas a los recursos naturales y a las exportaciones.

El dato importa porque pesca y agro no se miden únicamente por su aporte al PBI. Detrás de ellos hay empleo, ingresos en las regiones y alimentos que llegan a los mercados. Un menor desempeño en estas actividades puede terminar sintiéndose en los bolsillos y en las economías locales, incluso si el resultado agregado sigue siendo positivo.

La minería también afrontaría un año menos dinámico, con menores volúmenes previstos de zinc, plata y plomo. En hidrocarburos, a su vez, persisten restricciones operativas que han afectado el rendimiento de algunos lotes petroleros, mientras las interrupciones recientes en la producción de gas natural añaden presión a un sector que ya enfrenta dificultades.

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El Niño amenaza pesca, agro y energía: qué significa para la economía peruana

El factor de riesgo más visible es el fenómeno de El Niño. El Banco Central incorporó en sus proyecciones un escenario de El Niño fuerte, con efectos directos sobre pesca, agricultura, manufactura primaria y energía.

En pesca, las condiciones cálidas del mar han reducido las cuotas de captura de anchoveta en la zona norte-centro, además de generar suspensiones frecuentes durante la primera temporada. La anchoveta es clave para la producción de harina y aceite de pescado, uno de los principales rubros exportadores del país.

En agricultura, el impacto es más amplio. El BCRP menciona mayores temperaturas, alteraciones en el ciclo de lluvias y mayores costos de fertilizantes. Entre los productos con mayor riesgo aparecen los frutales de la costa, la papa, el arroz y la carne de ave. El efecto no necesariamente implica desabastecimiento, pero sí puede traducirse en menor producción y presiones sobre algunos precios de alimentos.

El componente energético añade otra capa de preocupación. En marzo se registró una emergencia vinculada al sistema de gas natural y posteriormente se produjeron suspensiones temporales de extracción en lotes destinados a exportación, asociadas a trabajos de mantenimiento en la planta de licuefacción de Melchorita. Para el lector no especializado, la licuefacción es el proceso que convierte el gas natural en líquido para poder transportarlo y exportarlo. Interrupciones en esa cadena pueden afectar producción, exportaciones y actividad industrial.

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El riesgo climático, además, no parece acotado al corto plazo. Las proyecciones del ENFEN señalan que el Niño Costero podría extenderse hasta abril de 2027, con una probabilidad significativa de que alcance una magnitud fuerte y sin descartar escenarios extraordinarios hacia finales de 2026.

El verdadero límite sigue siendo la productividad, no la inflación

La presentación de Moody’s dejó un punto de fondo: el reto del Perú ya no pasa tanto por contener la inflación, sino por encontrar la forma de crecer a un ritmo mayor y sostenerlo en el tiempo.

El BCRP advierte que el crecimiento potencial se ha desacelerado por el menor avance de la productividad y la inversión. Por eso, mantener una inflación baja, un tipo de cambio relativamente estable y reservas internacionales cercanas al 28% del PBI no basta. Son fortalezas que permiten afrontar mejor los golpes externos, pero no resuelven por sí solas el problema de fondo.

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Para elevar ese potencial, el país sigue necesitando avances en infraestructura, educación, innovación, digitalización y calidad de las instituciones. Ahí está la paradoja: Perú conserva una posición macroeconómica sólida y podría crecer más que sus principales vecinos en 2026, pero esa ventaja pierde peso si no consigue convertirla en mayor productividad e ingresos.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

• Compra: S/3,798
• Venta: S/3,887

Interbank

• Compra: S/3,755
• Venta: S/3,885

Banco de la Nación

• Compra: S/3,760
• Venta: S/3,850

BBVA

• Compra: S/3,747
• Venta: S/3,954

Scotiabank

• Compra: S/3,751
• Venta: S/3,927

Señaló que usarán subsidios focalizados para transporte masivo de carga y pasajeros a nivel nacional. Añadió que la medida aplicará también para mototaxistas y transporte fluvial. El titular de la cartera, además, indicó que la disposición aplicará desde este sábado, mientras que el subsidio directo a mototaxistas en el oriente del país demorará tres semanas, adicionalmente descartó el uso de un fondo de combustible.

