Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos
Ante la justicia. La candidata fujimorista y Pier Figari son acusados de aprovecharse de la red de lavado que montó el excongresista Joaquín Ramírez con fondos desfalcados a la desaparecida Universidad Alas Peruanas. Y a Luis Galarreta y Miguel Torres se les imputa haber financiado con dinero sospechoso la campaña del falso fraude electoral de 2021.
- Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha y pagos a los seleccionados
- Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales
El martes 21 de octubre de 2025, el Tribunal Constitucional falló a favor de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori y otros dirigentes del partido naranja, procesados por presunto lavado de activos. La decisión, que implicó el final anticipado del llamado “Caso Cócteles”, representó una suerte de reivindicación y alivio para la hija mayor de Alberto Fujimori, porque reforzó la imagen de una supuesta “persecución política”, que nunca existió. Como si todo hubiera sido cronometrado, nueve días después de la decisión del colegiado constitucional, el jueves 30 del mismo mes, Keiko Fujimori anunció su cuarta postulación a la presidencia con los aires de no tener deudas pendientes con la justicia.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Pero la realidad es otra.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Keiko Fujimori, sus compañeros de la plancha presidencial, Miguel (Miki) Torres Morales y Luis Galarreta Velarde, además de sus importantes colaboradores y candidatos al Congreso, Pier Figari Mendoza, Karina Beteta Rubin y Milagros Takayama Jiménez, afrontan graves casos de lavado de activos.
El caso más avanzado es la denuncia que formuló el fiscal Wilson Salazar Reque contra la aspirante presidencial Keiko Fujimori y Pier Figari, el jueves 25 de julio de 2019, y que incluyó al exsecretario general de Fuerza Popular y excongresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra, y a su hermano Osías Ramírez Gamarra, quien también ejerció como legislador naranja.
Fuerza Popular | Keiko Fujimori | lavado de activos Keiko Fujimori
De acuerdo con el expediente del caso al que tuvo acceso La República, el fiscal especializado en lavado de activos, Wilson Salazar, el exrector y exgerente general de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Fidel Ramírez Prado, y miembros de su familia, entre ellos los hermanos Joaquín y Osías Ramírez, desfalcaron al centro de estudios -de propiedad de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas- por más de S/700.000.000.
Según la investigación del fiscal Salazar, Fidel Ramírez y su sobrino Joaquín Ramírez diseñaron un plan de expansión de la UAP con fondos de esta entidad, que consistía en la edificación, compra o alquiler de inmuebles en distintas localidades del país, mediante contratos leoninos con empresas inmobiliarias y constructoras que eran de propiedad del mismo Joaquín Ramírez, o estaban bajo control de sus testaferros.
El exsecretario general de Fuerza Popular y exjefe de campaña de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, ex ministro de Alberto Fujimori, fue quien introdujo a Joaquín Ramírez al partido fujimorista como militante y financista. Ese año Ramírez postuló y ganó un escaño en el Congreso.
El padrino Joaquín
Una vez que culminó su periodo como legislador, Joaquín Ramírez se convirtió en secretario general de Fuerza Popular y condujo la campaña por la segunda postulación presidencial de Keiko Fujimori, en 2016. La candidata instaló su cuartel general electoral en la calle Bucaré, en La Molina, al tiempo que presidía la organización no gubernamental Oportunidades para el Desarrollo, y cuyo local se ubica en la calle Huiracocha, en Jesús María. Ambos inmuebles son de propiedad de la empresa Lima Ingeniería y Construcción, de propiedad de Joaquín Ramírez.
Keiko Fujimori no podía desconocer sobre las actividades presuntamente ilícitas de Joaquín Ramírez, porque dos años antes, en 2014, la procuradora Julia Príncipe Trujillo denunció al dirigente fujimorista por lavado de activos, un caso anterior al caso del desfalco en agravio a la UAP, formulado en 2019.
A diferencia del “Caso Cocteles”, en el que según el Tribunal Constitucional no existe delito de lavado de activos porque el dinero que recibió Keiko Fujimori para financiar sus campañas presidenciales en 2011 y 2016, supuestamente no era de origen ilícito; el fiscal Wilson Salazar sostiene que Joaquín Ramírez usó fondos desfalcados a la UAP para sostener a Fuerza Popular y a su candidata en 2016.
Joaquín Ramírez también cedió a Keiko Fujimori una casona en la cuadra 40 donde se instaló la sede principal de Fuerza Popular. Conforme al fiscal Wilson Salazar, el inmueble lo adquirió con fondos de la UAP Edmond Jordan Montes, un operador de Joaquín Ramírez que manejaba varias de sus empresas.
