La medida amplía el universo de potenciales beneficiarios de programas como Techo Propio, que otorga el Bono Familiar Habitacional (BFH) para la adquisición de vivienda nueva. Aunque la norma no crea un subsidio adicional ni modifica los montos vigentes, sí abre la posibilidad de que más personas que viven solas accedan a mecanismos de apoyo estatal para la compra de una vivienda.

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Además de las familias unipersonales, el reglamento reconoce otras formas de organización familiar, como las nucleares, extendidas, compuestas, ensambladas e integradas. Asimismo, establece que los beneficiarios de subsidios habitacionales directos e indirectos podrán acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS) siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa correspondiente.

Techo Propio y subsidios de hasta S/52.250: qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios

La incorporación de las familias unipersonales no elimina las condiciones exigidas para acceder a los programas de vivienda social. Entre los principales requisitos figura no ser propietario de una vivienda, terreno o aires independizados destinados a uso habitacional, así como no haber recibido anteriormente apoyo habitacional por parte del Estado.

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La norma también dispone que las viviendas adquiridas mediante estos programas deberán encontrarse registradas en el Registro Nacional de Vivienda (Renavi). Además, los beneficiarios no podrán vender, alquilar ni transferir el inmueble durante los primeros cinco años posteriores a su adquisición, periodo en el que deberá mantenerse como residencia principal.

En cuanto a los montos del Bono Familiar Habitacional, estos varían según la modalidad de acceso. Para la compra de una vivienda unifamiliar, el subsidio puede alcanzar los S/52.250, siempre que el valor del inmueble no supere los S/109.100. En el caso de departamentos, el bono asciende a S/47.850 para viviendas valorizadas hasta en S/136.100.

Asimismo, quienes opten por construir en un terreno propio podrán acceder a un bono de S/33.000, monto que puede incrementarse en determinadas regiones del país. Para el mejoramiento de una vivienda, el subsidio vigente es de S/12.650.

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Por otro lado, el reglamento incorpora ajustes para adecuarse a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de la política de vivienda social y adecuar el marco normativo vigente.

No obstante, la implementación de los cambios no será inmediata. El Ministerio de Vivienda contará con un plazo de hasta 180 días para adecuar los reglamentos operativos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones. Ese proceso definirá la forma en que las familias unipersonales podrán incorporarse a programas como Techo Propio y acceder a los beneficios previstos por el Estado.

El nuevo titular del MEF asumirá una cartera que conserva una de las principales fortalezas del país, la estabilidad macroeconómica, pero que también enfrenta presiones acumuladas en las cuentas públicas, un mayor compromiso de gasto y dificultades para convertir los recursos del Estado en mejores servicios para la población.

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Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, la primera tarea de Cuba debe estar en ordenar las finanzas públicas luego de un periodo en el que la reducción del déficit fiscal estuvo favorecida por una mejora extraordinaria de los ingresos.

"El principal desafío es sanear las cuentas públicas después de un manejo bastante prolijo. Si bien el déficit fiscal se ha reducido, es por una recaudación excepcional que ha permitido absorber el exceso de gasto por iniciativas del Congreso y cierta permisividad del Ejecutivo", explicó.

Castilla señaló que la mejora fiscal reciente debe observarse con cautela, debido a que una parte importante del aumento de los ingresos provino del buen momento de los precios internacionales de los minerales, especialmente del cobre y el oro.

En esa misma línea, Mario Vergara, economista y docente de Posgrado de ESAN, sostuvo que Cuba deberá iniciar su gestión con una revisión de las medidas que han generado mayores compromisos para el Estado y con una estrategia orientada a recuperar el orden presupuestario.

"El objetivo debe ser frenar el deterioro de las cuentas públicas y restaurar la disciplina presupuestaria", señaló.

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Para Vergara, la revisión de normas con impacto fiscal, la lucha contra la evasión tributaria y una mejor utilización de los recursos públicos serán parte de la agenda que deberá atender el nuevo ministro.

Ambos especialistas coinciden en que Cuba recibe un MEF con fortalezas reconocidas, pero también con una mayor presión sobre el gasto y la necesidad de mantener la confianza en la economía peruana.

Durante su presentación tras asumir el cargo, Cuba adelantó que una de sus primeras tareas será revisar las normas aprobadas en los últimos años que tienen impacto sobre las finanzas públicas.

"Ha habido algunas normas en el pasado que pueden afectar la caja fiscal. Vamos a reevaluar cada una de ellas, y seguramente un par tendríamos que cambiarlas para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal", sostuvo.

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Elmer Cuba deberá ordenar las cuentas públicas y enfrentar las presiones sobre el presupuesto

El manejo fiscal será uno de los primeros frentes de atención para la nueva gestión. En los últimos años, el Perú acumuló mayores compromisos de gasto debido a medidas aprobadas con impacto permanente sobre el presupuesto, mientras aumentaron las demandas por mayores recursos para distintos sectores.

Las reglas fiscales, que establecen límites para evitar que el déficit y la deuda aumenten a niveles difíciles de sostener, serán un punto central en la gestión del nuevo ministro.

Castilla considera que una de las primeras pruebas de Cuba será la presentación del Presupuesto 2027, prevista para el primer mes de gestión, ya que este deberá respetar las reglas fiscales vigentes. "Su prueba más importante la tiene un mes entrado al Gobierno, porque tiene que presentar la ley de presupuesto del año 2027. Probablemente tendrá que haber algún cambio para compatibilizarla con las reglas fiscales, porque la ley de presupuesto tiene que ser consecuente con esas reglas", señaló.

