Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 7 de septiembre

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El cambio frente al escenario anterior es significativo. El MMM previo contemplaba un crecimiento promedio de 3,2% para 2028-2030, mientras que el nuevo documento eleva la previsión hasta 4%. Para ese periodo, el MEF estima que la inversión privada crecerá 7,5% anual en promedio.

La minería aparece como uno de los componentes de esa mayor inversión. Sin embargo, los más de US$20.000 millones considerados en el escenario no corresponden a dinero que ya esté siendo desembolsado: se trata de proyectos cuyo inicio de ejecución está previsto de manera progresiva entre 2028 y 2030.

Una cartera que todavía debe avanzar

Entre las iniciativas consideradas para los siguientes años están Magistral, en Áncash, con una inversión estimada de US$493 millones, y Ampliación Ilo, en Moquegua, por US$1.354 millones. El MMM las ubica entre los proyectos que podrían avanzar hacia la ejecución conforme progresen sus estudios de factibilidad y los instrumentos ambientales correspondientes.

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El mayor volumen de inversión aparece posteriormente. Para 2029 y 2030, el documento incorpora proyectos como Los Chancas, con US$2.600 millones; Michiquillay, con US$2.500 millones; La Granja, con US$2.400 millones; Cañariaco, con US$2.160 millones; y Arena Sulfuros, con US$1.500 millones.

También figuran El Algarrobo, con US$2.753 millones; IEPA Sechura, por US$2.157 millones; y la Ampliación de Fosfatos Bayóvar, por US$940 millones. En estos casos, el MMM contempla que las inversiones comiencen gradualmente dentro del periodo de proyección.

Por eso, la cifra de US$20.000 millones debe leerse como una cartera de compromisos que el MEF incorpora en su escenario macroeconómico, y no como una suma que actualmente esté ingresando a la economía.

La inversión minera crecería antes de 2028

El impulso previsto para los siguientes años no comienza recién con el nuevo grupo de proyectos. Para 2026, el MEF proyecta que la inversión minera crecerá 16,7%, mientras que para 2027 estima un avance de 8%.

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En términos de monto, la inversión minera superaría los US$7.000 millones este año, de acuerdo con el MMM. El resultado estaría asociado al avance de proyectos que ya comenzaron su construcción, nuevas obras, inversiones de sostenimiento y actividades de exploración.

Esto establece una diferencia entre el corto y el mediano plazo. Para 2026 y 2027, parte del crecimiento de la inversión provendría de proyectos que ya están en ejecución. Para 2028-2030, en cambio, el escenario incorpora una nueva generación de iniciativas cuyo desembolso todavía debe producirse.

El crecimiento de 4% depende de más que la minería

El MMM no atribuye todo el crecimiento proyectado a la actividad minera. El escenario para 2028-2030 también considera un mayor dinamismo del consumo de los hogares, las exportaciones y la inversión privada no minera.

De hecho, el documento proyecta que la inversión privada crecerá 7,5% anual en promedio durante esos tres años. La minería forma parte de ese incremento, junto con otros proyectos de infraestructura, energía y actividades productivas.

La diferencia está en el peso de los grandes proyectos mineros dentro de la cartera. Varias de las iniciativas incluidas tienen inversiones de más de US$1.000 millones y algunas superan los US$2.000 millones.

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El antecedente que obliga a mirar la ejecución

El tamaño de la cartera no garantiza por sí mismo que el dinero se desembolse en las fechas consideradas por el escenario macroeconómico.

El Consejo Fiscal ya había advertido sobre la importancia de que la inversión privada efectivamente se materialice para alcanzar tasas de crecimiento elevadas. En su evaluación del escenario macroeconómico, señaló además la existencia de restricciones que pueden afectar la ejecución de proyectos y mencionó retrasos en iniciativas mineras.

Ese punto resulta relevante para leer la proyección del MEF: el crecimiento de 4% entre 2028 y 2030 está construido sobre un calendario de inversiones que todavía tiene etapas pendientes.

Los propios proyectos incluidos en el MMM muestran esa diferencia. Mientras algunos ya avanzan hacia su ejecución, otros dependen todavía de estudios, permisos ambientales u otras condiciones previas al inicio de las obras.

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El cobre concentra buena parte de las grandes inversiones

Una parte importante de los proyectos considerados corresponde al cobre, entre ellos Magistral, Ampliación Ilo, Los Chancas, Michiquillay y Cañariaco. También aparecen iniciativas vinculadas con fosfatos y otros minerales.

La concentración en cobre coincide con la posición que mantiene este metal dentro de las exportaciones mineras del país y con la demanda internacional asociada a infraestructura eléctrica, electrificación y transición energética.

Para la economía peruana, el efecto de estos proyectos no se limita al desembolso inicial. Durante la construcción generan demanda de bienes y servicios, mientras que una eventual entrada en producción amplía la capacidad extractiva y exportadora.

Pero esos efectos se producen después de que la inversión se ejecuta. Por ello, el dato que permitirá contrastar el escenario del MEF durante los próximos años no será únicamente el tamaño de la cartera, sino cuánto de los US$20.000 millones comienza realmente a desembolsarse y en qué fechas.

