La audiencia se realizará de manera acumulada, debido a que ambas demandas cuestionan el mismo dispositivo. La decisión del TC se producirá mientras, en paralelo, avanza en el Poder Judicial un proceso de amparo presentado por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) contra la aplicación del decreto y sus posibles efectos sobre los trabajadores de Petroperú.

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El cuestionamiento surge por el alcance de los cambios que el Ejecutivo introdujo en la empresa estatal. El DU 010-2025 fue publicado el 31 de diciembre de 2025 y plantea una reorganización patrimonial de la empresa estatal. Entre sus medidas contempla cambios en su estructura, disposiciones sobre el personal y una participación de ProInversión en la definición y promoción de bloques patrimoniales.

Petroperú llega al TC: ¿qué cuestionan las demandas contra el decreto?

La Defensoría del Pueblo sostiene que el DU 010-2025 no reúne las condiciones constitucionales para justificar un decreto de urgencia, pues introduce cambios estructurales en Petroperú sin una situación extraordinaria e imprevisible que los sustente. También cuestiona que la norma incorpore a la petrolera al régimen de promoción de la inversión privada del Decreto Legislativo 674, pese a que la Ley 28244 la excluía expresamente de este esquema.

La Municipalidad Provincial de Talara, por su parte, observa las disposiciones vinculadas con la reorganización de Petroperú y sus trabajadores. Entre ellas figura la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, que contempla medidas de reconversión y reducción de personal, así como cambios en la estructura orgánica de la empresa.

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El cuestionamiento de Talara tiene además un componente económico. La actividad petrolera mantiene una relación directa con la provincia, por lo que una reducción de personal o una modificación importante de las operaciones de Petroperú podría repercutir en el empleo y en la actividad económica local.

El debate que llegará al TC, por tanto, no se limita a la situación financiera de la petrolera. El tribunal deberá determinar si el Ejecutivo podía utilizar un decreto de urgencia para establecer modificaciones que afectan el régimen y la estructura de una empresa estatal.

Fenpetrol lleva al Poder Judicial la disputa por la reestructuración de Petroperú

Mientras el TC revisará la constitucionalidad del decreto, Fenpetrol abrió otro frente en el Poder Judicial. La organización presentó una demanda de amparo ante el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, ProInversión y Petroperú.

El proceso, identificado con el expediente N.° 00216-2026-0-1801-JR-DC-05, fue admitido a trámite y tiene una audiencia única programada para el próximo 5 de octubre de 2026.

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Fenpetrol busca que el DU 010-2025 no sea aplicado en los aspectos que, según sostiene, afectan los derechos de los trabajadores. Entre sus cuestionamientos están las medidas vinculadas con la reducción de personal, los ceses colectivos y los cambios que podría generar la reorganización de la empresa.

A diferencia de las demandas que verá el TC, el proceso de amparo busca proteger derechos constitucionales frente a la aplicación de una norma. Por eso, ambos procesos pueden avanzar de manera paralela: mientras el TC analiza si el decreto es compatible con la Constitución, el Poder Judicial evaluará los efectos que su aplicación podría generar sobre los trabajadores.

El gremio también cuestiona el papel asignado a ProInversión dentro del proceso y advierte que la reorganización podría terminar afectando el control estatal sobre determinadas unidades de negocio de Petroperú.

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ProInversión y el futuro de Petroperú: trabajadores cuestionan el nuevo esquema

La participación de ProInversión genera reparos entre los trabajadores de Petroperú. Fenpetrol cuestiona que una entidad vinculada a la promoción de la inversión privada asuma un papel en la reorganización de la petrolera, al considerar que el esquema podría facilitar la participación privada en determinadas unidades de negocio.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) también han cuestionado el enfoque del DU 010-2025 y advertido sobre los riesgos de modificar la estructura de Petroperú sin una evaluación jurídica y técnica suficiente.

El punto de fondo es qué ocurrirá con el control de la empresa estatal. Para Fenpetrol, las medidas previstas podrían abrir el camino a la privatización de determinadas unidades o activos de Petroperú, una posibilidad que el gremio rechaza por el papel de la petrolera en el abastecimiento nacional de combustibles y la seguridad energética.

La declaración llega cuando en el Congreso ya se presentó una propuesta que apunta directamente a las empresas agroexportadoras de mayor tamaño. El proyecto plantea excluir de los beneficios de la Ley 32434 a las compañías agrarias cuyos ingresos netos anuales superen las 2.300 UIT. Según el cálculo de la iniciativa, esta medida podría generar hasta S/1.755,8 millones adicionales de recaudación al año.

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En entrevista con RPP, Galarreta señaló que el ministro de Economía, Elmer Cuba, será quien realice la evaluación técnica. “Nosotros evaluaremos todo”, afirmó el jefe del Gabinete al ser consultado por las exoneraciones.

El primer ministro tomó como ejemplo precisamente al sector agroexportador. “Yo creo que el ministro podrá evaluar y ver si corresponde mantenerlas o corresponde bajarlas o corresponde hacer una nueva estrategia”, sostuvo.

Por ahora, el Ejecutivo no ha definido qué beneficios serán modificados. La decisión, según Galarreta, deberá partir de una revisión técnica del MEF sobre el costo y los objetivos de cada incentivo.

Agroexportadoras grandes podrían quedar fuera del régimen tributario preferencial

La propuesta que se encuentra en el Congreso introduce un cambio concreto: que los beneficios tributarios agrarios no alcancen a las empresas de mayor escala.

El proyecto presentado por la diputada Analí Marquez considera como gran empresa agraria a aquella que registra ingresos netos superiores a 2.300 UIT y plantea que estas compañías queden fuera del régimen establecido por la Ley 32434. La iniciativa sostiene que los incentivos deberían concentrarse en los pequeños productores y no continuar aplicándose de manera general a empresas que ya cuentan con una posición consolidada en el mercado.

Actualmente, la norma contempla una tasa de Impuesto a la Renta de 15% para las empresas comprendidas en el régimen entre 2026 y 2035. En el régimen general, la tasa aplicable es de 29,5%. También existen reglas particulares para los pagos a cuenta y otros mecanismos tributarios.

La diferencia no es menor cuando se lleva a las cuentas fiscales. De acuerdo con los cálculos incluidos en el proyecto, las 360 empresas que quedarían fuera del beneficio tendrían una utilidad estimada de S/3.971,5 millones.

