(...) Yo lo veo en el sentido de que los congresistas estaban muy preocupados por tratar de congraciarse con sus electores, aprobando gastos sin financiamiento y no les importó aprobar leyes que claramente vienen en contra de la Constitución, en el sentido de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Desafortunadamente, el Tribunal Constitucional validó esto en su momento.

Diría que hay una responsabilidad compartida, tanto a nivel del Congreso pasado como del Tribunal Constitucional. Había cuentas totalmente claras de que se estaba transgrediendo la Constitución al aprobarse iniciativas de gasto. Lo responsable de lo que está haciendo el MEF es plantear la inconstitucionalidad de las leyes que implican un aumento de gasto público sin decir cómo se iban a financiar. Es la antielección de la política fiscal: uno no puede aprobar gastos sin tener una fuente de ingresos.

Además, no solo se aprobaron gastos sin financiamiento, sino que en aquellos donde había financiamiento, se pretendía usar ingresos temporales para cubrir gastos permanentes, como el aumento del impuesto a la renta por el alza del precio de los metales. Pensar que los altos precios de los metales son para siempre e intentar financiar gastos permanentes con ingresos temporales es definitivamente irresponsable.

— Ante esta irresponsabilidad en la aprobación de leyes populistas sin financiamiento, ¿por qué los anteriores gabinetes ejecutivos no actuaron a tiempo para frenar este desbalance fiscal? 

La responsabilidad no solamente viene del Congreso anterior [...], sino también del anterior Poder Ejecutivo. Cuando se aprobaron estas leyes abiertamente inconstitucionales, no se planteó en su momento las acciones correspondientes. Al no hacerlo, al tener una inactividad absolutamente marcada, esa pasividad es parte del problema.[...] Se tiene que mostrar señales de que efectivamente hay un problema con leyes que fueron aprobadas por el Congreso y que son claramente inconstitucionales.

— Si el TC termina anulando estas leyes impulsadas por el propio Parlamento, ¿cómo impactará esto en la legitimidad del Gobierno frente a gremios como los docentes, los policías o el personal CAS, que se beneficiaban de estas normas?

El problema que veo es que no hay muchas opciones. Se aprobó un aumento de gasto permanente y el aumento de ingresos que debería financiar este nuevo gasto debería tener la misma condición de permanencia, pero eso no es lo que sucede. Hay un elemento adicional: se necesita que el Gobierno tenga credibilidad, y la credibilidad en la parte económica va de la mano con la actitud de tomar acciones para corregir un error lamentablemente vivido.

— De cara a la formulación del Presupuesto Público, ¿qué salidas técnicas y legales le quedan al gobierno frente a este paquete de medidas impulsado por el Congreso?

El Poder Ejecutivo tiene que presentar los proyectos de ley de equilibrio presupuestal y endeudamiento, junto a la actualización del Marco Macroeconómico Multianual. En la formulación del Presupuesto debe haber claridad en cómo enfrentar aquellas soluciones que ya están puestas, teniendo en cuenta que no hay retroactividad.

Todo este problema surge de haber aprobado iniciativas legislativas sin el respaldo correspondiente. Cuando el Ministerio de Economía plantea que la atención de estos gastos, como las gratificaciones CAS, se haga gradualmente, es porque no había otra opción; la presión de gasto al 100% resultaba inmanejable sin inyecciones presupuestales.

Además, ha habido una sentencia del TC donde se rectifica la posición sobre la iniciativa de gasto del Congreso. Sobre la base de ese fallo es que debe sostenerse la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad de estas cuatro leyes.

— Desde su experiencia al frente del MEF, ¿cómo explica que el Ministerio de Economía terminara cediendo terreno ante el Congreso en la aprobación de estas medidas sin sustento fiscal? 

Lamentablemente, el MEF se debilitó en los últimos años porque fue avasallado en sus competencias. Cuando fui ministro de Economía fui muy claro en decir que las competencias del MEF no se negocian, porque veía el riesgo de que el Congreso o algunos ministros impusieran acciones sin sustento fiscal. Al debilitarse institucionalmente el ministerio, se produjeron estas iniciativas legislativas inconstitucionales.

— El Consejo Fiscal advierte que la norma de maestros se asemeja a una "cédula viva". Como exministro, ¿considera que esta ley en particular era insostenible para la trayectoria fiscal del país? 

De hecho que sí, no solo en su parte cuantitativa sino cualitativa. Durante la administración del doctor Toledo se eliminó la llamada «cédula viva» porque generaba una presión fiscal insostenible sobre la caja del Estado. Establecer este sistema con la norma de maestros jubilados es una suerte de resucitar la cédula viva. El problema de fondo es la responsabilidad fiscal: no se puede aumentar el gasto si no está financiado, y mucho menos un gasto permanente con una fuente de financiamiento absolutamente temporal, como los precios de los metales. Ese es un conflicto que tiene que ser resuelto.

— En balance, ¿cómo se llegó a este escenario de riesgo fiscal? ¿Siente que la permisividad del Ejecutivo terminó por ceder el control al Congreso en la aprobación de estos gastos?

Esas fueron decisiones del Congreso pasado que implicaban un mayor gasto sin tener la iniciativa de gasto. El problema se profundizó porque el Poder Ejecutivo de aquel entonces no observó adecuadamente estas leyes en su momento, dejando al Congreso con un poder absolutamente desequilibrado y que ha puesto en problemas la situación fiscal del país. [...] No hay ninguna duda de que existe un desequilibrio fiscal a partir de lo que estamos comentando: no solamente se trata de que haya gasto nuevo sin financiamiento, sino de que el gasto es permanente y el financiamiento es absolutamente temporal. Y eso es un desequilibrio que se necesita revertir.

El Índice de Innovación Ciudadana (IIC) fue elaborado a partir de una encuesta a 1.000 personas de entre 18 y 45 años de la población urbana conectada a nivel nacional. La investigación buscó medir cómo los ciudadanos entienden, practican y aplican la innovación en su vida cotidiana.

Uno de sus principales resultados muestra que el 88% considera importante aprender cosas nuevas para su desarrollo personal, mientras que el 79% considera que puede mejorar las cosas en su trabajo o comunidad. Además, el 80% afirma haber aprendido algo nuevo por iniciativa propia durante el último año.

La disposición al aprendizaje, sin embargo, no se traduce necesariamente en una mayor capacidad de ejecución. Según el estudio, solo el 49% actúa frecuentemente para implementar una idea de mejora. Otro 34% señala que lo hace ocasionalmente y 14% reconoce que casi nunca lleva sus ideas a la práctica.