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El economista señaló que dentro de la disposicón se registrarán a los mototaxistas en una plataforma para que puedan recibir el subsidio en el Banco de la Nación. Por su parte, la presidenta pidió el apoyo de los alcaldes para acortar el plazo de ejecución, agregó que la subvención tendrá una vigencia incial de tres meses.

Sobre la situación del combustible en Ucayali, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que declararán en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos de Pucallpa.

El anuncio ocurre en un contexto de alta volatilidad en los precios de los combustibles. De acuerdo con la plataforma Facilito de Osinergmin, el diésel B5 S-50 UV —el principal combustible utilizado por el transporte de carga y parte del transporte público— se comercializa en Lima en un rango aproximado de S/22,42 a S/26,79 por galón, mientras que el gasohol regular oscila entre S/17,99 y S/21,49. La diferencia entre regiones puede ser mayor debido a los costos de transporte y distribución. Los datos muestran además que el GLP y el GNV también presentan variaciones importantes según la zona del país.

La dispersión de precios se ha mantenido durante las últimas semanas, especialmente en ciudades alejadas de los principales centros de abastecimiento. Osinergmin publica semanalmente precios de referencia para combustibles y monitorea los valores reportados por los grifos a través de su sistema Facilito. Según información oficial del regulador, los precios locales siguen influenciados por la evolución del petróleo en el mercado internacional, los costos logísticos y los impuestos aplicados a los combustibles.

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En los últimos meses, el mercado peruano de combustibles también ha enfrentado episodios de tensión en el suministro de GLP y gas natural. En marzo, Osinergmin autorizó medidas extraordinarias para facilitar el transporte e importación de combustibles ante problemas de abastecimiento vinculados a la infraestructura energética del país. Ese antecedente explica por qué el Ejecutivo ha puesto énfasis en asegurar el suministro en Pucallpa y otras zonas de la Amazonía, donde los costos de combustible suelen ser más altos que en Lima y la costa norte. Las medidas excepcionales adoptadas entonces incluyeron flexibilizaciones temporales para el transporte y almacenamiento de combustibles, con el objetivo de evitar interrupciones en el abastecimiento nacional.

Tipo de cambio en bancos del Perú

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El nuevo titular de la Sunat asumirá una gestión que tendrá entre sus principales asuntos la ampliación de la formalización de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y la culminación del proceso de transformación digital de la entidad. También tendrá a su cargo el fortalecimiento de los mecanismos de control frente al incumplimiento tributario y el contrabando.

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La ceremonia se realizó en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia y contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y del viceministro de Hacienda, Erick Lahura. También asistieron funcionarios de la administración tributaria y exsuperintendentes como Beatriz Merino, Luis Alberto Arias, Nahil Hirsh, Tania Quispe y Víctor Mejía.

Formalización y digitalización, entre los retos que tendrá la nueva gestión de la Sunat

Uno de los objetivos planteados para la administración de Luna Victoria es continuar las acciones para ampliar la formalización, especialmente entre las Mypes. Esto supone no solo incorporar nuevos contribuyentes al sistema tributario, sino también facilitar el cumplimiento de obligaciones como la emisión de comprobantes, la declaración de ingresos y el pago de impuestos.

La otra línea de trabajo será culminar la transformación digital de la Sunat, ampliando los servicios en línea y fortaleciendo los controles frente a la evasión, elusión y contrabando. El reto será traducir estos objetivos en medidas concretas que faciliten el cumplimiento tributario y mejoren la fiscalización.

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Sunat: ¿Quién es César Luna Victoria?

Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con estudios de maestría en Derecho en esa universidad. Tiene más de 47 años de ejercicio profesional y es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la PUCP desde hace más de cuatro décadas.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en derecho tributario y corporativo. También ha participado en operaciones financieras internacionales y se ha desempeñado como director de distintas empresas e instituciones.

