Gobierno de José Jerí no descarta declarar toque de queda tras estado de emergencia
El primer ministro, Ernesto Álvarez, aseguró que no se ha descartado "por completo" aplicar en el futuro esta medida en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
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El presidente de la República, José Jerí, declaró estado de emergencia en Lima y Callao por un periodo de 30 días como medida para combatir la criminalidad y extorsión el último martes 21 de octubre. Sin embargo, tras su breve mensaje a la Nación —de menos de un minuto— diversos ciudadanos se preguntaron si, en un futuro, también se decretaría un eventual toque de queda.
En ese sentido, en una entrevista para Tv Perú, el primer ministro, Ernesto Álvarez, aseguró que el Gobierno no descarta aplicar dicha medida más adelante. "No por completo, pero somos consientes plenamente de que el toque de queda perjudica a gran parte del comercio de Lima y Callao. Hay turismo, hay comercio, centro de espectáculos nocturnos, etc. y gente que vive alrededor presta servicios a estos emprendimientos", respondió el presidente del Consejo de Ministros al ser consultado si se aplicaría dicha medida próximamente.
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En esa misma línea, el titular de la PCM sostuvo que el impacto económico que se generaría en ciertos negocios debido a un toque de queda, fue un punto para no implementarlo por ahora.
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"Toda medida restrictiva de libertad tiene que ser proporcional y racional siempre. No puede tomarse medidas de restricción de la libertad sin un sustento real, sin una ponderación de derechos que, realmente, justifiquen que el ciudadano de pie tenga que evitar algunas actitudes o actividades. Por eso, es que se ha descartado por ahora la restricción nocturna", resaltó.
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En la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, se establecen diversas medidas, tales como la prohibición de reuniones masivas, patrullajes en paraderos y zonas críticas, la restricción de que dos adultos circulen en una misma motocicleta y operativos de control de identidad. Además, se limita la frecuencia de visitas en los centros penitenciarios y se dispone la actuación conjunta de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal.
El decreto establece medidas para el control penitenciario y la prevención de telecomunicaciones ilícitas. Se restringen las visitas en los establecimientos penitenciarios, permitiendo una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para los del régimen cerrado especial. Este último grupo solo podrá recibir visitas de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
Como parte de las medidas para combatir las telecomunicaciones ilícitas, se implementará el apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación esencial. Además, se procederá al desmantelamiento y destrucción de antenas de telecomunicaciones ilegales, tarea que será supervisada por las Fuerzas Armadas.