El resultado plantea una diferencia entre tener iniciativa para aprender o identificar problemas y contar con las condiciones necesarias para desarrollar una solución. Para Jorge Bossio, director de Innovación Educativa e Internacionalidad de la UPC-Laureate Perú, el desafío está en generar experiencias de aprendizaje vinculadas con problemas reales y proyectos aplicados.

"Los resultados muestran que el Perú no tiene un déficit de creatividad ni de ganas de aprender", sostuvo Bossio, quien consideró que la educación puede contribuir a reducir la distancia entre el conocimiento y su aplicación.

La colaboración todavía tiene espacio para crecer

La brecha no se limita a la ejecución individual. El estudio también identifica dificultades para trasladar la innovación hacia espacios colaborativos.

El 76% de los encuestados comparte con otras personas lo que aprende, mientras que el 70% afirma que propone mejoras en su trabajo o comunidad. No obstante, solo el 56% participa en proyectos colaborativos.

La diferencia adquiere relevancia cuando las ideas requieren más de una persona, conocimientos especializados o recursos para convertirse en una solución. En el ámbito comunitario, además, 33% de los encuestados afirma tener ideas que todavía no ha logrado implementar.

Para Bossio, la colaboración entre estudiantes, empresas, Estado, universidades y comunidades puede contribuir a que las iniciativas individuales encuentren espacios para desarrollarse.

Este punto también coincide con algunas de las debilidades que el Perú registra en mediciones internacionales. En el Índice Mundial de Innovación 2025 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el país ocupó el puesto 80 entre 139 economías. La posición resulta de indicadores que incluyen educación, investigación y desarrollo, infraestructura, actividad empresarial, generación de conocimiento y resultados tecnológicos.

El desempeño peruano presenta, además, una diferencia entre los recursos disponibles para innovar y los resultados obtenidos. En la medición de 2025, Perú ocupó el puesto 72 en insumos de innovación, pero el 91 en resultados de innovación, de acuerdo con la OMPI.

Perú mejora en capacidades, pero enfrenta dificultades para convertirlas en resultados

El Índice Mundial de Innovación permite observar que el reto de la ejecución no se limita al comportamiento de los ciudadanos. Perú registra una mejor posición relativa en capital humano e investigación, donde ocupa el puesto 42, mientras que presenta posiciones más bajas en sofisticación empresarial, resultados de conocimiento y tecnología.

Entre las principales debilidades identificadas por la OMPI aparece la colaboración entre universidades y empresas en investigación y desarrollo, indicador en el que Perú se ubica en el puesto 112. También figura en el puesto 93 en gasto bruto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI.

Estos indicadores muestran que transformar una idea en una innovación no depende únicamente de la creatividad individual. También intervienen el acceso a financiamiento, la formación, la infraestructura, la vinculación entre instituciones y las posibilidades de probar y escalar una solución.

El propio estudio identifica tres niveles de madurez innovadora: emergentes, en desarrollo y consolidados. Los ciudadanos ubicados en el último grupo presentan una mayor integración entre aprendizaje, colaboración y aplicación de ideas. Asimismo, el estudio encuentra una mayor presencia de educación superior, empleo formal y emprendimiento entre quienes muestran mayor madurez innovadora.

La primera medición del IIC coloca así el foco no solo en cuántas ideas existen, sino en qué ocurre después de que aparecen. Para la universidad, las prioridades pasan por una educación más vinculada con experiencias y desafíos reales, el fortalecimiento de comunidades de innovación y la creación de espacios en los que ciudadanos, empresas, universidades y organizaciones puedan trabajar conjuntamente.

El desafío para el país, en ese sentido, no sería únicamente generar nuevas ideas, sino conseguir que más de ellas encuentren las condiciones para ser probadas, desarrolladas y aplicadas.

Cusco concentró la mayor cantidad de recursos durante el primer semestre, con S/787,36 millones. Le siguieron Piura, con S/166,89 millones, y Loreto, con S/110,81 millones. Los montos fueron menores en Tumbes, con S/41,47 millones; Ucayali, con S/29,28 millones; y Puerto Inca, con S/2,36 millones.

La distribución responde a las reglas establecidas para cada jurisdicción. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisa que el canon y sobrecanon petrolero cuenta con una legislación específica para Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes y Puerto Inca, debido a las características de la explotación y de los recursos generados en cada zona.

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Junio registró transferencias por S/232,77 millones

En junio, Perupetro transfirió S/232,77 millones por canon y sobrecanon. Del total, aproximadamente S/173,66 millones correspondieron a Cusco; S/30,34 millones a Piura; S/16,37 millones a Loreto; S/7,58 millones a Tumbes; S/4,43 millones a Ucayali; y S/0,36 millones a Puerto Inca.

El resultado mensual se ubicó por debajo de los S/262,27 millones registrados en mayo. La diferencia entre ambos meses fue de S/29,50 millones. Las transferencias están vinculadas con la producción fiscalizada de hidrocarburos, por lo que el monto distribuido puede variar a lo largo del año según el nivel de actividad extractiva.

En el caso del canon gasífero, el MEF establece que los índices de distribución se calculan anualmente, mientras que los montos son determinados y pagados mensualmente por Perupetro.

La metodología también distingue entre los diferentes tipos de canon. El canon gasífero se conforma con el 50% del Impuesto a la Renta, el 50% de las regalías y el 50% de la participación del Estado en los contratos de servicios.

Para el canon y sobrecanon petrolero, el MEF señala que se constituye con el 12,5% del valor de la producción que obtiene el Estado por la explotación de petróleo, gas natural asociado y condensados en las jurisdicciones comprendidas por la legislación correspondiente. En Puerto Inca existe una regla diferenciada: el canon equivale al 10% del valor de la producción de hidrocarburos de esa zona.

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¿Cómo se distribuyen los recursos?

Los beneficiarios de estos recursos no son únicamente los gobiernos regionales. El esquema contempla también a gobiernos locales, universidades nacionales, institutos superiores tecnológicos y pedagógicos estatales y, en el caso del canon y sobrecanon petrolero, al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).

Para determinar los índices de distribución se utiliza información de distintas entidades públicas. Entre las variables consideradas figuran las proyecciones de población y los indicadores de pobreza elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), además de los datos de producción de hidrocarburos proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas.

Por ello, la transferencia no depende únicamente del volumen de petróleo o gas extraído en una determinada jurisdicción. La distribución incorpora también criterios territoriales y sociales establecidos en las normas que regulan cada modalidad de canon.

Para el ejercicio fiscal 2026, el MEF aprobó mediante la Resolución Ministerial N.° 100-2026-EF/50 los índices de distribución correspondientes a Piura y Tumbes, al canon por producción de petróleo y gas de Ucayali y al canon y sobrecanon petrolero de Loreto.

