La disposición, aprobada por el Congreso en marzo y publicada en abril, toma como referencia la remuneración correspondiente a la primera escala de la carrera pública magisterial para determinar el beneficio de los docentes comprendidos en la norma. El monto se encuentra vinculado a la primera escala de la carrera docente y no se fija como una cantidad aislada.

Actualmente, la primera escala magisterial tiene una RIM de S/3.500,70 para una jornada de 30 horas y de S/4.667,60 para 40 horas.

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El problema fiscal que llega al Tribunal Constitucional

El principal argumento económico de la demanda está relacionado con el efecto permanente que tendría la medida sobre el presupuesto público. Un análisis de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal calculó que la aplicación de la ley implicaría inicialmente un gasto pensionario adicional de aproximadamente S/8.018 millones anuales.

El propio Consejo Fiscal advierte que esa cifra debe entenderse como un escenario de referencia y no como el costo definitivo. La estimación no incorpora a los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones, las nuevas generaciones de jubilados ni otros posibles beneficiarios que podrían incorporarse posteriormente.

La magnitud del compromiso también puede modificarse con el tiempo porque la pensión está vinculada a la remuneración de los docentes activos. Si la RIM continúa aumentando, el gasto asociado al beneficio previsional también crecería.

Bajo ese escenario, el costo incremental anual podría elevarse hasta S/13.400 millones en un horizonte de cinco años, según el análisis citado en la demanda. Esta proyección considera el aumento supuesto de la remuneración de los profesores activos y, al igual que el cálculo inicial, no contempla el efecto de las nuevas generaciones de jubilados.

El Consejo Fiscal publicó el 13 de agosto su Nota de Discusión N.° 01-2026, dedicada específicamente al análisis económico de la Ley 32581. El documento examina las implicancias presupuestarias y previsionales de la medida.

¿Qué cuestiona el Colegio de Economistas?

La institución sostiene que el problema no se limita al monto establecido para los docentes retirados. Uno de sus cuestionamientos es que la ley no determina una fuente específica de financiamiento para cubrir la obligación que se generaría.

El CEL también plantea que la nueva fórmula modifica la relación entre los aportes realizados durante la etapa laboral y el beneficio recibido durante la jubilación. En la demanda se señala, por ejemplo, que un docente que bajo las reglas anteriores podía recibir una pensión cercana a S/650 pasaría a un monto de S/3.500, sin que exista un aporte adicional equivalente.

Desde el punto de vista constitucional, el gremio sostiene que la norma podría afectar principios relacionados con el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad previsional, la igualdad ante la ley y las restricciones que existen para la creación de gasto público por parte del Congreso.

La demanda pide al TC que declare la inconstitucionalidad total de la norma. Al mismo tiempo, el Colegio de Economistas plantea que una eventual solución para mejorar las pensiones de los docentes debería sustentarse en estudios actuariales, criterios definidos para determinar a los beneficiarios y una fuente permanente de recursos.

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¿A quiénes alcanza la ley?

El alcance de la Ley 32581 comprende a maestros jubilados y cesantes de educación básica regular, básica alternativa, básica especial y educación técnico-productiva. La norma incluye a quienes se encuentran comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, en la Ley 29944 y también contempla a afiliados al Sistema Privado de Pensiones, según las condiciones establecidas en su artículo 3.

La disposición encarga al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación, establecer las pensiones tomando como referencia la RIM de la primera escala magisterial. Además, establece que el Poder Ejecutivo debe aprobar el reglamento correspondiente dentro de los 90 días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la norma.

Esto significa que la discusión no gira únicamente alrededor de cuánto recibirían los docentes retirados, sino también sobre la forma en que el Estado deberá asumir un compromiso previsional que puede crecer conforme aumenten las remuneraciones de los profesores en actividad.

El TC deberá definir el siguiente paso

Con la presentación de la demanda, corresponde al Tribunal Constitucional continuar con el trámite del proceso y posteriormente pronunciarse sobre los argumentos de constitucionalidad planteados por el gremio. La recepción del documento no implica que la Ley 32581 haya sido anulada: mientras no exista una decisión del órgano constitucional, la norma mantiene su vigencia.

El caso se suma así al debate sobre el margen que tiene el Congreso para aprobar beneficios que generan obligaciones permanentes para el Estado. Para el Colegio de Economistas, el punto central es que una mejora previsional debe estar acompañada por una evaluación del costo que tendrá durante los siguientes años y por mecanismos que permitan financiarla.

