Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 10 de noviembre

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que ambas medidas serán presentadas al Congreso mediante proyectos de ley durante el verano de 2027, aunque reconoció que la primera podría no conseguir respaldo parlamentario.

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En una entrevista con Cuarto Poder, el titular del MEF explicó que la reforma tendrá dos frentes. Mientras se buscará reducir los costos que dificultan la contratación formal en las microempresas, también se pretende modificar las restricciones que, a juicio del Gobierno, dificultan la salida de trabajadores con mejores salarios.

Elmer Cuba plantea flexibilizar el despido de trabajadores con mejores sueldos

Cuba sostuvo que la rigidez para despedir no afecta principalmente a quienes se encuentran en la base de la pirámide laboral, sino a los trabajadores formales con mejores remuneraciones. Según explicó, el problema alcanza tanto a quienes están contratados en planilla como a quienes tienen contratos a plazo determinado.

"Esa no afecta a la informalidad. Afecta a los formales arriba, en la pirámide de trabajadores, los más sofisticados, los que ganan mejor del Perú", señaló el ministro al explicar por qué el Ejecutivo también pretende intervenir en las condiciones de salida del empleo.

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El titular del MEF reconoció que esta iniciativa podría encontrar resistencia en el Congreso, pero aseguró que será presentada de todas formas. "Esa posiblemente no pase en el Congreso, pero no vamos a dudar en presentarla", afirmó.

MEF busca reducir aportes a EsSalud y pensiones para formalizar microempresas

El segundo componente de la reforma apunta a las microempresas, donde Cuba estima que la informalidad laboral bordea el 90%. Para este segmento, el Gobierno plantea perfeccionar el régimen laboral vigente sin eliminar beneficios como las vacaciones y los aguinaldos, pero sí modificar los aportes obligatorios a salud y pensiones.

El ministro argumentó que las contribuciones actuales representan una carga elevada para quienes perciben menores salarios y pueden desincentivar su contratación formal.

Como ejemplo, comparó el caso de un trabajador que gana S/10.000 con otro que recibe S/1.200, pese a que ambos están sujetos a porcentajes similares de aportación.

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Incluso mencionó como referencia reducir de 10% a 5% el aporte previsional en los tramos salariales más bajos. La intención, explicó, es que una mayor parte del ingreso quede disponible para el trabajador y que el costo de ingresar a la formalidad sea menor.

El MEF prevé presentar ambas propuestas al Congreso durante el verano de 2027. Hasta entonces, quedan por definir los alcances de los cambios, especialmente en la flexibilización del despido y en el efecto que tendría la reducción de aportes sobre la cobertura de salud y las futuras pensiones de los trabajadores.

La operación, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se realizó en dos tramos: uno con vencimiento a 12 años y otro a 30 años. Los títulos alcanzaron tasas cupón de 6,06% y 6,45%, respectivamente.

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La demanda superó siete veces el monto que el Gobierno tenía previsto captar inicialmente. Además, participaron más de 320 cuentas de inversionistas nacionales e internacionales, cuyo interés permitió al MEF mejorar las condiciones de financiamiento durante la colocación.

Perú reduce el costo de financiamiento ante el interés de inversionistas internacionales

Uno de los resultados de la operación fue la reducción del diferencial de tasas que el Gobierno ofreció inicialmente para atraer compradores. El MEF partió de un margen de 160 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero consiguió reducirlo a 42 puntos básicos para el título a 12 años y a 40 puntos básicos para el de 30 años.

Según el MEF, el bono a 12 años consiguió una prima de nueva emisión negativa y el de 30 años no registró prima. Esto significa que el Gobierno no tuvo que ofrecer un rendimiento adicional respecto de las referencias de mercado para concretar la operación.

"Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria", sostuvo Cuba.

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Bonos sostenibles financiarán proyectos frente al Fenómeno El Niño

Los recursos captados se enmarcan en el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026. Entre los objetivos de financiamiento figuran proyectos de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, incluidas las intervenciones frente al Fenómeno El Niño.

También se contempla financiar programas orientados a reducir brechas sociales, fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables y promover un crecimiento económico más inclusivo.

