La información fue confirmada por el titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas, durante declaraciones brindadas a Exitosa. El ministro aclaró que el Gobierno no tiene previsto llevar la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) y explicó que actualmente la discusión gira en torno a cómo se aplicará el pago y cuál será el monto que recibirán los trabajadores CAS en julio.

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CAS 2026: “Habrá gratificación, pero se evalúa el monto”, señala Rodolfo Acuña

El ministro Acuña explicó que sí habrá pago de gratificación para los CAS, aunque todavía se analiza cuánto dinero podrán entregar las entidades públicas. Según indicó, la aplicación de la ley tendría un mecanismo de gradualidad debido a las limitaciones presupuestales de algunas instituciones del Estado.

“Ha habido una confusión. Yo señalé que se podría evaluar, después del proceso electoral. Eso no le corresponde, sino al Consejo de Ministros, quien lleva las normas al Tribunal Constitucional, y si considera o no un escenario de una observación”, aclaró.

Además, señaló que la principal discusión actualmente no es si habrá gratificación, sino el monto que finalmente se pagará. La ley aprobada establece que el beneficio debería equivaler a la remuneración que perciben los trabajadores CAS y no a un aguinaldo fijo de S/300 como ocurre en otros regímenes del sector público.

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Pago de gratificación CAS: MEF plantea aplicación gradual del beneficio

El titular del MEF detalló que algunas entidades públicas ya cuentan con recursos para asumir el pago completo de la gratificación, pero reconoció que no todas tienen la misma capacidad presupuestal. Por ello, el Ejecutivo evalúa aplicar la norma de manera progresiva para evitar impactos en el equilibrio fiscal.

Según Acuña, el pago inicial podría ser menor al monto que establece la ley y posteriormente incrementarse de forma gradual. Esta propuesta sería presentada mediante normas que el Ejecutivo enviará al Congreso para definir el mecanismo de implementación del beneficio.

“Los mecanismos de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso, para suavizar o implementar gradualmente las normas. Porque existen algunas entidades que pueden decir que tienen el espacio para atender (el pago de gratificación), pero no son todas”.

Además, el MEF reafirmó mediante un comunicado que no presentará demandas de inconstitucionalidad contra las normas aprobadas por el Congreso vinculadas a mejoras remunerativas y beneficios laborales para los trabajadores estatales.

“En ese sentido, el MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, señaló la entidad.

Trabajadores CAS: ¿en qué fecha se pagaría la gratificación?

El pago de la gratificación para trabajadores CAS se realizaría en julio, siguiendo el cronograma habitual. De acuerdo con lo señalado en la norma y las precisiones brindadas, las entidades estatales tendrían como fecha límite la mitad del mes para efectuar el depósito correspondiente.

Esto significa que podrían recibir el beneficio hasta el 15 de julio. La implementación de esta medida representa un cambio importante para este régimen laboral, ya que anteriormente estos servidores no contaban ni con gratificaciones ni con CTS.

Con la entrada en vigencia de la norma, el Estado reconoce estos beneficios laborales para los CAS en condiciones similares a otros regímenes públicos. Sin embargo, el monto definitivo del primer pago todavía dependerá de las disposiciones que apruebe el Ejecutivo respecto a la gradualidad planteada por el MEF.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 20 de mayo?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

En una entrevista con RPP, Francke sostuvo que la estabilidad del ente emisor es un elemento clave para mantener la confianza económica. “Yo sí le pediría la ratificación”, afirmó al ser consultado sobre la continuidad de Velarde.

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Francke plantea preservar estabilidad del Banco Central

Francke remarcó que la prioridad debe ser preservar el manejo técnico del BCRP y evitar cambios que afecten la estabilidad institucional. “Hay que buscar la continuidad del BCR”, indicó, al tiempo que mencionó que Roberto Sánchez ya había manifestado su disposición para dialogar con Velarde.

No obstante, precisó que una eventual ratificación dependerá también de la conformación del directorio del ente emisor. “No puedes nombrar a un buen presidente, pero tener un mal equipo”, sostuvo.

El exministro añadió que cualquier decisión debe darse tras conversaciones con el actual titular del Banco Central. “Eso tiene que pasar por una conversación con la persona involucrada”, comentó.

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Francke descarta estatizaciones y habla de una 'coalición amplia'

El economista también descartó, por ahora, asumir la conducción del equipo económico o el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un eventual gobierno de Sánchez. Indicó que actualmente forma parte de un grupo técnico junto a Óscar Dancourt, Gustavo Guerra García y Katherine Eyzaguirre.

En el plano económico, defendió la propuesta de elevar la Remuneración Mínima Vital de S/1.130 a S/1.500 y aseguró que la medida “es viable”, argumentando que el salario mínimo ha perdido capacidad adquisitiva tras los últimos años de inflación.

Francke expresó, además, preocupación por el incremento del costo de vida y señaló que el control de la inflación corresponde al trabajo técnico del Banco Central. “Tenemos una gran preocupación por el tema de inflación”, afirmó.

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El extitular del MEF también consideró que el país debería aprovechar mejor el contexto internacional favorable por los altos precios de los minerales. Según dijo, el Perú podría crecer a un ritmo mayor al actual si se impulsan políticas que combinen crecimiento económico con reducción de pobreza.

Asimismo, respaldó la continuidad del Fondo de Estabilización de Combustibles para mitigar el impacto del alza internacional del petróleo sobre los alimentos y el transporte.

Finalmente, Francke sostuvo que el escenario político obliga a construir acuerdos más amplios. “Hace falta una coalición amplia de gobierno que vaya mucho más allá de JPP”, señaló, y añadió que las propuestas económicas aún se encuentran en proceso de revisión y ajuste.

Pedro Francke alerta sobre efectos inflacionarios del alza de combustibles y plantea reforma tributaria

Recordemos que hace una semana, en una entrevista con este diario, Francke sostuvo que la autonomía del BCRP debe mantenerse como uno de los pilares de la estabilidad económica del país, aunque consideró válido debatir públicamente la política monetaria.

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Señaló que la fortaleza de la institución no depende únicamente de figuras individuales, sino también de la meritocracia y la gobernanza interna del ente emisor. “La meritocracia del BCR es un activo nacional muy importante. Pero el eje central está en el directorio, en la gobernanza. La clave es que tenga reglas y composición que aseguren su autonomía”, afirmó.