La discusión tendrá además un componente previsional de largo plazo. Al estar el beneficio ligado a la primera escala magisterial, cualquier incremento futuro de la remuneración de los docentes activos puede trasladarse al cálculo de las pensiones, modificando el gasto que el Estado deberá asumir.

El Tribunal Constitucional tendrá ahora que evaluar los argumentos presentados contra una norma que fue aprobada por insistencia y publicada hace cuatro meses, mientras el análisis del Consejo Fiscal ya ha puesto una cifra concreta sobre la dimensión que podría alcanzar el compromiso: desde un escenario inicial de S/8.018 millones anuales hasta una proyección de S/13.400 millones por año bajo determinadas condiciones.

La declaración llega cuando en el Congreso ya se presentó una propuesta que apunta directamente a las empresas agroexportadoras de mayor tamaño. El proyecto plantea excluir de los beneficios de la Ley 32434 a las compañías agrarias cuyos ingresos netos anuales superen las 2.300 UIT. Según el cálculo de la iniciativa, esta medida podría generar hasta S/1.755,8 millones adicionales de recaudación al año.

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En entrevista con RPP, Galarreta señaló que el ministro de Economía, Elmer Cuba, será quien realice la evaluación técnica. “Nosotros evaluaremos todo”, afirmó el jefe del Gabinete al ser consultado por las exoneraciones.

El primer ministro tomó como ejemplo precisamente al sector agroexportador. “Yo creo que el ministro podrá evaluar y ver si corresponde mantenerlas o corresponde bajarlas o corresponde hacer una nueva estrategia”, sostuvo.

Por ahora, el Ejecutivo no ha definido qué beneficios serán modificados. La decisión, según Galarreta, deberá partir de una revisión técnica del MEF sobre el costo y los objetivos de cada incentivo.

Agroexportadoras grandes podrían quedar fuera del régimen tributario preferencial

La propuesta que se encuentra en el Congreso introduce un cambio concreto: que los beneficios tributarios agrarios no alcancen a las empresas de mayor escala.

El proyecto presentado por la diputada Analí Marquez considera como gran empresa agraria a aquella que registra ingresos netos superiores a 2.300 UIT y plantea que estas compañías queden fuera del régimen establecido por la Ley 32434. La iniciativa sostiene que los incentivos deberían concentrarse en los pequeños productores y no continuar aplicándose de manera general a empresas que ya cuentan con una posición consolidada en el mercado.

Actualmente, la norma contempla una tasa de Impuesto a la Renta de 15% para las empresas comprendidas en el régimen entre 2026 y 2035. En el régimen general, la tasa aplicable es de 29,5%. También existen reglas particulares para los pagos a cuenta y otros mecanismos tributarios.

La diferencia no es menor cuando se lleva a las cuentas fiscales. De acuerdo con los cálculos incluidos en el proyecto, las 360 empresas que quedarían fuera del beneficio tendrían una utilidad estimada de S/3.971,5 millones.

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Con una tasa de 15%, pagarían alrededor de S/595,7 millones por Impuesto a la Renta. Si se les aplicara la tasa general de 29,5%, el pago subiría a S/1.171,6 millones. Es decir, S/575,9 millones más de recaudación anual, según la estimación de la iniciativa.

Pero el proyecto no se limita a la tasa reducida del Impuesto a la Renta. Según sus autores, el conjunto de beneficios tributarios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones entre 2025 y 2035. Al excluir a las grandes empresas, estiman que el Estado podría recuperar hasta S/1.755,8 millones al año. Esta última cifra corresponde a la propuesta legislativa y no a una proyección oficial del MEF.

La iniciativa sustenta su planteamiento en un antecedente: según información del MEF citada en el proyecto, 506 contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UIT concentraron el 92% de los beneficios tributarios de la anterior Ley 31110. Con ese dato, los autores cuestionan que incentivos creados para promover al sector terminen concentrándose en empresas de mayor tamaño y plantean revisar si estos beneficios siguen cumpliendo su objetivo.

El MEF ya había cuestionado el costo fiscal

La revisión anunciada por Galarreta tampoco parte de cero. Durante la discusión de los beneficios para el sector agroexportador, el MEF ya había advertido sobre su impacto en las cuentas públicas y cuestionado que parte de estos incentivos terminara concentrándose en las empresas de mayor tamaño. El proyecto que ahora evalúa el Congreso retoma esa discusión y estima que el conjunto de beneficios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones.

