Del sueño de la paz al eco de la guerra: la violencia de las disidencias de las FARC marcarán elecciones en Colombia

Colombia se enfrenta a las elecciones de 2026 en un contexto marcado por el resurgimiento de la violencia armada. Los recientes ataques del Estado Mayor Central — grupo armado disidente de las FARC — , la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, no son meras tragedias locales, sino hechos que redefinen el rumbo electoral del país, devolviendo el miedo como motor de decisión para los ciudadanos.

El fracaso de la “paz total”, la propuesta más ambiciosa del presidente Gustavo Petro, marca un punto de inflexión. Si en 2022 representaba la esperanza de reconciliación, hoy se percibe como una meta inalcanzable. El giro de Petro, al declarar como terroristas a la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo, es un reconocimiento de que esas organizaciones dejaron de ser interlocutores válidos a ser enemigos del Estado. “He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”, expresó.

La politóloga colombiana Daniela Castillo es contundente en su diagnóstico: “El fracaso de la paz total es irreversible”. A su juicio, la propuesta fue excesivamente ambiciosa y careció de un diseño realista: “La paz total fue una propuesta muy ambiciosa que no aterrizó en la realidad del conflicto colombiano”, afirmó en una entrevista para La República.

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Atentados que reescriben la política: cuando la violencia dicta la agenda de las elecciones 2026

Los atentados en Cali, donde un carro bomba dejó ocho militares y más de 40 civiles heridos cerca a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, y en Amalfi (Antioquia), con el derribo de un helicóptero policial y 12 uniformados muertos, son solo una muestra visible de una escalada de violencia que revive los peores recuerdos de Colombia. Además de afectar a la Fuerza Pública y a la población civil, estos ataques han reinstalado el terrorismo como un elemento clave en las decisiones electorales.

Para muchos, la promesa de paz incumplida confirma la incapacidad del Estado para transformar las condiciones estructurales de la violencia. La percepción ciudadana se alimenta tanto del dolor de las víctimas como del miedo a que la violencia, antes aislada solo en zonas rurales, se propague hacia las ciudades. Castillo advierte que este deterioro de la seguridad tendrá un efecto directo en las urnas: “El gran retroceso en seguridad demuestra que el orden público será el eje de las elecciones de 2026”.

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La guerra gobierna la política: la violencia como motor electoral histórico

La historia muestra que en Colombia la violencia no es solo un telón de fondo, sino un actor decisivo en las elecciones. En 2002, Álvaro Uribe ascendió gracias a la percepción de que solo un liderazgo firme podía contener a las FARC. Hoy, dos décadas después, la historia se repite: cada atentado convierte a las disidencias en "jefes de debate", pues son ellas las que marcan la agenda y definen los temas sobre los cuales la clase política debe pronunciarse.

En este contexto, la ultraderecha encuentra terreno fértil. La incapacidad de Petro para cumplir su promesa alimenta discursos que plantean la intervención militar extranjera o el fortalecimiento de una política de seguridad autoritaria. La ciudadanía, atrapada entre la ilusión rota de la paz y el temor a un recrudecimiento del conflicto, se convierte en un electorado vulnerable a los mensajes que priorizan la seguridad sobre la democracia.

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Paz rota, violencia presente: el ciclo que redefine las prioridades del país

Castillo señala que hay un punto crucial que suele olvidarse: el incumplimiento del acuerdo de 2016 con las FARC. En sus palabras: “Si no se cumple el acuerdo de paz de 2016, el Estado pierde toda credibilidad para futuros procesos de negociación”. La falta de avances en esa implementación no solo ha debilitado la confianza en el gobierno, sino que además ha puesto en riesgo la vida de cientos de firmantes de paz asesinados desde entonces.

Lo que vive Colombia es una repetición de un patrón histórico: la violencia como motor electoral. Cada ataque se convierte en un argumento político, y cada víctima es transformada en un símbolo que se instrumentaliza en el debate público. La democracia queda subordinada al pulso de la guerra, donde los disidentes y narcotraficantes, sin intención, actúan como los verdaderos "líderes de debate", al definir las prioridades de la campaña.

De cara a 2026, el mayor fracaso no solo radica en el incumplimiento de la paz total, también se refleja en la confirmación de que Colombia sigue atrapada en un círculo vicioso en el que la guerra alimenta la política y la política alimenta la guerra. El país que soñó con cerrar un ciclo de violencia se encuentra, una vez más, en el umbral de unas elecciones presidenciales, rodeado por el eco de la pólvora.