MEF busca extender vencimientos de la deuda hasta 2038

Además de la nueva emisión, el Gobierno lanzó una oferta de intercambio de bonos globales en dólares con vencimientos en 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos con vencimiento en 2038.

La finalidad es mejorar el perfil de la deuda pública, al trasladar parte de las obligaciones hacia plazos más largos, y fortalecer las referencias de rendimiento de los bonos peruanos en moneda extranjera.

Talara concentró el 65% de las ventas de combustibles atendidas por Petroperú entre enero y septiembre de este año, según información proporcionada por la empresa a este diario. Su peso en el negocio de la petrolera pone en discusión el alcance de los cambios que se plantean para su administración y las consecuencias que tendrían sobre sus operaciones.

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La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestiona la falta de información sobre este proceso y pide al Congreso y a la Contraloría fiscalizar el financiamiento de US$475 millones recibido por la estatal. Entre sus principales preocupaciones están el destino de ese dinero, las obligaciones financieras que mantiene la compañía y los efectos que tendría la incorporación de operadores privados en la refinería.

Los cuestionamientos surgen después de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, calificara como prometedores los primeros resultados de la estabilización de Petroperú. El 6 de noviembre proyectó que la empresa cerraría el año con ganancias y señaló que uno de los objetivos del Gobierno es reducir su dependencia de recursos estatales. Al día siguiente, volvió a destacar que la petrolera había logrado estabilizarse.

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Sin embargo, la recuperación de sus resultados no ha resuelto los problemas de liquidez ni las interrogantes sobre el futuro de Talara. Para los trabajadores, antes de avanzar con cambios en la gestión de la refinería, el Estado debe explicar bajo qué condiciones se tomarían esas decisiones y qué beneficios obtendría Petroperú.

Petroperú recupera ganancias, pero mantiene un déficit de capital de trabajo de US$1.364 millones

Al cierre de septiembre de 2026, Petroperú reportó una utilidad neta de US$144,9 millones, mientras que en el mismo periodo de 2025 había registrado pérdidas por US$355 millones. Además, alcanzó un EBITDA de US$654 millones.

Sin embargo, la situación financiera todavía presenta limitaciones. La compañía mantiene un capital de trabajo negativo de US$1.364,6 millones. La propia gerencia ha reconocido que las restricciones de liquidez afectaron la compra de crudo, la producción y las ventas.

La organización considera que la petrolera habría podido alcanzar mejores resultados si hubiera contado con financiamiento oportuno. En esa línea, cuestiona si las decisiones y los plazos establecidos por ProInversión durante la reorganización limitaron la compra de materia prima y afectaron la capacidad operativa de Talara.

La refinería también cumple un papel estratégico por su tecnología Flexicoking, que permite transformar residuos pesados del petróleo en combustibles de mayor valor. Su producción abastece a plantas del norte y la Amazonía, además de terminales de la costa.

Por ello, el gremio advierte que un cambio en su gestión podría afectar el suministro y los ingresos de Petroperú, especialmente ante los riesgos que un eventual fenómeno El Niño representa para la infraestructura y las operaciones.

Crédito de Petroperú por US$475 millones: piden explicar costos y destino de los recursos

La obtención del financiamiento también genera interrogantes. Petroperú anunció inicialmente un monto de hasta US$500 millones, pero finalmente recibió US$475 millones. Según Fenpetrol, ProInversión explicó que la diferencia de US$25 millones correspondía a costos financieros. Frente a ello, la federación exige conocer los contratos, las comisiones, los honorarios y los comprobantes que sustenten ese desembolso.

A esa operación se suma la deuda de largo plazo vinculada al Proyecto Modernización Refinería Talara. Petroperú informó a este diario que, al 30 de septiembre de 2026, esta obligación ascendía a US$3.650 millones y comprendía el financiamiento de CESCE y los bonos emitidos por la compañía.

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Sobre este punto, reclaman que se hagan públicas las comunicaciones con los bonistas en Estados Unidos, ante las versiones sobre su preocupación por los anuncios de participación privada en Talara. También pide precisar quién asumirá el pago de esa deuda, qué ingresos respaldarán las obligaciones y qué garantías se ofrecerán en el marco de la reorganización.

