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De los 18 indicadores empresariales evaluados por el BCRP, 17 permanecieron en terreno optimista, pese al retroceso registrado en la mayoría de las expectativas. Es decir, el deterioro todavía no implica un escenario pesimista para las compañías, pero sí refleja una mayor prudencia al proyectar el comportamiento de sus negocios durante los siguientes meses.

Para el Mg. Mario Vergara, docente de posgrado de la Universidad ESAN, esta situación refleja una economía que mantiene un crecimiento sólido en el corto plazo, aunque con mayor cautela frente a los riesgos futuros. Según explicó, los indicadores operativos como ventas, producción y órdenes de compra han mostrado repuntes, pero las decisiones relacionadas con grandes inversiones y nuevas contrataciones avanzan con mayor lentitud debido a la evaluación de riesgos.

Empresas prevén una inflación de hasta 4% este año

Uno de los cambios más relevantes aparece en las expectativas de inflación. Para 2026, los agentes consultados por el BCRP esperan una variación de los precios de entre 3% y 4%, mientras que para 2027 el rango se ubica entre 2,5% y 2,6%. Para 2028, las previsiones se sitúan entre 2,35% y 2,50%.

La expectativa de inflación a 12 meses también aumentó ligeramente. El promedio correspondiente a analistas económicos y entidades del sistema financiero pasó de 3,01% en julio a 3,05% en agosto. Para un horizonte de 24 meses, la previsión pasó de 2,43% a 2,46%.

El movimiento ocurre en paralelo con una mayor expectativa sobre los precios de los insumos y de venta a tres meses, dos de los pocos indicadores que avanzaron durante agosto.

Vergara señaló que una de las fuentes de presión está relacionada con el impacto climático sobre la oferta de alimentos. Las alteraciones en las condiciones del clima pueden afectar la producción agrícola y pesquera y reducir la disponibilidad de determinados productos, mientras que los problemas en las vías de transporte pueden elevar los costos logísticos.

A ello se suma, según el especialista, el incremento de los costos de transporte y de algunos insumos, factores que pueden presionar los márgenes de las empresas. En ese escenario, consideró que existe el riesgo de que el aumento de los costos termine trasladándose parcialmente a los consumidores.

¿Cuánto crecerá la economía peruana?

Pese a esta mayor cautela, las expectativas sobre el crecimiento económico se mantienen alrededor del 3%.

Para 2026, los agentes económicos proyectan una expansión de 3,2% del PBI. Para 2027, las previsiones se ubican entre 3,2% y 3,4%, mientras que para 2028 se espera un crecimiento de 3,5%.

Vergara coincide en que la economía mantendría un crecimiento sostenido, con una expansión que podría ubicarse entre 3% y 3,4%, impulsada principalmente por la demanda interna y el consumo de los hogares.

En cuanto al tipo de cambio, las expectativas para el cierre de 2026 permanecen entre S/3.35 y S/3.40 por dólar. Para 2027, el rango esperado se encuentra entre S/3.40 y S/3.45, mientras que para 2028 se ubica entre S/3.40 y S/3.47.

La tasa de interés de referencia, por su parte, se mantiene con una expectativa de 4,25% para 2026 y 2027. Para 2028, el rango esperado está entre 4% y 4,25%.

En el caso de la inversión privada, el docente de ESAN señaló que las empresas tenderían a mantener los proyectos que ya están en ejecución, mientras que nuevas inversiones de gran magnitud podrían ingresar en una etapa de observación. "Los nuevos serán diferidos", sostuvo Vergara, al explicar que las compañías priorizarían consolidar los resultados actuales antes de comprometer capital a largo plazo.

El Niño amenaza con elevar costos y reducir ventas

El componente que introduce mayor riesgo en las perspectivas empresariales es el fenómeno de El Niño. Según la encuesta especial incluida por el BCRP, 83% de las empresas consultadas ya tomó o planea tomar alguna medida preventiva, mientras que 17% no contempla hacerlo.

Entre las principales medidas figuran la búsqueda de rutas logísticas alternativas, la elaboración de planes de continuidad operativa y el reforzamiento de instalaciones. Cada una de estas acciones es adoptada o prevista por cerca de 40% de las compañías consultadas.

Los empresarios también identificaron los principales canales por los que el fenómeno climático podría afectar sus operaciones. El 62% señaló los retrasos o mayores costos logísticos; 43% mencionó las dificultades para distribuir productos; 42% prevé mayores precios y 37% anticipa una menor disponibilidad de insumos.

El impacto podría trasladarse directamente a los resultados de las compañías. 67% espera un aumento de sus costos, mientras que 48% prevé una reducción de sus ventas y 46% una caída de su producción. Sin embargo, 63% no espera modificar sus precios de venta y 58% tampoco contempla realizar cambios en sus inversiones.