Asimismo, indicó que las decisiones sobre política monetaria deben seguir estando en manos del directorio del banco central, en línea con su autonomía constitucional.

En otro momento de la entrevista, el economista advirtió “la prioridad inmediata es tratar de estabilizar y reducir el precio de los combustibles, que está muy alto por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Todo indica que es un problema que tiene para cierto rato”.

En esa línea, explicó que el Estado cuenta con mecanismos como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y la posibilidad de reducir temporalmente algunos impuestos vinculados al combustible. Sin embargo, precisó que estas medidas implican un costo fiscal y deberían acompañarse de acciones para fortalecer la recaudación tributaria.

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Francke también consideró que podrían evaluarse subsidios focalizados y medidas complementarias mediante el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), especialmente para reducir el impacto del alza del gas doméstico.

Sobreganancias mineras

Respecto al contexto económico, el exministro señaló que el Perú atraviesa un escenario favorable por los altos términos de intercambio y planteó aprovecharlo mediante un impuesto a las sobreganancias mineras.

“Es verdad la ventaja de los términos de intercambio y eso se debería aprovechar, a mi juicio, con un impuesto a las sobreganancias mineras, que tienen hoy ganancias extraordinarias”, indicó.

No obstante, reiteró que el incremento del precio del petróleo sigue siendo el principal factor de riesgo para la economía, al generar inflación y reducir el poder de consumo de la población.

Según la norma publicada el 14 de abril en el diario oficial El Peruano, el bono tendrá carácter mensual y vitalicio, pero no es remunerativo ni pensionable ni forma parte de beneficios laborales. Su entrega será progresiva y dependerá de la edad o condición de cada beneficiario, tras cumplir el proceso de validación establecido por las instituciones correspondientes.

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Requisitos para el bono de S/1.130 para veteranos de las FF. AA.

Para acceder al bono, los licenciados deben haber realizado el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 y estar reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024, conforme a lo establecido en la Ley 30826.

Además, la norma precisa condiciones específicas según cada institución militar. En el Ejército del Perú, deben haber culminado el servicio como recluta, soldado, cabo, sargento segundo o sargento primero. En la Marina de Guerra del Perú, como grumete, marinero o cabo en sus diferentes rangos. En la Fuerza Aérea del Perú, como aviador, cabo, sargento primero o sargento segundo.

También se exige haber servido en zonas de emergencia y haber participado en acciones de pacificación validadas por la institución armada correspondiente. Asimismo, el tiempo de servicio debe haber sido de 12 a 24 meses consecutivos, cumpliendo así el periodo mínimo requerido por la norma.

Finalmente, los solicitantes no deben contar con antecedentes policiales, penales o judiciales ni figurar como deudores alimentarios. Estas condiciones son obligatorias para acceder al beneficio económico.

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¿Cómo acceder al bono de las FF. AA.? Conoce el trámite, los plazos y el registro

El proceso para acceder a la bonificación inicia con la solicitud ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entidad donde los licenciados deben presentar su pedido una vez que la ley entre en vigor. Este procedimiento estará habilitado hasta el 31 de julio de 2027.

Tras la evaluación y aprobación, el expediente pasa al Ministerio de Defensa (Mindef), que es el encargado de registrar al beneficiario en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Este registro debe realizarse en un plazo no mayor de 90 días calendario, lo que permite que el beneficiario quede incorporado oficialmente al sistema estatal que gestiona los pagos del bono.

Bono de S/1.130: cronograma de pago según edad

El pago del bono de S/1.130 se realizará de forma mensual y vitalicia una vez aprobada la solicitud y completado el registro en el sistema estatal. Sin embargo, su implementación será progresiva y estará organizada por grupos de edad.

Primer año

• Beneficiarios mayores de 60 años
• Personas con discapacidad permanente

Segundo año

• Beneficiarios de 55 a 59 años

Tercer año

• Beneficiarios de 50 a 54 años

Cuarto año

• Beneficiarios de 45 a 49 años

Quinto año

• Beneficiarios de 40 a 44 años

Cierre del proceso

• La incorporación continuará de forma gradual hasta incluir a todos los beneficiarios seleccionados dentro del sistema de pago.

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) sostiene que, aunque la medida busca simplificar el cumplimiento tributario, podría tener efectos no previstos sobre la formalización de las micro y pequeñas empresas (mypes).

Capece advierte que la digitalización de pagos a través de billeteras como Yape, Plin podrían perjudicarse si no se implementa un marco tributario adecuado. El gremio señala que la ausencia de este entorno podría empujar a pequeños negocios a volver al uso de efectivo, debilitando el avance logrado en inclusión financiera y digitalización.

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Sunat: pagos digitales como comprobantes, ¿vuelven al efectivo?

Capece advierte que la intención de Sunat de que las constancias de pago generadas por billeteras digitales sean consideradas comprobantes electrónicos podría facilitar la trazabilidad de operaciones y reducir la duplicidad de procesos. La medida busca que cada transacción quede registrada en tiempo real, eliminando la necesidad de emitir comprobantes adicionales en otros sistemas.

Sin embargo, el gremio alerta que, sin un régimen tributario simplificado similar al modelo brasileño, la medida podría generar un efecto contrario al buscado. Según Capece, esto podría llevar a que pequeños comerciantes que ya usan billeteras digitales opten por regresar al efectivo, frenando el proceso de formalización digital que se estuvo impulsando en el país.

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Modelo MEI Brasil como referencia para Sunat

Capece compara la propuesta peruana con el modelo brasileño MEI (Microempreendedor Individual), que fue importante para el éxito del sistema de pagos Pix, método de pago mediante transferencia bancaria creado por el Banco Central de Brasil. Con ello, la formalización de pequeños negocios se apoya en un esquema simple, con cuota mensual baja, acceso a seguridad social y sin necesidad de procesos contables complejos.

El presidente de Capece, Helmut Cáceda, explicó que el sistema brasileño permitió a los pequeños comerciantes formalizarse sin presión administrativa. “Ese fue el verdadero secreto del Pix: darle al pequeño comerciante un lugar donde formalizarse sin asfixiarse”, señaló. En contraste, advierte que “en Perú aún no existe un equivalente que permita acompañar la formalización digital sin generar sobrecarga tributaria”.

