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La presentación se realizará el jueves 22 de octubre, a las 9.00 a. m., mediante una transmisión en vivo. El encuentro permitirá conocer cifras y tendencias relacionadas con la evolución del sector, así como los principales desafíos que enfrenta en el escenario nacional.

Un análisis sobre el desarrollo del gas natural en Perú

El acceso a fuentes de energía confiables constituye uno de los aspectos importantes para el desarrollo económico y social. En ese escenario, disponer de información sobre el mercado del gas natural permite comprender mejor su evolución y los retos vinculados con su distribución y utilización.

La nueva edición de InfoGas Perú 2026 se presenta como un espacio de información sectorial que permitirá revisar indicadores y análisis relacionados con el gas natural, aportando elementos para comprender su situación actual.

Sigue en vivo la presentación de InfoGas Perú 2026

El XI Informe del Sector Gas Natural será presentado el jueves 22 de octubre, desde las 9.00 a. m., a través de una transmisión en vivo.

Para conocer las principales cifras, tendencias y desafíos del sector del gas natural en el país, sigue la transmisión en vivo del XI Informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2026, este jueves 22 de octubre, desde las 9.00 a. m., a través de las redes sociales de La República.

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“Yo no creo que si se afecta tanto a AFP chilenas, las AFP peruanas no sufran algún tipo de consecuencias. Lo veo casi imposible”, sostuvo García Belaunde en entrevista con La República. El exparlamentario afirma que ambas administradoras comparten políticas y objetivos de inversión, y resaltó que una AFP chilena tiene presencia en Perú. No obstante, esa conexión no demuestra que las carteras de ambos países mantengan las mismas posiciones financieras.

La exposición internacional de los fondos peruanos se da en un contexto de ampliación de los límites de inversión. La Ley N.° 32428 elevó de 50% a 80% el tope legal para colocar recursos en el exterior, mientras que el límite operativo fijado por el BCRP se situó en 51% desde julio de 2026.

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Las apuestas financieras que afectaron a las AFP chilenas

En Chile, el deterioro estuvo relacionado con derivados vinculados a las tasas de interés. Las posiciones de las AFP pasaron de una valoración positiva de US$1.400 millones un año antes a una negativa de US$7.700 millones en septiembre de 2026, según cifras de la Superintendencia de Pensiones citadas por Bloomberg. Las administradoras habían tomado posiciones que se beneficiarían de una reducción de las tasas estadounidenses, pero el aumento de los rendimientos de los bonos perjudicó el valor de esos contratos.

García Belaunde cuestiona que una proporción importante del ahorro previsional peruano se coloque en mercados extranjeros. “De cada sol peruano que tú ahorras, la mitad se va afuera”, afirmó. La frase refleja su crítica a la orientación de las inversiones, aunque el dato oficial del 48,9% corresponde a la cartera total colocada fuera del país y no exclusivamente a Estados Unidos.

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Qué riesgos afrontan los fondos peruanos

El Mg. Mario Vergara Silva, docente de posgrado de ESAN, sostiene que las AFP peruanas no están expuestas directamente a las operaciones que originaron el deterioro chileno. Según explicó, la regulación peruana establece condiciones para utilizar derivados con fines como la cobertura de riesgos y la gestión de las carteras previsionales. La diferencia regulatoria y las estrategias empleadas impiden asumir que las administradoras peruanas hayan replicado las mismas apuestas financieras.

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Sin embargo, esa distinción no elimina el riesgo asociado a los activos extranjeros. En agosto de 2026, los fondos mutuos internacionales representaban el 41,6% de las inversiones de las AFP peruanas, mientras que los títulos de deuda extranjeros equivalían al 4%, según estadísticas del BCRP. Una caída de las bolsas puede reducir el valor de las inversiones en acciones y fondos; a su vez, un aumento de los rendimientos de los bonos puede disminuir el precio de títulos ya emitidos. El impacto depende de la composición de cada cartera y de la evolución de esos activos.