Para Vergara, la evolución de las condiciones climáticas será determinante para modificar estas expectativas. Una menor intensidad del fenómeno permitiría reducir las interrupciones de las actividades productivas, mientras que la normalización de las condiciones del mar favorecería a sectores como la pesca.

El especialista también consideró clave la ejecución oportuna de obras de prevención, como la descolmatación de ríos, defensas ribereñas y mantenimiento de drenajes urbanos, además de medidas que permitan evitar interrupciones prolongadas en las carreteras utilizadas para transportar insumos y productos.

El norte concentra las mayores preocupaciones

La situación es más delicada entre las empresas ubicadas en la zona norte del país. Allí, 94% ya tomó o planea tomar medidas preventivas ante El Niño y todas las compañías consultadas esperan algún tipo de afectación.

Los riesgos identificados en esta zona son particularmente elevados. El 77% teme daños en instalaciones o equipos, mientras que 76% advierte sobre retrasos o mayores costos logísticos. Además, 66% menciona posibles interrupciones de servicios básicos y 64% una menor disponibilidad de trabajadores e insumos.

Las consecuencias sobre el desempeño empresarial también son más pronunciadas: 81% de las empresas del norte espera una reducción de sus ventas y 69% anticipa una caída de su producción. A su vez, 49% prevé un incremento de sus costos.

Esto marca una diferencia frente al panorama general. Mientras a nivel nacional las empresas mantienen una perspectiva mayoritariamente optimista, el norte concentra una mayor exposición a interrupciones operativas y problemas logísticos asociados al fenómeno climático.

Vergara identificó entre los sectores más expuestos a la agricultura, pesca, comercio, transporte y logística, procesamiento de alimentos, turismo, hotelería y gastronomía.

En el caso agrícola, explicó que el exceso de lluvias, las variaciones de temperatura y las inundaciones pueden afectar cultivos como mango, palta, arándano y uva, además de productos destinados al consumo interno. En la pesca, el calentamiento del mar puede alterar la disponibilidad de especies de aguas frías y afectar la producción pesquera.

El comercio y el transporte también enfrentarían riesgos por el deterioro de carreteras y puentes, que puede generar desabastecimiento, mayores tiempos de traslado y un incremento de los fletes. Estos efectos pueden extenderse a la industria alimentaria por la menor disponibilidad de insumos.

Expectativas siguen siendo positivas, pero con más cautela

La encuesta de agosto deja así un escenario de contrastes. Por un lado, las empresas mejoraron su percepción sobre la situación actual, y 17 de los 18 indicadores continúan en terreno optimista. Por otro, las expectativas para los siguientes meses perdieron fuerza y los riesgos vinculados con inflación y El Niño ganaron relevancia.

El panorama también varía por regiones. Aunque las expectativas permanecen en terreno optimista en las cuatro zonas del país, las zonas norte y centro registraron 16 de 18 indicadores positivos, mientras que sur y oriente alcanzaron 17. El norte, pese a los riesgos asociados a El Niño, mantiene desde mayo de 2023 los valores promedio más altos en las expectativas sobre la economía a tres y 12 meses.

Para Vergara, la economía peruana mantiene una trayectoria de recuperación, favorecida por el menor riesgo político y por el buen desempeño de sectores como la minería, aunque el fenómeno de El Niño introduce un riesgo adicional para el crecimiento. "No se trata de un colapso en el crecimiento, sino de una recuperación amortiguada por golpes climáticos sectoriales", sostuvo.

Así, el principal desafío para las empresas durante los próximos meses no parece estar únicamente en el ritmo de crecimiento de la economía, sino en cómo los mayores costos, las alteraciones logísticas y una eventual reducción de ventas y producción podrían afectar sus resultados, particularmente en las regiones más expuestas al fenómeno climático.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 5 de setiembre

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PUEDES VER: Gobierno plantea eliminar tope de tasas de interés: ¿qué pasaría con los créditos si se aprueba la medida?

El pedido fue formulado por la diputada Jacqueline Tapullima, quien sostuvo que ambas autoridades deben explicar los objetivos, las medidas previstas y las implicancias que tendría la eventual delegación de facultades. La propuesta también recibió el respaldo de la diputada Svieta Fernández, mientras que otros integrantes de la comisión apoyaron la necesidad de que el titular del MEF y el jefe de Sunat expongan ante el Parlamento.

¿Qué deberá explicar el Gobierno?

