La decisión abre una nueva etapa para SIMSA, una compañía con décadas de presencia en la minería peruana que busca recuperar su estabilidad financiera sin detener sus actividades. La empresa mantiene activa la Unidad Minera San Vicente, en Junín, su principal activo y una operación enfocada en la producción de zinc y plomo. Tras la aprobación de la reestructuración por parte de sus acreedores, deberá reorganizar sus finanzas y presentar un plan para atender sus obligaciones dentro del proceso concursal.

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SIMSA: la reestructuración apunta a mantener la operación minera y cumplir con trabajadores y acreedores

Uno de los principales objetivos del proceso es garantizar la continuidad de su principal activo operativo y fortalecer las condiciones para la recuperación de la compañía.

Según informó la empresa, la reestructuración permitirá fortalecer su recuperación financiera al preservar el valor de sus operaciones y generar los recursos necesarios para atender, de manera progresiva, las obligaciones con acreedores comerciales, trabajadores y otros actores vinculados al negocio.

Entre los grupos que tendrán especial atención figuran los proveedores, cuyos créditos forman parte de los más importantes dentro del procedimiento concursal. La minera añadió que el proceso también permitirá mantener la relación con las comunidades de su zona de influencia y con las empresas que continúan brindando servicios a la operación.

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SIMSA tendrá 60 días para presentar su plan de recuperación

El siguiente paso será la elaboración del Plan de Reestructuración, que deberá presentarse dentro de los 60 días establecidos por la Ley General del Sistema Concursal. En ese documento se definirán las medidas financieras y operativas que orientarán la recuperación de la empresa.

El gerente general, Mario Portocarrero, señaló que el respaldo de los acreedores refleja la confianza en la estrategia planteada por la administración.

"Estos acuerdos marcan el inicio de una nueva etapa para SIMSA, que contempla la elaboración y presentación del Plan de Reestructuración dentro del plazo de 60 días previsto por la Ley General del Sistema Concursal, la consolidación del reinicio de las operaciones y la recuperación financiera de la compañía, con el objetivo de generar los recursos necesarios para atender de manera ordenada las obligaciones con sus acreedores, en el marco del sistema concursal administrado por Indecopi", afirmó.

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Por su parte, el abogado concursal Richard Almerco, encargado de conducir el proceso, sostuvo que la decisión de la Junta de Acreedores fortalece la viabilidad de la compañía al respaldar una estrategia enfocada en optimizar los procesos productivos, incorporar mejoras tecnológicas y reforzar la gestión del negocio minero.

A su juicio, el acuerdo también representa un precedente para el sistema concursal peruano, al demostrar que un proceso técnico y consensuado puede preservar empresas viables, proteger su valor económico y generar mejores condiciones para el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores.

Aunque el monto del aguinaldo ya había sido fijado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, el nuevo decreto precisa quiénes accederán al beneficio, qué condiciones deben cumplir y en qué casos el pago será proporcional. También establece que el aguinaldo no estará sujeto a aportes ni descuentos, salvo aquellos autorizados por ley.

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Estos son los trabajadores y pensionistas del Estado que recibirán el aguinaldo de S/300 en julio

El decreto alcanza a diversos grupos de trabajadores del sector público. Entre ellos se encuentran los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, así como los docentes comprendidos en la Ley de Reforma Magisterial y en la Ley Universitaria.

También recibirán el aguinaldo el personal de salud regulado por el Decreto Legislativo 1153, los obreros permanentes y eventuales del Estado, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de los pensionistas de distintos regímenes administrados por el Estado.

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En el caso de los servidores públicos que trabajan bajo el régimen laboral de la actividad privada, la situación es distinta. Ellos no perciben este aguinaldo de S/300, sino la gratificación establecida en la Ley N.° 27735, la misma que se aplica a los trabajadores del régimen privado. Es decir, el beneficio depende del régimen laboral al que pertenezca cada trabajador.

Por otro lado, los servidores incorporados al régimen del Servicio Civil (Servir) percibirán el aguinaldo conforme a las reglas previstas en la Ley del Servicio Civil y su reglamento de compensaciones.

El decreto también contempla situaciones particulares. Por ejemplo, los internos de Medicina Humana y Odontología recibirán un aguinaldo de S/100, monto que no está afecto a cargas sociales. Asimismo, los docentes del Magisterio Nacional con jornada laboral completa recibirán un monto que no podrá ser inferior a los S/300 establecidos por la Ley de Presupuesto.

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No basta con trabajar en el Estado: estos son los requisitos para cobrar el aguinaldo completo

El decreto deja claro que pertenecer a una entidad pública no garantiza automáticamente el pago íntegro del beneficio. Para acceder al aguinaldo de S/300 es necesario cumplir dos condiciones de manera simultánea.

La primera consiste en haber estado laborando al 30 de junio del 2026. También califican quienes, a esa fecha, se encontraban de vacaciones, con licencia con goce de remuneraciones o percibiendo alguno de los subsidios previstos en la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

El segundo requisito es contar con una antigüedad mínima de tres meses en la entidad pública al 30 de junio. Si el trabajador aún no alcanza ese tiempo de servicios, no pierde el beneficio, pero el pago será proporcional al número de meses y días efectivamente laborados.

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La norma también establece que quienes trabajen para más de una entidad pública solo podrán recibir un aguinaldo, el cual deberá ser abonado por la institución donde perciban el mayor ingreso. Además, precisa que este beneficio no forma parte de la base para calcular aumentos salariales, bonificaciones, otros beneficios laborales o pensiones.

El decreto precisa, además, que el aguinaldo es incompatible con cualquier otro beneficio similar otorgado por la misma entidad pública, aunque tenga un nombre distinto, para evitar pagos duplicados por el mismo concepto. También señala que este monto no estará sujeto a aportes ni contribuciones. Solo podrán aplicarse los descuentos previstos por ley o aquellos autorizados por el propio trabajador, como préstamos por planilla o cuotas sindicales.

Un activo de 6.000 millones de dólares, entregado en plena crisis

La Nueva Refinería de Talara costó al Estado peruano más de 5.000 millones de dólares y fue inaugurada recién en diciembre del 2023. Este miércoles, con pérdidas operativas que el propio MEF calcula en más de 1.700 millones de dólares entre 2022 y 2025, se prepara para ser el primer "bloque patrimonial" que ProInversión entregará a gestión privada, con concesiones que —según ha confirmado el propio presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio— podrían extenderse hasta por 60 años. El propio Del Carpio lo dijo sin rodeos: "el decreto de urgencia establece el nombre propio Refinería de Talara. Entonces mi respuesta sería que sí". El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) no ha dudado en llamar las cosas por su nombre: una privatización encubierta, disfrazada de "asociación público-privada" para evitar el desgaste político de la palabra prohibida.