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El exministro explicó que el reto estará en compatibilizar las propuestas planteadas durante la campaña con la capacidad financiera del Estado, sin generar presiones que afecten la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Otro punto de atención será la dependencia de ingresos vinculados al ciclo minero. Si bien el aumento de la recaudación tributaria ha permitido mejorar los resultados fiscales, una parte de esos recursos depende de factores externos que pueden cambiar.

Por ello, la gestión del MEF deberá buscar fuentes de ingresos más permanentes y fortalecer la administración tributaria, especialmente mediante acciones contra la evasión y la informalidad.

Elmer Cuba tendrá el reto de que el crecimiento económico llegue a los hogares

El nuevo ministro también recibirá una economía con una brecha pendiente: mientras los indicadores macroeconómicos muestran una recuperación, muchos ciudadanos todavía no perciben una mejora similar en sus ingresos o en sus condiciones de vida.

Durante su presentación, Cuba reconoció esta situación y señaló que uno de los objetivos de su gestión será lograr que el crecimiento se refleje en mejores empleos y servicios públicos.

"La población todavía no ha sentido sus salarios, su bienestar, ese crecimiento. La meta es en los próximos años hacer que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones y mejores servicios públicos", afirmó.

Vergara sostuvo que la evaluación de la gestión de Cuba no dependerá únicamente de mantener bajo control variables como inflación, deuda o déficit, sino de su capacidad para conectar esos resultados con la realidad de las familias.

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"El principal desafío no estará en la teoría macroeconómica, donde cuenta con amplia trayectoria técnica y experiencia como exdirector del BCRP, sino en la traducción del crecimiento en el bolsillo de la población y en la gestión político-fiscal", explicó.

Para ello, el MEF tendrá que enfrentar problemas que limitan el crecimiento del país, como la informalidad laboral, los bajos niveles de productividad y las dificultades del Estado para ejecutar adecuadamente los recursos asignados.

Mejorar la ejecución del gasto y la productividad marcarán la agenda económica

Una de las tareas pendientes del Estado es mejorar la capacidad para convertir el presupuesto público en obras y servicios que lleguen a la población. El problema no solo está en cuánto dinero tiene el Estado, sino en su capacidad para convertir esos recursos en resultados. Un presupuesto que no se ejecuta no se traduce en carreteras, hospitales o servicios que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

Cada año, gobiernos regionales y municipios enfrentan dificultades para ejecutar completamente los recursos destinados a infraestructura, mientras continúan brechas en sectores como agua, transporte, salud y educación.

En ese escenario, la gestión del MEF tendrá que trabajar en mejorar la calidad del gasto público y fortalecer la coordinación con las entidades encargadas de ejecutar proyectos.

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La inversión privada también formará parte de la agenda, pero dentro de una discusión más amplia sobre cómo elevar la capacidad productiva del país y generar empleo formal.

La gestión de Elmer Cuba será observada por su capacidad para mantener la estabilidad económica del Perú, pero también por los resultados que consiga en un objetivo pendiente: que el crecimiento deje de ser solo un dato macroeconómico y tenga una expresión más concreta en la vida de los ciudadanos.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 28 de julio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

Los resultados muestran que las desvinculaciones respondieron principalmente a decisiones de contención de gastos. El 46% de las áreas de Recursos Humanos identificó la reducción de costos como la principal causa de los despidos. A ello se suman el desempeño insuficiente del personal (44%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (20%), la situación económica general (16%), otros factores (10%) y los procesos de fusión o adquisición (6%).

La percepción de los trabajadores coincide con la reportada por las empresas. El estudio indica que el 71% de los talentos afirmó que en la organización donde trabaja hubo despidos durante el primer semestre, mientras que el 11% señaló haber perdido su empleo en ese mismo periodo.

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En la comparación regional incluida en el estudio, Panamá registró el mayor porcentaje de organizaciones que reportaron despidos (86%), seguida por Chile (71%), mientras que Perú y Ecuador alcanzaron el 68% y Argentina registró el 67%.

Aunque el estudio muestra un incremento de las desvinculaciones respecto del año pasado, también recoge las perspectivas que tienen las empresas para los próximos meses. Las proyecciones reflejan un escenario en el que las organizaciones priorizan la continuidad de sus operaciones y evalúan con cautela sus decisiones sobre contratación y crecimiento de personal.

Qué revela el estudio sobre despidos, contrataciones y aumentos salariales

Las expectativas para el resto del año muestran que el 42% de las organizaciones planea mantener su plantilla actual, mientras que el 35% prevé incorporar más trabajadores y el 23% anticipa una reducción de personal. En cuanto al comportamiento del mercado laboral, el 45% considera que la evolución será positiva, el 41% espera un desempeño regular y el 14% proyecta un escenario negativo.

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El estudio también analiza las perspectivas salariales y encuentra que casi siete de cada diez empresas (69%) no tienen previsto otorgar aumentos de remuneraciones durante el segundo semestre. Solo el 31% planea realizar incrementos y, dentro de ese grupo, dos tercios prevén aumentos reales, mientras que el resto contempla ajustes por inflación o una combinación de ambos mecanismos.