Uno de los principales puntos que deberá ser aclarado es cómo se aplicaría la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. El pedido de facultades contempla modificar y simplificar los regímenes tributarios empresariales y avanzar hacia un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales crecientes. Sin embargo, el documento presentado al Congreso no establece todavía cuáles serían los porcentajes ni los niveles de renta correspondientes a cada tramo.

Esta ausencia es relevante porque impide determinar, por ahora, qué empresas terminarían pagando más o menos impuestos. El sistema actual contempla distintos tratamientos para los contribuyentes, entre ellos el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General.

Por ejemplo, bajo el RMT actualmente se aplica una tasa de 10% sobre las primeras 15 UIT de renta neta anual y de 29,5% sobre el excedente. En el Régimen General, la tasa es de 29,5% sobre la renta neta, mientras que el RER utiliza una cuota mensual equivalente al 1,5% de los ingresos netos. Un cambio hacia un esquema único modificaría esa estructura, pero su efecto dependerá de las tasas y tramos que finalmente establezca el Ejecutivo si recibe las facultades.

Por ello, una de las preguntas que deberá responder Cuba es cómo se evitará que una reforma presentada como una simplificación termine elevando la carga tributaria de determinados negocios, especialmente de aquellos que actualmente se benefician de reglas diferenciadas.

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MYPE y grandes empresas, en el centro del debate

Las micro y pequeñas empresas podrían estar entre los sectores más atentos a la explicación del Gobierno. El RMT está dirigido a empresas cuyos ingresos netos no superan las 1.700 UIT y actualmente determina el impuesto en función de la renta obtenida. La propuesta de unificar los regímenes modificaría ese tratamiento.

Sin embargo, todavía no corresponde afirmar que las MYPE pagarán más. El efecto dependerá de cómo se construya la nueva escala. Si los primeros tramos tienen tasas inferiores a las actuales, algunos contribuyentes podrían pagar menos; si fueran superiores, la carga podría aumentar.

También habrá que observar el tratamiento que recibirán las empresas que hoy tributan bajo el Régimen General. Estas pagan actualmente 29,5% sobre su renta neta anual y no tienen un límite de ingresos para permanecer en ese esquema. Un sistema de tasas crecientes podría cambiar la forma en que se distribuye la carga entre empresas con distintos niveles de rentabilidad.

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Exoneraciones y beneficios tributarios también entran al debate

La discusión en la Comisión de Economía no se limitará al Impuesto a la Renta. Durante la aprobación de su plan de trabajo para el período 2026-2027, los diputados plantearon incorporar expresamente el gasto tributario dentro del eje de sostenibilidad fiscal.

El diputado James Holguín Aguirre propuso, además, que se evalúe no solo el establecimiento o ampliación de exoneraciones y beneficios tributarios, sino también su eventual eliminación cuando corresponda.

Este punto adquiere relevancia porque el propio pedido de facultades contempla que el Ejecutivo pueda establecer o modificar incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y otros tratamientos tributarios especiales y temporales vinculados con objetivos como la formalización, inversión, empleo e innovación.

Así, el Congreso tendrá que analizar dos efectos simultáneos: por un lado, cuánto podría recaudar el nuevo esquema tributario y, por otro, cuánto dejaría de ingresar al fisco debido a los beneficios que eventualmente se creen, modifiquen o mantengan.

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Comisión pone el foco en la responsabilidad fiscal

La convocatoria a Cuba y al jefe de Sunat se produce mientras la Comisión de Economía define sus prioridades para el nuevo periodo parlamentario. Su plan de trabajo establece como uno de sus cinco ejes la sostenibilidad fiscal, tributación y riesgos fiscales, junto con asuntos como productividad, formalización, inversión y desarrollo territorial.

La comisión también señaló que busca que sus decisiones legislativas y de control se sustenten en evidencia y preserven la responsabilidad fiscal y la seguridad jurídica. En ese contexto, la presentación del ministro de Economía y del jefe de Sunat permitirá que el Congreso solicite mayores precisiones antes de pronunciarse sobre la delegación de facultades.

Por ahora, la propuesta tributaria no modifica por sí misma las tasas vigentes ni elimina los actuales regímenes. El Ejecutivo requiere que el Congreso le otorgue las facultades por 120 días y, de obtenerlas, los cambios concretos tendrían que plasmarse posteriormente en decretos legislativos.

La discusión que se abre en el Parlamento será, por tanto, no solo si se necesita simplificar el sistema tributario, sino con qué reglas se hará, quién asumirá eventualmente una mayor carga y cuál será el impacto sobre la recaudación y la formalización.

Uno de los mayores riesgos aparece cuando el dinero obtenido de actividades criminales consigue entrar a la economía formal. A través del lavado de activos, estos recursos buscan ocultar su origen ilegal y circular como si provinieran de negocios legítimos. Una vez dentro del sistema, seguirles el rastro se vuelve mucho más difícil y pueden terminar afectando la competencia y la transparencia del mercado.