La proyección de crecimiento de 4% para 2028-2030 tiene así un componente minero importante, pero también una condición verificable: que los proyectos considerados en el escenario pasen de los compromisos de inversión a las obras y, posteriormente, a la producción.

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Lo que sí cambiaría es el margen de las entidades financieras para decidir cuánto cobrar por prestar dinero. Actualmente existe un techo para determinadas operaciones, mientras que con la reforma los bancos y financieras tendrían mayor libertad para establecer sus tasas según el riesgo de cada cliente.

La discusión, por ello, tiene dos caras. El mismo cambio que podría permitir que una persona hoy excluida consiga un préstamo formal también podría darle a la entidad financiera mayor capacidad para cobrarle por ese riesgo. Y esa diferencia es clave para entender qué está realmente en juego.

El límite actual no significa que todos paguen 114%

La Ley 31143 estableció que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) determine las tasas máximas de interés convencional compensatorio para determinados créditos de consumo y para préstamos destinados a micro y pequeñas empresas.

Para el periodo mayo-octubre de 2026, el límite para las operaciones en moneda nacional es de 114,13% anual. Esta cifra es un techo y no representa la tasa que pagan todos los usuarios ni la tasa promedio del sistema financiero.

El pedido del Ejecutivo no plantea simplemente elevar ese porcentaje. Busca retirar las disposiciones vinculadas con los topes introducidos por la Ley 31143 y, en paralelo, establecer reglas para mejorar el acceso a la información financiera y la transparencia en la contratación de productos activos.

En términos prácticos, la diferencia sería que una entidad podría aceptar operaciones que hoy descarta porque la tasa necesaria para compensar el riesgo supera el máximo permitido.

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El argumento para retirar el tope: prestar a quienes hoy quedan fuera

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que el límite puede terminar excluyendo a personas con menor historial crediticio, bajos ingresos o que solicitan préstamos de montos reducidos.

La SBS comparte ese diagnóstico. La Superintendencia ha señalado que la aplicación de los topes restringió el acceso al crédito de determinados deudores, principalmente de menores ingresos, y favoreció el crecimiento del financiamiento informal. Según su análisis, 216.166 deudores que en abril de 2021 tenían créditos con tasas superiores al primer tope y que no habían caído en default dejaron de aparecer en la base de datos hacia diciembre de 2023. La SBS señala que estos usuarios podrían haber sido excluidos del sistema financiero como consecuencia del tope.

El BCRP también ha encontrado efectos de racionamiento del crédito asociados con los límites. La lógica económica es relativamente sencilla: si una entidad considera que un cliente tiene una probabilidad elevada de incumplimiento, necesita cobrar un mayor precio para compensar ese riesgo. Si la regulación no se lo permite, puede decidir no prestarle.

Esta explicación, no obstante, es cuestionada por el exviceministro de Promoción del Empleo Fernando Cuadros. A su juicio, eliminar el límite no necesariamente ampliaría el acceso al crédito, porque el problema para las MYPES no se reduce a la posibilidad de que las entidades puedan cobrar más por asumir riesgo. "Ahí el problema es el costo del crédito", sostuvo.

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Más crédito no significa necesariamente crédito más barato

Si desaparece el tope, el primer efecto podría ser que algunos clientes considerados demasiado riesgosos vuelvan a recibir ofertas de financiamiento formal.

Un consumidor con poco historial crediticio podría pasar de no conseguir un préstamo a conseguirlo con una tasa superior a la que pagan los clientes considerados de menor riesgo. Desde el punto de vista de inclusión financiera, eso puede ser una mejora: el usuario está dentro del sistema formal. Desde el punto de vista del costo del financiamiento, no necesariamente.

La discusión cobra especial importancia en las MYPES. Cuadros sostuvo que Perú enfrenta un problema de costos elevados para este segmento y citó un informe reciente de la OCDE como referencia. El organismo internacional señala que, en 2024, la diferencia entre las tasas de interés aplicadas a las MYPES y las grandes empresas en Perú fue de 18,4 puntos porcentuales. Para las pequeñas empresas, la tasa promedio pasó de 24% en diciembre de 2021 a 26,6% en diciembre de 2024.

La propia OCDE advierte que las MYPES peruanas enfrentan dificultades para acceder a financiamiento a tasas asequibles debido, entre otros factores, al riesgo de incumplimiento, los costos de transacción, las garantías insuficientes y la limitada información disponible para evaluar su solvencia.

Por eso, si el debate se reduce a cuántas personas recibirán crédito después de eliminar el tope, se estaría midiendo solamente una parte del resultado. También será necesario observar cuánto costará ese crédito y qué capacidad tendrá el consumidor para comparar alternativas.

La eliminación del límite tampoco garantiza que todas las entidades vayan a competir ofreciendo menores tasas. Una mayor libertad para fijar precios puede ampliar la oferta, pero sus efectos sobre el costo final dependerán de la competencia y del riesgo que cada entidad esté dispuesta a asumir.

