
El panorama para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se ha vuelto más incierto. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se empezaron a implementar leyes que amplían el poder de los agentes de ICE para detener y deportar a personas sin estatus legal.
Tanto la Ley Laken Riley como la Ley de Enemigos Extranjeros refuerzan el papel de ICE y recortan la autonomía de ciudades santuario en estados como California, Nueva York e Illinois, que brindan protección a los inmigrantes indocumentados.
Estas normativas permiten al Gobierno de Trump tomar medidas ante sospechas de delito o basarse en el argumento de una "invasión migratoria", como ha señalado el presidente de Estados Unidos.
ICE y DHS tienen más poder para actuar tras la aprobación de la Ley Laken Riley. Foto: composición LR
La Ley Laken Riley, firmada por Donald Trump, facilita expulsiones rápidas basadas solo en acusaciones. Esta normativa permite detener y deportar a inmigrantes indocumentados señalados por ciertas infracciones, sin que exista una condena formal. Entre los delitos que pueden provocar una deportación se encuentran:
La norma lleva el nombre de Laken Riley, una joven asesinada en Georgia, y se ha convertido en un símbolo del endurecimiento de las políticas migratorias. Este cambio representa un antes y un después para muchos inmigrantes, ya que ahora personas sin una condena judicial pueden ser detenidas y deportadas de Estados Unidos.
La segunda legislación que Donald Trump podría utilizar para deportar inmigrantes es la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite al presidente ordenar expulsiones en contextos de guerra o invasión. Aunque fue pensada para tiempos de conflicto, Trump ha justificado el uso de esta ley al declarar que Estados Unidos enfrenta una "invasión migratoria".
Este uso de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado polémica, ya que permite deportaciones sin juicio ni pruebas concretas para cada caso. Una de las primeras decisiones tomadas bajo esta norma fue la expulsión de 280 supuestos miembros del Tren de Aragua, enviados a El Salvador a pesar de la prohibición de una orden judicial.
Además, la Ley de Enemigos Extranjeros no hace distinción entre inmigrantes con estatus legal y personas sin documentos. Bajo este marco, el presidente tiene la facultad de ordenar detenciones y deportaciones masivas, sin dar a los afectados la posibilidad de defenderse.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tienen más poder para actuar tras la aprobación de la Ley Laken Riley. Ahora las autoridades locales deben entregar a los inmigrantes detenidos, sin importar si el juicio ha concluido o no.
Incluso las llamadas ciudades santuario podrían enfrentar restricciones en su capacidad para proteger a los inmigrantes. Las agencias federales conservan la autoridad para operar en todo el territorio nacional y detener a inmigrantes indocumentados con cargos pendientes, aunque las autoridades locales se nieguen a colaborar.
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