El mayor peso estuvo en los productos no tradicionales, que representaron el 90,6% de las ventas al mercado dominicano, con despachos por US$69 millones 446 mil. Dentro de esta oferta, la agroindustria tuvo la mayor participación, con 43,5% del total. Le siguieron los productos químicos (13,3%), siderometalúrgicos (8,1%), maderas (6,6%) y metalmecánicos (4,8%).

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Empresas peruanas promocionarán alimentos y productos de valor agregado en República Dominicana

Aunque varios sectores mostraron un crecimiento importante durante los primeros seis meses del año, el mayor incremento correspondió al rubro siderometalúrgico, cuyos envíos aumentaron 76,8%. La pesca avanzó 46,9%, mientras que los textiles crecieron 34,2% y la metalmecánica, 13,2%.

Con este escenario como punto de partida, ADEX, a través de PymeADEX y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada del Perú en República Dominicana, realizará una misión comercial en Santo Domingo entre el 2 y el 4 de septiembre.

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La delegación reunirá a empresas agroindustriales, alimentarias y de servicios, que buscarán ampliar sus oportunidades en ese mercado. Entre los productos que se promocionarán figuran quinua y chía, además de frutas frescas como mandarina, limón, arándanos, uvas, palta y granada. También forman parte de la oferta el aceite de oliva, las aceitunas, el mango, los alimentos procesados, los snacks saludables, los cafés de especialidad, el pisco y los vinos.

Otro de los segmentos que estará presente es el denominado Clean Label, una tendencia que privilegia productos con ingredientes reconocibles y cuya composición resulta más transparente para el consumidor.

Economía dominicana y turismo impulsan la demanda de nuevos productos

Para ADEX, el interés por este destino también responde al desempeño que viene mostrando la economía dominicana. La asociación estima que el país crecerá 4,5% este año. A esto se suma el movimiento generado por el turismo y la modernización de los supermercados, factores que pueden favorecer una mayor demanda de alimentos y productos diferenciados.

Janet Retamozo Casas, jefa de PymeADEX, señaló que el objetivo de la misión es abrir nuevas oportunidades comerciales y acercar a las empresas peruanas con importadores, distribuidores y compradores del mercado dominicano.

La agenda contempla reuniones con representantes de esos sectores, además de empresas vinculadas al canal HORECA, que comprende hoteles, restaurantes y servicios de alimentación. También habrá encuentros con entidades reguladoras.

"El mercado dominicano ofrece espacios de negocio a las empresas con productos diferenciados y de calidad", afirmó Retamozo Casas.

La delegación visitará además el Puerto de Caucedo, uno de los principales centros logísticos del Caribe, para conocer de cerca su infraestructura, conectividad, rutas marítimas, tiempos de tránsito y servicios de almacenamiento y distribución. Estos factores resultan clave para las empresas que evalúan ampliar sus operaciones hacia ese destino.

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El acercamiento empresarial entre ambos países cuenta con un antecedente. En enero de 2023, ADEX y la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) firmaron un convenio de cooperación para impulsar el intercambio comercial, las misiones de negocios, las capacitaciones y la participación de empresas peruanas y dominicanas en ferias internacionales.

El reto ahora es que el crecimiento registrado en el primer semestre se traduzca en una presencia más amplia de productos peruanos en República Dominicana, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan nuevos mercados.

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de estaño creció 12,9% en junio frente al mismo mes de 2025, mientras que el molibdeno aumentó 5,4%. En el caso del hierro, el ministerio reportó una variación exponencial respecto de junio del año pasado, aunque el resultado más significativo se observa al revisar el acumulado de los primeros seis meses.

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Entre enero y junio, la producción nacional de hierro registró un incremento de 41,1% respecto del mismo periodo de 2025. El estaño, por su parte, acumuló un crecimiento de 6,5%.

El comportamiento del hierro destaca no solo por la magnitud de su avance, sino porque se trata de uno de los metales vinculados directamente con la industria siderúrgica y la construcción. Su evolución, por tanto, también puede leerse como parte del movimiento de sectores que demandan materias primas para infraestructura, manufactura y otros proyectos.

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Hierro lidera el crecimiento y el molibdeno gana peso en el sur

El molibdeno también presentó un desempeño favorable durante el semestre. En junio, su producción aumentó 6,5% respecto de mayo y 5,4% frente a junio de 2025, según el BEM.

Una parte importante de esta producción se concentra en el sur del país. Arequipa, Moquegua y Tacna representan conjuntamente el 79,9% de la producción nacional de molibdeno, lo que evidencia el peso que tienen estas regiones en la extracción de este mineral.

Este suele aparecer asociado a operaciones cupríferas y tiene aplicaciones industriales, especialmente en la fabricación de aleaciones resistentes a altas temperaturas y a la corrosión. Por ello, aunque su volumen es considerablemente menor al del cobre, su producción tiene relevancia dentro de la canasta minera peruana.

El avance de estos metales ocurre, además, en un momento en que la minería mantiene un peso importante en las cuentas externas del país.

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Producción de cobre en Perú avanza 1,9% durante el primer semestre

El cobre, principal producto de la minería peruana y uno de los metales más relevantes para las exportaciones nacionales, tuvo un crecimiento más contenido. Su producción acumulada entre enero y junio aumentó 1,9% frente al mismo periodo de 2025.

La diferencia entre este resultado y el avance registrado por el hierro resulta importante, ya que mientras algunos metales presentan incrementos de mayor magnitud, el cobre mantiene una expansión moderada, por lo que el resultado del subsector no puede explicarse únicamente por el comportamiento de su principal producto.

El desempeño de este mineral tiene un peso importante en la economía peruana, no solo por su aporte a las exportaciones, sino también por la actividad que moviliza alrededor de las operaciones mineras. Una mayor producción puede impulsar la demanda de proveedores y servicios especializados y contribuir a una mayor generación de recursos para los gobiernos regionales y locales.

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El BEM, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), sitúa estos resultados en un contexto más amplio: la minería sigue siendo una fuente importante de inversión y de recursos para las regiones donde se desarrollan los proyectos.

Sin embargo, el balance del primer semestre no es parejo. Mientras el hierro muestra un fuerte repunte y el estaño y el molibdeno mantienen resultados positivos, el cobre avanza a un ritmo más moderado. Esa diferencia entre metales marca el desempeño de la producción minera en lo que va del año y deja abierta la pregunta de cuánto podrá sostenerse este impulso durante los próximos meses.

El informe Impacto de la educación universitaria privada en el Perú, elaborado en 2025, contabiliza 1,38 millones de estudiantes matriculados en universidades privadas, distribuidos en 224 sedes a nivel nacional. La cifra representa un crecimiento considerable frente a los 419.000 alumnos registrados en 2008.