Más libertad para los bancos, pero también más riesgo crediticio

Para las entidades financieras, el cambio supone una ventaja concreta: mayor libertad para fijar el precio de sus préstamos según el riesgo que atribuyan a cada operación.

Eso puede permitirles ingresar a segmentos que hoy resultan poco atractivos bajo el límite vigente. También pueden segmentar mejor a sus clientes: cobrar menos a quienes tienen buen historial y más a quienes representan un riesgo mayor.

Eso, sin embargo, no significa automáticamente mayores utilidades. Una tasa elevada puede compensar un mayor riesgo, pero si la evaluación crediticia es deficiente, también puede terminar acompañada de mayor morosidad.

Carlos Adrianzén, economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló a La República que precisamente allí debe estar la responsabilidad de las entidades. A su juicio, "suprimir el tope implica que los bancos pueden tener libertad para apreciar el riesgo". En su lectura, no todos los clientes deberían enfrentar el mismo costo financiero: quien tiene un buen comportamiento de pago puede acceder a una tasa menor, mientras que una operación más riesgosa puede requerir una tasa superior.

Su argumento cuestiona la idea de que una tasa alta sea, por sí misma, evidencia de un abuso. Para Adrianzén, el precio también debe reflejar la probabilidad de incumplimiento y los costos que enfrenta el intermediario.

Pero su posición tiene una condición: la mayor libertad debe ir acompañada de una supervisión fuerte. La SBS, sostiene, debe ser "implacable" en la vigilancia de las entidades.

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El riesgo para el consumidor no desaparece

En el otro extremo, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos que una eliminación de los topes podría generar para los consumidores. El organismo ha sostenido que retirar esta protección podría exponer a los usuarios a tasas excesivas, profundizar el sobreendeudamiento y afectar especialmente a quienes tienen menos capacidad económica.

La preocupación adquiere mayor importancia cuando se trata de consumidores que tienen menos alternativas. Una persona que necesita un préstamo pequeño y no tiene historial crediticio puede estar en una posición distinta a la de un cliente con ingresos altos y varias entidades dispuestas a ofrecerle financiamiento.

Por eso, quitar el límite no debería evaluarse únicamente bajo la premisa de que “si la tasa es alta, al menos existe crédito”. También debe preguntarse si ese crédito puede ser pagado y si el usuario cuenta con información suficiente para decidir.

El propio Ejecutivo plantea acompañar la eliminación de los topes con mayores exigencias de información y transparencia en la contratación de productos financieros. El proyecto también incorpora medidas vinculadas con el acceso a información financiera y el desarrollo de nuevos productos.

Ese componente será determinante. Si un consumidor puede conocer con claridad cuánto terminará pagando y comparar fácilmente entre distintas entidades, la competencia puede limitar el poder de fijación de precios. Si no ocurre, la libertad para establecer tasas puede beneficiar principalmente a quien tiene mayor capacidad para imponer las condiciones del crédito.

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La alternativa pasa por reducir el costo del financiamiento

Cuadros plantea que ampliar el acceso al crédito requiere medidas diferentes a la eliminación del tope. Su propuesta pasa por reducir el riesgo de las operaciones y aumentar la competencia en los segmentos donde las MYPES y determinados consumidores enfrentan mayores costos.

Entre las alternativas mencionó la creación de fondos de garantía estatales similares al esquema utilizado durante Reactiva Perú, de modo que una parte del riesgo de incumplimiento sea cubierta por el Estado y las entidades puedan reducir el costo de los préstamos. También propuso otorgar al Banco de la Nación facultades para prestar a micro y pequeñas empresas, con el objetivo de introducir mayor competencia en ese mercado.

Otra de sus propuestas es fortalecer el papel de Agrobanco para ampliar el financiamiento de las MYPES agrarias. También planteó evaluar fondos de capital de riesgo mediante Cofide y un eventual programa similar a Reactiva Perú, pero focalizado en las empresas de menor tamaño.

La propuesta tiene un punto de coincidencia con el diagnóstico de la OCDE. El organismo ha recomendado para Perú ampliar las garantías públicas de crédito, mejorar la información para evaluar riesgos y promover alternativas al financiamiento bancario como mecanismos para reducir los costos de acceso.

Desde esta perspectiva, el debate no sería únicamente entre mantener o eliminar el tope. También involucra la posibilidad de reducir el riesgo que actualmente encarece los préstamos para determinados segmentos, en lugar de trasladar ese mayor riesgo directamente al precio que paga el prestatario.

El 'gota a gota' tampoco desaparecería

Uno de los argumentos utilizados para defender la eliminación del tope es que algunos usuarios excluidos del sistema formal pueden terminar recurriendo a prestamistas informales.

Adrianzén considera que retirar el límite podría permitir que algunos de esos clientes ingresen al sistema regulado si las entidades tienen libertad para establecer una tasa acorde con el riesgo de cada operación. No obstante, también reconoce que la medida no eliminaría el 'gota a gota'.