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Así lo advirtió Juan Andrés Medel, investigador asociado de la Cátedra de Seguridad y Globalización del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, durante el conversatorio Economías ilícitas: el costo oculto para la competitividad y la inversión en América Latina, organizado por la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

"Este fenómeno no se limita a Perú, sino que constituye una realidad de alcance global. El dinero, una vez que se logra ‘lavar’, se integra al sistema", señaló el especialista en flujos financieros ilícitos.

Minería ilegal en Perú: el precio del oro puede acelerar su expansión

Dentro de este escenario, la minería ilegal en Perú aparece como uno de los focos que más preocupa. Medel consideró que esta actividad podría seguir creciendo ante el interés de organizaciones criminales y el comportamiento del precio internacional del oro.

"Yo sí diría que estamos ante un escenario que va a escalar. Estadísticamente, hemos estado observando que hay muchos grupos criminales que están más interesados y avanzando hacia la minería ilegal. Y esto probablemente va a estar muy ligado al precio del oro", afirmó.

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El problema, sin embargo, va más allá del control policial. La minería ilegal suele desarrollarse en zonas alejadas de las principales ciudades, donde el Estado tiene una presencia limitada y persisten carencias de educación, inversión, servicios básicos y empleo.

Es justamente ese vacío el que, según Medel, permite que las organizaciones criminales ganen espacio. No necesariamente buscan enfrentarse al Estado, sino aprovechar territorios donde este no ha logrado ofrecer respuestas suficientes a la población.

Lavado de activos y corrupción también tienen un costo económico

El lavado de activos es uno de los principales mecanismos que permiten conectar las economías criminales con el circuito formal. Medel precisó que este fenómeno no está limitado al crimen organizado, ya que los recursos ilícitos pueden tener distintos orígenes.

La corrupción es otra pieza de esta estructura. El investigador llamó la atención sobre investigaciones que muestran que la relación entre funcionarios corruptos y organizaciones criminales puede producirse incluso antes de que exista un acercamiento directo de la organización delictiva.

"Encontraron que no fue que el crimen organizado fue a buscar al funcionario público, fue que el funcionario público fue a buscar a la criminalidad organizada. Por ende, ya estaba corrompido previamente", sostuvo.

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Medel citó estimaciones según las cuales entre 3% y 4% del PBI de América Latina estaría relacionado con actividades de la criminalidad organizada. El impacto no se queda, entonces, en el ámbito policial o judicial. También alcanza a la inversión, la competencia y las posibilidades de crecimiento de los países.

"América Latina gasta siete veces más en materia de seguridad que en innovación", advirtió. Para el especialista, este desequilibrio muestra uno de los costos menos visibles del avance criminal: mientras más recursos y capacidades deben destinarse a contenerlo, menos espacio queda para impulsar innovación, productividad e inversión.

Ante este escenario, Medel planteó reforzar los controles de integridad y probidad tanto en el sector público como en el privado. Las empresas también pueden convertirse en vehículos para introducir dinero de origen ilícito en la economía, por lo que, a su juicio, enfrentar estas economías requiere una respuesta conjunta entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Pero la distribución del presupuesto muestra una diferencia importante, pues cinco grandes proyectos de transporte y conectividad concentran S/3.796 millones para el próximo año, poco más del doble de los S/1.824 millones destinados específicamente a infraestructura vinculada con la prevención y atención del Fenómeno El Niño.

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La comparación permite dimensionar el peso de las grandes obras dentro del proyecto presupuestal. Pero hay otro dato que merece especial atención: de los S/2.489 millones que el proyecto identifica para intervenciones vinculadas al FEN, S/2.023 millones quedan en el Gobierno Nacional y solo S/465 millones corresponden a gobiernos regionales y locales. Es decir, apenas 19% llega directamente a los gobiernos subnacionales.

Cinco megaobras concentran S/3.796 millones

El proyecto de Presupuesto 2027 mantiene una fuerte asignación para grandes proyectos que ya se encuentran en ejecución. Es el caso de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, que concentran S/1.944 millones para ejecución, operación y mantenimiento.

A ello se suman S/522 millones para la Carretera Central, la carretera Cusco-Chincheros-Urubamba, la autopista Chincha-Ica y Pro Región 2; S/454 millones para la Vía Expresa Santa Rosa; S/440 millones para el Aeropuerto Internacional de Chinchero; y S/436 millones para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao. En conjunto, estas cinco intervenciones reúnen S/3.796 millones.