El debate ocurre, además, en un sector que ha ganado un peso considerable en la economía peruana. Entre 2015 y 2025, las exportaciones agrícolas pasaron de US$5.107 millones a US$14.522 millones, mientras que los envíos de productos agropecuarios no tradicionales llegaron a US$12.610 millones.

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Ese crecimiento alimenta las dos posiciones en disputa. Quienes defienden el régimen sostienen que los incentivos ayudan a atraer inversión, generar empleo y mantener la competitividad del sector. Quienes plantean revisarlo consideran que, tras años de expansión, no todas las empresas requieren el mismo nivel de respaldo tributario, especialmente las de mayor tamaño.

Además, la revisión no se limitará a la agroexportación. Galarreta encargó a Elmer Cuba evaluar otras exoneraciones y beneficios tributarios para determinar cuáles conservan una justificación económica y cuáles podrían modificarse.

La distribución de estos fondos tiene un impacto directo en los presupuestos de los gobiernos subnacionales que los reciben, aunque el monto que corresponde a cada territorio depende de las reglas establecidas para cada mecanismo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que el Canon Minero representa la participación de los gobiernos regionales y locales en los ingresos y rentas obtenidos por el Estado a partir de la explotación de recursos minerales.

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Canon Minero concentra la mayor parte de los recursos

El Canon Minero concentra más de S/9.564 millones del total transferido hasta julio. El monto representa un aumento de 36,8% respecto de lo transferido en 2025, según los datos del ministerio.

Una parte importante del comportamiento anual del Canon Minero se explica por su calendario de distribución. Los recursos provenientes del Impuesto a la Renta se transfieren a los gobiernos regionales y locales en una sola armada en junio, según la metodología del MEF.

Esto explica por qué el flujo de recursos relacionados con la minería puede mostrar variaciones importantes a lo largo del año y no necesariamente sigue una trayectoria mensual uniforme.

Las Regalías Mineras Legales y Contractuales acumularon más de S/3.251 millones hasta julio. Este concepto constituye el segundo mayor componente de las transferencias contabilizadas durante el año.

A ello se suman más de S/279 millones por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad. Este mecanismo corresponde a pagos efectuados por los titulares de concesiones mineras y cuenta con reglas específicas de distribución entre las entidades vinculadas al territorio donde se ubican los derechos mineros. El MEF precisa que el Derecho de Vigencia constituye un pago anual a cargo de los concesionarios mineros.

Cuatro regiones concentran casi la mitad

La distribución territorial muestra una concentración significativa. Áncash recibió más de S/2.226 millones, ubicándose en el primer lugar entre los departamentos. Le siguieron Arequipa, con más de S/1.488 millones; Apurímac, con más de S/1.446 millones; y Cajamarca, con más de S/1.250 millones.

En conjunto, estas cuatro regiones concentran aproximadamente 49% del total de transferencias mineras registradas en 2026. El resultado refleja la incidencia que tienen las principales zonas productoras sobre la distribución de recursos vinculados con la explotación minera.

Áncash ya había destacado en los registros sectoriales anteriores por el volumen de recursos provenientes de la actividad minera. A nivel nacional, la cartera reportó que las transferencias generadas por el sector habían alcanzado más de S/4.168 millones al cierre de mayo, considerando Canon Minero, Regalías Mineras y Derecho de Vigencia y Penalidad.

El incremento posterior está marcado principalmente por el desembolso correspondiente al Canon Minero, cuyo calendario de transferencia concentra una parte importante de los recursos durante el año.

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¿A dónde pueden ir estos recursos?

La relevancia de estas transferencias no está únicamente en el monto acumulado, sino en su incorporación a los presupuestos de los gobiernos subnacionales. Los recursos pueden contribuir al financiamiento de proyectos y servicios públicos dentro de las reglas establecidas para cada fuente.

El MEF establece que la distribución del canon entre gobiernos regionales y locales considera criterios como la población y las necesidades básicas insatisfechas, además del territorio donde se explota el recurso. En el caso minero, cuando una unidad productiva involucra distintas circunscripciones, la distribución considera, entre otros criterios, el valor de venta del concentrado correspondiente.

Por ello, recibir mayores transferencias no significa que todos los municipios o regiones vinculados con la minería obtengan montos equivalentes. La distribución depende de los criterios y porcentajes fijados por la normativa vigente.

El volumen alcanzado durante 2026 también se produce en un contexto de elevada actividad minera. La propia entidad ha señalado en reportes anteriores que la evolución de los precios internacionales de los metales y la continuidad de las operaciones han contribuido a sostener niveles elevados de recaudación y transferencias.