En ese mismo periodo, la tasa bruta de matrícula universitaria en el sector privado pasó de 11,4% a 23,4%, de acuerdo con la investigación. El cambio también se refleja en el perfil de quienes ingresan a estas instituciones: el 27,9% de los nuevos estudiantes tiene más de 24 años, una característica asociada, en parte, a personas que combinan sus estudios con actividades laborales.

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Universidades privadas generan S/ 12.000 millones al año

El crecimiento de este sector también tiene un impacto económico. Según el estudio, la actividad de las universidades privadas genera alrededor de S/ 12.000 millones anuales, equivalente al 2% del PBI nacional, al 42% del PBI del sector educación y al 35% del gasto público destinado a este rubro.

Además, estas instituciones concentran una parte importante del empleo especializado en la educación superior. Actualmente cuentan con más de 40.000 docentes, cifra que representa aproximadamente el 65% de los profesores universitarios del país.

Fernando Barrios, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), sostuvo durante la presentación del estudio que el papel de las universidades privadas no se limita a la formación profesional, sino que también tiene efectos en el empleo y la actividad económica.

Crece la educación a distancia, pero persisten brechas regionales

Otro de los cambios identificados es la expansión de las modalidades no presenciales. El estudio señala que 44% de los nuevos programas universitarios corresponde a modalidades a distancia o semipresenciales.

En la actualidad, las universidades privadas ofrecen 317 programas completamente a distancia y 473 semipresenciales. Esta oferta permite que estudiantes que trabajan o viven alejados de las principales ciudades puedan acceder a una carrera universitaria o continuar su formación profesional.

Sin embargo, la expansión no es homogénea en todo el país. El informe identifica ocho regiones con una oferta universitaria privada limitada: Pasco, Tumbes, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Loreto, Moquegua y Puno.

La concentración también es evidente en Lima Metropolitana. Las universidades societarias reúnen el 79% de la matrícula privada, con 560.536 estudiantes distribuidos en 63 sedes.

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Investigación y retorno salarial

El estudio también destaca la participación de universidades privadas en investigación. Catorce de estas instituciones aparecen entre las 20 universidades líderes del país en investigación de alta calidad, según el ranking Scimago IBER. Asimismo, seis universidades privadas figuran entre las 1.000 mejores del mundo en el ranking QS.

En cuanto al mercado laboral, la investigación sostiene que los egresados de universidades privadas licenciadas registran un retorno salarial entre 2% y 9% superior frente a otras alternativas educativas.

Piden revisar el marco de la educación superior

Durante la presentación del informe también se planteó la necesidad de revisar el marco legal que regula la educación superior universitaria. Los participantes cuestionaron que la legislación vigente haya sido diseñada bajo un modelo determinado de universidad, cuando actualmente conviven instituciones públicas, asociativas y societarias.

En ese sentido, señalaron que las exigencias regulatorias deberían considerar las características de cada tipo de institución. También se planteó revisar algunos requerimientos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para determinar si pueden aplicarse de la misma manera a universidades con naturalezas y estructuras diferentes.

Otro de los retos identificados está relacionado con la vinculación entre la formación universitaria y el mercado laboral. Los especialistas consideraron necesario mejorar la planificación de la oferta académica para que las nuevas carreras respondan a las necesidades del sector productivo.

Asimismo, señalaron que el desafío del sistema universitario ya no se limita a ampliar el acceso. Ante el incremento del número de bachilleres, también resulta necesario fortalecer la formación de posgrado, mediante una mayor oferta de maestrías y doctorados vinculados con las necesidades del país.

En este escenario, las modalidades a distancia y semipresenciales adquieren mayor relevancia, especialmente para profesionales que ya trabajan y buscan continuar su especialización sin abandonar sus actividades laborales.

La diferencia se hizo más evidente entre abril y junio, ya que mientras la inversión privada mantuvo un crecimiento de dos dígitos, la pública retrocedió 2,6%. No se trata, por tanto, de una caída general de la obra estatal, sino de un ritmo que resulta insuficiente frente al dinamismo que muestra el resto del sector.

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Por su lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que la inversión pública crecerá apenas 1% en 2026. Con obras que todavía permanecen paralizadas y proyectos de prevención pendientes, el desafío no solo es disponer de presupuesto, sino conseguir que las obras avancen y lleguen a tiempo.

La inversión privada empuja el sector y el mercado inmobiliario toma fuerza

Entre julio de 2025 y junio de 2026 se desembolsaron más de 47.000 créditos hipotecarios, el nivel más alto de los últimos cinco años. En total, las entidades financieras colocaron S/17.651 millones durante ese periodo, una señal de que el financiamiento para comprar vivienda mantiene el ritmo de recuperación.

Pero este avance no llega por igual a todos los segmentos. Mientras los créditos otorgados con recursos propios de las entidades financieras aumentaron, los financiados por el Fondo Mivivienda retrocedieron 21,9% frente al periodo julio 2021-junio 2022. La diferencia se vuelve más marcada en la vivienda de interés social: entre enero y julio de este año, los desembolsos de bonos familiares habitacionales cayeron 71% respecto del mismo periodo de 2025. En la modalidad de construcción en sitio propio, la caída llegó a 91,5%.

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Así, el mercado inmobiliario muestra dos caras. Por un lado, el crédito hipotecario gana terreno y sostiene la demanda; por otro, el menor flujo de subsidios limita el acceso a vivienda de los hogares que dependen de estos programas.

El dinero público avanza, pero miles de obras siguen sin terminar

La otra cara del escenario está en la capacidad del Estado para llevar el presupuesto hasta una obra concluida. A junio de 2026, la inversión asociada a proyectos paralizados se había reducido 14,1% respecto de marzo. Sin embargo, el número de obras detenidas aumentó 0,9%. Es decir, se ha reducido el monto involucrado, pero el problema de los proyectos que no avanzan sigue lejos de desaparecer.

Asimismo, el 63,2% de la inversión paralizada corresponde al Gobierno nacional, mientras que las municipalidades concentran el 68,2% de las obras detenidas.

Hay, además, una brecha entre lo que se puede gastar y lo que efectivamente se llega a utilizar. Aunque la eficiencia de la inversión pública se encuentra en su mejor nivel de los últimos quince años, de mantenerse el ritmo actual quedarían sin ejecutarse unos S/19.148 millones al cierre de 2026.

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El Fenómeno El Niño vuelve más urgente cerrar la brecha de infraestructura

La discusión deja de ser exclusivamente económica cuando se incorpora el riesgo climático. Ante la posibilidad de un nuevo Fenómeno El Niño (FEN), la capacidad del Estado para terminar obras de prevención adquiere otra dimensión, ya que no solo se trata de cuánto se invierte, sino de cuánto puede estar listo antes de que llegue el evento.