Cuadros tiene una lectura distinta. El exviceministro considera que eliminar el tope no necesariamente resolvería el acceso a los microcréditos, porque una tasa superior al 100% podría seguir siendo impagable para muchas personas. Además, señaló que parte de quienes recurren al financiamiento informal tampoco cumple otros requisitos exigidos por las entidades, como contar con documentación, garantías o avales.

La diferencia entre ambos planteamientos está en el diagnóstico. Para Adrianzén, una mayor libertad de precios puede abrir una puerta al sistema formal para algunos clientes considerados riesgosos. Para Cuadros, el problema es más estructural y está relacionado con la informalidad, las condiciones de acceso y el elevado costo del financiamiento.

Por ello, presentar la eliminación del tope como una solución al crédito informal sería exagerado. Puede abrir una alternativa para determinados usuarios, pero no resuelve por sí sola las causas que mantienen a muchas personas y empresas fuera del sistema financiero formal.

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La decisión del Congreso tendrá un efecto más amplio que una tasa

El debate que enfrentará el Parlamento no consiste simplemente en decidir si se mantiene o se elimina un porcentaje máximo. Lo que está en juego es cuánto poder tendrá cada parte para determinar el precio del crédito.

Con el tope vigente, el consumidor tiene una protección frente a determinados niveles de tasas, pero una entidad puede decidir no prestar si considera que el límite no compensa el riesgo. Sin el tope, el banco gana margen para prestar a perfiles más riesgosos, pero el usuario queda más expuesto a aceptar condiciones costosas.

Por eso, la reforma puede generar simultáneamente más acceso y créditos más caros para determinados segmentos. No son escenarios contradictorios.

La experiencia de los últimos años tampoco permite reducir la discusión a una sola variable. La SBS ha documentado exclusión de determinados deudores después de la entrada en vigor de los topes, mientras que la OCDE identifica otros problemas estructurales —como el costo del financiamiento, las garantías y la informalidad— que también restringen el acceso de las MYPES.

La pregunta decisiva será qué ocurre después: si las entidades utilizan esa libertad para ampliar responsablemente el crédito, si la competencia consigue contener las tasas y si la supervisión evita prácticas perjudiciales para los consumidores.

En ese escenario, eliminar el tope podría corregir parte del problema de exclusión financiera que han advertido el BCRP y la SBS. Pero si la mayor libertad no está acompañada de suficiente competencia, transparencia y evaluación responsable, el riesgo es que el costo de la inclusión financiera termine recayendo principalmente sobre los usuarios que tienen menos alternativas.

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El pedido fue formulado por la diputada Jacqueline Tapullima, quien sostuvo que ambas autoridades deben explicar los objetivos, las medidas previstas y las implicancias que tendría la eventual delegación de facultades. La propuesta también recibió el respaldo de la diputada Svieta Fernández, mientras que otros integrantes de la comisión apoyaron la necesidad de que el titular del MEF y el jefe de Sunat expongan ante el Parlamento.

¿Qué deberá explicar el Gobierno?

Uno de los principales puntos que deberá ser aclarado es cómo se aplicaría la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. El pedido de facultades contempla modificar y simplificar los regímenes tributarios empresariales y avanzar hacia un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales crecientes. No obstante, el documento presentado al Congreso no establece todavía cuáles serían los porcentajes ni los niveles de renta correspondientes a cada tramo.

Esta ausencia es relevante porque impide determinar, por ahora, qué empresas terminarían pagando más o menos impuestos. El sistema actual contempla distintos tratamientos para los contribuyentes, entre ellos el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General.

Por ejemplo, bajo el RMT actualmente se aplica una tasa de 10% sobre las primeras 15 UIT de renta neta anual y de 29,5% sobre el excedente. En el Régimen General, la tasa es de 29,5% sobre la renta neta, mientras que el RER utiliza una cuota mensual equivalente al 1,5% de los ingresos netos. Un cambio hacia un esquema único modificaría esa estructura, pero su efecto dependerá de las tasas y tramos que finalmente establezca el Ejecutivo si recibe las facultades.

Por ello, una de las preguntas que deberá responder Cuba es cómo se evitará que una reforma presentada como una simplificación termine elevando la carga tributaria de determinados negocios, especialmente de aquellos que actualmente se benefician de reglas diferenciadas.

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MYPE y grandes empresas, en el centro del debate

Las micro y pequeñas empresas podrían estar entre los sectores más atentos a la explicación del Gobierno. El RMT está dirigido a empresas cuyos ingresos netos no superan las 1.700 UIT y actualmente determina el impuesto en función de la renta obtenida. La propuesta de unificar los regímenes modificaría ese tratamiento.

Sin embargo, todavía no corresponde afirmar que las MYPE pagarán más. El efecto dependerá de cómo se construya la nueva escala. Si los primeros tramos tienen tasas inferiores a las actuales, algunos contribuyentes podrían pagar menos; si fueran superiores, la carga podría aumentar.

También habrá que observar el tratamiento que recibirán las empresas que hoy tributan bajo el Régimen General. Estas pagan actualmente 29,5% sobre su renta neta anual y no tienen un límite de ingresos para permanecer en ese esquema. Un sistema de tasas crecientes podría cambiar la forma en que se distribuye la carga entre empresas con distintos niveles de rentabilidad.