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Con una tasa de 15%, pagarían alrededor de S/595,7 millones por Impuesto a la Renta. Si se les aplicara la tasa general de 29,5%, el pago subiría a S/1.171,6 millones. Es decir, S/575,9 millones más de recaudación anual, según la estimación de la iniciativa.

Pero el proyecto no se limita a la tasa reducida del Impuesto a la Renta. Según sus autores, el conjunto de beneficios tributarios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones entre 2025 y 2035. Al excluir a las grandes empresas, estiman que el Estado podría recuperar hasta S/1.755,8 millones al año. Esta última cifra corresponde a la propuesta legislativa y no a una proyección oficial del MEF.

La iniciativa sustenta su planteamiento en un antecedente: según información del MEF citada en el proyecto, 506 contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UIT concentraron el 92% de los beneficios tributarios de la anterior Ley 31110. Con ese dato, los autores cuestionan que incentivos creados para promover al sector terminen concentrándose en empresas de mayor tamaño y plantean revisar si estos beneficios siguen cumpliendo su objetivo.

El MEF ya había cuestionado el costo fiscal

La revisión anunciada por Galarreta tampoco parte de cero. Durante la discusión de los beneficios para el sector agroexportador, el MEF ya había advertido sobre su impacto en las cuentas públicas y cuestionado que parte de estos incentivos terminara concentrándose en las empresas de mayor tamaño. El proyecto que ahora evalúa el Congreso retoma esa discusión y estima que el conjunto de beneficios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones.

El debate ocurre, además, en un sector que ha ganado un peso considerable en la economía peruana. Entre 2015 y 2025, las exportaciones agrícolas pasaron de US$5.107 millones a US$14.522 millones, mientras que los envíos de productos agropecuarios no tradicionales llegaron a US$12.610 millones.

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Ese crecimiento alimenta las dos posiciones en disputa. Quienes defienden el régimen sostienen que los incentivos ayudan a atraer inversión, generar empleo y mantener la competitividad del sector. Quienes plantean revisarlo consideran que, tras años de expansión, no todas las empresas requieren el mismo nivel de respaldo tributario, especialmente las de mayor tamaño.

Además, la revisión no se limitará a la agroexportación. Galarreta encargó a Elmer Cuba evaluar otras exoneraciones y beneficios tributarios para determinar cuáles conservan una justificación económica y cuáles podrían modificarse.

El avance peruano fue muy superior al crecimiento de las exportaciones brasileñas de este producto. En el primer semestre, Brasil envió al exterior 11.000 toneladas de material genético avícola, 11,3% más que en el mismo periodo de 2025. En valor, los embarques alcanzaron US$128 millones, un incremento de 16,6%, según datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex).

La diferencia está en lo que significa ese producto. No se trata de pollo que llega a los mercados para ser consumido, sino de un insumo que se encuentra al comienzo de la cadena y permite producir las aves que posteriormente serán destinadas a carne o huevos.

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Perú más que duplica sus compras de genética avícola brasileña

El material genético avícola comprende principalmente pollitos de un día y huevos fértiles destinados a la reproducción. A partir de ellos se obtienen las aves reproductoras que luego generan los pollitos utilizados por las granjas comerciales.

Por eso, el aumento de las importaciones puede leerse también como una señal de lo que ocurre dentro de la industria peruana. Una mayor compra de genética no implica que el pollo brasileño esté desplazando al producido en Perú: en este caso, el insumo importado se incorpora al proceso productivo local.

Para Estevão Carvalho, gerente ejecutivo de Mercados de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), el crecimiento responde principalmente a la reposición de planteles y a la ampliación de la capacidad productiva de las empresas peruanas.

"La importación de pollitos de un día y huevos fértiles destinados a la reproducción se ha convertido en una herramienta importante para acelerar la capacidad productiva y elevar los estándares de eficiencia zootécnica del país", explicó a La República.

El contexto de la demanda peruana ayuda a entender esta dinámica. El consumo de carne de pollo supera los 50 kilos por habitante al año, uno de los niveles más elevados del mundo. Para atender ese mercado, las empresas deben renovar continuamente sus planteles y buscar mejoras en el rendimiento de las aves.

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La genética es parte de esa búsqueda. Las líneas utilizadas en la producción pueden favorecer características como un crecimiento más eficiente, una mejor conversión alimenticia o un mayor rendimiento de carne. En términos simples, la conversión alimenticia indica cuánto alimento necesita un ave para alcanzar determinado peso, un indicador relevante porque la alimentación representa uno de los principales costos de la actividad.

Carvalho considera que este factor pesa más que un eventual cambio de proveedores. La lectura de la ABPA es que el incremento responde sobre todo a una combinación de expansión y modernización de la avicultura peruana.

Brasil espera que el flujo de genética siga creciendo

El salto de 112,5% registrado en el primer semestre no significa que las compras vayan necesariamente a duplicarse otra vez durante los próximos meses. La adquisición de genética está vinculada a los ciclos de reposición y a las decisiones de inversión de las empresas.

Aun así, Brasil espera cerrar el año con un resultado positivo. Carvalho señaló que la expectativa de la ABPA es mantener un flujo favorable de embarques hacia Perú durante el segundo semestre, aunque el ritmo podría moderarse frente al registrado hasta junio.

"Los fundamentos del mercado indican condiciones favorables para que 2026 cierre con una expansión significativa de las exportaciones brasileñas de genética avícola al Perú", sostuvo.

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Brasil tiene además una ventaja como proveedor regional. Las empresas de genética instaladas en su territorio funcionan como plataformas de suministro para distintos mercados de Sudamérica y cuentan con escala, logística y estándares sanitarios que les permiten atender esa demanda.

Para Perú, el vínculo resulta particularmente relevante porque se trata de una importación que termina fortaleciendo la producción local. La genética brasileña entra al país, pero el producto final se genera posteriormente dentro de la propia cadena avícola peruana.

La genética es estratégica, pero Brasil ve más espacio en el cerdo

La apuesta comercial de Brasil con Perú no termina en la avicultura. La ABPA considera que existen oportunidades distintas según el producto.

En pollo, Brasil ya tiene una presencia consolidada como proveedor externo. Sin embargo, Perú cuenta con una industria local fuerte y prácticamente autosuficiente, por lo que los productos brasileños tienen mayor espacio en determinados cortes, materias primas para procesamiento, productos industrializados y abastecimiento para food service.

