Malas noticias para Donald Trump: juez federal desestima cargos penales contra 22 inmigrantes en EEUU
Un juez en Estados Unidos concluyó que los inmigrantes desconocían que ingresaban a una zona militar, lo que debilita una política clave impulsada por Donald Trump.
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La política migratoria impulsada por Donald Trump ha recibido un nuevo revés judicial. El juez federal Gregory B. Wormuth desestimó los cargos por invasión de propiedad militar contra 22 inmigrantes en Nuevo México, tras considerar que no existían pruebas suficientes de que los acusados tuvieran conocimiento de que ingresaban a una zona restringida del Ejército. Aunque los procesados aún enfrentan cargos por entrada ilegal al país, la decisión judicial debilita uno de los pilares de la estrategia de disuasión migratoria implementada por la anterior administración, según información de The Washington Post.
La resolución marca un hito en una disputa legal que comenzó luego de que el Departamento de Defensa declarara una franja de 60 pies de ancho, ubicada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, como “área de defensa nacional”. Esta designación habilitó a las fuerzas armadas a detener migrantes por supuestamente transitar por instalaciones militares, pese a que muchas de estas zonas carecen de señalización clara o están ubicadas en terrenos inhóspitos y de difícil reconocimiento.
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Juez federal cuestiona la legalidad de las detenciones en Nuevo México
La decisión de Gregory B. Wormuth se basa en la ausencia de "mens rea", es decir, la intención delictiva que debe comprobarse para justificar un procesamiento penal en Estados Unidos. El magistrado enfatizó que no puede culparse a una persona por invadir una zona militar si esta no sabía que ingresaba a una propiedad controlada por el Ejército. La interpretación del juez federal establece un precedente relevante al destacar que no basta con la presencia física en territorio restringido para formular una acusación penal.
El fallo representa un giro importante en la forma en que se ha abordado la migración en la frontera con México. Las acusaciones originales surgieron tras la implementación de una política que pretendía frenar el flujo de inmigrantes mediante la judicialización de sus actos, convirtiendo zonas fronterizas en espacios controlados por el Pentágono. En total, más de 200 personas fueron acusadas de dos delitos: ingreso no autorizado al país e invasión de terrenos militares.
Política migratoria de Trump bajo presión judicial en Estados Unidos
Durante su visita a Nuevo México en abril, el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió esta política como parte del objetivo de lograr un "control operacional total" de la frontera sur. Sin embargo, la falta de claridad en la delimitación de las zonas restringidas y la escasa visibilidad de los carteles de advertencia han generado controversias. Muchos inmigrantes, provenientes en su mayoría de países hispanohablantes, y también de naciones como Turquía y Pakistán, desconocían que se encontraban en un área militarizada.
La defensa legal alegó que los migrantes no comprendieron el contenido de los carteles colocados por el gobierno. Aunque se colocaron 199 señales en inglés y español, ninguna advertía explícitamente sobre las consecuencias penales del ingreso. Además, algunas estaban tan deterioradas o mal ubicadas que resultaba improbable que una persona las viera durante su travesía.
Incertidumbre jurídica en zonas militarizadas de la frontera entre Estados Unidos y México
La designación de terrenos fronterizos como áreas bajo control del Ejército ha generado incertidumbre sobre los límites de la jurisdicción civil y militar. La medida ha sido criticada por expertos en derecho constitucional, quienes advierten sobre el uso del poder militar en contextos migratorios civiles. La intervención de Gregory B. Wormuth representa una advertencia clara sobre los riesgos de criminalizar la migración sin establecer los parámetros legales adecuados.
Mientras la administración actual analiza el futuro de estas políticas, la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo escenario de tensiones legales, políticas y humanitarias. La decisión del magistrado podría redefinir la forma en que se aplican las leyes migratorias en zonas de seguridad nacional, marcando un antes y un después en la historia migratoria reciente del país.