García Belaunde plantea, además, reducir las comisiones y otros costos que afrontan los afiliados. “Lo que sí está bajo la esfera de ellos es cobrarte menos por tu aporte”, sostuvo. Su propuesta apunta a los gastos del sistema previsional, distintos de la rentabilidad de las inversiones: reducirlos no evita las caídas del mercado, pero sí puede disminuir los costos que soportan los aportantes.

El proceso busca que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumplan con implementar la Ley 31729, que reconoce el derecho al bono para los afiliados comprendidos en la norma. Según Luna, más de tres millones de peruanos esperan que se reconozcan sus aportes realizados al sistema público antes de cambiar al régimen privado.

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“Son más de tres millones de peruanos a los que descontó parte de su sueldo cada mes y hoy se les niega la devolución de esos aportes”, sostuvo el dirigente, quien considera que el incumplimiento de la ley perjudica a trabajadores que contribuyeron durante años al sistema previsional.

Bono de Reconocimiento ONP: ¿quiénes podrían recibirlo?

El reclamo comprende a los trabajadores que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y posteriormente se afiliaron a una AFP desde 2002. El Bono de Reconocimiento permite acreditar aportes efectuados al sistema público antes del traslado al privado, para que sean reconocidos en el marco de los derechos previsionales del trabajador.

En su demanda, Luna solicita que se ordene al Poder Ejecutivo emitir los bonos para los afiliados comprendidos en la Ley 31729 y adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación dentro de los plazos establecidos.

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El dirigente cuestiona que el Estado haya reconocido aportes de quienes se trasladaron a una AFP entre 1992 y 2001, pero haya dejado fuera a quienes hicieron el cambio desde 2002. A su juicio, esta diferencia vulnera los derechos de los trabajadores y el carácter intangible de los fondos previsionales, que cuentan con protección constitucional.

Ley 31729: ¿por qué sigue pendiente la entrega del bono ONP?

Recordemos que esta ley fue impulsada por Podemos Perú y aprobada inicialmente por el Congreso en 2022. Tras ser observada por el Poder Ejecutivo, volvió a ser aprobada por insistencia en abril de 2023. El Gobierno llevó entonces la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), mediante una demanda de inconstitucionalidad.

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Según recordó Luna, el TC declaró infundada la demanda del Ejecutivo, con lo que rechazó el cuestionamiento constitucional contra la ley. Pese a ello, el dirigente sostiene que el Estado no ha cumplido con implementar el reconocimiento de los aportes para los trabajadores comprendidos.

“Los gobiernos que pasaron desde entonces se negaron a cumplir con esta ley. (...) Se confirmó la constitucionalidad de la Ley. Sin embargo, hasta hoy se niega a cumplir”, afirmó.

Ampliar su presencia dependerá también de que los nuevos proyectos logren avanzar, pues hay 13 centrales solares con concesión definitiva que representan inversiones estimadas en US$1.805,9 millones y una capacidad conjunta de 2.402 megavatios (MW), pero que aún no se han concretado.

En entrevista con La República, Jorge Güímac, vicepresidente de PECIER y gerente de Desarrollo de Negocios de ISA Energía Perú, sostuvo que el país conserva condiciones para atraer capitales, aunque todavía necesita mejorar los procedimientos que permiten llevar adelante estas iniciativas.

"El Perú es competitivo (…) porque somos un país bendecido en el tema de la radiación solar y vientos", afirmó. Para el ejecutivo, el reto está en aprovechar esos recursos sin perder de vista las particularidades del sistema eléctrico peruano.

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Perú tiene una participación solar y eólica menor que Chile y Brasil

A pesar del crecimiento de la generación solar, la energía eólica tuvo un desempeño distinto y registró una caída de 7% durante el primer semestre. Según las cifras presentadas por el sector, las renovables no convencionales elevaron su participación en la producción eléctrica nacional de 9% a 10,4%, mientras que la participación conjunta de la generación solar y eólica se situó en 9,4%.

Mientras en el Perú la energía solar y eólica aún tiene una participación reducida, en Chile estas fuentes representaron cerca del 38% de la electricidad inyectada al sistema en 2025 y en Brasil alcanzaron el 26,4% de la generación eléctrica, incluida la distribuida.

