Trump despliega la Guardia Nacional en Los Ángeles: 60 años después, la historia se repite

En 1965, el presidente Lyndon B. Johnson ordenó desplegar la Guardia Nacional sin la autorización del gobernador George Wallace. Lo hizo tras la represión violenta del "Domingo Sangriento", en la que durante las protestas se atacaron a los asistentes por exigir su derecho al voto. Se apeló a la Ley de Insurrección de 1807, al considerar que el estado no protegía los derechos constitucionales.

Hoy, 60 años después, Donald Trump revive esta polémica y cuestionada decisión al enviar a 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom. La medida se dio tras redadas del ICE y provocó rechazo inmediato desde California, que anunció acciones legales. El gobierno estatal calificó la orden de inconstitucional y una amenaza a la autonomía local.

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¿Por qué estallaron las protestas en Los Ángeles?

Las redadas y la presencia militar en barrios residenciales y comerciales de Los Ángeles provocaron una respuesta inmediata de la sociedad civil. Organizaciones migrantes, estudiantes y sindicatos convocaron marchas en Compton y Paramount, que reunieron a miles de personas bajo el lema "ICE fuera, Guardia fuera". Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica, pero se tornaron tensas ante la presencia de agentes armados y equipos antidisturbios.

La policía usó gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. Se reportaron más de 50 arrestos, entre ellos activistas, estudiantes y periodistas. "Estamos aquí porque no podemos permitir que el miedo se normalice", dijo una manifestante latina durante una vigilia frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.

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Redada de inmigrantes en Los Ángeles: más de 100 detenidos

Las redadas de ICE iniciadas el 6 de junio en Los Ángeles provocaron gran alarma entre los migrantes. Más de 100 personas fueron arrestadas, en su mayoría trabajadores latinos, lo que generó protestas por la forma en que se ejecutaron los operativos. En redes sociales circularon videos que mostraban detenciones en plena vía pública, algunas frente a niños, lo que fue criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Además, varias denuncias señalan que en muchos casos no se presentaron órdenes judiciales, lo que podría constituir una violación del debido proceso. Uno de los momentos más tensos fue la detención de David Huerta, presidente de un sindicato local, quien resultó herido mientras intentaba mediar con los agentes. Tanto la ACLU como CHIRLA denunciaron públicamente el uso excesivo de la fuerza, la falta de transparencia y posibles abusos legales por parte de ICE.

Donald Trump: "California no está por encima de la ley"

Trump fue claro en justificar las redadas y la militarización del territorio: "No vamos a permitir que California se convierta en un refugio para criminales indocumentados. La ley se hará cumplir con o sin el permiso del gobernador Gavin Newsom". Argumentó que la "pasividad" del gobierno estatal frente a las leyes federales de inmigración representa un riesgo para la seguridad nacional.

Según el mandatario, las autoridades locales "han fracasado en su deber de cooperar con el gobierno federal", lo que justifica la intervención. Además, sostuvo que los arrestos recientes fueron dirigidos contra personas con órdenes de deportación activa, aunque organizaciones civiles y medios reportaron que muchas detenciones incluyeron a trabajadores latinos sin antecedentes penales ni procesos migratorios abiertos.

Gavin Newsom : "Una invasión federal sin justificación"

El gobernador Gavin Newsom rechazó frontalmente las acciones del presidente. En conferencia de prensa, calificó el despliegue militar como "ilegal, provocador y autoritario", y anunció una demanda federal para frenar lo que considera una "invasión del poder estatal". "California no será cómplice de una cacería electoral. Estamos en estado de derecho, no bajo ley marcial", dijo Newsom.

El gobernador también ordenó a las agencias estatales no colaborar con ICE y reforzó los recursos legales para apoyar a las personas afectadas por las redadas. Según su equipo legal, Trump está utilizando de forma abusiva el Título 10 del Código de EE. UU., que permite el despliegue de la Guardia Nacional solo en casos extremos de insurrección.