
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) es claro: aunque la presidenta de la República goza de inmunidad penal durante su mandato, su entorno sí puede ser investigado por el Ministerio Público. Pese a ello, el ministro de Transportes, César Sandoval, intentó desviar la atención sobre el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, afirmando que la medida era una “persecución política” contraria a la Constitución.
En un mensaje difundido en redes sociales, Sandoval sostuvo que la Fiscalía abusa de su poder y que el procedimiento contra Nicanor Boluarte es “una muestra de acoso permanente” contra Dina Boluarte y su familia. Incluso fue más allá y planteó la reestructuración del Ministerio Público y del Poder Judicial, una narrativa que repite el libreto de la presidenta: victimizarse frente a los procesos judiciales y poner en cuestión la autonomía de las instituciones.
"No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga cometiendo una persecución política (...) Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad y la reorganización total del Poder Judicial", se lee en la publicación.
Sin embargo, el propio pronunciamiento del TC contradice estas declaraciones. El documento, referido al caso de inmunidad presidencial, precisa que “la persecución penal contra la presidenta se encuentra limitada, no obstante, su entorno sí puede ser materia de investigación por parte del Ministerio Público”. Es decir, la protección constitucional solo recae sobre la mandataria y no sobre familiares, ministros ni asesores que pudieran estar vinculados a presuntos actos de corrupción.
Fallo del TC fue claro. Personas cercanas al presidente de la República pueden ser investigados por la Fiscalía. Foto: difusión
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Horas después de la publicación de César Sandoval, la presidenta Dina Boluarte atacó a la Fiscalía, durante un acto oficial, por el allanamiento realizado en la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte. La mandataria calificó la medida de “muñeco armado”, denunciando que fiscales están fabricando “carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, y expresó su solidaridad hacia su hermano.
En su intervención, Boluarte cuestionó la integridad ética del sistema judicial, sugiriendo que algunos fiscales y jueces poseen propiedades de lujo que no serían coherentes con sus ingresos. Planteó que ellos mismos deberían ser objeto de investigación antes que quienes están siendo investigados, acusando a la Fiscalía de falta de ética y humanidad.
"Es, claramente, otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal (...) Hay sendas noticias que salen que algunos funcionarios de la Fiscalía en corto tiempo tienen sendos edificios, casas de playa con acabados de primera calidad y yo me pregunto, ¿y dónde están las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción? (...) ¿Por qué no se autoallanan? Ahí sí hay mucho rajo de paja que rebanar", expresó.
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Durante las primeras horas del día, El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), junto a la Policía Nacional, allanó la vivienda de Nicanor Boluarte en el distrito de San Borja, así como un estudio de abogados vinculado al ministro de Justicia Juan José Santiváñez, todo ello como parte de una nueva investigación denominada operación 'Ícaro'. Las diligencias, autorizadas judicialmente, se extendieron a más de diez inmuebles adicionales en Lima y Ayacucho, incluyendo oficinas públicas y propiedades de colaboradores cercanos.
La Fiscalía busca evidencias sobre una organización presuntamente dirigida por Santiváñez que habría favorecido ilegalmente a la minera El Dorado mediante operaciones policiales ficticias para recuperar concesiones minerales. Asimismo, se investiga si Dina Boluarte solicitó a Santiváñez gestionar un arreglo laboral para evitar la prisión preventiva de su hermano Nicanor. El operativo se ejecutó poco antes de una audiencia en el Tribunal Constitucional que revisaría recursos interpuestos por el hermano de la mandataria contra actuaciones fiscales
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, denunció el procedimiento como un “abuso” debido a la falta de notificación o citación, y negó cualquier conexión de su defendido con la minera El Dorado o Santiváñez. Aseguró que su cliente cooperó con las autoridades durante el allanamiento y calificó como infundadas las vinculaciones que se le atribuyen

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