La existencia de reglas diferenciadas explica por qué no todas las regiones productoras reciben recursos bajo el mismo esquema. Piura y Tumbes, por ejemplo, cuentan con normas específicas para la distribución del canon y sobrecanon por la producción de petróleo y gas. Ucayali y Loreto tienen sus propios marcos legales para establecer los porcentajes destinados a gobiernos regionales, gobiernos locales y demás beneficiarios.

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Canon tiene restricciones para su uso

El acceso a estos recursos no implica libertad para destinarlos a cualquier gasto público. El marco legal del canon establece que los fondos deben orientarse principalmente al financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión y obras de infraestructura con impacto regional o local.

En el caso de las universidades nacionales, los recursos provenientes del canon gasífero deben utilizarse para investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las disposiciones que regulan su distribución. El objetivo es fortalecer capacidades de investigación vinculadas con el desarrollo de las regiones donde se genera la renta de los hidrocarburos.

Para los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos estatales beneficiarios del canon y sobrecanon petrolero, la transferencia se realiza a través del gobierno regional correspondiente. El MEF establece que estos recursos deben destinarse a los proyectos de inversión presentados por dichas instituciones.

La magnitud de las transferencias acumuladas durante el primer semestre se suma a los recursos que las zonas productoras han recibido durante las últimas décadas. Según Perupetro, desde 1993 el canon y sobrecanon generado por la producción de hidrocarburos ha acumulado más de S/47.300 millones en transferencias a nivel nacional.

El comportamiento de estos ingresos seguirá ligado a la actividad de gas y petróleo y a las reglas que determinan su distribución. Mientras Perupetro calcula mensualmente los recursos que corresponden por la producción fiscalizada, el MEF establece los índices aplicables a cada jurisdicción de acuerdo con el marco legal vigente.

Los casos abarcaron los sectores portuario, ferroviario, vial y aeroportuario y estuvieron relacionados con obligaciones previstas tanto en normas como en contratos de concesión. A diferencia de las penalidades contractuales, las sanciones son consecuencia de procedimientos administrativos iniciados por el regulador ante infracciones a obligaciones legales, técnicas o contractuales.

En su planificación institucional para 2026-2030, Ositrán prevé una mayor carga de expedientes vinculados con penalidades a concesionarios y señala que la incorporación de nuevas concesiones a su ámbito de supervisión incrementará las necesidades de fiscalización. Entre los proyectos considerados figuran el Anillo Vial Periférico, la Línea 2 del Metro de Lima y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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El sector portuario concentró el mayor monto sancionado durante el periodo. De los S/3.3 millones contabilizados, S/2.3 millones correspondieron a medidas aplicadas a operadores de terminales portuarios.

La mayor parte de ese monto estuvo relacionada con el incumplimiento de indicadores de niveles de servicio y productividad. Solo dos sanciones impuestas a APM Terminals Callao por estas obligaciones representaron S/2.27 millones.

Los indicadores de niveles de servicio y productividad forman parte de los compromisos que deben cumplir los operadores de infraestructura portuaria en el marco de sus contratos de concesión. En el mismo sector, Ositrán impuso una sanción de amonestación por el incumplimiento del Reglamento General de Tarifas.

La actividad sancionadora del organismo tiene antecedentes en ejercicios anteriores. En 2023, Ositrán reportó 46 sanciones firmes contra entidades prestadoras por un monto total de S/4.6 millones. El dato permite contextualizar el uso de estos procedimientos como parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas que operan infraestructura de transporte público.

Mantenimiento y operación del transporte ferroviario

El sector ferroviario y el Metro de Lima y Callao concentraron el segundo mayor monto de sanciones durante el trimestre, con S/925.320.

Dos de las medidas, aplicadas a Tren Urbano de Lima, estuvieron relacionadas con el incumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato de concesión de la Línea 1. En ambos casos, el origen estuvo en la falta de realización de la revisión general de motores de tracción conforme a lo establecido en el plan de mantenimiento.

El regulador también impuso una amonestación por la parada incorrecta de un tren. De esta manera, las medidas adoptadas en este sector estuvieron vinculadas tanto con obligaciones de mantenimiento como con aspectos de la operación del servicio ferroviario.

En las concesiones viales se registraron otras dos sanciones. Autopista del Norte recibió una medida por S/26.015 debido al incumplimiento de disposiciones relacionadas con la atención de reclamos y solución de controversias.

A su vez, Carretera Andina del Sur, anteriormente denominada Survial, fue sancionada con S/17.655 por incumplir una obligación prevista en el contrato de concesión relacionada con el no cobro de la tarifa de peaje en las unidades de Marcona y Pichirhua.

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Aeropuertos: sanciones y penalidades por obras

En el sector aeroportuario se registraron dos sanciones. Aeropuertos Andinos del Perú recibió una por S/31.790 debido al incumplimiento de una obligación relacionada con el concepto de liquidación correspondiente al cofinanciamiento operacional.

También se impuso una amonestación a Lima Airport Partners por el incumplimiento de una obligación prevista en su contrato de concesión, relacionada con la falta de limpieza e higiene en los pisos del terminal de pasajeros.

A estos procedimientos se sumó una penalidad de US$73.000 aplicada a Aeropuertos del Perú por el retraso en el avance de las obras de mejoramiento y rehabilitación del aeropuerto de Piura. En este caso, la medida deriva directamente de una obligación establecida en el contrato de concesión.

Penalidades en carreteras y Metro

Además de las sanciones administrativas, durante el segundo trimestre quedaron firmes penalidades derivadas de incumplimientos contractuales.

En el sector vial se registró una penalidad de S/149.800 contra la Sociedad Concesionaria Anillo Vial por la presentación fuera de plazo de documentación correspondiente al tramo 1 del proyecto.

En el Metro de Lima y Callao se consignó otra penalidad de S/5.500 contra la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 por la demora en la presentación del informe socioambiental mensual.

La diferencia entre ambos mecanismos radica en su origen. Mientras las sanciones se imponen como resultado de procedimientos administrativos por infracciones a obligaciones legales, técnicas o contractuales, las penalidades están establecidas en los propios contratos de concesión y se activan ante determinados incumplimientos pactados.

En el segundo trimestre de 2026 no se registraron penalidades firmes en el sector portuario, según la información de Ositrán.

En conjunto, los casos del periodo muestran que la supervisión de las concesiones comprende obligaciones de distinta naturaleza: desde indicadores de productividad y mantenimiento de infraestructura hasta atención de reclamos, disposiciones tarifarias, entrega de información y avance de obras. La variedad de incumplimientos refleja el alcance de las obligaciones que deben cumplir los operadores bajo los contratos y normas que regulan la infraestructura de transporte de uso público.