El diagnóstico de Capeco evidencia que ninguno de los sistemas de drenaje pluvial incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PRCC) estaría listo para reducir el impacto de las lluvias y los desbordes de ríos asociados al próximo FEN.

A ello se suma que todavía no se ha definido cómo se financiará la operación y mantenimiento de esos sistemas ni qué entidad asumirá esa responsabilidad. Tampoco se han previsto reservorios en las zonas altas que permitan almacenar agua durante los periodos de sequía y, al mismo tiempo, reducir el volumen que podría desplazarse hacia las partes bajas durante un FEN.

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Con el tiempo cada vez más limitado, las medidas que quedan por delante son principalmente defensas ribereñas, limpieza de cauces y preparación para responder a una eventual emergencia. Son necesarias, pero tienen un alcance distinto al de una política permanente de prevención.

El próximo reto no es solo construir más, sino terminar a tiempo

El balance del primer semestre deja así una imagen menos sencilla de lo que podría sugerir el crecimiento de la construcción. La inversión privada avanza con fuerza, la minería recupera dinamismo, las empresas constructoras mejoran sus expectativas y el crédito hipotecario alcanza su mayor nivel de desembolsos en cinco años.

El Estado, en cambio, enfrenta una tarea más compleja. Aunque la ejecución de la inversión pública ha mejorado, todavía arrastra proyectos paralizados y una parte importante del presupuesto podría quedar sin utilizar al cierre del año.

La diferencia será especialmente importante frente al riesgo de un nuevo FEN. Cada obra de prevención que no se termina a tiempo puede significar, después, una emergencia más costosa y una nueva factura de reconstrucción.

La decisión fue adoptada el miércoles 26 de agosto. De acuerdo con el hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Directorio aprobó que Carlos Adrián Linares Peñaloza represente a Petroperú en la Junta General de Accionistas de Petroperú Invest para suscribir el denominado 'Bridge Credit Agreement' y otorgó facultades para formalizar e implementar la operación.

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Los US$475 millones todavía no han sido desembolsados. El acuerdo permite avanzar con la contratación del crédito para atender las necesidades de corto plazo de Petroperú. El financiamiento forma parte del esquema de apoyo de hasta US$2.000 millones aprobado por el Ejecutivo en mayo.

Petroperú: ¿cuánto del financiamiento de US$2.000 millones podrá utilizar?

El crédito puente está contemplado en el mecanismo establecido mediante el Decreto de Urgencia N.° 003-2026, publicado el 11 de mayo. La norma autorizó operaciones de financiamiento por hasta US$2.000 millones para asegurar la continuidad de Petroperú.

Dentro de ese paquete se estableció un límite de hasta US$500 millones para compromisos contingentes de corto plazo. El monto que ahora busca formalizar la empresa asciende a US$475 millones, US$25 millones por debajo de ese tope.

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El hecho de importancia remitido a la SMV no detalla las condiciones financieras del crédito ni señala una fecha para el desembolso. La comunicación se concentra en las autorizaciones otorgadas para concretar la operación.

Además de Linares Peñaloza, el Directorio autorizó a Luis Alberto Suárez Carlo a suscribir, en representación de Petroperú, los documentos necesarios para formalizar el financiamiento y cualquier instrumento relacionado con la operación.

El crédito avanza mientras el Tribunal Constitucional revisa la reorganización

La autorización del financiamiento ocurre en un momento especialmente sensible para Petroperú. Un día antes, el Tribunal Constitucional dejó al voto las demandas contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado el 31 de diciembre de 2025 y vinculado con la reorganización patrimonial de la empresa.

El proceso constitucional adquiere importancia para el esquema financiero porque el DU 003-2026 está relacionado con la implementación de esa estrategia de reorganización. Por ello, una eventual decisión del TC sobre el decreto anterior podría tener implicancias sobre el marco bajo el cual se viene construyendo la nueva estructura de Petroperú.

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Esta coincidencia temporal entre ambos hechos también ha sido advertida por la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleos del Perú (Fenpetrol). La organización consideró que la decisión del Directorio debe analizarse a la luz del proceso que se encuentra pendiente ante el TC y sostuvo que un eventual pronunciamiento sobre el DU 010-2025 podría modificar las medidas adoptadas para la reestructuración de la empresa.

Trabajadores cuestionan demora y piden explicar los US$25 millones

Fenpetrol cuestionó el tiempo que ha tomado activar el crédito puente y pidió explicar por qué, varios meses después de la aprobación del esquema financiero para Petroperú, recién se autoriza la operación por hasta US$475 millones.

El gremio también puso bajo la lupa los US$25 millones de diferencia frente al límite de US$500 millones establecido para compromisos contingentes de corto plazo. Según Fenpetrol, este monto estaría relacionado con los gastos de estructuración de la operación, por lo que pidió conocer cuánto se destinará a comisiones, asesorías legales, estudios y otros servicios vinculados con la obtención del financiamiento.

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La operación todavía no supone un desembolso. Entre la publicación del DU 003-2026, el 11 de mayo, y el acuerdo de Directorio del 26 de agosto transcurrieron más de tres meses. El siguiente paso será conocer las condiciones definitivas del crédito y la fecha en que los recursos llegarán a Petroperú, así como el costo final de poner en marcha el mecanismo financiero.

La controversia tiene efectos directos sobre la industria láctea: qué producto puede comercializarse legalmente como leche evaporada y qué ingredientes pueden utilizarse para elaborarlo.

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El decreto, vigente desde octubre de 2022, establece que la leche evaporada se obtiene mediante la eliminación parcial del agua únicamente de la leche. En términos sencillos, la norma fija que el producto debe partir de leche y obtenerse retirando parte de su agua.

¿Qué cambió para la leche evaporada Gloria?

Con la entrada en vigencia de la norma, la tradicional leche evaporada Gloria de etiqueta azul dejó de comercializarse bajo esa denominación. Desde octubre de 2022, la empresa introdujo una leche reconstituida de etiqueta azul y una nueva leche evaporada de etiqueta morada.

La diferencia está en su elaboración. Mientras la leche evaporada parte de leche y elimina parte de su agua, un producto lácteo reconstituido se obtiene a partir de una forma concentrada o deshidratada a la que se añade agua para recuperar su composición. Esta distinción termina definiendo también qué nombre puede aparecer en el envase.

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AINCUS sostiene que la antigua fórmula de Gloria incorporaba leche en polvo y que su uso dejó de ser compatible con la nueva regulación. La asociación también cuestiona la composición de la actual leche evaporada de etiqueta morada. Según el documento, esta declara leche cruda, leche concentrada al 30% y grasa anhidra de leche entre sus ingredientes, por lo que AINCUS considera que no cumpliría con la definición establecida por el decreto.

