Entre los principales beneficios figura la postergación del pago de las dos últimas cuotas del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), así como mayores plazos para regularizar deudas tributarias sin perder los fraccionamientos vigentes.

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Las disposiciones fueron aprobadas mediante la Resolución de Superintendencia N.° 228-2026/SUNAT y buscan dar mayor liquidez a los negocios comprendidos en estas actividades económicas, en un escenario de dificultades para mantener sus operaciones y cumplir con sus compromisos tributarios.

Sin embargo, el beneficio no será automático para todas las empresas de estos rubros. La administración tributaria estableció condiciones relacionadas con el régimen tributario al que pertenecen y la evolución de sus ingresos durante 2026.

¿Qué empresas pueden acceder a las facilidades tributarias de Sunat?

Para acogerse a las medidas, los contribuyentes deben generar rentas de tercera categoría, es decir, ingresos provenientes de actividades empresariales, y encontrarse inscritos en alguno de estos regímenes: General, Especial del Impuesto a la Renta o Régimen MYPE Tributario (RMT).

Además, deberán acreditar una caída de al menos 30% en su promedio mensual de ingresos netos declarados entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el promedio mensual registrado durante todo 2025.

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Sunat posterga hasta abril de 2027 las dos últimas cuotas del ITAN

Una de las principales facilidades está relacionada con el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), un tributo que grava los activos netos de las empresas que cumplen determinados requisitos.

La entidad tributaria prorrogó el vencimiento de la octava y novena cuotas correspondientes al ejercicio 2026. Las compañías que cumplan las condiciones podrán pagar ambos montos hasta la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias mensuales del periodo abril de 2027.

De esta manera, las empresas beneficiadas tendrán más tiempo para cumplir con estos pagos, sin tener que desembolsar los recursos en las fechas inicialmente previstas para el ejercicio 2026.

Empresas tendrán más plazo para pagar deudas sin perder el fraccionamiento

La resolución también flexibiliza las condiciones para que los contribuyentes mantengan sus aplazamientos y fraccionamientos tributarios.

En el caso de las deudas fraccionadas, el beneficio se perderá cuando se acumulen ocho cuotas consecutivas impagas. Hasta antes de esta modificación, bastaba con dejar de pagar dos cuotas seguidas para que la administración tributaria pudiera declarar su pérdida.

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Además, las empresas cuya última cuota tenga vencimiento entre la fecha de publicación de la norma y el 31 de mayo de 2027 contarán con un plazo extraordinario para regularizar sus pagos. Podrán cancelar el monto pendiente hasta el 30 de junio de ese año sin perder el fraccionamiento.

Esta ampliación también comprende a los contribuyentes con aplazamientos y aplazamientos con fraccionamiento cuyos vencimientos estén dentro del mismo periodo. En ambos casos, podrán ponerse al día hasta el 30 de junio de 2027, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 15 de noviembre

BCP

• Compra: S/3,525
• Venta: S/3,540

Interbank

• Compra: S/3,493
• Venta: S/3,576

Banco de la Nación

• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,600

BBVA

• Compra: S/3,468
• Venta: S/3,608

Scotiabank

• Compra: S/3,519
• Venta: S/3,558

Ambas actividades restaron en conjunto 1,06 puntos porcentuales al crecimiento del mes. La minería e hidrocarburos tuvo el mayor impacto, al descontar 0,76 puntos, mientras que el sector agropecuario restó otros 0,30. El resultado se sostuvo gracias al comercio, la construcción y otros servicios, que compensaron parte de la caída de las actividades extractivas.

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Pese a esta desaceleración, la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,18% entre enero y septiembre, lo que refleja que la economía aún conserva un desempeño positivo, pese al menor dinamismo registrado en los últimos meses frente a los resultados de mitad de año.

Economía peruana se desaceleró por segundo mes por caída de minería y agro

La minería e hidrocarburos registró una contracción de 6,32% en septiembre, arrastrada principalmente por la menor producción de minerales metálicos. La extracción de cobre cayó 9,04% y la de zinc retrocedió 21,10%, dos resultados que tuvieron un peso importante en el desempeño del sector. También disminuyó la producción de plata, plomo y oro, mientras que el subsector de hidrocarburos prácticamente se mantuvo estable.

