Gestión de Josué Gutiérrez acentúa el deterioro institucional de la Defensoría del Pueblo
Josué Gutierrez ha generado preocupación dentro y fuera del país. Trabajadores, exautoridades y entidades internacionales advierten que la Defensoría del Pueblo enfrenta un deterioro institucional marcado por silencios ante abusos, decisiones cuestionadas y una pérdida acelerada de independencia.
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La gestión de Josué Gutierrez ha profundizado el deterioro institucional de la Defensoría del Pueblo, según alertan trabajadores, exdefensores y organismos internacionales. Señalan que su conducción ha debilitado la autonomía del organismo encargado de proteger derechos fundamentales y fiscalizar al Estado.
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Diversos actores coinciden en que la institución atraviesa una crisis interna inédita. Se cuestiona el alineamiento político del defensor y su silencio frente a denuncias graves, lo que, según especialistas, afecta la credibilidad del organismo y su capacidad para actuar con imparcialidad.
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El sindicato de trabajadores sostiene que las decisiones de la actual administración han generado tensiones internas, cambios injustificados y una reducción del rol vigilante de la entidad. Para ellos, el problema no es administrativo, sino estructural: se ha comprometido la misión constitucional de la Defensoría.
A nivel externo, la gestión de Josué Gutierrez también enfrenta cuestionamientos. El Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) ha iniciado procesos de observación ante posibles retrocesos en estándares de independencia, lo que coloca a la institución peruana bajo supervisión inédita en el contexto regional.
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Exdefensores, como Walter Albán, califican este escenario como una amenaza para la democracia. Consideran que la falta de autonomía en la Defensoría no solo afecta la atención ciudadana, sino que abre espacio para interferencias políticas que debilitan la fiscalización del poder.
La combinación de tensiones internas, retrocesos institucionales y observaciones internacionales dibuja un panorama complejo. Distintas voces coinciden en que la entidad atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su creación y que las decisiones de la actual gestión están acelerando su desgaste.
De la Peña advierte además que la gestión de Josué Gutierrez ha afectado directamente la imagen pública de la Defensoría del Pueblo. Señala que los trabajadores perciben un creciente distanciamiento con la ciudadanía, que antes confiaba en la institución como un espacio de defensa frente a los abusos del poder y que hoy cuestiona su falta de pronunciamiento ante situaciones críticas.
El secretario general remarca que este escenario genera una desmotivación generalizada entre los servidores de la entidad. Sostiene que el deterioro institucional no solo se refleja en decisiones administrativas, sino también en la pérdida del sentido ético que guiaba la labor defensorial, lo que pone en riesgo la continuidad de una institución clave para la protección de derechos fundamentales.
Sindicato alerta deterioro interno y pérdida de independencia
Gilmer De la Peña, secretario general del sindicato, señaló que la etapa actual está marcada por decisiones arbitrarias que afectan la estabilidad laboral y la estructura técnica de la institución. Afirma que se han realizado cambios sin sustento técnico y que se han desplazado perfiles especializados, lo que resiente la capacidad operativa de la Defensoría.
"Los trabajadores consideran que esta gestión está destruyendo la Defensoría del Pueblo (...) Han retirado a todo el personal técnico y han puesto gente que no cumple los requerimientos para esos cargos", comentó.
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El dirigente advierte que bajo la conducción de Josué Gutierrez existe una tendencia a minimizar denuncias sensibles. Según afirma, la institución ha dejado de pronunciarse sobre casos de abuso estatal, vulneraciones de derechos y situaciones de emergencia donde históricamente intervenía con firmeza.
Para el sindicato, este silencio institucional no es casual. De la Peña asegura que existe una orientación política en la toma de decisiones, lo que afecta la autonomía del organismo y condiciona sus intervenciones públicas. Señala que esto es incompatible con el mandato constitucional de la Defensoría.
El dirigente añade que también se han registrado tensiones internas por la falta de diálogo con los trabajadores. Asegura que la gestión actual no ha instalado espacios de coordinación ni ha respondido a solicitudes formales del sindicato, lo que incrementa la incertidumbre del personal.
“Ahora hay una política de puertas cerradas. Ningún funcionario nos recibe (...) Nunca hemos tenido una gestión como esta. Antes siempre había diálogo y respeto", afirmó.
El secretario del sindicato recalca que el objetivo del sindicato no es confrontar, sino defender la misión de la institución. Por ello insiste en que la administración de Josué Gutierrez debe corregir sus decisiones, garantizar transparencia y recuperar el papel fiscalizador que ha caracterizado históricamente a la Defensoría.
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Exdefensor Walter Albán: “La Defensoría vive su momento más grave desde que fue creada”
Walter Albán, exdefensor del Pueblo, sostiene que la actual gestión atraviesa un escenario crítico porque ha debilitado los principios que sustentan la institución. Señala que la Defensoría ha perdido independencia, uno de sus pilares esenciales, y afirma que esto compromete su legitimidad ante la ciudadanía.
“La Defensoría del Pueblo hoy no es ni la sombra de lo que fue (...) El Defensor del Pueblo se ha convertido en un defensor del Congreso", acotó.
Albán considera especialmente preocupante que la institución guarde silencio frente a conflictos sociales y abusos estatales. Asegura que este tipo de omisiones no tiene precedentes y que configura un retroceso en estándares de protección de derechos que el país había consolidado a lo largo de dos décadas.
El exdefensor recuerda que la Defensoría del Pueblo debe actuar sin alineamientos políticos. Sin embargo, advierte que bajo la conducción de Josué Gutierrez se perciben decisiones orientadas a favorecer intereses del Gobierno y del Congreso, lo que evidencia una ruptura con la autonomía institucional.
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También señala que la comunidad internacional ha comenzado a observar con preocupación la situación peruana. Para Albán, la revisión internacional no es un gesto simbólico, sino una señal de alarma sobre la gravedad del deterioro institucional que atraviesa la entidad.
Albán agrega que la pérdida de independencia tiene consecuencias directas en la ciudadanía. Explica que una Defensoría debilitada reduce la capacidad del país para responder frente a abusos, violencia estatal o inacción de las autoridades, afectando a poblaciones vulnerables que dependen de su intervención.
Enfatiza que la solución pasa por recuperar la autonomía, restituir los criterios técnicos y garantizar que la institución vuelva a actuar con firmeza frente a cualquier vulneración de derechos. Asegura que, de no hacerlo, la Defensoría corre el riesgo de convertirse en un organismo irrelevante para la democracia peruana.
Walter Albán sostiene que el daño causado durante la gestión de Josué Gutierrez no se limita al corto plazo. Advierte que la captura política de la Defensoría del Pueblo puede dejar secuelas profundas en su funcionamiento futuro, pues reconstruir la confianza ciudadana y recuperar estándares internacionales de independencia demandará varios años si es que no se elige a un sucesor adecuado.
El exdefensor subraya que el deterioro institucional no es un hecho aislado, sino parte de un contexto más amplio de debilitamiento democrático. En ese marco, señala que la pérdida de autonomía de la Defensoría contribuye a un escenario en el que los ciudadanos quedan más expuestos frente a abusos de poder, sin un organismo fuerte que actúe como contrapeso efectivo del Estado.