En cada una de estas fechas se tiene previsto bloquear 120.000 equipos. La medida está dirigida a celulares que no figuran en la lista blanca del Renteseg y que están vinculados con personas que anteriormente utilizaron equipos con el IMEI alterado.

El proceso forma parte de las acciones contra el comercio ilegal de celulares. Con los bloqueos programados para este mes, el número de equipos bloqueados entre enero y agosto de 2026 llegará a aproximadamente 2.4 millones. Desde abril de 2025, la cifra acumulada supera los 4.9 millones.

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¿Qué es un IMEI alterado?

El IMEI es el código único que identifica a cada celular en las redes móviles. Cuando ese número es modificado, clonado o alterado, el equipo puede perder su trazabilidad y dificultar la identificación de su origen. Este tipo de manipulación suele estar asociado al comercio ilegal de teléfonos robados o ingresados irregularmente al mercado.

El organismo regulador ha señalado en distintas campañas de seguridad que la alteración del IMEI afecta la efectividad de los sistemas de bloqueo de equipos sustraídos y complica las acciones de rastreo que realizan las autoridades y las empresas operadoras.

¿Para qué sirve el Renteseg?

El Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) concentra la información de los equipos considerados válidos para operar en el país. El sistema permite identificar celulares robados, clonados, con IMEI inválido o que no cumplen con los criterios establecidos para su habilitación en las redes móviles.

La información del registro es alimentada por las empresas operadoras y otras entidades autorizadas, lo que permite a la entidad ordenar bloqueos cuando detecta equipos que presentan inconsistencias o están vinculados con actividades irregulares.

Cómo verificar si tu IMEI coincide

Ante un aviso de bloqueo, lo recomendable es no esperar a que el equipo quede inhabilitado para iniciar el trámite. Los usuarios pueden comprobar si el IMEI que aparece al marcar *#06# coincide con el número impreso físicamente en la bandeja SIM, la parte posterior del equipo, debajo de la batería u otra zona identificada por el fabricante.

Si ambos códigos no coinciden, la operadora deberá realizar una validación adicional para determinar la situación del dispositivo. En caso de que la información sea consistente y el usuario pueda acreditar la procedencia del celular, podrá solicitar su incorporación a la lista blanca del Renteseg antes de la fecha prevista para el bloqueo.

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¿Por qué OSIPTEL puede bloquear tu celular?

El Renteseg identifica los equipos que cumplen con los criterios establecidos para el bloqueo y comunica la orden a las empresas operadoras. A partir de ese momento, las compañías tienen un plazo máximo de dos días hábiles para avisar a sus abonados mediante un mensaje de texto.

El SMS informa al usuario que su equipo será bloqueado dentro de ese mismo periodo y que debe gestionar su registro. Por ello, quienes reciban esta comunicación tienen un plazo limitado para verificar su situación y, si corresponde, regularizar el dispositivo.

La medida no implica que todos los celulares que no aparecen en la lista blanca sean bloqueados. En este proceso también se considera la vinculación del equipo con personas reincidentes en el uso de dispositivos cuyo IMEI fue alterado.

Compré mi celular en Perú, ¿qué debo hacer?

Si el equipo fue adquirido en el país y el usuario considera que el bloqueo no corresponde, deberá acudir a la empresa o establecimiento donde compró el celular y solicitar que el dispositivo sea registrado en la lista blanca del Renteseg.

El objetivo del trámite es acreditar que se trata de un equipo válido y que sus características corresponden con la información registrada.

¿Y si compré el celular en el extranjero?

La situación es diferente cuando se trata de un equipo comprado en otro país para uso personal. En esos casos, el usuario deberá acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil para solicitar la validación e incorporación del dispositivo a la lista de equipos válidos del Renteseg.

Ante un aviso de bloqueo, lo recomendable es no esperar a que el equipo quede inhabilitado para iniciar el trámite. Los usuarios pueden comprobar si el IMEI que aparece al marcar *#06# coincide con el número impreso físicamente en la bandeja SIM, la parte posterior del equipo, debajo de la batería u otra zona identificada por el fabricante.

De acuerdo con el calendario oficial, los primeros en recibir el abono serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mientras que los demás regímenes pensionarios y los trabajadores de la administración pública accederán a sus depósitos en fechas posteriores. Conocer el cronograma permitirá identificar el día previsto para el pago según el régimen al que pertenece cada beneficiario.

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Cronograma de pago para pensionistas de la ONP en agosto de 2026

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 cobrarán sus pensiones de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. El calendario oficial contempla las siguientes fechas:

• lunes 10 de agosto: apellidos de la A a la C.
• martes 11 de agosto: apellidos de la D a la L.
• miércoles 12 de agosto: apellidos de la M a la Q.
• jueves 13 de agosto: apellidos de la R a la Z.
• Del 17 al 26 de agosto: pago a domicilio para los beneficiarios que cuentan con este servicio.
• viernes 14 de agosto: depósito para pensionistas de convenios internacionales y de los regímenes comprendidos en la Ley N.° 27803, Decreto Ley N.° 18846, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N.° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).

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Fechas de pago para pensionistas de la Ley N.° 20530 y trabajadores del sector público

Los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 20530 recibirán el depósito de acuerdo con la entidad pública a la que pertenecen:

• viernes 14 de agosto: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.
• lunes 17 de agosto: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.
• martes 18 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
• miércoles 19 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Junta Nacional de Justicia (JNJ), Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.

En el caso de las remuneraciones de los trabajadores de la administración pública, el cronograma de depósitos será el siguiente:

• jueves 20 de agosto: Educación (incluidas universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.
• viernes 21 de agosto: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores.
• lunes 24 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además de Reniec.
• martes 25 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El cronograma fue establecido por el MEF para el año fiscal 2026 y será aplicado por el Banco de la Nación durante agosto. Antes de acudir a una agencia o realizar una operación, los beneficiarios pueden verificar la fecha correspondiente a su régimen o entidad para conocer cuándo estará disponible el depósito.

La conectividad digital, el acceso al transporte público, la posibilidad de contar con ambientes adaptables al trabajo remoto y la eficiencia en el consumo de servicios han adquirido mayor relevancia en el mercado inmobiliario. Un departamento ya no es evaluado únicamente por el distrito en el que se encuentra, sino también por las condiciones que ofrece para desarrollar actividades laborales, educativas y de entretenimiento.

Un estudio de Madrid Inmobiliaria desarrollado por Impulso, basado a partir del comportamiento digital de más de 1,4 millones de potenciales compradores entre 2024 y 2026, muestra esta transformación. El 88,4% de los usuarios analizados considera indispensable contar con conectividad dentro del edificio; mientras que el 80,2% relaciona un proyecto inmobiliario innovador con soluciones de Smart Home o domótica.