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Exoneraciones y beneficios tributarios también entran al debate

La discusión en la Comisión de Economía no se limitará al Impuesto a la Renta. Durante la aprobación de su plan de trabajo para el período 2026-2027, los diputados plantearon incorporar expresamente el gasto tributario dentro del eje de sostenibilidad fiscal.

El diputado James Holguín Aguirre propuso, además, que se evalúe no solo el establecimiento o ampliación de exoneraciones y beneficios tributarios, sino también su eventual eliminación cuando corresponda.

Este punto adquiere relevancia porque el propio pedido de facultades contempla que el Ejecutivo pueda establecer o modificar incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y otros tratamientos tributarios especiales y temporales vinculados con objetivos como la formalización, inversión, empleo e innovación.

Así, el Congreso tendrá que analizar dos efectos simultáneos: por un lado, cuánto podría recaudar el nuevo esquema tributario y, por otro, cuánto dejaría de ingresar al fisco debido a los beneficios que eventualmente se creen, modifiquen o mantengan.

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Comisión pone el foco en la responsabilidad fiscal

La convocatoria a Cuba y al jefe de Sunat se produce mientras la Comisión de Economía define sus prioridades para el nuevo periodo parlamentario. Su plan de trabajo establece como uno de sus cinco ejes la sostenibilidad fiscal, tributación y riesgos fiscales, junto con asuntos como productividad, formalización, inversión y desarrollo territorial.

La comisión también señaló que busca que sus decisiones legislativas y de control se sustenten en evidencia y preserven la responsabilidad fiscal y la seguridad jurídica. En ese contexto, la presentación del ministro de Economía y del jefe de Sunat permitirá que el Congreso solicite mayores precisiones antes de pronunciarse sobre la delegación de facultades.

Por ahora, la propuesta tributaria no modifica por sí misma las tasas vigentes ni elimina los actuales regímenes. El Ejecutivo requiere que el Congreso le otorgue las facultades por 120 días y, de obtenerlas, los cambios concretos tendrían que plasmarse posteriormente en decretos legislativos.

La discusión que se abre en el Parlamento será, por tanto, no solo si se necesita simplificar el sistema tributario, sino con qué reglas se hará, quién asumirá eventualmente una mayor carga y cuál será el impacto sobre la recaudación y la formalización.

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De los 18 indicadores empresariales evaluados por el BCRP, 17 permanecieron en terreno optimista, pese al retroceso registrado en la mayoría de las expectativas. Es decir, el deterioro todavía no implica un escenario pesimista para las compañías, pero sí refleja una mayor prudencia al proyectar el comportamiento de sus negocios durante los siguientes meses.

Para el Mg. Mario Vergara, docente de posgrado de la Universidad ESAN, esta situación refleja una economía que mantiene un crecimiento sólido en el corto plazo, aunque con mayor cautela frente a los riesgos futuros. Según explicó, los indicadores operativos como ventas, producción y órdenes de compra han mostrado repuntes, pero las decisiones relacionadas con grandes inversiones y nuevas contrataciones avanzan con mayor lentitud debido a la evaluación de riesgos.

Empresas prevén una inflación de hasta 4% este año

Uno de los cambios más relevantes aparece en las expectativas de inflación. Para 2026, los agentes consultados por el BCRP esperan una variación de los precios de entre 3% y 4%, mientras que para 2027 el rango se ubica entre 2,5% y 2,6%. Para 2028, las previsiones se sitúan entre 2,35% y 2,50%.

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La expectativa de inflación a 12 meses también aumentó ligeramente. El promedio correspondiente a analistas económicos y entidades del sistema financiero pasó de 3,01% en julio a 3,05% en agosto. Para un horizonte de 24 meses, la previsión pasó de 2,43% a 2,46%.

El movimiento ocurre en paralelo con una mayor expectativa sobre los precios de los insumos y de venta a tres meses, dos de los pocos indicadores que avanzaron durante agosto.

Vergara señaló que una de las fuentes de presión está relacionada con el impacto climático sobre la oferta de alimentos. Las alteraciones en las condiciones del clima pueden afectar la producción agrícola y pesquera y reducir la disponibilidad de determinados productos, mientras que los problemas en las vías de transporte pueden elevar los costos logísticos.

A ello se suma, según el especialista, el incremento de los costos de transporte y de algunos insumos, factores que pueden presionar los márgenes de las empresas. En ese escenario, consideró que existe el riesgo de que el aumento de los costos termine trasladándose parcialmente a los consumidores.

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¿Cuánto crecerá la economía peruana?

Pese a esta mayor cautela, las expectativas sobre el crecimiento económico se mantienen alrededor del 3%.

Para 2026, los agentes económicos proyectan una expansión de 3,2% del PBI. Para 2027, las previsiones se ubican entre 3,2% y 3,4%, mientras que para 2028 se espera un crecimiento de 3,5%.

Vergara coincide en que la economía mantendría un crecimiento sostenido, con una expansión que podría ubicarse entre 3% y 3,4%, impulsada principalmente por la demanda interna y el consumo de los hogares.