Madrid: la opacidad que alimenta la sospecha

Entre el 4 y el 6 de junio del 2026, una delegación oficial peruana —encabezada por el MEF, con ProInversión a bordo— presentó en Madrid, ante empresas y fondos españoles, su cartera de Asociaciones Público-Privadas para 2026-2028, que en ediciones anteriores incluyó explícitamente paquetes de electricidad e hidrocarburos por miles de millones de dólares. España no es un destino cualquiera: es el principal socio inversionista europeo del Perú, y en hidrocarburos ninguna empresa tiene más historia —ni más controversia— en el país que Repsol. No hay registro público de una reunión bilateral confirmada entre funcionarios peruanos y Repsol sobre Talara en ese roadshow. Pero la pregunta sigue siendo legítima: cuando el Estado sale a vender en Madrid, ante el sector energético español, un activo que el propio gobierno admite que "saldrá a buscar capital privado", la opacidad sobre quién se sienta en esas mesas es en sí misma motivo de alarma social.

El fantasma de los noventa: Repsol ya estuvo aquí

No hace falta especular sobre el futuro: basta mirar el pasado. En la privatización de los noventa, bajo Alberto Fujimori, la Refinería de La Pampilla fue vendida a un consorcio liderado por Repsol España e YPF Argentina por apenas 272 millones de dólares. Desde entonces, ese activo ha generado más de 72.000 millones de dólares en ventas, según el economista Jorge Manco Zaconetti. El Estado se deshizo de un activo estratégico a precio de regalo. A esto se suma que Petroperú y Repsol se retiraron juntas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), dejando al Estado con 1.000 millones de soles en deuda frente a privados. No es un actor neutral entrando por primera vez: es un jugador con historial de salidas convenientes y de beneficiarse de activos estatales subvaluados.

Oligopolio, inflación y la canasta básica

Si Talara —con capacidad de hasta 95.000 barriles diarios— termina bajo un operador con presencia ya consolidada en el país como Repsol, el resultado no es competencia: es concentración. Sin un competidor estatal de tamaño real que sirva de contrapeso, no hay quién le ponga límite al precio del galón en el grifo. Y el combustible no es un producto más: es el insumo detrás del transporte, los alimentos, el gas y la electricidad. Cuando sube el diésel, sube el flete; cuando sube el flete, sube el precio de la papa, del pan, del pasaje. STAPP ya lo ha advertido: la privatización "puede afectar directamente al precio de los combustibles y la canasta básica familiar". No es retórica: es la consecuencia directa de entregar el control de la oferta a un actor cuyo incentivo legítimo es maximizar ganancia, no garantizar abastecimiento.

La crisis social que ya vivimos una vez

Quienes tienen memoria de los noventa saben cómo termina esta historia del lado laboral: miles de despidos, puestos estables desaparecidos y el colapso de decenas de contratistas que dependían de las operaciones en Talara y el norte del país. El esquema actual repite el patrón —concesiones largas, "racionalización" de planilla como condición del rescate financiero— y amenaza no solo a los trabajadores directos de Petroperú, sino a toda la cadena de mantenimiento, transporte y servicios auxiliares que hoy depende de Talara.

Lo que está realmente en disputa

Más allá del nombre que se le ponga —concesión, APP, bloque patrimonial—, lo que está en juego es si el Perú conserva una herramienta real de soberanía energética y control de precios, o si la entrega a un mercado donde unos pocos actores, ya beneficiados una vez con activos estatales subvaluados, deciden cuánto paga cada peruano por moverse, cocinar y producir. La transparencia sobre quién participa en estos procesos no es un capricho sindical: es la condición mínima para saber si lo que se vende como "modernización" es, otra vez, el mismo guion de los noventa, con otro nombre, pero con el mismo apellido: Fujimori.

Este beneficio corresponde a quienes mantengan una relación laboral vigente con su empleador, independientemente de que exista o no un contrato por escrito. Además, es necesario haber laborado al menos un mes durante el semestre comprendido entre enero y junio de este año. Cuando no se haya trabajado el semestre completo, el monto se calculará de forma proporcional al tiempo de servicios.

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Gratificación de julio se paga hasta el 15 de julio y equivale a un sueldo completo

El MTPE precisó que la gratificación por Fiestas Patrias para las trabajadoras del hogar equivale a una remuneración íntegra cuando se ha laborado todo el semestre. En caso de haber trabajado solo algunos meses, corresponde el pago proporcional de acuerdo con el tiempo efectivamente laborado.

La cartera de Trabajo también recordó que este derecho se aplica incluso cuando no existe un contrato escrito, siempre que se pueda acreditar la relación laboral con el empleador. Asimismo, señaló que el beneficio forma parte de los derechos reconocidos por la Ley de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.

Trabajadores del hogar cesados también pueden recibir una gratificación proporcional

El ministerio explicó que, si la trabajadora o trabajador del hogar ya no mantiene un vínculo laboral vigente al momento del pago, pero laboró al menos un mes durante el semestre, también tiene derecho a recibir la gratificación proporcional.

Además, cuando se produce el cese de la relación laboral, el empleador debe pagar la denominada gratificación trunca junto con los demás beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes al término del vínculo laboral, conforme a la normativa vigente.

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Recordó también que este régimen contempla una segunda gratificación equivalente a un sueldo por Navidad, cuyo pago deberá efectuarse hasta el 15 de diciembre. Si la fecha límite coincide con un feriado o día no laborable, el depósito deberá realizarse el día hábil anterior.

La entidad instó a los empleadores a realizar el pago de la gratificación dentro del plazo establecido y a formalizar la relación laboral de sus trabajadoras del hogar mediante el registro correspondiente. Según indicó, ello permite que accedan a los beneficios laborales y a la protección social que reconoce la ley. Además, recordó que tanto empleadores como trabajadoras pueden acudir a sus canales de atención para recibir orientación gratuita sobre sus derechos y obligaciones.

Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú, explicó que el monto depende del tiempo laborado durante el semestre y de la remuneración que percibe habitualmente el trabajador al 30 de junio. Además, algunos ingresos adicionales también pueden incrementar el beneficio.

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Bonos, horas extras y remuneraciones variables pueden incrementar la gratificación

El cálculo de la gratificación toma como base la remuneración habitual que recibe el trabajador al 30 de junio. Quienes trabajaron durante todo el semestre (de enero a junio) reciben una remuneración completa, mientras que quienes laboraron más de un mes y menos de seis meses perciben un monto proporcional al tiempo trabajado.

Sin embargo, el monto puede aumentar cuando el trabajador recibió conceptos remunerativos adicionales durante el semestre. Es el caso de los bonos, comisiones u horas extras, siempre que estos hayan sido percibidos al menos tres veces entre enero y junio. En esos casos, dichos conceptos se suman y el promedio obtenido se incorpora al cálculo de la gratificación.

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Para quienes perciben ingresos variables o una remuneración imprecisa, el beneficio se calcula considerando el promedio de lo recibido durante los primeros seis meses del año. En cambio, conceptos no remunerativos, como las utilidades, la movilidad condicionada a la asistencia al centro de trabajo o gratificaciones extraordinarias otorgadas de manera voluntaria por el empleador, no forman parte del cálculo.