Asimismo, el 78,4% prioriza espacios flexibles y multifuncionales y el 73,1% valora áreas comunes que incorporen herramientas tecnológicas, como coworking y servicios digitales.

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Internet se incorpora a la evaluación del inmueble

La conexión a internet ha dejado de ser un atributo complementario para convertirse en un elemento que puede influir en la elección de una vivienda. La disponibilidad de fibra óptica, una adecuada cobertura dentro del edificio y la capacidad para conectar varios dispositivos simultáneamente forman parte de las condiciones que algunos compradores consideran al comparar proyectos.

El cambio está relacionado con la mayor presencia del trabajo híbrido y las actividades digitales en los hogares. En una misma vivienda pueden coincidir videollamadas laborales, clases virtuales, plataformas de entretenimiento y otros servicios que requieren una conexión estable.

Esta demanda también está modificando las características de algunos proyectos inmobiliarios. Entre las soluciones incorporadas se encuentran canalizaciones para fibra óptica, sistemas de iluminación y seguridad inteligentes, cerraduras digitales y aplicaciones para administrar determinados servicios del edificio.

El impacto económico para el comprador no se limita, por tanto, al precio por metro cuadrado. Las características tecnológicas de la vivienda también pueden determinar los gastos de adaptación que deberá asumir posteriormente el propietario.

Cercanía al Metro: menos tiempo y menores gastos de traslado

La idea de conectividad también se extiende a la movilidad. En una ciudad donde los desplazamientos diarios pueden representar una parte importante del tiempo de los trabajadores, la proximidad al transporte masivo adquiere mayor importancia al momento de elegir dónde vivir.

La cercanía a estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima es uno de los factores que puede favorecer el atractivo de determinados sectores de la capital. Para los hogares, reducir el tiempo de viaje también puede significar menores gastos asociados al uso de vehículos particulares, combustible, estacionamiento o determinados servicios de transporte.

Este factor puede ser relevante tanto para quienes buscan una vivienda para uso propio como para quienes evalúan comprar un departamento como inversión. Una ubicación con acceso a transporte público puede ampliar el universo de potenciales inquilinos, especialmente entre trabajadores y estudiantes que necesitan desplazarse hacia zonas con mayor concentración de empleo y servicios.

En ese contexto, distritos como Surquillo, San Borja, La Victoria y determinados sectores de Santiago de Surco pueden beneficiarse de su conexión con corredores de transporte y con zonas comerciales y empresariales de Lima.

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El trabajo híbrido modifica el espacio dentro del departamento

La expansión del trabajo remoto e híbrido también ha cambiado la manera en que se utiliza el espacio privado. Una habitación adicional o un ambiente que antes podía considerarse secundario puede convertirse en oficina, área de estudio o espacio para reuniones virtuales.

Por ello, adquieren relevancia las distribuciones que permiten utilizar un mismo ambiente para distintas funciones. El almacenamiento, los muebles empotrados y la posibilidad de separar acústicamente determinados espacios pueden convertirse en atributos importantes para quienes trabajan parte de la semana desde casa.

El cambio también alcanza a las áreas comunes. Algunos proyectos incorporan zonas de coworking, cabinas para videoconferencias, estaciones de carga y otros espacios destinados a actividades que anteriormente se desarrollaban exclusivamente dentro del departamento.

La tendencia permite que los desarrolladores ofrezcan servicios adicionales sin que necesariamente el comprador tenga que adquirir una vivienda de mayor metraje. En términos económicos, esto puede ser relevante en un mercado donde el precio por metro cuadrado constituye uno de los principales límites para acceder a una vivienda más grande.

Eficiencia energética también pesa en el presupuesto

Otro elemento que comienza a adquirir mayor importancia es el consumo de agua y electricidad. Para el comprador, la sostenibilidad no necesariamente se traduce en certificaciones ambientales, sino en beneficios que puedan reflejarse en los gastos mensuales del hogar.

Sistemas eficientes de iluminación y consumo de agua, una adecuada ventilación y el aprovechamiento de la iluminación natural pueden contribuir a reducir determinados costos de operación del inmueble.

Esta variable cobra importancia porque el precio de adquisición no representa el único gasto asociado a una vivienda. Mantenimiento, servicios, transporte y eventuales adaptaciones del departamento también forman parte del costo que debe asumir un propietario durante los años de uso.

Surquillo concentra parte de la nueva oferta

Surquillo es uno de los distritos donde pueden observarse algunos de estos cambios en la oferta inmobiliaria. Su ubicación entre zonas consolidadas como Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco, además de su conexión con corredores de transporte y servicios, lo convierte en un sector atractivo para proyectos dirigidos a compradores que buscan combinar accesibilidad y funcionalidad.

La demanda por estas características también evidencia un cambio en la competencia entre las inmobiliarias. Ya no se trata únicamente de desarrollar proyectos en los distritos con mayor reconocimiento residencial. También existe espacio para zonas con precios relativamente más competitivos que puedan ofrecer acceso a transporte, comercio, servicios y conectividad.

La ubicación sigue importando, pero se mide de otra manera

Los nuevos criterios no han desplazado a la ubicación como factor determinante del mercado inmobiliario. Lo que está cambiando es la forma de medirla.

Para un comprador, estar bien ubicado puede significar ahora tener una estación de transporte masivo cerca, contar con una conexión adecuada a internet, disponer de espacios que permitan trabajar desde casa y asumir menores costos de mantenimiento y traslado.

Esta evolución obliga a las inmobiliarias a competir no solo por el distrito o el precio del metro cuadrado, sino también por las características que pueden generar valor durante la vida útil del inmueble.

En ese escenario, la decisión de compra de un departamento en Lima incorpora cada vez más una evaluación del costo y la utilidad que tendrá la vivienda en el día a día. La dirección continúa siendo importante, pero el tiempo que permite ahorrar, la conectividad que ofrece y la flexibilidad de sus espacios también comienzan a formar parte del valor que el comprador está dispuesto a pagar.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú?

Información de cuántoestáeldólar

BCP

• Compra: S/3,754
• Venta: S/3,840

Interbank

• Compra: S/3,726
• Venta: S/3,843

Banco de la Nación

• Compra: S/3,7300
• Venta: S/3,8700

BBVA

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La empresa comunicó a sus clientes que esta solicitud se encuentra actualmente en evaluación. Si obtiene el visto bueno del regulador, Integra podrá ampliar sus actividades hacia el mercado de seguros y pensiones, con una oferta de productos que vaya más allá de la jubilación.

El cambio no significa que Integra vaya a dejar de ser AFP ni que los fondos de sus afiliados vayan a pasar a otro esquema. La compañía remarcó que continuará administrando las cuentas individuales de capitalización y los fondos previsionales con normalidad.

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¿Por qué AFP Integra quiere ampliar su negocio?

