¿Qué está pasando en Brasil? Las claves para entender la guerra contra el grupo criminal Comando Vermelho
El contexto de inseguridad se intensifica con la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil. Lula promulga nuevas leyes para refuerzo de sanciones, pero el miedo persiste en las comunidades.
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Río de Janeiro, la ciudad de la samba y el carnaval, fue escenario esta semana de la operación policial más violenta de su historia. En las comunidades de Penha y Alemão, 121 personas murieron durante un operativo contra el Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa de la urbe.
El llamado “Operativo Contención” movilizó a más de mil agentes de la Policía Militar y se desarrolló en zonas donde viven unas 280.000 personas, bajo un control casi total de las facciones del crimen organizado. “Antes del operativo la vida transcurría con normalidad, pero cada incursión policial paraliza todo. La gente vive con miedo”, relató el periodista Renato Souza, del diario Correio Braziliense.
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El gobernador de Río reconoció que nueve millones de metros cuadrados del estado están bajo dominio criminal. En esas áreas, las bandas controlan no solo el tráfico de drogas, sino también servicios básicos como electricidad, gas e internet que cobran ilegalmente a los vecinos.
Crimen y Estado: una frontera difusa
El Comando Vermelho, con influencia en decenas de favelas, mantiene una red de extorsión a comerciantes y vínculos con el tráfico de armas procedentes de Paraguay y Bolivia. Su rival, el Primer Comando de la Capital (PCC), ha expandido su poder económico mediante negocios legales —gasolineras, refinerías, empresas de transporte—, según la reciente operación “Carbonoculto” de la Policía Federal, que rastreó movimientos por 40 mil millones de reales.
De acuerdo con fuentes la Policía Civil obtenidas por el medio Globo, entre los 91 fusiles incautados había armas provenientes de los ejércitos de Venezuela, Argentina, Perú y Brasil. El delegado Vinicius Domingos, de la Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos, detalló que las insignias y grabados en varios de los fusiles apuntan a conexiones entre el Comando Vermelho (CV) y facciones de otros estados brasileños. Algunos rifles presentan inscripciones con apodos de narcotraficantes, artículos del Código Penal o referencias a grupos del Nordeste y del Norte del país, como la Família do Norte. Las armas, de calibres 5,56 y 7,62, serán sometidas a peritaje para rastrear su origen, mientras que las que se encuentren en condiciones óptimas podrían pasar al arsenal policial.
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Una crisis que impacta en la política
El operativo se produce a pocos meses para que inicie la campaña de las elecciones presidenciales de 2026, en un contexto donde la seguridad domina el debate público. Las encuestas anticipan un nuevo enfrentamiento entre Luiz Inácio Lula da Silva y las facciones del bolsonarismo, polarizadas entre la promesa de mano dura y la defensa de los derechos humanos.
La falta de coordinación entre el Gobierno Federal y el estado de Río expuso tensiones institucionales. Mientras el gobernador busca mostrarse inflexible frente al crimen, el Ejecutivo nacional intenta marcar distancia del operativo más sangriento en la historia reciente.
Analistas consideran que la seguridad pública se consolida como el eje central del voto brasileño, en un país donde, según reportes del portal Fogo Cruzado, cada día se registra un tiroteo en alguna favela.
Lula endurece la legislación, pero el miedo persiste
Ante la creciente preocupación social, el presidente Lula promulgó una ley que agrava las penas para quienes obstruyan investigaciones criminales y creó, junto al gobierno de Río, una oficina conjunta de seguridad pública. La propuesta, publicada en una edición especial del Boletín Oficial, será enviada a la Cámara de Diputados con una solicitud de tramitación urgente, según confirmó el presidente de la Cámara, Hugo Motta, quien la calificó como una prioridad legislativa.
El proyecto establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes integren facciones criminales —nuevo término legal para referirse a las organizaciones delictivas calificadas— y refuerza el poder del Estado para investigar y asfixiar financieramente a estos grupos. También contempla la creación de nuevas herramientas de investigación para fortalecer la acción policial y judicial.
Sin embargo, en las comunidades de Penha y Alemão predomina la sensación de abandono. Las familias temen nuevas represalias y denuncian abusos policiales. Según relata Souza, las autoridades aseguran que los fallecidos pertenecían al Comando Vermelho, aunque las pericias forenses continúan y entre las víctimas hay cuatro policías. Mientras tanto, en los barrios afectados predominan el miedo, que deja escuelas cerradas y las calles vacías.
