
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asuma temporalmente la presidencia por 90 días para "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación". La medida del TSJ se justifica en los artículos 233 y 234 de la Constitución, que contempla diversos escenarios ante la ausencia del presidente. Sin embargo, el mandatario Donald Trump advirtió que el país "pagará un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos. Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que, si no toman "las decisiones adecuadas", la Casa Blanca "mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección" de Washington, que desde septiembre ha realizado bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe. La administración de Trump solo está dispuesta a trabajar con el gobierno actual si se cumplen los objetivos de Estados Unidos, como abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo.
A pesar de las presiones, la Fuerza Armada de Venezuela reconoció a Rodríguez como presidenta tras la captura de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores en una operación militar que incluyó ataques en Caracas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que las fuerzas especiales estadounidenses mataron "a sangre fría" a los escoltas de Maduro, pero no especificó cuántas personas murieron ni quiénes fueron. "La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente la captura de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores", dijo en un mensaje televisado por la cadena estatal VTV.
Rodríguez, abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela e hija del guerrillero Jorge Antonio Rodríguez, es una figura central del chavismo desde hace más de dos décadas. La carrera política de Rodríguez está vinculada al legado de Hugo Chávez y a la continuidad de Nicolás Maduro desde 2013. Antes de llegar a la Vicepresidencia, presidió la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, que amplió los poderes del Ejecutivo tras la victoria opositora en las elecciones de 2015. Este episodio consolidó su imagen como una operadora política de línea dura y figura de confianza para Maduro.
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Después de los ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe y las estrategias de Washington para ejercer presión máxima sobre el régimen venezolano, el presidente Donald Trump ejecutó la Operación Resolución Absoluta para capturar a Nicolás Maduro, quien es considerado por la Casa Blanca como el presunto cabecilla de una vasta red regional de narcotráfico, denominada El Cartel de los Soles. El dictador, que afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas, se encuentra detenido en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York. "Pronto se enfrentará a toda la furia de la justicia estadounidense", advirtió la fiscal general Pamela Bondi.
La misión estadounidense incluyó una serie de bombardeos en ciudades como Higuerote y La Guaira que, según el New York Times, habrían dejado al menos 40 fallecidos. Sin embargo, el primer asalto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio venezolano fue calificado como un "acto criminal y terrorista" por Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. El funcionario de Maduro aseguró que la nación caribeña resistiría la presencia de tropas extranjeras. "Esta invasión representa la mayor afrenta que ha sufrido el país", declaró.
El gobierno de China acusó a Washington de vulnerar la soberanía venezolana e instó a Trump a "liberar inmediatamente" a Maduro. Pekín destacó que dichas intervenciones contravienen los principios de la Carta de las Naciones Unidas y reiteró la necesidad de una solución pacífica mediante la diplomacia. Antes de ser detenido, el dictador venezolano se reunió con Qui Xiaoqi, enviado especial de Xi Jinping, en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, reafirmaron la importancia de fortalecer la alianza estratégica entre ambos países en diversas áreas.
Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España firmaron un comunicado conjunto para rechazar "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en Venezuela". Sin mencionar a Estados Unidos, los gobiernos aseguraron que el ataque viola principios fundamentales del derecho internacional y el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Las naciones firmantes hicieron un llamado a "vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano". En ese sentido, el presidente Gustavo Petro rechazó los ataques y ordenó la movilización de militares a la frontera.
Corea del Norte, uno de los principales enemigos de Estados Unidos, condenó el "acto hegemónico" en Venezuela y calificó la misión de Trump como "la más grave violación de la soberanía". En consecuencia, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes 5 de enero a las 10:00 para discutir las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció la celebración de un Consejo Permanente extraordinario sobre Venezuela este martes.
A través de X, el Foro Penal hizo un llamado "al estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas presas con fines políticos en Venezuela". La ONG, que desde hace años documenta detenciones por motivos políticos en el país, aseguró que no conocen el estado actual de los presos políticos, quienes son particularmente "vulnerables" debido al aislamiento. "Nos mantenemos en contacto con sus familiares y hemos activado nuestro sistema de guardia permanente", anunciaron. En declaraciones a La República, el exdiputado venezolano constituyente de 1999, Froilán Barrios, sostuvo que, tras la captura de Maduro, se debe proceder a la "liberación de todos los presos políticos en Venezuela", como una especie de amnistía.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó que el régimen venezolano liberó a 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro en julio de 2024. La última liberación, confirmada por organizaciones civiles como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, se produjo en la víspera de Año Nuevo. Sin embargo, la asociación civil Justicia Encuentro y Perdón cuestionó la cifra oficial y afirmó que solo se concretaron 33 liberaciones. En Navidad, el régimen también anunció la liberación de 99 presos políticos, pero la organización Foro Penal precisó que, hasta el 30 de diciembre, solo se habían realizado 61 excarcelaciones. La mayoría de los detenidos permanecía en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, a aproximadamente una hora y media de Caracas.
