Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

Delia Espinoza solicitó a la Defensoría del Pueblo que actúe para resguardar sus derechos fundamentales frente al proceso iniciado por el Congreso, que la acusó por infracciones constitucionales y presuntos delitos. La magistrada advirtió que se le está aplicando un trato desigual en comparación con otros fiscales que formaban parte del mismo caso.

En un documento enviado a Josué Gutiérrez, Espinoza sostuvo que el Informe Final de la Denuncia Constitucional 528 fue aprobado de manera irregular. Explicó que inicialmente todos los fiscales supremos estaban comprendidos en los hechos, pero solo se decidió continuar con el proceso contra ella. Consideró que esa decisión vulnera derechos como el debido proceso, la defensa y la imparcialidad.

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Espinoza también informó que fue citada al pleno del Parlamento para el próximo 3 de diciembre. Señaló que esta convocatoria se suma a lo que calificó como una actuación arbitraria del control político. Por ello pidió que la Defensoría supervise el cumplimiento de los deberes constitucionales del Poder Legislativo en este procedimiento.

La suspendida fiscal de la Nación rechazó nuevamente las acusaciones penales en su contra. Afirmó que no tuvo participación directa ni indirecta en los hechos cuestionados y reiteró que no existe responsabilidad penal. Además, sostuvo que se busca imputarle delitos como falsedad genérica sin sustento claro, pese a que —según indicó— la conducta atribuida sería atípica.

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Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza

Las Naciones Unidas (ONU), a través de su relatora especial para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó profunda preocupación por la situación de Delia Espinoza. Satterthwaite advirtió que los procedimientos disciplinarios, la suspensión de funciones, la reducción de su protección personal y motions en el Congreso del Perú configuran “una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procesos judiciales”.

La relatora denunció que, pese a existir una orden judicial de reincorporación al Ministerio Público, distintos organismos —incluyendo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Congreso— han obstruido su retorno. Esta actitud institucional, sostuvo, refleja una escalada de hostigamiento hacia la fiscal y supone un riesgo grave al principio de independencia judicial.

Finalmente, Satterthwaite criticó la aprobación por parte de la Comisión Permanente del Congreso de una moción para inhabilitar a Espinoza por 10 años. Para la experta, esta maniobra constituye un castigo por su labor como fiscal suprema y un precedente peligroso para la autonomía de jueces y fiscales en el país.