Se trata de obras que tienen compromisos en marcha y cuyos cronogramas requieren continuidad presupuestal. Por eso, la comparación con el FEN no implica que esos recursos puedan trasladarse directamente de un proyecto a otro.

Sí permite observar, en cambio, cuánto espacio ocupan dentro del proyecto de presupuesto las inversiones de gran escala frente a las destinadas a reducir los riesgos asociados a un fenómeno climático.

Para las intervenciones vinculadas al FEN, el proyecto contempla S/2.489 millones. Pero ese monto reúne acciones de prevención, atención y respuesta de distintas entidades, por lo que no todo corresponde a infraestructura.

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Si se considera únicamente la parte destinada a infraestructura a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Indeci, Vivienda y Transportes, la suma llega a S/1.824 millones: S/1.047 millones para ANIN, S/413 millones para Indeci, S/273 millones para Vivienda y S/91 millones para Transportes.

El 81% del presupuesto del FEN se queda en el Gobierno Nacional

De los S/2.489 millones previstos para las intervenciones vinculadas al FEN, S/2.023 millones corresponden al Gobierno Nacional. Los gobiernos regionales reciben S/246 millones y los gobiernos locales S/219 millones. Entre ambos niveles suman S/465 millones, equivalentes a cerca del 19% del total.

Si bien la concentración no significa que los S/2.023 millones asignados al Gobierno Nacional se vayan a gastar físicamente en Lima, sí deja claro dónde queda la mayor parte de la capacidad presupuestal para estas intervenciones.

La capacidad de respuesta también depende de dónde están asignados los recursos. Ante un evento climático, son los gobiernos regionales y municipios los que deben actuar frente a interrupciones de vías, desbordes, quebradas activadas y daños en infraestructura local, además de atender a la población afectada. Tener recursos disponibles desde el inicio del año puede acelerar la atención y reducir la dependencia de transferencias posteriores.

Gobernadores cuestionan recorte de S/2.773 millones en inversiones

La distribución de los recursos para enfrentar el FEN se conoce en medio de otro reclamo de los gobiernos regionales. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió este viernes al Ejecutivo convocar al Consejo de Estado Regional para abordar la preparación frente al Fenómeno El Niño y el presupuesto que tendrán las regiones en 2027.

En su pronunciamiento, los gobernadores cuestionaron un recorte de S/2.773 millones, equivalente al 18,7%, en sus presupuestos de inversión. Advirtieron que esta reducción podría afectar proyectos que ya están en ejecución y limitar la capacidad de los gobiernos regionales para atender sus responsabilidades.

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La ANGR sostuvo, además, que las regiones vienen ejecutando obras y acciones de preparación frente al FEN y reclamó una mayor coordinación con el Ejecutivo. El pedido se produce mientras el proyecto de Presupuesto 2027 plantea que solo S/465 millones de los S/2.489 millones previstos para intervenciones vinculadas al fenómeno queden directamente en gobiernos regionales y locales.

El Niño ya le restó un punto al crecimiento

La necesidad de reforzar la prevención también tiene un impacto económico. Durante el primer semestre de 2026, el PBI creció 3%, pero el MEF estima que, sin los efectos asociados al Fenómeno El Niño, el avance habría sido de alrededor de 4%.

El fenómeno habría restado, así, cerca de un punto porcentual al crecimiento en la primera mitad del año. Los daños sobre carreteras, puentes y otras infraestructuras terminan afectando también el transporte, el comercio y las actividades productivas.

En el proyecto de Presupuesto 2027, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene previstos S/928 millones para inversiones de protección en ríos y quebradas. El monto forma parte de los recursos destinados a prevenir y atender los efectos del FEN.

Pero los S/2.489 millones identificados para el fenómeno no corresponden únicamente a infraestructura. El monto incluye acciones de prevención, respuesta y atención a cargo de distintas entidades. Si se toma solo la infraestructura, las partidas de ANIN, Indeci, Vivienda y Transportes suman S/1.824 millones.

Frente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026, el gasto de capital se reduce en S/635 millones, mientras el gasto corriente aumenta en S/11.087 millones.

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La restricción fiscal será relevante si el país enfrenta un evento climático de mayor magnitud. Una emergencia puede obligar a realizar transferencias o modificaciones presupuestarias para atender daños y ejecutar obras con rapidez.

El proyecto todavía deberá ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, su distribución ya muestra cómo se plantea repartir los recursos antes de que llegue una nueva temporada de lluvias.