En cuanto al tipo de cambio, las expectativas para el cierre de 2026 permanecen entre S/3.35 y S/3.40 por dólar. Para 2027, el rango esperado se encuentra entre S/3.40 y S/3.45, mientras que para 2028 se ubica entre S/3.40 y S/3.47.

La tasa de interés de referencia, por su parte, se mantiene con una expectativa de 4,25% para 2026 y 2027. Para 2028, el rango esperado está entre 4% y 4,25%.

En el caso de la inversión privada, el docente de ESAN señaló que las empresas tenderían a mantener los proyectos que ya están en ejecución, mientras que nuevas inversiones de gran magnitud podrían ingresar en una etapa de observación. "Los nuevos serán diferidos", sostuvo Vergara, al explicar que las compañías priorizarían consolidar los resultados actuales antes de comprometer capital a largo plazo.

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El Niño amenaza con elevar costos y reducir ventas

El componente que introduce mayor riesgo en las perspectivas empresariales es el fenómeno de El Niño. Según la encuesta especial incluida por el BCRP, 83% de las empresas consultadas ya tomó o planea tomar alguna medida preventiva, mientras que 17% no contempla hacerlo.

Entre las principales medidas figuran la búsqueda de rutas logísticas alternativas, la elaboración de planes de continuidad operativa y el reforzamiento de instalaciones. Cada una de estas acciones es adoptada o prevista por cerca de 40% de las compañías consultadas.

Los empresarios también identificaron los principales canales por los que el fenómeno climático podría afectar sus operaciones. El 62% señaló los retrasos o mayores costos logísticos; 43% mencionó las dificultades para distribuir productos; 42% prevé mayores precios y 37% anticipa una menor disponibilidad de insumos.

El impacto podría trasladarse directamente a los resultados de las compañías. 67% espera un aumento de sus costos, mientras que 48% prevé una reducción de sus ventas y 46% una caída de su producción. Sin embargo, 63% no espera modificar sus precios de venta y 58% tampoco contempla realizar cambios en sus inversiones.

Para Vergara, la evolución de las condiciones climáticas será determinante para modificar estas expectativas. Una menor intensidad del fenómeno permitiría reducir las interrupciones de las actividades productivas, mientras que la normalización de las condiciones del mar favorecería a sectores como la pesca.

El especialista también consideró clave la ejecución oportuna de obras de prevención, como la descolmatación de ríos, defensas ribereñas y mantenimiento de drenajes urbanos, además de medidas que permitan evitar interrupciones prolongadas en las carreteras utilizadas para transportar insumos y productos.

El norte concentra las mayores preocupaciones

La situación es más delicada entre las empresas ubicadas en la zona norte del país. Allí, 94% ya tomó o planea tomar medidas preventivas ante El Niño y todas las compañías consultadas esperan algún tipo de afectación.

Los riesgos identificados en esta zona son particularmente elevados. El 77% teme daños en instalaciones o equipos, mientras que 76% advierte sobre retrasos o mayores costos logísticos. Además, 66% menciona posibles interrupciones de servicios básicos y 64% una menor disponibilidad de trabajadores e insumos.

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Las consecuencias sobre el desempeño empresarial también son más pronunciadas: 81% de las empresas del norte espera una reducción de sus ventas y 69% anticipa una caída de su producción. A su vez, 49% prevé un incremento de sus costos.

Esto marca una diferencia frente al panorama general. Mientras a nivel nacional las empresas mantienen una perspectiva mayoritariamente optimista, el norte concentra una mayor exposición a interrupciones operativas y problemas logísticos asociados al fenómeno climático.

Vergara identificó entre los sectores más expuestos a la agricultura, pesca, comercio, transporte y logística, procesamiento de alimentos, turismo, hotelería y gastronomía.

En el caso agrícola, explicó que el exceso de lluvias, las variaciones de temperatura y las inundaciones pueden afectar cultivos como mango, palta, arándano y uva, además de productos destinados al consumo interno. En la pesca, el calentamiento del mar puede alterar la disponibilidad de especies de aguas frías y afectar la producción pesquera.

El comercio y el transporte también enfrentarían riesgos por el deterioro de carreteras y puentes, que puede generar desabastecimiento, mayores tiempos de traslado y un incremento de los fletes. Estos efectos pueden extenderse a la industria alimentaria por la menor disponibilidad de insumos.

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Expectativas siguen siendo positivas, pero con más cautela

La encuesta de agosto deja así un escenario de contrastes. Por un lado, las empresas mejoraron su percepción sobre la situación actual, y 17 de los 18 indicadores continúan en terreno optimista. Por otro, las expectativas para los siguientes meses perdieron fuerza y los riesgos vinculados con inflación y El Niño ganaron relevancia.

El panorama también varía por regiones. Aunque las expectativas permanecen en terreno optimista en las cuatro zonas del país, las zonas norte y centro registraron 16 de 18 indicadores positivos, mientras que sur y oriente alcanzaron 17. El norte, pese a los riesgos asociados a El Niño, mantiene desde mayo de 2023 los valores promedio más altos en las expectativas sobre la economía a tres y 12 meses.