El INEI atribuyó el retroceso minero a los menores volúmenes extraídos y a la reducción de la ley de los minerales procesados en las plantas concentradoras de las principales compañías.

Por otra parte, el sector agropecuario cayó 5,44% en septiembre, afectado por el retroceso de la actividad agrícola, que no logró compensar el avance pecuario. La aceituna registró la mayor caída, seguida de la palta y la cebolla.

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Según el organismo estadístico, el resultado respondió a una menor superficie cosechada y a las anomalías climáticas asociadas al Fenómeno El Niño Costero, que elevó las temperaturas. El sector fue así el segundo que más restó a la producción nacional, después de la minería.

Comercio y construcción sostuvieron el crecimiento de la economía en septiembre

El principal impulso llegó del comercio, que creció 6,29% y fue la actividad que más aportó al resultado nacional, con 0,75 puntos porcentuales. Su avance estuvo respaldado por las ventas mayoristas y minoristas, pero destacó especialmente el comercio automotor, que aumentó 23,63% ante una mayor comercialización de vehículos livianos y pesados, así como de motocicletas.

La construcción también registró un avance de 8,84%, impulsado por el aumento de 12,22% en el consumo interno de cemento, principalmente por proyectos privados de infraestructura y edificación, entre ellos obras de los sectores minero, eléctrico y de transporte, así como la remodelación de oficinas y la construcción de locales comerciales y viviendas.

Sin embargo, el crecimiento de la obra pública fue más moderado debido a que la inversión del Gobierno Nacional cayó 18,49%, pese al mayor gasto de los gobiernos regionales y locales. Los trabajos se concentraron principalmente en prevención de riesgos, infraestructura de salud y servicios básicos, con obras de protección contra inundaciones en Ica y La Libertad.

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A este resultado se sumó el crecimiento de otros servicios (3,88%), que aportaron 0,57 puntos porcentuales a la producción nacional. También avanzaron los sectores financiero, transporte y alojamiento y restaurantes, aunque en menor medida.

Pese al resultado positivo de los primeros nueve meses, el desempeño de septiembre mostró un panorama menos favorable. La caída de la minería y el retroceso del sector agropecuario, afectado por las condiciones climáticas, limitaron el avance de la economía durante ese mes.

De cara a los próximos meses, la evolución de la producción dependerá en buena medida de la recuperación de las actividades extractivas y de que sectores como el comercio y la construcción mantengan el dinamismo que han mostrado durante el año.

Desde enero de 2024, las personas naturales que obtienen ganancias por la venta de acciones sujetas al régimen general pagan una tasa efectiva del 5%, luego de que venciera la exoneración que liberaba de este impuesto a determinadas operaciones bursátiles.

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Colombia mantiene una exención para ciertas ganancias provenientes de la venta de acciones inscritas en bolsa y Chile eliminará desde enero de 2027 el impuesto del 10% que aplica a determinadas operaciones.

Para Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, abogado tributarista y director de la Maestría en Tributación de la UPC, el Perú debería recuperar la exoneración, pues mantener gravadas estas operaciones puede llevar a que los capitales busquen mercados con mejores condiciones fiscales. "Los capitales son muy volátiles y se van a colocar obviamente donde haya ventajas tributarias", advirtió a La República.

David Bravo, especialista en derecho tributario y socio principal de EBS Abogados, también considera que el régimen peruano coloca a la BVL en desventaja frente a Chile y Colombia. Sin embargo, advierte que el impuesto no es el único elemento que determina la decisión de los grandes inversionistas, quienes también evalúan la liquidez de la bolsa, la cantidad de empresas disponibles para invertir y la estabilidad política del país.

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Hasta el 31 de diciembre de 2023, determinadas ganancias obtenidas por personas naturales mediante la venta de acciones y otros valores negociados en la BVL podían acceder a una exoneración del Impuesto a la Renta, contemplada en la Ley N.º 30341. Para acogerse al beneficio, las operaciones debían realizarse a través de un mecanismo centralizado supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y cumplir requisitos como el de presencia bursátil. La norma también contemplaba un límite de 100 UIT de ganancias por ejercicio.