Propuesta Capece: principios para evitar fricciones en pagos digitales

Capece plantea tres principios para que la medida de Sunat no genere efectos negativos. El primero es formalizar sin asfixiar, es decir, acompañar cualquier reconocimiento tributario con un régimen simplificado que permita a los pequeños negocios operar sin complejidad adicional.

El segundo principio es preservar la experiencia del usuario, manteniendo la rapidez y simplicidad de plataformas como Yape y Plin, que funcionan con transacciones de apenas segundos.

El tercero es diseñar la regulación de forma conjunta entre instituciones y actores del ecosistema digital, como Sunat, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), billeteras digitales y gremios, según lo planteado por Capece.

No obstante, cuando el fonavista ha fallecido, el procedimiento requiere una verificación más estricta. Los herederos deben confirmar que el titular aparece en el padrón del Reintegro 5 y demostrar legalmente su condición de beneficiarios presentando documentos específicos y una declaración jurada, con el fin de determinar quién tiene derecho a recibir el pago.

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Fonavi Reintegro 5: requisitos que deben cumplir herederos para cobrar en el BN

Antes de acudir al Banco de la Nación, el primer paso obligatorio es verificar que el fonavista fallecido esté incluido en el padrón del Reintegro 5 del Fonavi. Si no figura en dicho registro, no se puede iniciar ningún trámite de acreditación, incluso si el heredero cumple con el parentesco.

Una vez confirmada la inclusión en el padrón, el heredero debe presentarse con su DNI y la Declaración Jurada de Beneficiario de Fonavista Fallecido. En este documento se declara ser beneficiario del pago y, además, se deja constancia de no conocer a otras personas con igual o mayor derecho al cobro del beneficio. La declaración debe estar firmada, completa y con huella dactilar.

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Estos documentos necesitan los herederos para cobrar hasta S/22.000

Cuando el beneficio económico es menor o igual a 4 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) equivalente a S/22.000, la documentación varía según el vínculo con el fonavista fallecido. Todos los documentos deben ser copias certificadas y con vigencia reciente, emitidos por entidades como RENIEC o municipalidades.

En el caso de viudos, se exige partida o acta de matrimonio; para convivientes, un certificado de unión de hecho inscrito en Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP); para hijos, partidas de nacimiento del solicitante y de otros beneficiarios declarados. Si se trata de hijos con discapacidad total permanente, se debe añadir la certificación emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), además de la partida de nacimiento correspondiente.

También se incluyen padres y hermanos dentro de los beneficiarios directos. Los padres deben acreditar la partida de nacimiento del fonavista fallecido, mientras que los hermanos deben presentar tanto la partida del titular como la del solicitante y otros beneficiarios. Si no existen otros herederos, solo se presenta la del solicitante.

Herederos “otros” en Fonavi: qué deben presentar para acceder al pago

Cuando el solicitante no pertenece a los vínculos directos (cónyuge, hijos, padres o hermanos), se considera dentro de la categoría “otros”. En estos casos, el trámite requiere documentación legal más compleja para demostrar el derecho a la herencia.

Se deben presentar documentos como el acta notarial de sucesión intestada o la resolución judicial correspondiente, junto con la constancia de consentimiento. También se acepta el testamento o su ampliación, siempre que esté inscrito en la SUNARP. Todos estos documentos deben acreditar formalmente la condición de heredero.

Además, se recalca que los herederos directos tienen prioridad sobre los que figuran en la categoría “otros”. Esto significa que, aunque ambos puedan acceder al beneficio, el orden de prelación determina quién tiene mayor derecho al cobro del dinero del fonavista fallecido.

El anuncio se da en paralelo al avance de los pagos del Reintegro 5, que ya se ejecutan a nivel nacional a través del Banco de la Nación (BN). Mientras tanto, las autoridades reiteran que el proceso de devolución continúa en evaluación debido a la antigüedad de la información y la necesidad de validar aportes.

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Lista 23 Fonavi diciembre: nuevos beneficiarios sin cobro previo

El jefe de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Eduardo Gaytán, explicó en Andina Canal Online que la nueva lista está en evaluación y podría salir en diciembre. “La Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo esfuerzos denodados por tratar de sacarla lo antes posible y esperemos que todo vaya bien y sea para el mes de diciembre”.

Además, precisó el alcance de este nu evo grupo de beneficiarios: “Estarán en el grupo N° 23 todos aquellos fonavistas que no hayan recibido ningún cobro y no hayan salido en ningún padrón”. Con ello, se busca incorporar a quienes nunca accedieron a devoluciones previas. El funcionario también remarcó la dificultad del proceso por la antigüedad de los registros del Fonavi señalando que “debemos verificar la información que nos han enviado en su formulario y estamos hablando de data de hace 40 años”.

Asimismo, destacó el avance general del proceso de devolución, indicando que “ya se ha pagado a más de un millón 200,000 personas y se ha hecho la devolución de más de 3,000 millones de soles. Eso demuestra que la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo todos los esfuerzos para que se complete la devolución”.

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“El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado”

El proceso de incorporación a la Lista 23 también depende de la validación de información histórica, lo que generó demoras en algunos casos. De acuerdo con las autoridades, muchos expedientes requieren documentación adicional para confirmar aportes.

El representante de la Comisión Ad Hoc, Jorge Milla, explicó anteriormente en RPP que el nuevo grupo de diciembre estará enfocado en quienes nunca cobraron. Precisó que “el tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada. Ese grupo se está preparando para fin de año”.

Asimismo, advirtió que la falta de documentación es una de las principales razones por las que algunos no fueron considerados en listas anteriores. “Este grupo de diciembre va a ser el grupo 23. Entonces, si en 22 grupos no me han pagado, lo más probable es que es un tema de información. Entonces, el fonavista y los herederos deben preocuparse en acercar esta información a la Secretaría Técnica: los certificados de trabajo, las boletas, información que pueda ayudar a que se pueda incorporar al proceso del grupo de fin de año”.

Reintegro 5 Fonavi, vía Banco de la Nación: pagos y beneficiarios

El proceso de devolución continúa con el Reintegro 5, que ya se viene pagando desde el 14 de mayo a nivel nacional. Este grupo incluye a exfonavistas que ya habían recibido montos parciales en listas anteriores, específicamente del 1 al 19.

Según lo establecido por la Comisión Ad Hoc, los pagos se destinan a beneficiarios con condiciones específicas. “Este quinto grupo lo conforman todas aquellas personas que hayan salido en un grupo de pago del 1 al 19 y que hayan cumplido 68 años de edad al 31 de mayo del 2026 o quienes hubieran cumplido 88 años al 31 de mayo del 2026”.