Reorganización de Petroperú: cuestionan resultados de ProInversión y piden aclarar deuda

El avance del proceso encargado a ProInversión también está bajo cuestionamiento. Tras cerca de un año de trabajo, uno de los resultados comunicados por la entidad fue la adjudicación de dos inmuebles en agosto, el chalet Paillardelle, en San Isidro, y el ex Petrocentro Cañete, por US$1,18 millones en conjunto. Ante estos resultados, la federación exige un balance de las ventas y transferencias realizadas, los ingresos que recibió Petroperú y los resultados financieros de la reorganización, antes de avanzar sobre activos de mayor valor estratégico.

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A estas observaciones se suma la preocupación por el abastecimiento de petróleo, pues el gremio pide esclarecer si los productores de los lotes de Talara están exportando crudo que podría venderse a Petroperú y si ello obliga a la estatal a importar materia prima a mayor costo. Para determinarlo, reclama información sobre los volúmenes de producción, los precios y las condiciones comerciales.

En el plano legal, la federación también cuestiona la demora del Tribunal Constitucional en resolver la demanda contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, cuya causa quedó al voto en agosto. Considera que la norma afecta los derechos laborales y facilita una privatización encubierta de la petrolera, por lo que exige un pronunciamiento antes de que termine su vigencia, prevista para el 31 de diciembre de este año.

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La federación pide que los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas establezcan una posición conjunta sobre el futuro de Talara. También reclama que el Congreso y la Contraloría fiscalicen, dentro de sus competencias, el financiamiento recibido, el abastecimiento de crudo y las decisiones adoptadas durante la reorganización.

Mientras el Gobierno destaca la recuperación de los resultados de Petroperú, sigue pendiente explicar bajo qué condiciones se incorporaría capital privado a sus activos, cómo se atenderán las deudas asociadas a Talara y qué beneficios concretos obtendría la empresa.

El retraso de estas obras se suma a las dificultades del Estado para ejecutar proyectos de infraestructura. Para el representante gremial, los problemas no responden únicamente a demoras puntuales, sino también a deficiencias en la forma en que se contratan y gestionan las inversiones públicas.

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Drenajes pluviales pendientes desde 2017 elevan el riesgo de inundaciones

Valdivia identificó los sistemas de drenaje pluvial de las ciudades del norte como una de las principales obras pendientes de la reconstrucción posterior a El Niño Costero. Tumbes, Piura y otras localidades hasta Trujillo todavía no cuentan con esta infraestructura terminada, pese a que fue considerada entre las intervenciones necesarias para reducir el impacto de las lluvias.

En ese contexto, advirtió que las inundaciones podrían alcanzar niveles de afectación similares o incluso superiores a los de 2017. La mayor severidad que podría alcanzar el próximo fenómeno incrementaría la exposición de las ciudades que todavía no cuentan con los sistemas de drenaje previstos.

El problema también alcanza a las intervenciones para proteger zonas vulnerables. De los aproximadamente 1.800 puntos críticos identificados, Valdivia señaló que solo se habría atendido alrededor de una tercera parte. El avance de estos trabajos será determinante para reducir los daños ante las próximas lluvias.

El vicepresidente de Capeco atribuyó parte de los retrasos a problemas estructurales en la gestión de las obras públicas, desde la selección de contratistas hasta la evaluación de las soluciones técnicas.

"La forma en que el Estado contrata y gestiona las infraestructuras es absolutamente ineficiente, no permite seleccionar bien a los contratistas, no valora las soluciones técnicas y, además, sigue siendo muy permeable a la corrupción", señaló.

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S/1.500 millones no bastarían para completar los drenajes pluviales del norte

Consultado sobre los S/1.500 millones anunciados por la presidenta Keiko Fujimori para prevenir los efectos del fenómeno El Niño, Guido Valdivia sostuvo que ese monto no sería suficiente para completar los sistemas de drenaje pluvial de las principales ciudades del norte, cuya ejecución requiere una inversión mucho mayor.

El representante gremial recordó que, tras El Niño Costero de 2017, el plan de reconstrucción contemplaba más de S/23.000 millones para atender emergencias, reconstruir infraestructura y ejecutar obras de prevención.