Precisamente, fue Edmond Jordan quien compró a Keiko Fujimori y a su exesposo Mark Vito Villanella un inmueble en Cieneguilla por US$201.010, por el que la pareja había pagado originalmente US$144.946.
Durante la indagación el fiscal Wilson Salazar encontró 96 transferencias efectuadas por empresas de Joaquín Ramírez -que a su vez estaban vinculadas con la UAP- a nombre del exsecretario general de Fuerza Popular, Pier Figari Mendoza, actual candidato al Congreso. Interrogado por los más de US$181.500 que recibió entre 2013 y 2017, Figari alegó que eran pagos por “asesorías”. Con ese dinero el candidato fujimorista adquirió un inmueble en Chacarilla del Estanque y tres automóviles Mercedes Benz, conforme al expediente del caso.
Recientemente, el lunes 15 de diciembre de 2025, el Poder Judicial dispuso la incorporación del partido Fuerza Popular en el caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori, los hermanos Joaquín y Osías Ramírez, y Pier Figari Mendoza. El fallo judicial acogió el planteamiento del fiscal Wilson Salazar, quien afirma que los Ramírez usaron al partido fujimorista como “brazo político” para consumar las acciones de lavado de activos, con consentimiento de la candidata Keiko Fujimori.
El falso fraude electoral
“Fuerza Popular favoreció la comisión de lavado de activos agravado mediante la utilización de su organización, estructura financiera y organización por parte de los procesados Keiko Fujimori, Pier Figari Mendoza, quienes son imputados en calidad de autores”, señala la resolución judicial que incluyó a Fuerza Popular en el caso.
“(Además), con la agravante de haber pertenecido a una organización criminal liderada en su momento por el extinto ciudadano Fidel Ramírez Prado (exrector y exgerente de la UAP), ejecutaron actos de ocultamiento y tenencia del dinero maculado proveniente de las empresas de Joaquín Ramírez”, indica el mandato judicial.
A este gravísimo caso se suma la reciente resolución de la fiscal especializada en lavado de activos, Manuela Villar Ramírez, quien el martes 30 de septiembre de 2025, dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria por crimen organizado contra el partido Fuerza Popular y su plancha presidencial: Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres Morales. También aparecen involucradas las candidatas a la Cámara de Diputados, Karina Beteta y Milagros Takayama.
La fiscal Villar atribuye a Keiko Fujimori, en su condición de presidenta de la organización política, y a sus subordinados Luis Galarreta (secretario general), Miguel Torres (subsecretario general), Karina Beteta (tesorera) y Milagros Takayama (representante), haber accedido, dispuesto y fondos públicos y privados entre 2020 y 2021.
Por un lado, la autoridad descubrió que el partido naranja usó fondos públicos indebidamente para cubrir los gastos de la campaña presidencial de 2021 (más de S/1.600.000). La fiscal también imputó a Fuerza Popular y Keiko Fujimori haber captado dinero sin declarar para financiar una estrategia legal contra los resultados de la segunda vuelta presidencial, alegando sin pruebas un fraude electoral a favor del candidato Pedro Castillo.
“Los investigados tuvieron participación en un esquema organizado de captación de fondos de origen presuntamente ilícito, que habrían sido canalizados a través de mecanismos opacos -como aportes anónimos y falsos aportantes- para financiar masivamente recursos impugnatorios ante los órganos del sistema electoral, específicamente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE)”, describe la fiscal Manuela Villar en su resolución. En este caso la suma comprometida alcanzaría a S/1’309.770.
Es el único caso en el que toda una plancha presidencial está comprometida en casos de lavado de activos.
PUEDES VER: Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales
El silencio fujimorista ante los hechos
- La abogada de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, Giulliana Loza Ávalos, no contestó a las solicitudes de entrevista para que responda a las imputaciones del Ministerio Público contra sus clientes por lavado de activos.
- La coordinadora de comunicaciones de Fuerza Popular, Flor Meza Rivera, afirmó que haría la consulta a la dirigencia del partido naranja ante un pedido de este periódico para que ofrezcan su versión de los hechos señalados por las fiscalías de lavado de activos. No hubo respuestas.
- En 2012, la Promotora Inmobiliaria Primavera, de propiedad de Joaquín Ramírez, vendió al fujimorista Luis Galarreta Velarde un departamento por S/251.750.000.
- Edmond Jordán Montes, testaferro de Joaquín Ramírez, controlaba la mencionada empresa, que es parte de la red de lavado de activos, según la fiscalía.