En el sector público, ocupó dos carteras ministeriales entre enero de 1999 y julio de 2000: el entonces Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y el Ministerio de Pesquería.

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Asimismo, fue director de la Corporación Andina de Fomento (CAF) e integró la Comisión para la Inversión Privada (COPRI), organismo antecesor de ProInversión.

En el ámbito tributario, integró el consejo directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y presidió el capítulo peruano de la International Fiscal Association (IFA). También participó como ponente en conferencias tributarias latinoamericanas e internacionales.

Luna Victoria llega al cargo tras su paso por el ámbito tributario, la gestión pública y el sector empresarial. Ahora tendrá que definir las prioridades de su administración en materia de recaudación, formalización y fiscalización.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días. El objetivo es que las autoridades ejecuten acciones preventivas y de respuesta antes de que el escenario previsto derive en mayores afectaciones para las actividades productivas y la población.

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La alerta coincide con el arranque de una campaña en la que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ya fijó una hoja de ruta para las siembras. La cartera acaba de aprobar el Marco Orientador de Cultivos para la campaña 2026/2027, que busca ordenar la oferta agrícola y orientar a los productores.

El documento considera siete cultivos transitorios: papa, arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo, yuca y quinua. En ese contexto, el déficit hídrico aparece como una variable que puede alterar las previsiones de siembra y producción.

¿Qué está detrás de la alerta por déficit hídrico?

La declaratoria no responde a un episodio aislado. El informe técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advierte una disminución progresiva de los caudales y una reducción sostenida de los volúmenes almacenados en los embalses.

A ello se suma el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, condición que, según la evaluación oficial, incrementa la probabilidad de un déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027.

El escenario preocupa especialmente por el momento en que se produce. Las decisiones de siembra para la nueva campaña ya están en marcha y, de mantenerse las condiciones previstas, los productores deberán enfrentar una mayor incertidumbre sobre la disponibilidad de agua durante el ciclo agrícola.

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El decreto reconoce que el déficit podría generar afectaciones en la agricultura y la ganadería, además de la población. Sin embargo, la declaratoria no supone que ya exista una caída de producción ni establece pérdidas para cultivos específicos.

Se trata, por ahora, de una medida preventiva frente a un riesgo que el Gobierno considera inminente.

Emergencia alcanza a 607 distritos de 16 regiones

Los distritos incluidos en la declaratoria se encuentran en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

El anexo del decreto identifica los 607 distritos comprendidos en la emergencia. El informe de Indeci sostiene, además, que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales involucrados “ha sido sobrepasada”, por lo que resulta necesaria la intervención del Gobierno Nacional.

La respuesta involucrará a varios sectores, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Producción, Desarrollo e Inclusión Social, Interior y Defensa, además de Indeci y los gobiernos subnacionales.

Durante los 60 días de vigencia de la emergencia, las entidades deberán ejecutar medidas de reducción del riesgo, respuesta y, de ser necesario, rehabilitación en las zonas comprendidas.

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El agro entra a una campaña con mayor incertidumbre

El impacto económico de la alerta dependerá de cómo evolucionen las condiciones durante los próximos meses y de la capacidad de las autoridades para anticiparse a los problemas de disponibilidad hídrica.

Una menor oferta de agua puede obligar a revisar las previsiones de siembra, afectar el desarrollo de determinados cultivos y, en un escenario más severo, reducir los volúmenes cosechados. El efecto sobre los mercados dependerá de la magnitud y extensión de esas eventuales restricciones.

Por ahora, no existe una proyección oficial de cuánto podría caer la producción agrícola. La emergencia tampoco significa que los 607 distritos enfrentarán necesariamente una situación crítica.

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Lo que sí establece el Gobierno es que existe un riesgo suficientemente alto como para activar mecanismos de intervención antes de que el déficit hídrico termine trasladándose a la producción.

Las acciones serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, según precisa el decreto.

La evolución de los caudales, los reservorios y las condiciones climáticas será determinante para saber si la alerta termina siendo una advertencia preventiva o el anticipo de una campaña agrícola más complicada de lo previsto.