Valdivia advirtió que el tiempo disponible para terminar las obras preventivas antes de la llegada de las lluvias es cada vez menor. "Lo que no se termine en las próximas semanas ya no se va a poder utilizar más, ya será el recurso para la emergencia", sostuvo.

En ese escenario, las intervenciones que no se completen oportunamente dejarán de cumplir una función preventiva y los recursos tendrán que destinarse a atender los daños. Entre las acciones que mencionó para esa etapa figuran la habilitación de puentes temporales, la limpieza de carreteras afectadas por huaicos y las soluciones de alojamiento para las familias damnificadas.

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Lima: la Vía Expresa podría acumular 1,5 metros de agua

Aunque el norte concentra la mayor exposición frente al fenómeno El Niño, Valdivia advirtió que Lima tampoco está preparada para afrontar lluvias de gran intensidad. Mencionó la activación de quebradas en la capital y la posibilidad de que Ica también registre afectaciones.

En Lima, el representante de Capeco señaló que más de una veintena de pasos a desnivel podrían verse afectados por las precipitaciones. Uno de los puntos de mayor preocupación sería la Vía Expresa del Paseo de la República, donde el agua podría alcanzar una altura de 1,5 metros en la parte baja.

La situación sería incluso más complicada en la bajada de Armendáriz, donde, debido a la pendiente del terreno, el agua podría superar los tres metros. Valdivia explicó que el riesgo para los conductores aumentaría si los vehículos quedan atrapados en medio de una congestión.

"Imagínense ustedes que haya un atolladero como los que hay siempre y no se puedan mover los autos a un metro y medio. Obviamente, todos los autos van a estar debajo del agua", advirtió.

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Si se repite el daño de 2017, reconstruir 22.000 viviendas demandaría S/1.500 millones

La reconstrucción de viviendas sería otro de los principales gastos que tendría que afrontar el Estado si se repite un escenario de daños similar al de 2017. Tras aquel fenómeno, alrededor de 22.000 viviendas tuvieron que ser reconstruidas, aunque inicialmente se había estimado que unas 40.000 resultarían afectadas.

Tomando como referencia las viviendas reconstruidas entonces, Valdivia estimó que se necesitarían al menos S/1.500 millones solo para subsidios habitacionales. El cálculo no incluye los gastos de alquiler temporal ni otras soluciones de alojamiento para las familias que pierdan sus casas, y está condicionado a que la cantidad de viviendas por reconstruir alcance una magnitud similar a la del evento anterior.

El representante gremial también planteó que las familias asentadas en zonas de riesgo no mitigable deberán ser trasladadas y que se debe evitar que esos terrenos vuelvan a ocuparse.

"Hay gente que tendrá que ser trasladada porque viven en zonas de riesgo no mitigable y hay que procurar también que esas zonas no se vuelvan a ocupar, cosa que ha ocurrido entre el 2017 y ahora", señaló.

Otra medida que propuso es implementar seguros catastróficos para la infraestructura vial administrada directamente por el sector público. A diferencia de las carreteras concesionadas, que cuentan con coberturas establecidas en sus contratos, las vías públicas deberían tener mecanismos similares para agilizar la atención de emergencias sin depender exclusivamente de los recursos del Tesoro Público.

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Construcción cayó 25% en 1983 y 11,5% en 2023 durante El Niño

El impacto de un nuevo fenómeno El Niño sobre la actividad constructora dependerá de la severidad de los daños. Valdivia recordó que durante el primer trimestre de 1983 el PBI de la construcción cayó 25%. Cuatro décadas después, en el primer trimestre de 2023, el sector retrocedió 11,5%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en un periodo marcado por lluvias intensas, inundaciones y huaicos.

El representante de Capeco consideró difícil anticipar cuánto podría caer la actividad esta vez. Sin embargo, advirtió que los daños en viviendas e infraestructura pueden afectar la ejecución de obras y el desempeño del sector.

A este escenario se suma el cambio de autoridades regionales y municipales previsto para enero de 2027. Valdivia señaló que la llegada de nuevos funcionarios podría dificultar la respuesta si no se trabaja anticipadamente con las autoridades electas para reducir el tiempo de adaptación.

"La gran mayoría es gente nueva. Tendrá que trabajarse desde ahora con las autoridades electas para poder reducir el plazo que se llama de adaptación. La curva de aprendizaje va a tener que ser de días y eso afecta", manifestó.