Gloria, por su parte, sostiene en su demanda que el decreto vulnera sus derechos constitucionales y busca que sea dejado sin efecto. El proceso ha pasado por las instancias previas sin una decisión favorable para la empresa, de acuerdo con la documentación presentada por AINCUS.

Codex Alimentarius: ¿por qué importa el nombre del producto?

La discusión también tiene como referencia al Codex Alimentarius, que establece definiciones internacionales para los productos lácteos. Entre ellas, señala que el nombre de un alimento debe reflejar su verdadera naturaleza y no inducir a error al consumidor.

Aquí aparece un concepto técnico: los "términos lecheros protegidos". En la práctica, significa que la denominación utilizada en un producto debe corresponder con sus características y composición. Por ello, la diferencia entre leche, producto lácteo y producto lácteo reconstituido tiene una consecuencia comercial concreta.

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El decreto peruano recoge esta definición para establecer qué puede comercializarse como leche evaporada. AINCUS sostiene que el estándar internacional vigente desde 1971 establece que este producto debe elaborarse únicamente a partir de leche, mediante la eliminación parcial del agua.

La asociación también menciona como antecedente el caso Pura Vida, producto de Gloria cuya comercialización generó una controversia nacional en 2017 por su composición y denominación. Este episodio forma parte de los argumentos que AINCUS presenta contra la empresa, aunque el proceso que ahora debe resolver el TC tiene un objeto específico: determinar si corresponde dejar sin efecto el decreto cuestionado.

TC definirá las reglas para la leche evaporada

Durante el proceso, Gloria solicitó una medida cautelar para continuar produciendo y comercializando su antigua leche evaporada de etiqueta azul mientras se resolvía la demanda. La solicitud fue rechazada y, desde octubre de 2022, el producto dejó de comercializarse bajo esa denominación.

AINCUS también cuestiona una ampliación administrativa que permitió utilizar la etiqueta durante un periodo adicional en 2023. Este argumento forma parte de su posición en el proceso y no constituye una conclusión del TC sobre la legalidad de dicha actuación.

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La decisión del Pleno tendrá un alcance que va más allá de una presentación de Gloria. El fallo definirá cómo se aplican las reglas sobre la denominación de la leche evaporada en el mercado peruano y qué margen tendrá la industria para utilizar leche en polvo u otros componentes en su elaboración.

El expediente involucra además a distintas entidades del Estado y a representantes de los ganaderos y consumidores. Con el caso ya elevado al Pleno, el TC tendrá la última palabra sobre una disputa que enfrenta la posición de Gloria frente a las nuevas reglas establecidas por el Estado.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 30 de agosto

BCP

• Compra: S/3,525
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Interbank

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Banco de la Nación

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Scotiabank

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La propuesta forma parte de un pedido de facultades por 120 días que comprende 66 materias. En el capítulo tributario, el Ejecutivo solicita modificar y simplificar los regímenes existentes, además de establecer incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y otros tratamientos tributarios especiales y temporales.

El cambio alcanzaría una estructura que actualmente distingue entre el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General. La propia SUNAT mantiene estos cuatro esquemas y establece límites y obligaciones diferentes para cada uno.

El proyecto no dice cuánto pagará cada empresa

El elemento más importante para medir el efecto de la reforma todavía no está definido. El Ejecutivo plantea que el nuevo impuesto empresarial tenga tasas marginales crecientes. Esto supone que la tasa aumentaría conforme crezca la renta, pero el proyecto de facultades no presenta una tabla con los porcentajes que corresponderían a cada nivel.

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Esa ausencia impide hacer una comparación definitiva con el sistema vigente. Actualmente, por ejemplo, el RMT aplica una tasa de 10% sobre las primeras 15 UIT de renta neta anual y de 29,5% sobre el exceso. En el Régimen General, la tasa es de 29,5% sobre la renta neta. El RER, en cambio, aplica una cuota mensual equivalente al 1,5% de los ingresos netos.

Por tanto, una empresa no puede saber todavía si con el nuevo esquema pagaría más o menos. Para responderlo se necesitaría conocer, como mínimo, los tramos, las tasas y las reglas para determinar la renta sobre la que se aplicará el impuesto.

Las MYPE quedan en el centro de la reforma

Uno de los puntos más sensibles será el tratamiento de las empresas pequeñas. El RMT está dirigido a empresas cuyos ingresos netos no superen las 1.700 UIT y actualmente permite determinar el impuesto según la ganancia obtenida. Para las primeras 15 UIT de renta neta anual aplica una tasa de 10%, mientras que el excedente tributa a 29,5%.

El proyecto plantea reemplazar esta estructura por un régimen empresarial único. Eso podría modificar la situación tributaria de negocios que hoy se encuentran en el RMT, aunque no significa que todas las MYPE vayan a pagar más.

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El resultado dependerá de cómo se construyan los nuevos tramos. Si las primeras escalas tienen tasas inferiores a las actuales, algunos contribuyentes podrían reducir su carga. Si los porcentajes son mayores, otros podrían enfrentar un incremento. El proyecto, por ahora, no permite identificar cuál de esos escenarios se concretará.

El RER también tendría que ser replanteado

El RER presenta una diferencia todavía mayor frente al esquema planteado. Actualmente, las empresas que cumplen sus requisitos pagan mensualmente 1,5% de sus ingresos netos por concepto de Impuesto a la Renta y tienen un límite de S/525.000 de ingresos o compras anuales.

Un impuesto calculado mediante tasas marginales crecientes sobre la renta empresarial supondría modificar esa lógica.

Aquí aparece uno de los principales riesgos de la transición: una tasa aplicada sobre ingresos no es directamente comparable con una tasa aplicada sobre renta neta. El margen de ganancia de cada negocio puede cambiar completamente el resultado.

Una empresa con ventas elevadas pero márgenes reducidos no necesariamente tendría el mismo efecto que otra con ingresos similares y mayores utilidades.

Por eso, conocer solamente la tasa nominal del futuro régimen tampoco sería suficiente para determinar quién pagará más.

¿Y las empresas grandes?

Las compañías que actualmente tributan en el Régimen General parten de una referencia distinta: la tasa del Impuesto a la Renta es de 29,5% sobre la renta neta anual. No tienen límite de ingresos para permanecer en este régimen.

Si el nuevo esquema establece una escala que llegue hasta una tasa cercana o superior a ese nivel, las empresas con mayores rentas podrían concentrar la mayor carga en los tramos superiores.

Pero nuevamente, eso dependerá del diseño definitivo. El proyecto no establece que la tasa máxima vaya a subir, ni determina que las empresas grandes necesariamente pagarán más. Lo que sí hace es abrir la posibilidad de una estructura distinta a la tasa plana que actualmente aplica al Régimen General.

