JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de su presidente Gino Ríos, presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial porque supuestamente cometió un "menoscabo de atribuciones". El motivo es por intervenir en el proceso de suspensión de la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza, así como por admitir una acción de amparo de IDL en contra de las elección de los miembros de la institución.

Este pedido de la JNJ se da 8 días después de que el Noveno Juzgado Constitucional ordenó suspender todos los procesos disciplinarios contra Espinoza Valenzuela con la finalidad de que retorne a su cargo como titular del Ministerio Público.

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En el documento compartido por el periodista Diego Casimiro, la JNJ sustenta su pedido en "el uso indebido de sus competencias por parte del Poder Judicial" porque "contraviene el principio de separación de poderes" establecidas en los artículo 154 y 157 de la Constitución Política.

Las razones

Primero, en cuanto a la reposición de Delia Espinoza. La JNJ señala que todavía no han sido notificados "debida y formalmente" y que han tomado conocimiento de la decisión del Poder Judicial a través de los medios de comunicación.

Esto es por la resolución del Noveno Juzgado Constitucional que le otorga dos días para reponer a Espinoza en el cargo.

Sobre ese hecho, la demanda competencial menciona que ello "constituye una extralimitación de las competencias" del Poder Judicial y constituye "una ruptura del principio de congruencia procesal".

"Las cosas no podrían ser de otra manera pues, como consecuencia de la Resolución 9 del 10 de noviembre de 2025, una medida cautelar adoptada por la JNJ en el marco de un procedimiento disciplinario de la máxima importancia, conforme a sus atribuciones constitucionales, está en riesgo de terminar siendo desconocida", advierte.

JNJ en contra de la demanda interpuesta por IDL por la elección de sus miembros

Segundo, la JNJ argumenta que el pedido que hizo IDL al Poder Judicial en febrero de este año — a través de una acción de amparo— contra la Comisión Especial de Selección de Miembros de la JNJ para dejar sin efecto la elección de sus integrantes "generaría un impacto absolutamente negativo en el marco de sus competencias asignadas por la Constitución y su Ley Orgánica.

"Si una medida cautelar semejante llegara a aprobarse, la JNJ se vería impedida de continuar tramitando los procesos de selección y ratificación, así como los expedientes disciplinarios, a su cargo", dice la JNJ y señala que, una eventual situación, "los llevaría a la parálisis lo que causaría un perjuicio grave sobre el funcionamiento del Sistema de Justicia".

En pocas palabras, la JNJ menciona que, si bien el Poder Judicial tiene dentro de sus competencias resolver demandas de amparo contra la institución, "ello implicaría una afectación directa a las funciones constitucionales" y "se produciría un ejercicio irregular de las competencias por parte del Poder Judicial".

Además, agrega, una decisión judicial que ordene desactivar totalmente las funciones de la JNJ "constituiría un claro menoscabo al ejercicio de las funciones".

En febrero de este año, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y dos ciudadanas presentaron tachas al proceso de selección de los miembro de la JNJ porque notaron presuntas irregularidades. Sin embargo, no fueron atendidas.

"Desde el inicio no se ha compartido con la sociedad documentación, herramientas y protocolos que pudieron evitar que las bases del concurso tengan deficiencias sobre instrumentos que ayudan a prevenir conflicto de interés o a ver que los méritos académicos son sustentados", declaró a La República en septiembre de este año la abogada Cruz Silva.