En carne de cerdo, el panorama es distinto, ya que el consumo peruano viene creciendo y el mercado importador todavía tiene margen para ampliar su participación.

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Carvalho considera que este producto representa actualmente la principal oportunidad de expansión comercial de Brasil en Perú. "Si consideramos el potencial de expansión comercial y el crecimiento en volumen, la carne de cerdo se perfila como la principal oportunidad para las exportaciones brasileñas al Perú en los próximos años", afirmó.

La diferencia entre ambos negocios es reveladora. La genética avícola es el segmento más estratégico por su contenido tecnológico y su relación con la productividad de las granjas; el cerdo, en cambio, ofrece un espacio mayor para aumentar los volúmenes de exportación.

Los ovoproductos también aparecen como una oportunidad, aunque todavía más acotada. Brasil no está autorizado para exportar huevo in natura al Perú, pero sí puede vender productos como huevo líquido y huevo en polvo para la industria alimentaria.

Una relación comercial que busca complementar a la industria peruana

El interés brasileño por Perú se enmarca en una demanda mundial de proteína que seguirá creciendo. Durante el Salón Internacional de Proteína Animal (SIAVS) 2026, realizado del 4 al 6 de agosto en São Paulo, Ricardo Santin, presidente de la ABPA, señaló que todavía existe una amplia población con un consumo de proteína animal por debajo del promedio.

"Hay un gran espacio para el crecimiento y para que llevemos comida a la gente. Todavía tenemos cerca de 2.000 millones de personas que no consumen la cantidad promedio de proteína animal y, hacia 2050, vamos a tener una población mucho mayor", sostuvo Santin.

Su planteamiento ayuda a colocar el caso peruano dentro de una tendencia más amplia, pero sin perder de vista una diferencia importante: el crecimiento de las exportaciones brasileñas no necesariamente supone sustituir la producción de otros países.

En el caso peruano, la propia explicación de la ABPA apunta más bien a una relación complementaria. La genética importada contribuye a que las empresas locales produzcan; el pollo brasileño atiende determinados segmentos, y el cerdo aparece como un mercado donde todavía existe espacio para aumentar el comercio.

En el primer semestre, Perú aumentó más del doble sus compras de genética avícola brasileña, en un momento en el que Brasil también incrementó 11,3% sus exportaciones de este producto a nivel mundial.

El comportamiento de los próximos meses permitirá determinar si este aumento responde a una mayor demanda puntual o si refleja nuevas inversiones de la industria avícola peruana para ampliar su producción y mejorar su productividad.

La estabilidad aparece como el principal refugio frente a esa incertidumbre. El 43% de los trabajadores señala que es justamente lo que más valora de su empleo actual, por encima del clima laboral y los compañeros (21%), las oportunidades de crecimiento profesional (24%) y la posibilidad de ser creativo (12%).

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La tendencia no es exclusiva del Perú, pues este temor alcanza al 87% de los trabajadores en Panamá, al 85% en Ecuador, al 81% en Chile y al 80% en Argentina.

Miedo a cambiar de trabajo: 31% de peruanos teme dar el salto

La inseguridad no termina en el temor a perder el empleo, ya que el 31% de los trabajadores peruanos reconoce que también le da miedo buscar uno nuevo, principalmente por la posibilidad de no encontrar una oferta atractiva y estable dentro de su sector, una preocupación que menciona el 37%.

También existe una preocupación más concreta: el 11% teme que la nueva empresa atraviese recortes o despidos poco después de su ingreso. Otro 10% evita cambiar por no perder los beneficios acumulados con su antigüedad y un 7% teme dejar atrás los años construidos en su actual posición.

Ese comportamiento se relaciona con el llamado Job Hugging, término que describe la tendencia de aferrarse al puesto actual por miedo a la incertidumbre. No significa necesariamente que una persona esté satisfecha con su trabajo. De hecho, puede permanecer en un puesto precisamente porque percibe que renunciar es más peligroso que continuar allí.

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La contradicción se vuelve más evidente cuando se observa que el 79% de los talentos dice estar pensando en cambiar de trabajo. Sin embargo, seis de cada diez revisan ofertas laborales, pero nunca llegan a postular. La mayoría de quienes evalúan un cambio lo hace desde hace menos de seis meses, aunque un 13% lleva entre uno y tres años o más considerando esa posibilidad.

Seis de cada 10 sienten que su carrera está estancada

La permanencia por seguridad convive con una sensación de falta de avance, puesto que el 62% de los trabajadores peruanos considera que su carrera laboral está estancada, aunque se trata del porcentaje más bajo entre los cinco países analizados. En Argentina, por ejemplo, la cifra llega al 75%.

Además, el 43% de los trabajadores peruanos afirma que no está motivado en su empleo actual. Entre quienes muestran poco o ningún compromiso, la principal razón es no sentirse valorados (29%), seguida de la falta de motivación (26%). También aparecen factores como un entorno laboral tóxico (12%), la incomodidad con los valores de la organización (14%), el agotamiento laboral (8%) y el rechazo directo hacia el trabajo que realizan (9%).

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El Job Hugging podría crecer en los próximos años

Aunque el 46% de los trabajadores peruanos se identifica directamente con el Job Hugging, el fenómeno también se refleja en el miedo a cambiar, la búsqueda de estabilidad y la cautela ante nuevas oportunidades. De quienes lo reconocen, el 24% lleva más de un año en esta situación.

La tendencia podría mantenerse: el 89% de especialistas prevé que aumentará en los próximos años, principalmente por el temor a no encontrar otro empleo (28%), perder estabilidad (24%), la incertidumbre global (14%) y el contexto económico (8%). El estudio, realizado entre 4.646 trabajadores y especialistas de RR. HH. de cinco países, evidencia una tensión: muchos quieren cambiar de empleo, pero temen hacerlo cuando perciben un futuro laboral incierto.

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El monto definitivo del presupuesto del próximo año todavía no ha sido presentado oficialmente. Como referencia, la Ley N.° 32513 aprobó para 2026 un presupuesto de S/257.561 millones, por lo que la cifra que se discute para 2027 tendrá que definirse a partir de las proyecciones de ingresos, crecimiento económico y necesidades de gasto del Estado.