El debate no se limita, por tanto, a cuánto dinero se asigna para enfrentar El Niño, sino a cómo y dónde se concentra ese gasto. El primer semestre de 2026 dejó una referencia concreta: el MEF calcula que los efectos asociados al fenómeno restaron alrededor de un punto porcentual al crecimiento de la economía. Con una nueva temporada de lluvias por delante, la propuesta deberá definir si los recursos previstos son suficientes y, sobre todo, si están disponibles en los niveles de gobierno que tendrán que responder ante una emergencia.

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La función de Orden Público y Seguridad sufrirá un recorte, pasando de S/15.857 millones en 2026 a S/15.338 millones en 2027. Esta reducción presupuestal de S/519 millones (3,3% menos) impacta directamente en el programa de Reducción de delitos y faltas, cuyos recursos caen de S/6.878 millones a S/6.494 millones. El ajuste se da justo cuando la ciudadanía exige mayor vigilancia y capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

Así, el discurso de "mano dura" y combate al crimen del que se jacta el Ejecutivo choca con la reducción en el presupuesto asignado, lo que deja la promesa sin el respaldo financiero para su ejecución.

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La inversión militar casi se cuadruplica en 2027

La otra cara de la propuesta aparece en los proyectos de inversión de Defensa: los recursos pasarían de S/665 millones en 2026 a S/2.548 millones en 2027, un aumento de 283%.

La apuesta se concentra en recuperar proyectos considerados estratégicos para las Fuerzas Armadas. Entre los principales figuran la recuperación de la capacidad operativa de aeronaves de combate en La Joya, Arequipa, la recuperación de la fuerza de superficie de la Marina en el Callao y una nueva etapa del plan maestro de la Base Naval del Callao y la industria naval.

A diferencia del gasto policial, orientado a frenar la delincuencia en las calles, estos proyectos apuntan a reconstruir capacidades militares que requieren inversiones de mayor plazo.

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Si bien la modernización militar es necesaria, la seguridad ciudadana exige resultados inmediatos. Por eso, la decisión del Gobierno de acelerar millonarias inversiones militares al mismo tiempo que recorta el presupuesto para la Policía puede generar un debate dentro y fuera del Congreso.

Un presupuesto que contradice el discurso de "orden"

El Gobierno de Keiko Fujimori tendrá que explicar por qué, en un país donde la inseguridad es una demanda cotidiana, el mayor salto de inversión dentro del ámbito de seguridad está orientado a las capacidades militares y no a reforzar con igual intensidad la respuesta frente al crimen.

Para Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, esa decisión resulta contradictoria con el objetivo que el propio Gobierno se ha trazado.

“Me parece una contradicción afirmar que se enfrenta a la inseguridad y a su vez que se reduzca el presupuesto para el sector Interior y la Policía. Uno esperaba, en todo caso, que sea al revés, porque ¿de qué manera se va a cubrir la brecha para la compra de tecnología, de vehículos, el incremento de acciones de inteligencia a la Policía si su presupuesto va a ser menor?”, cuestionó.

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En la lectura del exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, la reducción del 3,3% en el presupuesto del sector Orden Público resulta una contradicción frente al incremento de la criminalidad y los propios compromisos asumidos por el oficialismo.

"Mi primera reacción es de sorpresa porque me parece una absoluta contradicción con respecto a lo mencionado tanto en el plan de gobierno de Fuerza Popular como en lo anunciado por la presidenta en su discurso del 28 de julio. Me sorprende esta decisión de reducir el presupuesto porque está afectando el patrullaje policial y los programas de seguridad ciudadana, que son indispensables para controlar la calle”, dijo para La República.

Acomodo político con las Fuerzas Armadas y gasto mal enfocado

Al analizar el incremento de 1.812 millones de soles destinados al sector Defensa, Valdés sostiene que la decisión responde a un cálculo político para congraciarse con las instituciones militares, mientras descuida las verdaderas prioridades de la ciudadanía.

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"Yo creo que esto responde al interés del gobierno de mantenerse en una buena disposición con las Fuerzas Armadas. Me parece que el ministro ha debido defender al menos el presupuesto del Ministerio del Interior; no hubiese permitido que se reduzcan los fondos para la seguridad ciudadana”.

En esa misma línea, cuestiona que los recursos del Estado se destinen a equipamiento militar de guerra, adquisiciones que bien podrían postergarse por no ser urgentes frente a la necesidad de combatir las extorsiones y el crimen.

"Se está yendo el dinero para aviones de caza F-16, para la modernización de la base naval del Callao y la industria naval. Esos no son gastos prioritarios para el cuidado de los ciudadanos en este momento. Yo puedo tener barcos muy modernos, pero esos no me sirven para nada en la lucha contra la criminalidad”.

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Sin presupuesto no hay voluntad política

Frente a la propuesta oficial de desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, Valdés advierte que la medida será ineficaz sin inversión económica para inteligencia, laboratorios de criminalística y la renovación del parque automotor policial, del cual cerca del 40% se encuentra inoperativo.