(...) Yo lo veo en el sentido de que los congresistas estaban muy preocupados por tratar de congraciarse con sus electores, aprobando gastos sin financiamiento y no les importó aprobar leyes que claramente vienen en contra de la Constitución, en el sentido de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Desafortunadamente, el Tribunal Constitucional validó esto en su momento.

Diría que hay una responsabilidad compartida, tanto a nivel del Congreso pasado como del Tribunal Constitucional. Había cuentas totalmente claras de que se estaba transgrediendo la Constitución al aprobarse iniciativas de gasto. Lo responsable de lo que está haciendo el MEF es plantear la inconstitucionalidad de las leyes que implican un aumento de gasto público sin decir cómo se iban a financiar. Es la antielección de la política fiscal: uno no puede aprobar gastos sin tener una fuente de ingresos.

Además, no solo se aprobaron gastos sin financiamiento, sino que en aquellos donde había financiamiento, se pretendía usar ingresos temporales para cubrir gastos permanentes, como el aumento del impuesto a la renta por el alza del precio de los metales. Pensar que los altos precios de los metales son para siempre e intentar financiar gastos permanentes con ingresos temporales es definitivamente irresponsable.

— Ante esta irresponsabilidad en la aprobación de leyes populistas sin financiamiento, ¿por qué los anteriores gabinetes ejecutivos no actuaron a tiempo para frenar este desbalance fiscal? 

La responsabilidad no solamente viene del Congreso anterior [...], sino también del anterior Poder Ejecutivo. Cuando se aprobaron estas leyes abiertamente inconstitucionales, no se planteó en su momento las acciones correspondientes. Al no hacerlo, al tener una inactividad absolutamente marcada, esa pasividad es parte del problema.[...] Se tiene que mostrar señales de que efectivamente hay un problema con leyes que fueron aprobadas por el Congreso y que son claramente inconstitucionales.

— Si el TC termina anulando estas leyes impulsadas por el propio Parlamento, ¿cómo impactará esto en la legitimidad del Gobierno frente a gremios como los docentes, los policías o el personal CAS, que se beneficiaban de estas normas?

El problema que veo es que no hay muchas opciones. Se aprobó un aumento de gasto permanente y el aumento de ingresos que debería financiar este nuevo gasto debería tener la misma condición de permanencia, pero eso no es lo que sucede. Hay un elemento adicional: se necesita que el Gobierno tenga credibilidad, y la credibilidad en la parte económica va de la mano con la actitud de tomar acciones para corregir un error lamentablemente vivido.

— De cara a la formulación del Presupuesto Público, ¿qué salidas técnicas y legales le quedan al gobierno frente a este paquete de medidas impulsado por el Congreso?

El Poder Ejecutivo tiene que presentar los proyectos de ley de equilibrio presupuestal y endeudamiento, junto a la actualización del Marco Macroeconómico Multianual. En la formulación del Presupuesto debe haber claridad en cómo enfrentar aquellas soluciones que ya están puestas, teniendo en cuenta que no hay retroactividad.

Todo este problema surge de haber aprobado iniciativas legislativas sin el respaldo correspondiente. Cuando el Ministerio de Economía plantea que la atención de estos gastos, como las gratificaciones CAS, se haga gradualmente, es porque no había otra opción; la presión de gasto al 100% resultaba inmanejable sin inyecciones presupuestales.

Además, ha habido una sentencia del TC donde se rectifica la posición sobre la iniciativa de gasto del Congreso. Sobre la base de ese fallo es que debe sostenerse la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad de estas cuatro leyes.

— Desde su experiencia al frente del MEF, ¿cómo explica que el Ministerio de Economía terminara cediendo terreno ante el Congreso en la aprobación de estas medidas sin sustento fiscal? 

Lamentablemente, el MEF se debilitó en los últimos años porque fue avasallado en sus competencias. Cuando fui ministro de Economía fui muy claro en decir que las competencias del MEF no se negocian, porque veía el riesgo de que el Congreso o algunos ministros impusieran acciones sin sustento fiscal. Al debilitarse institucionalmente el ministerio, se produjeron estas iniciativas legislativas inconstitucionales.