Más allá de la emergencia inmediata, el representante gremial sostuvo que la limpieza de cauces, la protección de riberas y la construcción de reservorios y canales en las partes altas de las cuencas deben convertirse en tareas permanentes. Estas obras permitirían almacenar parte del agua de lluvia y reducir el caudal que llega a las zonas bajas.

Valdivia consideró que la prevención debe mantenerse como una política pública que no dependa de los cambios de Gobierno ni de la proximidad de un desastre.

"El Perú es un país de emergencia permanente. [...] Necesitamos una política de Estado de prevención frente a los fenómenos naturales", concluyó.

El proyecto plantea modificar la disposición complementaria transitoria única de la Ley 32322, que actualmente establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. La ampliación alcanzaría a los trabajadores del régimen laboral privado que tienen derecho a CTS y no requeriría demostrar que fueron afectados por lluvias, inundaciones o deslizamientos para disponer de sus ahorros.

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Proyecto busca dar liquidez ante daños como en 2017

Entre los fundamentos de la iniciativa figura la experiencia del Fenómeno El Niño Costero de 2017. El documento recoge cifras de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, según las cuales aquel evento dejó 447.018 viviendas afectadas, inhabitables o colapsadas en el país.

El desglose registra 381.076 viviendas afectadas, 28.533 inhabitables y 37.409 colapsadas. La congresista utiliza estos antecedentes para advertir que los daños ocasionados por los fenómenos climáticos pueden generar gastos que se prolongan más allá del periodo de lluvias.

El proyecto también recoge información sobre las emergencias de 2023. Según datos del Ministerio de Vivienda citados en el expediente, se realizaron 71 convocatorias del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, dirigidas a más de 14.200 familias damnificadas de doce regiones. El subsidio contemplaba un pago mensual de S/500 durante un periodo de hasta dos años.

Asimismo, la iniciativa cita un estudio referido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su Reporte de Inflación de marzo de 2026. Según esta referencia, los hogares de provincias afectadas por El Niño de 2017 tuvieron una probabilidad de caer en pobreza 1,4 puntos porcentuales mayor, considerando sus características socioeconómicas.

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Retirar la CTS también reduce el respaldo ante un eventual despido

El expediente reconoce que ampliar la libre disponibilidad tiene una contrapartida para los trabajadores: retirar los depósitos disminuye el fondo que tendrían para afrontar un eventual cese laboral y los intereses que podrían acumular mientras el dinero permanece en la entidad financiera.

La CTS fue concebida como un respaldo económico frente a la pérdida del empleo. Por ello, aunque la iniciativa busca facilitar el acceso a los ahorros ante posibles emergencias climáticas, su utilización también podría dejar a los trabajadores con menores recursos cuando necesiten cubrir sus gastos después de perder su fuente de ingresos.

En su análisis de costo-beneficio, la congresista de Renovación Popular sostiene que la propuesta no generaría gasto público adicional ni nuevas obligaciones económicas para los empleadores, debido a que únicamente permitiría disponer de fondos que ya pertenecen a los trabajadores. Sin embargo, el documento no cuantifica el posible impacto sobre los depósitos de CTS en el sistema financiero.

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¿Hasta cuándo se puede retirar el 100% de la CTS?

La Ley 32322, publicada en mayo de 2025, autorizó excepcionalmente la libre disposición del 100% de los depósitos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida permite retirar los fondos sin necesidad de acreditar el cese laboral.

Fuera de esta autorización excepcional, la legislación contempla retiros parciales de libre disposición de hasta el 50% de los depósitos e intereses acumulados, además del retiro total para trabajadores diagnosticados con cáncer o enfermedad terminal, bajo las condiciones establecidas en la norma.

La propuesta de Yarrow todavía debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Por tanto, mientras no sea aprobada y entre en vigencia, se mantiene el plazo establecido en la Ley 32322.

Los pedidos fueron expuestos durante el debate presupuestal por los congresistas Ernesto Zunini y Jessica Benítez. Sin embargo, no fueron incorporados en el texto sustitutorio aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República el 5 de noviembre.