Ese es precisamente uno de los puntos que tendrá que definirse si el Congreso concede las facultades.

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Más beneficios tributarios también están sobre la mesa

La propuesta tampoco se limita a cambiar la forma de calcular el IR. El Gobierno solicita facultades para establecer o modificar incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones, beneficios y tratamientos tributarios especiales y temporales. El propio proyecto los vincula con objetivos como formalización, inversión, emprendimiento, empleo, innovación y desarrollo de sectores productivos.

El problema fiscal es que una menor obligación para determinados contribuyentes también puede significar una menor recaudación para el Estado.

El MEF estimó que los gastos tributarios potenciales para 2026 ascienden a S/26.350 millones, equivalentes al 12,68% de la recaudación tributaria proyectada y al 2,16% del PBI.

Por eso, el impacto fiscal de la propuesta dependerá de dos movimientos que podrían avanzar en sentidos distintos: cuánto recaude el nuevo esquema empresarial y cuánto deje de recaudar el Estado por los beneficios que eventualmente se creen, amplíen o mantengan.

El Congreso todavía puede acotar el pedido

La propuesta no modifica actualmente las tasas del Impuesto a la Renta ni elimina los regímenes vigentes. El Ejecutivo solicita una delegación de facultades por 120 días y tendrá que esperar que el Congreso determine si concede esa autorización y bajo qué condiciones.

Incluso si obtiene las facultades, el cambio no estaría completamente definido por el proyecto presentado al Parlamento. Los decretos legislativos posteriores tendrían que establecer las reglas concretas del nuevo sistema.

Por ello, la discusión tributaria tendrá un punto central: si el Congreso autoriza un cambio de esta magnitud sin conocer todavía las tasas y tramos que determinarán la carga efectiva de cada empresa.

El resultado final dependerá de esas variables. Hasta que sean publicadas, no existe sustento para afirmar que las MYPE, las empresas grandes o algún otro grupo pagará necesariamente más.

Lo que sí está definido en el pedido es la intención de abandonar la actual estructura de varios regímenes y avanzar hacia un único impuesto empresarial con tasas marginales crecientes.

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El punto que puede tener mayor impacto para los trabajadores está en la intención del Ejecutivo de establecer un nuevo marco laboral y modificar la forma en que se aplican determinados beneficios. El proyecto plantea, entre otras medidas, unificar y regular el marco legal de la actividad laboral para las micro y pequeñas empresas mediante un esquema progresivo que contemple remuneraciones, jornada, horas extras, CTS, gratificaciones, vacaciones, utilidades, aportes previsionales y protección frente al despido.

Vacaciones, gratificaciones y CTS

El proyecto no establece que desde ahora los trabajadores tendrán menos vacaciones o recibirán una gratificación menor. Lo que solicita es la autorización para que el Ejecutivo pueda legislar sobre estos beneficios y establecer reglas que permitan una aplicación más flexible.

La propuesta también contempla modificar el marco de las relaciones entre trabajadores y empleadores, con la posibilidad de establecer mecanismos de acuerdo respecto de determinados beneficios laborales. Esto abre uno de los principales puntos de discusión del proyecto: hasta dónde podrían modificarse las condiciones laborales mediante acuerdos individuales o colectivos y cuáles serían los límites que tendría el Ejecutivo al desarrollar esas reglas.

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La CTS y las gratificaciones aparecen expresamente dentro del ámbito de las materias que el Gobierno busca modificar. Lo mismo ocurre con las vacaciones, la jornada máxima, los descansos y el trabajo en sobretiempo.

¿También cambiaría la jornada laboral?

La solicitud incluye la posibilidad de legislar sobre la jornada de trabajo y las horas extras. Esto significa que, si el Congreso concede las facultades en los términos solicitados, el Ejecutivo tendría autorización para desarrollar modificaciones en estas materias mediante decretos legislativos.

El proyecto, sin embargo, no equivale por sí mismo a una nueva jornada laboral. Primero debe aprobarse la delegación y posteriormente el Ejecutivo tendría que emitir las normas correspondientes dentro del plazo autorizado.

Esta diferencia es importante porque parte de las versiones que circularon durante las semanas previas al envío del proyecto correspondían a borradores y propuestas que todavía podían ser modificadas. El documento presentado oficialmente el 28 de agosto es el que debe utilizarse como referencia para determinar qué materias fueron finalmente incluidas.

Un régimen laboral progresivo para las MYPE

Uno de los componentes más relevantes está relacionado con las micro y pequeñas empresas. El Ejecutivo plantea un nuevo marco que busca facilitar la formalización mediante un régimen progresivo.

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La propuesta vincula este esquema con distintos componentes de la relación laboral: remuneraciones, beneficios sociales, aportes a salud y pensiones, jornada, horas extras, utilidades y protección frente al despido.

El argumento detrás del planteamiento es reducir los obstáculos que, según el Ejecutivo, dificultan que las empresas pequeñas ingresen a la formalidad. Sin embargo, el efecto final sobre los trabajadores dependerá de cómo se diseñen los porcentajes, condiciones y límites de ese régimen si finalmente se aprueban los decretos legislativos.

Ese punto resulta especialmente sensible porque una reducción de los costos asociados a la contratación puede favorecer la formalización, pero también podría significar que algunos trabajadores contratados bajo un nuevo esquema tengan condiciones diferentes a las de quienes ya se encuentran en el régimen general.

Cambios en despidos y protección laboral

El pedido también incluye el objetivo de modificar el régimen de extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas. El Ejecutivo sostiene que existen problemas en la regulación actual que dificultan que las empresas puedan responder frente a cambios en su realidad económica o técnica.

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En términos prácticos, este es otro de los puntos que podría generar mayor debate en el Congreso, porque cualquier modificación de las reglas de extinción de contratos tiene efectos sobre la protección frente al despido y sobre los costos que enfrentan las empresas cuando reducen personal.

Por ahora, el proyecto no significa que se haya modificado el régimen de despido. Se trata de una autorización que el Ejecutivo solicita para posteriormente legislar sobre esta materia.

Aportes a EsSalud y pensiones también están incluidos

La reforma laboral propuesta no se limita a los beneficios que recibe directamente el trabajador. El proyecto incorpora también los aportes a EsSalud y a los sistemas de pensiones, tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones.

Esto conecta la reforma laboral con los costos de contratación que enfrentan las empresas y con el monto de las contribuciones que realizan trabajadores y empleadores.

Por ello, el impacto de la propuesta no se limitaría al pago de gratificaciones, vacaciones o CTS. La forma en que se estructuren los aportes a salud y pensiones podría determinar cuánto cuesta formalizar a un trabajador y cuánto dinero termina destinado a su cobertura y ahorro previsional.