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Con el vencimiento de la disposición, desde enero de 2024 las operaciones que no califican para otro supuesto de exoneración quedaron sujetas al pago del impuesto, con una tasa efectiva del 5% para las personas naturales. En términos prácticos, si un inversionista compra acciones y luego las vende con una utilidad de S/1.000, deberá destinar S/50 al pago del tributo, siempre que la operación esté comprendida en este régimen.

Para Bravo, la pérdida del beneficio afecta especialmente a quienes recién comienzan a invertir, pues el impuesto reduce el rendimiento de sus operaciones y puede restar atractivo a la compra directa de acciones.

“Hoy no hay nada que ampliar: para la venta de acciones en la BVL por personas naturales no hay exoneración vigente”, precisa.

Pantigoso cuestiona, además, que se grave la compraventa de acciones cuando las empresas emisoras ya pagan Impuesto a la Renta por sus utilidades y los accionistas también tributan cuando reciben dividendos. Desde su perspectiva, mantener impuestos en distintas etapas vinculadas a una misma actividad económica puede elevar el costo de invertir y desincentivar que los ahorros se canalicen hacia el mercado bursátil.

“Las acciones que tienen los accionistas de las empresas, en la compra y venta de acciones, no deberían ya gravarse, porque finalmente la empresa ya pagó primero. Nosotros gravamos los dividendos también”, sostuvo.

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El tributarista considera que el efecto de una exoneración tampoco debe medirse únicamente por el impuesto que deja de pagar una persona. La participación de inversionistas minoristas puede movilizar recursos que, en conjunto, contribuyan al financiamiento empresarial. “A través de las pequeñas inversiones se suma una gran inversión final”, señaló.

Chile eliminará el impuesto del 10% a determinadas ganancias bursátiles desde 2027

La diferencia con el mercado peruano se ampliará desde enero de 2027, cuando entre en vigor la Ley chilena N.º 21.850, que elimina el impuesto único del 10% aplicado a determinadas ganancias de capital por la venta de acciones con presencia bursátil y otros instrumentos comprendidos en el artículo 107 de su Ley sobre Impuesto a la Renta.

Colombia también contempla un tratamiento favorable para determinadas operaciones. Las ganancias provenientes de la venta de acciones inscritas en una bolsa de valores local no constituyen renta ni ganancia ocasional cuando la enajenación no supera el 3% de las acciones en circulación de una misma sociedad durante el año gravable por parte de un mismo beneficiario real.

Para Bravo, la diferencia entre estos países y el Perú no está únicamente en cuánto se paga, sino también en la permanencia de las reglas. En Chile y Colombia, los beneficios forman parte de sus respectivas legislaciones, mientras que en el mercado peruano la exoneración dependió durante años de una norma temporal que necesitaba ser prorrogada y que finalmente venció.

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“La señal que da la norma pesa tanto como la tasa. Una exoneración que se renueva a último momento resta predictibilidad, aumenta la incertidumbre”, advierte.

Liquidez de la BVL también pesa en la decisión de los inversionistas

Pese a las diferencias tributarias, Bravo advierte que una tasa impositiva menor no garantiza por sí sola la llegada de capitales. Los fondos institucionales evalúan también la liquidez, la profundidad del mercado, el número de empresas que cotizan, la estabilidad política y la clasificación de riesgo del país.

Recuerda que, durante las últimas sesiones de 2023, cuando ya se conocía que la exoneración no sería prorrogada, la negociación diaria de acciones en la BVL llegó a un promedio de S/60 millones, casi el triple de lo habitual.

Exoneración de impuestos en la BVL: especialistas proponen una norma permanente

Pantigoso plantea que el Gobierno restituya la exoneración desde el 1 de enero de 2027. Su propuesta parte de que el Estado podría obtener mayores ingresos si incentiva la inversión empresarial y la generación de utilidades, en lugar de concentrar la recaudación en las operaciones de compra y venta de acciones.

“La inversión trae empresas, y ya a través de esa inversión vamos a tener ganancias empresariales con la tasa del 29,5%”, sostuvo. Para el tributarista, una mayor actividad empresarial puede ampliar la base de contribuyentes y generar ingresos fiscales mediante los impuestos que pagan las compañías por sus resultados.