— El Consejo Fiscal advierte que la norma de maestros se asemeja a una "cédula viva". Como exministro, ¿considera que esta ley en particular era insostenible para la trayectoria fiscal del país? 

De hecho que sí, no solo en su parte cuantitativa sino cualitativa. Durante la administración del doctor Toledo se eliminó la llamada «cédula viva» porque generaba una presión fiscal insostenible sobre la caja del Estado. Establecer este sistema con la norma de maestros jubilados es una suerte de resucitar la cédula viva. El problema de fondo es la responsabilidad fiscal: no se puede aumentar el gasto si no está financiado, y mucho menos un gasto permanente con una fuente de financiamiento absolutamente temporal, como los precios de los metales. Ese es un conflicto que tiene que ser resuelto.

— En balance, ¿cómo se llegó a este escenario de riesgo fiscal? ¿Siente que la permisividad del Ejecutivo terminó por ceder el control al Congreso en la aprobación de estos gastos?

Esas fueron decisiones del Congreso pasado que implicaban un mayor gasto sin tener la iniciativa de gasto. El problema se profundizó porque el Poder Ejecutivo de aquel entonces no observó adecuadamente estas leyes en su momento, dejando al Congreso con un poder absolutamente desequilibrado y que ha puesto en problemas la situación fiscal del país. [...] No hay ninguna duda de que existe un desequilibrio fiscal a partir de lo que estamos comentando: no solamente se trata de que haya gasto nuevo sin financiamiento, sino de que el gasto es permanente y el financiamiento es absolutamente temporal. Y eso es un desequilibrio que se necesita revertir.

El Índice de Innovación Ciudadana (IIC) fue elaborado a partir de una encuesta a 1.000 personas de entre 18 y 45 años de la población urbana conectada a nivel nacional. La investigación buscó medir cómo los ciudadanos entienden, practican y aplican la innovación en su vida cotidiana.

Uno de sus principales resultados muestra que el 88% considera importante aprender cosas nuevas para su desarrollo personal, mientras que el 79% considera que puede mejorar las cosas en su trabajo o comunidad. Además, el 80% afirma haber aprendido algo nuevo por iniciativa propia durante el último año.

La disposición al aprendizaje, sin embargo, no se traduce necesariamente en una mayor capacidad de ejecución. Según el estudio, solo el 49% actúa frecuentemente para implementar una idea de mejora. Otro 34% señala que lo hace ocasionalmente y 14% reconoce que casi nunca lleva sus ideas a la práctica.

El resultado plantea una diferencia entre tener iniciativa para aprender o identificar problemas y contar con las condiciones necesarias para desarrollar una solución. Para Jorge Bossio, director de Innovación Educativa e Internacionalidad de la UPC-Laureate Perú, el desafío está en generar experiencias de aprendizaje vinculadas con problemas reales y proyectos aplicados.

"Los resultados muestran que el Perú no tiene un déficit de creatividad ni de ganas de aprender", sostuvo Bossio, quien consideró que la educación puede contribuir a reducir la distancia entre el conocimiento y su aplicación.

La colaboración todavía tiene espacio para crecer

La brecha no se limita a la ejecución individual. El estudio también identifica dificultades para trasladar la innovación hacia espacios colaborativos.

El 76% de los encuestados comparte con otras personas lo que aprende, mientras que el 70% afirma que propone mejoras en su trabajo o comunidad. No obstante, solo el 56% participa en proyectos colaborativos.

La diferencia adquiere relevancia cuando las ideas requieren más de una persona, conocimientos especializados o recursos para convertirse en una solución. En el ámbito comunitario, además, 33% de los encuestados afirma tener ideas que todavía no ha logrado implementar.

Para Bossio, la colaboración entre estudiantes, empresas, Estado, universidades y comunidades puede contribuir a que las iniciativas individuales encuentren espacios para desarrollarse.