La gratificación no tiene descuentos de AFP u ONP, pero sí puede pagar impuesto a la renta

Uno de los principales beneficios de la gratificación es que no está sujeta a descuentos por aportes a la AFP, ONP ni EsSalud. En lugar de ello, el empleador debe entregar una bonificación extraordinaria equivalente al aporte que normalmente realiza a EsSalud, es decir, 9% adicional sobre el monto de la gratificación. Si el trabajador está afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), esta bonificación será de 6,75%.

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No obstante, este beneficio sí puede estar afecto al pago del Impuesto a la Renta de quinta categoría, dependiendo de los ingresos acumulados del trabajador durante el año.

EY Perú recordó que las empresas tienen como fecha límite el 15 de julio para realizar el depósito de la gratificación. De no hacerlo, incurren en una infracción grave en materia laboral y, en el caso de empleadores que no pertenecen al régimen MYPE, las multas pueden oscilar entre S/8.635 y S/143.660, según el número de trabajadores afectados y el valor vigente de la UIT. Además, deberán asumir el pago de los intereses legales generados por el retraso.

El encuentro formó parte de las primeras actividades de Fujimori luego de recibir sus credenciales como presidenta electa. Durante la cita, Velarde le presentó un balance de la situación macroeconómica del país y las perspectivas para los próximos meses, las cuales la mandataria calificó de optimistas. No obstante, advirtió que uno de los principales riesgos para la economía sigue siendo un eventual fenómeno de El Niño.

"Mi sonrisa se debe a esta presentación tan optimista que nos ha dado el señor Velarde. Por supuesto que existe la preocupación por el fenómeno de El Niño y para eso vamos a tener que tomar todas las medidas de prevención adecuadas para evitar mayores desastres", señaló.

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Keiko destaca la gestión de Velarde y le pide continuar por un nuevo quinquenio

Tras referirse al panorama económico, Fujimori recordó que el nuevo Congreso bicameral tendrá la responsabilidad de designar a cuatro integrantes del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, entre ellos a quien ejercerá la presidencia de la institución.

En ese contexto, sostuvo que los resultados alcanzados por el BCRP en el control de la inflación y la estabilidad monetaria justifican la continuidad de Velarde, a quien atribuyó el desempeño de la entidad durante los últimos años.

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"He querido venir a pedirle que nos pueda acompañar cinco años más. Yo creo que esta noticia va a ser saludada por los peruanos y también por las entidades financieras que valoran y aplauden la gran labor del Banco Central de Reserva del Perú encabezado por Julio Velarde", afirmó.

La continuidad de Velarde era uno de los temas más esperados por los mercados y los agentes económicos tras las elecciones generales, ya que la permanencia del presidente del BCRP era vista como una señal de estabilidad y continuidad en la conducción de la política monetaria.

"Acepto con el mayor gusto": Velarde confirma que permanecerá al frente del Banco Central

Luego del pedido formulado por la presidenta electa, Julio Velarde agradeció la confianza depositada en su gestión y confirmó de inmediato que aceptaba continuar al frente del Banco Central durante el próximo quinquenio.

"Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y, si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, sí acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme lo mejor posible", respondió.

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Tras escuchar su respuesta, Fujimori reconoció que no esperaba una decisión tan rápida y calificó la permanencia de Velarde como "una gran noticia para el Perú", al considerar que brinda confianza en un escenario donde el país enfrenta importantes desafíos económicos y climáticos.

Julio Velarde preside el Banco Central de Reserva desde 2006 y ha sido ratificado en el cargo por gobiernos de distintas orientaciones políticas. Durante su gestión, la entidad ha enfrentado episodios como la crisis financiera internacional de 2008, la pandemia de la COVID-19 y recientes periodos de incertidumbre política, manteniendo como objetivo principal la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Con su continuidad para el periodo 2026-2031, el nuevo Gobierno apuesta por preservar esa línea de conducción y reforzar la confianza de los mercados e inversionistas.

Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 102, el vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, sostuvo que el principal riesgo no radica únicamente en la ocurrencia del fenómeno climático, sino en las debilidades que aún presenta el país para enfrentarlo.

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Según explicó, las proyecciones internacionales muestran una creciente probabilidad de que el Fenómeno El Niño alcance una intensidad moderada e incluso fuerte entre octubre de este año y enero de 2027, por lo que resulta indispensable acelerar las acciones de prevención antes de que se registren sus mayores impactos.

Valdivia señaló que el Perú continúa arrastrando problemas como la escasa planificación territorial, la ocupación informal del suelo y las limitaciones del sistema de inversión pública para ejecutar con rapidez proyectos destinados a reducir los riesgos.

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"Sería terrible invertir cerca de 20 mil millones de soles en grandes obras de infraestructura y que luego no sirvan adecuadamente porque no existe una entidad que las opere de manera eficiente ni un mecanismo claro para financiar su operación y mantenimiento", advirtió.

Además, recordó que varias de las obras destinadas a proteger a las regiones más afectadas por el Niño Costero del 2017 todavía permanecen inconclusas y que el Estado aún no ha definido qué entidad asumirá la operación y el mantenimiento de esa infraestructura una vez culminada, situación que podría comprometer el retorno de la inversión pública.

IDIS advierte que el cambio de autoridades puede frenar la prevención

Las advertencias de Capeco coinciden con las del sector industrial. Para el presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), Jesús Salazar Nishi, el problema no solo pasa por las obras pendientes, sino también por la capacidad del Estado para ejecutar las acciones preventivas antes de la llegada del fenómeno.

En entrevista con La República, sostuvo que, si bien la economía peruana mantiene indicadores macroeconómicos sólidos, persisten importantes debilidades en la gestión pública que podrían agravar el impacto de un evento climático severo.

"Nuestra economía muestra una notable fortaleza, registrando un crecimiento del 3,6% a abril pasado, una recaudación tributaria al alza de 17,7% en mayo y una reducción sostenida del déficit fiscal. Sin embargo, esta buena situación financiera contrasta con una profunda preocupación por la parálisis técnica que generarán los cambios de autoridades en los tres niveles de gobierno", afirmó.

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Según explicó, el relevo de gobernadores regionales y alcaldes previsto para enero de 2027 podría coincidir con la etapa de mayor intensidad del Fenómeno El Niño, afectando la continuidad de las labores de prevención y respuesta.

En ese sentido, consideró indispensable garantizar la permanencia de los equipos técnicos de entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Asimismo, sostuvo que el Gobierno entrante deberá priorizar la ejecución de los S/4.160 millones del crédito suplementario destinados a gasto de capital y prevención, con el fin de acelerar las intervenciones antes del inicio del periodo de mayor riesgo.

Salazar también cuestionó el bajo nivel de ejecución presupuestal en varias regiones del norte del país, precisamente las más expuestas al fenómeno. Recordó que, a mitad de año, Tumbes apenas registraba un avance de 2,6% en proyectos de prevención, mientras que Piura alcanzaba solo el 28,3%.