La posibilidad surge a partir del nuevo marco creado por la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. La reforma introdujo cambios en la estructura del sistema y abrió la puerta a una mayor participación de empresas financieras y aseguradoras. La SBS ya había planteado un marco para permitir que compañías del sistema financiero y de seguros puedan participar como administradoras de fondos de pensiones.

En ese nuevo escenario, Integra busca aprovechar el espacio para ofrecer productos adicionales a sus clientes.

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La primera pieza de esta estrategia son las rentas particulares. Dicho de manera sencilla, se trata de productos que permiten obtener pagos periódicos a partir de un capital, bajo determinadas condiciones. No son lo mismo que una cuenta individual de AFP ni significan que los actuales fondos previsionales vayan a convertirse automáticamente en este tipo de producto.

Por ahora, Integra no ha informado las características comerciales que tendrían estas rentas ni cuándo podrían comenzar a ofrecerse. Primero debe terminar el proceso de evaluación ante la SBS.

Integra seguirá funcionando como AFP mientras espera la autorización

La eventual transformación del negocio no supone el cierre de AFP Integra ni un cambio automático para sus afiliados.

La empresa señala que sus cuentas individuales de capitalización, la administración de los fondos de pensiones y la relación con sus clientes continuarán normalmente.

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Lo que cambiaría, si la SBS aprueba la solicitud, es el alcance de sus operaciones. Integra podría sumar productos de seguros y pensiones a su actual negocio previsional y, con ello, convertirse en una compañía con una oferta financiera más amplia.

La propia empresa describe este paso como parte de una estrategia de largo plazo para ofrecer soluciones más integrales a sus clientes, apoyándose en la experiencia acumulada durante más de tres décadas.

El paquete comprende las leyes que modifican las pensiones de maestros jubilados y cesantes y de militares y policías, la homologación del incentivo CAFAE para trabajadores del régimen 276 y la norma que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.

Cuba ha señalado que estas son, entre las numerosas disposiciones aprobadas por el Parlamento anterior, las que pueden “mover la aguja” de las finanzas públicas. Dos ya fueron llevadas al TC por el Colegio de Economistas del Perú y el MEF respaldará esas demandas. Las otras dos serán cuestionadas directamente por el ministerio.

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La controversia tiene una segunda lectura. Las cuatro leyes fueron respaldadas por Fuerza Popular cuando tenía bancada en el Congreso. Ahora, desde el Ejecutivo, el mismo partido busca frenarlas por su impacto fiscal.

Pensiones de maestros, militares y policías concentran el mayor costo

La primera norma cuestionada corresponde a los maestros jubilados y cesantes. Establece que sus pensiones sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala de la carrera magisterial, cuyo monto bordea actualmente los S/3.500.

El Consejo Fiscal calcula que esta medida tendría un costo de al menos S/8.000 millones anuales. Además, advierte que el mecanismo podría generar un esquema similar a una “cédula viva”. En términos sencillos, esto significa que las pensiones podrían quedar vinculadas al aumento de las remuneraciones de los docentes en actividad, haciendo crecer también el gasto del Estado en los jubilados.

La segunda norma modifica el régimen pensionario de militares y policías. Su impacto fiscal neto asciende a S/46.000 millones en valor presente, según el Consejo Fiscal. El valor presente permite calcular cuánto representan hoy obligaciones que el Estado deberá asumir durante varios años.

Ambas normas ya fueron llevadas ante el TC por el Colegio de Economistas del Perú. El MEF ha anunciado que respaldará las acciones y podría presentar sus propias demandas si estas no prosperan.

Las otras dos leyes están relacionadas con trabajadores públicos. La homologación del incentivo único CAFAE para servidores del régimen 276 de gobiernos regionales tendría un costo diferencial de S/2.621 millones anuales, según el Consejo Fiscal.

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La cuarta es la Ley N.° 32563, que reconoce a los trabajadores CAS gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de CTS. El beneficio se aplicará progresivamente: durante 2026 equivale al 10% de la remuneración mensual y aumentará hasta llegar al 100% en 2030. El costo fiscal estimado bordea los S/3.000 millones anuales.

Elmer Cuba ha advertido que, si estas obligaciones se incorporan al presupuesto sin medidas correctivas, el déficit fiscal podría pasar de 1,8% del PBI en 2026 a 3% en 2027 y mantenerse en ese nivel durante el resto del mandato.

Fuerza Popular apoyó las cuatro leyes que ahora busca frenar

El antecedente político aparece con claridad cuando se revisan las votaciones del Congreso anterior. Fuerza Popular aportó 12 votos a favor de la reforma pensionaria de militares y policías; 10 en la ley que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS; 6 en la homologación del CAFAE; y 2 votos a favor y una abstención en la norma sobre pensiones de maestros jubilados.

No se trata, por tanto, de leyes frente a las cuales el fujimorismo parlamentario haya sido un espectador. La bancada participó de su aprobación y, en algunos casos, sus votos fueron parte de la mayoría que permitió sacarlas adelante.

El impacto fiscal de estas medidas tampoco era desconocido. En marzo de 2026, el Consejo Fiscal alertó sobre 11 leyes y autógrafas aprobadas por el Congreso que podían generar obligaciones permanentes de gasto por al menos S/11.400 millones anuales.

El MEF ha optado ahora por concentrar su ofensiva constitucional en cuatro de esas normas. Pero el problema fiscal del Congreso anterior no se limita a las leyes que aumentan el gasto. También hubo medidas que reducen los ingresos del Estado mediante beneficios tributarios.

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Una de ellas es la Ley N.° 32434, conocida como “Ley Chlimper 2.0”, que establece un régimen tributario especial para determinadas empresas del sector agrario y agroexportador.

Uno de sus principales beneficios es la reducción del Impuesto a la Renta de 29,5% a 15% para empresas con facturación anual superior a S/8,4 millones que se encuentren comprendidas en el régimen. La tasa reducida se mantendrá hasta 2035 y el retorno a la tasa general está previsto para 2036.

La norma también contempla depreciación acelerada para determinadas obras de riego, deducciones vinculadas con compras a pequeños productores y otros beneficios tributarios.

El impacto sobre las cuentas públicas tampoco es menor. Una estimación del MEF recogida por el Consejo Fiscal calcula un costo fiscal de S/1.170 millones para la norma. Otros cálculos oficiales han situado el impacto en alrededor de S/1.880 millones anuales, dependiendo de los componentes considerados.

La diferencia se explica porque no todas las estimaciones consideran los mismos componentes del régimen. En cualquier caso, el efecto fiscal es concreto: el Estado deja de recaudar recursos que habría obtenido bajo el régimen general.

Pese a ello, la Ley 32434 no forma parte de las cuatro normas que el Gobierno ha anunciado que llevará al TC.