El Congreso todavía debe decidir

El proyecto fue presentado por la PCM ante el Parlamento y contempla 66 solicitudes agrupadas en materias que van desde seguridad ciudadana y desarrollo productivo hasta tributación, reforma del Estado, vivienda y saneamiento. El bloque laboral es solo una de las áreas comprendidas en la solicitud.

La delegación solicitada tiene una vigencia de 120 días calendario. Por tanto, ninguno de los cambios laborales planteados entra en vigencia por la sola presentación del proyecto. El Congreso debe decidir primero qué materias delega y bajo qué condiciones. Solo después el Ejecutivo podrá emitir los decretos legislativos correspondientes dentro del alcance que finalmente autorice el Parlamento.

El alcance de la reforma también dependerá de los textos que eventualmente publique el Ejecutivo: la solicitud de facultades fija las materias sobre las que busca legislar, pero no constituye por sí misma una nueva ley laboral.

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La propuesta fue remitida al Parlamento junto con los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento para 2027. El Pleno del Congreso ha sido convocado para el 3 de septiembre para iniciar la discusión de estas iniciativas.

Salud y seguridad parten con menos presupuesto

Entre las principales diferencias aparece el sector Salud. Para 2027, el proyecto considera S/32.208 millones, frente a los S/32.888 millones del PIA de 2026. La reducción es de aproximadamente S/680 millones, equivalente a 2,1%.

La función Orden público y seguridad también presenta una disminución: pasa de S/15.858 millones en el presupuesto inicial de 2026 a S/15.338 millones para 2027, unos S/520 millones menos.

El dato requiere una precisión: una menor asignación inicial no significa necesariamente que durante todo el año se disponga de menos recursos. El presupuesto puede modificarse mediante transferencias, créditos suplementarios y otras modificaciones presupuestarias. Por ello, la comparación permite conocer cómo parte el año cada función, pero no cuánto terminará ejecutando efectivamente.

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El proyecto, además, contempla partidas específicas para seguridad. Entre ellas figuran S/2.832 millones para el sostenimiento de los servicios del Sistema de Justicia Penal, S/626 millones para intervenciones policiales y S/539 millones para ampliar y mejorar establecimientos penitenciarios.

Transportes aumenta, mientras saneamiento retrocede

Una de las mayores variaciones corresponde a Transportes, cuyo presupuesto pasa de S/22.325 millones en 2026 a S/26.014 millones en 2027. El incremento alcanza aproximadamente S/3.689 millones.

La situación es distinta en Saneamiento. El proyecto asigna S/4.422 millones para 2027, frente a S/6.323 millones contemplados inicialmente para 2026. La diferencia supera los S/1.900 millones.

También se observa una reducción en Vivienda y desarrollo urbano, que pasa de S/3.399 millones a S/2.313 millones. En Trabajo, el monto baja de S/965 millones a S/721 millones.

No todas las funciones vinculadas a servicios sociales pierden recursos. Protección social aumenta de S/10.689 millones a S/12.493 millones, mientras que Educación pasa de S/48.708 millones a S/49.068 millones.

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El aumento del presupuesto se concentra en determinados rubros

Además de Transportes, las mayores variaciones se observan en Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, cuyo presupuesto pasa de S/30.080 millones a S/36.997 millones.

También aumenta Defensa y seguridad nacional, de S/7.180 millones a S/8.993 millones, y Justicia, de S/8.646 millones a S/9.530 millones.

En cambio, Deuda pública baja de S/32.386 millones en el PIA de 2026 a S/30.921 millones en el proyecto para 2027. La función Agropecuaria pasa de S/6.383 millones a S/6.316 millones y Ambiente, de S/4.611 millones a S/4.578 millones.

La estructura muestra, por tanto, que el incremento del presupuesto total no implica un aumento proporcional para cada sector. Una parte importante del crecimiento se concentra en determinadas funciones, mientras otras parten con una asignación inferior a la de 2026.

Regiones tendrán menos recursos y municipios recibirán más

La distribución por nivel de gobierno también presenta diferencias. Los gobiernos locales recibirían S/41.222 millones, 15,2% más que en el PIA de 2026.

Los gobiernos regionales, en cambio, contarían con S/58.672 millones, lo que representa una reducción de 1,3% respecto del presupuesto inicial de este año. El Gobierno nacional concentraría aproximadamente S/166.613 millones.

Esta distribución será uno de los puntos que deberá evaluar el Congreso, especialmente porque una mayor asignación inicial a municipalidades no necesariamente se traduce automáticamente en una mayor ejecución de inversiones. La capacidad de gasto depende también de la cartera de proyectos, la gestión de cada entidad y las modificaciones presupuestarias que se realicen durante el ejercicio.

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El presupuesto se sostiene sobre una meta fiscal de 1,4%

El proyecto ha sido formulado con una meta de déficit fiscal equivalente a 1,4% del PBI para 2027. El Ejecutivo también proyecta que los recursos provenientes de recursos ordinarios y directamente recaudados aumenten en más de S/4.700 millones, equivalente a 2,6% frente a 2026.

El escenario de ingresos parte de las proyecciones contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030. Según la información utilizada para formular el presupuesto, los ingresos fiscales crecerían 3,2% en 2027, mientras la economía crecería 3,4%. Con ello, los ingresos fiscales alcanzarían 19,4% del PBI, por debajo del promedio registrado entre 2011 y 2019, de 20,4% del PBI.

Este punto será relevante para la discusión presupuestaria porque el crecimiento del gasto debe compatibilizarse con una trayectoria de reducción del déficit. El propio Consejo Fiscal publicó el 28 de agosto una nueva advertencia sobre los riesgos para la sostenibilidad fiscal y señaló que los cambios anunciados a las reglas fiscales requerirán medidas concretas para garantizar su cumplimiento.

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¿Cuánto podrá endeudarse el Estado en 2027?

Junto al presupuesto, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Endeudamiento para el próximo año. La propuesta establece un límite de US$2.800 millones para el endeudamiento externo y de S/19.183 millones para el endeudamiento interno.

El proyecto de Equilibrio Financiero, por su parte, deberá establecer cómo se cubrirá la diferencia entre los recursos previstos y las necesidades de financiamiento del Estado.

La discusión parlamentaria empezará el 3 de septiembre y todavía puede modificar la distribución planteada por el Ejecutivo. El Congreso deberá aprobar la Ley de Presupuesto antes del cierre del año para que entre en vigencia el 1 de enero de 2027.

Un elemento adicional estará en las presiones de gasto que ya enfrenta el próximo ejercicio. El Consejo Fiscal ha advertido durante 2026 sobre el impacto de nuevas normas con efectos permanentes sobre las cuentas públicas; en marzo estimó que algunas medidas aprobadas podían generar alrededor de S/6.500 millones de gastos no previstos en 2026, con efectos que se trasladarían a 2027 y años posteriores.