Manufactura, pesca y agroexportación concentran el mayor riesgo económico

El dirigente añadió que la manufactura primaria sería una de las actividades más vulnerables debido a la migración de la anchoveta provocada por el aumento de la temperatura del mar, lo que afectaría la producción de harina y aceite de pescado. A ello se sumarían las pérdidas de la agroindustria por el estrés térmico sobre cultivos de exportación como la palta Hass, el mango y el limón, mientras que la manufactura no primaria, como el sector textil, enfrentaría una menor demanda interna por la ausencia de un invierno marcado.

Entre los casos más sensibles figura el emporio comercial de Gamarra, donde, según estimaciones del IDIS, la falta de una temporada de frío podría generar pérdidas cercanas a S/600 millones por la caída en la venta de prendas de abrigo.

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Salazar indicó que un Fenómeno El Niño fuerte también interrumpiría las cadenas logísticas nacionales, dificultando el traslado de insumos y productos terminados, como ocurrió durante los eventos registrados anteriormente.

"Un Niño fuerte generará un quiebre en el sistema logístico y laboral, repitiendo los colapsos del 2017 y 2023, cuando la afectación al sistema vial interrumpió el flujo de insumos y productos finales", afirmó.

Fenómeno El Niño podría generar pérdidas por US$5.000 millones

El presidente del IDIS estimó que un Fenómeno El Niño severo restaría alrededor de dos puntos porcentuales al crecimiento económico entre 2026 y 2027, lo que equivaldría a pérdidas cercanas a US$5.000 millones en valor de producción.

Además, sostuvo que la menor oferta agrícola presionaría nuevamente el precio de los alimentos, llevando la inflación por encima del rango meta del Banco Central de Reserva. "La pregunta no es si el fenómeno nos golpeará, sino si estaremos listos para amortiguar el golpe", enfatizó.

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Por su parte, Guido Valdivia coincidió en que los efectos del fenómeno irán mucho más allá de la infraestructura dañada. Según explicó, miles de pequeños agricultores, pescadores y otras actividades productivas podrían ver afectados sus ingresos, con efectos sobre el empleo y la recaudación tributaria.

Tanto Capeco como el IDIS coincidieron en que el país necesita dejar atrás una gestión reactiva frente a los desastres y consolidar una política permanente de prevención, planificación territorial y mantenimiento de infraestructura. De no reducir las brechas de ejecución durante los próximos meses, el Perú no solo enfrentaría mayores daños materiales ante un Fenómeno El Niño severo, sino también un gran impacto sobre el crecimiento económico, la producción industrial, el empleo y la estabilidad de los precios.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 8 de julio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

El avance resulta aún más evidente cuando se compara con años anteriores. En 2019 apenas se vendían 366 vehículos electrificados en todo el país. Seis años después, el mercado cerró 2025 con 10.239 unidades, un volumen 28 veces mayor que muestra cómo una tecnología que hasta hace poco era considerada de nicho empieza a abrirse espacio entre más consumidores.

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"La electromovilidad ha dejado de ser un nicho y está entrando en una etapa de adopción masiva", señaló Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Los híbridos aún concentran el 84% del mercado, pero los eléctricos enchufables ganan participación

Aunque el crecimiento alcanza a todas las tecnologías, el mercado todavía está dominado por los híbridos convencionales (HEV). Sin embargo, las cifras revelan que los vehículos con mayor nivel de electrificación empiezan a ganar espacio de forma gradual.

En junio de 2022, los HEV representaban el 88,2% de las ventas de vehículos electrificados. Cuatro años después, esa participación se redujo a 83,9%. En paralelo, los eléctricos a batería (BEV) y los híbridos enchufables (PHEV), que requieren conectarse a un punto de carga, elevaron su participación conjunta de 11,8% a 16,1%.

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Este cambio responde, en parte, a una mayor oferta de marcas y modelos, así como a precios más competitivos que hace algunos años. También influye que los consumidores conocen cada vez mejor las ventajas de estas tecnologías, como el ahorro en combustible, menores costos de mantenimiento y una menor huella ambiental.

"El mercado peruano todavía está dominado por los híbridos, pero empieza a moverse gradualmente hacia tecnologías de mayor electrificación", explicó Morisaki.

Perú vende ocho veces menos vehículos electrificados que Colombia

El crecimiento del mercado peruano se distancia del avance que muestran otros países de la región. Durante el primer semestre de 2026, Colombia comercializó más de 69.000 vehículos electrificados, alrededor de ocho veces el volumen registrado en Perú durante el mismo periodo.

La diferencia también se refleja en la participación dentro del mercado automotor. Mientras en Perú los vehículos electrificados representan cerca del 6% de las ventas totales, en Colombia alcanzan el 44%, impulsados por políticas públicas e incentivos que favorecen su adopción. Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y México también muestran una mayor penetración que el mercado peruano.

Esta brecha no responde únicamente a una mayor conciencia ambiental o a una oferta más amplia de modelos. El principal factor es la existencia de incentivos sostenidos para reducir el costo de compra y de uso de estos vehículos, una política que varios países de la región aplican desde hace años y que Perú aún no ha implementado.

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A ello se suman otros obstáculos que continúan limitando el crecimiento del mercado, como el mayor precio frente a un vehículo de combustión equivalente, la escasa infraestructura de carga disponible en ciudades y carreteras, y la ausencia de una estrategia nacional de electromovilidad que marque una hoja de ruta para el sector.

"El reto del Perú no es demostrar que la electromovilidad funciona; el mercado ya lo está demostrando. El verdadero desafío es crear las condiciones para que más peruanos puedan acceder a estas tecnologías y acelerar una transición que otros países de la región ya vienen liderando", concluyó Morisaki.

En el subsector agrícola, los mayores incrementos se registraron en productos de importancia tanto para el consumo interno como para la agroexportación. La maracuyá lideró el crecimiento de mayo con un aumento de 78,7% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado por un mejor rendimiento de los cultivos en Lima y Piura.

A este resultado se sumó el algodón rama, cuya producción avanzó 77,3% gracias a las mayores cosechas obtenidas en Ica, Lima y Lambayeque, mientras que el arroz cáscara registró un incremento de 60,7%, favorecido por una mayor producción en Lambayeque, Piura y La Libertad.

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La tendencia positiva también se vio reflejada en otros cultivos. La producción de caña de azúcar aumentó 42,5%, debido a una mayor superficie cosechada en La Libertad, Lambayeque y Áncash. Asimismo, el Midagri reportó incrementos en el ajo (46,4%), los arándanos (40,3%), la uva (16,5%) y el maíz amarillo duro (3,1%). Estos resultados estuvieron acompañados por un mayor volumen de cosechas en varias regiones del país, especialmente en la costa norte y centro, donde se concentró buena parte del crecimiento.