También cuestiona que el retiro de beneficios se utilice como una vía inmediata para aumentar la recaudación, sin calcular cuánto podría aportar un mercado de valores con más participantes. “Siempre se gravan a los mismos, y por eso es lo más fácil eliminar exoneraciones para gravar ciertas operaciones”, afirmó.

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Bravo respalda la recuperación del beneficio, aunque considera necesario establecer filtros para evitar que termine favoreciendo operaciones que no buscan incentivar la inversión bursátil. Entre sus propuestas figuran mantener requisitos de presencia bursátil, establecer límites de participación similares a los aplicados en Colombia y excluir las operaciones entre partes vinculadas o aquellas que impliquen transferencias de control de una empresa.

Bravo plantea que una exoneración no debería beneficiar indiscriminadamente cualquier transferencia de acciones. Los requisitos de presencia bursátil y los límites sobre la participación que cambia de manos permitirían concentrar el incentivo en operaciones de inversión, en vez de extenderlo a movimientos societarios que no aportan liquidez al mercado. Pide revisar el tratamiento de los fondos mutuos y de inversión, porque el vehículo utilizado para invertir no debería colocar al ahorrista en una situación menos favorable.

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Pantigoso pone el acento en el destino de los recursos. Si las empresas encuentran alternativas para captar capital, pueden financiar proyectos y ampliar sus actividades sin depender del crédito. Para el abogado, el Estado debe considerar esa cadena de efectos al decidir si mantiene el impuesto o recupera el incentivo.

El planteamiento de ambos especialistas coincide en recuperar un incentivo tributario, pero incorpora una exigencia adicional para el Estado: definir reglas que no dependan de renovaciones temporales y acompañarlas de medidas que permitan ampliar la negociación bursátil. La BVL necesita atraer nuevos participantes y ofrecerles condiciones competitivas, sin que la exoneración termine siendo el único instrumento para conseguirlo.

El monto de la operación equivale a 5,34 veces el EBITDA acumulado en los últimos doce meses a junio de 2026.

La operación también dejaría a Entel una utilidad neta extraordinaria aproximada de 98.000 millones de pesos chilenos. Sin embargo, el acuerdo todavía debe recibir la aprobación de los accionistas de la compañía, cuya Junta Extraordinaria fue convocada para el próximo 30 de noviembre.

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Entel vende su negocio en Perú tras más de diez años de inversión

La decisión llega cuando la filial peruana mantiene un desempeño favorable para el grupo. Entel Perú representa el 36% de los ingresos consolidados de la compañía chilena y supera los 10 millones de clientes, una dimensión que explica el peso de esta operación dentro de sus negocios fuera de Chile.

En el mercado peruano, la empresa se consolidó en 2023 como el segundo operador en participación de ingresos por servicios móviles. Además, en 2025, Perú se convirtió en el segundo país de Latinoamérica, después de Chile, en contar con el servicio Direct to Cell de Starlink, que permite conectar teléfonos celulares directamente con satélites.

El CEO de Entel, Antonio Büchi, sostuvo que la posición alcanzada por la filial permitió concretar la venta en un momento favorable para sus accionistas y destacó el trabajo realizado durante los años de operación en el país.

"La buena posición de la compañía hace de este un muy buen momento para capturar el valor creado en Perú durante estos más de 10 años de operación. Entregamos una compañía sólida, con un equipo de primer nivel y más de 10 millones de clientes que seguirán contando con un servicio de calidad", señaló.

¿Por qué Entel decidió concentrar sus inversiones en Chile?

La venta responde a una decisión de reorganización del grupo chileno, que busca concentrar recursos en su mercado de origen y fortalecer su posición frente a la competencia. Büchi explicó que la compañía necesita mantener un ritmo elevado de inversión en Chile, donde busca ampliar sus negocios de internet para el hogar, servicios digitales y otras actividades vinculadas a la conectividad.

"Esta operación nos permitirá ser más ágiles y concentrar nuestros esfuerzos donde tenemos mayores ventajas competitivas, para profundizar ese liderazgo y crecer tanto en el mercado de internet al hogar, servicios digitales y otros negocios adyacentes", afirmó el ejecutivo.