El documento plantea, además, una aceleración del crecimiento hacia el periodo 2028-2030, con una expansión promedio de 4% anual. No obstante, las mejores perspectivas para la actividad económica conviven con una advertencia sobre el deterioro del espacio fiscal generado por medidas de gasto y tributarias aprobadas en los últimos años.

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El escenario oficial adquiere relevancia porque el MMM, elaborado por el MEF y aprobado por el Consejo de Ministros, sirve como referencia para la elaboración del presupuesto público y fija las metas fiscales para los siguientes cuatro años.

Inversión privada crecería 10,5% en 2026

El principal cambio frente a las proyecciones de abril está en la inversión privada. Para 2026, el MEF estima ahora un crecimiento de 10,5%, cinco puntos porcentuales por encima del 5,5% previsto en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas publicado en abril.

La expansión estaría relacionada con el avance de proyectos mineros y de actividades no mineras. El Gobierno calcula que la inversión minera superaría los US$7.000 millones este año, favorecida por la continuidad de proyectos, mayores desembolsos en exploración y sostenimiento y el contexto de precios elevados de los metales.

El escenario también considera una recuperación de la inversión no minera, vinculada con infraestructura, Asociaciones Público-Privadas (APP), hidrocarburos y otros sectores. El mayor gasto privado contribuiría a sostener el consumo de los hogares, que crecería 3,6% en 2026, según el MMM.

Sin embargo, Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo, sostuvo a La República que el avance de la inversión minera requiere revisar las causas que mantienen demorados diversos proyectos. Planteó acelerar los procedimientos administrativos, pero sin reducir las exigencias ambientales y sociales.

“En todo caso, habría que tratar de acelerar el proceso administrativo, pero sin afectar la calidad de esa inversión”, señaló el viceministro. Añadió que los proyectos deberían cumplir estándares ambientales y contar con aceptación de las comunidades donde se desarrollen.

Sin embargo, la economía no tendría un desempeño uniforme entre sus actividades. El documento prevé que los sectores no primarios crezcan 4,2%, con un mejor comportamiento de construcción, comercio, servicios y manufactura no primaria. En contraste, los sectores primarios registrarían una contracción de 1,4%, afectada principalmente por los efectos del fenómeno El Niño costero sobre la pesca, la manufactura primaria y el sector agropecuario.

Los datos disponibles muestran que el ritmo de expansión económica ha sido desigual durante el año. Las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) registran crecimientos interanuales del PBI de 3,8% en enero, 3,7% en febrero, 3,3% en marzo y 3,8% en abril, pero el avance se moderó a 2,2% en mayo y 1,8% en junio.

Este comportamiento coloca la proyección anual del MEF por encima de los últimos registros mensuales, por lo que una parte importante del resultado esperado dependerá del desempeño de la economía durante la segunda mitad del año.

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Cuadros advirtió que el riesgo climático podría tener efectos que vayan más allá de una menor producción. Explicó que una caída de la producción agropecuaria podría generar escasez de determinados productos y presionar al alza los precios, reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores y el consumo. También mencionó posibles daños en carreteras y un incremento de los costos de transporte como factores adicionales de presión.

¿Qué espera el Gobierno para 2027?

Para el próximo año, el MEF mantiene la proyección de crecimiento de 3,4%, pero cambia la composición de los factores que impulsarían el PBI. La inversión privada crecería 6,5%, apoyada nuevamente en la minería y en proyectos de infraestructura.

Entre las iniciativas mineras consideradas están Tía María, Reposición Ferrobamba, Pampa de Pongo, Corani y la optimización de Cerro Verde. También se incorpora el inicio de proyectos como Trapiche e Integración Coroccohuayco.

En el componente no minero, el escenario contempla inversiones relacionadas con transporte, energía, salud y saneamiento. Entre los proyectos mencionados figuran iniciativas de transmisión eléctrica, el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, Longitudinal de la Sierra Tramo 4 y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Maldonado. También se considera la eventual suscripción de una adenda para la Línea 1 del Metro de Lima.

El MEF espera además una recuperación de los sectores primarios durante 2027. Según el escenario planteado, la disipación gradual del fenómeno El Niño costero desde el segundo semestre permitiría que estas actividades crezcan 2,7%, con una normalización de la pesca y del sector agropecuario y un mayor aporte de la minería.

Para 2028-2030, la previsión es todavía más elevada: el PBI crecería 4% en promedio anual. El resultado estaría asociado a una mayor demanda interna y al crecimiento de las exportaciones en un contexto internacional que el MEF considera favorable. La proyección supera en 0,8 puntos porcentuales la tasa de 3,2% que había sido contemplada en el informe de abril para ese periodo.

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Frente a este escenario, Fernando Cuadros consideró que la proyección oficial incorpora un sesgo optimista. El exviceministro de Promoción del Empleo sostuvo que, si el fenómeno El Niño tiene una intensidad significativa, el crecimiento de 2026 podría ubicarse por debajo del 3,4% previsto por el MEF. A ello se sumarían los efectos sobre la producción agropecuaria, los precios, el consumo y la infraestructura.

Cuadros también cuestionó la proyección de 4% anual para el periodo 2028-2030 y la calificó de optimista. A su juicio, las perspectivas para esos años tienen un mayor grado de incertidumbre, debido a que el resultado dependerá de que distintos factores económicos se concreten de manera simultánea. “Tal vez ya eso está fuera de cualquier realidad”, señaló al referirse a la aceleración prevista por el Ejecutivo.

El otro frente: las cuentas fiscales

El optimismo sobre la actividad económica contrasta con uno de los principales riesgos identificados en el nuevo MMM: la presión sobre las finanzas públicas.

El MEF señala que entre 2021 y 2025 se aprobaron en el Congreso iniciativas vinculadas con mayores gastos y modificaciones tributarias que tienen impacto fiscal. La preocupación es que una menor recaudación junto con nuevas obligaciones de gasto limite el margen del Estado para atender emergencias, financiar inversiones o responder ante escenarios económicos adversos.

La trayectoria fiscal planteada para los próximos años establece un déficit de 1,8% del PBI en 2026, después del 2,2% registrado en 2025. Para 2027, el déficit debería reducirse a 1,4% y llegar a 1% entre 2028 y 2030.

Esta senda no es nueva. El marco fiscal peruano ya contemplaba una reducción gradual del déficit hacia niveles compatibles con las reglas fiscales de mediano plazo. El Decreto Legislativo N.° 1621, por ejemplo, estableció previamente una trayectoria de reducción del déficit a 1,8% del PBI en 2026, 1,4% en 2027 y 1% desde 2028.