Pollo, leche y cerdo: los tres pilares que sostienen al sector pecuario

Durante mayo, el subsector pecuario encontró su principal motor en la avicultura. La producción de carne de pollo se expandió 2,4% gracias al ritmo sostenido de las granjas en Lima, La Libertad y Arequipa. En paralelo, la producción de leche cruda de vaca registró un incremento de 2,5%, impulsada por los mayores volúmenes obtenidos en las cuencas de Arequipa, Puno e Ica.

La porcinocultura también aportó al saldo positivo con un avance de 3,9%, motivado por una mayor comercialización en Lima e Ica, mientras que la carne de vacuno mostró un crecimiento más moderado, de 1,2%, concentrado principalmente en la capital.

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Entre enero y mayo, la producción agrícola siguió creciendo gracias a una mayor cosecha de diversos cultivos. El algodón rama encabezó la lista con un aumento de 50,8%, mientras que la palma aceitera creció 27%, el arroz cáscara 26% y la caña de azúcar 25,7%.

Por su parte, el subsector pecuario cerró los primeros cinco meses con un crecimiento acumulado de 1,9%. Este resultado se sustenta en un comportamiento homogéneo de sus principales líneas, donde sobresalen los incrementos en carne de cerdo (3,6%), pollo (2,4%), leche cruda (2,4%) y vacuno (1,3%).

La evolución positiva del agro en los primeros cinco meses resulta fundamental para el equilibrio socioeconómico del país. Este desempeño no solo asegura el abastecimiento continuo de alimentos en los mercados del país, sino que además sostiene el empleo en las regiones con mayor vocación agraria.

Nuevas medidas de seguridad

La principal innovación operativa de esta campaña es la implementación de un sello de marca oficial del CyberWow. Esta certificación visual será incorporada obligatoriamente en las páginas web y redes sociales de las empresas autorizadas. El objetivo de la organización es brindar un entorno seguro, proteger las transacciones y mitigar el riesgo de estafas en línea.

"El CyberWow tiene todo en una sola plataforma y con las garantías necesarias para adquirir productos y servicios", destacó Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú.

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Sectores clave y marcas participantes

La oferta multisectorial cubrirá rubros estratégicos para el consumo interno y permitirá a los usuarios acceder a descuentos en tecnología, hogar, moda, viajes, salud y educación.

Entre los principales actores del mercado confirmados figuran:

Grandes tiendas y marketplaces: Falabella, Ripley, Plaza Vea, Mercado Libre y Sodimac.

Tecnología y conectividad: iShop y Entel.

Salud, belleza y finanzas: MiFarma, Ésika, Dentimax y Diners.

La lista completa de empresas que cuentan con el aval digital se encuentra en la plataforma de CyberWow.

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El e-commerce en cifras de crecimiento

El evento sectorial se consolida como el mayor catalizador de la economía digital en el país. El desempeño financiero de la primera edición del año, en abril, dejó indicadores sólidos para el retail digital:

Ticket promedio: registró un incremento del 118%.

Volumen de ventas: escaló más de un 169% en comparación con las cuatro semanas previas al evento.

Bancarización: más de 3,1 millones de tarjetas bancarias realizaron transacciones comerciales dentro del ecosistema.

El comportamiento comercial de esta campaña medirá el impacto de la liquidez estacional de julio en el comercio electrónico local. El desempeño de esta segunda edición permitirá evaluar si el mercado mantiene la tendencia de crecimiento en el volumen de transacciones y en el uso de tarjetas bancarias registradas durante el primer trimestre del año.

A continuación, se detallan cinco recomendaciones de especialistas para optimizar este ingreso y las implicancias legales de su cumplimiento.

1. Liquidar deudas antes de buscar rentabilidad

El orden de prioridades debe iniciar con la evaluación de los pasivos. Cristian Arens, fundador de CIRCUM Corp, señala que amortizar deudas con tasas de interés elevadas genera un beneficio financiero superior al de cualquier inversión tradicional, debido al ahorro directo en intereses futuros. Sin obligaciones pendientes, el capital debe dividirse entre ahorro, inversión y capacitación.

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2. Estabilidad cambiaria: ahorrar en la moneda de gasto

Frente a la tentación de migrar al dólar como activo de refugio, José Bueno, profesor de ESAN, destaca la fortaleza que el sol peruano ha mantenido en la región. El especialista aconseja mantener los fondos en moneda nacional si se planea disponer del dinero a corto plazo o invertir localmente, con lo que se mitigan riesgos cambiarios innecesarios.

3. Diversificación y educación financiera

No existe un activo único que garantice el éxito. Las opciones del mercado actual abarcan:

Depósitos a plazo fijo
Fondos mutuos
Acciones y ETFs
Criptomonedas

La elección depende del perfil de riesgo del usuario, siendo la educación financiera la herramienta crítica para evitar pérdidas.

4. Crowdfunding inmobiliario como opción de alto rendimiento

Para quienes buscan salir de la banca tradicional, Alberto Abanto, jefe comercial de Inversiones IO, plantea el financiamiento colectivo de proyectos inmobiliarios. Este modelo permite invertir fracciones de capital en vivienda social, un sector con demanda estructural protegida por programas estatales. El formato ofrece plazos cortos, de 3 a 9 meses, y rentabilidades que pueden superar el 20% anualizado.

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5. Auditoría del monto: conceptos computables

El trabajador debe verificar la exactitud de su depósito. La base de cálculo incluye los conceptos de percepción regular:

Asignación familiar
Comisiones e ingresos variables
Horas extras recurrentes
Bonificaciones habituales

Quedan excluidos los pagos extraordinarios, las utilidades, las condiciones de trabajo, como movilidad, y la alimentación directa.

Plazo límite y escala de multas para empresas

Las organizaciones del sector privado tienen como fecha límite el 15 de julio para efectuar el pago. Jimmy Huaytuco, líder de implementaciones de Buk Perú, advierte que el incumplimiento es una infracción grave tipificada por la Sunafil.

Las sanciones económicas se estructuran según el tipo de empresa:

Microempresas: exentas de la obligación de otorgar este beneficio.
Pequeñas empresas: multas acumulativas de hasta S/24.750
Mediana y gran empresa (no MYPE): sanciones severas que alcanzan S/143.660.

Esta negociación fue suscrita entre el Ejecutivo y gremios como CTE Perú, Conasep, Confetep, Unasse y CITE, tras varios meses de conversaciones. Los aumentos irán desde S/60 hasta S/222 mensuales, dependiendo del régimen incluido en el convenio.