La definición entra en una fase decisiva. Desde el 17 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, viene sosteniendo reuniones con los titulares y equipos técnicos de distintos ministerios para revisar sus demandas presupuestales. El objetivo es determinar qué requerimientos pueden incorporarse al proyecto que el Ejecutivo debe remitir al Congreso antes del 30 de agosto.

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¿Cuánto más podría tener el Estado en 2027?

El dato que marcará la discusión será el crecimiento del presupuesto respecto a 2026. Un aumento nominal no significa necesariamente que el Gobierno disponga de la misma cantidad de dinero adicional para nuevas políticas.

Una parte importante de los recursos está comprometida en remuneraciones, pensiones, transferencias, bienes y servicios, servicio de la deuda e inversiones que ya cuentan con programación. Por ello, el margen efectivo para crear nuevas partidas puede ser considerablemente menor que el incremento nominal del presupuesto.

La estructura del presupuesto de 2026 permite dimensionar el tamaño de los recursos que administra el Estado. La Ley N.° 32513 fijó en S/257.561 millones el Presupuesto del Sector Público para este año, monto que incluye los recursos asignados al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

Para 2027, sin embargo, el margen de maniobra no dependerá únicamente de cuánto aumente el presupuesto total, sino de cómo se distribuyan los nuevos recursos y cuánto de ellos quede comprometido en obligaciones existentes. Si una mayor proporción se destina a gastos permanentes, será menor el espacio disponible para nuevas inversiones o programas.

Seguridad: una prioridad que puede requerir gasto permanente

La seguridad ciudadana es uno de los sectores que llega a la discusión presupuestal con mayores expectativas de recursos. El Gobierno de Keiko Fujimori ha colocado la lucha contra la delincuencia entre sus principales líneas de acción y varias de las medidas anunciadas tienen un impacto directo sobre las cuentas públicas.

La construcción o ampliación de infraestructura penitenciaria, el equipamiento policial, la adquisición de vehículos y tecnología, el incremento de capacidades operativas y la contratación de personal son algunos de los gastos que podrían requerir financiamiento.

El primer ministro Luis Galarreta presentó ante el Congreso una serie de medidas vinculadas con seguridad que incluyen nuevos establecimientos penitenciarios de alta seguridad y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas. El costo fiscal de estas iniciativas dependerá de cuáles sean aprobadas y ejecutadas.

Esto plantea una diferencia frente a un gasto temporal: una inversión inicial en infraestructura puede convertirse posteriormente en mayores costos de operación, mantenimiento y personal. El MEF deberá considerar esa continuidad cuando evalúe los pedidos de Interior, Justicia y Defensa.

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El Niño añade otra presión sobre el presupuesto

La preparación ante el fenómeno El Niño representa una segunda fuente de presión para las cuentas públicas. En este caso, el desafío no se limita a financiar la atención de una emergencia, sino también las obras y acciones preventivas necesarias para reducir sus efectos.

El fenómeno puede afectar carreteras, puentes, infraestructura de agua y saneamiento, agricultura y servicios públicos, generando requerimientos adicionales durante el año. Si las condiciones climáticas empeoran, el Estado podría verse obligado a realizar modificaciones presupuestarias para atender daños que no hayan sido contemplados inicialmente.

El MEF ya ha advertido que el escenario de El Niño debe ser tomado en cuenta en la planificación fiscal. El entonces ministro de Economía, Rodolfo Acuña, informó en julio que la ley de crédito suplementario permitía reorientar cerca de S/3.000 millones para acciones vinculadas al fenómeno El Niño., dependiendo de las necesidades y de la situación fiscal.

La incorporación de prevención en el presupuesto 2027 permitiría, en principio, anticipar parte de esos gastos. Sin embargo, también puede significar que recursos que de otro modo se dirigirían a nuevas inversiones tengan que reservarse para infraestructura y respuesta ante emergencias.

Salud, educación y programas sociales también reclaman recursos

La competencia por fondos no se limita a seguridad y prevención climática. Salud, educación y protección social forman parte de las demandas que el Ejecutivo debe evaluar para el próximo ejercicio.

Los sectores de Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social ya participan en el proceso de formulación presupuestaria. A ello se suman Transportes, Vivienda, Producción, Trabajo, Ambiente, Cultura, Mujer, Agricultura, Energía y Minas, entre otros.

Cada cartera llega con proyectos, programas y necesidades propias. El problema para el MEF es que el presupuesto no crece necesariamente al mismo ritmo que las demandas de las entidades públicas.

La situación obliga a establecer una jerarquía de gasto. Una partida adicional destinada a seguridad, por ejemplo, compite con la posibilidad de ampliar recursos para infraestructura educativa, establecimientos de salud, carreteras o programas sociales si los ingresos públicos no crecen lo suficiente para financiar todos los requerimientos.

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El déficit fiscal será el límite

El otro factor que condicionará el Presupuesto 2027 es la trayectoria del déficit fiscal. Las reglas establecidas contemplan una reducción del déficit a 1,4% del PBI en 2027, después de un límite de 1,8% para este año y antes de alcanzar 1% desde 2028.

A junio de 2026, el déficit fiscal anualizado se ubicó en 1,3% del PBI, de acuerdo con información del MEF. El resultado se encontraba por debajo del límite establecido para este año, aunque ello no implica que ese espacio pueda trasladarse automáticamente a un mayor gasto.

El Gobierno deberá considerar además la evolución de la recaudación tributaria, el crecimiento económico y las obligaciones financieras del Estado. Si los ingresos no alcanzan las previsiones, el margen para ampliar el gasto será menor.

En ese contexto, el debate sobre el presupuesto no se reduce a determinar si el monto será mayor que los S/257.561 millones de 2026. La pregunta será cuánto de ese aumento podrá utilizarse para nuevas políticas y cuánto deberá cubrir compromisos que ya existen.

¿Qué ocurrirá después?

El MEF debe culminar la evaluación de los pedidos sectoriales y preparar el proyecto que será enviado al Congreso. Las reuniones iniciadas esta semana involucran a prácticamente todo el gabinete y buscan definir qué requerimientos tienen sustento suficiente para ser incluidos en la propuesta.

Una vez presentado el proyecto, el Congreso discutirá la distribución planteada por el Ejecutivo. En esa etapa pueden aparecer nuevas presiones de gasto desde las regiones, municipalidades y bancadas parlamentarias, particularmente en inversión pública y obras de infraestructura.

