Fallo por caso Cecilia Ramos marca precedente en Perú: "Es la primera vez que la Corte IDH reconoce las esterilizaciones forzadas"

Tras el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Celia Ramos, víctima de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante la dictadura fujimorista, en el que se declaró responsable al Estado peruano, diversas organizaciones sociales destacaron la importancia de esta decisión adoptada por el máximo órgano de justicia internacional de la región. María Ysabel Cedano, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), detalló a La República las implicancias de esta sentencia.

“Este es el primer caso —y, por el momento, el único— que ha llegado hasta la Corte IDH. Además, es la primera vez que la Corte Interamericana reconoce la existencia de esterilizaciones forzadas y las identifica como una forma de violencia contra la mujer, violencia reproductiva y violencia institucional”.

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La abogada también recordó que este fallo de la Corte IDH es directamente vinculante y respalda el pedido de justicia realizado por las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar aplicado durante la dictadura fujimorista.

“En el caso de la justicia nacional, contamos con una investigación fiscal preliminar que comprende a 3.307 denunciantes y esperamos que, en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana, se apliquen los estándares de derechos humanos para hacer justicia, tal como lo ha establecido la Corte”, declaró a este medio.

Critican postulación de Alejandro Aguinaga al Senado

Cedano también señaló que existen figuras que participaron en el sector Salud durante la aplicación de esta política en el fujimorato que aún continúan siendo investigadas. Entre los casos mencionó el de Alejandro Aguinaga, exministro de Salud entre 1999 y 2000, en los últimos años del régimen fujimorista, quien actualmente postula al Senado con el partido Fuerza Popular. Asimismo, mencionaron a otros extitulares de dicha cartera implicados.

“Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga están comprendidos en la investigación fiscal preliminar, que incluye a 3.307 denunciantes y 50 imputados. Ellos tendrán que rendir cuentas ante la justicia, más temprano que tarde. Es importante que esta sentencia se conozca y se difunda, porque vamos a convertirla en una bandera de verdad frente al negacionismo, la mentira y la desinformación que el fujimorismo, sus candidatas y sus candidatos ejercen”, apuntó.

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Un fallo histórico para el Perú

Tal como mencionó la representante de Demus, esta es la primera vez que la Corte IDH se pronuncia sobre las esterilizaciones forzadas. En su comunicado, el tribunal señaló que los elementos probatorios fueron suficientes para determinar la responsabilidad del Estado peruano. Según indicó, el Perú tuvo responsabilidad directa en la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos, mediante procedimientos realizados bajo coerción.

“Esta Corte concluyó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) fue una política estatal dirigida a promover la esterilización masiva, enfocada principalmente en mujeres en situación de vulnerabilidad. Esta política se implementó mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por captar mujeres, quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva a cambio de beneficios o mediante el uso de información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban acreditados. La Corte constató que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado”, se lee en el comunicado.

Además, el documento de la Corte IDH también detalla cómo los familiares de Ramos Durand fueron víctimas del accionar estatal, al señalar que diversas instituciones nacionales estuvieron implicadas en la afectación de sus derechos.

“El esposo de Celia Edith Ramos Durand denunció al personal médico por lesiones graves seguidas de muerte, pero la Fiscalía archivó el caso al considerarlo un hecho fortuito y por una conciliación extrajudicial. (...) Por último, la Corte encontró que los familiares de la señora Ramos Durand —en especial sus tres hijas, que eran niñas al momento de los hechos— sufrieron profundas afectaciones como consecuencia de la esterilización y muerte de Celia Edith Ramos Durand y de la impunidad en que permanece el caso. Por ello, determinó que el Estado violó los derechos a la integridad personal, a la familia y los derechos de la niñez”, indica el comunicado.

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El testimonio de la hija de Celia Ramos ante la Corte IDH

Uno de los testimonios abordados durante el proceso fue el de Marisela Monzón Ramos, hija de Celia Ramos Durand. Ella relató cómo su madre fue abordada para someterse a este procedimiento y cómo su fallecimiento, producto de una mala praxis médica, significó un duro golpe emocional y económico para su familia.

“Ellos (los encargados de la política de esterilizaciones) llegaban insistentemente a mi casa y, en varias oportunidades, ella dijo que no. Mamá significaba una parte muy importante para la estabilidad de la familia. (...) Mi madre era una mujer de 34 años, madre de tres hijas. Era activa, sana y dedicada enteramente a su familia. Era el pilar de esta familia extensa, el apoyo de sus hermanos. Veía la manera de generar oportunidades. Era una mujer fuerte, podía hacerlo todo”, contó la hija de Celia Ramos durante la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala el año pasado.