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Estos son los aumentos salariales según cada régimen

• Trabajadores del régimen 276 del Gobierno nacional y gobiernos regionales recibirán un incremento total de hasta S/222 mensuales. El monto incluye un aumento de S/117 al Monto Único Consolidado (MUC) y otros S/105 al Incentivo Único CAFAE.
• Trabajadores 276 de gobiernos locales obtendrán un incremento fijo de S/125 mensuales bajo el concepto “Negociación colectiva centralizada 2026-2027”.
• Para los trabajadores CAS (Decreto Legislativo 1057), el aumento dependerá del sueldo actual:
  • Quienes ganen hasta S/2.364,19 recibirán S/153 adicionales.
  • Los que perciban entre S/2.364,19 y S/4.364,19 tendrán un aumento de S/125.
  • Los trabajadores con ingresos mayores a S/4.364,19 recibirán S/60 mensuales.
• Los trabajadores CAS de gobiernos locales accederán a un incremento uniforme de S/125 mensuales desde enero de 2027.
• En el régimen 728 del Gobierno nacional y gobiernos regionales, el aumento dependerá de cuándo se aprobó la escala salarial:
  • Si fue aprobada entre 2023 y 2026, el incremento será de S/60.
  • Si la escala fue aprobada antes de 2023, el aumento llegará a S/125 mensuales.
• Los trabajadores municipales bajo el régimen 728 recibirán un aumento de S/150 mensuales, monto que además tendrá carácter remunerativo y pensionable.
• Los trabajadores comprendidos en la Ley Servir (Ley 30057) obtendrán un incremento de S/60 mensuales.
• Los guardaparques regulados por la Ley 31991 recibirán S/125 adicionales.

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Personal penitenciario tendrá uno de los mayores incrementos

El convenio también contempla mejoras para el personal penitenciario comprendido en la Ley 29709. Según el acuerdo, la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) se incrementará en S/144,33, con lo que alcanzará un total de S/2.700 mensuales.

El documento además precisa que no todos los trabajadores públicos fueron incluidos en los aumentos pactados. El Servicio Diplomático, regulado por la Ley 28091, quedó fuera de la negociación colectiva y no accederá a los incrementos salariales anunciados.

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Aunque los sindicatos respaldaron el convenio final, algunos dirigentes expresaron observaciones sobre los montos aprobados, especialmente en gobiernos locales, donde los incrementos serán menores frente a los otorgados en entidades nacionales y regionales.

Con la firma del convenio, el Ejecutivo cerró oficialmente la negociación colectiva centralizada 2026-2027 y confirmó que todos los aumentos empezarán a aplicarse desde el 1 de enero del 2027.

El INCORE evalúa la capacidad de las regiones para aprovechar sus recursos y promover el crecimiento económico sostenible mediante el análisis de 42 indicadores, agrupados en seis pilares: entorno económico, mercado laboral, infraestructura, salud, educación e instituciones.

Según el informe, las regiones más competitivas se concentran principalmente en la costa centro y sur del país, mientras que los menores niveles de competitividad continúan registrándose en la sierra norte y la Amazonía. En el extremo inferior del ranking figuran Loreto, Ucayali, Huánuco, Amazonas y Puno.

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Las regiones líderes mantienen ventajas estructurales

Lima ocupa primer lugar del índice con un puntaje de 7.5, seguida por Moquegua (7.5), Arequipa (7.0), Tacna (6.9) e Ica (6.6). Estas regiones destacan por su mayor dinamismo económico, mejores indicadores laborales, infraestructura más desarrollada y mayor acceso a servicios públicos.

El IPE también encontró una relación directa entre competitividad y bienestar. Las regiones con mayores puntajes presentan menores niveles de pobreza monetaria, lo que evidencia que un entorno favorable para la inversión privada y la productividad se traduce en mejores condiciones de vida para la población.

Moquegua, Arequipa y Tacna destacan en indicadores clave

Además de ocupar los primeros lugares del ranking, las regiones líderes sobresalen en indicadores específicos.

Moquegua registra el mayor nivel de formalidad laboral del país y lidera el acceso de los hogares al servicio de saneamiento. Sin embargo, aún enfrenta desafíos relacionados con la conflictividad social y las brechas salariales de género.

Arequipa destaca por ofrecer la mayor continuidad del servicio de agua potable y por liderar la resolución de expedientes judiciales. No obstante, el estudio identifica retos en seguridad ciudadana y cobertura de vacunación infantil.

Por su parte, Tacna sobresale por registrar los menores niveles de desnutrición infantil y embarazo adolescente del país, aunque aún presenta rezagos en el uso de billeteras digitales y problemas de victimización urbana.

En el caso de Ica, la región lidera el indicador de menor prevalencia de anemia infantil y un elevado acceso a internet, aunque todavía muestra brechas en continuidad del servicio de agua y eficiencia del sistema judicial.

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Acceso a comisarías continúa siendo desigual en el país

El estudio también evidencia que la disponibilidad de comisarías con infraestructura en buen estado continúa siendo una de las principales brechas en varias regiones del país. En ese sentido, se muestran diferencias importantes en la cobertura policial, medida por el número de comisarías por cada 100.000 habitantes que cuenten con paredes, piso y techo en buen estado, un indicador que influye directamente en la capacidad de respuesta frente a la inseguridad ciudadana.

Si bien algunas regiones presentan una mayor presencia de infraestructura policial, otras mantienen una cobertura limitada, lo que refleja la necesidad de fortalecer la inversión en seguridad pública y reducir las desigualdades territoriales para mejorar las condiciones de competitividad y la calidad de vida de la población.

Persisten brechas pese al liderazgo

El estudio advierte que ocupar los primeros lugares no significa que las regiones hayan cerrado todas sus brechas de desarrollo. Incluso Lima, que lidera el ranking nacional, mantiene elevados niveles de victimización pese a haber mejorado sus indicadores de formalidad laboral durante el último año.

Asimismo, el informe señala que la descentralización aún no logra reducir las diferencias entre regiones en aspectos como acceso a agua segura, conectividad, educación, salud y acceso al crédito, por lo que recomienda fortalecer las políticas orientadas a impulsar la inversión privada, mejorar la infraestructura y elevar la calidad de los servicios públicos.

El INCORE 2026 confirma que las regiones con mayores niveles de competitividad son también las que ofrecen mejores condiciones para el desarrollo económico y la atracción de inversiones. Sin embargo, el estudio subraya que el desafío para los gobiernos regionales no solo es mantener el crecimiento, sino cerrar las brechas pendientes en seguridad, salud, educación e infraestructura para que la competitividad se traduzca en un desarrollo más equilibrado y sostenible en todo el país.

De acuerdo con el informe, elaborado tras una supervisión realizada entre el 3 y el 22 de junio de 2026, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) cuenta con un saldo disponible de S/24.683,022 para financiar los trabajos del puente, monto considerablemente inferior a los S/156.079,667 requeridos entre junio y diciembre de este año.

La Contraloría indicó que los recursos disponibles tampoco alcanzan para cubrir el presupuesto programado hasta agosto de 2026, estimado en S/26.995,156. El financiamiento está destinado a cubrir los contratos de diseño y construcción, la supervisión técnica a cargo del ingeniero FIDIC y la asistencia especializada de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), todos actualmente en ejecución.

Asimismo, el órgano de control señaló que las gestiones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener recursos adicionales, mediante un crédito suplementario y una demanda adicional de presupuesto, permanecían sin respuesta al 18 de junio de 2026.