El resultado final permitirá conocer si el incremento presupuestal, en caso de producirse, será suficiente para financiar simultáneamente las nuevas prioridades del Gobierno.

La cifra global será el primer dato a mirar, pero no el único. Si el presupuesto de 2027 supera los S/257.561 millones, habrá que revisar cuánto de ese incremento termina en seguridad, prevención ante El Niño e inversión y cuánto se absorbe por remuneraciones, transferencias, obligaciones permanentes y deuda. Esa composición mostrará cuánto margen real tendrá el Gobierno para ejecutar nuevas políticas durante su primer año completo de gestión.

La propuesta no planteaba crear un nuevo feriado nacional ni eliminar horas de trabajo. El mecanismo aprobado por el Congreso contemplaba que las horas no laboradas durante el sábado fueran compensadas dentro de los diez días naturales siguientes o en la oportunidad que determinara el empleador. Además, buscaba impedir que acuerdos laborales, decisiones empresariales o condiciones de trabajo generaran discriminación por motivos religiosos.

La autógrafa correspondía al Proyecto de Ley 4610/2022-CR, iniciativa presentada por el entonces congresista Juan Burgos Oliveros. El Pleno la aprobó en primera votación en noviembre de 2025, con 68 votos a favor, dos en contra y 19 abstenciones. Posteriormente, la Comisión Permanente aprobó el texto en segunda votación el 9 de julio de 2026, con 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.

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¿Por qué el Ejecutivo observó la propuesta?

Uno de los argumentos centrales del Gobierno es que el ordenamiento peruano ya reconoce el derecho de las personas a observar los días considerados sagrados por su religión. La Ley N.° 29635, Ley de Libertad Religiosa, establece que toda persona puede conmemorar festividades y guardar el día de descanso que considere sagrado, pero precisa que ese derecho debe armonizarse con los derechos de los trabajadores y con los de la empresa o la administración pública.

El reglamento de esa ley también contempla la protección de los días sagrados, de descanso o de guardar dentro de las relaciones laborales. El Ministerio de Justicia ha señalado que este marco busca garantizar el ejercicio de la libertad religiosa tanto en su dimensión individual como colectiva.

El punto de controversia está precisamente en cómo se aplica esa protección cuando entra en conflicto con la organización de una jornada laboral. El Ejecutivo considera que establecer expresamente el sábado como día no laborable compensable podría generar una superposición con una legislación que ya reconoce el derecho al descanso religioso.

Pero el Congreso llegó a una conclusión distinta. Durante la discusión parlamentaria se sostuvo que la legislación vigente resulta insuficiente para resolver de manera objetiva determinadas situaciones laborales, debido a que el poder de dirección del empleador puede terminar imponiéndose frente a la necesidad de un trabajador de observar un día considerado sagrado.

El punto económico: no era un feriado remunerado

Una diferencia importante frente a los feriados nacionales es que la iniciativa no establecía un día adicional de descanso pagado. El sábado habría sido no laborable compensable. Es decir, el trabajador dejaría de prestar servicios ese día, pero tendría que recuperar posteriormente las horas correspondientes.

Por ello, el impacto económico de la medida no puede equipararse automáticamente al de un nuevo feriado nacional. En este caso, el debate se concentra más en la reorganización de las jornadas y en la capacidad de las empresas y entidades públicas para distribuir las horas de trabajo.

El Ejecutivo, sin embargo, observa que incluso una medida compensable puede afectar la planificación de las actividades. La objeción apunta a que las empresas necesitan organizar turnos, horarios y operaciones de acuerdo con sus necesidades productivas y que cualquier modificación obligatoria de la jornada debe establecer reglas suficientemente claras y previsibles.

La discusión adquiere relevancia en un país donde la productividad laboral y los costos de formalización forman parte de los principales debates económicos. Un nuevo mecanismo de adaptación de horarios puede tener efectos distintos dependiendo del tipo de actividad: no es lo mismo reorganizar las horas de un trabajador administrativo que modificar turnos en una fábrica, un establecimiento comercial, una empresa de transporte o una actividad que funciona de manera continua.

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La propuesta buscaba proteger principalmente a quienes guardan el sábado

El proyecto no establecía que todos los trabajadores pudieran dejar de laborar los sábados. El beneficio estaba condicionado a que la persona perteneciera a una confesión religiosa cuyo día de descanso o de guardar coincidiera con esa jornada y a que comunicara esa condición al empleador. La pertenencia debía acreditarse mediante una constancia expedida por la autoridad correspondiente de la confesión religiosa.

Además, el texto aprobado por el Congreso incorporaba una prohibición expresa de prácticas discriminatorias por motivos religiosos en materia de remuneración, jornada y otras condiciones laborales.

Este punto es relevante porque el debate no se limita a decidir si una persona puede descansar un sábado. También plantea qué ocurre cuando el ejercicio de una convicción religiosa puede influir en su contratación, horario o permanencia en un puesto de trabajo.

El Tribunal Constitucional ya ha reconocido que la libertad religiosa comprende la posibilidad de guardar el día considerado sagrado por una confesión. En una sentencia, el TC recordó que la legislación debe armonizar ese derecho con los derechos de los trabajadores, las empresas y la administración pública.

El debate se cruza con la discusión sobre los feriados

La observación llega, además, en un momento en que el Gobierno y el sector empresarial discuten qué hacer con la cantidad de días no laborables en el país.

La diferencia es importante: la propuesta sobre el sábado no creaba un feriado nacional. Sin embargo, políticamente el debate aparece dentro de una discusión más amplia sobre cuánto tiempo debe dejar de trabajarse, cómo se recuperan las horas y cuál es el efecto de los descansos sobre la productividad.

Documentos parlamentarios que han analizado el régimen de feriados han recogido la preocupación empresarial por el impacto de los días no laborables sobre la productividad, los costos laborales y la competitividad. En uno de esos análisis se advierte que el Perú ya se encuentra entre las economías con una elevada cantidad de días de descanso remunerado.

La diferencia en este caso es que el sábado religioso no habría significado necesariamente un aumento de días pagados sin trabajar. El trabajador tendría que recuperar las horas. Por eso, mezclar ambos debates sin hacer esta precisión podría llevar a interpretar la iniciativa como un nuevo feriado, cuando jurídicamente no lo era.