Mientras los gobiernos regionales y municipales incorporan estos recursos a sus presupuestos, el siguiente dato a observar será la evolución de las transferencias durante los siguientes meses, especialmente por el comportamiento de las regalías y de los pagos asociados a la actividad minera.

La estabilidad aparece como el principal refugio frente a esa incertidumbre. El 43% de los trabajadores señala que es justamente lo que más valora de su empleo actual, por encima del clima laboral y los compañeros (21%), las oportunidades de crecimiento profesional (24%) y la posibilidad de ser creativo (12%).

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La tendencia no es exclusiva del Perú, pues este temor alcanza al 87% de los trabajadores en Panamá, al 85% en Ecuador, al 81% en Chile y al 80% en Argentina.

Miedo a cambiar de trabajo: 31% de peruanos teme dar el salto

La inseguridad no termina en el temor a perder el empleo, ya que el 31% de los trabajadores peruanos reconoce que también le da miedo buscar uno nuevo, principalmente por la posibilidad de no encontrar una oferta atractiva y estable dentro de su sector, una preocupación que menciona el 37%.

También existe una preocupación más concreta: el 11% teme que la nueva empresa atraviese recortes o despidos poco después de su ingreso. Otro 10% evita cambiar por no perder los beneficios acumulados con su antigüedad y un 7% teme dejar atrás los años construidos en su actual posición.

Ese comportamiento se relaciona con el llamado Job Hugging, término que describe la tendencia de aferrarse al puesto actual por miedo a la incertidumbre. No significa necesariamente que una persona esté satisfecha con su trabajo. De hecho, puede permanecer en un puesto precisamente porque percibe que renunciar es más peligroso que continuar allí.

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La contradicción se vuelve más evidente cuando se observa que el 79% de los talentos dice estar pensando en cambiar de trabajo. Sin embargo, seis de cada diez revisan ofertas laborales, pero nunca llegan a postular. La mayoría de quienes evalúan un cambio lo hace desde hace menos de seis meses, aunque un 13% lleva entre uno y tres años o más considerando esa posibilidad.

Seis de cada 10 sienten que su carrera está estancada

La permanencia por seguridad convive con una sensación de falta de avance, puesto que el 62% de los trabajadores peruanos considera que su carrera laboral está estancada, aunque se trata del porcentaje más bajo entre los cinco países analizados. En Argentina, por ejemplo, la cifra llega al 75%.

Además, el 43% de los trabajadores peruanos afirma que no está motivado en su empleo actual. Entre quienes muestran poco o ningún compromiso, la principal razón es no sentirse valorados (29%), seguida de la falta de motivación (26%). También aparecen factores como un entorno laboral tóxico (12%), la incomodidad con los valores de la organización (14%), el agotamiento laboral (8%) y el rechazo directo hacia el trabajo que realizan (9%).

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El Job Hugging podría crecer en los próximos años

Aunque el 46% de los trabajadores peruanos se identifica directamente con el Job Hugging, el fenómeno también se refleja en el miedo a cambiar, la búsqueda de estabilidad y la cautela ante nuevas oportunidades. De quienes lo reconocen, el 24% lleva más de un año en esta situación.

La tendencia podría mantenerse: el 89% de especialistas prevé que aumentará en los próximos años, principalmente por el temor a no encontrar otro empleo (28%), perder estabilidad (24%), la incertidumbre global (14%) y el contexto económico (8%). El estudio, realizado entre 4.646 trabajadores y especialistas de RR. HH. de cinco países, evidencia una tensión: muchos quieren cambiar de empleo, pero temen hacerlo cuando perciben un futuro laboral incierto.

El resultado se produjo junto con un aumento de la población ocupada en la capital, que se acercó a los 6 millones de personas. En paralelo, los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestran que la creación de puestos formales también mantiene una trayectoria positiva a nivel nacional, aunque se trata de indicadores diferentes y que permiten observar distintas dimensiones del empleo.

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Desempleo mantiene tendencia descendente en Lima

Según el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del INEI, la tasa de desempleo alcanzó 4,7% durante el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2026. La cifra representa una reducción considerable frente al 9,4% registrado en el primer trimestre de 2022.

En términos absolutos, 294.100 personas buscaron activamente un empleo durante el periodo analizado en Lima Metropolitana. Este grupo representa una parte de la población económicamente activa que no logró incorporarse a un puesto de trabajo pese a encontrarse disponible y realizando acciones para conseguirlo.