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El puente Santa Rosa representa una inversión de US$171 millones y constituye uno de los dos componentes principales de la Vía Expresa Santa Rosa. Su finalidad es brindar un acceso directo al aeropuerto, mejorar la seguridad vial y reducir la congestión vehicular. La culminación de la obra está prevista para el 5 de julio de 2028.

Retrasos comprometen cronograma

El informe también advierte retrasos en la ejecución del diseño y construcción del puente que podrían derivar en ampliaciones de plazo, mayores costos contractuales y la postergación de los beneficios esperados para el sistema de transporte hacia el principal terminal aéreo del país.

Entre las principales demoras detectadas figuran los estudios de geología y geotecnia, culminados con 59 días de atraso respecto al cronograma, así como el Plan de Desvíos y Manejo de Tránsito, que acumulaba un retraso de 111 días al 22 de junio de 2026.

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Según el organismo, estas demoras afectan actividades críticas del proyecto, como el diseño de las subestructuras del puente, fundamentales para el inicio de las siguientes etapas constructivas.

El informe también recoge observaciones del ingeniero supervisor, quien en mayo de este año calificó la situación como un 'atraso severo' y recomendó evaluar la aplicación de las cláusulas contractuales que permitan implementar medidas correctivas para recuperar el avance de la obra.

Escombros y riesgos adicionales

La Contraloría detectó además la acumulación de material excedente y escombros dentro del área de ejecución del puente por parte de terceros, situación que podría originar nuevas ampliaciones de plazo y pagos adicionales al contratista por los costos de limpieza y disposición del material.

Finalmente, el órgano de control alertó que continúa pendiente la conformación de la Junta de Adjudicación y Resolución de Disputas (DAAB), mecanismo previsto para resolver controversias durante la ejecución del contrato. Este proceso debió concluir en diciembre de 2025 y su retraso podría incrementar los costos y afectar el desarrollo oportuno de la obra.

Como ejemplo de este escenario, el exministro de Economía cuestionó el crédito suplementario de cerca de S/10.000 millones, equivalente a casi el 1% del PBI, al señalar que constituye el mayor incremento del gasto público registrado en la historia reciente.

Indicó que esta ampliación del presupuesto no obedece a una mejora en la recaudación o a mayores ingresos del Estado, sino a la necesidad de financiar obligaciones que fueron aprobadas previamente sin contar con recursos suficientes.

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"Este crédito suplementario por cerca de 10.000 millones es el más grande de la historia. Es aproximadamente un punto del PBI y lo que está tratando de hacer el Ministerio de Economía es atender obligaciones de gasto que no tienen financiamiento", afirmó.

Segura sostuvo que el monto aprobado incluso sería insuficiente para cubrir todas las obligaciones ya generadas, por lo que el próximo gobierno heredará un escenario fiscal aún más complejo. A su juicio, esta situación refleja un manejo desordenado del presupuesto y la falta de transparencia sobre el verdadero impacto de las decisiones de gasto aprobadas en los últimos meses.

Un tsunami de leyes de gasto pone más presión sobre el MEF

Durante la entrevista, Segura señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfrenta un "tsunami" de iniciativas de gasto impulsadas principalmente desde el Congreso, muchas de las cuales ya fueron convertidas en ley sin establecer cómo serán financiadas. Según explicó, ello obliga al Estado a destinar cada vez más recursos para cumplir obligaciones permanentes, reduciendo el espacio para financiar nuevas políticas públicas.

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El presidente del Consejo Fiscal remarcó que esta situación no solo incrementa las presiones sobre las finanzas públicas, sino que además condiciona la gestión del próximo ministro de Economía, quien deberá asumir compromisos ya aprobados con un margen presupuestario cada vez más reducido.

Frente a este panorama, el extitular del MEF consideró que la nueva gestión deberá tomar decisiones difíciles para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas. Entre ellas, mencionó la necesidad de repriorizar el presupuesto, revisar las normas que generan obligaciones de gasto sin financiamiento e, incluso, evaluar acciones ante el Tribunal Constitucional cuando estas vulneren las competencias en materia presupuestaria. A su juicio, estas medidas serán necesarias para evitar que continúe deteriorándose la disciplina fiscal.

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También alertó que el crédito suplementario no contempla recursos suficientes para enfrentar un eventual fenómeno de El Niño, por lo que el próximo gobierno tendrá que destinar partidas específicas para prevención y mitigación, tal como ocurrió en años anteriores ante eventos climáticos de gran magnitud.

El economista también cuestionó que, mientras se aprueban nuevas obligaciones de gasto, en los últimos años se hayan impulsado exoneraciones tributarias y otros beneficios que reducen la recaudación del Estado. Según explicó, esta combinación de mayores compromisos y menores ingresos ha deteriorado las cuentas públicas, debilitado la capacidad fiscal del país y reducido el margen para atender nuevas prioridades. "Es básicamente una fiesta para la pérdida de ingresos por un lado y, por otro lado, para el aumento de gasto", resumió.

El proceso se desarrollará en tres etapas. El primer bloqueo comenzó este 7 de julio, mientras que las siguientes jornadas están previstas para el 14 y 21 de julio. En cada fecha se desactivarán alrededor de 120.000 equipos, según informó el organismo regulador.

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Con esta nueva intervención, la cifra de celulares bloqueados superará los 2 millones entre enero y julio de 2026. Si se considera el periodo desde abril de 2025, cuando se reforzaron estas acciones, el total sobrepasará los 4,6 millones de dispositivos.

La identificación de los equipos se realiza mediante el sistema Renteseg, que remite las órdenes de bloqueo a las empresas operadoras para que ejecuten la suspensión del servicio conforme al procedimiento establecido por Osiptel.

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¿Cómo evitar que bloqueen tu celular?

Antes de ejecutar el bloqueo, las empresas operadoras deberán comunicar la medida a sus clientes mediante un mensaje de texto (SMS). Una vez recibida la notificación, dispondrán de un plazo máximo de dos días hábiles para concretar la suspensión del servicio, tiempo durante el cual el usuario podrá regularizar la situación de su equipo.

El trámite dependerá del lugar donde se adquirió el dispositivo:

• Si el celular fue comprado en Perú, el usuario debe solicitar a la empresa que lo vendió que registre el equipo en la lista blanca del Renteseg.
• Si fue adquirido en el extranjero para uso personal, deberá acudir a la empresa operadora con la que tiene contratado el servicio móvil para gestionar el registro correspondiente.

Para facilitar la consulta, Osiptel habilitó en el portal del Renteseg la sección "Bloqueo de IMEI no registrados en la lista blanca", donde los usuarios pueden revisar el número de equipos bloqueados por mes y año, además de un mapa interactivo con las regiones donde la medida ha tenido mayor impacto. Si un equipo fue adquirido legalmente, el organismo recomienda realizar el registro correspondiente para evitar que sea bloqueado.

El informe señala que Perú se consolida como una de las principales potencias mineras del mundo, al ocupar el tercer lugar en producción mundial de cobre y el segundo en plata y zinc, además del segundo puesto en oro en Latinoamérica, según cifras del United States Geological Survey (USGS, 2026).