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Trabajadores CAS no recibirían el 100% de CTS al cesar por límite de edad

Zunini trasladó a la comisión el pedido del Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación (Minedu) para que los servidores que terminen su vínculo laboral por límite de edad durante 2026 y 2027 reciban el 100% de su CTS. La solicitud buscaba establecer una excepción al cronograma progresivo del beneficio para quienes se retiren al cumplir 70 años.

La Ley 32563 y el Decreto Supremo 142-2026-EF establecen que la base de cálculo de la CTS aumentará gradualmente hasta alcanzar el 100% de la última remuneración mensual por cada año de servicio. El porcentaje equivale al 10% en 2026, subirá al 20% en 2027, llegará al 30% en 2028 y al 50% en 2029. Recién desde 2030 se aplicará el 100%.

Como la compensación se paga al término del vínculo laboral, un trabajador CAS que cese en 2027 recibirá el beneficio calculado con el porcentaje correspondiente a ese año. La propuesta de Zunini buscaba que quienes se retiren por cumplir el límite de edad accedan al monto íntegro sin tener que esperar hasta 2030.

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Este planteamiento es distinto de la propuesta para permitir que determinados trabajadores CAS continúen laborando voluntariamente después de cumplir 70 años. Esta última iniciativa, también discutida durante el debate presupuestal, buscaba ampliar el periodo de permanencia laboral y no establecer un pago excepcional de CTS al momento del cese.

Piden elevar de S/1.500 a S/3.000 bonificación para profesionales de salud

Otro de los pedidos que no pasó al texto sustitutorio fue el incremento de la bonificación por puesto en servicios de salud pública. La congresista Jessica Benítez solicitó elevar de S/1.500 a S/3.000 mensuales el monto que reciben los profesionales comprendidos en las condiciones establecidas para esta compensación.

La propuesta suponía duplicar el beneficio económico para el personal del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales que cumpliera con los requisitos correspondientes.

El Decreto Supremo 108-2017-EF establece la bonificación de S/1.500 mensuales para los profesionales comprendidos en los puestos y condiciones previstos en la norma. El planteamiento presentado durante el debate presupuestal buscaba elevar ese monto a S/3.000, pero el incremento no aparece en las disposiciones del texto sustitutorio aprobado por la comisión.

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La congresista también solicitó asignar S/5 millones para fortalecer y ampliar las plazas de residentado odontológico a nivel nacional, con prioridad para las regiones que registran mayores brechas. El pedido estaba orientado a incrementar las oportunidades de formación de especialistas en odontología y atender la necesidad de profesionales en distintas zonas del país.

Sin embargo, esta asignación tampoco fue incorporada en el documento presupuestal. Por tanto, el texto aprobado por la Comisión Bicameral no contempla los recursos adicionales solicitados para ampliar las plazas de residentado odontológico durante 2027.

Ambas propuestas se suman a los pedidos laborales y presupuestales que fueron expuestos durante las sesiones de debate, pero que no quedaron recogidos en el dictamen final de la comisión. El dictamen todavía debe debatirse y votarse en el Pleno del Congreso.

“Lo que se ha decidido es el próximo año moverlos a los lunes. No va a caer el número absoluto de feriados, sino moverlos a los lunes”, señaló el titular del MEF durante una entrevista en RPP.

Cuba cuestionó que durante el último periodo presidencial y congresal se hayan incorporado tres nuevos feriados, al considerar que el aumento de días festivos tiene consecuencias sobre la productividad y los ingresos. Para el ministro, estas interrupciones no afectan únicamente a las empresas, sino también a quienes dependen de sus actividades diarias para generar recursos.

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¿Qué feriados cambiarán de fecha desde 2027?

El planteamiento establece que los feriados que coincidan con días laborables entre martes y viernes pasarán al lunes más cercano. Sin embargo, el esquema contempla excepciones para fechas tradicionales como Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

En la práctica, los feriados que caigan martes, miércoles o jueves podrían trasladarse al lunes anterior, mientras que los que coincidan con viernes pasarían al lunes siguiente. De esta manera, se busca concentrar los descansos al inicio de la semana y evitar que se interrumpan las actividades productivas durante las jornadas laborales.

