Perú se expone a un arbitraje desfavorable en tribunales internacionales tras romper acuerdo con Francia

El régimen interino de José Jerí, a través de Provías Nacional, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), resolvió de manera unilateral el contrato con PMO Vías, la oficina de gestión de proyectos que opera como el brazo técnico del acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) firmado entre Perú y Francia en 2021. Este acuerdo está diseñado para la ejecución de importantes obras de infraestructura como la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa que incluye un puente que conecta al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) defienden que el acuerdo con Francia sigue vigente. Sin embargo, para especialistas consultados por este diario, la afirmación resulta en los hechos falsa.

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En diálogo con La República, la exministra de Transportes Paola Lazarte asegura que resolver el contrato con PMO Vías equivale a extinguir el acuerdo con Francia.

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EGIS representa a Francia

"En un contrato Estado–Estado, quien firma no es una empresa privada como tal, sino un representante debidamente acreditado por cada país. En este caso, (la empresa) EGIS firmó en representación del Estado francés y Provías Nacional por parte del Estado peruano. No existe una figura en la que tú le rescindes el contrato solo al representante legal sin afectar a quien representa", apuntó.

El Gobierno ha apelado a la cláusula anticorrupción del contrato para cerrar filas con EGIS. Sin embargo, Lazarte señala que las causas de resolución del contrato están vinculadas a actos de corrupción relacionados con otro proyecto y deben estar debidamente acreditadas mediante condenas judiciales o reconocimientos formales ante el Ministerio Público peruano.

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"El argumento utilizado ha sido un caso de corrupción de una filial de EGIS en otro país y en otro proyecto, incluso previo a la firma del acuerdo", cuestionó.

Más allá del aspecto contractual, alerta sobre el frente diplomático que se abre. "No se trata solo de cortar un contrato administrativo. El Perú está imputando corrupción, en los hechos, al Estado francés. Eso tiene implicancias que van más allá del MTC", señaló.

A su juicio, si existían cuestionamientos a EGIS, el camino razonable hubiera sido primero sentarse con el Estado francés para ajustar la composición de la PMO de forma diplomática y no resolver de manera unilateral.

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Defensa legal debilitada

El experto en proyectos de infraestructura y arbitrajes Edgar Zúñiga Morán coincide en que la posición del Estado peruano, apelando a la cláusula anticorrupción, es vulnerable. El problema, señala, es el momento en que se decide invocarlas.

"Si el Estado tenía conocimiento de estos actos de corrupción de una filial de EGIS hace uno o dos años y aun así continuó ejecutando el contrato, entra en juego la doctrina de los actos propios y la tolerancia al incumplimiento. En un arbitraje internacional, eso pesa mucho", explicó a La República.

Resolver ahora, después de haber seguido adelante con el proyecto, debilita seriamente la defensa del Perú. Zúñiga considera además que el oficio de Provías con el que se resuelve el contrato es "gaseoso" y poco sólido en su sustento. A su juicio, un tribunal arbitral no solo evaluará la letra de la cláusula, sino el contexto completo.

"Si hace una semana la ministra de Economía (Denisse Miralles) decía que no había recursos para estos proyectos y luego se apela a la cláusula anticorrupción, el tribunal va a ver eso como una excusa", afirmó.

En medio de este escenario, empieza a ganar espacio la narrativa de un eventual giro hacia las Asociaciones Público-Privadas (APP). Para Lazarte, esta alternativa no solo es tardía, sino que se presenta con un discurso engañoso. "Hay una falsa narrativa de que con las APP, al Estado no le cuesta los proyectos. Eso es falso. No todos los proyectos pueden ser APP autosostenibles. En la carretera central, por ejemplo, sería técnica y socialmente inviable financiarla solo con peajes", manifestó.

Señal negativa al mercado y se paralizan obras

La exministra de Transportes, Paola Lazarte, dice que la señal que se envía al mercado internacional "es que el Perú no cumple sus contratos y que en nuestro país, la estabilidad jurídica es periódico de ayer".

El experto en infrastructura, Edgar Zuñiga, señala que el primer riesgo es un eventual arbitraje internacional impulsado por Francia o sus operadores, que no sería contra el MTC, sino contra el Estado peruano.

Además, un número considerable de empresas subcontratadas, peruanas y extranjeras, que ya venían trabajando en estudios y etapas previas, podrían iniciar sus propias demandas. Y en tercer lugar, la paralización efectiva de las obras.

"Las obligaciones de ambas partes quedan en suspenso porque está resuelto el contrato y las obras se paralizan", precisó el especialista.

Gobierno allana camino con decreto que limita medidas cautelares en arbitrajes

Para la exministra Lazarte, no es un detalle menor que, apenas un día antes de resolver el acuerdo con Francia, el Poder Ejecutivo haya aprobado un decreto que limita el uso de medidas cautelares en los arbitrajes. Es decir, esta norma reduce la posibilidad de que las empresas frenen decisiones del Estado mientras se resuelven disputas contractuales.

Hasta ahora, estas medidas permitían solicitar que no se modifiquen contratos, no se cancelen proyectos o no se ejecuten decisiones administrativas hasta que un tribunal arbitral emita un fallo. Con el nuevo decreto, esa herramienta queda restringida, lo que fortalece la posición del Estado frente a eventuales reclamos.

El propio decreto señala que "no proceden las medidas cautelares destinadas a impedir, paralizar o retrasar el inicio o la continuidad de la ejecución de obras en salud e infraestructura vial"

Frente a ello, Lazarte advirtió que el Gobierno ya estaría evaluando aplicar esta lógica en otros proyectos. "Ya le mandaron comunicación al gobierno de Japón para la carretera Eje Vial 4 en Amazonas. Lo mismo estarían pensando para Majes Siguas y Chavimochic", apuntó.