¿Qué puede ocurrir ahora con la propuesta?

La observación del Ejecutivo no significa que el proyecto haya quedado archivado de manera automática. El Congreso debe evaluar las objeciones formuladas por el Gobierno y puede modificar el texto, aceptar las observaciones o insistir en la autógrafa, conforme al procedimiento parlamentario.

Mientras no concluya ese procedimiento y no exista una norma promulgada y publicada, los empleadores no están obligados a reconocer el nuevo mecanismo aprobado por el Congreso. Continúa vigente el régimen establecido por la Ley de Libertad Religiosa y su reglamento.

El desenlace también tendrá una lectura política. La autógrafa fue aprobada por una mayoría amplia en el Parlamento anterior y terminó llegando al Ejecutivo durante las primeras semanas de la administración de Fujimori. Su eventual insistencia obligaría al Gobierno a defender ante el Congreso las razones laborales y económicas utilizadas para observarla.

Así, el conflicto no se limita a una discusión sobre quién trabaja o no trabaja los sábados. Lo que está en juego es hasta dónde debe llegar la obligación de las empresas de adaptar sus jornadas para garantizar derechos fundamentales y cuánto margen debe conservar el empleador para organizar la actividad productiva.

En términos económicos, la discusión deberá resolver una pregunta concreta: si las horas se recuperan, ¿la protección de la libertad religiosa genera realmente un costo laboral adicional o principalmente una obligación de reorganizar la jornada? La respuesta dependerá de cómo se diseñen las reglas y, sobre todo, de si el Congreso modifica la propuesta para atender las objeciones planteadas por el Ejecutivo.

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La distribución de estos fondos tiene un impacto directo en los presupuestos de los gobiernos subnacionales que los reciben, aunque el monto que corresponde a cada territorio depende de las reglas establecidas para cada mecanismo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que el Canon Minero representa la participación de los gobiernos regionales y locales en los ingresos y rentas obtenidos por el Estado a partir de la explotación de recursos minerales.

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Canon Minero concentra la mayor parte de los recursos

El Canon Minero concentra más de S/9.564 millones del total transferido hasta julio. El monto representa un aumento de 36,8% respecto de lo transferido en 2025, según los datos del ministerio.

Una parte importante del comportamiento anual del Canon Minero se explica por su calendario de distribución. Los recursos provenientes del Impuesto a la Renta se transfieren a los gobiernos regionales y locales en una sola armada en junio, según la metodología del MEF.

Esto demuestra por qué el flujo de recursos relacionados con la minería puede mostrar variaciones importantes a lo largo del año y no necesariamente sigue una trayectoria mensual uniforme.

Las Regalías Mineras Legales y Contractuales acumularon más de S/3.251 millones hasta julio. Este concepto constituye el segundo mayor componente de las transferencias contabilizadas durante el año.

A ello se suman más de S/279 millones por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad. Este mecanismo corresponde a pagos efectuados por los titulares de concesiones mineras y cuenta con reglas específicas de distribución entre las entidades vinculadas al territorio donde se ubican los derechos mineros. El MEF precisa que el Derecho de Vigencia constituye un pago anual a cargo de los concesionarios mineros.

Cuatro regiones concentran casi la mitad

La distribución territorial muestra una concentración significativa. Áncash recibió más de S/2.226 millones, ubicándose en el primer lugar entre los departamentos. Le siguieron Arequipa, con más de S/1.488 millones; Apurímac, con más de S/1.446 millones; y Cajamarca, con más de S/1.250 millones.

En conjunto, estas cuatro regiones concentran aproximadamente 49% del total de transferencias mineras registradas en 2026. El resultado refleja la incidencia que tienen las principales zonas productoras sobre la distribución de recursos vinculados con la explotación minera.

Áncash ya había destacado en los registros sectoriales anteriores por el volumen de recursos provenientes de la actividad minera. A nivel nacional, la cartera reportó que las transferencias generadas por el sector habían alcanzado más de S/4.168 millones al cierre de mayo, considerando Canon Minero, Regalías Mineras y Derecho de Vigencia y Penalidad.

El incremento posterior está marcado principalmente por el desembolso correspondiente al Canon Minero, cuyo calendario de transferencia concentra una parte importante de los recursos durante el año.

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¿A dónde pueden ir estos recursos?

La relevancia de estas transferencias no está únicamente en el monto acumulado, sino en su incorporación a los presupuestos de los gobiernos subnacionales. Los recursos pueden contribuir al financiamiento de proyectos y servicios públicos dentro de las reglas establecidas para cada fuente.

El MEF establece que la distribución del canon entre gobiernos regionales y locales considera criterios como la población y las necesidades básicas insatisfechas, además del territorio donde se explota el recurso. En el caso minero, cuando una unidad productiva involucra distintas circunscripciones, la distribución considera, entre otros criterios, el valor de venta del concentrado correspondiente.

Por ello, recibir mayores transferencias no significa que todos los municipios o regiones vinculados con la minería obtengan montos equivalentes. La distribución depende de los criterios y porcentajes fijados por la normativa vigente.

El volumen alcanzado durante 2026 también se produce en un contexto de elevada actividad minera. La propia entidad ha señalado en reportes anteriores que la evolución de los precios internacionales de los metales y la continuidad de las operaciones han contribuido a sostener niveles elevados de recaudación y transferencias.

Mientras los gobiernos regionales y municipales incorporan estos recursos a sus presupuestos, el siguiente dato a observar será la evolución de las transferencias durante los siguientes meses, especialmente por el comportamiento de las regalías y de los pagos asociados a la actividad minera.

La disposición, aprobada por el Congreso en marzo y publicada en abril, toma como referencia la remuneración correspondiente a la primera escala de la carrera pública magisterial para determinar el beneficio de los docentes comprendidos en la norma. El monto se encuentra vinculado a la primera escala de la carrera docente y no se fija como una cantidad aislada.

Actualmente, la primera escala magisterial tiene una RIM de S/3.500,70 para una jornada de 30 horas y de S/4.667,60 para 40 horas.

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El problema fiscal que llega al Tribunal Constitucional

El principal argumento económico de la demanda está relacionado con el efecto permanente que tendría la medida sobre el presupuesto público. Un análisis de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal calculó que la aplicación de la ley implicaría inicialmente un gasto pensionario adicional de aproximadamente S/8.018 millones anuales.

