
Ciudad tomada. A la medianoche del miércoles 22 de octubre entró en vigor el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, medida que suspende por 30 días derechos constitucionales vinculados a la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito.
Desde la sede del Ministerio del Interior, el presidente José Jerí Oré lideró una jornada de coordinación con el titular del sector, Vicente Tiburcio Orbezo; el ministro de Defensa, César Díaz Peche; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo Barreto; y altos mandos policiales y militares.
Poco después, Jerí abordó un patrullero y supervisó los primeros despliegues en distritos del norte y este de la capital: Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Juan de Lurigancho, zonas identificadas por la Policía como de alta incidencia delictiva. “El Estado pasará de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad organizada. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, declaró el mandatario.
Desde el Fuerte Hoyos Rubio, en el Rímac, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas activó la fase operativa. Tropas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se desplazaron hacia Ancón, Villa El Salvador, San Borja, Surco y San Isidro, en coordinación con las comisarías locales.
La jornada nocturna culminó con una requisa en el penal de Lurigancho, encabezada por Jerí y el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, quien aseguró que se tomarán medidas inmediatas “para corregir las deficiencias de seguridad que permiten que se siga delinquiendo desde los penales”.
Durante la madrugada, la Policía Nacional ejecutó el primer operativo de gran escala bajo el nuevo régimen. En la urbanización Manzanilla, distrito de La Victoria, agentes de la División de Investigación Criminal (Dirincri) y la SUAT, dirigidos por el coronel Juan Carlos Montúfar, intervinieron una quinta señalada como refugio de delincuentes.
La operación culminó con 40 detenidos, entre ellos varios ciudadanos extranjeros con antecedentes y situación migratoria irregular. Según la PNP, los intervenidos estarían vinculados a la banda “Los Arteros del Centro”, dedicada al robo agravado, arrebatos y microcomercialización de drogas en el eje de las avenidas Aviación y 28 de Julio.
En el pasillo del predio se hallaron mototaxis y motocicletas lineales presuntamente robadas. Una de las propietarias confirmó que “llegaban desconocidos a altas horas de la noche y se refugiaban por días”.
El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso el traslado de 24 personas a la sede central de la Dirincri.
A las 4:00 p. m., un segundo operativo se ejecutó en el emporio comercial Las Malvinas, en el Cercado de Lima. Un total de 580 efectivos policiales ingresaron a las galerías de tecnología y telefonía, punto recurrente del mercado negro de celulares robados.
El general PNP Antero Mejía Escajadillo informó a La República que la acción permitió recuperar más de 30 celulares reportados como robados.
“Sabemos que la mayoría de los teléfonos sustraídos en Lima terminan en Las Malvinas. Hemos intervenido este punto porque varios agraviados, mediante GPS, rastrearon sus equipos hasta aquí. Ahora los han recuperado”, indicó el oficial.
Los aparatos fueron incautados y los propietarios citados a formalizar la denuncia. El operativo se enmarca en un plan de intervenciones simultáneas que continuará en los próximos días, según fuentes del Ministerio del Interior.
En Carabayllo, la madrugada del 22 de octubre, apenas horas antes del despliegue general, un hombre fue asesinado dentro de su vivienda. La víctima, Juan Montufar Gómez (62), trabajaba como jardinero municipal y vivía en la agrupación familiar Lomas de Primavera, según el acta de intervención policial a la que accedió La República.
El reporte consigna que, alrededor de la 1:30 a. m., vecinos escucharon varios disparos. Uno de ellos, Víctor Luis Salazar Liza, observó la puerta abierta del inmueble. A las 7:15 a. m., al no ver movimiento, alertó a la Policía.
Cuando los agentes ingresaron, hallaron a Montufar tendido boca abajo sobre su cama, con múltiples impactos de bala.
En la escena se encontraron cinco casquillos presuntamente de arma de fuego, además de señales de disparos a corta distancia. No se hallaron signos de robo ni forcejeo, por lo que la PNP no descarta un ataque directo.
Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, personal de la División de Investigación de Homicidios y representantes del Ministerio Público.
El fiscal provincial Juan Manuel Méndez Navarro dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central de Lima.
El asesinato, ocurrido el mismo día en que el Ejecutivo desplegaba sus primeras operaciones, generó preocupación por la continuidad de la violencia en zonas periféricas.
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Apenas unas horas después, alrededor de las 5:00 p. m., otro homicidio sacudió la capital. Jesús Rojas Barbarán, un obrero de la empresa contratista de una obra de pistas y veredas, fue asesinado de dos disparos en la cabeza en el asentamiento humano Flor de Amancaes, distrito del Rímac.
Según información preliminar de los vecinos, el ataque ocurrió en plena vía pública. Obreros trasladaron al herido en una camioneta policial que arribó minutos después, pero llegó sin vida al centro médico más cercano.
En paralelo a los operativos, equipos de La República recorrieron distintos puntos de la capital para verificar la presencia de fuerzas del orden durante este primer día del régimen excepcional.
En San Borja, la estación La Cultura del Metro de Lima contó con 4 suboficiales y 8 militares resguardando la zona. Los transeúntes consultados respaldaron la medida, aunque criticaron que el despliegue sea limitado al centro y los distritos de mayor visibilidad.
“Deberían estar en los conos, donde realmente hay peligro”, comentó un vecino.
En el óvalo de La Perla, en el Callao, un contingente de 8 miembros de la Marina de Guerra permaneció por breves minutos antes de retirarse. Se tomaron una foto y se movieron.
El contraste fue mayor en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país y epicentro de varios ataques recientes. En puntos críticos como San Carlos con avenida El Sol, Próceres de la Independencia, el mercado Las Camelias (donde se dejó la carta extorsiva “plata o plomo” en agosto) y el paradero 16 de Las Flores (donde un chofer fue baleado por un falso pasajero), no se registró presencia militar.
Solo en la estación San Carlos se observó a dos policías de tránsito sin mayor despliegue operativo.
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En la madrugada, un video difundido en redes mostró a efectivos policiales y serenos de Miraflores interviniendo con violencia a un vendedor ambulante de café y empanadas.
El hecho generó críticas por abuso de autoridad. La ex primera ministra Mirtha Vásquez escribió en X: “El Estado de emergencia solo sirve para reprimir al humilde. Vemos cómo la Policía abusa de un vendedor mientras ignora a los verdaderos criminales. Esto erosiona aún más la poca legitimidad que le queda a la PNP”.
Contrastes. El primer día del estado de emergencia deja una imagen contradictoria: operativos masivos y despliegues mediáticos frente a dos asesinatos cometidos en distintos puntos de Lima, sin que existan aún detenidos. Mientras el Ejecutivo promete una “ofensiva contra la delincuencia”, los hechos revelan que la violencia no se detiene y que la presencia de las fuerzas armadas sigue siendo más simbólica que efectiva.

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