La evolución del desempleo coincide con un aumento significativo de la población ocupada. Entre mayo y julio, 5 millones 988.700 personas tenían un empleo en Lima Metropolitana, 7,7% más que en similar trimestre móvil de 2025. El incremento equivale a 425.800 personas adicionales.

Mujeres concentran mayor tasa de desempleo

El descenso del indicador general no fue igual para hombres y mujeres. Del total de personas desempleadas en Lima, 163.000 fueron mujeres, equivalentes al 55,4%, mientras que 131.100 fueron hombres, el 44,6%.

La diferencia también se refleja en las tasas. El desempleo femenino llegó a 5,5%, mientras que el masculino se ubicó en 3,9%.

El dato resulta relevante para analizar la evolución del mercado laboral más allá de la cifra general. Aunque la tasa de desempleo de Lima alcanzó su menor nivel desde 2022, las condiciones de acceso al trabajo continúan presentando diferencias entre determinados grupos de la población.

La mejora de los indicadores laborales también alcanzó los ingresos. De acuerdo con el INEI, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana aumentó 4,6%, hasta superar los S/2.300.

A ello se suma el comportamiento de la masa salarial. Durante el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2026, esta aumentó 13,8% respecto de similar periodo del año anterior.

La masa salarial comprende el conjunto de remuneraciones acumuladas por los trabajadores dependientes e independientes, tanto por su actividad principal como secundaria, durante los tres meses considerados en el trimestre móvil.

Su crecimiento está relacionado con la evolución simultánea del número de personas ocupadas y de sus ingresos. En este caso, el aumento de 7,7% de la población ocupada en Lima se produce junto con una mayor masa salarial y un incremento del ingreso promedio.

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Empleo formal crece 4,2% a nivel nacional

Fuera de Lima, el mercado laboral también presenta señales de expansión, aunque con un indicador distinto. El empleo formal a nivel nacional aumentó 4,2% interanual en junio de 2026, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Con este resultado, se incorporaron 251.000 puestos de trabajo formales en comparación con junio de 2025. El BCRP señaló que el ritmo de crecimiento se mantiene en niveles similares a los observados durante los meses anteriores.

El comportamiento del empleo formal es relevante porque permite observar la evolución de los puestos registrados en el mercado laboral formal del país, mientras que la tasa de desempleo del INEI mide la proporción de personas que no tienen trabajo y buscan activamente uno. Por ello, ambos indicadores no deben interpretarse como equivalentes.

Servicios, agro y comercio lideran creación de puestos

Dentro del sector privado, el empleo formal registró un crecimiento interanual de 5,6% en junio, ligeramente superior al 5,4% observado en mayo.

El mayor aporte en términos de nuevos puestos provino de servicios, agropecuario y comercio. El sector servicios agregó alrededor de 99.000 puestos respecto de junio de 2025, mientras que el agropecuario sumó 49.000 y comercio incorporó 43.000.

El sector agropecuario destacó además por su ritmo de expansión: el empleo formal en esta actividad aumentó 11,9% interanual. La minería presentó una tasa todavía mayor, de 12,4%, aunque su aporte absoluto fue menor, con unos 17.000 puestos adicionales.

La combinación de estos datos permite observar dos movimientos paralelos en el mercado laboral peruano. En Lima Metropolitana, la menor tasa de desempleo está acompañada por un incremento de la población ocupada, mientras que en el conjunto del país el empleo formal continúa aumentando y encuentra sus principales motores en actividades como servicios, agropecuario y comercio.

Para los próximos meses, el comportamiento de estos indicadores estará condicionado por la evolución de las actividades económicas que concentran la mayor cantidad de trabajadores. En Lima, los próximos informes del INEI permitirán verificar si la tasa de desempleo permanece por debajo de los niveles registrados durante los últimos años, mientras que los reportes del BCRP mostrarán si el crecimiento del empleo formal mantiene el ritmo observado hasta junio.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

• Compra: S/3,798
• Venta: S/3,887

Interbank

• Compra: S/3,755
• Venta: S/3,885

Banco de la Nación

• Compra: S/3,760
• Venta: S/3,850

BBVA

• Compra: S/3,747
• Venta: S/3,954

Scotiabank

• Compra: S/3,751
• Venta: S/3,927

El Ejecutivo sostiene que el sistema actual puede generar incentivos para que algunos negocios no crezcan, debido a que pasar de un régimen a otro implica asumir nuevas obligaciones. Sin embargo, durante la exposición no se precisó qué regímenes serían modificados, qué tasas cambiarían ni cómo funcionaría el eventual nuevo esquema.