El propio Consejo Fiscal advierte que esa cifra debe entenderse como un escenario de referencia y no como el costo definitivo. La estimación no incorpora a los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones, las nuevas generaciones de jubilados ni otros posibles beneficiarios que podrían incorporarse posteriormente.

La magnitud del compromiso también puede modificarse con el tiempo porque la pensión está vinculada a la remuneración de los docentes activos. Si la RIM continúa aumentando, el gasto asociado al beneficio previsional también crecería.

Bajo ese escenario, el costo incremental anual podría elevarse hasta S/13.400 millones en un horizonte de cinco años, según el análisis citado en la demanda. Esta proyección considera el aumento supuesto de la remuneración de los profesores activos y, al igual que el cálculo inicial, no contempla el efecto de las nuevas generaciones de jubilados.

El Consejo Fiscal publicó el 13 de agosto su Nota de Discusión N.° 01-2026, dedicada específicamente al análisis económico de la Ley 32581. El documento examina las implicancias presupuestarias y previsionales de la medida.

¿Qué cuestiona el Colegio de Economistas?

La institución señala que el problema no se limita al monto establecido para los docentes retirados. Uno de sus cuestionamientos es que la ley no determina una fuente específica de financiamiento para cubrir la obligación que se generaría.

El CEL también plantea que la nueva fórmula modifica la relación entre los aportes realizados durante la etapa laboral y el beneficio recibido durante la jubilación. En la demanda se señala, por ejemplo, que un docente que bajo las reglas anteriores podía recibir una pensión cercana a S/650 pasaría a un monto de S/3.500, sin que exista un aporte adicional equivalente.

Desde el punto de vista constitucional, el gremio sostiene que la norma podría afectar principios relacionados con el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad previsional, la igualdad ante la ley y las restricciones que existen para la creación de gasto público por parte del Congreso.

La demanda pide al TC que declare la inconstitucionalidad total de la norma. Al mismo tiempo, el Colegio de Economistas plantea que una eventual solución para mejorar las pensiones de los docentes debería sustentarse en estudios actuariales, criterios definidos para determinar a los beneficiarios y una fuente permanente de recursos.

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¿A quiénes alcanza la ley?

El alcance de la Ley 32581 comprende a maestros jubilados y cesantes de educación básica regular, básica alternativa, básica especial y educación técnico-productiva. La norma incluye a quienes se encuentran comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, en la Ley 29944 y también contempla a afiliados al Sistema Privado de Pensiones, según las condiciones establecidas en su artículo 3.

La disposición encarga al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación, establecer las pensiones tomando como referencia la RIM de la primera escala magisterial. Además, establece que el Poder Ejecutivo debe aprobar el reglamento correspondiente dentro de los 90 días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la norma.

Esto significa que la discusión no gira únicamente alrededor de cuánto recibirían los docentes retirados, sino también sobre la forma en que el Estado deberá asumir un compromiso previsional que puede crecer conforme aumenten las remuneraciones de los profesores en actividad.

El TC deberá definir el siguiente paso

Con la presentación de la demanda, corresponde al Tribunal Constitucional continuar con el trámite del proceso y posteriormente pronunciarse sobre los argumentos de constitucionalidad planteados por el gremio. La recepción del documento no implica que la Ley 32581 haya sido anulada: mientras no exista una decisión del órgano constitucional, la norma mantiene su vigencia.

El caso se suma así al debate sobre el margen que tiene el Congreso para aprobar beneficios que generan obligaciones permanentes para el Estado. Para el Colegio de Economistas, el punto central es que una mejora previsional debe estar acompañada por una evaluación del costo que tendrá durante los siguientes años y por mecanismos que permitan financiarla.

La discusión tendrá además un componente previsional de largo plazo. Al estar el beneficio ligado a la primera escala magisterial, cualquier incremento futuro de la remuneración de los docentes activos puede trasladarse al cálculo de las pensiones, modificando el gasto que el Estado deberá asumir.

El Tribunal Constitucional tendrá ahora que evaluar los argumentos presentados contra una norma que fue aprobada por insistencia y publicada hace cuatro meses, mientras el análisis del Consejo Fiscal ya ha puesto una cifra concreta sobre la dimensión que podría alcanzar el compromiso: desde un escenario inicial de S/8.018 millones anuales hasta una proyección de S/13.400 millones por año bajo determinadas condiciones.

La compañía ya opera este servicio en el país desde hace aproximadamente un año, pero ahora busca extenderlo a más sectores y regiones. Según Panayotis Lazalde, gerente general de DHL Express Perú, la demanda por este tipo de envíos viene mostrando un avance sostenido.

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“Nosotros en este rubro hemos crecido aproximadamente en un 16, 17%, solamente en envíos de más de 50 kilos”, señaló Lazalde en entrevista con este medio.

La expansión estará respaldada por nuevas inversiones. Para 2026, DHL proyecta destinar entre 1,6 y 1,7 millones de euros, equivalentes a unos US$1,9 millones, principalmente a infraestructura y flota.

DHL invertirá hasta US$1,9 millones y ampliará su red de atención en Perú

La inversión contempla la renovación de vehículos, la adquisición de camiones de mayor capacidad y mejoras en la infraestructura que la empresa mantiene en el Callao. También incluye equipos destinados a la manipulación segura de este tipo de mercancías.

A ello se suma la expansión de la red comercial. DHL espera cerrar 2026 con 30 puntos de venta propios, frente a los 25 que tenía hasta el año pasado, y proyecta abrir otros cinco cada año hasta 2028.

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La estrategia busca acompañar el dinamismo que la compañía observa fuera de Lima. Hernán Cedeño, director comercial de DHL Express, explicó a La República que el norte concentra actividades como la agroindustria y parte de la minería, mientras que en el sur tienen mayor presencia la minería y el sector textil.

Pero también ha detectado oportunidades en empresas más pequeñas que buscan conectarse con mercados internacionales. “Hay muchas MYPES que están tratando de internacionalizar su negocio”, sostuvo Cedeño. El ejecutivo mencionó entre ellas a proveedores mineros, negocios de repuestos, emprendimientos vinculados al café y otras empresas regionales que requieren importar o exportar mercancías.