Güímac considera que esta diferencia también responde a los recursos que utiliza cada país para producir electricidad. El Perú cuenta con generación hidroeléctrica y gas natural, que forman parte de su abastecimiento y condicionan la composición de la matriz energética.

El representante de PECIER también señaló que un reglamento pendiente podría impulsar nuevas inversiones si permite incorporar bloques horarios en las licitaciones eléctricas. El mecanismo busca considerar los distintos periodos del día al contratar el suministro de energía. No obstante, su efecto dependerá de cómo se establezcan finalmente las reglas.

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Güímac advierte que los trámites pueden retrasar ocho años un proyecto eléctrico

Uno de los problemas que señala Güímac es el tiempo que toma construir la infraestructura necesaria para atender la demanda eléctrica. Los proyectos de transmisión requieren estudios, permisos, licitaciones y obras que pueden extender su ejecución durante años.

Según explicó, los estudios previos y la evaluación de impacto ambiental pueden tomar alrededor de dos años, mientras que la construcción demanda entre tres y cuatro. Si se suman las etapas de ingeniería y licitación, el proceso puede prolongarse por más tiempo. "Un proyecto que lo has identificado ahora, va a estar en ocho años listo", advirtió.

En esa línea, Güímac no plantea eliminar los controles ambientales ni los requisitos para ejecutar las obras, sino evitar que cada trámite deba esperar a que concluya el anterior cuando sea posible avanzar en paralelo.

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"La idea no es obviar esa permisología, sino hacerlo en paralelo o hacerlo de alguna manera que el proyecto llegue antes al beneficio del sistema, de la sociedad", sostuvo.

Las centrales de generación necesitan redes de transmisión para llevar la electricidad hasta los puntos de consumo, por lo que ambas infraestructuras deben desarrollarse de forma coordinada.

Güímac también señaló los cambios frecuentes de autoridades en el sector como otro de los problemas que afectan el desarrollo de los proyectos.

Falta de catastro de terrenos complica las inversiones en energía

Uno de los obstáculos señalados por el vicepresidente de PECIER es la falta de un catastro de terrenos que permita identificar con claridad a sus propietarios y facilite las negociaciones para instalar infraestructura eléctrica. Las empresas necesitan llegar a acuerdos con los dueños de los predios por donde pasarán las líneas de transmisión, un proceso que puede alargarse si no hay información precisa sobre la propiedad.

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A estos problemas se suman los plazos que toman los permisos y la construcción de las obras, mientras la demanda de electricidad continúa en aumento. Según las proyecciones del Minem, el consumo pasaría de 64.840 GWh en 2026 a 66.422 GWh en 2027, un incremento de 2,4%.

El representante del sector prevé que seis proyectos de generación entren en operación hacia julio de 2027, con una capacidad conjunta de 1.096 MW. Para que esa electricidad llegue a los consumidores, también se necesita contar con redes de transmisión capaces de transportarla.

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Las AFP incrementaron durante los últimos dos años su exposición a contratos que buscaban generar beneficios si las tasas de interés estadounidenses continuaban bajando. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de ese país redujo el valor de esas posiciones y complicó la salida de una estrategia que inicialmente había favorecido los resultados de los fondos.

Las siete administradoras gestionan activos por aproximadamente US$229.000 millones. Parte de su exposición se concentra en los swaps, instrumentos financieros mediante los cuales las partes intercambian pagos calculados con tasas de interés fijas y variables. En las operaciones descritas por Bloomberg, las AFP recibían pagos asociados a una tasa fija y asumían pagos vinculados a una tasa variable.

La cifra de US$7.700 millones corresponde al saldo negativo de estas posiciones a valor de mercado. No equivale necesariamente al monto definitivo que perderán las administradoras una vez que cierren todos los contratos, aunque deshacerlos en las actuales condiciones puede obligarlas a asumir costos.

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Nuevos límites obligan a reducir posiciones

El deterioro coincide con la entrada en vigor de nuevas restricciones regulatorias. La Superintendencia de Pensiones estableció límites al riesgo asociado a las operaciones con derivados, con exigencias que comenzarán a aplicarse el 4 de noviembre de 2026. Las AFP deben ajustar sus posiciones de manera progresiva para cumplir con esas disposiciones.

