Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP

El diputado y coronel en retiro de la PNP, Harvey Colchado Huamaní, señala que la acusación presentada en su contra por la fiscal provincial Mayra Paico tiene un trasfondo político; sin embargo, desde el Ministerio Público descartan esa posibilidad basándose en los hechos y en la secuencia de la investigación.

Fuentes de la fiscalía señalan que las indagaciones a Colchado se iniciaron a fines de mayo de 2024, cuando no se conocía ni preveía que sería candidato a un escaño en la Cámara de Diputados, y precisan que la acusación fue presentada al Poder Judicial antes de que integrara la Comisión de Ética de dicha cámara. Asimismo, subrayan que durante todo este tiempo el oficial en retiro tuvo la oportunidad de ejercer su defensa y conocer los cargos puntuales que se le atribuyen.

Al cabo de más de dos años, el 15 de julio de 2026, se dispuso concluir la investigación preparatoria seguida contra los funcionarios del Ministerio del Interior, Clara Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas, en calidad de autores, y contra Harvey Colchado como cómplice del delito de negociación incompatible. Además, a Colchado se le imputa el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.

El alquiler del local de la DIPINCRI-Comas

Los hechos están vinculados al alquiler de un inmueble ubicado en la avenida Guillermo de la Fuente, en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo (Comas), sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de ese distrito.

El inmueble era alquilado por sus propietarios a la PNP desde junio de 2015. El problema surgió en junio de 2021, al momento de la renovación del contrato, ya que para esa fecha el padre del coronel Colchado había fallecido y este se había convertido en copropietario vía sucesión intestada.

En su condición de oficial en actividad de la Policía Nacional —para entonces con el grado de coronel y jefe de una dependencia en Lambayeque—, Colchado estaba impedido de alquilar el inmueble a la institución por la prohibición legal que tienen los funcionarios públicos de contratar con el Estado.

Ahí radica el origen del caso. El 30 de abril de 2021, la sucesión intestada (incluido Colchado) otorgó un poder especial ante notario público a Martina Huamaní Ordóñez para administrar, comprar, vender y alquilar el referido inmueble. Al consignar sus datos personales en el testimonio de dicho documento presentado a la Sunarp para su elevación a escritura pública, Colchado declaró ser de ocupación independiente.

La fiscalía concluye que, ante la imposibilidad legal de contratar con el Estado, dicha declaración le permitió continuar alquilando el inmueble a la PNP al no aparecer como policía dado que, posteriormente, esa escritura pública con datos inexactos fue utilizada para suscribir el nuevo contrato de alquiler y sus respectivas ocho adendas.

Los otros acusados

La acusación también alcanza a los servidores de la PNP Clara Ramírez (asistente en Contrataciones del Estado) y al suboficial Víctor Ocmin (miembro de la Sección de Programación y Adquisiciones), a quienes se les atribuye haber facilitado la firma del contrato a pesar de ser de conocimiento público la condición policial de Colchado, ampliamente difundida por sus intervenciones en operativos transmitidos por medios de comunicación.

Según el documento fiscal, al solicitarse la renovación del contrato, el área usuaria modificó los términos de referencia e incluyó un requisito: en caso de sucesiones intestadas, la oferta técnica debía adjuntar el Certificado Literal de la Partida Registral de la Sunarp y la sucesión debía intervenir a través de un apoderado inscrito.

La representante de Colchado remitió la documentación requerida el 20 de septiembre de 2021, adjuntando una declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado. El 30 de noviembre de 2021 se firmó el contrato entre el coronel PNP Óscar Mautino Ortiz y Martina Huamaní Ordóñez.

Luego de que la prensa revelara la contratación del inmueble del oficial, el 30 de junio de 2024 se dejó sin efecto el vínculo contractual, un día antes de su vencimiento previsto para el 1 de julio de 2024.

La acusación

Para el Ministerio Público no existe ningún direccionamiento político, ya que la acusación se sostiene en hechos comprobados mediante documentos oficiales. Respecto a la tipificación, la acusación fiscal describe que la falsedad ideológica se habría configurado al consignar deliberadamente en un instrumento público una ocupación que no correspondía para eludir la traba legal. En tanto, el delito de negociación incompatible sanciona el uso de una posición oficial en la administración pública para interferir o manipular la contratación pública.

Con base en estos elementos, la fiscal Mayra Paico presentó la acusación ante el Poder Judicial el 24 de julio de 2026. Desde el despacho fiscal recalcan que, para esa fecha, aunque se conocía su condición de diputado, no se preveía que Colchado llegaría a integrar la Comisión de Ética.

Por todo ello, la fiscalía solicitó para el diputado Harvey Colchado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión por negociación incompatible, sumada a 4 años por falsedad ideológica, lo que totaliza 9 años y 4 meses de prisión efectiva.

En tanto, para Clara Ramírez y Víctor Ocmin se solicitó una pena de 4 años y 8 meses de cárcel para cada uno, únicamente por el delito de negociación incompatible, más inhabilitación para ejercer función pública y reparación civil, en el caso de negociación incompatible de 100 mil soles solidaria entre los tres acusados, además de 50 mil soles por falsedad ideológica.