Además, se incluyen personas con discapacidad, pensionistas de invalidez o casos de enfermedades graves debidamente acreditadas, de acuerdo con los criterios oficiales del padrón aprobado.

También se recomendó a los beneficiarios verificar previamente su inclusión antes de acercarse a cobrar. Por ello, antes de ir a cobrar primero ingresen a la página web: www.fonavi-st.gob.pe. Ahí coloquen el DNI del titular fonavista y una vez que hayan verificado que está en la relación recién pueden acercarse al Banco de la Nación.

La PAST será una plataforma digital única que permitirá integrar información previsional, facilitar la elección de régimen y ejecutar traslados entre sistemas. Además, funcionará bajo estándares de seguridad, interoperabilidad y protección de datos personales, con el objetivo de brindar procesos más eficientes, transparentes y trazables para los afiliados.

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PAST: plataforma única para afiliación, elección y traslado previsional

La Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST) será el sistema central donde se concentrará toda la información relacionada con afiliaciones, aportes y cambios de régimen previsional. Su finalidad es simplificar el acceso de la ciudadanía a los servicios del sistema de pensiones.

La herramienta permitirá que se realicen procesos de elección, afiliación y traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Además, operará bajo la gestión de la ONP, con gobernanza conjunta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), garantizando el intercambio de información en tiempo real.

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Convenios SBS–ONP y gobernanza digital del sistema previsional

La SBS explica que los acuerdos firmados con ONP buscan fortalecer la articulación del sistema previsional mediante la creación de mecanismos de coordinación y el intercambio de información entre ambas entidades. “El acuerdo marco busca establecer los mecanismos y dinámicas de gobernanza producto de una mayor interacción entre la SBS y la ONP, mientras que el convenio específico busca garantizar el intercambio seguro y en tiempo real de información entre ambas entidades”.

Además, la implementación de la PAST se sustenta en estos dos convenios, uno de coordinación institucional y otro operativo de intercambio de información, con una vigencia inicial de tres años.

Esto significa un avance en la reforma previsional, al mejorar la interoperabilidad entre entidades públicas y privadas del sistema de pensiones. La SBS precisa que “estos acuerdos constituyen uno de los principales hitos en la implementación de la reforma previsional orientada a fortalecer la interoperabilidad entre las entidades públicas y privadas vinculadas al sistema de pensiones”, destacando su impacto en la modernización del sistema.

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Modernización del sistema previsional y enfoque en el ciudadano

La PAST se enmarca dentro de la reforma previsional impulsada por la Ley N.° 32123. También incluye la implementación del Pilar Semicontributivo.

“La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá brindar a los ciudadanos procesos de afiliación y traslados más seguros, transparentes y eficientes. Con la PAST estamos construyendo una plataforma moderna que fortalece la confianza de las personas en el sistema previsional y mejora la calidad de los servicios públicos digitales”, destacó el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacsa.

Seguridad, trazabilidad y supervisión del sistema previsional

El diseño de la PAST incorpora principios de seguridad de la información, confidencialidad y trazabilidad en cada proceso, asegurando que las decisiones de afiliación o traslado queden registradas y puedan ser verificadas.

En esa línea, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, explicó el alcance del modelo de implementación y control del sistema. “La reforma plantea un sistema previsional más integrado y transparente. Estos convenios nos permiten asegurar que los puntos operacionales de contacto, el intercambio de información y los procesos de elección, afiliación y traslado se desarrollen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los afiliados”, puntualizó.

La protesta se realizó desde las 9:30 a.m. en la Plaza San Martín y reune a dirigentes sindicales y trabajadores de distintas entidades estatales. El gremio sostiene que el Ejecutivo viene retrasando las negociaciones y no garantizan los recursos presupuestales que permitan concretar aumentos salariales y bonos.

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José Luis Sandoval, vocero del FTEP, señaló a La República que las conversaciones con el Gobierno avanzan lentamente y cuestionó que los acuerdos alcanzados en los últimos años no se hayan cumplido completamente. “Sin espacio fiscal no negociamos nada, todo lo que puede hacerse en el papel es papel muerto”, afirmó.

Gremios cuestionan retrasos del MEF en negociación colectiva

Por su lado, el dirigente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), Winston Huamán, aseguró a este diario que la movilización convocada responde al incumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo durante las mesas de diálogo con los gremios sindicales. “Nos reunimos con el señor presidente el 17 de marzo y después nos hemos vuelto a reunir en abril. (...) Nos ofrecieron el espacio fiscal que debía estar hasta la primera semana de mayo”, declaró Huamán.

Sin embargo, sostuvo que hasta la fecha el Gobierno no ha informado cuánto presupuesto destinará para atender las demandas laborales de los trabajadores estatales.

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“Ha pasado la primera semana de mayo y no hay ninguna respuesta del espacio fiscal. Por esta razón hemos decidido ir todos los trabajadores del Estado al Ministerio de Economía”, señaló.

El dirigente sindical indicó que los gremios esperan que el Ejecutivo asigne al menos S/1.500 millones para avanzar en la negociación colectiva centralizada. Huamán también cuestionó el impacto del incremento del costo de vida en los servidores públicos y afirmó que los salarios actuales resultan insuficientes frente al precio de la canasta básica familiar.

“La canasta familiar ya supera los S/1.800. ¿Qué va a hacer un trabajador con S/1.130 de remuneración mínima?”, manifestó.

FTEP exige presupuesto para negociación colectiva del sector público

Uno de los principales reclamos del gremio es que el Ejecutivo destine el presupuesto correspondiente para la negociación colectiva centralizada del sector público. Según Sandoval, el monto permitiría negociar incrementos salariales, bonos y otros beneficios laborales para los trabajadores estatales. El dirigente aseguró que en años anteriores el presupuesto asignado fue menor y que los beneficios obtenidos se han reducido progresivamente. “Normalmente el primer bono que logramos fue de S/600 y la última vez el bono fue de S/100 ”, indicó.

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El vocero del FTEP también acusó al Ejecutivo de dilatar las negociaciones mediante reuniones prolongadas y sin definiciones presupuestales claras. En esa línea, sostuvo que el Gobierno sí cuenta con recursos, pero evita transparentar el margen fiscal disponible durante las mesas de diálogo.