Del lado de los trabajadores, el informe señala que el 65% no recibió un incremento salarial durante la primera mitad del año, frente a un 35% que sí obtuvo una mejora en sus ingresos. Entre quienes recibieron un aumento, el 72% indicó que se trató de un incremento real, mientras que otros reportaron actualizaciones por inflación o ambos tipos de ajuste.

Los resultados del estudio muestran que las empresas mantienen una estrategia de cautela frente al mercado laboral. Si bien una parte importante proyecta conservar o ampliar sus equipos de trabajo en los próximos meses, la investigación refleja que las empresas mantienen una postura cautelosa al definir sus políticas de contratación y remuneraciones, en un contexto en el que buscan sostener sus operaciones.

Aunque actualmente las exportaciones peruanas de alimentos hacia Guatemala aún son reducidas, con ventas que no superan los US$70 millones, las cifras muestran una tendencia de crecimiento sostenido. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el 2025 marcó un récord histórico al registrar envíos por US$69,5 millones, un nivel que superó ampliamente las importaciones procedentes del país centroamericano.

La expectativa es que el acuerdo comercial permita ampliar significativamente esa participación mediante una mayor colocación de frutas frescas, hortalizas, cacao, granos andinos y otros productos con creciente demanda en Centroamérica. El mercado guatemalteco, con una población cercana a los 20 millones de habitantes, representa además una plataforma para fortalecer la presencia peruana en una región donde el país ya mantiene acuerdos comerciales con Panamá, Costa Rica y Honduras, mientras continúan las negociaciones con El Salvador y Nicaragua.

El contexto también favorece este proceso. Durante los primeros cinco meses del 2026, las agroexportaciones peruanas alcanzaron US$4.713 millones, reflejando el dinamismo que mantiene uno de los sectores más importantes para la generación de divisas y empleo en el país.

¿Qué productos peruanos se beneficiarán con el TLC con Guatemala?

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la eliminación de barreras arancelarias para un grupo importante de productos de interés peruano. El tratado identifica 112 partidas arancelarias, de las cuales 45 obtuvieron desgravación inmediata al entrar en vigor el acuerdo. Estas corresponden a mercancías que Guatemala importaba desde terceros países por un valor aproximado de US$468 millones, lo que abre una posibilidad concreta para que los exportadores peruanos ganen participación en ese mercado.

Entre los productos con mejores perspectivas figuran las uvas frescas, mangos, maíz morado, maíz gigante del Cusco, preparaciones alimenticias a base de harina, frijoles, fresas congeladas, jaleas, mermeladas y vinos, además de otros alimentos con valor agregado.

Las estadísticas del Midagri muestran que durante 2025 un grupo de apenas 20 productos agrícolas concentró cerca del 90% de las exportaciones peruanas hacia Guatemala. Dentro de ese conjunto, las uvas frescas, los cítricos y el aceite de palma explicaron el 55% del valor total exportado, lo que evidencia el peso que tienen estos cultivos dentro de la relación comercial bilateral.

El reto ahora será convertir las ventajas arancelarias en mayores exportaciones. Para ello, la cartera de Desarrollo Agrario y Riego considera necesario impulsar inversiones que permitan establecer rutas marítimas más eficientes hacia Centroamérica y fortalecer la infraestructura logística. Además, plantea acelerar la negociación de protocolos fitosanitarios que faciliten el ingreso de productos agrícolas frescos y mejoren la competitividad de la oferta peruana.

El nuevo TLC llega en un momento en que el Perú busca diversificar sus destinos de exportación frente a un contexto internacional de mayor competencia y desaceleración en algunos mercados tradicionales. Si las mejoras logísticas y sanitarias avanzan al mismo ritmo que la apertura comercial, Guatemala podría convertirse en un destino con mayor relevancia para la oferta agrícola peruana y contribuir a consolidar la presencia del país en Centroamérica, una región que gana importancia dentro de la estrategia exportadora nacional.

De acuerdo con el gremio, este avance respondería a una mayor disposición de las familias para realizar compras durante julio, favorecida por el pago de gratificaciones y aguinaldos, así como por las estrategias que vienen aplicando las pequeñas empresas para adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores.

Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, señaló que las expectativas para esta campaña son positivas, aunque mantienen una mirada prudente debido a que el ritmo de recuperación del consumo todavía es progresivo.

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“Para aprovechar este escenario, las pymes han fortalecido sus canales de venta digital, además vienen optimizando la atención al cliente y desarrollando estrategias comerciales con el fin de adaptarse con mayor rapidez a las condiciones del mercado”, indicó.

En los últimos años, muchas pequeñas empresas han acelerado su transformación digital, incorporando herramientas como redes sociales, plataformas de comercio electrónico y servicios de delivery, alternativas que les permiten llegar a más clientes y responder con mayor rapidez a la demanda.

Fiestas Patrias impulsaría ventas de comercio, gastronomía y turismo interno

Los sectores que tendrían un mejor desempeño durante la campaña serían comercio, gastronomía, turismo interno, confecciones, calzado, tecnología y servicios, según la estimación del gremio empresarial.

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La expectativa responde a que durante las celebraciones por Fiestas Patrias suele incrementarse la demanda de productos y servicios vinculados al consumo familiar, como prendas de vestir, artículos para el hogar, equipos tecnológicos, viajes, restaurantes y actividades recreativas.

En el caso del turismo interno, las pequeñas empresas vinculadas a hospedajes, transporte, alimentación y experiencias locales podrían beneficiarse del mayor movimiento de viajeros durante el feriado largo.