En declaraciones a La República, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que el regulador chileno no permitió que las administradoras esperaran dos o tres años para que sus inversiones recuperaran valor y que les exigió modificar la modalidad de sus operaciones. Su interpretación apunta a la presión que enfrentan los fondos para corregir sus posiciones en un escenario desfavorable.

Por su parte, la Superintendencia señaló a Bloomberg que las administradoras ya habían ajustado una parte significativa de las posiciones que excedían los nuevos límites. También indicó que las AFP tienen la responsabilidad de gestionar el cumplimiento de las reglas considerando los intereses de sus afiliados.

Las nuevas reglas también fijan un límite a las pérdidas que podrían generar estas operaciones en escenarios adversos. Según la Superintendencia de Pensiones de Chile, la exposición máxima permitida equivale al 3% del valor de los fondos A y B, al 2,5% del fondo C y al 2% de los fondos D y E. Estos porcentajes reflejan pérdidas potenciales calculadas bajo situaciones de estrés financiero, no pérdidas que ya se hayan producido.

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Además, las AFP deben contar con suficientes activos líquidos para responder a posibles solicitudes de garantías vinculadas a estos contratos. La normativa también exige mecanismos para reducir el riesgo de que la otra parte de una operación incumpla sus obligaciones. Con ello, el regulador busca limitar tanto el impacto de movimientos desfavorables del mercado como los problemas de liquidez que podrían surgir.

El fondo E acumula una caída de 10,4%

El impacto también coincide con retrocesos en los multifondos chilenos. Entre enero y septiembre de 2026, el fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumuló una rentabilidad negativa de 10,4%. Solo en septiembre cayó 4,9%, según cifras del regulador citadas por Bloomberg.

En ese mismo mes, los fondos C y D registraron retrocesos de 3,1% y 4,2%, respectivamente. Estas variaciones no pueden atribuirse exclusivamente a los derivados, pues la rentabilidad de cada cartera también depende del desempeño de otros activos financieros.

La estrategia había ofrecido resultados favorables en un escenario previo. Según Bloomberg, contribuyó a que los fondos E registraran una ganancia promedio de 7,5% durante 2025, su mejor resultado anual desde 2022. El cambio posterior en las condiciones del mercado dejó a las administradoras expuestas a un costo mayor para cerrar parte de sus posiciones.

El caso de Chile también es relevante para Perú porque AFP Habitat opera en ambos mercados. Sin embargo, las pérdidas reportadas por las administradoras chilenas no permiten concluir que la AFP peruana haya tenido el mismo resultado.

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El resultado refleja un estancamiento del turismo receptivo durante los primeros ocho meses del año. Aunque algunos mercados emisores mostraron avances, la evolución negativa de otros países, principalmente de Sudamérica, limitó el desempeño general del sector.

Chile y Estados Unidos concentran las visitas

Chile se mantuvo como el principal país de procedencia de los turistas internacionales, con 457.224 llegadas, equivalentes al 20,2% del total. Sin embargo, el flujo disminuyó 5,2% en comparación con enero-agosto de 2025.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 432.259 turistas y una participación de 19,1%. A diferencia del mercado chileno, las llegadas desde ese país aumentaron 2,5% durante el periodo analizado.

Entre los siguientes mercados figuraron Ecuador, con 194.266 turistas, una caída de 3,5%; Brasil, con 120.916 y un avance de 0,5%; Bolivia, con 119.994 y un retroceso de 5,3%; y Colombia, con 111.329, lo que significó una reducción de 8%.

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En conjunto, los viajeros procedentes de Chile y Estados Unidos representaron cerca de cuatro de cada diez llegadas internacionales. La evolución de ambos mercados resulta relevante para el sector debido a su peso en el flujo de visitantes que recibe el país.

Por bloques regionales, Sudamérica concentró el 49% de las llegadas, con 1.107.044 turistas. Le siguieron Norteamérica, con el 24,6%; Europa, con el 17,9%; Asia, con el 4,4%; y Centroamérica, con el 2,7%.

