Política

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Durante la firma del Acuerdo Histórico Ciudadano para enfrentar la criminalidad, Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, alertó sobre una grave crisis institucional y pidió congruencia a José Jerí entre sus fotos y acciones.

Decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo
Decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo

Un amplio conjunto de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y empresariales se reunió en la sede del Colegio de Abogados del Perú para suscribir el Acuerdo Histórico Ciudadano (AHC), un pacto que busca responder al incremento de la criminalidad y denunciar la aprobación de leyes que, según los firmantes, vulneran la democracia y debilitan la institucionalidad del país. La iniciativa congregó a colectivos de diferentes regiones y sectores, que coincidieron en la urgencia de defender la vida y reconstruir la legalidad.

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Un deterioro democrático que genera alarma

Durante la ceremonia, el decano del Colegio de Abogados del Perú (CAL), Dr. Raúl Canelo, advirtió que el Perú atraviesa una grave crisis institucional. Señaló que el Congreso habría promovido normas “procrimen organizado”, las mismas que, según dijo, no contribuyen a reducir las más de 2,000 muertes registradas solo en el último año.

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“Esta es una asamblea social que representa a todos los peruanos. Para proteger la vida necesitamos derogar urgentemente las leyes pro–crimen organizado que el Congreso ha venido aprobando”, afirmó el decano. “Un poder del Estado ha sojuzgado a los demás, afectando directamente la independencia del Ministerio Público”, agregó.

Canelo también destacó que Delia Espinoza formará parte del pacto como promotora en la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. Sobre su reciente inhabilitación, el decano sostuvo que se trataría de una decisión arbitraria que deberá ser revisada por el Poder Judicial.

Mensaje directo a José Jerí: “Derogue las leyes procrimen y nos irá mejor”

Durante su intervención, Canelo dirigió un mensaje al presidente Jerí, instándolo a tomar acciones concretas para enfrentar al crimen organizado y derogar las leyes procrimen.

“Presidente Jerí, no solo importan los gestos. Lo que debe hacer es derogar las leyes contra el crimen organizado y nos irá mejor. Ahí habrá congruencia entre sus fotos y lo que realmente hace”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Palomino, también participó del encuentro y expresó su respaldo al Acuerdo Histórico Ciudadano. Desde su sector, denunció que el país enfrenta un clima de inseguridad que también afecta al transporte urbano.

“Hoy hemos visto bases sociales unidas buscando recuperar la democracia y la justicia. Vivimos bajo una dictadura legislativa que ha fabricado leyes que favorecen a los criminales. Deben derogarse”, manifestó.

Palomino además actualizó la situación del anunciado paro de transportistas, indicando que la medida, prevista inicialmente para diciembre, se encuentra en evaluación, pues gremios empresariales consideran que los paros anteriores no obtuvieron resultados.

“Es probable que el paro se suspenda hasta enero. La población necesita transporte y nosotros también necesitamos soluciones”, señaló.

Acciones inmediatas y denuncias internacionales

Como parte del evento, los promotores del AHC anunciaron que las organizaciones impulsarán acciones nacionales e internacionales para denunciar la crisis institucional. Estas incluyen comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), tal como fue adelantado en el programa oficial del acto.

También se informó que se instalará un espacio de coordinación permanente para articular esfuerzos ciudadanos y establecer una estrategia sostenida contra el crimen organizado y la violencia política.

El acuerdo surge en un contexto de incremento de delitos graves, asesinatos y extorsiones en diversas regiones del Perú. Organizaciones firmantes señalaron que la ciudadanía enfrenta riesgos crecientes y que la falta de un marco jurídico sólido agrava la situación.

Los representantes enfatizaron que la restitución plena del Estado de derecho es el primer paso para avanzar hacia una democracia inclusiva y garantizar la seguridad de la población.

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