Gremio denuncia pérdida del poder adquisitivo y cuestiona prioridades de gasto

Durante la entrevista, Sandoval afirmó que los trabajadores estatales han sufrido una fuerte pérdida del poder adquisitivo en los últimos años debido al aumento del costo de vida y la inflación.

“Antes de la pandemia hemos perdido el poder adquisitivo en más del 69%”, aseguró. Además, cuestionó que el Gobierno contemple millonarias compras de equipamiento militar mientras, según dijo, no destina mayores recursos a las demandas laborales del sector público.

“¿Cómo hay plata para compras faraónicas cuando tenemos necesidades como la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores tenemos?”, manifestó.

La movilización convocada por el FTEP busca presionar al Ejecutivo para acelerar las negociaciones colectivas y garantizar mayores recursos para los trabajadores estatales.

“No se muestra voluntad del gobierno de entregar el espacio fiscal”

En este contexto, un oficio circular difundido por el Consejo Ejecutivo Nacional de la CITE revela el malestar de los gremios sindicales tras la novena sesión de la Mesa de Negociación Centralizada.

En el documento, las organizaciones señalan que el Gobierno no muestra mayor voluntad para la negociación colectiva del periodo 2026-2027.

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El gremio también exhortó a sus bases en regiones a dirigir las protestas hacia las oficinas del Conectamef y presentar documentos exigiendo mayores recursos para la negociación colectiva. “Que el MEF entregue a la brevedad posible el ESPACIO FISCAL, que garantice una verdadera Negociación Colectiva Centralizada y Descentralizada 2026-2027”, indica el oficio.

La circular fue enviada a sindicatos y federaciones de trabajadores estatales como la FETRAMUNP, FENTUP, FENUTSSA, SUTEP y otros gremios del sector público, en el marco de la jornada nacional convocada para este 19 de mayo.

MEF reafirma diálogo con trabajadores estatales ante movilización

Ante la convocatoria de los gremios estatales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó este 18 de mayo un comunicado en el que reafirma su disposición al diálogo con las organizaciones sindicales y aseguró que continuará evaluando mecanismos para mejorar las condiciones laborales en el sector público.

“El MEF reitera su disposición permanente al diálogo y al trabajo conjunto, en el marco del respeto a los derechos laborales y la sostenibilidad fiscal”, señaló la entidad.

Asimismo, el ministerio indicó que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad contra normas vinculadas a mejoras remunerativas y bonificaciones para trabajadores estatales aprobadas por el Congreso.

“El MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, indicó el comunicado.

La entidad también sostuvo que continuará evaluando “mecanismos responsables y sostenibles” que permitan avanzar progresivamente en mejoras para los servidores públicos, “preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país”.

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No obstante, el dirigente de la CITE advirtió que la protesta se mantendrá pese al reciente comunicado en el que la entidad reafirmó su disposición al diálogo con los sindicatos. “Eso no va a paralizar la marcha”, afirmó el representante sindical.

Según detalló, la movilización contará con la participación de trabajadores de ministerios, gobiernos regionales, municipios, universidades públicas y otros sectores de la administración estatal.

La herramienta busca responder al creciente uso de pagos digitales entre menores y ofrecer a las familias una forma más segura de administrar el dinero de sus hijos. La empresa informó que el perfil estará vinculado al del adulto responsable, quien podrá monitorear movimientos, revisar saldos y gestionar la cuenta desde su propio celular.

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¿Qué podrán hacer los menores con Yape Hijos?

Con esta nueva modalidad, los usuarios menores de edad podrán enviar y recibir dinero, pagar y cobrar con código QR, realizar recargas de celular y cargar saldo para el Metropolitano y corredores complementarios.

Sin embargo, el sistema contará con límites predefinidos: los menores podrán enviar hasta S/500 diarios y recibir un máximo de S/1.000 mensuales. Estos montos no podrán modificarse.

Además, tendrán acceso a Aprende con Yape, un espacio orientado a fomentar la educación financiera y el uso responsable del dinero desde edades tempranas.

“Con Yape Hijos buscamos que los menores vayan ganando autonomía financiera de forma gradual”, señaló Micaela Elías, gerente de Propuesta de Valor de Pagos de Yape.

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Padres podrán supervisar movimientos y administrar hasta cinco cuentas

La aplicación permitirá que madres y padres administren hasta cinco perfiles “Hijos” desde una misma cuenta principal. También podrán revisar movimientos recientes y eliminar la cuenta cuando lo consideren necesario.

Como medida de seguridad, los yapeos realizados desde la cuenta del menor mostrarán únicamente el nombre del adulto responsable y no el del hijo.

¿Cómo activar Yape Hijos?

Para habilitar esta función, el adulto debe contar con una cuenta Yape adicional, aparte de su cuenta principal, y descargar la aplicación en el celular del menor.

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En caso de no tener una cuenta extra, deberá crearla utilizando otro número de celular y un correo electrónico distinto. Luego, desde la sección 'Hijos', podrá seleccionar la cuenta, asignarle un apodo interno e ingresar la fecha de nacimiento del menor para completar la migración.

La empresa precisó que los usuarios de Yape con cuenta BCP podrán crear las cuentas adicionales directamente desde la aplicación. En cambio, quienes usan Yape solo con DNI deberán acercarse a una agencia del Banco de Crédito del Perú para abrir la cuenta que será vinculada al perfil del menor.

En 2025, eso se empieza a quedar atrás. La expansión de la conectividad móvil y el mayor acceso a smartphones han cambiado el panorama digital del país, al punto de que el acceso a internet en hogares rurales prácticamente se duplicó en solo seis años.

De acuerdo con la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2025 de Osiptel, el 85,8% de hogares rurales ya cuenta con acceso a internet, ya sea mediante conexión fija o móvil. En 2019, esa cifra era de apenas 41,5%.

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Este avance representa uno de los crecimientos más acelerados registrados en el sector telecomunicaciones durante la última década y evidencia cómo el internet dejó de ser un servicio concentrado en Lima y las grandes ciudades para extenderse progresivamente hacia localidades alejadas.

A nivel nacional, el acceso a internet también mostró un crecimiento sostenido. En 2025, el 96% de hogares peruanos dispone de conexión, frente al 76,2% registrado en 2019.