Castillo de Chancay destaca entre los atractivos turísticos

Pese al retroceso del turismo receptivo, varios destinos registraron incrementos en sus visitas durante los primeros ocho meses de 2026. El Centro Turístico Castillo de Chancay destacó con un crecimiento de 158,2% frente al mismo periodo del año anterior.

También aumentaron las visitas a la Reserva Nacional de Paracas, con un avance de 66,7%; el complejo arqueológico de Moray, con 32,8%; las Islas Ballestas, con 27%; y el Monasterio de Santa Catalina, con 6,3%, de acuerdo con información difundida por la Agencia Andina sobre las estadísticas del sector.

El crecimiento de estos atractivos contrasta con la variación negativa del total de turistas extranjeros. No obstante, las cifras de visitas a destinos específicos no equivalen necesariamente al número de turistas internacionales, pues también pueden incluir viajeros nacionales.

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El aeropuerto Jorge Chávez concentra los ingresos

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue la principal vía de entrada al país, con aproximadamente 1,5 millones de turistas internacionales, equivalentes al 66,1% del total.

Por los puestos de control fronterizo también ingresaron visitantes desde Chile, Ecuador y Bolivia. El puesto de Santa Rosa, en Tacna, registró 334.000 llegadas, mientras que el Centro Binacional de Atención de Frontera de Tumbes contabilizó 173.000. En Puno, los controles de Desaguadero, Carancas y Cebaf sumaron 105.000 ingresos.

La concentración de las llegadas en el aeropuerto de Lima y en los pasos fronterizos del sur y norte muestra la importancia de las conexiones aéreas y terrestres para el turismo receptivo. La evolución de estos flujos será relevante para determinar si el sector consigue revertir el ligero retroceso registrado hasta agosto.

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La pérdida de terreno también se observa en el mercado estadounidense. Según las cifras de la Oficina de Textiles y Prendas de Vestir de Estados Unidos (OTEXA), Perú ocupó el puesto 19 entre los proveedores de ese país durante los primeros ocho meses del año, con una caída de 10,4% y una participación de apenas 1,1% en las importaciones estadounidenses de prendas de vestir.

En ese periodo, las compras de Estados Unidos al exterior sumaron US$11.659 millones, un descenso de 2,5% interanual. Vietnam, China y Bangladesh concentraron conjuntamente el 44,9% del total, aunque sus resultados fueron dispares: las importaciones desde Vietnam disminuyeron 0,8%, las de China cayeron 29,4% y las de Bangladesh retrocedieron 4,4%.

Entre los diez principales proveedores, solo Camboya, Italia e Indonesia registraron avances, de 6,9%, 6,1% y 2,6%, respectivamente. En este escenario, el retroceso peruano refleja una dificultad para conservar participación en un mercado que también registra una contracción de sus compras externas.

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Estados Unidos concentra casi dos tercios de los envíos

Entre enero y agosto, Estados Unidos recibió prendas de vestir nacionales por US$490,35 millones, equivalentes al 64,2% de las exportaciones del sector, según ADEX Data Trade.

Brasil alcanzó el segundo lugar, con US$57,6 millones y un crecimiento de 15,2%. Chile, Canadá, Alemania, Colombia, Venezuela, China, México y Argentina completaron los diez principales destinos de un total de 85 mercados.

Los productos más exportados fueron los polos de algodón para hombres y mujeres, las camisetas de algodón de un solo color y las camisas de punto elaboradas con fibras sintéticas o algodón. La concentración comercial y la dependencia de determinadas líneas de producto limitan la capacidad de compensar una menor demanda o cambios en las condiciones de acceso a los mercados.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, atribuyó parte de la pérdida de competitividad a los aranceles adicionales aplicados por Estados Unidos. Según el dirigente, estas medidas encarecen la oferta peruana frente a la de otros proveedores y dificultan el desempeño de las empresas nacionales.