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La empresa sostiene que el dinero recibido contribuirá a fortalecer su posición financiera y financiar sus próximos planes de expansión. Con esta decisión, Entel busca capitalizar los resultados obtenidos en Perú y destinar una mayor parte de sus recursos a los negocios donde considera que tiene mejores oportunidades de crecimiento.

Accionistas de Entel decidirán la venta el próximo 30 de noviembre

Aunque el acuerdo con Millicom ya fue suscrito, su ejecución depende de la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para el 30 de noviembre. En esa reunión también se someterán a votación los actos y contratos necesarios para concretar la transferencia de ambas empresas.

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Además, el directorio propondrá distribuir un dividendo eventual de 2.100 pesos chilenos por acción, con cargo a las utilidades acumuladas de Entel y sujeto a que la transacción llegue a materializarse.

De aprobarse la operación y cumplirse las condiciones correspondientes, Millicom asumirá el control de las dos compañías peruanas, que reúnen una base de más de diez millones de clientes. Para Entel, la venta representa el cierre de una etapa de expansión internacional y la posibilidad de reforzar su posición en Chile con los recursos obtenidos.

La propuesta fue expuesta por Tangherlini ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados. El ministro sostuvo que la rebaja busca hacer más competitivo al Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región.

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TUUA internacional bajaría de US$10,05 a US$4 con nueva propuesta del MTC

La propuesta presentada por LAP establece una reducción de 37% en la tarifa de transferencia internacional, con lo que el cobro pasaría de US$10,05 a aproximadamente US$6,40, sin incluir el IGV. No obstante, el MTC busca que la rebaja sea mayor y que el pasajero termine pagando alrededor de US$4.

Con la propuesta de LAP, la TUUA pasaría de US$10,05 a US$6,40. El MTC busca llevarla un paso más abajo, hasta los US$4, aunque todavía no ha detallado cómo se aplicaría este descuento ni cuándo entraría en vigencia. El cobro rige desde el 7 de diciembre de 2025 para quienes llegan a Lima desde el extranjero y continúan su viaje hacia otro destino internacional.

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Las aerolíneas han cuestionado esta tarifa porque encarece el tránsito por Lima frente a otros aeropuertos de la región. El costo adicional puede restarle atractivo al Jorge Chávez como punto de conexión, ya que los pasajeros también consideran cuánto les cuesta hacer escala antes de elegir una ruta.

Aerolíneas incluirán la TUUA internacional en el precio del boleto aéreo

La reducción del monto no es el único cambio que negocia el Gobierno. Tangherlini también informó que las aerolíneas se comprometieron a incorporar la TUUA de transferencia internacional directamente en el precio de los pasajes. De concretarse el acuerdo, los pasajeros conocerían este costo al momento de comprar su boleto y ya no tendrían que realizar un pago por separado durante su escala en Lima.

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El compromiso de las compañías aéreas forma parte de las conversaciones que mantienen con el MTC, el MEF y LAP para alcanzar un acuerdo. La concesionaria deberá concretar los cambios mediante la adenda correspondiente, por lo que tanto el nuevo monto como las condiciones de aplicación todavía están sujetos a las negociaciones entre las partes.

Para el Ejecutivo, el objetivo es que una menor tarifa y un mecanismo de cobro integrado al boleto contribuyan a atraer más pasajeros en conexión internacional y fortalezcan el papel de Lima como centro de distribución de vuelos en la región.

La iniciativa, presentada por la congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, propone liberar parte de los ahorros previsionales ante los posibles efectos económicos del fenómeno El Niño. Sin embargo, todavía no cuenta con una evaluación técnica ni un dictamen que permita avanzar hacia su discusión legislativa.

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La propuesta, identificada como Proyecto de Ley N.° 00469-2026-2031-CD, ingresó al Parlamento el 1 de octubre y fue derivada a la Comisión de Economía al día siguiente.

Noveno retiro de AFP: proyecto propone entregar hasta S/22.000 en cuatro armadas

El texto legislativo plantea un retiro voluntario de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/22.000. El dinero se entregaría en cuatro desembolsos de hasta S/5.500 cada uno, con intervalos de 30 días calendario entre pagos.

Los afiliados tendrían un plazo de 90 días para presentar sus solicitudes, ya sea de manera presencial o virtual, ante sus respectivas administradoras de fondos de pensiones.