La novedad del MMM es que el Ejecutivo plantea modificar la ruta fiscal mediante una nueva senda de convergencia que deberá establecerse por ley. La intención declarada es reforzar la credibilidad de la política fiscal y evitar que las presiones de gasto terminen trasladándose a una mayor deuda pública.

Para Cuadros, una de las alternativas para mejorar las cuentas fiscales sería aprovechar el actual ciclo de altos precios de los minerales. El economista sostuvo que podría evaluarse un impuesto adicional sobre las ganancias excepcionales de las empresas mineras, además de revisar determinadas exoneraciones tributarias.

También planteó modificar el esquema del drawback para que la devolución a los exportadores guarde una mayor relación con los aranceles efectivamente pagados. Estas propuestas forman parte de su posición personal sobre cómo elevar la recaudación y no corresponden a medidas anunciadas en el nuevo MMM.

MEF plantea reducir evasión sin subir tasas

Para mejorar los ingresos del Estado, el documento plantea reforzar la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, además de modernizar la administración tributaria. El Gobierno sostiene que estas medidas se realizarían sin elevar las tasas impositivas.

También se plantea revisar los beneficios tributarios con el objetivo de proteger la base imponible y mejorar la recaudación. De acuerdo con el MMM, los ingresos fiscales crecerían en promedio 3,4% real durante 2028-2030 y representarían alrededor de 19,1% del PBI en ese periodo.

Por el lado del gasto, el Ejecutivo plantea mejorar la eficiencia de las compras públicas y de las inversiones, además de reducir la rigidez presupuestaria. Uno de los puntos señalados es la necesidad de disminuir el número de obras inconclusas y mejorar la calidad de los proyectos financiados por el Estado.

El problema fiscal señalado por el propio MEF no se limita, por tanto, al tamaño del déficit de un año determinado. El riesgo identificado está relacionado con la posibilidad de que nuevas obligaciones permanentes reduzcan progresivamente el margen para responder ante una caída de los ingresos o un shock externo.

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Un escenario que depende de la inversión

El nuevo MMM deja así dos señales simultáneas. Por un lado, el Gobierno espera que la economía avance por encima de sus estimaciones anteriores, impulsada principalmente por la inversión privada y una recuperación de sectores afectados por factores climáticos. Por otro, reconoce que sostener ese crecimiento requiere preservar el espacio fiscal.

El desempeño de la inversión será determinante para comprobar el escenario planteado. La proyección de 10,5% para 2026 supone una aceleración importante respecto de la previsión de abril y coloca a la inversión privada como uno de los principales motores de la expansión.

Mientras tanto, la evolución de las cuentas públicas tendrá como referencia el déficit de 1,8% del PBI previsto para 2026. La distancia entre ese resultado y el objetivo de 1% hacia 2028-2030 dependerá no solo del crecimiento de la economía, sino también de la capacidad de aumentar los ingresos permanentes y contener el crecimiento del gasto.

El propio MMM advierte que una trayectoria fiscal persistentemente desequilibrada podría elevar el costo de financiamiento y limitar los recursos disponibles para inversión. Por ello, el cumplimiento de las metas fiscales será uno de los principales puntos a seguir junto con la ejecución efectiva de los proyectos privados que sustentan la mejora de las proyecciones económicas.

De los S/64.000 millones estimados, S/50.000 millones corresponden a obligaciones permanentes derivadas de normas aprobadas entre 2021 y 2026, mientras que los S/14.000 millones restantes están asociados a normas aprobadas entre 2011 y 2020. La estimación reúne así obligaciones generadas en distintos periodos y que deberán ser consideradas en el presupuesto de 2027.

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Remuneraciones y pensiones concentran parte de las medidas

El MMM señala que una parte de las obligaciones generadas por las normas aprobadas entre 2021 y 2026 está vinculada con personal, remuneraciones y pensiones.

Entre las medidas identificadas figuran disposiciones relacionadas con la mejora pensionaria de docentes jubilados y cesantes, así como normas vinculadas con las remuneraciones del personal de salud y del personal militar y policial.

Por su carácter permanente, estas medidas mantienen efectos sobre los presupuestos posteriores a su aprobación. El MMM señala que, en el caso de las obligaciones relacionadas con personal, los recursos quedan comprometidos de manera anticipada, lo que reduce el margen para modificar la composición del gasto en los siguientes ejercicios.

El documento también diferencia estas obligaciones de aquellas medidas cuyo impacto se concentra en un solo ejercicio. Mientras estas últimas pueden desaparecer del presupuesto una vez ejecutadas, los compromisos permanentes requieren previsiones de financiamiento mientras permanezcan vigentes.

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S/64.000 millones no equivalen al déficit fiscal

El monto estimado por el MMM no corresponde al déficit fiscal de 2027 ni implica que el Estado deba realizar un desembolso único de S/64.000 millones durante ese año.

La cifra corresponde a las obligaciones de gasto asociadas a las normas consideradas en el análisis del documento. Su atención forma parte de la programación presupuestaria y depende de la aplicación de cada medida.

El déficit fiscal, en cambio, refleja la diferencia entre los ingresos y gastos del sector público durante un periodo determinado. Por ello, los S/64.000 millones no pueden sumarse directamente al déficit previsto para 2027.

La relevancia del monto está relacionada con los recursos que deberán ser destinados a financiar obligaciones establecidas previamente y con el espacio que queda para definir nuevas asignaciones presupuestarias.

El déficit fiscal llegaría a 2,7% del PBI en 2027

El análisis sobre las normas se encuentra dentro del escenario fiscal proyectado por el MMM para los próximos años.

El documento estima que el déficit fiscal pasará de 1,8% del PBI en 2026 a 2,7% en 2027. Para el periodo 2028-2030, proyecta que se mantendrá alrededor de 2,8% del PBI.

En cuanto a la deuda pública, el MMM prevé que aumentará de 29,3% del PBI en 2026 a 33,8% en 2030.

Estas proyecciones corresponden al escenario fiscal general del documento. El MMM no establece que las obligaciones asociadas a las normas expliquen por sí solas el aumento del déficit o de la deuda.

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Las obligaciones continuarán en los siguientes presupuestos

Las normas que generan obligaciones permanentes continuarán teniendo efectos después de 2027 mientras se mantengan vigentes. Por ello, sus requerimientos de financiamiento deberán ser considerados en los presupuestos de los siguientes años.

El MMM señala que el carácter permanente de estas medidas limita el margen para modificar la composición del gasto, debido a que una parte de los recursos ya está vinculada a compromisos establecidos previamente.

La magnitud de estas obligaciones también depende de la forma en que cada norma se aplica y de su incorporación progresiva al presupuesto. En ese sentido, los S/64.000 millones corresponden a una estimación presentada por el MMM para 2027 y reúnen obligaciones originadas en normas aprobadas durante diferentes periodos.

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