La oposición venezolana sostiene que las liberaciones forman parte de una estrategia de 'puerta giratoria', que permite la salida de algunos presos para que otros ingresen. Según denunciaron los familiares a CNN, los excarcelados no tienen permitido salir de Venezuela, conceder entrevistas ni realizar declaraciones en redes sociales. Además, deben presentarse ante los tribunales cada 30 días y no pueden comunicarse entre sí. Estas restricciones están reflejadas en las boletas de excarcelación entregadas a los liberados.
Esta información fue respaldada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que precisó que los liberados no gozan de libertad plena, ya que "continúan en juicio y con medidas cautelares". La organización insistió en que Venezuela "necesita una amnistía general que otorgue libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos".
El futuro inmediato de Venezuela parece incierto. "No hay estado de derecho. Las instituciones están plegadas al chavismo. Es muy difícil prever qué ocurrirá, porque no hay institucionalidad", indicó el peridosta e investigador venezolano Andrés Cañizález a La República. Además, el analista sostuvo que las decisiones políticas podrían tomarse de acuerdo a negociaciones. "Estados Unidos asegura que seguirá presionando. Lo que va a ocurrir dependerá más de esos factores políticos, diplomáticos y militares que de lo que estipule una norma en Venezuela", explicó.
Froilán Barrios comentó que el "vacío de poder" debe ser llenado por la persona elegida como presidente en las elecciones del 28 de julio de 2024, y no por otro tipo de intervención o liderazgo no reconocido. "Por esa razón, no puede ser Rodríguez, quien es la vicepresidenta designada por Maduro. Eso sería legitimar una violación de la Constitución por un presidente totalmente ilegítimo que asumió en un acto de usurpación el 10 de enero de 2025. Eso solo prolongaría y agravaría aún más la crisis de Venezuela", opinó y sugirió que la "transición gatopardiana" de Rodríguez podría generar conflictos sociales en la nación.
El analista señaló que Edmundo González Urrutia (actualmente, exiliado en España) debería asumir la presidencia de Venezuela. Esta idea también es respaldada por el periodista Gregory Gómez, uno de los representantes de la diáspora venezolana en Chile, quien consideró que González "debería guiar la transición y luego convocar a elecciones".
La líder opositora María Corina Machado también dijo que González debe asumir como "legítimo presidente" de Venezuela. Sin embargo, el presidente Trump remarcó que la ganadora del Premio Nobel "no tiene el apoyo ni el respeto del pueblo" para liderar la nación caribeña.
Cañizález agregó que la ausencia absoluta del presidente obligaría a la Asamblea Nacional a convocar elecciones dentro de un plazo de 30 días. "Estados Unidos ha declarado que continuará ejerciendo presión para lograr una transición hacia la democracia, dispuesto a negociar con sectores del chavismo. Por otro lado, la primera respuesta del chavismo en Venezuela ha sido rechazar cualquier negociación", argumentó.
Durante una conferencia de prensa en Florida, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete una transición política "segura, adecuada y sostenible". No ofreció mayores detalles ni un calendario claro sobre la duración del proceso. Asimismo, el republicano aseveró que la Casa Blanca no pretende imponer directamente un nuevo líder, pero sí garantizar que la persona que asuma el poder actúe en beneficio del pueblo venezolano. Incluso advirtió que las fuerzas armadas estadounidenses están preparadas para lanzar una segunda ola de ataques.
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La captura de Nicolás Maduro dejó a la cúpula chavista desorientada. Ahora el liderazgo de Venezuela recae en manos de Delcy Rodríguez, quien, además de ser vicepresidenta, ocupa el cargo de ministra de Hidrocarburos. Desde esa posición, dirigió negociaciones con Estados Unidos y otros actores internacionales. Ella ha sido descrita por analistas y medios internacionales como una tecnócrata cosmopolita con estrechos vínculos tanto con las élites económicas venezolanas como con inversionistas extranjeros.
Pero Rodríguez no actúa en solitario. Es hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y juntos forman un dúo político que controla dos de las instituciones más estratégicas del Estado venezolano. Fue Jorge quien juramentó a Maduro para su tercer mandato consecutivo, que la oposición y gran parte de la comunidad internacional consideran fraudulento.
El poder real en Venezuela se sustenta sobre dos pilares que trascienden los cargos formales: Diosdado Cabello, ministro del Interior, considerado por analistas políticos y gobiernos extranjeros como el número dos del chavismo, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, acusado por la Casa Blanca de cobrar tarifas de protección a organizaciones de narcotráfico y permitir el tránsito de aeronaves cargadas de cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica.
El tercer eje de este entramado de poder es el fiscal general, Tarek William Saab, quien dirige el Ministerio Público y ha dictado órdenes de captura contra dirigentes opositores, entre ellos Edmundo González.

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