Asimismo, el sector gastronómico espera una mayor afluencia de consumidores que buscan celebrar estas fechas fuera del hogar, mientras que los negocios de confecciones y calzado podrían registrar un aumento de pedidos por la renovación de prendas y compras asociadas a las actividades patrióticas.

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Ojeda explicó que el consumidor actual no solo prioriza el precio, sino también la calidad y la experiencia de compra. Por ello, las pymes vienen enfocándose en ofrecer promociones atractivas, mejorar la atención y diferenciarse frente a la competencia.

“El consumidor busca buenas ofertas, calidad y una buena experiencia de compra. Las pequeñas empresas han entendido eso y están apostando por innovar y ofrecer un mejor servicio para diferenciarse”, sostuvo.

Pymes prevén mayor gasto por hogar y más empleos temporales durante julio

El gremio estimó que el gasto promedio durante la campaña de Fiestas Patrias se ubicaría entre S/250 y S/450 por hogar, aunque este monto dependerá del nivel de ingresos de las familias y del tipo de productos o servicios adquiridos.

Este comportamiento estaría acompañado por una mayor presencia de promociones, facilidades de pago y campañas comerciales impulsadas por los negocios para captar clientes durante una de las temporadas de mayor movimiento del año.

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Además del impulso en ventas, la campaña de Fiestas Patrias también tendría un efecto positivo en el empleo. La CCL estima que las contrataciones temporales crecerían entre 8% y 12%, principalmente en comercio, restaurantes, hoteles, transporte, logística, confecciones y producción de alimentos, sectores que suelen reforzar sus equipos durante los periodos de mayor demanda.

“Las pequeñas empresas siguen siendo el principal motor del empleo en el país. Cuando una pyme vende más, también tiene mayores posibilidades de contratar más trabajadores y dinamizar las economías locales”, afirmó Ojeda.

Durante su presentación tras asumir el cargo, el economista señaló que el Perú ha mantenido una economía con baja inflación y solvencia fiscal, pero advirtió que será necesario revisar aquellas decisiones que impliquen mayores presiones sobre los recursos del Estado. Según explicó, algunas disposiciones podrían requerir modificaciones para evitar riesgos sobre la fortaleza fiscal.

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"Perú es uno de los países con menos deuda del planeta, y eso lo vamos a mantener. Efectivamente, ha habido algunas normas en el pasado que pueden afectar la caja fiscal. Vamos a reevaluar cada una de ellas, y seguramente un par tendríamos que cambiarlas para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal", sostuvo.

Revisión de normas con impacto fiscal será una de las primeras tareas del MEF

La revisión anunciada por Cuba apunta a las leyes que generan compromisos adicionales para el Estado. El titular del MEF explicó que mantener unas finanzas públicas ordenadas no solo depende del nivel de deuda, sino también de la confianza que tienen los inversionistas sobre la economía peruana.

En ese sentido, señaló que la situación fiscal del país influye directamente en el riesgo país y, por consecuencia, en el costo del financiamiento para empresas y familias.

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"Eso determina el riesgo del Perú y también el financiamiento de las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Incluso la cuota de un crédito hipotecario depende del riesgo país", indicó.

Cuba también señaló que su gestión buscará mantener la disciplina fiscal en coordinación con la estabilidad monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), además de ampliar la recaudación tributaria mediante acciones contra la evasión.

El desafío será que el crecimiento económico se refleje en los ciudadanos

Cuba también puso el foco en uno de los principales retos de la economía peruana: lograr que los avances macroeconómicos tengan un impacto más visible en la población.

El economista reconoció que, si bien el país ha conseguido mantener una inflación baja y una posición fiscal estable, estos resultados todavía no se reflejan plenamente en los ingresos ni en el bienestar de las familias.

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"La población todavía no ha sentido sus salarios, su bienestar, ese crecimiento. La meta es en los próximos años hacer que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones y mejores servicios públicos", afirmó.

El nuevo ministro indicó que su gestión buscará mejorar la productividad de la economía, impulsar la generación de empleo y avanzar en el cierre de brechas de infraestructura. También remarcó que habrá mayor vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, al considerar que los impuestos que pagan los ciudadanos deben traducirse en mejores servicios y oportunidades.

Uno de los cambios de mayor impacto recae sobre el sistema financiero. A partir de ahora, los incumplimientos relacionados con la aplicación de tasas de interés o con la liquidación de intereses tendrán una tipificación específica dentro del reglamento cuando generen un perjuicio económico a los clientes.

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La modificación no implica nuevas reglas para fijar las tasas de interés ni altera las condiciones bajo las cuales las entidades otorgan créditos. Lo que cambia es el alcance del régimen sancionador: la SBS podrá castigar de manera expresa estas conductas cuando vulneren la normativa vigente.

Errores en el cobro de intereses podrán ser infracciones graves si afectan económicamente a los clientes

La calificación de la infracción dependerá del perjuicio económico ocasionado. Si este alcanza o supera las 20 UIT (S/110.000), será considerada grave; si llega a 100 UIT (S/550.000) o más, será muy grave, lo que permitirá a la SBS imponer sanciones más severas.

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La actualización también incorpora otras conductas sancionables para las empresas del sistema financiero. Entre ellas, otorgar créditos a personas o empresas vinculadas en condiciones más favorables que las ofrecidas al resto de clientes, incumplir el deber de informar oportunamente a la SBS sobre transferencias y adquisiciones de cartera crediticia, y utilizar modelos de gestión de riesgos sin la aprobación exigida por la regulación.

