Inseguridad alimentaria golpea más a regiones del norte

La inseguridad alimentaria durante el 2022 afectó a cerca de 258 millones de personas en 58 países del mundo. La cifra es casi 38% más que lo registrado en el año previo cuando alcanzó alrededor de 192 millones de personas, según el último Informe global sobre crisis alimentarias 2023 (GRFC por sus siglas en inglés) elaborado por el Banco Mundial.

Esta cifra incluye a 56,8 millones de personas afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos, 83,9 millones por las conmociones económicas producto de la pandemia del COVID-19 y la guerra; así como a 117 millones de víctimas de los conflictos y la inseguridad.

La crisis en la región

En Latinoamérica y el Caribe, la crisis alimentaria alcanzó a 7,8 millones de personas en 8 países donde el organismo multilateral pudo obtener información.

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El país más perjudicado fue Haití, donde el 48% de su población se encuentra con inseguridad alimentaria, seguido por Honduras y Guatemala con el 26% y 28% de sus habitantes en esta condición.

En el caso del Perú, el informe indica que los datos no cumplían con los requisitos GRFC, por lo que no se registra el número de personas afectadas por la crisis.

Sin embargo, el Banco Mundial, en otro informe, denominado Actualización sobre la seguridad alimentaria, correspondiente a este mes, advierte que, en marzo del 2023, Perú se encontró con el inicio del fenómeno El Niño Costero, lo que, junto con el ciclón Yaku, produjo fuertes lluvias e inundaciones, y provocó que aproximadamente 517.000 personas necesiten asistencia, según la Red Humanitaria Nacional.

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En tal sentido, estima que los desastres naturales habrían afectado aproximadamente a 92.000 viviendas y dañado las principales infraestructuras y vías de comunicación.

No obstante, considera como “la necesidad más apremiante la seguridad alimentaria, en particular en zonas rurales y periferias urbanas”.

Además, destaca que, según una evaluación reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, las lluvias y las inundaciones han afectado gravemente a las familias campesinas de las zonas rurales, con más de 38.000 hectáreas de cultivos dañados y 22.000 hectáreas perdidas.

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“Los medios de subsistencia de estas personas se están deteriorando, lo que lleva a un daño angustioso en su dieta”, alerta.

Asimismo, puntualiza que, incluso antes de la emergencia climática, el 55% de la población en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes vivía una situación de inseguridad alimentaria moderada a severa.

Problema estructural

El elevado número de personas en situación de inseguridad alimentaria en estas regiones del norte del país se debe a que estas zonas, si bien cuentan con dinamismo económico, también registran carencias en servicios y deficiencias nutricionales, comenta Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

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“Son zonas que producen inclusive para la exportación, pero hay desigualdades que las estadísticas encubren muchas veces”, señala.

Además, menciona que la inseguridad alimentaria en el Perú siempre ha existido. “Nuestro país tiene una proporción importante de la población que vive dentro de una inseguridad alimentaria, estructural y sistemática”, destaca.

En tal sentido, menciona que esta situación ha sido agravada por factores como la crisis derivada de la inestabilidad política y la crisis internacional por la guerra en Ucrania. También indica que han influido la pandemia del COVID-19 y las variaciones de los precios internacionales de productos como el trigo, el maíz, los combustibles y la urea.

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Cómo afrontar la crisis

La crisis climática afecta los ciclos de producción de los cultivos, bien ralentizando o acelerando procesos como la floración o la producción.

Por ello, una forma de enfrentar estos fenómenos es asesorando a los agricultores a sembrar cultivos transitorios alternativos y afines a las condiciones climatológicas, recomienda Lorenzo del Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café (JNC).

Por su parte, el representante de Cepes complementa que en este escenario es decisivo el rol de los Gobiernos regionales y locales.

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Además, añade que se debe hacer más rentable la actividad agrícola a través de la promoción de la asociatividad en organizaciones como comités, asociaciones y cooperativas. Así como mediante la capacitación en temas cruciales como el manejo del agua.

Asimismo, ambos especialistas coinciden en que es de vital importancia el apoyo financiero. “Los créditos que tenían los agricultores tienen que reprogramarse, condonarse los intereses, y si se puede a los productores de menos de 10 hectáreas debería condonarse (la deuda)”, subraya el vocero de la JNC.

En tanto, Franklin Suárez, especialista de la Dirección General Agrícola y Agroecología del Midagri, destaca que la cartera, en el marco del plan Con Punche Perú, ha destinado S/800 millones para mejorar la infraestructura hídrica como canales y compuertas, principalmente orientada a la agricultura familiar.

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Finalmente, añade que diversas direcciones del ministerio se encuentran elaborando planes de acción que irán asociados a un incremento u optimización de la partida presupuestaria del sector.

Medidas para impulsar el agro

En febrero de este año, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego lanzó Con Punche Agro, un paquete de medidas por un valor de S/1.070 millones para reactivar al sector.

A la fecha, se ha aprobado la ejecución de 21.666 actividades de limpieza y descolmatación de canales (S/268,4 millones).

Se brindó asistencia técnica a 9 regiones, priorizando las que se encuentran declaradas en estado de emergencia (Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad).

Finalmente, a través del programa Recupérate Ya, se ha atendido a 205.000 productores a nivel nacional, un equivalente a 332.000 hectáreas de cultivo.

Los productores de 408 distritos recibieron una subvención de S/800 por hectárea como forma de recuperar su economía afectada por la crisis climática.

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El dato

Los fenómenos meteorológicos extremos fueron los principales causantes de la inseguridad alimentaria aguda en 12 países del mundo.

Reacciones

Laureano del Castillo, director ejecutivo del Cepes

“Hay una enorme tarea de los Gobiernos subnacionales para promover la agricultura. Para ello, se tiene que dotar de profesionales y equipos adecuados para cumplir sus funciones”.

Lorenzo Castillo, gerente de la JNC

“El Seguro Agrario Catastrófico posee un limitado número de productores. Además, tiene una limitación de cubrir hasta S/800 por hectárea. Como está diseñado, no es una forma de encarar la crisis”.