Además, podrían desistir del retiro por única vez, siempre que comuniquen su decisión a la AFP con al menos 10 días calendario de anticipación a la fecha del siguiente desembolso.

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La propuesta justifica esta medida en la necesidad de brindar liquidez a los hogares frente a los posibles daños que ocasionaría El Niño. Entre los gastos considerados figuran la protección de viviendas, la reparación de techos y el reforzamiento de estructuras ante lluvias intensas o periodos de sequía.

MEF cuestiona nuevo retiro por impacto en las pensiones

La propuesta también enfrenta reparos desde el ámbito económico. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expresó su rechazo al considerar que estos desembolsos

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reducen los recursos disponibles para financiar las jubilaciones. "Es quitarle pensiones a la poca gente que va a tener pensiones", sostuvo en una entrevista.

El titular del MEF también advirtió sobre las posibles consecuencias en la liquidez del sistema y en el financiamiento de créditos de largo plazo. Su preocupación apunta a que las AFP podrían necesitar vender parte de sus inversiones para atender los retiros solicitados por los afiliados.

¿Qué falta para que el noveno retiro de AFP se debata en el Congreso?

El proyecto todavía debe recibir las opiniones de las entidades consultadas y pasar por la evaluación de la Comisión de Economía. El 13 de octubre, este grupo de trabajo solicitó informes técnicos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCRP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Ministerio de Justicia y Cenepred.

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El plazo inicial de 15 días otorgado para remitir estas respuestas ya había transcurrido al 9 de noviembre, sin que la iniciativa registrara avances hacia su debate. Tampoco se había anunciado una fecha para su sustentación o votación.

Si obtiene un dictamen favorable, la propuesta deberá continuar el trámite legislativo correspondiente en las cámaras de Diputados y Senadores. Solo después de superar esas instancias podrá llegar al Poder Ejecutivo, que tendrá la facultad de promulgarla u observarla.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 14 de noviembre

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

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Banco de la Nación

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BBVA

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Scotiabank

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• Venta: S/3,558

El dato expone los escasos resultados de un procedimiento que lleva años extendiéndose y que mantiene a miles de operadores inscritos sin haber completado los requisitos para obtener la formalidad. La demanda ante el TC cuestiona precisamente la continuidad de este mecanismo y sus efectos sobre la protección ambiental y la persecución de las actividades de minería ilegal.

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Congreso reportó más de 29 mil expedientes en formalización en 2025

Durante la audiencia, el representante del Congreso, Juan Carlos Prado Herrera, señaló que en 2025 existían 29.580 expedientes vigentes en el proceso de formalización. Entre los requisitos que todavía debían cumplir los inscritos mencionó instrumentos de gestión ambiental, documentación arqueológica y contratos de explotación.

La cifra corresponde a expedientes y no necesariamente a personas, por lo que no es directamente comparable con las 66 personas que, según el procurador del Ejecutivo, culminaron el procedimiento entre 2025 y 2026. Sin embargo, ambas intervenciones expusieron la distancia entre la cantidad de trámites que permanecen abiertos y los resultados concretos de la formalización.

El representante del Congreso también señaló que parte de las dificultades para avanzar recae en los gobiernos regionales, responsables de tramitar los expedientes. La capacidad técnica y administrativa de estas entidades influye en la velocidad con la que los inscritos pueden cumplir los requisitos exigidos para obtener la formalidad.

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¿Los mineros conservarán la exclusión penal después del Reinfo?

Otro de los puntos discutidos ante el TC fue el alcance del artículo 307-A del Código Penal, que regula el delito de minería ilegal y contempla una exclusión de responsabilidad penal para quienes se encuentran en proceso de formalización. La controversia es si esta disposición dejará de aplicarse cuando termine el Reinfo, el próximo 31 de diciembre, o si podría mantenerse para los mineros que continúen su trámite bajo el nuevo régimen de formalización de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE).

El abogado del Colegio de Abogados de Loreto, Samuel Abad Yupanqui, sostuvo que el fin del registro no eliminaría necesariamente esa exclusión. Su argumento es que el artículo 307-A no menciona expresamente al Reinfo, sino a quienes están en proceso de formalización. Por ello, si los inscritos pasan al nuevo régimen y mantienen esa condición, podrían continuar amparándose en la disposición penal.