Con respecto al desarrollo territorial, la actividad minera genera transferencias económicas hacia el Gobiernos nacional, los Gobiernos regionales y locales mediante canon minero, regalías mineras legales y contractuales, y el pago por derecho de vigencia y penalidad. Al cierre del año 2025, dichas transferencias superaron los S/10.045 millones, consolidándose como la segunda transferencia anual más alta que se haya registrado.

La inversión prevista representa un incremento de 1,7% (US$1.070 millones) respecto de lo reportado en la Cartera de Proyectos de Inversión Minera – Actualización octubre 2025 (65 proyectos – US$63.005 millones).

Inversiones según su ubicación

La distribución de la inversión minera en el Perú según macrorregión evidencia una estructura territorial marcadamente diferenciada, en la que el sur del país concentra la mayor participación del portafolio, seguido por el norte y el centro, mientras que la macrorregión oriente mantiene una presencia marginal dentro de la cartera vigente.

En ese sentido, la macrorregión sur concentra US$29.142 millones, equivalentes al 45,5% del total, distribuidos en 25 proyectos mineros, consolidándose como el principal eje de la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026. Su peso en la cartera responde a la presencia de proyectos de gran escala localizados en Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, reflejando la alta dotación de recursos minerales y la consolidación progresiva de infraestructura minera en esta zona del país.

En términos de concentración de inversiones, Cajamarca se mantiene como el principal destino de inversión minera del país, concentrando US$16.586 millones, equivalentes al 25,9% de la inversión global de la cartera, distribuidos en 7 proyectos. El liderazgo del departamento se sustenta principalmente en el desarrollo de grandes proyectos cupríferos de largo plazo, entre los que destacan Conga (US$4.800 millones), El Galeno (US$3.500 millones), Michiquillay (US$2.500 millones), Yanacocha Sulfuros (US$2.500 millones) y La Granja (US$2.400 millones). Esta importante concentración de inversiones consolida a Cajamarca como uno de los principales polos estratégicos para la expansión futura de la minería nacional.

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Inversiones según el tipo de proyecto

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 clasifica las iniciativas de inversión en dos grandes categorías: proyectos greenfield y proyectos brownfield. Los proyectos greenfield corresponden a nuevas iniciativas mineras desarrolladas en áreas donde no existen operaciones extractivas previas, lo que implica el desarrollo integral de infraestructura minera, procesamiento, transporte y servicios auxiliares.

Por su parte, los proyectos brownfield se ejecutan en unidades mineras en operación o en zonas previamente intervenidas por actividad minera y se orientan principalmente a ampliar la capacidad operativa, extender la vida útil de las minas, optimizar procesos productivos o incorporar nuevos depósitos mineralizados.

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Entre los principales proyectos greenfield destacan, por sus mayores montos de inversión, Conga (US$4.800 millones), El Galeno (US$3.500 millones), Hierro Apurímac (US$2.900 millones), Río Blanco (US$2.792 millones), Los Chancas (US$2.600 millones), Michiquillay (US$2.500 millones), La Granja (US$2.400 millones), Cañariaco (US$2.160 millones) y Zafranal (US$1.900 millones).

Por otro lado, los proyectos brownfield agrupan 36 iniciativas con una inversión conjunta de US$23.471 millones. Dentro de esta categoría, los proyectos de reposición concentran la mayor inversión, con 10 iniciativas que suman US$8.276 millones.

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 refleja el dinamismo del sector y el interés por desarrollar nuevas operaciones, así como por ampliar y optimizar minas ya existentes. Con una mayor inversión prevista para este año y una distribución que alcanza a 19 departamentos, el portafolio busca fortalecer la competitividad del Perú como uno de los principales productores mineros del mundo y generar un impacto económico a través de la ejecución de proyectos, la creación de empleo y el incremento de las transferencias de recursos hacia las regiones y gobiernos locales.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 7 de julio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 6 de julio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

Impulso fiscal a la inversión deportiva

El cambio más relevante de la reforma se concentra en el régimen de incentivos tributarios para los mecenas y patrocinadores:

Deducción ampliada: se eleva de 10% al 15% el tope para deducir como gasto las donaciones o aportes.
Tercera categoría: aplica directamente sobre la renta neta de las empresas.
Rentas de trabajo: beneficia a personas naturales con rentas de quinta y cuarta categoría, incluyendo fuente extranjera.
Beneficio del IGV: se establece la exoneración de este impuesto para la importación de bienes destinados al deporte.

La Ley 32708, publicada en el Diario Oficial El Peruano, fija con claridad las reglas contables: estas deducciones fiscales no constituyen créditos tributarios, no configuran saldos a favor del contribuyente y, bajo ninguna condición, podrán ser arrastradas a ejercicios tributarios venideros. Adicionalmente, se estipula la prohibición expresa de aplicar dobles deducciones o acumular beneficios paralelos bajo un mismo concepto de gasto.

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Nuevas actividades y control del IPD

La ley reestructura las líneas de financiamiento permitidas para asegurar que el capital privado impacte de forma integral en el ecosistema deportivo. Las modalidades autorizadas contemplan:

Infraestructura: construcción, mejora y equipamiento de espacios.
Capital humano: pago de subvenciones a deportistas, entrenadores y primas de seguros particulares.
Logística y salud: financiamiento de viajes, viáticos e investigación médica y deportiva.
Inclusión y herramientas: entrega de equipamiento homologado, consumibles, prótesis y sillas de ruedas para el paradeporte.

Toda actividad financiada bajo este marco legal requiere la aprobación previa y el monitoreo técnico del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para garantizar el destino correcto de los fondos y la transparencia del gasto.

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Cerrojos antifraude y cronograma de vigencia

Para disuadir la evasión fiscal y el desvío indebido de recursos públicos, la reforma añade criterios de fiscalización tributaria estricta:

Obligación de bancarización: quedan terminantemente prohibidas las entregas físicas de dinero en efectivo. Todo aporte monetario amparado en la norma exige el uso de mecanismos financieros bajo la Ley de Bancarización.
Restricción por consanguinidad: no procederá el beneficio de deducción si se comprueba relación de parentesco directo o indirecto entre el aportante privado y el deportista subvencionado.
Penalidades fiscales: las operaciones simuladas, facturaciones fraudulentas o beneficios económicos indirectos en favor del mecenas forzarán la inmediata regularización de los impuestos omitidos con sus respectivas multas e intereses financieros.

La normativa extiende la vigencia de este ecosistema de incentivos deportivos hasta el 31 de diciembre de 2029, asegurando predictibilidad para los presupuestos corporativos a mediano plazo. No obstante, la vigencia del incremento del límite al 15%, las nuevas líneas de equipamiento y el mandato de bancarización obligatoria entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2027. El Poder Ejecutivo y el IPD disponen de un plazo de 60 días calendario para adecuar los reglamentos correspondientes.