Para el exviceministro, la partida presupuestal es la única prueba del compromiso del Ejecutivo. "El mensaje es tremendamente contradictorio. Nada de lo prometido se va a poder cumplir si no hay fondos. El dinero es la expresión de la voluntad política, y lo que me da a entender el Gobierno con este presupuesto es que la voluntad política no existe para poder combatir la inseguridad”.

Además, Valdés remarcó que al no haberse presentado un solo indicador de reducción del delito en las primeras semanas de gestión, este déficit de recursos provocará un incremento inevitable en los índices de sicariato, extorsión y economías ilegales a nivel nacional.

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Del mismo modo, el exministro de Defensa, José Luis Gavidia, también consideró un error reducir los recursos destinados a seguridad en medio del avance de la delincuencia y planteó una mayor coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

En medio del debate por el proyecto de Presupuesto Público 2027, Gavidia cuestionó que se recorten recursos para un sector que, a su juicio, debería ser una de las principales prioridades del Gobierno frente a la ola de criminalidad.

“Definitivamente yo creo que el haber reducido el presupuesto a sistemas de seguridad es un error. Es uno de los problemas más graves de nuestro país y definitivamente tenemos que priorizar los resultados”.

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Gavidia plantea trabajo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas

El exministro también se refirió a la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de las labores de seguridad interna. En esa línea, planteó una colaboración entre las fuerzas del orden.

“Yo siempre he pensado que la Policía debe pasar a ser parte del Comando Conjunto y comenzar a trabajar en equipo, todo el mundo, así como la Policía tiene que estar de frente a estas bandas criminales”.

Gavidia añadió que también es necesario revisar la formación de los policías, tanto oficiales como mandos, y planteó tomar como referencia experiencias de cuerpos policiales extranjeros para fortalecer sus capacidades.

En los últimos 12 meses, además, la inflación llegó a 4,44%, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), que se ubica entre 1% y 3%. El indicador aceleró frente al 4,07% registrado en julio y alcanzó su mayor nivel en casi tres años. La cifra quedó ligeramente por encima de lo previsto por los economistas y estuvo impulsada principalmente por los precios de la vivienda y los servicios públicos.

La caída de algunos alimentos ayudó a moderar el resultado, mientras que el aumento de la electricidad y los combustibles presionó en sentido contrario, con efectos que también pueden trasladarse a los costos de producción y transporte.

El pollo cayó 8,49%, pero algunos alimentos se encarecieron

Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una reducción de 0,66% en agosto. La carne bajó 3,26% y las frutas retrocedieron 2,23%, mientras que uno de los descensos más notorios fue el del pollo eviscerado, cuyo precio disminuyó 8,49% durante el mes.

Por otro lado, los pescados y mariscos aumentaron 5%, con el bonito subiendo 13,67%. También se encarecieron la cebolla china y el ají amarillo molido, cuyo precio aumentó 28,57%, el mayor incremento dentro de este grupo.

Las hortalizas, legumbres y tubérculos también registraron un alza, aunque más moderada, de 0,25%. El resultado muestra así una canasta de alimentos con movimientos en sentidos opuestos, donde la reducción del precio del pollo y otros productos terminó pesando más sobre el resultado del mes.

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La electricidad subió casi 4% y los combustibles más de 7%

La energía fue uno de los principales focos de presión durante agosto. La electricidad residencial aumentó 3,99%, mientras que el gasohol y los lubricantes registraron un incremento de 7,33%.

Estos aumentos no solo impactan directamente en los hogares. La electricidad y los combustibles también forman parte de los costos de producción y transporte, por lo que sus variaciones pueden terminar trasladándose a otros bienes y servicios.

Al excluir alimentos y energía, dos componentes cuyos precios suelen ser más volátiles, la inflación de agosto fue de apenas 0,02%. La diferencia permite observar cuánto influyeron estos dos grupos en el resultado general.

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Dentro de la canasta energética también hubo movimientos a la baja. El precio del gas doméstico cayó 0,69%, mientras que el gas natural para la vivienda aumentó 0,65%, por lo que el resultado final reflejó la combinación de ambas variaciones.

En el transporte ocurrió algo similar. El pasaje en ómnibus interprovincial disminuyó 10,43% y el pasaje aéreo nacional cayó 7,56%, lo que ayudó a compensar parcialmente el impacto del encarecimiento de los combustibles y lubricantes.

Inflación anual llega a su mayor nivel en casi tres años

La inflación de los últimos 12 meses llegó a 4,44%, su nivel más alto en casi tres años y por encima del rango meta de entre 1% y 3% del BCR. La cifra quedó ligeramente por encima de las expectativas.

