Más de 60.000 obras están detenidas desde 2012: ¿qué está pasando en el Perú?

Desde 2012 al cierre de 2023, un total de 62.013 obras, equivalentes a alrededor de 45% de los 132.000 proyectos de inversión pública, perrmanece paralizado, según advierte un análisis del Banco Mundial.

Se trata de construcciones con una ejecución financiera menor al 90% y que no registraron desembolsos durante al menos 18 meses (un año y medio). En un extremo más crítico, 2.850 proyectos permanecían estancados, al registrar avances mínimos.

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El informe "Perú, Revisión de Finanzas Públicas" evidencia que en el país persiste la débil articulación entre planificación, presupuesto y ejecución, un problema estructural que viene afectando el cumplimiento de objetivos estratégicos en áreas como infraestructura, salud y crecimiento económico, es decir que el Estado no termina gastando exactamente lo que planeó al inicio del año.

Uno de los hallazgos más relevantes es que cerca del 47% del gasto real no figura en el presupuesto inicial, lo que refleja la alta discrecionalidad en las modificaciones presupuestales durante el año fiscal y dificulta alinear las inversiones con las prioridades de desarrollo.

Inversión pública deficiente

El documento señala que, aunque el Perú destina a inversión pública un nivel elevado (equivalente al 5% del PBI en 2024), su eficiencia sigue limitada. Gran parte del gasto es ejecutado por gobiernos regionales y locales, en un escenario donde la planificación y la priorización de proyectos son débiles.

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Este volumen de obras paralizadas ha retrasado la provisión de infraestructura clave en sectores como transporte, saneamiento, educación y salud, además de generar sobrecostos y deteriorar la confianza en la gestión pública.

Según explicó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el problema responde a la falta de articulación entre la planificación, el presupuesto y la ejecución.

En la práctica, cerca del 80% de los nuevos proyectos se incorpora cuando el presupuesto ya está en marcha, lo que termina restando recursos a obras que ya estaban en curso. De hecho, esta es una de las razones por las que muchos proyectos quedan abandonados, debido a que se priorizan nuevas iniciativas, desplazando el financiamiento de las que ya existen.

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Impacto de la inestabilidad política

Según este análisis, el contexto político ha afectado en la gestión fiscal. Marcada por seis presidencias en nueve años y una tasa de renovación de los funcionarios públicos de, al menos, el doble que en Ecuador y Chile en la última década, ha complicado la gestión fiscal, junto a un Congreso que influye cada vez más en los resultados fiscales.

Pues, también señala que desde 2022, el Congreso ha asumido un rol más activo en el diseño del presupuesto, restándole protagonismo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que históricamente lideraba este proceso. Esto fue posible tras una interpretación del Tribunal Constitucional que permitió a los congresistas impulsar gastos para años futuros. Así, en los presupuestos de 2024 y 2025 se introdujeron cambios que redirigieron recursos, principalmente hacia planillas. En la mayoría de casos, no se trató de un aumento del gasto total, sino de una redistribución dentro del mismo presupuesto.

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Asimismo, detalla que más del 90% de los peruanos tiene desconfianza del Gobierno, un aumento de 25 puntos porcentuales (pp) respecto de 2011. Además de que el crecimiento potencial del Perú es de alrededor del 2,5 %, y se necesitarán 64 años para alcanzar la condición de país de ingresos altos.

No obstante, menciona que el Perú tiene grandes oportunidades para un desarrollo más rápido si puede aprovechar las oportunidades estratégicas clave y abordar reformas pendientes desde hace mucho tiempo, como se destaca en el Memorando Económico del País .

El informe también señala que, durante años, los procesos de contratación pública incluyeron requisitos financieros elevados que restringieron  la competencia y concentraron la ejecución de obras en un reducido número de empresas, dejando por fuera a constructoras nacionales.

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A todas estas distorsiones se le suman prácticas que aún persisten. Mientras empresas peruanas con un mismo propietario no pueden competir entre sí en una licitación, compañías públicas de distintos países sí pueden hacerlo, incluso si pertenecen a un mismo Estado. Además, la solvencia de las constructoras locales se mide por el capital que mantienen en el país, exigencia que no siempre se aplica de igual forma a firmas extranjeras.

Asimismo, el IEC N.° 97 advierte sobre el creciente papel del Congreso en el diseño y la ejecución del presupuesto, lo que, según el diagnóstico del Banco Mundial,  ha debilitado el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como ente rector de la política fiscal. 

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Entre 2023 y 2024 se aprobaron iniciativas con un costo anual equivalente al 2,3% del PBI, mientras que otras propuestas en debate podrían representar hasta un 13,4% adicional, lo que supone riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Plantean reformas estructurales

Frente a este panorama, Valdivia enfatizó en la urgencia de impulsar reformas estructurales. Entre las principales propuestas destacó la necesidad de pasar de un modelo centrado únicamente en la ejecución de obras a uno orientado a la gestión integral de la infraestructura a lo largo de todo su ciclo de vida.

El informe recomienda reforzar los mecanismos de control y supervisión mediante la incorporación de agentes externos y la digitalización de los procesos. También plantea impulsar las asociaciones público-privadas y ampliar el uso del modelo de Obras por Impuestos (OxI) para intervenciones más integrales.

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En esa línea, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) señaló que mejorar la gestión de la inversión pública será clave para elevar la competitividad, generar empleo y sostener el crecimiento económico.