Internet móvil impulsó el crecimiento en regiones rurales

Según el informe, el principal motor de esta expansión ha sido el internet móvil. En el ámbito rural, el acceso a internet móvil alcanzó el 83,4% en 2025, muy por encima del 37,8% reportado en 2019.

En paralelo, el acceso a smartphones también avanzó con fuerza. Hace seis años, solo el 30,7% de personas en zonas rurales tenía un teléfono inteligente; hoy la cifra llega al 63%. En hogares rurales, la presencia de smartphones alcanza incluso el 85%.

Para Osiptel, este comportamiento refleja que los dispositivos móviles se han convertido en la principal puerta de entrada al ecosistema digital, especialmente en zonas donde todavía existen limitaciones para desplegar infraestructura fija.

La encuesta también revela que el 97,2% de hogares peruanos ya cuenta con al menos un dispositivo móvil para conectarse a internet.

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El crecimiento de la conectividad no solo se refleja en el acceso, sino también en el uso cotidiano del internet. Actualmente, el 64% de personas mayores de 12 años en el ámbito rural utiliza internet, más del doble que en 2019, cuando el indicador era de 29,3%.

A nivel nacional, el uso de internet alcanzó al 83,2% de la población mayor de 12 años en 2025.

Las principales actividades digitales siguen siendo el uso de redes sociales, la mensajería instantánea y la búsqueda de información. Sin embargo, el informe muestra una creciente incorporación de servicios más complejos, como la banca electrónica, compras por internet y herramientas de inteligencia artificial.

Uno de los datos más llamativos es el avance de las billeteras digitales. Más del 62% de peruanos ya utiliza aplicaciones como Yape o Plin, mientras que el 96,8% de usuarios de billeteras digitales usa Yape como principal plataforma.

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Internet en Perú: la brecha digital empieza a reducirse

El informe también evidencia un avance importante en los sectores de menores ingresos. En los hogares pertenecientes al segmento socioeconómico D y E, el acceso a internet pasó de 12,8% en 2012 a 93,7% en 2025.

Además, Osiptel destaca que el acceso a internet en el Perú se habría quintuplicado en los últimos 13 años, impulsado por la expansión de redes móviles y la masificación de dispositivos inteligentes.

Pese a los avances, todavía persisten retos vinculados a la calidad del servicio y a la inclusión digital. Aunque la cobertura aumentó considerablemente, muchas zonas rurales continúan dependiendo exclusivamente del internet móvil y presentan limitaciones de velocidad o estabilidad.

Aun así, la transformación es evidente. Lo que hace pocos años era una herramienta limitada a ciertos sectores urbanos ahora forma parte de la vida diaria de millones de familias en todo el Perú, desde actividades educativas y laborales hasta pagos digitales.

El ascenso al top 10 implica un retroceso en términos de simplificación del entorno empresarial, luego de tres años consecutivos de mejora entre 2023 y 2025. El informe señala que el análisis mide el nivel de dificultad para operar en cada país, considerando el costo de cumplimiento normativo para empresas locales y extranjeras.

En este contexto, el estudio GBCI 2026 destaca que la complejidad en Perú está fuertemente vinculada a los procesos de digitalización aplicados al cumplimiento regulatorio. La implementación de nuevas plataformas y exigencias digitales por parte de las autoridades obliga a las empresas a adaptar constantemente sus sistemas internos, especialmente en materia de reportes y gestión administrativa.

Sin embargo, el informe también subraya que esta misma digitalización puede generar mejoras en la eficiencia operativa cuando es adoptada adecuadamente, al permitir una mayor automatización de trámites y una interacción más ordenada con las entidades regulatorias.

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GBCI 2026: digitalización aumenta complejidad empresarial en Perú

El GBCI 2026 identifica la digitalización como el principal factor que incrementa la complejidad en Perú. Aunque el país impulsó las plataformas de comercio electrónico y herramientas digitales para facilitar el acceso de las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) a mercados más amplios, este proceso también ha elevado las exigencias regulatorias.

Uno de los puntos es que la implementación de nuevos sistemas digitales obliga a las empresas a actualizar constantemente sus mecanismos de cumplimiento. Además, la coexistencia entre trámites digitalizados y procedimientos que aún requieren presencia física genera una doble dinámica operativa que dificulta la eficiencia empresarial.

El informe también destaca que el 58% de las naciones ya exige facturación electrónica, frente al 54% del año anterior. Este avance hacia la contabilidad electrónica refuerza el control de las autoridades, pero incrementa la carga de cumplimiento para las empresas que operan en estos entornos.

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Perú, el sexto país más complejo de América Latina para hacer negocios

En el ranking global del GBCI 2026, Perú ocupa el puesto 10 entre 81 países evaluados. En el contexto regional, se ubica como el sexto país más complejo de América Latina, por detrás de México, Brasil, Colombia, Bolivia y Argentina.

Este posicionamiento refleja que, pese a mejoras previas en años anteriores, el país aún mantiene un entorno regulatorio exigente para la operación empresarial. El informe resalta que el análisis no solo considera el atractivo económico, sino el nivel de carga operativa que enfrentan las compañías al cumplir con normativas.

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Digitalización y complejidad empresarial en Perú, según el GBCI 2026

El estudio del GBCI analiza 292 indicadores por economía, incluyendo contabilidad e impuestos, regulación laboral y gestión de entidades legales. Estos elementos permiten medir el nivel de complejidad que enfrentan tanto empresas locales como inversionistas internacionales.

Según Geraldo Arosemena, Country Head para Perú y Bolivia de TMF Group, la digitalización representa tanto un desafío como una oportunidad. Señala que “cuando las empresas logren adoptar con éxito las herramientas digitales, podrán agilizar las presentaciones, aclarar las obligaciones y simplificar las interacciones con las autoridades”. Sin embargo, enfatiza que el beneficio dependerá de la capacidad de las empresas para invertir en tecnología, cumplimiento y procesos eficientes.

Perú frente a Colombia, Bolivia y Argentina en complejidad para hacer negocios

Perú, en el puesto 10 del GBCI 2026, comparte con Colombia, Bolivia y Argentina un entorno empresarial complejo, pero con una diferencia en el origen de esa complejidad. En el caso peruano, la principal presión proviene de la digitalización del cumplimiento regulatorio, que obliga a las empresas extranjeras a actualizar constantemente sus sistemas y procesos para atender exigencias fiscales, contables y administrativas. Esto genera una complejidad principalmente operativa y tecnológica, donde la adaptación digital es determinante.