El procurador del Ejecutivo, Luis Alberto Huerta Guerrero, defendió una interpretación distinta: sostuvo que la exclusión está vinculada al Reinfo y que, por tanto, dejará de operar cuando concluya su vigencia. Durante la audiencia, el presidente del TC, Pedro Hernández Chávez, cuestionó si esa interpretación era suficiente, dado que el texto del artículo 307-A no establece expresamente que la disposición termine junto con el registro.

La discusión también alcanzó al proyecto de ley MAPE, que plantea un nuevo marco para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. El cuestionamiento es que, si el nuevo régimen permite continuar el proceso de formalización bajo condiciones similares, la exclusión penal podría mantenerse pese al cierre del Reinfo. Hasta ahora, el TC no ha emitido un pronunciamiento que defina cómo se aplicará esa disposición después del registro.

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TC dejó al voto demanda contra la Ley 32537

El expediente 00009-2026-PI/TC corresponde a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 32537, que estableció la última ampliación del proceso de formalización minera. El gremio cuestiona que la extensión del registro sea compatible con las obligaciones constitucionales de protección ambiental y con la persecución de las actividades ilícitas.

Durante la audiencia, los representantes del Congreso y del Ejecutivo defendieron la norma cuestionada, mientras que los demandantes expusieron sus reparos sobre los efectos de mantener vigente el Reinfo. Entre los argumentos planteados estuvo que las sucesivas ampliaciones han prolongado un mecanismo transitorio sin resolver las dificultades que impiden a los inscritos completar su formalización.

Al término de la sesión, el TC dejó el expediente al voto. Los magistrados deberán emitir una sentencia sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. Mientras tanto, la cifra presentada por el Ejecutivo y la discusión sobre los efectos penales del registro muestran algunos de los principales cuestionamientos que rodean al proceso de formalización minera.

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El aumento fue el primer ajuste al alza desde enero de 2023 y puso fin a 14 meses consecutivos sin modificaciones. El economista Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo, cuestionó la medida por el efecto que podría tener sobre el consumo y la inversión.

“Al subir la tasa de interés de referencia lo que va a hacer es encarecer el crédito de consumo, la inversión; con eso va a enfriar la demanda interna y va a enfriar también actividades económicas enfocadas en el mercado interno, que generan empleo”, sostuvo a La República.

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Alza puede enfriar la economía sin corregir los precios de oferta

El economista considera que el aumento de la tasa no atacará el origen de varias de las presiones inflacionarias actuales, que atribuye principalmente a factores de oferta. Entre ellos menciona el encarecimiento de los combustibles y el transporte, además de las dificultades que pueden afectar la producción y distribución de alimentos.

En ese escenario, cuestiona que una medida orientada a moderar el gasto termine afectando también a las actividades económicas que dependen del consumo interno. El mayor costo de los préstamos podría limitar las compras financiadas de los hogares y dificultar que las empresas accedan a recursos para invertir, ampliar sus operaciones o sostener su actividad.

La preocupación también alcanza al empleo. Cuadros advierte que un menor dinamismo de los negocios orientados al mercado interno puede repercutir en la generación de puestos de trabajo, sobre todo en actividades que dependen directamente del gasto de las familias. No obstante, el efecto de la tasa sobre los créditos no es inmediato ni uniforme: depende del tipo de préstamo, el plazo y las condiciones de cada entidad financiera.

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BCRP considera que la demanda interna mantiene un buen desempeño

La decisión del Banco Central se produjo en un contexto de mayores presiones inflacionarias. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0,57% y acumuló una variación anual de 5,25%, por encima del rango meta de entre 1% y 3%. A nivel nacional, la inflación anual llegó a 4,83%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La entidad monetaria también tomó en cuenta los choques de oferta que presionan los precios y el aumento de las expectativas inflacionarias. Estas últimas llegaron a 3,1% a 12 meses, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. En octubre, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, alcanzó una variación anual de 4,6%, por encima del rango meta. Este indicador muestra que las presiones sobre los precios no se limitan a los componentes más volátiles de la canasta.