El impacto se produce pese a que el acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos contempla el acceso preferencial para las mercancías que cumplen sus reglas de origen. La aplicación de medidas arancelarias adicionales modifica esas condiciones de acceso y plantea nuevos desafíos para los exportadores.

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Emergencia del sector textil

El Gobierno declaró en emergencia la cadena textil-confecciones por 120 días calendario mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-PRODUCE. La norma encarga al Ministerio de la Producción aprobar un plan de reactivación en un plazo máximo de 15 días hábiles, con énfasis en las pequeñas empresas.

ADEX plantea reducir los costos logísticos, ampliar la disponibilidad de trabajadores calificados, acelerar la digitalización y automatizar procesos productivos. Estas necesidades coinciden con un escenario en el que los compradores internacionales exigen entregas oportunas, calidad y capacidad de adaptación.

Las dificultades no se limitan a las ventas externas. Hasta julio de 2026, el número de empresas exportadoras de confecciones había disminuido 5,6%, equivalente a 49 compañías menos, mientras que el empleo directo, indirecto e inducido del sector se redujo 14,6%, con 33.487 puestos de trabajo perdidos, según cifras difundidas por el gremio.

La evolución de estos indicadores será clave para evaluar si la declaratoria de emergencia logra frenar el deterioro de una actividad que necesita recuperar competitividad, diversificar sus destinos y sostener su capacidad de generar empleo.

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La iniciativa fue remitida por el presidente del BCRP, Julio Velarde, al titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero. El proyecto volvió a presentarse después de que se solicitaran ajustes para cumplir los requisitos reglamentarios, entre ellos la fundamentación de la medida, la identificación de las normas afectadas y el análisis costo-beneficio.

El incremento asciende a 667,3 millones de DEG. Al 10 de setiembre de 2026, cada unidad equivalía a US$1,37347, según el FMI, por lo que el incremento representaba cerca de US$916 millones.

¿Qué implica el aumento de la cuota peruana?

Las cuotas constituyen la principal fuente de recursos financieros del FMI. Según el organismo, determinan los aportes de sus miembros, influyen en su poder de voto y sirven como referencia para establecer los límites de acceso a determinados mecanismos de financiamiento.

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En la exposición de motivos del proyecto, el BCRP señala que elevar la cuota permitiría aumentar los montos absolutos de financiamiento que podrían estar disponibles para el Perú. Sin embargo, el cambio no supone la aprobación de un préstamo ni garantiza que el país reciba recursos adicionales: el acceso dependerá de las condiciones y políticas aplicables a cada mecanismo.

El aumento forma parte de la decimosexta revisión general de cuotas, aprobada por la Junta de Gobernadores del FMI el 15 de diciembre de 2023. El acuerdo contempla un incremento proporcional de 50% para los países miembros, sin modificar sus participaciones relativas mediante esta medida.

¿Cómo se financiaría el aumento?

La propuesta establece que las operaciones financieras estarán a cargo del BCRP y no requerirán una asignación del Presupuesto General de la República. El documento sostiene que la operación no representa un gasto fiscal directo, aunque sí tendrá efectos en el balance del ente emisor.

De acuerdo con el proyecto, el 25% del incremento —unos 166,8 millones de DEG— deberá pagarse en derechos especiales de giro, monedas de otros países miembros especificadas por el FMI o una combinación de ambas modalidades. El 75% restante, equivalente a aproximadamente 500,5 millones de DEG, se pagaría en moneda nacional.

Este mecanismo modificaría la composición de los activos externos del Banco Central. Una parte de los recursos mantenidos en depósitos u otros activos externos pasaría a reflejarse en su posición financiera frente al FMI. Según la exposición de motivos, ello no reduciría el nivel total de las reservas internacionales, aunque sí cambiaría su composición.

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Congreso debe autorizar la nueva cuota

La cuota peruana fue autorizada anteriormente mediante la Ley N.° 29823, que elevó el monto a 1.334,5 millones de DEG. La nueva propuesta busca actualizar esa autorización para que el país pueda formalizar su consentimiento al aumento acordado internacionalmente.