La reorganización no supone una reducción de los 16 feriados nacionales que contempla actualmente el calendario peruano. Por el contrario, se mantendría la cantidad de días festivos, aunque cambiarían algunas de sus fechas de celebración.

El Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 del MEF también recoge esta propuesta y señala que la modificación apunta a dinamizar el turismo interno y mitigar el impacto de los descansos de mitad de semana sobre la continuidad de las actividades económicas.

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Elmer Cuba cuestiona impacto de feriados en trabajadores informales

El ministro advirtió que los días festivos también tienen consecuencias para los trabajadores que se desempeñan en la informalidad, quienes no necesariamente cuentan con un descanso remunerado y pueden dejar de percibir ingresos cuando no realizan sus actividades.

“Sobre todo para la gran mayoría de peruanos que no gozan de ese beneficio porque están en el mundo informal, porque en ese día dejan de vender”, sostuvo.

A diferencia de los trabajadores formales, que cuentan con el derecho al descanso remunerado durante los feriados, quienes dependen de sus ventas diarias pueden ver reducidos sus ingresos cuando dejan de atender sus negocios o realizar sus actividades comerciales.

Cuba reconoció que la propuesta de largo plazo contemplaba reducir la cantidad de feriados nacionales. Sin embargo, el cambio previsto para 2027 apunta a modificar su distribución durante la semana, sin eliminar días festivos del calendario.

De acuerdo con información de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE), los estudios evaluados en lo que va del año corresponden a iniciativas de generación y transmisión eléctrica. Su aprobación permite que los proyectos avancen en sus respectivos procedimientos ambientales y continúen su desarrollo bajo las condiciones establecidas por la autoridad.

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Minem aprueba estudios para 12 centrales solares y eólicas en cuatro regiones

Entre los expedientes aprobados figuran los correspondientes a tres centrales eólicas y nueve centrales solares fotovoltaicas, que estarán ubicadas en Ica, Arequipa, Moquegua y Piura. Se trata de proyectos que buscan incorporar nueva capacidad de generación a partir de fuentes renovables y ampliar la participación de estas tecnologías en la matriz eléctrica nacional.

La energía eólica aprovecha la fuerza del viento para producir electricidad, mientras que las centrales fotovoltaicas utilizan paneles solares para transformar la radiación solar en energía eléctrica. Ambas tecnologías permiten diversificar las fuentes de generación y reducir la dependencia de los combustibles utilizados en otras centrales.

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Proyectos eléctricos incluyen nuevas líneas de transmisión y refuerzo de subestaciones

La evaluación del Minem no se limita a nuevas centrales de generación. También comprende estudios ambientales de proyectos de líneas de transmisión y reforzamiento de subestaciones, dos componentes necesarios para llevar la electricidad desde los puntos donde se produce hasta las zonas de consumo.

Las líneas de transmisión llevan la electricidad desde las centrales hasta las zonas de consumo, mientras que las subestaciones permiten adecuar los niveles de tensión y conectar los distintos tramos de la red. Su ampliación busca evitar que la falta de infraestructura limite el transporte de energía y permita atender una mayor demanda.

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Por ello, la construcción de nuevas centrales debe ir acompañada de inversiones en transmisión. De lo contrario, la electricidad generada podría no llegar en las condiciones necesarias a los hogares y las empresas.

Proyectos por US$5.500 millones aún deben avanzar hacia su ejecución

La aprobación de los estudios ambientales es una etapa necesaria para desarrollar los proyectos eléctricos, pero no significa que las obras estén listas para comenzar ni que los recursos comprometidos ya se hayan invertido. Estos documentos permiten identificar los posibles efectos de cada iniciativa sobre su entorno y establecer medidas para prevenirlos, reducirlos o controlarlos.

En el caso de las centrales eólicas y solares, así como de las instalaciones de transmisión, la evaluación también determina las obligaciones ambientales que deberán cumplir sus responsables durante las distintas etapas de ejecución.

El Minem señala que estas aprobaciones contribuyen al desarrollo de nuevas inversiones eléctricas y a la transición hacia fuentes renovables. Sin embargo, los proyectos todavía deben completar los procedimientos pendientes y concretar el financiamiento y la ejecución de las obras para que la capacidad prevista se traduzca en nueva infraestructura para el país.