Este punto también coincide con algunas de las debilidades que el Perú registra en mediciones internacionales. En el Índice Mundial de Innovación 2025 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el país ocupó el puesto 80 entre 139 economías. La posición resulta de indicadores que incluyen educación, investigación y desarrollo, infraestructura, actividad empresarial, generación de conocimiento y resultados tecnológicos.

El desempeño peruano presenta, además, una diferencia entre los recursos disponibles para innovar y los resultados obtenidos. En la medición de 2025, Perú ocupó el puesto 72 en insumos de innovación, pero el 91 en resultados de innovación, de acuerdo con la OMPI.

Perú mejora en capacidades, pero enfrenta dificultades para convertirlas en resultados

El Índice Mundial de Innovación permite observar que el reto de la ejecución no se limita al comportamiento de los ciudadanos. Perú registra una mejor posición relativa en capital humano e investigación, donde ocupa el puesto 42, mientras que presenta posiciones más bajas en sofisticación empresarial, resultados de conocimiento y tecnología.

Entre las principales debilidades identificadas por la OMPI aparece la colaboración entre universidades y empresas en investigación y desarrollo, indicador en el que Perú se ubica en el puesto 112. También figura en el puesto 93 en gasto bruto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI.

Estos indicadores muestran que transformar una idea en una innovación no depende únicamente de la creatividad individual. También intervienen el acceso a financiamiento, la formación, la infraestructura, la vinculación entre instituciones y las posibilidades de probar y escalar una solución.

El propio estudio identifica tres niveles de madurez innovadora: emergentes, en desarrollo y consolidados. Los ciudadanos ubicados en el último grupo presentan una mayor integración entre aprendizaje, colaboración y aplicación de ideas. Asimismo, el estudio encuentra una mayor presencia de educación superior, empleo formal y emprendimiento entre quienes muestran mayor madurez innovadora.

La primera medición del IIC coloca así el foco no solo en cuántas ideas existen, sino en qué ocurre después de que aparecen. Para la universidad, las prioridades pasan por una educación más vinculada con experiencias y desafíos reales, el fortalecimiento de comunidades de innovación y la creación de espacios en los que ciudadanos, empresas, universidades y organizaciones puedan trabajar conjuntamente.

El desafío para el país, en ese sentido, no sería únicamente generar nuevas ideas, sino conseguir que más de ellas encuentren las condiciones para ser probadas, desarrolladas y aplicadas.

Cusco concentró la mayor cantidad de recursos durante el primer semestre, con S/787,36 millones. Le siguieron Piura, con S/166,89 millones, y Loreto, con S/110,81 millones. Los montos fueron menores en Tumbes, con S/41,47 millones; Ucayali, con S/29,28 millones; y Puerto Inca, con S/2,36 millones.

La distribución responde a las reglas establecidas para cada jurisdicción. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisa que el canon y sobrecanon petrolero cuenta con una legislación específica para Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes y Puerto Inca, debido a las características de la explotación y de los recursos generados en cada zona.

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Junio registró transferencias por S/232,77 millones

En junio, Perupetro transfirió S/232,77 millones por canon y sobrecanon. Del total, aproximadamente S/173,66 millones correspondieron a Cusco; S/30,34 millones a Piura; S/16,37 millones a Loreto; S/7,58 millones a Tumbes; S/4,43 millones a Ucayali; y S/0,36 millones a Puerto Inca.

El resultado mensual se ubicó por debajo de los S/262,27 millones registrados en mayo. La diferencia entre ambos meses fue de S/29,50 millones. Las transferencias están vinculadas con la producción fiscalizada de hidrocarburos, por lo que el monto distribuido puede variar a lo largo del año según el nivel de actividad extractiva.

En el caso del canon gasífero, el MEF establece que los índices de distribución se calculan anualmente, mientras que los montos son determinados y pagados mensualmente por Perupetro.

La metodología también distingue entre los diferentes tipos de canon. El canon gasífero se conforma con el 50% del Impuesto a la Renta, el 50% de las regalías y el 50% de la participación del Estado en los contratos de servicios.