AFP y aseguradoras también deberán adecuarse a nuevas obligaciones para evitar sanciones

La actualización del reglamento también incorpora nuevas infracciones para las AFP, principalmente en el proceso de evaluación y calificación de invalidez, la acreditación de aportes y la gestión de cobranzas. Entre las conductas sancionables figuran no contar con procedimientos para acreditar los aportes conforme a la normativa, retrasar su registro o no iniciar oportunamente las acciones de cobranza administrativa o judicial. Asimismo, se refuerzan las obligaciones relacionadas con la atención a afiliados y el funcionamiento del Comité Médico de las AFP (COMAFP).

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En el mercado de seguros, la SBS amplía el catálogo de infracciones vinculadas con la protección de los asegurados y la solvencia de las compañías. Podrán ser sancionados, por ejemplo, los rechazos de solicitudes de cobertura sin sustento o fuera de plazo, así como incumplimientos en el registro y valorización de inversiones, retrasos en el pago de productos con componente de ahorro o inversión y obligaciones relacionadas con seguros de caución y fianzas.

La norma también actualiza las infracciones aplicables a los ajustadores de siniestros, quienes podrán ser sancionados si incumplen los plazos o las condiciones para presentar sus informes de liquidación y de ajuste.

Los cambios fueron oficializados mediante la Resolución SBS N.° 01923-2026, que modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones. Según la entidad, la actualización busca adecuar la regulación a los nuevos riesgos de los sistemas supervisados y fortalecer las herramientas con las que cuenta para sancionar incumplimientos y proteger a los usuarios.

De acuerdo con un análisis de ComexPerú, la cartera administrada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) estaba conformada, al cierre de mayo, por 239 proyectos distribuidos en 13 departamentos, con una inversión total de S/52.905 millones. De ese total, las denominadas soluciones integrales concentran la mayor parte de los recursos: 102 proyectos por S/28.506 millones destinados a obras de protección frente a inundaciones y movimientos de masas, como diques y muros de contención. La cartera también comprende proyectos de drenaje pluvial, infraestructura de salud e infraestructura educativa, componentes que forman parte de la estrategia de inversión impulsada tras la emergencia de 2017.

El avance de estas inversiones, sin embargo, muestra diferencias importantes. Del total de proyectos de la ANIN, 170, valorizados en S/35.988 millones, se encontraban en desarrollo o culminados, mientras que otros 69 permanecían en etapas previas, como formulación y planificación. En el caso específico de las soluciones integrales, 62 proyectos, equivalentes a S/18.930 millones, habían superado las fases iniciales y se encontraban en desarrollo. Según el análisis, este componente concentra más de la mitad de los recursos que ya avanzan dentro de la cartera de inversiones, debido a su papel en la reducción del riesgo frente a inundaciones y movimientos de masas.

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Solo nueve obras de protección han sido culminadas

Pese a la cantidad de recursos comprometidos, el avance en la culminación de las obras sigue siendo limitado. Según el análisis de ComexPerú, al cierre de mayo solo nueve proyectos de soluciones integrales habían sido concluidos, con una inversión de S/2.755 millones, lo que representa menos del 10% de este componente. Esto significa que la mayor parte de las intervenciones previstas para disminuir el riesgo de inundaciones continúa en ejecución o en etapas previas a su construcción.

La situación contrasta con otros sectores de la cartera de la ANIN. Las inversiones en salud y educación registran el mayor grado de avance conjunto, con más del 85% de sus recursos en desarrollo o culminados. En cambio, el 57,4% de las inversiones en drenajes pluviales y el 33,6% de las soluciones integrales aún no contaban con planos definitivos para su construcción, condición necesaria para avanzar hacia la ejecución de las obras.

Entre los proyectos de mayor inversión, el avance también es desigual. Los 12 proyectos más importantes dentro del componente de soluciones integrales representan S/12.332 millones, equivalente al 43,3% de toda la cartera de este rubro. En conjunto, estas intervenciones beneficiarían a más de 450.000 personas, por lo que concentran una parte significativa de los recursos destinados a reducir el riesgo de inundaciones en distintas zonas del país.

No obstante, aunque la mayoría obtuvo viabilidad entre 2019 y 2022, algunos presentan un progreso reducido. El proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de protección contra la erosión e inundaciones en la cuenca del río Rímac, valorizado en S/1.610 millones y el de mayor monto de toda la cartera, continúa en la etapa de elaboración del expediente técnico y no registra avance físico. Asimismo, las intervenciones en los ríos La Leche y Motupe presentan avances de 3% y 43,1%, respectivamente, con la ejecución suspendida por problemas de financiamiento.

De acuerdo con ComexPerú, el próximo Gobierno recibirá una cartera de inversiones estratégicas con niveles de ejecución muy distintos. A casi una década del Fenómeno de El Niño Costero de 2017, el país cuenta con proyectos orientados a reducir el riesgo de inundaciones, aunque una parte importante de las principales obras de protección aún permanece en desarrollo o pendiente de ejecución.

El abastecimiento de gas natural es uno de los pilares del sistema energético peruano, debido a su participación en la generación de electricidad, el suministro a la industria, el transporte y el consumo residencial. La contingencia registrada en el sistema de transporte obligó a adoptar medidas para preservar el abastecimiento mientras se restablecía la operación, lo que volvió a poner en discusión la necesidad de mantener inversiones tanto en infraestructura como en exploración para garantizar la disponibilidad futura del recurso. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó en ese momento sobre acciones de coordinación con los operadores del sector para asegurar la continuidad del suministro durante la contingencia.

