MEF impulsa "shock de desburocratización" mientras sindicatos alertan riesgos laborales

El Gobierno del presidente José Jerí Oré reafirmó hoy su compromiso con la productividad, la competitividad y la seguridad jurídica, al presentar los avances del shock de desburocratización nacional liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante el cierre del encuentro con los gremios empresariales, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, informó que el proceso ha identificado 660 intervenciones para simplificar normas, optimizar procedimientos y eliminar sobrecostos administrativos. De ese total, 451 medidas ya fueron culminadas, lo que representa un avance del 68%, mientras que 209 se encuentran en ejecución en coordinación con los distintos sectores y niveles de gobierno.

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“Desburocratizar, destrabar y simplificar no es solo un objetivo de gestión, es una decisión política del Gobierno del presidente José Jerí para devolverle agilidad al Estado y confianza al inversionista. Estamos ordenando con evidencia y actuando con eficacia”, afirmó Miralles.

Asimismo, destacó que la cobertura es multisectorial —no solo minería— e incluye comercio exterior y agroindustria: “Buscamos generar mejores condiciones para que los empresarios puedan ejecutar inversiones, generar empleo y mejorar la competitividad del país”.

Los resultados de este esfuerzo ya se reflejan en los sectores productivos. En minería e hidrocarburos se han destrabado proyectos de alto impacto como San Rafael, Retamas y Lote 95, con inversiones conjuntas superiores a US$200 millones. En energía y electricidad, se aprobaron estudios e iniciaron operaciones en proyectos estratégicos como La Niña–Piura, Piura Nueva–Colán, Belaunde Terry–Tarapoto y Puerto Maldonado–Iberia, que fortalecerán la capacidad eléctrica del norte, oriente y sur del país.

En comercio, transporte, construcción y agroindustria, las medidas desregulatorias han reducido tiempos de tramitación, unificado licencias y acelerado procesos de digitalización, generando mayor predictibilidad para invertir y operar.

“Tan grave como la corrupción es mantener requisitos innecesarios que abren espacio al aprovechamiento indebido. Simplificar no es improvisar: es ordenar con transparencia y responsabilidad para que cada inversión se traduzca en empleo y bienestar”, subrayó la ministra de Economía y Finanzas.

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Sindicatos advierten riesgos laborales del shock desburocratizado

En contraste, Julio César Bazán Figueroa, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú), cuestionó que la política anunciada por el MEF sea, en realidad, la continuidad del denominado shock de inversiones implementado durante el gobierno de Dina Boluarte.

“Esta política es la continuidad de otras que en su momento llamaron un shock de inversiones, donde incorporaban cuatrocientas cincuenta y tantas medidas para dar confianza a los inversionistas, generar empleo, etcétera, cuando lo real era permitir el abuso y la arbitrariedad de las empresas”, señaló Bazán.

El dirigente sindical advirtió que ese tipo de medidas incluyeron intentos por derogar el decreto 001 sobre tercerización fraudulenta, modificar el decreto 014 que protege la libertad sindical y la negociación colectiva, y debilitar normas laborales que garantizan derechos fundamentales.

“Todo el paquete estaba orientado a favorecer la conducta empresarial irresponsable, cuando lo que el Estado debe promover es la conducta empresarial responsable, respetuosa de los derechos laborales”, remarcó.

En la misma línea, el Secretario General Adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, sostuvo que el actual "shock desburocratizador" es una reedición del llamado “shock desregulatorio”, impulsado en anteriores gestiones, que “a todas luces busca seguir afectando los derechos de los trabajadores”.

Recordó que durante la gestión del exministro de Trabajo Daniel Maurate se planteó dejar sin efecto los Decretos Supremos 001 y 014 del 2022, normas que el propio ministerio promulgó para frenar el uso indebido de la tercerización y fortalecer la libertad sindical.

“El sector empresarial denunció esas medidas porque limitaban la contratación de empresas tercerizadoras incluso dentro del núcleo del negocio”, señaló.

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Minaya añadió que el Decreto Supremo 014, que protege el derecho a la libertad sindical, ha sido motivo de debate internacional: “El Perú ha sido calificado por la OIT, en 2023 y 2025, como país infractor del Convenio 87, porque aquí la libertad sindical está muy restringida”, afirmó.

A su juicio, eliminar o debilitar estas normas implica retroceder aún más en materia de derechos laborales.

“Esta situación ahora se agrava con el nuevo nombre que le están dando de desburocratización, porque entendemos que en el aspecto de productividad y competitividad van a ir sobre los trabajadores del sector público, poniendo en riesgo su estabilidad”, añadió Bazán.

El dirigente de la CGTP coincidió en que este tipo de reformas terminan beneficiando principalmente a las grandes empresas, sin atender a las micro y pequeñas, que enfrentan falta de acceso a crédito, tecnología y ahora también a seguridad, al estar expuestas a extorsiones y amenazas del crimen organizado.

“En lugar de atender esos problemas, el Ejecutivo prioriza medidas que solo favorecen a la mediana y gran empresa”, subrayó.

Bazán afirmó que la CUT rechaza este tipo de políticas porque “ocultan su verdadera intención en el terreno laboral”, y recordó que durante el gobierno anterior también se pretendió “eliminar o consolidar varios programas específicos”, afectando a trabajadores del Estado.

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Para el dirigente, la principal preocupación es que “estas medidas sirvan para justificar el abuso empresarial en la empresa privada, los despidos, la reducción de personal, la tercerización fraudulenta y el bloqueo a las negociaciones colectivas”.

“En el sector público, además, existe el riesgo de despidos arbitrarios bajo criterios subjetivos. Lo que exigimos es una garantía de que el Estado cumplirá y hará cumplir los derechos fundamentales de los trabajadores, tanto en la empresa privada como en la administración pública”, enfatizó.

Bazán también exhortó al Ejecutivo a atender al 70% u 80% de trabajadores que se generan su propio empleo en la economía informal, mediante apoyo a sus unidades productivas.

“De esa manera podría mejorar la economía y las condiciones de vida de la ciudadanía, que debería ser el verdadero objetivo del Estado”, remarcó.

Por su parte, Minaya señaló que la CGTP ha presentado su agenda laboral al actual ministro de Trabajo, exigiendo que se fortalezcan los mecanismos de protección frente a los despidos individuales y colectivos, así como garantías efectivas para los dirigentes sindicales.

“El Ministerio de Trabajo está en la tribuna observando; sus procedimientos son obsoletos y no protegen a los trabajadores ni a quienes deciden formar sindicatos”, denunció.

También anunció que el próximo 14 de noviembre la CGTP se movilizará junto a diversos gremios y colectivos “para reclamar la defensa de la vida, el trabajo y los derechos fundamentales del pueblo peruano”.

Finalmente, el líder sindical de la CUT señaló que el perfil del MEF se mantiene pese al cambio de autoridades, y que las medidas recientes “profundizan una política que aleja al país de las recomendaciones de la OCDE sobre derechos laborales fundamentales”.

“Este tema no es solo una demanda de los trabajadores del Perú, sino una recomendación de la OCDE para poder ingresar a ese club de países. Ignorarla retrasa ese proceso”, concluyó.