El BCRP consideró el dinamismo de la demanda interna. En su comunicado de noviembre, señaló que la mayoría de los indicadores adelantados de actividad económica a octubre mostró un buen desempeño y que las expectativas empresariales permanecieron en terreno optimista. Ese comportamiento también forma parte de los factores que el Banco Central considera al evaluar la inflación.

La entidad prevé que los precios retornen gradualmente al rango meta conforme pierdan fuerza los choques que los presionan. Sin embargo, advirtió que los efectos del fenómeno El Niño podrían prolongarse. También precisó que el aumento de noviembre no implica necesariamente el inicio de una secuencia de nuevas alzas de la tasa de referencia.

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¿Podría darse una recesión como en 2023?

Para sustentar su preocupación por el impacto de una política monetaria restrictiva, Cuadros recordó lo ocurrido en 2023, cuando la economía peruana registró una contracción. A su juicio, la combinación de medidas fiscales y monetarias restrictivas, junto con los efectos del fenómeno El Niño, podría volver a debilitar la actividad económica.

"Fue una recesión generada por un mal manejo de la política económica, tanto fiscal como monetaria, y algo similar podría pasar ahora", señaló.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el PBI se redujo 0,55% en 2023. La manufactura cayó 6,65% y el sector agropecuario retrocedió 2,91%. Este último resultado estuvo condicionado por los fenómenos climáticos de ese año, entre ellos el ciclón Yaku y El Niño, que afectaron los cultivos mediante lluvias, desbordes de ríos y sequías.

Sin embargo, la trayectoria de la tasa de referencia permite precisar la comparación. El BCRP elevó el indicador hasta 7,75% en enero de 2023 y lo mantuvo en ese nivel hasta agosto. En setiembre comenzó a reducirlo y cerró diciembre en 6,75%. Por ello, la contracción de ese año no puede atribuirse únicamente a la política monetaria: también incidieron los choques climáticos y el retroceso de distintos sectores productivos.

Para noviembre de 2026, el panorama presenta diferencias. El BCRP señala que los indicadores adelantados de actividad mantienen un desempeño favorable, mientras que Cuadros advierte que un crédito más caro podría restar impulso al consumo y la inversión. A ello se suman los riesgos climáticos sobre la producción y el abastecimiento de alimentos, que podrían mantener presiones sobre los precios.

Entre sus principales preocupaciones figura el proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) presentado por el Poder Ejecutivo, que plantea eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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Confemin también cuestiona las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y de la viceministra Mayra Figueroa sobre la eliminación de este registro. A ello se suma que, según el pronunciamiento, los proyectos legislativos que buscan extender la formalización todavía no cuentan con dictámenes favorables en el Congreso.

Confemin exige ampliar el Reinfo por cuatro años ante vencimiento en diciembre

El primer pedido del gremio está dirigido al Congreso de la República y plantea ampliar por cuatro años el proceso de formalización minera. La exigencia se produce a pocas semanas del vencimiento del Reinfo, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para Confemin, eliminar el registro sin establecer un mecanismo que permita continuar con la formalización dejaría sin una vía de regularización a los trabajadores que todavía no culminaron el procedimiento.

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Mineros artesanales piden un censo nacional para ampliar formalización minera

La segunda exigencia está dirigida al Poder Ejecutivo. Confemin solicita realizar un censo nacional que incluya tanto a los mineros inscritos en el Reinfo como a quienes desarrollan actividades fuera del registro.

Con esta medida, el gremio busca identificar cuántos trabajadores se dedican a la pequeña minería y minería artesanal y conocer sus condiciones de operación, a fin de contar con información que permita diseñar medidas para incorporarlos a la formalidad.

Asimismo, plantea que el Congreso apruebe una ley MAPE que contemple las distintas modalidades de explotación minera existentes en el país. Entre ellas menciona la minería filoniana, de socavón, aluvial, no metálica, polimetálica, ancestral y pallaquera.

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Confemin también exige modificar la ley de concesiones mineras

El cuarto punto de la plataforma de lucha plantea modificar la legislación sobre concesiones mineras para eliminar el acaparamiento de concesiones ociosas y convertirlas en espacios de actividad productiva.

Con esta propuesta, la organización busca cambios en las reglas que regulan el acceso y aprovechamiento de las concesiones, al considerar que existen áreas que permanecen sin explotación mientras otros operadores buscan desarrollar actividades mineras.