Para el canon y sobrecanon petrolero, el MEF señala que se constituye con el 12,5% del valor de la producción que obtiene el Estado por la explotación de petróleo, gas natural asociado y condensados en las jurisdicciones comprendidas por la legislación correspondiente. En Puerto Inca existe una regla diferenciada: el canon equivale al 10% del valor de la producción de hidrocarburos de esa zona.

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¿Cómo se distribuyen los recursos?

Los beneficiarios de estos recursos no son únicamente los gobiernos regionales. El esquema contempla también a gobiernos locales, universidades nacionales, institutos superiores tecnológicos y pedagógicos estatales y, en el caso del canon y sobrecanon petrolero, al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).

Para determinar los índices de distribución se utiliza información de distintas entidades públicas. Entre las variables consideradas figuran las proyecciones de población y los indicadores de pobreza elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), además de los datos de producción de hidrocarburos proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas.

Por ello, la transferencia no depende únicamente del volumen de petróleo o gas extraído en una determinada jurisdicción. La distribución incorpora también criterios territoriales y sociales establecidos en las normas que regulan cada modalidad de canon.

Para el ejercicio fiscal 2026, el MEF aprobó mediante la Resolución Ministerial N.° 100-2026-EF/50 los índices de distribución correspondientes a Piura y Tumbes, al canon por producción de petróleo y gas de Ucayali y al canon y sobrecanon petrolero de Loreto.

La existencia de reglas diferenciadas explica por qué no todas las regiones productoras reciben recursos bajo el mismo esquema. Piura y Tumbes, por ejemplo, cuentan con normas específicas para la distribución del canon y sobrecanon por la producción de petróleo y gas. Ucayali y Loreto tienen sus propios marcos legales para establecer los porcentajes destinados a gobiernos regionales, gobiernos locales y demás beneficiarios.

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Canon tiene restricciones para su uso

El acceso a estos recursos no implica libertad para destinarlos a cualquier gasto público. El marco legal del canon establece que los fondos deben orientarse principalmente al financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión y obras de infraestructura con impacto regional o local.

En el caso de las universidades nacionales, los recursos provenientes del canon gasífero deben utilizarse para investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las disposiciones que regulan su distribución. El objetivo es fortalecer capacidades de investigación vinculadas con el desarrollo de las regiones donde se genera la renta de los hidrocarburos.

Para los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos estatales beneficiarios del canon y sobrecanon petrolero, la transferencia se realiza a través del gobierno regional correspondiente. El MEF establece que estos recursos deben destinarse a los proyectos de inversión presentados por dichas instituciones.

La magnitud de las transferencias acumuladas durante el primer semestre se suma a los recursos que las zonas productoras han recibido durante las últimas décadas. Según Perupetro, desde 1993 el canon y sobrecanon generado por la producción de hidrocarburos ha acumulado más de S/47.300 millones en transferencias a nivel nacional.

El comportamiento de estos ingresos seguirá ligado a la actividad de gas y petróleo y a las reglas que determinan su distribución. Mientras Perupetro calcula mensualmente los recursos que corresponden por la producción fiscalizada, el MEF establece los índices aplicables a cada jurisdicción de acuerdo con el marco legal vigente.

Los casos abarcaron los sectores portuario, ferroviario, vial y aeroportuario y estuvieron relacionados con obligaciones previstas tanto en normas como en contratos de concesión. A diferencia de las penalidades contractuales, las sanciones son consecuencia de procedimientos administrativos iniciados por el regulador ante infracciones a obligaciones legales, técnicas o contractuales.

En su planificación institucional para 2026-2030, Ositrán prevé una mayor carga de expedientes vinculados con penalidades a concesionarios y señala que la incorporación de nuevas concesiones a su ámbito de supervisión incrementará las necesidades de fiscalización. Entre los proyectos considerados figuran el Anillo Vial Periférico, la Línea 2 del Metro de Lima y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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El sector portuario concentró el mayor monto sancionado durante el periodo. De los S/3.3 millones contabilizados, S/2.3 millones correspondieron a medidas aplicadas a operadores de terminales portuarios.

