





En duda. Tres mociones de censura serán discutidas el viernes. El fujimorismo presentó tarde la cuarta, y sus voceros no saben si apoyar las demás. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prefiere defender a Santiváñez y los representantes de APP siguen mudos.

Insostenible. Al cierre de esta nota, fueron presentadas tres mociones de censura impulsadas por la izquierda y Renovación Popular. Fuerza Popular preparaba la cuarta. En APP, salvo excepciones, y Perú Libre, ninguno de sus representantes se sumaron. La remoción del ministro del Interior sería debatida el viernes. Boluarte pierde apoyo para defenderlo e intenta desviar la atención con su propuesta de pena de muerte.

CRISIS. La ola criminal del fin de semana provocó que los aliados del Gobierno de Dina Boluarte retrocedan en su blindaje y pidan la renuncia del ministro del Interior. Al cierre de esta nota, había una sesión de emergencia del Consejo de Ministros y la congresista Susel Paredes había presentado una moción de censura.

La moción contra Maurate es por haber nombrado a funcionarios cuestionados en EsSalud, como María Elena Aguilar, ligada al cirujano de confianza de Dina Boluarte, Mario Cabani, quien buscó convenio para su ONG tras operarla.

Polémica. El autor de este proyecto es el congresista Luis Aragón. Plantea que los miembros de la Cámara de Senadores elijan entre sus miembros a los parlamentarios andinos. Mientras no tomen la decisión, los actuales seguirán en el cargo.

Con 81 votos a favor, el fujimorismo y sus bancadas satélites dan un golpe contra la sociedad civil para empoderar a la APCI, regular el financiamiento y sancionar actividades de las ONG

Parlamentarios de Perú Libre dicen que no recibieron oficio, pero Susel Paredes muestra que les pidió sumarse en enero. Hace dos semanas, la discusión de la censura está estancada por la falta de una firma.

La audiencia contra la congresista María Agüero continuará. Este caso también es investigado por el Ministerio Público e implica a dos extrabajadores de la congresista: Alexis de la Cruz y Edson Flores.

La lideresa fujimorista pretende evadir responsabilidad ante un Congreso con 95% de desaprobación. Dice que con APP y sus aliados solo alcanzan 53 votos. Sin embargo, eso no es cierto. Además de la cuestión de votos, está el manejo de la Junta de Portavoces, las oficinas y las comisiones.

Las imágenes dicen más que mil palabras. Las interacciones en el Pleno evidenciaron que el salvataje a Salhuana era inminente. Fuerza Popular, APP, Perú Libre y sus aliados cerraron filas para mantenerlo como titular del Congreso con 64 votos que enviaron al archivo la moción de censura.

Al cierre de esta nota, solo los grupos de Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Acción Popular firmaron, hasta ahora, el acta de Junta de Portavoces para debatir este jueves en el Pleno la ley que restituye la detención preliminar.

No hay excusas. La segunda legislatura comienza este mes con temas pendientes de ser discutidos en el Pleno: las reglas electorales, la ley sobre detención preliminar, el pedido de censura contra el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, las acusaciones constitucionales contra los detractores del Parlamento, la investigación sobre el acuerdo con Odebrecht y el caso sobre la presunta red de prostitución.

Cuando le preguntaron sobre la iniciativa de Podemos Perú para que haya candidatos invitados en planchas presidenciales, respondió que acatará lo aprobado por el Congreso.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) señaló que la propuesta legislativa de la congresista de Perú Libre es inaplicable y carente de sustento.

Pasaron por alto. En 2023 la Municipalidad de Miraflores envió una opinión en contra del proyecto porque “vulnera las prerrogativas municipales para preservar y asegurar la vida” ante la Comisión de Descentralización. El dictamen cuestionó los casos de cierre de centros comerciales en Lima.

La acusación se sostiene en que los cuatro exfiscales de la Nación habrían favorecido al expresidente Martín Vizcarra en el caso Obrainsa. Montoya pide que todos sean destituidos.

Salhuana confirmó que en marzo el Congreso debatirá la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. También invitó a la fiscal de la Nación para tratar temas de seguridad y justicia.

La iniciativa permitiría incluir candidatos no afiliados en planchas presidenciales sin elecciones internas, modificando la Ley de Partidos Políticos y afectando el cronograma electoral de 2026.

En paralelo, se preparan otras dos mociones contra el ministro del Interior por la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia y criminalidad. Se necesitan 33 firmas para ingresar el pedido.

Con 22 votos del fujicerronismo, APP y sus aliados, aprobaron acusar a Vizcarra organización criminal y con 18 votos dieron luz verde al informe que recomienda inhabilitar 10 años a Sagasti.

La acusación constitucional contra Vizcarra es por el caso Vacunagate y la que pesa contra Sagasti busca inhabilitarlo 10 años. En cambio, el Congreso blindará a la congresista Amuruz.

El informe de calificación será votado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que controla Alianza Para el Progreso. La acusación fue realizada por la fiscal Delia Espinoza.

Amenaza. Solo es cuestión de tiempo para que la coalición congresal inhabilite a estos exaltos funcionarios. En la mira también están los exministros Vicente Zeballos, José Elice, Rubén Vargas y Mirtha Vásquez. Buscan desplazarlos de la contienda electoral.