La propuesta forma parte de una agenda que también busca reducir la informalidad y evasión, ampliar el financiamiento e impulsar la inversión pública y privada, aunque varias medidas aún requieren proyectos, reglamentos o decisiones de inversión.

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Reforma a las mypes: ¿qué plantea el Gobierno y qué falta definir?

El diagnóstico presentado por Galarreta parte de una dificultad que enfrentan las empresas cuando aumentan sus ingresos y deben asumir mayores obligaciones tributarias. Según el Ejecutivo, la estructura actual puede generar incentivos para que algunos negocios eviten superar determinados niveles de ventas, dividan sus operaciones o permanezcan en la informalidad.

Por ello, el Gobierno solicitará facultades para revisar los regímenes tributarios dirigidos a las empresas de menor tamaño. La propuesta busca, según explicó el premier, simplificar las reglas y hacer más gradual la transición a medida que los negocios aumenten su capacidad y sus ingresos.

Pero el anuncio todavía no permite conocer cómo cambiaría la situación de una mype en términos concretos.

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Durante su presentación no se detallaron nuevas tasas del Impuesto a la Renta, límites de ingresos, número de regímenes que permanecerían vigentes ni las condiciones que tendría una empresa para pasar de una categoría a otra. Tampoco se precisó si la reforma implicaría una reducción de la carga tributaria para determinados negocios o, por el contrario, un mayor pago para otros.

Facultades también contemplan cambios en Impuesto a la Renta y aduanas

El pedido de facultades no se limitaría a las mypes. Galarreta anunció también una simplificación de obligaciones formales, modificaciones y precisiones en las reglas del Impuesto a la Renta y una modernización del régimen aduanero, es decir, de las normas relacionadas con el ingreso y salida de mercancías del país.

El Gobierno también plantea revisar algunas exoneraciones tributarias. Sin embargo, tampoco en este punto se identificaron durante el discurso cuáles serían los beneficios que podrían modificarse ni qué efecto tendría esa revisión sobre los sectores actualmente comprendidos.

La agenda tributaria estará acompañada por cuatro comisiones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé crear para abordar la informalidad laboral, el financiamiento de empresas y proyectos, la inversión pública y la evasión tributaria.

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En el caso de la informalidad, el objetivo anunciado es ampliar el número de trabajadores y empresas que ingresan a la economía formal. En financiamiento, el Ejecutivo plantea facilitar el acceso de las empresas a recursos para desarrollar proyectos. En ambos casos, el Gobierno ha planteado hacia dónde quiere llegar, pero todavía no ha precisado con qué medidas lo hará.

Algo similar ocurre en otros puntos de la agenda económica. Para las mypes, por ejemplo, el Gobierno prevé requerimientos por cerca de S/11 millones durante el segundo semestre de 2026 a través de Compras a MYPErú, principalmente para los sectores textil-confecciones, cuero y calzado y metalmecánica.

En el agro, anunció más de S/1.000 millones en desembolsos de AGROPERÚ y AGROBANCO durante 2026, además del destrabe de 75 obras de riego paralizadas, que representan una inversión de S/618,9 millones.

En energía, la meta es incorporar seis proyectos de generación que sumarían 1.096 megavatios hacia julio de 2027. En minería, el Gobierno menciona una cartera de más de US$33.000 millones hasta 2031. Sin embargo, esas inversiones dependen de empresas privadas. Galarreta señaló que el Estado buscará reducir trabas y dar mayor predictibilidad a los proyectos, sin rebajar las exigencias ambientales.

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También se anunció que el Tratado de Libre Comercio con Hong Kong entrará en vigor durante 2026, además de una ampliación de las compras corporativas del Estado.

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Scotiabank

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La obligación no se limita a empresas de gran tamaño. Para este año, la Sunat estableció que las personas jurídicas con ingresos netos de más de 25 UIT y hasta 50 UIT deben declarar en julio; aquellas con ingresos de más de 10 UIT y hasta 25 UIT, en septiembre; y las que registraron hasta 10 UIT, en noviembre. Las demás personas jurídicas que no estén comprendidas en estos tramos también deberán presentar la declaración en noviembre, independientemente de su nivel de ingresos.

El esquema forma parte de las reglas establecidas por la Resolución de Superintendencia N.° 000168-2025/Sunat, publicada en mayo de 2025, que fijó los sujetos obligados a presentar la declaración en 2025, 2026 y los años siguientes.