El plazo vigente del FMI para recibir los consentimientos de los países miembros vence el 15 de noviembre de 2026. Al 29 de abril, 149 países habían aceptado el incremento, equivalentes al 76,66% de las cuotas consideradas para este proceso.

Para que la reforma entre en vigor, los países que hayan dado su consentimiento deben representar al menos el 85% del total de cuotas correspondiente. Además, el FMI estableció una condición vinculada a la reducción de los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos, que requiere el consentimiento de participantes que representen al menos el 90% de esos compromisos crediticios. Por tanto, la autorización peruana forma parte de un procedimiento internacional más amplio y no basta por sí sola para activar el aumento.

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La diferencia sería mayor si se compara el escenario con y sin el evento climático. Según el IPE, sin el impacto de un Niño Costero de magnitud extraordinaria, el PBI crecería 4,2% en 2026 y 4,4% en 2027.

Prevención ante El Niño avanza lentamente

La preparación frente a las lluvias constituye uno de los principales riesgos para los próximos meses. Al 11 de octubre, solo el 28% de los 536 puntos críticos priorizados por el Gobierno para la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas tenía trabajos en ejecución, de acuerdo con información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

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A este retraso se suma el avance de los proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), cuya ejecución alcanza el 35%, según las cifras presentadas por el IPE. Asimismo, a inicios de octubre se había ejecutado el 47% del presupuesto de inversión destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres.

El riesgo no se limita a la infraestructura. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), cerca de cinco millones de personas viven en distritos del norte expuestos a un riesgo muy alto de inundaciones por lluvias intensas.

Inversión privada sostiene el crecimiento de 2026

La revisión de las proyecciones ocurre mientras la economía muestra resultados diferenciados entre sectores. Entre enero y julio de 2026, el PBI acumuló un crecimiento de 3,1%, impulsado por actividades no primarias como la construcción, que avanzó 10,7%, y el comercio, con 6,3%.

En contraste, la pesca cayó 32,4%, la manufactura primaria retrocedió 9,5% y el sector agropecuario disminuyó 0,7% durante el mismo periodo. Sin estos resultados adversos de las actividades primarias, el crecimiento habría alcanzado el 3,6%, estima el IPE.

Para la entidad, los efectos del calentamiento del mar y las temperaturas elevadas también podrían afectar la producción durante los próximos meses. El calor adelantó las cosechas de arándanos en julio y agosto, pero se prevé una reducción de la producción posteriormente. Asimismo, las mayores temperaturas pueden perjudicar la floración del mango y la palta. En la pesca, el calentamiento del mar podría impedir la apertura de la segunda temporada de anchoveta, mientras que las sequías en la sierra sur afectarían la campaña agrícola 2026-2027 y la disponibilidad de productos destinados al mercado interno durante la primera mitad del próximo año.

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La inversión privada constituye uno de los principales soportes de la actividad económica. El centro de estudios calcula que creció 13,7% en julio y agosto, en línea con el mayor consumo interno de cemento y las importaciones de bienes de capital. Para el cierre de 2026, proyecta un avance de 15,3%, superior al 12,8% previsto anteriormente.

Sin embargo, este impulso perdería fuerza el próximo año. El organismo estima que la inversión privada crecería 10,9% en 2027, mientras que las exportaciones aumentarían apenas 1,6%. Para 2026, en cambio, revisó su proyección de las exportaciones de un crecimiento de 1,5% a una contracción de 0,2%.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, advirtió que la vulnerabilidad de los hogares del norte sigue siendo elevada: la mitad se considera poco o nada preparada para afrontar lluvias intensas. También señaló que los productores agropecuarios del sur cuentan con herramientas financieras limitadas para enfrentar estos eventos.

El impacto regional podría ser desigual. Portocarrero estimó que la economía del norte crecería solo 1,3% en 2027, frente al 4,2% proyectado para Lima. La recuperación nacional durante la segunda mitad del año dependería, en parte, del gasto en reconstrucción.

La magnitud del riesgo tiene antecedentes. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que los episodios extraordinarios de El Niño de 1983 y 1998 restaron 4,1 y 1,7 puntos porcentuales al crecimiento económico, respectivamente.