El sector llega a este escenario con un bajo nivel de actividad exploratoria. Entre 2021 y 2025 se realizaron apenas tres perforaciones exploratorias, frente a las 47 registradas entre 2011 y 2015, según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) basado en información de Perupetro. La diferencia refleja la menor actividad de búsqueda de nuevos recursos registrada durante los últimos años. Aunque la producción de los lotes actualmente en operación continúa abasteciendo parte de la demanda nacional, la exploración constituye una etapa clave para incorporar nuevas reservas y sostener la actividad del sector en el mediano y largo plazo.

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Durante 2026 se han realizado movimientos orientados a impulsar la actividad hidrocarburífera. En abril, el Gobierno aprobó el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del Lote VI, ubicado en Talara, Piura. El proyecto contempla inversiones estimadas en aproximadamente US$298 millones durante los primeros 10 años, destinadas a actividades de desarrollo y exploración, además del reacondicionamiento y perforación de pozos.

La aprobación del contrato fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 004-2026-EM, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma autoriza la suscripción del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI. De acuerdo con la información difundida durante su aprobación, las inversiones previstas se destinarán a actividades de desarrollo y exploración, además del reacondicionamiento y la perforación de pozos.

Otro de los proyectos que ha cobrado relevancia es el Lote X, también en Piura. En junio, Petroperú y el Consorcio OIG verificaron el inicio de un programa de perforación que contempla 114 nuevos pozos hasta diciembre de 2026, con una inversión estimada de US$91 millones durante este año. El plan también considera inversiones por US$920 millones para los próximos ocho años.

Gas natural y cambios regulatorios marcan la agenda del sector

La discusión sobre la oferta futura de gas natural se desarrolla mientras continúan las actividades en lotes existentes y se anuncian nuevos proyectos de inversión y perforación en el sector hidrocarburos. La incorporación de recursos prospectivos a la producción requiere actividades de exploración, evaluación técnica, obtención de las autorizaciones correspondientes y desarrollo de infraestructura antes de una eventual explotación comercial.

En paralelo, el Minem puso en consulta, el 12 de junio, un proyecto de Decreto Supremo que aprueba un nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Posteriormente, el 13 de julio, la cartera amplió el plazo para recibir comentarios, aportes y opiniones de entidades públicas, empresas, gremios, instituciones académicas y ciudadanos interesados, con el objetivo de recoger observaciones antes de continuar con el procedimiento para su eventual aprobación.

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La propuesta todavía se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que sus disposiciones podrían modificarse antes de una eventual aprobación. El proyecto plantea actualizar el marco regulatorio aplicable a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, reemplazando el reglamento vigente e incorporando disposiciones relacionadas con los procedimientos administrativos, las autorizaciones para el desarrollo de actividades, los instrumentos técnicos y ambientales, así como otros aspectos vinculados con la ejecución de proyectos del sector.

Durante 2026, además de los proyectos vinculados con los lotes VI y X, el Ejecutivo adoptó medidas relacionadas con la continuidad de operaciones en otros campos. Entre ellas figura la aprobación de disposiciones para mantener la continuidad de las actividades en determinados lotes mientras continúan los procesos contractuales correspondientes. Estas decisiones coincidieron con la discusión del nuevo reglamento para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

En el caso del gas natural, la interrupción registrada en marzo, el potencial identificado en distintas zonas y las inversiones necesarias para desarrollar nuevos recursos mantienen el abastecimiento y la infraestructura entre los temas vinculados con la evolución del sector. A ello se suma la necesidad de sostener las actividades de exploración para incorporar nuevos yacimientos que permitan atender la demanda futura de energía y respaldar el crecimiento de sectores industriales, comerciales y residenciales que utilizan gas natural como fuente de suministro.

La actividad exploratoria, las nuevas inversiones y el proceso de actualización del marco normativo continuarán formando parte de la agenda del sector durante los próximos meses, mientras avanza la ejecución de los programas de perforación anunciados para 2026 y continúa el proceso de consulta del nuevo reglamento.

El avance estuvo explicado principalmente por el dinamismo de los créditos destinados a la adquisición de viviendas en moneda nacional. Mientras los préstamos en soles crecieron 8,1% interanual, los otorgados en dólares registraron una caída de 3,3%, manteniendo una tendencia observada en los últimos años hacia un mayor financiamiento en la moneda local.

En comparación con mayo, el crédito hipotecario también mostró una evolución positiva. Durante junio aumentó 0,6%, impulsado nuevamente por el incremento de los préstamos en soles, que avanzaron 0,7%, mientras que los créditos en dólares retrocedieron ligeramente.

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La preferencia por el financiamiento en moneda nacional continúa consolidándose como una característica del mercado hipotecario peruano. De acuerdo con el BCRP, solo el 5,3% de los créditos hipotecarios fueron desembolsados en dólares durante junio, porcentaje que evidencia la reducción sostenida de la dolarización del sistema financiero en este segmento.

Crédito hipotecario en soles gana protagonismo

La menor participación del dólar en los préstamos para vivienda responde a un proceso impulsado durante varios años por el BCRP, orientado a disminuir la vulnerabilidad financiera de las familias frente a las fluctuaciones del tipo de cambio. Cuando un crédito se paga en la misma moneda en la que el prestatario recibe sus ingresos, se reducen los riesgos asociados a una eventual depreciación del sol.