Minería y manufactura demandan entregas rápidas para evitar paradas

Para DHL, la oportunidad no está únicamente en transportar mercancías de mayor tamaño, sino en reducir los tiempos de espera. En sectores como minería o manufactura, un repuesto que no llega a tiempo puede detener una operación completa y generar pérdidas.

“Uno de los mayores obstáculos sigue siendo la inmediatez”, explicó Cedeño a La República. En su opinión, esta necesidad es especialmente evidente en la minería, donde una parada de planta puede representar un impacto financiero considerable.

Heavyweight Express busca responder precisamente a ese problema mediante una gestión integral del envío. El servicio incorpora seguimiento, coordinación del proceso de importación y despacho aduanero, además de la entrega final. Esto permite que cargas urgentes —como repuestos, componentes, maquinaria o equipos especializados— tengan una ruta controlada desde su origen hasta el destino.

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La infraestructura propia también es parte de la propuesta. DHL cuenta con un vuelo propio entre Miami y Perú, con una frecuencia de seis días a la semana. Lazalde explicó que la capacidad de esta aeronave pasó de 20 a 40 toneladas en los últimos años.

“Tenemos un vuelo diario de lunes a sábado”, destacó el gerente general en conversación con este medio.

La compañía espera que la demanda continúe creciendo en los próximos años, impulsada por la expansión de industrias que requieren equipos y componentes con tiempos de entrega cada vez más cortos. Cedeño sostuvo que Perú se mantiene entre los mercados de mayor crecimiento de DHL en la región y proyectó que el negocio express continúe avanzando a doble dígito.

En paralelo, la empresa mantiene su estrategia de reducción de emisiones. Según Lazalde, cerca del 30% de su flota de última milla en Perú, equivalente a 12 unidades, ya está conformada por vehículos eléctricos.

La diferencia entre zonas resulta relevante para quienes buscan comprar una vivienda o evaluar una inversión. Mientras 64% de los distritos considerados por el informe presentó un incremento interanual hasta julio, cinco tuvieron retrocesos. A nivel general, el precio promedio de Lima aumentó 0,5% solo en julio, su mayor avance mensual desde abril de 2024, y acumuló una subida de 2,1% durante los primeros siete meses del año.

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Los Olivos registra la mayor caída

Los Olivos encabeza la lista de distritos donde más disminuyó el precio de venta. El valor promedio llegó a aproximadamente S/3.425 por m², luego de una reducción interanual de 6%.

En segundo lugar aparece Callao, donde el metro cuadrado se ubicó en alrededor de S/3.199, 5,2% menos que un año atrás. La diferencia de precios frente a las zonas más caras de Lima sigue siendo amplia, aunque la comparación también depende del tipo, antigüedad y ubicación específica de cada inmueble.

La Molina registró una reducción de 3,4%, hasta S/5.278 por m². En Barranco, el retroceso fue de 2,8%, con un promedio de S/9.136 por m². Pese a la caída, este distrito se mantiene entre los más costosos de la capital.

Ate completa el grupo, con una disminución interanual de 0,7% y un precio promedio de S/4.486 por m².

Para Cecilia Penas, manager comercial de Urbania, los menores incrementos o las reducciones suelen encontrarse en zonas que no forman parte de los sectores tradicionalmente más demandados. La ejecutiva también relacionó el atractivo de algunos de estos mercados con la conectividad y la existencia de precios comparativamente más competitivos.

Lince y Magdalena lideran las subidas

El comportamiento contrario se observa en otros distritos. Lince registró el mayor aumento interanual, con una variación de 8,2%, seguido muy de cerca por Magdalena del Mar, con 8,1%.

Bellavista ocupó el tercer lugar, con un incremento de 6%, mientras que Jesús María aumentó 5,3%, Breña 5,2% y Chorrillos 5,1%.

En el caso de Bellavista, Penas destacó el crecimiento de la oferta inmobiliaria y su ubicación, cercana al aeropuerto y conectada con vías como las avenidas Faucett y la Línea Amarilla. La evolución del distrito muestra cómo la accesibilidad puede convertirse en uno de los factores que acompañan la expansión de determinados mercados residenciales.

La diferencia entre distritos también se observa al revisar el extremo superior de la tabla. San Isidro continúa como el distrito con el metro cuadrado más caro de Lima, con S/9.457, seguido por Barranco, con S/9.136, y Miraflores, con S/8.905.

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¿Qué ocurre con el financiamiento?

El comportamiento del precio de los inmuebles no es el único elemento que debe considerar un comprador. El costo del financiamiento también influye directamente en la capacidad de adquirir una vivienda.

Los datos del Banco Central de Reserva del Perú muestran que la tasa activa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional de las empresas bancarias se ubicó en 7,5% en julio de 2026, nivel que se mantuvo durante los meses previos.

Esto significa que una diferencia relativamente pequeña en el precio de una vivienda puede tener un efecto distinto dependiendo del monto financiado, el plazo y las condiciones ofrecidas por cada entidad. Por ello, comparar únicamente el precio por metro cuadrado no permite conocer por sí solo cuánto terminará pagando un comprador.

Además, el costo de construir una vivienda también forma parte del entorno del mercado. El INEI mantiene indicadores específicos para medir la evolución de los materiales de construcción utilizados en Lima Metropolitana y publica mensualmente sus variaciones.

Rentabilidad y oferta inmobiliaria

El estudio estima una rentabilidad bruta anual de 5,53% para el mercado de alquiler y venta, indicador que relaciona los ingresos anuales por alquiler con el precio de adquisición de un inmueble. Bajo esa referencia, la plataforma señala que el periodo necesario para recuperar la inversión mediante alquiler se redujo frente al año anterior.

Sin embargo, esta rentabilidad es un indicador bruto y no equivale a la ganancia final de un propietario. Gastos de mantenimiento, impuestos, periodos sin inquilinos, reparaciones y otros costos pueden modificar el rendimiento efectivo de una inversión inmobiliaria.

Para el comprador, la dispersión de precios entre distritos abre un abanico más amplio que el que ofrece el promedio de Lima. Una vivienda en Los Olivos o Callao, por ejemplo, se encuentra a valores por metro cuadrado considerablemente menores que los registrados en San Isidro, Barranco o Miraflores. Esa brecha permite que el presupuesto disponible y el objetivo de la compra —vivienda propia o inversión— tengan un peso mayor al momento de escoger ubicación.