Ley Agraria: ¿por qué el MEF no la llevará al Tribunal Constitucional?

La Ley Agraria tampoco es ajena a Fuerza Popular. En septiembre de 2024, la bancada presentó el Proyecto de Ley N.° 8924-2024-CR, una de las iniciativas que luego fueron acumuladas y terminaron formando parte del dictamen que dio origen a la Ley N.° 32434.

La norma fue aprobada finalmente con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones.

Ahora, desde el Ejecutivo, Fuerza Popular busca cuestionar cuatro leyes que su propia bancada ayudó a aprobar por el impacto que tendrán sobre el gasto público, pero deja fuera, al menos en esta primera ofensiva, una norma que reduce la recaudación tributaria durante una década y que también nació de una propuesta fujimorista.

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No son medidas iguales. Las cuatro leyes cuestionadas crean obligaciones directas para el Estado, mientras que la Ley Agraria reduce los ingresos tributarios mediante un régimen especial. Pero ambas terminan afectando el espacio que tiene el Estado para financiar sus obligaciones.

Por eso, la discusión no pasa únicamente por cuánto cuesta cada ley, sino por qué criterio está utilizando el MEF para determinar cuáles pueden “mover la aguja” de las finanzas públicas y ameritan una acción ante el Tribunal Constitucional.

Según información con corte a diciembre de 2025 consignada en el pronunciamiento, los conceptos pendientes suman S/6.093,5 millones. El monto comprende partidas relacionadas con el crédito fiscal de la Amazonía, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), el sistema de pensiones, remediaciones y abastecimiento de combustible a las Fuerzas Armadas.

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El reclamo se produce después de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunciara un nuevo rumbo para la gestión de Petroperú. Para Fenpetrol, el discurso todavía no encuentra correspondencia en las decisiones adoptadas por la nueva administración.

Uno de los puntos que genera mayor cuestionamiento es la designación de Oliver Stark Preuss como presidente del Directorio de Petroperú. La organización sindical recuerda que Stark integró anteriormente una administración que promovió propuestas orientadas a que la empresa pudiera ser gestionada por operadores privados y que contemplaban el desprendimiento de algunas unidades de negocio.

Para el gremio, esto plantea dudas sobre el alcance de la nueva estrategia: si el objetivo será reforzar el papel de Petroperú como empresa estatal o continuar con una fórmula de reestructuración que, desde su perspectiva, no ha conseguido fortalecerla.

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Petroperú: estos son los S/6.093,5 millones en obligaciones pendientes

La mayor partida identificada por Fenpetrol corresponde a S/3.112 millones por crédito fiscal de la Amazonía. A este monto se suman S/1.863 millones relacionados con la recuperación anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

También figuran S/450 millones por una transferencia al Fondo de Pensiones de la ONP, correspondiente al régimen del Decreto Ley N.° 20530; S/408 millones por remediaciones vinculadas a cortes en el Oleoducto Norperuano; S/200 millones por remediaciones correspondientes a unidades privatizadas; y S/15 millones por abandono técnico de pozos.

El listado se completa con S/45,5 millones pendientes de las Fuerzas Armadas por abastecimiento de combustible. En conjunto, los conceptos mencionados en el documento alcanzan los S/6.093,5 millones.

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Para Fenpetrol, estos montos deben formar parte de la discusión sobre el futuro financiero de Petroperú. La organización considera necesario que el actual Directorio determine si exigirá al Estado el cumplimiento de las obligaciones pendientes y plantea que su recuperación sea incorporada a cualquier estrategia destinada a mejorar la situación financiera de la empresa.

El reclamo adquiere otra dimensión dentro del proceso de reestructuración porque la petrolera ha estado bajo mecanismos de administración o supervisión vinculados a ProInversión. Fenpetrol sostiene que esta estructura limita la autonomía de Petroperú para adoptar decisiones financieras y empresariales.

La federación también cuestiona las declaraciones de Cuba sobre los “resultados impresionantes” de ProInversión. Según el gremio, tras siete meses de implementación del proceso y la asignación de recursos públicos, todavía no existen resultados públicos verificables que acrediten mejoras sustanciales en la eficiencia operativa, la gestión empresarial o la situación financiera de Petroperú.

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Reestructuración de Petroperú: Fenpetrol pide auditoría forense y más autonomía

El sindicato considera que el siguiente paso debería ser revisar qué ocurrió durante las gestiones anteriores y cuánto de los problemas acumulados puede atribuirse a decisiones administrativas, financieras y patrimoniales.

Por ello, Fenpetrol solicita una auditoría forense de Petroperú. El pedido incluye examinar el destino y uso de los recursos públicos comprometidos en los distintos procesos de respaldo económico a la empresa. Además, la organización exige que los anteriores administradores rindan cuentas sobre las decisiones que condujeron a los sucesivos salvatajes económicos otorgados por el Estado.

La posición del gremio no es contraria a una reforma de Petroperú. Fenpetrol sostiene que una reestructuración debería servir para modernizar la gestión, fortalecer el gobierno corporativo y elevar la competitividad de la empresa, pero no para reducir progresivamente su papel o fragmentar sus operaciones.

En concreto, plantea que el Gobierno garantice predictibilidad y respaldo financiero, establezca un plan de reestructuración con objetivos, plazos y resultados verificables, preserve el rol estratégico de Petroperú y fortalezca su autonomía y gobernanza técnica.

El resultado se produce en un momento de reactivación de la agenda comercial dentro de la Alianza del Pacífico, bloque integrado por Perú, Chile, Colombia y México. En mayo, la Cancillería informó que los cuatro países trabajaban en prioridades para fortalecer la proyección internacional del mecanismo.

Alambre de cobre, uvas y paltas lideraron los envíos

Por productos, el alambre de cobre refinado fue la principal partida exportada a los tres mercados. Sus ventas llegaron a US$140 millones 707 mil y aumentaron 13,1% respecto del primer semestre de 2025.

En segundo lugar se ubicaron las uvas frescas, con US$105 millones 254 mil. Este producto registró un crecimiento de 46% en sus envíos. Las paltas ocuparon el tercer lugar, con US$90 millones 366 mil y una expansión de 65,1%.

Estas tres partidas concentraron, en conjunto, alrededor del 21,1% del valor exportado hacia la Alianza del Pacífico durante los primeros seis meses del año.

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El ácido sulfúrico también destacó dentro de la canasta, con US$76 millones 971 mil y un incremento de 32,8%. Otros productos que registraron aumentos fueron el aceite de palma bruto, con 117,1%; la pota, con 93,9%; las barras de hierro, con 65,7%; las placas de plástico, con 32,7%; y las partes de máquinas, con 4,3%.