El propio ente ha señalado en distintos Reportes de Estabilidad Financiera que la desdolarización del crédito constituye uno de los factores que fortalecen la resiliencia del sistema financiero peruano frente a choques externos. A ello se suma que la mayoría de entidades financieras ha concentrado su oferta hipotecaria en soles, favorecida por un entorno de mayor liquidez en moneda nacional.

Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también ha destacado en sus informes sobre estabilidad financiera que una menor exposición al dólar contribuye a reducir el riesgo crediticio de los hogares, especialmente en un contexto de volatilidad internacional y de movimientos en los mercados cambiarios.

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El comportamiento del crédito hipotecario también refleja una demanda que se mantiene activa pese al contexto económico. Si bien el mercado inmobiliario aún enfrenta desafíos vinculados a los costos de construcción, la oferta de vivienda y la recuperación del empleo formal, el financiamiento continúa creciendo a un ritmo superior al registrado en otros segmentos del crédito.

El crecimiento del crédito hipotecario también se produce en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica. Durante los últimos meses, la inflación se ha mantenido dentro del rango meta del Banco Central, mientras que la política monetaria ha evolucionado hacia un escenario de menores tasas de interés respecto a los niveles alcanzados durante el periodo de alta inflación. Estas condiciones han contribuido a generar un entorno más favorable para el financiamiento de largo plazo, como el destinado a la compra de viviendas.

Los próximos reportes del BCRP permitirán evaluar si el crecimiento del crédito hipotecario mantiene el dinamismo observado durante el primer semestre y si este comportamiento continúa respaldando la recuperación del mercado de vivienda en el país.

El pedido está dirigido al Gobierno y a ProInversión, entidad que participa en la implementación de los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, normas que establecen la reorganización patrimonial de Petroperú como parte de su proceso de reestructuración financiera.

Para la organización, el debate no se limita a la administración de activos de una empresa estatal. Sostiene que la infraestructura amazónica cumple una función pública que trasciende el negocio petrolero, debido a que garantiza el abastecimiento de combustibles en regiones donde la participación privada ha sido históricamente limitada por los altos costos logísticos y la baja rentabilidad de algunas rutas.

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Refinería Iquitos abastece de combustible a tres regiones y sostiene la seguridad energética de la Amazonía

El Frente Patriótico recordó que la Refinería Iquitos procesa hasta 12.000 barriles diarios de petróleo provenientes principalmente de los lotes 95 y 8, convirtiéndose en el principal centro de refinación de combustibles de la Amazonía peruana.

Desde esta instalación se abastecen las regiones de Loreto, San Martín y parte de Ucayali, permitiendo el funcionamiento del transporte fluvial, la generación eléctrica, la aviación, los establecimientos de salud y diversas actividades productivas.

La organización remarcó que esta infraestructura adquiere una importancia especial porque Loreto no está conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la red que distribuye electricidad a gran parte del país. En la práctica, esto significa que gran parte de su generación eléctrica depende de combustibles líquidos, por lo que cualquier alteración en la cadena de suministro tendría un impacto directo sobre la población y los servicios básicos.

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Recordó, además, que Petroperú incrementó recientemente en 1,68 millones de galones la capacidad de almacenamiento de la Refinería Iquitos. La medida, señaló, busca reducir el riesgo de desabastecimiento durante la época de estiaje, cuando el descenso del caudal de los ríos complica el transporte fluvial.

Por ello, consideró que estas instalaciones no deberían ser incluidas en los bloques patrimoniales que serían puestos en concesión. Sostuvo que siguen siendo activos estratégicos para asegurar el suministro de combustibles en la Amazonía y para la propia operación de Petroperú.

Loreto advierte que una eventual concesión pondría en riesgo más de 500 empleos

El Frente Patriótico también alertó sobre el impacto laboral que tendría una eventual transferencia de estos activos. Según indicó, la operación de Petroperú en la Selva comprende la Refinería Iquitos, un poliducto de más de 15 kilómetros y las plantas de ventas de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas. En conjunto, estas instalaciones sostienen más de 500 empleos directos e indirectos, además de una amplia red de proveedores, transportistas y empresas de servicios.

La organización advirtió que modificar el esquema de operación podría afectar la estabilidad laboral de cientos de familias y la economía de las ciudades donde Petroperú representa una de las principales actividades productivas.

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Además, expresó su preocupación por la conformación de los bloques patrimoniales. Citando fuentes del sector energético, sostuvo que existiría interés de determinados grupos privados por la infraestructura amazónica incluso antes de que se definan oficialmente los activos que serán incluidos en el proceso. También mencionó versiones sobre una presunta pugna entre empresas vinculadas a extrabajadores de Petroperú y capitales extranjeros interesados en estas instalaciones.

Frente a ello, pidió que las autoridades investiguen cualquier posible conflicto de interés o intento de direccionar un proceso que involucra infraestructura estratégica para el país. A su juicio, mantener estos activos bajo control estatal es fundamental para garantizar el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética y la continuidad de las actividades económicas y de los servicios esenciales en la región.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 27 de julio?

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

La medida, publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), reemplaza el arancel temporal de 10% que venció este 24 de julio. El nuevo esquema establece dos niveles de gravamen según la legislación de cada país sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

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En América Latina, México, Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador quedaron sujetos a una tasa de 10%. En tanto, Perú, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela deberán asumir un arancel de 12,5%.