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¿Quién es el beneficiario final?

El concepto puede generar confusión porque no necesariamente corresponde al representante legal de una empresa ni a quien aparece formalmente como su gerente. Para la administración tributaria, el beneficiario final es la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla una persona jurídica o ente jurídico, incluso cuando esa propiedad o control se ejerce de manera indirecta mediante una cadena de titularidad.

En el caso de una empresa, uno de los criterios considera a la persona natural que posee, directa o indirectamente, una participación relevante en el capital. Si no es posible determinar al beneficiario mediante el criterio de propiedad, deben revisarse las condiciones de control. La normativa también contempla un criterio residual cuando no pueda identificarse al beneficiario bajo los mecanismos anteriores.

La información que se busca no se limita, por tanto, al nombre del accionista que aparece inmediatamente en una estructura empresarial. La finalidad es conocer quién está al final de la cadena de propiedad o quién ejerce efectivamente el control.

El trámite se realiza por internet

La declaración se presenta mediante el Formulario Virtual N.° 3800, disponible en Sunat Operaciones en Línea (SOL). El contribuyente debe ingresar con su código de usuario y clave SOL, seleccionar la opción correspondiente a las declaraciones informativas y completar la información solicitada.

No todos los casos requieren el mismo procedimiento. La Sunat precisa que, cuando se declara a un solo beneficiario final que reside en el Perú y posee directamente como mínimo el 10% del capital de la persona jurídica, la información puede consignarse directamente en el Formulario 3800.

En otros casos se debe utilizar además el archivo generado mediante el aplicativo Excel habilitado por la administración tributaria. Esto ocurre, por ejemplo, cuando existen varios beneficiarios finales, cuando el beneficiario no reside en el Perú o cuando la propiedad o el control se determina mediante una cadena de titularidad o de control.

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También alcanza a fondos y patrimonios

La obligación no se circunscribe a las sociedades comerciales tradicionales. También comprende a determinados entes jurídicos domiciliados en el Perú, entre ellos patrimonios autónomos, fideicomisos y fondos de inversión o fondos mutuos, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.

Para estos casos, el periodo de presentación correspondiente es noviembre de 2026. La Sunat también establece que los entes jurídicos constituidos en el país e inscritos en el RUC entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre de 2026 deberán cumplir con la declaración en las fechas correspondientes al periodo noviembre de 2026.

La obligación tiene su origen en el Decreto Legislativo N.° 1372, publicado en 2018, y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 003-2019-EF. Estas normas establecieron el deber de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la identidad de sus beneficiarios finales y definieron los mecanismos para obtener, conservar y utilizar esa información.

El objetivo está relacionado con la transparencia de las estructuras de propiedad y control y con las obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria. La información también forma parte de las herramientas utilizadas en la prevención de la evasión y elusión fiscal y del lavado de activos.

Un punto que deben considerar los contribuyentes es que la declaración no tiene que presentarse necesariamente todos los años. La propia Sunat señala que debe actualizarse cuando la información declarada cambie.

Para quienes tienen vencimiento en los próximos meses, el calendario ya está definido: julio para el tramo de más de 25 hasta 50 UIT, septiembre para quienes superan 10 UIT y llegan hasta 25 UIT, y noviembre para quienes tienen ingresos de hasta 10 UIT y para los demás sujetos comprendidos en los supuestos establecidos por la resolución.

Solo en junio se ejecutaron US$662 millones, el monto mensual más alto del año y 39,1% superior al registrado en junio de 2025. Frente a mayo, el incremento fue de 10,6%. Los mayores avances interanuales se produjeron en Desarrollo y Preparación, con 113,5%; Infraestructura, con 84,9%; y Otros, con 76,6%. También aumentaron Planta de Beneficio (11,4%) y Exploración (2,8%).

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La composición del crecimiento es relevante porque muestra que el mayor gasto no necesariamente significa que nuevas minas estén entrando inmediatamente en producción. Parte del dinero se dirige a sostener o ampliar unidades existentes, una dinámica que permite mantener capacidad productiva mientras los proyectos de mayor escala atraviesan sus distintas etapas de evaluación, permisos y construcción.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya había registrado este cambio de ritmo durante el primer trimestre. Entre enero y marzo, la inversión minera llegó a US$1.500 millones, US$456 millones más que en el mismo periodo de 2025. En ese momento, Southern Peru, Shougang, Las Bambas y Antamina concentraron los mayores desembolsos.