La mayor parte de ese monto estuvo relacionada con el incumplimiento de indicadores de niveles de servicio y productividad. Solo dos sanciones impuestas a APM Terminals Callao por estas obligaciones representaron S/2.27 millones.

Los indicadores de niveles de servicio y productividad forman parte de los compromisos que deben cumplir los operadores de infraestructura portuaria en el marco de sus contratos de concesión. En el mismo sector, Ositrán impuso una sanción de amonestación por el incumplimiento del Reglamento General de Tarifas.

La actividad sancionadora del organismo tiene antecedentes en ejercicios anteriores. En 2023, Ositrán reportó 46 sanciones firmes contra entidades prestadoras por un monto total de S/4.6 millones. El dato permite contextualizar el uso de estos procedimientos como parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas que operan infraestructura de transporte público.

Mantenimiento y operación del transporte ferroviario

El sector ferroviario y el Metro de Lima y Callao concentraron el segundo mayor monto de sanciones durante el trimestre, con S/925.320.

Dos de las medidas, aplicadas a Tren Urbano de Lima, estuvieron relacionadas con el incumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato de concesión de la Línea 1. En ambos casos, el origen estuvo en la falta de realización de la revisión general de motores de tracción conforme a lo establecido en el plan de mantenimiento.

El regulador también impuso una amonestación por la parada incorrecta de un tren. De esta manera, las medidas adoptadas en este sector estuvieron vinculadas tanto con obligaciones de mantenimiento como con aspectos de la operación del servicio ferroviario.

En las concesiones viales se registraron otras dos sanciones. Autopista del Norte recibió una medida por S/26.015 debido al incumplimiento de disposiciones relacionadas con la atención de reclamos y solución de controversias.

A su vez, Carretera Andina del Sur, anteriormente denominada Survial, fue sancionada con S/17.655 por incumplir una obligación prevista en el contrato de concesión relacionada con el no cobro de la tarifa de peaje en las unidades de Marcona y Pichirhua.

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Aeropuertos: sanciones y penalidades por obras

En el sector aeroportuario se registraron dos sanciones. Aeropuertos Andinos del Perú recibió una por S/31.790 debido al incumplimiento de una obligación relacionada con el concepto de liquidación correspondiente al cofinanciamiento operacional.

También se impuso una amonestación a Lima Airport Partners por el incumplimiento de una obligación prevista en su contrato de concesión, relacionada con la falta de limpieza e higiene en los pisos del terminal de pasajeros.

A estos procedimientos se sumó una penalidad de US$73.000 aplicada a Aeropuertos del Perú por el retraso en el avance de las obras de mejoramiento y rehabilitación del aeropuerto de Piura. En este caso, la medida deriva directamente de una obligación establecida en el contrato de concesión.

Penalidades en carreteras y Metro

Además de las sanciones administrativas, durante el segundo trimestre quedaron firmes penalidades derivadas de incumplimientos contractuales.

En el sector vial se registró una penalidad de S/149.800 contra la Sociedad Concesionaria Anillo Vial por la presentación fuera de plazo de documentación correspondiente al tramo 1 del proyecto.

En el Metro de Lima y Callao se consignó otra penalidad de S/5.500 contra la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 por la demora en la presentación del informe socioambiental mensual.

La diferencia entre ambos mecanismos radica en su origen. Mientras las sanciones se imponen como resultado de procedimientos administrativos por infracciones a obligaciones legales, técnicas o contractuales, las penalidades están establecidas en los propios contratos de concesión y se activan ante determinados incumplimientos pactados.

En el segundo trimestre de 2026 no se registraron penalidades firmes en el sector portuario, según la información de Ositrán.

En conjunto, los casos del periodo muestran que la supervisión de las concesiones comprende obligaciones de distinta naturaleza: desde indicadores de productividad y mantenimiento de infraestructura hasta atención de reclamos, disposiciones tarifarias, entrega de información y avance de obras. La variedad de incumplimientos refleja el alcance de las obligaciones que deben cumplir los operadores bajo los contratos y normas que regulan la infraestructura de transporte de uso público.