No todas las partidas tuvieron un comportamiento positivo. Entre los productos del ranking que redujeron sus exportaciones figuran el cacao en polvo, con una caída de 29,6%; los tejidos de punto de algodón teñidos (-20,4%); los neumáticos (-11,9%); las chapas y tiras de cobre refinado (-11,8%); las placas y baldosas (-6,4%); y las galletas dulces (-1,9%).

Chile fue el principal destino de los envíos peruanos

Chile se mantuvo como el principal destino de los productos peruanos no tradicionales dentro del bloque. Entre enero y junio recibió envíos por US$688 millones 559 mil, equivalente al 43,2% del total. El monto representó un incremento de 5,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Colombia ocupó el segundo lugar, con US$497 millones 365 mil y una participación de 31,2%. Sin embargo, fue el mercado que mostró la mayor expansión interanual entre los tres países, con un crecimiento de 16,7%.

México concentró el 25,6% restante, con exportaciones por US$406 millones 874 mil durante los primeros seis meses del año.

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La evolución del mercado mexicano adquiere particular relevancia luego de que Perú y México retomaran sus relaciones diplomáticas tras varios meses de ruptura. El restablecimiento de los vínculos se produjo después de la crisis generada por el asilo concedido por México a la ex primera ministra Betssy Chávez. El nuevo escenario abre nuevamente espacio para la agenda bilateral, aunque el desempeño comercial depende también de las condiciones de demanda y de la competitividad de los productos peruanos.

El anuncio de las cifras coincidió con el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Capítulo Perú del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) para el periodo 2026-2027 a la Asociación de Exportadores.

La agenda empresarial también contempla una mayor integración con los mercados de Asia-Pacífico. El gremio sostuvo que la coordinación entre los países del bloque debería permitir que las empresas aprovechen mejor los acuerdos comerciales existentes y tengan mayores posibilidades de acceder a mercados extrarregionales.

El fortalecimiento de la integración comercial es uno de los temas que continuará en la agenda empresarial del bloque durante el periodo 2026-2027. Entre los planteamientos figura facilitar los procesos aduaneros y avanzar en una mayor compatibilidad de las normas, aspectos que buscan reducir las dificultades que enfrentan las empresas al operar en los mercados de la Alianza del Pacífico.

El dato corresponde a un estudio elaborado por Bumeran a partir de las respuestas de 3.503 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. El informe analiza cómo el contenido publicado en plataformas personales puede influir en la vida profesional y en la percepción que tienen las organizaciones sobre sus trabajadores.

Entre los especialistas que revisan las redes sociales de los candidatos, el 52% señala que busca conocer aspectos de su personalidad e intereses, mientras que otro 52% presta atención a la reputación online. Además, el 30% busca identificar posibles conductas controversiales.

El profesionalismo también aparece entre los criterios considerados: 26% de los especialistas señala que revisa las redes con ese objetivo y otro 26% las utiliza para comprobar si la información presentada por el candidato mantiene coherencia con lo que aparece públicamente en sus perfiles.

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Trabajadores también modifican su comportamiento en redes

La preocupación no se limita a quienes participan en procesos de selección. El 63% de los trabajadores consultados en Perú afirma que controla lo que publica en sus redes sociales por temor a que una publicación pueda tener una repercusión negativa en su carrera laboral.

La proporción es similar en otros países incluidos en el estudio: Chile registra 64%, mientras que Ecuador y Panamá alcanzan 63% y Argentina, 57%.

El informe también señala que el impacto de las publicaciones ya se ha reflejado en experiencias concretas. El 35% de los trabajadores afirma haber experimentado o presenciado algún caso en el que el uso de redes sociales personales tuvo consecuencias negativas en el ámbito laboral. Aunque el porcentaje bajó cuatro puntos frente al 39% registrado en 2025, todavía representa a más de tres de cada diez personas consultadas.

De quienes reportaron este tipo de situaciones, el 79% señala que el caso ocurrió a alguien de su entorno laboral o personal, mientras que el 21% afirma que le sucedió directamente.

La principal consecuencia mencionada fue el deterioro de la reputación laboral, con pérdida de confianza y credibilidad, señalada por el 59%. También se reportaron pérdida de oportunidades de ascenso (34%), pérdida del empleo (22%), cambio de rubro laboral (10%) y pérdida de clientes o potenciales clientes (9%).

Empresas monitorean más las redes, pero pocas tienen reglas específicas

El seguimiento de las redes sociales de los trabajadores también aumentó. El 38% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que realiza algún tipo de monitoreo, frente al 25% registrado en 2025. Esto representa un incremento de 13 puntos porcentuales en un año.

Dentro de ese grupo, el 50% revisa las redes sociales de toda la organización; el 33% monitorea perfiles de personas específicas, como voceros o representantes, y el 17% observa las cuentas de trabajadores que ocupan cargos directivos.

Sin embargo, existe una diferencia entre el interés de las empresas por las redes sociales y la existencia de reglas formales para regular su uso. El 93% de los trabajadores afirma que su organización no cuenta con políticas específicas sobre el uso de sus redes sociales personales. Solo el 7% señala haber recibido información al respecto.

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Entre los especialistas en Recursos Humanos, el 81% también reconoce que sus organizaciones no cuentan con políticas específicas sobre el uso de redes sociales por parte de los trabajadores.

La falta de reglas no significa que el contenido publicado sea considerado irrelevante dentro de las empresas. El 78% de los especialistas considera que determinadas publicaciones de un trabajador pueden afectar su posición dentro de la organización, mientras que el 85% cree que los comentarios o publicaciones personales pueden repercutir en el entorno laboral, la cultura o la imagen organizacional.

Ante una situación de este tipo, el 29% de los especialistas señala que aconsejaría al trabajador sobre el uso responsable de las redes, respetando que se trata de espacios personales. Un 21% afirma que la respuesta dependería de la gravedad del incidente y podría ir desde una conversación informal hasta la desvinculación. Otro 21% aprovecharía el caso para revisar las políticas internas y solo el 18% ofrecería capacitación específica.

Pese al mayor monitoreo, la percepción de los trabajadores es distinta. El 61% considera que no es correcto que las organizaciones evalúen sus redes sociales personales, mientras que el 39% cree que sí debería hacerse.

El estudio muestra así una brecha entre la creciente atención que reciben las redes sociales en el ámbito laboral y la ausencia de políticas específicas en buena parte de las organizaciones. Mientras los perfiles personales adquieren mayor relevancia en la selección y seguimiento de trabajadores, la mayoría de empresas todavía no cuenta con reglas claras sobre cómo abordar este contenido.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 11 de agosto?

BCP

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Interbank

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BBVA

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Banco de la Nación

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Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

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Interbank

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Banco de la Nación

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