En contraste, Colombia, Bolivia y Argentina enfrentan una complejidad más ligada a factores regulatorios, estructurales y macroeconómicos. Colombia se caracteriza por cambios tributarios frecuentes y mayores exigencias de reporte; Bolivia, por la baja digitalización, la burocracia presencial y la escasez de divisas; y Argentina, por la inestabilidad normativa y las restricciones cambiarias que afectan la planificación empresarial.

En conjunto, Perú se sitúa en un punto intermedio: comparte elementos de presión regulatoria y operativa con sus pares, pero sin la combinación más extrema de inestabilidad y restricciones que se observa en otros mercados. Su principal diferencia es que la complejidad está más asociada a la transformación digital del cumplimiento, lo que, pese a las dificultades, también puede generar eficiencias si las empresas logran adaptarse adecuadamente.

Top 10 de países más complejos

1. Grecia
2. México
3. Brasil
4. Francia
5. Turquía
6. Colombia
7. Bolivia
8. Italia
9. Argentina
10. Perú

El dato fue expuesto por Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos y exdirector de Petroperú, durante el primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético organizado por el Grupo La República. "En lugar de hacer una masificación agresiva que en cinco años casi podría duplicar los clientes que tiene Lima con el resto del Perú, hemos ido por el camino largo de un estimado de 20 años, porque le damos el precio promocional solo a los pequeños consumidores", afirmó. "Un tremendo error del Congreso que nos puede costar la masificación del gas hacia el mercado interno."

La mecánica del problema es concreta. La tarifa promocional —la que hace rentable conectarse a la red de gas en lugar de seguir comprando balones— se aplica únicamente a usuarios pequeños. Los medianos consumidores, como comercios, pequeñas industrias y empresas de transporte regional, quedan fuera. Sin esa tarifa, el negocio de expandir la red fuera de Lima no cierra para ningún distribuidor privado. Y sin inversión privada, la red no crece.

El gas es del Cusco pero sus beneficios son de Lima

Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, puso en perspectiva la deuda que eso representa para las regiones productoras. "El sur del Perú sigue esperando el gas. ¿Y qué de los ahorros que podrían darse en Cusco, en Arequipa, en Huancavelica, en Ayacucho?", preguntó durante el foro. El gas de Camisea es extraído del Cusco, transportado a Lima y desde allí enviado en parte a la exportación. Las regiones que están encima del yacimiento más grande del país son las que menos se benefician de él.

El resultado es la fotografía actual: Trujillo tiene poco más de 25 mil conexiones de gas natural. Arequipa, apenas 12 mil. "Deberíamos estar hablando de millones de conexiones fuera de Lima, no de miles", dijo Gamio.

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, aportó el contraste que mejor dimensiona el costo de esa inequidad. Cuando la rotura del ducto de Camisea en Megantoni paralizó el suministro durante trece días en marzo pasado, las pérdidas económicas fueron de entre tres mil y cinco mil millones de dólares. Eso con solo Lima afectada. Eso con solo dos semanas de desabastecimiento. "En cualquier momento se acaban los recursos de Camisea como recurso adicional para generación eléctrica y tenemos que usar petróleo", advirtió.

La masificación fuera de Lima no depende únicamente de encontrar nuevas reservas ni de construir infraestructura nueva de inmediato. Hay alternativas en marcha que demuestran que es posible avanzar. En Huancavelica se está construyendo una planta de gas. El distribuidor de Lima tiene sobre la mesa un proyecto para extender la red hacia siete regiones de la sierra andina, incluyendo Huancayo, Ayacucho y Puno. "Esa sería una fórmula que ayudaría a acelerar la masificación generando oportunidades en los ciudadanos de esas ciudades", señaló Gamio.

Lo que falta, según los tres especialistas, es una decisión política que ningún gobierno ha tomado con seriedad: extender la tarifa promocional a todos los consumidores, no solo a los más pequeños, para que la expansión de la red sea económicamente viable fuera de Lima.

En plena campaña de segunda vuelta, ninguno de los dos candidatos ha presentado una propuesta concreta sobre masificación regional del gas.

El próximo foro del ciclo Perú: Futuro Energético abordará el futuro de Petroperú.

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El predictamen agrupaba 13 proyectos de ley y planteaba dejar sin efecto la norma bajo el argumento de evitar una eventual privatización de la empresa estatal. Entre los impulsores de la iniciativa figuraba el actual presidente de la comisión, José María Balcázar, quien presentó la propuesta cuando aún era congresista.

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El texto sostenía que la derogatoria del DU 010-2025 buscaba 'fortalecer la soberanía energética del país' y evitar que la petrolera quede sujeta a mecanismos vinculados a la promoción de inversión privada. Además, proponía restituir disposiciones que excluyen a Petroperú de ciertos esquemas de participación privada.

La discusión sobre el decreto ya había sido abordada hace dos semanas en la Comisión de Energía y Minas, cuando se decidió postergar la votación para escuchar las posiciones de los actores involucrados.

En ese contexto, el último martes 12 se realizó una mesa de trabajo en la que participaron representantes del sector energético y el presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, quien expuso la situación financiera de la compañía y defendió la necesidad de avanzar con la reestructuración. Tras ese debate, la comisión retomó el predictamen, que finalmente no alcanzó los votos necesarios para prosperar.

El primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético de La República reunió este lunes a tres exfuncionarios del sector energético que trazaron un escenario que los equipos técnicos de ambos candidatos deberían leer con urgencia. Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos; Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas; y Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, coincidieron en un diagnóstico sin matices: el Perú tiene gas para diez años y no está haciendo nada para encontrar más.

Estas son las preguntas concretas que el debate de segunda vuelta debería responder.

Primero, ¿qué harán con el contrato de exportación de Perú LNG que vence en 2028? El siguiente gobierno asumirá en julio. En menos de dos años deberá decidir si renueva ese contrato —que destina parte del gas peruano al mercado asiático— o lo usa para garantizar el abastecimiento interno. Es la decisión energética más importante de la próxima década y ningún candidato la ha mencionado.

Segundo, ¿cómo van a reactivar la exploración? El Perú pasó de tener más de 80 contratos de exploración activos a no llegar este lunes a dos dígitos. Sin nuevas reservas, el mercado interno quedará desabastecido antes de que termine el próximo quinquenio. Explorar toma al menos 10 años desde la decisión hasta la producción. El tiempo para actuar es ahora.