Para Vergara, la economía peruana mantiene una trayectoria de recuperación, favorecida por el menor riesgo político y por el buen desempeño de sectores como la minería, aunque el fenómeno de El Niño introduce un riesgo adicional para el crecimiento. "No se trata de un colapso en el crecimiento, sino de una recuperación amortiguada por golpes climáticos sectoriales", sostuvo.

Así, el principal desafío para las empresas durante los próximos meses no parece estar únicamente en el ritmo de crecimiento de la economía, sino en cómo los mayores costos, las alteraciones logísticas y una eventual reducción de ventas y producción podrían afectar sus resultados, particularmente en las regiones más expuestas al fenómeno climático.

La aclaración responde a la difusión de la cifra como si representara más de 1.600 desperfectos en la refinería. La empresa sostiene que esa interpretación no considera el propósito ni el contenido del informe donde fueron consignados los registros.

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¿Qué son las 1.639 observaciones de la Refinería Talara?

Los registros aparecen en el Informe de Hito de Control N.° 006-2026-OCI/4243-SCC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Osinergmin dentro del control concurrente al servicio de fiscalización contratado por el regulador y ejecutado por el Consorcio FIMS.

Petroperú remarcó que dicho documento buscó verificar la ejecución del servicio de fiscalización y no realizar una evaluación integral de la seguridad de la Nueva Refinería Talara. Por ello, los 1.639 registros no pueden equipararse, sin una revisión individual, con fallas críticas.

Una observación puede estar relacionada con documentación, ingeniería, construcción, garantías o cumplimiento normativo. En otras palabras, no necesariamente implica que exista un equipo averiado o una situación de riesgo inmediato. Para conocer la magnitud real del problema se requiere revisar qué fue observado en cada caso y cómo fue atendido.

Petroperú reporta avance en el levantamiento de observaciones

La empresa informó que presentó el levantamiento del 100% de los registros correspondientes a Diseño, Procura y Precomisionamiento. En Construcción, el avance llega al 76% y continúa la atención de los pendientes, mientras se espera el pronunciamiento de la autoridad competente.

Petroperú añadió que la actualización e implementación del Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) sigue en desarrollo y que las primeras unidades ya cuentan con opiniones favorables.

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La refinería cuenta, además, con un Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos, dos auditorías externas, planes de respuesta ante emergencias, sistemas contra incendios y protocolos de gestión de riesgos, según informó la compañía.

Fenpetrol pide precisar qué observaciones siguen pendientes

Fenpetrol considera que la discusión no debería centrarse únicamente en las 1.639 observaciones y plantea identificar la naturaleza y nivel de criticidad de cada registro, así como su estado y responsable. La federación sostiene que una observación documental o normativa no tiene la misma gravedad que una deficiencia capaz de comprometer un equipo, un proceso o la seguridad de los trabajadores.

También pide diferenciar los incidentes ocurridos en las distintas instalaciones del complejo. En particular, señala que no corresponde atribuir a la Unidad de Flexicoking (FCK) un evento ocurrido en una caldera perteneciente a otra unidad o instalación.

El gremio reclama, además, que se culmine el análisis forense de la Nueva Refinería Talara, dispuesto mediante el Acuerdo de Directorio N.° 112-2024-PP. Petroperú informó en septiembre de 2025 que había iniciado una convocatoria internacional para contratar esta revisión, cuyo alcance debía comprender las diferentes etapas del proyecto, desde su origen hasta su operatividad.

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La federación también plantea revisar cómo se tomaron las decisiones durante las distintas etapas del proyecto y determinar las responsabilidades que correspondan. Para Fenpetrol, no basta con conocer la cifra de 1.639 observaciones: también es necesario saber qué casos ya fueron atendidos y cuáles continúan pendientes.

Pero la distribución del presupuesto muestra una diferencia importante, pues cinco grandes proyectos de transporte y conectividad concentran S/3.796 millones para el próximo año, poco más del doble de los S/1.824 millones destinados específicamente a infraestructura vinculada con la prevención y atención del Fenómeno El Niño.

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La comparación permite dimensionar el peso de las grandes obras dentro del proyecto presupuestal. Pero hay otro dato que merece especial atención: de los S/2.489 millones que el proyecto identifica para intervenciones vinculadas al FEN, S/2.023 millones quedan en el Gobierno Nacional y solo S/465 millones corresponden a gobiernos regionales y locales. Es decir, apenas 19% llega directamente a los gobiernos subnacionales.

Cinco megaobras concentran S/3.796 millones

El proyecto de Presupuesto 2027 mantiene una fuerte asignación para grandes proyectos que ya se encuentran en ejecución. Es el caso de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, que concentran S/1.944 millones para ejecución, operación y mantenimiento.

A ello se suman S/522 millones para la Carretera Central, la carretera Cusco-Chincheros-Urubamba, la autopista Chincha-Ica y Pro Región 2; S/454 millones para la Vía Expresa Santa Rosa; S/440 millones para el Aeropuerto Internacional de Chinchero; y S/436 millones para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao. En conjunto, estas cinco intervenciones reúnen S/3.796 millones.