¿Por qué Estados Unidos incluyó al Perú en el arancel de 12,5%?

La decisión responde a una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite al Gobierno estadounidense adoptar medidas comerciales cuando considera que las políticas de otros países afectan sus intereses.

El análisis se enfocó en las normas que cada país aplica para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, entendido como aquel realizado bajo amenazas, coerción o sin el consentimiento libre de los trabajadores.

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La investigación comenzó el 12 de marzo de 2026 e incluyó a economías que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses. Tras evaluar la legislación de cada país, la USTR determinó que algunas economías cuentan con prohibiciones expresas o compromisos asumidos en acuerdos comerciales para restringir el ingreso de este tipo de mercancías. Esos países recibirán un arancel de 10%.

En cambio, los países que no cuentan con una regulación equivalente, entre ellos el Perú, afrontarán un gravamen de 12,5%.

La resolución también establece excepciones para determinadas materias primas consideradas esenciales para el abastecimiento de Estados Unidos, así como para productos que ya tienen aranceles bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional, además del equipaje acompañado, las donaciones y los materiales informativos.

Mincetur: más de 2.000 productos peruanos quedaron fuera del nuevo arancel

Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) precisó que la medida no fue aplicada únicamente al Perú, sino a un grupo de 60 economías equivalentes a 86 países y territorios aduaneros, que concentraron el 99,4% de las importaciones estadounidenses durante 2025.

La entidad también aclaró que el arancel no alcanzará a todas las exportaciones peruanas. La resolución establece exclusiones para más de 2.000 productos, que representaron alrededor del 45% del valor de las importaciones estadounidenses provenientes del Perú.

De esta manera, una parte importante del intercambio comercial continuará ingresando al mercado estadounidense sin este recargo.

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Otro aspecto que resaltó el ministerio es que la decisión estadounidense no concluye que el Perú exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos nacionales elaborados bajo esas condiciones.

Según explicó el Mincetur, la investigación estuvo enfocada en determinar si el país cuenta con una prohibición específica para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y si dicha normativa se aplica de manera efectiva.

El ministerio recordó que el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que prohíbe expresamente la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Según la cartera, la aprobación de esta iniciativa fortalecería el marco legal peruano y atendería la principal observación formulada por la USTR.

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Asimismo, indicó que participó en todas las etapas de la investigación, presentando información técnica sobre las acciones adoptadas por el Perú en esta materia. También refirió que viene evaluando los posibles efectos de la medida junto con otras entidades del Estado y gremios empresariales.

Mientras tanto, aseguró que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses para sustentar los avances normativos del país y promover una revisión de la decisión.

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La aplicación del nuevo esquema estará a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que supervisará el ingreso de mercancías y continuará emitiendo órdenes de retención cuando existan indicios de que un producto fue elaborado mediante trabajo forzoso.

Según la administración de Donald Trump, estos aranceles permanecerán vigentes hasta que los países incluidos adopten normas equivalentes para restringir la importación de este tipo de bienes.

Elmer Cuba plantea ampliar la recaudación sin poner en riesgo la estabilidad

El próximo titular del MEF afirmó que, en el gobierno de Keiko Fujimori, el Ministerio de Economía y Finanzas mantendrá como prioridad la disciplina fiscal y revisará las normas que puedan comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas. “Vamos a evaluar cada una de ellas, y seguramente un par podríamos cambiarlas para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal”, sostuvo. Agregó que preservar ese equilibrio es clave porque influye en el riesgo país y en el costo del financiamiento para las empresas y las familias. Asimismo, señaló que la estrategia económica buscará elevar la recaudación mediante el combate a la evasión tributaria para financiar más inversión pública, generar empleo y mejorar los servicios del Estado, “respetando escrupulosamente la solvencia fiscal”.

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Otro de los objetivos planteados por Cuba es que el crecimiento económico se refleje en una mejora del bienestar de la población. “Hemos logrado estabilidad macroeconómica, inflación baja y solvencia fiscal, pero la población todavía no ha sentido en sus salarios ese crecimiento”, señaló. En ese sentido, indicó que la meta será traducir la expansión de la economía en mejores empleos, remuneraciones y servicios públicos, además de un uso más riguroso de los recursos del Estado y un mayor control frente a la corrupción.

¿Quién es Elmer Cuba? La trayectoria del nuevo ministro de Economía

Elmer Cuba es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de su carrera ha desarrollado actividades tanto en el sector público como en el privado, especializándose en macroeconomía, política fiscal, inversión y crecimiento económico.

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En el ámbito público, integró el Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) entre 2016 y 2021 y fue miembro y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi. También integró el Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial y desarrolló trabajos de consultoría para entidades públicas y organismos internacionales, además de desempeñarse como profesional especializado en la Gerencia de Estudios Económicos del BCR.

En el sector privado, Elmer Cuba ha sido socio de la consultora Macroconsult, donde ha participado en el análisis de la coyuntura económica, la inversión, la productividad y las finanzas públicas. Además, ha ejercido la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y ha intervenido como expositor y analista en foros especializados sobre economía y políticas públicas.

La presentación de Elmer Cuba permite conocer las principales líneas económicas planteadas por el próximo gobierno, en un escenario donde las propuestas de crecimiento, inversión y manejo de las finanzas públicas tendrán un lugar central.