El dinero se concentra en pocas compañías

El ranking empresarial del primer semestre vuelve a mostrar una alta concentración de la inversión en grandes operaciones mineras.

Southern Peru Copper Corporation aparece en el primer lugar, impulsada por desembolsos en la acumulación Toquepala 1 y la planta de beneficio Concentradora de Botiflaca, además de inversiones en infraestructura, desarrollo, preparación y equipamiento.

En segundo lugar figura Shougang Hierro Perú, cuya inversión creció 135,4% interanual, principalmente por mayores desembolsos en la planta de beneficio Acumulación San Nicolás y en la unidad económica administrativa CPS 1.

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Minera Las Bambas ocupa la tercera posición, con inversiones vinculadas a sus unidades Ferrobamba y Chalcobamba. El caso de Las Bambas resulta especialmente relevante por el tamaño de los desembolsos que requiere mantener y ampliar una operación de esta escala.

La concentración no es nueva. Al cierre del primer trimestre, Southern había invertido US$188 millones, Shougang US$153 millones y Las Bambas US$144 millones. En conjunto con Antamina, las cuatro compañías explicaban 40% de la inversión minera ejecutada en ese periodo.

Esto significa que una parte considerable del crecimiento registrado durante el año depende de decisiones de inversión tomadas por un grupo relativamente reducido de empresas. Por ello, el aumento de la cifra agregada no debería confundirse automáticamente con una expansión generalizada de toda la actividad minera.

Hay proyectos, pero no todos están listos para producir

El otro dato que permite poner el resultado en contexto es la cartera de proyectos. La edición 2026 del Minem contempla 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$64.075 millones. Sin embargo, ese monto corresponde a una cartera de iniciativas en diferentes etapas, no a dinero que esté siendo ejecutado actualmente.

La diferencia es importante. Entre una propuesta incluida en una cartera y una operación que empieza a producir pueden pasar varios años. Los proyectos atraviesan exploración, estudios de factibilidad, evaluación ambiental, permisos, construcción y puesta en marcha. Por eso, el valor total de la cartera funciona como una referencia del potencial futuro, pero no equivale a inversión asegurada.

En paralelo, el Minem reportó en marzo una cartera de 69 proyectos de exploración por US$757 millones. La exploración es precisamente una de las etapas que determina cuánto del potencial geológico puede convertirse posteriormente en nuevas operaciones.

El BCRP también contempla un escenario de mayor inversión minera para 2026-2027, asociado principalmente con proyectos como Tía María, Reposición Antamina y Reposición Ferrobamba. En 2025, la inversión minera ascendió a US$6.225 millones, según el banco central.

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El desafío no termina con invertir

El crecimiento de 42,7% llega en un momento en que el sector minero mantiene un peso importante en la economía peruana, pero también enfrenta obstáculos para convertir proyectos en producción efectiva.

El incremento de los desembolsos en infraestructura y desarrollo indica que las empresas están destinando más recursos a sus operaciones. No obstante, para que ese esfuerzo se traduzca en mayor producción, exportaciones, empleo y recaudación, los proyectos deben avanzar más allá de las etapas de inversión y sostener su actividad en el tiempo.

Otro elemento es la distribución territorial. La cartera de proyectos abarca 19 departamentos, pero la ejecución efectiva continúa dependiendo de la ubicación de las grandes operaciones y de la capacidad de cada proyecto para superar sus etapas administrativas, ambientales y sociales.

Los recursos fiscales asociados a la minería también tienen una dimensión regional. Entre enero y abril de 2026, el Minem reportó más de S/15.000 millones en ingresos fiscales provenientes de la actividad minera y transferencias superiores a S/4.121 millones por canon, regalías mineras y derecho de vigencia y penalidad.

La cifra de inversión, por tanto, cuenta solo una parte de la historia. El salto hasta los US$3.304 millones muestra una aceleración clara de los desembolsos, pero el resultado económico de este ciclo dependerá de cuánto de ese capital termine ampliando la producción y cuánto permanezca destinado al sostenimiento de operaciones existentes.

Mientras tanto, las compañías que concentran las mayores inversiones continúan definiendo buena parte del ritmo del sector. En junio, con US$662 millones ejecutados en un solo mes, el mercado minero volvió a colocar sobre la mesa una pregunta que va más allá del monto anunciado: cuánto de esta inversión terminará convirtiéndose en nueva capacidad productiva y en qué plazo.