Se trata de obras que tienen compromisos en marcha y cuyos cronogramas requieren continuidad presupuestal. Por eso, la comparación con el FEN no implica que esos recursos puedan trasladarse directamente de un proyecto a otro.

Sí permite observar, en cambio, cuánto espacio ocupan dentro del proyecto de presupuesto las inversiones de gran escala frente a las destinadas a reducir los riesgos asociados a un fenómeno climático.

Para las intervenciones vinculadas al FEN, el proyecto contempla S/2.489 millones. Pero ese monto reúne acciones de prevención, atención y respuesta de distintas entidades, por lo que no todo corresponde a infraestructura.

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Si se considera únicamente la parte destinada a infraestructura a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Indeci, Vivienda y Transportes, la suma llega a S/1.824 millones: S/1.047 millones para ANIN, S/413 millones para Indeci, S/273 millones para Vivienda y S/91 millones para Transportes.

El 81% del presupuesto del FEN se queda en el Gobierno Nacional

De los S/2.489 millones previstos para las intervenciones vinculadas al FEN, S/2.023 millones corresponden al Gobierno Nacional. Los gobiernos regionales reciben S/246 millones y los gobiernos locales S/219 millones. Entre ambos niveles suman S/465 millones, equivalentes a cerca del 19% del total.

Si bien la concentración no significa que los S/2.023 millones asignados al Gobierno Nacional se vayan a gastar físicamente en Lima, sí deja claro dónde queda la mayor parte de la capacidad presupuestal para estas intervenciones.

La capacidad de respuesta también depende de dónde están asignados los recursos. Ante un evento climático, son los gobiernos regionales y municipios los que deben actuar frente a interrupciones de vías, desbordes, quebradas activadas y daños en infraestructura local, además de atender a la población afectada. Tener recursos disponibles desde el inicio del año puede acelerar la atención y reducir la dependencia de transferencias posteriores.

Gobernadores cuestionan recorte de S/2.773 millones en inversiones

La distribución de los recursos para enfrentar el FEN se conoce en medio de otro reclamo de los gobiernos regionales. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió este viernes al Ejecutivo convocar al Consejo de Estado Regional para abordar la preparación frente al Fenómeno El Niño y el presupuesto que tendrán las regiones en 2027.

En su pronunciamiento, los gobernadores cuestionaron un recorte de S/2.773 millones, equivalente al 18,7%, en sus presupuestos de inversión. Advirtieron que esta reducción podría afectar proyectos que ya están en ejecución y limitar la capacidad de los gobiernos regionales para atender sus responsabilidades.

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La ANGR sostuvo, además, que las regiones vienen ejecutando obras y acciones de preparación frente al FEN y reclamó una mayor coordinación con el Ejecutivo. El pedido se produce mientras el proyecto de Presupuesto 2027 plantea que solo S/465 millones de los S/2.489 millones previstos para intervenciones vinculadas al fenómeno queden directamente en gobiernos regionales y locales.

El Niño ya le restó un punto al crecimiento

La necesidad de reforzar la prevención también tiene un impacto económico. Durante el primer semestre de 2026, el PBI creció 3%, pero el MEF estima que, sin los efectos asociados al Fenómeno El Niño, el avance habría sido de alrededor de 4%.

El fenómeno habría restado, así, cerca de un punto porcentual al crecimiento en la primera mitad del año. Los daños sobre carreteras, puentes y otras infraestructuras terminan afectando también el transporte, el comercio y las actividades productivas.

En el proyecto de Presupuesto 2027, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene previstos S/928 millones para inversiones de protección en ríos y quebradas. El monto forma parte de los recursos destinados a prevenir y atender los efectos del FEN.

Pero los S/2.489 millones identificados para el fenómeno no corresponden únicamente a infraestructura. El monto incluye acciones de prevención, respuesta y atención a cargo de distintas entidades. Si se toma solo la infraestructura, las partidas de ANIN, Indeci, Vivienda y Transportes suman S/1.824 millones.

Frente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026, el gasto de capital se reduce en S/635 millones, mientras el gasto corriente aumenta en S/11.087 millones.

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La restricción fiscal será relevante si el país enfrenta un evento climático de mayor magnitud. Una emergencia puede obligar a realizar transferencias o modificaciones presupuestarias para atender daños y ejecutar obras con rapidez.

El proyecto todavía deberá ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, su distribución ya muestra cómo se plantea repartir los recursos antes de que llegue una nueva temporada de lluvias.

El debate no se limita, por tanto, a cuánto dinero se asigna para enfrentar El Niño, sino a cómo y dónde se concentra ese gasto. El primer semestre de 2026 dejó una referencia concreta: el MEF calcula que los efectos asociados al fenómeno restaron alrededor de un punto porcentual al crecimiento de la economía. Con una nueva temporada de lluvias por delante, la propuesta deberá definir si los recursos previstos son suficientes y, sobre todo, si están disponibles en los niveles de gobierno que tendrán que responder ante una emergencia.

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