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Malas noticias para inmigrantes en EEUU: estos estados podrían limitar la atención médica para indocumentados

Ante crisis fiscales, varios estados consideran reducir el acceso a programas de salud para inmigrantes indocumentados, a pesar de contar con leyes estatales que lo permitían previamente.

Los recortes propuestos en estados como California, Minnesota e Illinois reflejan el conflicto entre los ideales progresistas y la presión fiscal.
Los recortes propuestos en estados como California, Minnesota e Illinois reflejan el conflicto entre los ideales progresistas y la presión fiscal. | CNN

Diversos gobiernos estatales en EE. UU., incluso algunos con políticas progresistas, están considerando restringir el acceso a servicios médicos para inmigrantes indocumentados debido a problemas fiscales. Estados como California, Minnesota e Illinois, que antes promovían reformas para ampliar la atención sin importar el estatus migratorio, enfrentan ahora la posibilidad de revertir esos progresos ante crecientes déficits presupuestarios.

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El tema pone en tensión las políticas humanitarias y los compromisos sociales adoptados por los gobernadores demócratas. Las decisiones, impulsadas por una necesidad de ajuste financiero, han provocado críticas tanto de republicanos que acusan un gasto excesivo como de legisladores progresistas que ven estas medidas como una traición a las comunidades migrantes. El debate crece mientras miles de beneficiarios podrían perder o ver limitado su acceso a servicios médicos básicos.

California congela inscripciones a Medi-Cal para indocumentados

El estado de California, considerado un modelo de inclusión en políticas de salud, enfrenta un déficit fiscal de 12 mil millones de dólares. Ante esta crisis, el gobernador Gavin Newsom propuso congelar las nuevas inscripciones al programa Medi-Cal para adultos indocumentados a partir de 2026. Esta medida representa un giro inesperado en la postura del estado, que hace apenas un año amplió el acceso a Medi-Cal a toda la población sin importar su estatus migratorio.

Además de la congelación, Newsom planteó una prima mensual de 100 dólares para los beneficiarios actuales, excluyendo únicamente a mujeres embarazadas y casos de emergencia. Aunque los adultos que ya están inscritos conservarán su cobertura, las barreras económicas podrían desalentar su permanencia. El plan fiscal busca preservar la sostenibilidad del sistema, pero legisladores del Caucus Latino y organizaciones proinmigrantes consideran que se pone en riesgo el bienestar de comunidades vulnerables.

Minnesota enfrenta sobrecostos en su programa MinnesotaCare

Minnesota también atraviesa una situación compleja tras la ampliación de su programa MinnesotaCare, que en 2025 incluyó a inmigrantes indocumentados. El plan, inicialmente estimado en 196 millones de dólares para cuatro años, ahora costará más de 550 millones, ya que los fondos federales no pueden aplicarse a personas sin estatus legal. Toda la carga económica recae en el presupuesto estatal.

Esta diferencia entre la proyección inicial y el gasto real generó críticas, especialmente por parte de legisladores republicanos que cuestionan la viabilidad del programa. Defienden la idea de que los recursos públicos deben priorizar a ciudadanos y residentes legales. En tanto, sectores demócratas sostienen que la atención médica es un derecho humano y buscan preservar el acceso. La discusión en Minnesota refleja la tensión entre el idealismo político y las limitaciones económicas.

Illinois también analiza recortes en salud para indocumentados

Illinois, otro estado con historial de políticas inclusivas, también considera ajustes a sus programas de salud para inmigrantes indocumentados. El gobernador J.B. Pritzker propuso una revisión del presupuesto destinado a estos servicios como parte de su plan para estabilizar las finanzas del estado.

Este posible retroceso genera preocupación entre defensores de derechos humanos y autoridades locales, que alertan sobre las consecuencias negativas para la salud pública. Afirman que restringir el acceso médico a personas indocumentadas podría provocar costos más altos a futuro, tanto en lo económico como en lo social. También destacan que numerosos trabajadores indocumentados contribuyen con impuestos estatales y locales, sin obtener beneficios equivalentes.

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