Tercero, ¿qué harán con la masificación? El 80% o 90% de los usuarios de gas natural está en Lima. El sur, el norte y el centro del país siguen esperando. Un error del Congreso condenó ese proceso a 20 años en lugar de cinco. ¿Lo van a corregir?

Cuarto, ¿tienen un plan energético de largo plazo? No de cuatro años. De 30. Porque cualquier inversión en el sector exige garantías de suministro por ese plazo, y este miércoles TGP solo tiene concesión hasta 2033.

El 7 de junio los peruanos eligen presidente. Sería útil saber si alguno de los dos sabe cuánto gas le queda al país.

En paralelo, la inversión prevista en el sector subió de 61,8 a 66,7 puntos, lo que refleja un mayor optimismo para ejecutar proyectos de infraestructura, inmobiliarios y obras privadas durante los próximos meses.

En este escenario, el perfil profesional que buscan las constructoras también está cambiando. Patricio Zapata, especialista de Graphisoft, señaló a La República que las empresas ya no priorizan únicamente la experiencia operativa tradicional, sino que empiezan a valorar competencias vinculadas a la transformación digital y la gestión eficiente de proyectos.

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'Hoy día necesitamos gente que entienda que esa es la manera de proyectar y que comprenda el valor de la información que se incorpora en los modelos digitales, porque eso finalmente produce ahorro y reduce errores', explicó el especialista al referirse al uso de metodologías BIM en construcción.

Empleos en sector construcción: competencias digitales y modelado BIM

Zapata señaló que una de las habilidades más requeridas actualmente es la capacidad de desenvolverse en entornos digitales y trabajar con metodologías BIM, herramientas que permiten integrar información geométrica, técnica y de gestión dentro de un mismo modelo virtual.

Según explicó, este tipo de tecnología facilita la detección de errores y colisiones antes de iniciar la obra, lo que ayuda a reducir sobrecostos y retrasos. 'Hoy la mayor parte de la gente de la construcción entiende que por ahí se puede ahorrar muchísimos recursos', sostuvo.

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En esa línea, indicó que las empresas buscan perfiles con conocimientos en modelado digital, interoperabilidad, coordinación multidisciplinaria y gestión de información en tiempo real mediante plataformas especializadas como Archicad.

El especialista precisó que, pese al avance tecnológico, la experiencia en obra continúa siendo altamente valorada dentro del sector. Sin embargo, remarcó que ahora debe complementarse con capacidades de gestión y visión tecnológica.

'La experiencia práctica sigue siendo importante, pero también con un poquito de visión en cuanto a lo que la tecnología puede ayudar y acelerar los procesos', afirmó.

Añadió que las constructoras priorizan perfiles capaces de optimizar tiempos, recursos y procesos, en un contexto donde los retrasos y sobrecostos siguen siendo uno de los principales desafíos de la industria.

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Innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial

Para Zapata, el sector construcción atraviesa un proceso de modernización donde la innovación y la sostenibilidad empiezan a tener un rol central. En ese contexto, consideró que los futuros profesionales deberán incorporar habilidades relacionadas con automatización, análisis de datos e inteligencia artificial.

'Definitivamente inteligencia artificial, antes de que nos deje sin trabajo, tenemos que empezar a entenderla y dominarla', comentó.

Asimismo, recomendó fortalecer habilidades blandas como la comunicación y el trabajo colaborativo, debido a que gran parte de los problemas dentro de la construcción está asociada a fallas de coordinación entre equipos.

Finalmente, el especialista consideró que las universidades deben adaptar sus planes de estudio e incorporar herramientas digitales y metodologías BIM dentro de la formación práctica de los estudiantes.

'Estas herramientas no deben enseñarse en frío, sino para resolver problemas reales. Si la universidad sigue creyendo que la práctica tradicional es suficiente, está sumamente equivocada', concluyó.

Durante un mitin en Villa El Salvador, planteó elevar la remuneración mínima vital (RMV) de S/1.130 a no menos de S/1.500 desde el 28 de julio del 2026, además de duplicar el subsidio del programa Pensión 65.

Sánchez sostuvo que la recuperación económica debe estar directamente vinculada con la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento del empleo formal. En ese contexto, anunció el relanzamiento de un programa nacional enfocado en “Hambre Cero” y “Anemia Cero”.

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“La recuperación económica, el fomento del empleo tiene que ver con la lucha contra la pobreza”, señaló.

El también excongresista afirmó que el incremento del sueldo mínimo responde a una necesidad postergada durante años y beneficiaría a millones de trabajadores en el país. “La gran primera medida (...) es elevar a todos los trabajadores del Perú la remuneración mínima vital de S/1.130 a no menos de S/1.500 nuevos soles desde el 28 de julio”, indicó.

Propone universalizar Pensión 65

En materia social, Sánchez cuestionó el monto actual que entrega el programa Pensión 65 y señaló que los S/250 bimestrales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores en situación vulnerable.

“¿Ustedes creen que 250 soles alcanza para dos meses como una compensación económica a un adulto mayor? ¡No!”, expresó.

Frente a ello, propuso universalizar el acceso al programa para todas las personas mayores de 65 años y aumentar el subsidio de S/250 a S/500. “No solamente vamos a hacer universal ese derecho (...) sino que además vamos a duplicar de 250 a 500 soles ese subsidio”, afirmó.

Sánchez también criticó la falta de atención estatal hacia los adultos mayores y señaló que existe un “Estado poco solidario” frente a las necesidades de la población más vulnerable.

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Sánchez anuncia a Pedro Francke como jefe de su equipo económico

El candidato presidencial Roberto Sánchez informó que el economista Pedro Francke asumirá la coordinación de su equipo económico de cara a la campaña electoral.

“No ha podido estar hoy día Pedro Francke, que está asumiendo la coordinación del equipo económico, y hemos evaluado y estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica y la factibilidad económica y presupuestaria para subir la remuneración mínima vital a 1.500 soles”, señaló Sánchez.

El último domingo 17 de abril, el candidato presidencial había adelantado su propuesta de elevar el sueldo mínimo, además de impulsar programas sociales orientados a combatir la pobreza en el país.

Cabe recordar que Pedro Francke integró el equipo técnico del expresidente Pedro Castillo durante la campaña electoral de 2021 y posteriormente se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas tras la llegada de Castillo al Gobierno.

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