La moción considera que el ministro del Interior fracasó en la lucha contra la delincuencia. El congresista Jaime Quito adelantó que el objetivo es que este pedido se discuta en el Pleno del Congreso en marzo.

A través de dos cartas, ambos organismos electorales le respondieron a la parlamentaria de Avanza País. Como se sabe, hay una persecución del Congreso contra las ONG y sus recursos.

Sin embargo, la norma no aplicará para los congresistas que integren comisiones investigadoras y la Comisión de Inteligencia. Juristas alertan que esta ley podría afectar a fiscales, jueces, contralor, ministros y parlamentarios de otros grupos.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará este viernes dicho informe elaborado por Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, quien concluyó que la denuncia de la Fiscalía carece de pruebas.

La propuesta de Fuerza Popular y Perú Libre busca que la acción de civil para demandar reparaciones se extinga a los 10 años. El exprocurador Maldonado alerta de que esto afectará a los casos Lava Jato, violaciones de derechos humanos, lavado de activos, entre otros.

El Ejecutivo pide debatir con urgencia esta propuesta, pero congresistas de Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular, Bloque Democrático y Bancada Socialista se oponen a la iniciativa. El gobierno de Dina Boluarte no les da confianza y garantías. Además, todavía es incierto si el proyecto será discutido pronto.

Esta ley, además, permite que los abogados de los partidos sean pagados con recursos públicos. El Gobierno, otra vez como mesa de partes, dio luz verde a una contrarreforma del Congreso.

La comisión ahora estará presidida por Omar Israel Moscaiza Moncada, quien retomará el proceso disciplinario que se había caído debido a que la Jefatura de Recursos Humanos del Congreso no proporcionó la información necesaria cuando era liderada por APP.

La autora del proyecto fue la congresista Lady Camones. Su vocero Alejandro Soto pidió el retiro de la propuesta ente Oficialía Mayor del Congreso. El partido APP decidió no insistir con esta propuesta para las elecciones del 2026.

Y la cifra sería mayor tomando en cuenta a los que atraviesan investigaciones preliminares. El Ministerio Público los ha puesto en la mira por casos de recorte de sueldo, negociación incompatible, peculado, tráfico de influencias y entre otros presuntos ilícitos. El problema es que será al final el propio Congreso quien autorice el avance de las imputaciones.

Debido a la investigación que pesa en su contra por presuntas contrataciones irregulares, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso pretendió que su defensa sea pagada con recursos públicos. El exfuncionario también es investigado por la presunta red de prostitución.

"No requiere exhibir ni exponer sus identidades, tampoco ser reconocidos durante las actuaciones procesales", plantea la iniciativa del congresista Esdras Medina. El constitucionalista Heber Campos cuestionó el proyecto: "La Corte IDH sostuvo que la figura de jueces sin rostro vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos".

Una investigación de Ojo Público reveló que cerca de 20 congresistas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial y Podemos Perú, tienen familiares sancionados por contrataciones indebidas con el Estado entre 2023 y 2024.

Entre los beneficiados se encuentran los congresistas José Williams Zapata, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo AzurÍn, quienes impulsaron un proyecto cuando integraban la Comisión de Defensa periodo 2021-2022.

Las imputaciones giran sobre presunto recorte de sueldos, tráfico de influencias, peculado, negociación incompatible, entre otras. La bancada con más congresistas en la mira es Podemos Perú con Kira Alcarráz, Edgar Tello, Heidy Juárez, Darwin Espinoza, José Arriola, Jorge Flores y Guido Bellido. El avance de estos procesos depende de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, ambas en manos de APP.

Daniel Abugattás fue presidente del Congreso entre el 2011 al 2012 y formó parte de la comisión que investigó los Petroaudios.

Avanza la venganza. Con 16 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio luz verde al informe final del fujimorista Héctor Ventura que recomienda inhabilitar 10 años a Vizcarra y 5 años a los exministros Del Solar y Vicente Zeballos por la disolución del Congreso del 2019.

Fueron 16 congresistas quienes aprobaron el informe final del fujimorista Víctor Flores que recomienda acusar por negociación incompatible al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Justicia, Ana Teresa Revilla.

La exministra asegura que luego de pedir que se investigue la presunta red de prostitución, el Congreso agilizó una denuncia constitucional que Manuel Merino presentó en su contra. Este martes será la audiencia de ese caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Dos informes serán votados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: una que busca inhabilitarlo por la disolución del Congreso y otro que pretende acusarlo por negociación incompatible debido a la presunta designación irregular del exprocurador Daniel Soria. También está en la mira el exministro Salvador del Solar.

Retroceso. Son coautores de las siguientes contrarreformas: redefinición del crimen organizado, modificación de la suspensión de prescripción, facultar a la PNP la investigación de delitos, sancionar la filtración a la prensa e impunidad para casos de lesa humanidad. A eso se suma la lentitud para corregir la ley sobre detención preliminar sin flagrancia.

Según Cuarto Poder, Juan José Canales Durand, jefe del Gabinete de la Defensoría del Pueblo, compró un inmueble de 1.200.000 dólares y años después lo puso a nombre del líder de Alianza Para el Progreso.