Ernesto Zunini presenta proyectos de ley para derogar leyes procrimen
Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, impulsa la derogatoria de cuatro normas que impusieron límites a los plazos de investigación y requisitos para perseguir delitos graves.
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Ernesto Zunini, diputado y secretario general de Juntos por el Perú, presentó ante el Congreso dos proyectos de ley que proponen la derogatoria de cuatro normas que modificaron el marco legal para investigar el crimen organizado y limitaron los plazos de prescripción de delitos. Las iniciativas cuentan con el respaldo de diversos legisladores de su bancada.
La primera propuesta, titulada 'Ley que deroga la Ley 32108 y la Ley 32138, sobre el crimen organizado', solicita dejar sin efecto ambas leyes, las cuales modificaron la forma sobre cómo la policía y la fiscalía deben investigar a las bandas criminales, añadiendo más requisitos para definir a una organización delictiva y poniendo condiciones a los allanamientos de inmuebles.
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Entonces, el objetivo de este proyecto es "restituir la vigencia" de diversos artículos del Código Penal y de la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, así como de la Ley 27379, que establece medidas excepcionales orientadas a garantizar una acción rápida y eficaz en investigaciones preliminares.
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Por otro lado, la segunda iniciativa, denominada 'Ley que deroga la Ley 31751 y la Ley 32104, que modifican la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal', plantea la derogatoria de estas dos normas, las cuales pusieron un límite máximo de un año a la suspensión del plazo en que la justicia puede procesar un delito y fijaron reglas más cortas con el argumento de evitar que las investigaciones se alarguen indefinidamente.
En su parte final, el documento indica que se debe "restituir la vigencia del artículo 84 del Código Penal y del inciso 1 del artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal", tal como se aplicaban antes de que la Ley 31751 entrara en vigor.
“(…) la formula original de la suspensión del plazo de la prescripción, que dependía de la resolución de la cuestión (previa o prejudicial), se prolongaba hasta que quedase concluida, con la entrada en vigencia de la Ley 31751, este plazo fue reducido a no mayor de un año”.
Ambos documentos fueron ingresados al área de trámite documentario del Congreso el tres de agosto de 2026.
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