Investigan reunión entre Tomás Gálvez y Castillo Alva: fiscal denuncia reglaje y anuncia demanda contra Delia Espinoza

Una persona anónima denunció ante la Fiscalía una presunta reunión privada entre el fiscal supremo Tomás Gálvez y el abogado José Luis Castillo Alva, investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y en la supuesta organización criminal de Patricia Benavides, lo que generó preocupación en un sector del Ministerio Público que considera que estarían complotando contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La República buscó la versión de ambos personajes para conocer su versión de los hechos. Ambos coinciden en que se reunieron el viernes, (15 de agosto) cerca de la 1:00 de la tarde, el restaurant "El Damero" en el centro de Lima, a unos metros de la sede de las fiscalías de Lavado de Activos, del Equipo Especial Lava Jato y de las fiscalías superiores de Lima, un lugar público y en presencia de muchas otras personas.

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"Ya lo he dicho, me están reglando. Yo me reúno con todas las personas que considero conveniente. Él (Castillo Alva) ha sido mi abogado. Es un jurista reconocido con el que en ciertas ocasiones debatimos algunas cuestiones jurídicas. Eso es todo", indicó Gálvez. Subrayó que él no le realiza ninguna consulta a Castillo Alva, sino que al tratarse de un jurista suelen "intercambiar opiniones sobre diversos temas académicos". En esta ocasión se reunieron para hablar sobre la cosa decidida en el Congreso.

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Asimismo, explicó que considera que el letrado ha sido "injustamente comprendido en investigaciones" y que él se puede reunir con todas las personas que considere conveniente. Sobre su vínculo con Castillo Alva indicó que los dos no han estado inmersos en un mismo caso, que no existe ningún impedimento legal para que se puedan reunir. "Fue una reunión lícita", enfatiza.

"Primero, yo nunca he estado comprendido en un caso con Castillo. Segundo, ha quedado totalmente claro, que para comprenderme en el caso Cuellos Blancos se inventaron alguna vinculación para sacarme de la institución y lo lograron. Pero eso ya ha quedado en el pasado, en la historia", agregó.

La cosa decidida en el Congreso

Por su parte, Castillo Alva refiere que viene cumpliendo con la prohibición de reunirse con testigos y peritos de los casos en los que es investigado. "El fiscal Tomás Gálvez no está incluido en ninguna de las investigaciones. No es testigo, ni perito. No hay una disposición fiscal que así lo indique. La fiscalía nunca se ha interesado en tomar su declaración, ni yo lo he presentado como testigo" enfatizó el abogado penalista, autor de varios libros de derecho procesal.

"Nos reunimos para intercambiar opiniones sobre la cosa decidida en el Congreso, luego que la fiscal de la Nación declaró que las denuncias archivadas en el parlamento se pueden reabrir el 2026. Nos sentamos, hemos tomado agua, hablamos durante 30 a 45 minutos y nos hemos retirado. Todo fue público. Varias personas se han acercado a tomarse fotos con el fiscal, No hay nada ilícito, ni secreto", subrayó.

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Tomás Gálvez alista demanda contra Delia Espinoza

En ese contexto, el fiscal supremo anunció que alista una demanda contra Delia Espinoza y contra la gerente de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio Público porque son quienes están "comandando esta persecución", lo que él considera un acoso. No brindó más detalles sobre esto, pues dijo que aún la está trabajando por las noches, fuera del horario laboral. "He regresado al Ministerio Público en paz, eso lo he dicho en la Junta de Fiscales Supremos, pero me encuentro con este acoso, se pide mi suspensión por 18 meses, debo defenderme", afirmó.

Sobre la denuncia anónima

La denuncia anónima ingreso a Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que atiende la fiscal suprema provisional Elena Delgado Manrique. Ella la derivó al despacho de la fiscal de la Nación, pues un fiscal supremo no puede investigar a otro de su mismo nivel. Según el denunciante anónimo, el encuentro se realizó el 15 de agosto en el restaurante El Damero del Centro de Lima, entre la 1.00 y las 2.30 p.m, en un ambiente reservado.

Además, el oficio indica que el 15 de agosto Gálvez ya ejercía el cargo de fiscal supremo, por lo que se trata de un funcionario "aforado" y que le corresponde la prerrogativa de antejuicio, es decir que el Congreso debería autorizar el procesamiento.