Los precios mayoristas también mantienen una tendencia al alza. En agosto, el Índice de Precios al Por Mayor a nivel nacional aumentó 1,22% y acumuló un incremento de 5,42% entre enero y agosto. Los productos nacionales subieron 1,29%, impulsados principalmente por los bienes manufacturados, que aumentaron 1,55%, mientras los importados avanzaron 0,95%.

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El resultado de agosto muestra un escenario de precios con comportamientos opuestos: la caída del pollo y otros alimentos ayudó a contener la inflación, pero los mayores costos de la electricidad y los combustibles siguieron presionando el gasto. Con la inflación anual en 4,44%, el alivio en algunos productos todavía no alcanza para devolver el indicador al rango que busca el Banco Central.

El ente regulador informó que el nuevo monto fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM) acumulada desde diciembre de 1998 hasta agosto de 2026.

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¿Qué significa que tus ahorros estén cubiertos hasta S/123.000?

El Fondo de Seguro de Depósitos es un mecanismo destinado a proteger a los depositantes cuando una entidad autorizada para captar depósitos es intervenida o liquidada por la SBS. La cobertura busca reducir el impacto que tendría para los ahorristas la salida de una entidad financiera del mercado.

En términos prácticos, si una persona mantiene depósitos en una entidad miembro del FSD y esta es sometida a un proceso que activa la cobertura, el fondo reconoce la devolución correspondiente hasta el límite establecido para cada periodo.

Por ello, el nuevo tope de S/123.000 no significa que todos los clientes recibirán automáticamente esa cantidad. El monto que corresponde a cada depositante depende de los depósitos cubiertos que mantenga en la entidad intervenida o liquidada, respetando el límite establecido.

¿Qué depósitos protege el Fondo de Seguro de Depósitos?

La cobertura alcanza a determinados depósitos nominativos, es decir, aquellos en los que figura el nombre del titular o titulares. Entre los productos comprendidos se encuentran los depósitos a la vista, cuentas de ahorro, depósitos a plazo y depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). También se consideran los intereses corridos correspondientes a estos depósitos.

El FSD también contempla determinados depósitos a la vista pertenecientes a personas jurídicas, con las exclusiones establecidas por la normativa. En cambio, no todos los recursos colocados en una entidad financiera están necesariamente protegidos por este mecanismo.

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¿Por qué cambia cada tres meses?

El monto de cobertura no permanece fijo. La legislación establece que debe actualizarse trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM).

Esta metodología explica por qué el límite puede aumentar o disminuir de un trimestre a otro. Por ejemplo, en junio de 2025 la SBS redujo la cobertura de S/121.000 a S/120.500 debido a una variación negativa del IPM.

Posteriormente, el monto también registró modificaciones. Para el trimestre setiembre-noviembre de 2025 se estableció una cobertura de S/118.300.

La nueva actualización lleva el límite hasta S/123.000 para el periodo actual, lo que permite observar una recuperación respecto de los niveles registrados el año pasado.

¿Qué pasa si tengo más de S/123.000 en una cuenta?

Tener un saldo superior al límite no significa que el excedente esté cubierto por el FSD. La protección está sujeta al monto máximo establecido para el periodo correspondiente.

Por eso, para quienes mantienen ahorros elevados en una sola entidad financiera, el límite de cobertura constituye un elemento relevante al momento de decidir cómo distribuir sus depósitos. La diversificación entre entidades que formen parte del FSD puede reducir la exposición a una eventual intervención o liquidación de una institución.

La cobertura, además, no requiere que el ahorrista contrate un seguro adicional. El FSD funciona como un mecanismo de protección asociado a las entidades financieras que forman parte del sistema.

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SBS también modificó las reglas del Fondo de Seguro de Depósitos

La actualización del monto ocurre pocas semanas después de que la SBS aprobara cambios en las reglas que regulan el propio Fondo de Seguro de Depósitos.

Mediante la Resolución SBS N.° 01960-2026, publicada en agosto, la entidad modificó las normas relacionadas con la cobertura, los recursos y el pago de las imposiciones cubiertas por el FSD. Entre los cambios se incorporó un esquema que considera un tamaño objetivo del fondo, con el propósito de asegurar que sus recursos sean suficientes frente a eventuales situaciones de estrés financiero y mantener su sostenibilidad en el largo plazo.

De esta manera, el nuevo monto de S/123.000 no constituye un cambio permanente en el límite de protección. Se trata de la cobertura máxima aplicable específicamente al trimestre setiembre-noviembre de 2026, por lo que el monto volverá a ser revisado en la siguiente actualización trimestral.